Chile:A Comisión Mixta proyecto de ley antiencapuchados

En sesión extraordinaria, la Sala del Senado discutió en general la iniciativa y finalmente por mayoría, se rechazó la idea de legislar.

La Sala del Senado rechazó por 16 votos contra 12, la idea de legislar del proyecto que fortalece el resguardo del orden público, también llamada ley antiencapuchados . De este modo, el texto legal pasará a una Comisión Mixta donde senadores y diputados serán los encargados de dirimir las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras.(Boletín N° 7975-25).


Durante el debate intervinieron los senadoresPatricio Walker, Fulvio Rossi, Alberto Espina,Juan Pablo Letelier, Isabel Allende, Juan Antonio Coloma, Soledad Alvear, Carlos Larraín, Víctor Pérez Varela, Eugenio Tuma, Andrés Zaldívar, Jaime Quintana,Jaime Orpis, Camilo Escalona, Lily Pérez, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Mariano Ruiz Esquide, Ximena Rincón, Francisco Chahuán y José García Ruminot. Además del ministro del Interior, Andrés Chadwick.


Los senadores de oposición argumentaron que este tema amerita un debate y análisis mucho más ponderado y refutaron la decisión del Ejecutivo de imprimirle “discusión inmediata”. Además expresaron sus dudas sobre la necesidad de una nueva definición del delito de desórdenes públicos y aludieron a una intencionalidad política del Gobierno para apresurar el debate.


En tanto, los senadores de la Alianza aseveraron que la iniciativa se encuentra en el Congreso hace dos años y solo consiste en precisar una herramienta para prevenir los desmanes y la violencia con que actúan algunas personas que ocultan su identidad en el marco de diversas manifestaciones legítimas. Asimismo abogaron por los derechos de las víctimas de los destrozos a la propiedad pública y privada y las agresiones a Carabineros.


LEGISLACIÓN Y PAZ SOCIAL



El senador Walker, en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución entregó una detallada cuenta del proyecto y expresó las principales discrepancias surgieron sobre las normas que establecen una nueva tipificación del delito de desorden público y el agravamiento en caso que en los desmanes sean realizados por personas encapuchadas. Explicó que la actual legislación ya entrega herramientas suficientes y las policías cuentan con las facultades respectivas.


A su turno, el senador Rossi si bien consideró “reprochable e intolerable que grupos minoritarios cometan desórdenes y daños”; expresó que “este proyecto no contribuye a la paz social” y aseguró que “nuestro ordenamiento contempla delitos que sancionan estas conductas. Sin embargo, el Ejecutivo confunde estos fenómenos escondiendo la importancia del conflicto social y posibles respuestas concretas”, dijo.

Una opinión distinta emitió el senador Espina quien rechazó las críticas porque se estaría legislando bajo presión. “El texto lleva más de un año en el Congreso” y enfatizó que durante las manifestaciones estos grupos violentos han agredido brutalmente a cientos de carabineros “y no he visto a ninguna organización de derechos humanos defender sus derechos y tampoco se han pronunciado cuando los pequeños comerciantes, transportistas o transeúntes ven destruidos sus medios de sobrevivencia”.


DUDAS


En tanto, el senador Letelier aclaró que nada molesta más que los actos de vandalismo que se producen en el contexto de manifestaciones. “El punto es si se debe tipificar un nuevo delito y aunque no tengo dicha convicción estamos abiertos al debate”. Asimismo consultó sobre la inteligencia que realizan las policías en el marco de estos desmanes, porque “no logro entender si se presentan las pruebas necesarias por qué no se les detiene o se les deja libres ¿es un tema de los jueces o de los fiscales?”, preguntó.

A su vez, la senadora Allende expresó que “este es un proyecto con una mirada técnico- jurídica, pero también política y precisó que a su juicio “no cumple con el objetivo que a todos nos compete y que es: garantizar la libertad de expresión”. Recordó además que lamentablemente la ciudadanía debe recurrir a la movilización cuando no son escuchadas sus demandas, tal como ocurrió en Freirina y aclaró que “todos sin excepción condenamos cuando grupos minoritarios cometen delitos, sean encapuchados o no”.


