Reparación sin justicia plena: las pensiones a víctimas de la dictadura en Chile no alcanzan el salario mínimo

A más de 30 años del retorno a la democracia, Chile sigue saldando cuentas con su pasado dictatorial. Entre las múltiples aristas del proceso de reparación, hay una realidad que pasa casi desapercibida en el debate público: las pensiones otorgadas a los exonerados políticos y ex presos políticos, víctimas de la represión estatal entre 1973 y 1990, no alcanzan a cubrir el salario mínimo vigente en el país, fijado actualmente en $510.636 pesos chilenos. 

¿Está surgiendo en Chile un modelo virtuoso de reparación de violaciones de derechos humanos?

Las cifras son elocuentes. Dependiendo de la edad del beneficiario, las pensiones de reparación pueden ir desde los $179.349 pesos (para menores de 70 años), hasta un máximo de $205.265 pesos mensuales (para mayores de 75). A esto se suma, en algunos casos, un aporte único reparatorio entregado en cuotas. Sin embargo, ni la pensión mensual ni los pagos extraordinarios se equiparan al ingreso mínimo legal que, en teoría, busca garantizar condiciones básicas de subsistencia.

El origen de una deuda histórica

Durante la nefasta dictadura del traidor Augusto Pinochet, miles de personas fueron detenidas arbitrariamente, torturadas, exiliadas o expulsadas de sus trabajos por razones políticas. Tras el regreso a la democracia, los gobiernos civiles implementaron una serie de mecanismos para reparar a las víctimas, como el Informe Rettig (1991), que documentó casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y posteriormente los Informes Valech (2004 y 2011), centrados en la prisión política y la tortura.

Fue a partir de estos informes que se crearon las leyes de reparación, como la Ley N° 19.992 (2005), que estableció pensiones para ex presos políticos, y la Ley N° 20.405 (2010), que amplió derechos sociales para este grupo. En paralelo, los exonerados políticos fueron reconocidos mediante la Ley N° 19.234 (1993) y sus reformas posteriores.

No obstante, el diseño de estas políticas ha sido objeto de críticas por su carácter limitado, tanto en términos económicos como en su alcance simbólico.

Una reparación que no alcanza

“Es una pensión de reparación, pero no alcanza ni para vivir con dignidad”, comenta Carmen Riquelme, de 72 años, quien fue detenida y torturada en 1975 y hoy recibe menos de $200.000 pesos mensuales por parte del Estado. “Después de todo lo que sufrimos, ¿eso es lo que vale nuestra vida?”.

Testimonios como el de Riquelme son recurrentes entre quienes han recibido alguna forma de reparación estatal. A la baja cuantía de las pensiones se suma la imposibilidad de heredar estos beneficios, su exclusión del sistema previsional ordinario, y el hecho de que muchos beneficiarios ya están en la tercera edad y viven con secuelas físicas o psicológicas de los abusos sufridos.

Además, varias organizaciones de derechos humanos han denunciado que los procesos de acreditación son excesivamente burocráticos, y que muchas víctimas no fueron reconocidas por las comisiones oficiales debido a la falta de pruebas, el miedo a declarar o los criterios restrictivos aplicados.

¿Reparación o asistencialismo?

De acuerdo con los Principios de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Reparación (conocidos como Principios Van Boven-Bassiouni), una reparación adecuada debe ser proporcional a la gravedad del daño sufrido, garantizar la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En ese marco, las políticas chilenas quedan al debe.

“La reparación en Chile ha sido más simbólica que efectiva”, explica la abogada de derechos humanos Ana María Rojas. “No basta con reconocer el daño; se necesita una compensación real, que permita a las víctimas vivir con dignidad. Si la pensión no cubre ni lo mínimo que exige el Estado para vivir, entonces no es reparación, es caridad institucionalizada”.

Otros países de la región han optado por sistemas más integrales. En Argentina, por ejemplo, las víctimas del terrorismo de Estado pueden recibir una pensión equivalente a la de un juez federal, y el Estado ha asumido activamente procesos judiciales, educativos y culturales en torno a la memoria histórica.

El debate pendiente

El tema ha vuelto tímidamente a la discusión pública a raíz del reajuste del salario mínimo y las recientes movilizaciones de agrupaciones de ex presos políticos, que han exigido mejoras concretas a las pensiones. Sin embargo, el debate ha sido relegado frente a otras urgencias sociales.

Para los expertos, es necesario repensar el modelo de reparación en Chile, ampliando su cobertura, actualizando los montos y reconociendo otras formas de daño que siguen sin atenderse, como el impacto transgeneracional o la persecución política institucionalizada.

Mientras tanto, miles de víctimas envejecen en la precariedad, sostenidas por una pensión que —aunque reconocida por ley— no logra traducir en justicia el dolor vivido.

Aquí tienen un gráfico comparativo que muestra de forma clara y visual la enorme brecha entre las pensiones de reparación para víctimas de prisión, tortua y Exoneración política y el salario mínimo en Chile en 2025 (Es una vergüenza en el mundo).

Fuentes consultadas:

• Leyes 19.992, 19.234 y 20.405

• Informes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech)

• Principios de la ONU sobre Reparación a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos

• Entrevistas a beneficiarios y profesionales de derechos humanos