Páginas

2022/03/28

Un camino para la regulación de las empresas transnacionales en Brasil

En 1972, Salvador Allende pronunció un histórico discurso en las Naciones Unidas cuestionando el avance de las empresas transnacionales en la vida política chilena, llamando a la urgencia de regular el poder de las grandes corporaciones.


Amigos de la Tierra Brasil participó, con otras organizaciones, en la ronda de negociación para un tratado vinculante con la ONU, en Ginebra, en 2021 - Amigos de la Tierra Internacional


"Trabajar para construir un desarrollo soberano implica regular el poder empresarial"

No por casualidad, en 1973 fue víctima de un golpe de Estado que inauguró en Chile un laboratorio de políticas neoliberales, que se expandió por toda América Latina, a partir de amplios procesos de privatización de empresas públicas, apertura del mercado interno y acceso a materias primas para las transnacionales.


Después de casi 50 años, la izquierda vuelve al poder en el país, con Gabriel Boric, y nuevamente el tema de las transnacionales aparece ligado a la disputa gubernamental, en los enfrentamientos por la privatización del litio. En su discurso inaugural, Boric nuevamente enfatiza la necesidad de confrontar el poder corporativo.

Gabriel Boric saluda estatua de Allende y promete nuevo gobierno del pueblo en Chile; 


En Brasil, desde la década de 1990, las políticas neoliberales han avanzado hacia la privatización de sectores estratégicos del desarrollo nacional como el sector eléctrico, la minería, la política agraria, etc.


Todos estos cambios son procesos antidemocráticos y siempre han estado conectados a la defensa de los intereses extranjeros de estas empresas en el país. Esto se puede ver en el golpe de Estado de 2016 y en la posterior implementación de gobiernos alineados con los intereses de la industria petrolera, lo que ha hecho posible la fragmentación y privatización de Petrobras.


Privatización de Petrobras va a contrapelo del resto del mundo, dice experto


De hecho, el cambio de dirección de las políticas ha permitido a las corporaciones avanzar en la mercantilización del agua, en la flexibilización de las regulaciones ambientales, en la intensificación de la precariedad del trabajo, en fin, en la externalización de los costos sociales y ambientales para el pueblo brasileño.


La configuración de la economía capitalista, en su etapa neoliberal, ha servido para consolidar y reforzar la centralidad de las empresas transnacionales en la economía mundial.


Así, acumulan cada vez más poderes económicos, políticos y culturales, controlando muchos Estados que tienen una economía dependiente de estas inversiones. Estos terminan convirtiéndose en cómplices de violaciones a los derechos de las personas a servir a las empresas y asegurar el mantenimiento de la tasa de ganancia.

Como señala García Linera, tras el golpe de estado en Bolivia en 2019, es un desafío construir gobiernos y mantenerse en el poder, tratando de construir proyectos soberanos frente a los intereses empresariales.

Nuevo informe confirma masacres y abusos policiales durante el golpe de Estado de 2019 en Bolivia


Muchos movimientos populares alrededor del mundo constituyen su resistencia ante el avance del poder empresarial y en la afirmación de la inminencia de construir un proyecto soberano para estos países. En este desafío, se han revisado las tácticas de lucha; como en el tema agrario, la entrada de la economía verde, el avance de los transgénicos y los pesticidas hicieron mucho más compleja la lucha por la tierra que el acceso a la tierra frente al Estado.


Así como en el ámbito de los afectados por las centrales mineras o hidroeléctricas, quienes ya no se enfrentan al Estado para garantizar sus derechos, sino que están sujetos a la lucha contra las sociedades anónimas abiertas, integradas por accionistas a los que no tienen acceso.


Esto lleva a incorporar a la agenda de lucha contra las empresas transnacionales presentes en la lucha contra los nuevos tratados de libre comercio, como se perfila contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y, ahora, contra los acuerdos del Mercosur con Europa; contra el uso de la deuda externa como mecanismo de control por parte de los países del Sur Global de la entrada de capital extranjero y la propuesta de auditar las deudas; en el rechazo a las políticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), clara defensora del proteccionismo de las empresas transnacionales.


No solo en agendas de movilización reactiva, sino también en la consolidación de grandes articulaciones de proyectos más soberanos, como la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, que tiene como eje a las transnacionales; la Campaña Global por el Desmantelamiento del Poder Corporativo y por la soberanía de los pueblos, cuyos principales frentes de trabajo son el avance del Tratado Vinculante para la regulación de las empresas transnacionales en materia de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Naciones Unidas).


:: América Latina no es "el patio trasero de nadie", dice canciller chino; reloj ::


Brasil y América Latina en su conjunto han sido explorados y colonizados desde la implementación de la Companhia das Índias, por lo que siempre han estado presentes en la izquierda marcadores de ruptura con procesos reales de independencia y construcción de proyectos soberanos.


La novedad es que la lucha contra los complejos arreglos jurídico-políticos de las empresas transnacionales, organizadas en estructuras confusas de cadenas productivas globales, exige un refinamiento táctico para mirar el problema del poder corporativo dentro de la captura de bienes comunes como agua, tierra, energía, minerales, bosques, cuerpos vitales de los trabajadores. ¿Contra qué arreglo debemos movilizarnos y pensar en un programa de acción?


La arquitectura de la impunidad: el crimen conpensa


Las empresas transnacionales son estructuras complejas, compuestas por varias empresas y filiales a lo largo de toda la cadena productiva. Esta fragmentación aparentemente demuestra una independencia entre los eslabones de la cadena, lo que dificulta la rendición de cuentas. Las normas comerciales, la captura corporativa del proceso legislativo a través del cabildeo, constituyen un marco en el que las empresas están protegidas y las víctimas no reparadas.


En este escenario se consolida la noción de “arquitectura de la impunidad empresarial”, basada no sólo en la asimetría de poder entre las grandes empresas y los pueblos que resisten y sufren el despojo, sino también en la asimetría de poder entre estas empresas y muchos Estados receptores. inversión, así como relaciones comerciales asimétricas y desiguales entre bloques de países y regiones. Una arquitectura que posibilite y favorezca la injusticia sistémica, la continuidad de los estándares y la certeza de la impunidad por parte de las empresas.


“[Las empresas] han ganado la batalla de las ideas y se han afirmado como actores en la construcción de políticas públicas con tanta o mayor legitimidad que las personas”


En los últimos años, se ha avanzado en la protección de las empresas en el escenario internacional. Han ganado la batalla de las ideas y se han afirmado como actores en la construcción de políticas públicas con tanta o mayor legitimidad que el pueblo.


De esta forma, el Estado transfiere facultades de inspección, vigilancia, rendición de cuentas y reparación de las violaciones a los derechos humanos a las propias empresas a través de la responsabilidad social empresarial. A medida que los estados se debilitan cada vez más por el desmantelamiento neoliberal, ya no tienen la estructura para monitorear el cumplimiento ambiental y promover políticas públicas sociales en áreas afectadas por los desarrollos, y transferir estas tareas históricas a las corporaciones.



Ley exige devolución de ayuda en poblado minero golpeado por represa de Fundão


Este es el caso de la falla de las represas de Fundão y Complexo de Feijão en Minas Gerais. La transnacional brasileña Vale S.A, responsable del crimen, coordina toda la política reparatoria.


Durante años, las instituciones de justicia han estado tratando de hacer cumplir la legislación y están bloqueadas por la captura empresarial en los tres poderes. A pesar de la gravedad, a la fecha las víctimas no han sido debidamente indemnizadas, mientras que la empresa sigue superando la rentabilidad, demostrando cómo el crimen compensa. En este caso, los reiterados incumplimientos de una misma empresa demuestran cómo se va estructurando la certeza de la impunidad.



Folleto lanzado el año pasado denuncia casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales en Brasil



Esto es posible porque, desde la década de 2000, con el Pacto Mundial, se consolida la noción de conflicto con multistakeholders, coronada con la aprobación de los Principios Rectores sobre Derechos Humanos y empresas, en los que se priman los intereses en la rentabilidad de las empresas. ignorados para considerarlos socios en la promoción del desarrollo.


El cambio de rol de la rendición de cuentas estatal por la voluntad de las empresas de hacer cumplir, dentro del límite de la no injerencia en sus fines de lucro, es un retroceso en el camino hacia la soberanía porque termina reforzando su mayor control social y político. De esta forma, se asume el mito de que los conflictos se resolverán con la participación y consideración de todos los actores involucrados, como los gobiernos, la iniciativa privada y la sociedad civil a través de bases igualitarias, desconociendo la profunda asimetría de poder entre ellos.


Este es un discurso incorporado por los gobiernos que afecta profundamente las bases democráticas. Si prestamos atención a que las corporaciones sólo representan sus intereses, que no son más que las ganancias que se logran con el aumento de la tasa de explotación, no están sujetas a la rendición pública de cuentas, a mecanismos de elegibilidad y control social, vemos cómo las innovaciones diseñadas como códigos de conducta, memorias de sostenibilidad y estados financieros lejos de responder a intereses democráticos, también están diseñadas para responder a la demanda de los accionistas y dar una apariencia verde y responsable al mundo empresarial.

Finalmente, los Tratados de Libre Comercio son el mayor ataque a la soberanía de los países, cuando muchos Estados responden en tribunales privados de disputas sobre inversiones por violar cláusulas de los tratados comerciales al intentar garantizar los derechos humanos, como la salud de sus pueblos.


