La politización de las Cortes Supremas en América Latina no es un mito ni una exageración ideológica: es una realidad comprobable.
En distintos países de la región, el Poder Judicial ha dejado de actuar como árbitro independiente para convertirse, en muchos casos, en actor político, capturado por intereses partidarios, económicos o corporativos, sin importar si estos provienen de la derecha o de la izquierda.
Hoy vemos tribunales que legislan desde la toga, destituyen parlamentarios, interfieren en la voluntad popular y vulneran el principio básico del debido proceso. Jueces que investigan, acusan y sentencian, concentrando un poder incompatible con cualquier democracia moderna. Jueces que no rinden cuentas, que operan con impunidad y que se blindan tras el falso argumento de la “autonomía judicial”.
Chile rompe el molde
En este contexto regional preocupante, Chile está dando una señal clara y potente:
en una democracia sana, ningún poder del Estado es intocable.
La reciente destitución del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, aprobada por el Senado por “notable abandono de deberes”, no es un ataque a la independencia judicial. Es exactamente lo contrario: es la defensa de la probidad, la transparencia y la igualdad ante la ley.
Los hechos son graves y están documentados:
un juez supremo que no se inhabilita pese a mantener vínculos personales con abogados involucrados en una causa millonaria; una sentencia redactada por él que benefició a un consorcio extranjero ligado a presuntos delitos de corrupción; indemnizaciones millonarias pagadas por el Estado chileno; y abogados hoy en prisión preventiva por lavado de activos, cohecho y soborno.
Esto no es una opinión política. Es un escándalo institucional.
El Senado funcionando como debe
Lo relevante —y aquí está el punto central— es que el Poder Legislativo chileno sí funcionó.
Ejerció su rol constitucional de control y fiscalización, incluso frente a uno de los poderes más cerrados y resistentes al escrutinio público: el Judicial.
Senado chileno destituye a otro juez de Corte SupremaEn poco más de un año, cinco jueces han sido removidos, incluyendo ministros de la Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones. No por revancha política, no por ideología, sino por hechos concretos, probidad vulnerada y conflictos de interés evidentes.
Vivanco, Muñoz y Simpertigue: la caída de los tres supremos destituidos por acusacionesEsto contrasta brutalmente con otros países de América Latina, donde las cortes supremas actúan como supra poderes, sin control ciudadano, sin contrapesos reales y muchas veces al servicio de proyectos políticos o redes de corrupción.
Una advertencia para Chile… y para la región
Este proceso no debe ser leído como una “crisis del Poder Judicial”, sino como una oportunidad histórica de saneamiento institucional.
La verdadera crisis no es destituir jueces corruptos;
la verdadera crisis es permitir que sigan fallando impunemente.
Chile está demostrando que la soberanía popular también se defiende exigiendo jueces probos, que la democracia no se debilita cuando se fiscaliza al poder, sino cuando se le deja actuar sin control.
Un llamado directo a la ciudadanía chilena
La población chilena debe despertar de una vez:
no existe justicia social sin justicia imparcial,
no existe democracia cuando un poder se cree superior al resto,
no existe Estado de Derecho cuando los jueces olvidan que también están sujetos a la ley.
Chile hoy está dando un ejemplo que incomoda, pero que dignifica.
Un ejemplo que América Latina y el mundo deberían observar con atención.
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