La Comisión de Educación aprobó una modificación a la Ley de Educación Superior. Esta corrige la norma que ha generado inconsistencias sobre la prohibición de que las evaluaciones y la entrega de títulos, sea condicionada al pago de deudas.
La Comisión de Educación votó en general y en particular, por 7 votos a favor, uno en contra y 2 abstenciones, el proyecto que prohíbe que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas de arancel (boletín 15831).
La iniciativa -originada en moción de diputados/as- explica que en el último tiempo decisiones judiciales han afectado a estudiantes de educación superior. Ello porque se les niega la entrega de título, diplomas o certificaciones académicas, por parte de Instituciones de Educación Superior (IES), por mantener deudas de arancel con dichos establecimientos.
Agrega que si bien los casos tienen un resultado positivo, el razonamiento de los tribunales sostiene que dicha prohibición sólo opera en casos anteriores a la ley 21.091 que se encuentra vigente desde 2018.
Al respecto, se modifica la norma que sanciona como infracción grave por parte de la Superintendencia de Educación Superior dicho comportamiento, respecto a exigencias pecuniarias distintas al pago de aranceles.
El texto aprobado rechaza que se condicione la rendición de exámenes u otras evaluaciones; o el otorgamiento de títulos, diplomas y certificaciones, a exigencias pecuniarias por deudas de arancel. Ello aun cuando estén establecidas por la institución de educación superior en su reglamentación e informadas a los estudiantes, al momento de suscribir el contrato respectivo.
Ejecutivo
El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana recalcó que se otorgó suma urgencia al texto, porque se asegura que “los condicionamientos económicos no se transformen en condicionamientos académicos”. En ese plano recordó que en la actualidad en muchos casos se dificulta la “titulación oportuna”, que alcanza menos del 40% de los estudiantes.
El vicepresidente alterno del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), Hans Richter consideró la iniciativa como loable y deseable, para “no condicionar económicamente un logro intelectual”. Reconoció sin embargo, que este tiene un costo para las universidades y puede provocar un impacto, en la idea de fomentar el no pago los aranceles.
Claudio Carvajal de la FEPUCV y representante de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), dijo que es un avance que se pueda optar al grado académico, sin importar la deuda arancelaria. Llamó a abrir la discusión sobre la autonomía que tienen los planteles para fijar los aranceles, materia que se debe regular.
Reacciones
La diputada Marcia Raphael (RN) consideró que el proyecto no considera los problemas que se pueden generar en las instituciones de educación superior. Dijo que podría ocurrir que algunos alumnos no paguen el último semestre y generen problemas de recursos para esa universidad.
En tanto el presidente de la comisión, Gaspar Rivas (PDG), aclaró que el texto no deroga normas del Código del Procedimiento Civil relativas al juicio ejecutivo y cobro de deudas, por lo que la universidad puede exigir el pago de deudas. Sostuvo que el proyecto pone fin a un mecanismo abusivo y antiético que no corresponde.
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