Esta realidad estuvo presente en los absurdos contractuales para el acceso a las vacunas covid, que contenían cláusulas de exención total de responsabilidad de las corporaciones farmacéuticas por efectos secundarios.


"El efecto global es sustraer cualquier tipo de regulación, incluso promoviendo el desmantelamiento de derechos fundamentales, para incentivar un modelo de desarrollo económico difundido por las empresas".


El efecto global es sustraer cualquier tipo de regulación, incluso promoviendo el desmantelamiento de los derechos fundamentales, para incentivar un modelo de desarrollo económico difundido por estas empresas, ya que la característica de la empresa transnacional es precisamente su movilidad y flexibilidad en las operaciones en todo el mundo, más allá de las fronteras y jurisdicciones nacionales.


En consecuencia, aún no se ha determinado objetivamente la responsabilidad de las empresas por las violaciones a los derechos humanos, sino sólo la de los Estados. Esta propuesta, de códigos voluntarios y control privado de las corporaciones, sienta el precedente para que entendamos que hay zonas de “no derechos”, o peor aún, que hay derechos humanos que valen más en determinados territorios.


Un paso adelante en Brasil



Equipo de rescate de los cuerpos de las víctimas de la ruptura de la represa de Vale, en Brumadinho (MG) en 2019. Cerca de 270 personas murieron


Frente a estas zonas grises de la no ley, el 14 de marzo se presentó el primer proyecto de Ley Marco de Derechos Humanos y Empresas en el mundo, PL núm. 572/2022. Luego de un largo trabajo de organizaciones de la sociedad civil, movimientos populares y parlamentarios comprometidos, la histórica ley avanza hacia la responsabilización de las empresas por las violaciones a los derechos humanos, el reconocimiento de obligaciones para con el Estado y para con ellas, así como el establecimiento de medidas de prevención, vigilancia y reparación, así como como derechos para las poblaciones afectadas.


La histórica ley es un logro porque va en contra de iniciativas gubernamentales que ponen los esfuerzos para avanzar en mecanismos voluntarios y no de rendición de cuentas a las empresas, como las iniciativas de los Planes Nacionales de Acción (PNA), que ya han sido evaluadas como poco o nada efectivas.


Si bien incorpora una perspectiva crítica sobre las leyes de debida diligencia, la PL reconoce el deber de diligencia, o vigilancia del respeto a todos los derechos humanos, por parte de las empresas, como una obligación intermedia, reconociendo la importancia del reporte y los planes de acción por parte de las empresas, pero demuestra que su mera existencia sin avances concretos no puede ser considerada como el fin, como el cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas de respetar y no violar los derechos, lo que requiere ser demostrado, o debe ser denunciado en los tribunales civiles correspondientes.


Cabe señalar que el PL es el resultado de años de construcción y aprendizaje que comenzaron con las experiencias de resistencia en los territorios, como el caso de Vila Nazaré, en Porto Alegre, que resiste el desalojo forzoso debido a las obras de ampliación del pista del Aeropuerto Salgado Filho de la empresa Fraport, a los diálogos con el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos del Ministerio Público de la Federación que elaboró ​​la Nota Técnica nº. 7/2018, hasta la construcción conjunta de la Resolución n. 05/2020 del Consejo Nacional de Derechos Humanos.


Si bien la legislación nacional es avanzada en protección social y ambiental, la captura empresarial, la asimetría de poderes entre las grandes corporaciones y los afectados conducen a su ineficacia. Avanzar en un marco regulatorio que responsabilice a las empresas, con una lista clara de obligaciones con el Estado y con ellas, es dar un paso adelante para acabar con la cultura de la impunidad.


caminos a seguir

Como hemos visto, vastas redes de poder se mueven para frenar los avances en la regulación de las corporaciones. Este paso se alinea con la estela del enfrentamiento al capitalismo, en el que la resistencia popular organizada en torno a la batalla por la rendición de cuentas de estas corporaciones, con la formalización de instrumentos concretos, es una espina que se interpone en el camino de las empresas transnacionales.


Si queremos avanzar con gobiernos progresistas en Brasil y América Latina, no podemos dejar de enfrentar el espectro de la dependencia de estas empresas. Trabajar para construir un desarrollo soberano implica regular el poder corporativo, y más que eso, se erige como una agenda clave para mantener cualquier gobierno en el poder.


Mientras más personas en el mundo estén unidas en la lucha contra las empresas transnacionales, instrumentalizadas, en esta coyuntura, en el avance de los marcos normativos reguladores, más fuerza se gana para crecer en estos proyectos emancipadores.

*Amigos da Terra Brasil (ATBr) es una organización que trabaja para construir la lucha por la Justicia Ambiental. Los lunes, quincenalmente, publicamos artículos sobre justicia económica y climática, soberanía alimentaria, biodiversidad, solidaridad internacionalista y contra la opresión.

No hay comentarios:

Publicar un comentario