El senador Coloma desestimó las críticas y señaló que, a su juicio, la discusión refleja “una falta de visión o politización en orden a contar con medidas mínimas para controlar el orden público”. Indicó que “si bien todos coincidimos en el diagnóstico de que es insoportable la alteración orden público, se las arreglan para no hacer nada”. Manifestó que “más allá de la contingencia, se trata de entregar al gobierno actual una herramienta para la tipificación del delito de desorden público”.


OPINIONES Y ESTUDIOS


La senadora Alvear lamentó que “no se haya podido contar con la tranquilidad y calma suficiente para discutir este tema en la Comisión”. Aseguró que todas las organizaciones y todos los especialistas en derecho y profesores que acudieron a la instancia –con excepción del abogado del Ministerio del Interior- “estuvieron en contra del proyecto”. Añadió que a su juicio éste proyecto no contribuye a la lucha contra la delincuencia, expresando que son muchas las personas que usan pañuelos en manifestaciones por razones incluso de salud. Recalcó también que se ha legislado en otros proyectos que el Ejecutivo ha enviado en materia de seguridad.

A su turno, Carlos Larraín aludió al proyecto enviado por la ex Presidenta Michelle Bachelet en 2006, donde reconocía la necesidad de contar con herramientas para combatir el accionar de grupos violentos que se infiltran con ocasión de las marchas y manifestaciones. Asimismo hizo referencia a la legislación comparada de la gran mayoría de las democracias europeas donde contemplan definiciones para desórdenes del orden público.


El senador Pérez Varela argumentó que “los datos están sobre la mesa y son evidentes. El país entero ve como manifestaciones que se declaran pacíficas derivan en hechos de violencia y nadie es sancionado ni condenado”. Aclaró que la actual legislación penal no da cuenta de la situación real y, por lo tanto, tenemos que tipificar las conductas. Negó que se esté “criminalizando el movimiento social” y llamó a “enfrentar este tema adecuadamente antes que se transforme en algo inmanejable”.


EFECTO PÚBLICO


A su turno, el senador Tuma opinó que este tema “está más encaminado a los titulares de los medios de comunicación que a hacer eficaz la persecución de los delitos”. Consideró que “se persigue criminalizar la protesta social” y aludió a la situación que se produce con el paro municipal en curso y narró lo que consideró una actuación desmedida de las policías en casos de allanamientos en La Araucanía.


En la misma línea, el senador Zaldívar lamentó la urgencia que le imprimió el Ejecutivo al proyecto en el Senado, pese a que en la Cámara lo mantuvo por dos años. “Solidarizo con los carabineros agredidos o heridos y rechazo todo tipo de violencia pero ¿por qué se nos quiere forzar con este proyecto?. Es una falta de respeto al Senado”, dijo.


LÓGICA DEL SHERIFF

Por su parte, el senador Quintana enfatizó que la actual administración ha fracasado en la lucha contra la delincuencia, puesto que ha aplicado la lógica del “sheriff” que “responde al temor de la derecha de ver que la gente protesta contra sus políticas públicas, sus ideas”. En su impresión, este sistema busca superponer un derecho por sobre otro, es decir, prioriza la tranquilidad por sobre la libertad de reunión o de expresión. “Creemos que las herramientas de persecución que existen son válidas”, concluyó.


Luego el senador Orpis aseguró que la discusión no debe centrarse en la seguridad ciudadana sino en el hecho de que los encapuchados alteran el orden social y hoy no existen herramientas suficientes para hacer frente a esta situación. El parlamentario recordó algunos hechos de violencia ocurridos en Inglaterra donde la norma es mucho más dura. También mencionó el crecimiento del presupuesto destinado a seguridad y cuestionó que ello no haya sido suficiente para disminuir las estadísticas de victimización.


