El TPP11 fue aprobado el 11 de octubre en el Senado por 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención, pese al rechazo de unas 200 organizaciones sociales y gremiales del país.
Los votos en la cámara alta provinieron principalmente de la derecha opositora y otros senadores socialistas demócratas; mientras que el bloque de izquierda formado por el Partido Comunista, el Frente Amplio y la Federación Verde Social Regionalista votaron en contra.
Con un mercado de casi 500 millones de personas, el tratado involucra a 11 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Sus partidarios aquí, especialmente la derecha y las grandes empresas, señalan que abre la puerta de forma gratuita a más de 3.000 productos y generará ingresos anuales de 1.200 millones de dólares.
Por otro lado, sus detractores argumentan que viola la soberanía nacional al permitir que las corporaciones transnacionales demanden a un estado si, en su opinión, hacerlo perjudica sus intereses.
Durante una intervención en el Senado, la ministra de Asuntos Exteriores, Antonia Urrejola, recordó los riesgos contenidos en el capítulo vinculado a la resolución de controversias en este pacto.
Indicó que una forma de evitar este trámite es suscribir las llamadas “cartas de seguimiento” con los países miembros, en las que expresan su intención de no aplicar la mencionada cláusula.
Durante una visita a la región de Antofagasta, el presidente Gabriel Boric defendió la firma de cartas paralelas y anunció que ya están en marcha importantes negociaciones con países como México, Nueva Zelanda, Australia, Brunei y Tailandia.
El objetivo es encontrar una solución a algo que genera discusión a nivel internacional y es que la resolución de los conflictos generados entre empresas y Estados no se da a través de mecanismos convencionales ad hoc, dijo.
El mandatario recordó que, aunque votó en contra del tratado cuando era diputado, respetará profundamente las facultades del Congreso y la voluntad democrática expresada en él, le gusten o no sus decisiones.
Boric cuestionó a sectores de la oposición que condicionaron su apoyo a importantes reformas pendientes, como la reforma tributaria o el proyecto de presupuesto para 2023, a la promulgación del TPP-11.
Unas 200 organizaciones sindicales, ambientalistas, territoriales, feministas, campesinas y otras rechazaron el tratado por las consecuencias negativas para la producción nacional, la soberanía, el desarrollo y la vulnerabilidad estatal.
Fuente: prensa Latina
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