La Comisión de Trabajo respaldó los primeros cambios a la reforma de pensiones, referidos a las adecuaciones del decreto 3.500, que hoy se encuentran contenidas en la actual legislación.
En concreto, se trató de adecuaciones de lenguaje y código. En específico estos cambios se refieren a modificaciones en el decreto 3.500, actualmente vigente.
El paquete de artículos que comenzó a analizarse, se divide entre 9 normas iguales y 9 normas que cambian hacia un lenguaje inclusivo. En tal sentido, estas vienen a confirmar que las afiliadas y pensionadas son precisamente las personas que más perjudicadas han resultado con el actual sistema previsional.
Las normas espejo aprobadas son propuestas en las que el oficialismo estimaba que no habría conflicto, dado que se trata de temas hoy incluidos en la legislación.
Sin embargo, la aprobación no contó con los votos de la oposición, ya que esta estimó que respaldar dichas normas significaría la derogación implícita del DL 3.500.
A ello se agrega la imposibilidad de llegar a acuerdo en el resto de los temas de fondo, lo que augura un complejo trámite para los aspectos más polémicos, como la separación de la industria, el componente social del 6% por parte del empleador y el futuro de las cuentas nocionales o sistema de reparto.
Bases de la reforma
La reforma tiene como primer y gran objetivo aumentar en forma efectiva y financieramente sustentable las pensiones de los actuales y futuros pensionados y pensionadas de nuestro país.
Para cumplir este objetivo, propone aumentar el monto y la cobertura de la Pensión Garantizada Universal, a través del aumento gradual de la PGU a $250 mil, desde los $194 mil actuales.
El texto legal establece una nueva cotización de los empleadores y la creación del Seguro Social Previsional. Se implementará de forma gradual hasta completar un 6% de la renta imponible. Con esta cotización se construirá el Fondo Integrado de Pensiones que creará el Seguro Social.
Además, incorpora una reorganización de la industria en el Pilar Contributivo. El objetivo es mejorar la eficiencia del Pilar Contributivo y elevar las pensiones.
Para ello, contempla la creación de un Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) y de Inversores de Pensiones Privados (IPP). La nueva entidad pública gestionará de forma exclusiva el Seguro Social, al que se destinarán los aportes del 6% que haga el empleador. Además, competirá con los inversores privados (los IPP) por la administración de la cotización del 10,5% del trabajador.
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