El senador Escalona explicó que el proyecto que se presentó en el 2006 respondió a un acuerdo político que buscaba que personal de Carabineros pudiera ejercer un control de identidad sobre los encapuchados. Respecto a las sanciones que se aplican a aquellos que cometen actos de violencia, indicó que éstas se encuentran en la legislación desde el siglo XIX. En esta dirección, manifestó que el cambio que se pretende hacer es innecesario e ineficiente. “Los derechos constitucionales deben ser garantizados por la acción de las policías y la autoridad administrativa”, indicó.


SITUACIÓN CARICATURIZADA


A su turno, la senadora Pérez San Martín dijo estar dolida por los dichos de sus pares en cuanto al incumplimiento de las promesas de la administración Piñera. “Es injusto ver como se caricaturiza esta situación” declaró explicando que no toda persona con su cabeza tapada equivale a un encapuchado puesto que este último se caracteriza por cometer hechos de violencia. A su vez, cuestionó los comentarios de algunos juristas que fueron invitados a la Comisión de Constitución, quienes aseguraron que no se necesita legislar en esta materia.

El senador Frei aprovechó el debate para dejar en claro que las distintas críticas que se le han realizado respecto a los indultos que concedió en su gobierno, no están ajustadas a la realidad. Además, pidió oficiar al Ministerio de Justicia para conocer el detalle de los indultos que se han dictado en la actual administración. En cuanto al proyecto, se sumó a los dichos de otros senadores que apuntaron a la necesidad de legislar con calma esta materia y evitar así hacer un uso político de ella.


El senador Ruiz-Esquide también fundamentó su voto negativo recordando que desde tiempos inmemoriales se ha discutido cómo la sociedad debe defenderse de la violencia alcanzando “un equilibrio entre la prudencia y la eficiencia”. Para él la búsqueda de soluciones debe conjugar serenidad para analizar con cuidado los pros y contras, y limpieza en los procedimientos. El congresista también hizo un llamado de atención al oficialismo respecto a la responsabilidad que se atribuye a los jueces en el llamado fracaso contra el delito.


HERRAMIENTAS DE SANCIÓN


La senadora Rincón comentó que la caricaturización del tema viene por el lado del Ejecutivo que prometió terminar con la inseguridad ciudadana utilizando figuras como “la puerta giratoria, el candado y el fin de la fiesta”. Retrucó además los dichos que indican que no están tipificadas las conductas para sancionar a los encapuchados. Respecto del tema de fondo, la parlamentaria enfatizó que el verdadero problema es terminar con la inequidad que hace que las personas se sientan frustradas.

Posteriormente, el senador Chahuán apuntó a que el objetivo de la propuesta es precisamente garantizar el derecho a reunión, a movilizarse y a expresión de toda persona, considerando que en la actualidad cada vez que la población quiere manifestarse no puede hacerlo porque los violentistas le quitan esa posibilidad. “Cuando ocurren estas situaciones, un grupo destruye la propiedad pública y privada en medio de una movilización que es legítima, pero que termina por deslegitimarse”.


El senador García Ruminot lamentó que la mayor parte de la Sala esté por rechazar la propuesta, lo que a su juicio responde a un cálculo político. Así rememoró el proyecto presentado en la administración Bachelet, planteando que va en la misma dirección del que hoy se somete a votación. Ello, en su opinión debería facilitar el debate presente, considerando que en esa oportunidad el Congreso sí le dio su respaldo. “Hace dos años que ingresó esta iniciativa y ese es tiempo más que suficiente para analizarla y darse cuenta de su utilidad”, precisó.


Finalmente, el ministro Chadwick explicitó las razones por que se está solicitando legislar para fortalecer el orden público y dijo que en los últimos dos años carabineros ha detenido a miles de manifestantes que participaron en violentos desórdenes y que han quedado en libertad. Expresó que el último de los casos se produjo, el viernes 25 de octubre, con una marcha de encapuchados con un alto índice de violencia que destruyó propiedad privada y pública en Providencia “y todos quedaron libres”.