Por Rodolfo Varela
La Corte Suprema de Chile ha anunciado, con cierta solemnidad, la aprobación de un nuevo Código de Ética Judicial. Un hecho que, más allá del titular optimista, debería preocupar profundamente a cualquier ciudadano consciente del deterioro de nuestra justicia.
El anuncio fue realizado por la ministra vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, durante un desayuno con periodistas. Según explicó, el nuevo código —que entrará en vigencia en junio del próximo año— busca orientar y ofrecer “autoconsulta” a los magistrados frente a posibles dilemas éticos. En otras palabras, pretende servir como guía para que los jueces puedan comportarse correctamente y evitar conductas reprochables.
La pregunta inevitable es: ¿de verdad necesitamos un código de ética para que los jueces actúen con decencia? ¿Acaso la ética no es un valor intrínseco, una convicción que debería formar parte de la esencia misma del ejercicio judicial?
Resulta casi insultante para el pueblo chileno que, medio siglo después de la dictadura, la Corte Suprema tenga que aprobar un documento para recordar a sus miembros lo que debería ser una obviedad: que la justicia se funda en la integridad, la independencia y el honor.
El texto, según se explicó, es de carácter “consultivo y orientador”. No sanciona, solo aconseja. Y vendrá acompañado de un Consejo Consultivo de Ética compuesto por jueces y un académico. En teoría, servirá para resolver dudas morales o conflictos de conducta. En la práctica, parece más un gesto simbólico, un intento de lavar la imagen institucional ante una ciudadanía cada vez más desconfiada.
Es lamentable que la justicia chilena, cuestionada por fallos contradictorios y por su falta de transparencia, crea que la solución a su crisis moral pasa por un código. La ética no se legisla ni se consulta: se vive.
Los jueces y ministros de la Corte Suprema deberían ser intachables, a prueba de cualquier sospecha. No debería ser necesario redactar un reglamento para comportarse con honestidad. Lo verdaderamente ético sería reconocer los errores del pasado, sancionar los abusos del presente y recuperar la confianza de un pueblo cansado de ver cómo la justicia parece tener un precio o un color político.
Y aquí surge una pregunta aún más profunda: ¿este nuevo código también implicará revisar las causas del pasado? ¿Se atreverá la Corte Suprema a mirar hacia atrás y revisar los fallos dictados durante y después de la dictadura, cuando tantas víctimas fueron negadas, silenciadas o simplemente olvidadas?
Si la ética va a ser realmente un principio rector, entonces deberá aplicarse también a la historia. Eso significaría verificar aquellas causas mal conducidas por jueces que no cumplieron su deber moral ni su obligación de justicia, y finalmente castigar —aunque sea tarde— a los torturadores, asesinos, secuestradores y ladrones que actuaron bajo el amparo del poder.
Solo entonces la palabra “ética” tendrá un verdadero sentido. Mientras no haya justicia para las víctimas de la dictadura, ningún código podrá limpiar la conciencia de la judicatura chilena.
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