By: Rodolfo Varela
No importa el gobierno de turno, en Chile la historia parece repetirse: las personas más desprotegidas, los pueblos originarios y quienes defienden el medioambiente siguen siendo las primeras víctimas de la indiferencia estatal, la violencia institucional y un modelo económico que prioriza la explotación de recursos sobre la vida humana. Y, lo más doloroso, gran parte de la sociedad observa desde la platea, como si la tragedia no fuera con ellos.
El reciente informe presentado por organizaciones de derechos humanos y medioambientales ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas es un testimonio duro y alarmante. A nueve meses de la desaparición de la defensora mapuche Julia Chuñil Catricura —una mujer de 72 años, madre y presidenta de su comunidad— el Estado chileno no ha dado respuestas efectivas, pese a las medidas cautelares de la CIDH. No hay búsqueda real, no hay justicia, no hay protección.
El caso de Julia no es un hecho aislado. Es un símbolo de la desprotección estructural hacia las defensoras ambientales, especialmente mujeres indígenas. Denunciar, organizarse, proteger el territorio, sigue teniendo un costo altísimo en Chile: amenazas, criminalización, represión e incluso la desaparición forzada.
El informe revela un panorama preocupante: leyes regresivas como la Ley Naín Retamal y la Ley Antiterrorista, que facilitan el uso excesivo de la fuerza; un modelo extractivista que se profundiza bajo el disfraz de “transición energética”; la explotación masiva de salares sin consentimiento de las comunidades; la privatización del agua; y zonas de sacrificio como Quintero-Puchuncaví, Calama y la Patagonia, devastadas por la salmonicultura.
Pero la pregunta incómoda sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo el pueblo chileno seguirá callando? ¿Hasta cuándo se asumirá que si la víctima no es un familiar, un vecino o un amigo, entonces “no es problema mío”? El silencio y la indiferencia también son cómplices.
Este caso es, además, parte de una deuda histórica que Chile mantiene con sus pueblos originarios, una deuda que se arrastra desde la ocupación violenta de sus territorios y que hoy se expresa en discriminación, despojo y abandono. Una deuda que se suma a otra igualmente dolorosa: la que tiene con las víctimas de la sangrienta dictadura militar, que a más de cinco décadas de ocurrida, sigue sin ser saldada. La verdad, la justicia y la reparación siguen siendo promesas incumplidas.
Julia Chuñil no es solo una líder mapuche. Es el rostro de cientos de defensores y defensoras que han sido silenciados. Su desaparición debe ser un punto de quiebre. No se trata de un problema “de los mapuches”, “de los ambientalistas” o “de las comunidades del sur o del norte”. Se trata de un problema de dignidad y de derechos humanos que nos alcanza a todos.
El llamado de las organizaciones es claro: reparación, no repetición y protección efectiva. Pero para que eso ocurra, Chile necesita algo más que comunicados y conferencias: necesita voluntad política, justicia real y, sobre todo, que su pueblo deje de mirar hacia otro lado. Porque el día que todos entendamos que la injusticia contra uno es una amenaza contra todos, ese día Chile dejará de ser espectador y empezará a ser protagonista de su propia dignidad.
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