Este pronunciamiento surge como respuesta a las iniciativas del Senado y la Corte Suprema que buscan otorgar beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad, apelando a su avanzada edad o estado de salud.
AFEP denunció que estas medidas constituyen una “nueva revictimización” y una “señal de incivilidad”. Además, alertan sobre una peligrosa tendencia regional: el blanqueo de dictaduras y la manipulación de la justicia en América Latina.
Dictaduras: de derecha, de izquierda y de falsas banderas ideológicas
En gran parte de la región, el discurso democrático ha sido cooptado por gobiernos que, bajo falsas banderas de izquierda o derecha, perpetúan modelos de exclusión, corrupción y enriquecimiento ilícito de élites políticas y empresariales.
Estos regímenes usan el poder para desinformar, acallar voces críticas y mantener en la ignorancia a los sectores más vulnerables. Mientras tanto, las víctimas de las dictaduras militares y de las falsas democracias siguen esperando justicia, reparación y garantías de no repetición.
En Chile, más de 51 años después del golpe militar, siguen pendientes la ubicación de 1.100 detenidos desaparecidos y la definición de responsabilidades penales en más de 3.500 crímenes de lesa humanidad.
La AFEP recordó que el Poder Judicial fue cómplice durante los 17 años de dictadura, desoyendo recursos de amparo y legitimando la impunidad frente a crímenes de tortura, prisiones ilegales, exoneraciones políticas, asesinatos, secuestros e incluso la venta de niños y niñas a familias extranjeras.
Por ello, las actuales propuestas de beneficios carcelarios representan un retroceso inadmisible y un golpe directo a la dignidad de las víctimas y a la memoria histórica del país.
La urgencia de una conciencia latinoamericana
La lucha contra la impunidad no es solo un desafío chileno; es una deuda moral de toda América Latina.
Las dictaduras, sean militares, civiles o camufladas de democráticas, han dejado un saldo de pobreza extrema, corrupción en medios y periodistas, desinformación y desigualdad estructural.
En muchos casos, estos regímenes han inventado supuestos golpes de Estado para justificar la represión, cuando en realidad se trataba de manifestaciones violentas de un pueblo insatisfecho con las políticas de su gobierno, cansado de promesas incumplidas y de la manipulación política que niega cambios reales.
Escribo estas líneas no solo como observador, sino como testigo directo de esta historia.
Fui preso político, torturado y exonerado durante la dictadura en Chile. En 1976, debí exiliarme junto a mi familia para sobrevivir.
Por eso, sé de primera mano que la justicia tardía es injusticia. Y que la impunidad —disfrazada de humanidad o reconciliación— siempre será una amenaza para las generaciones futuras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario