Por Rodolfo Varela
Nadie discute seriamente que la cultura necesita apoyo estatal.
La verdadera discusión es otra:
¿Quién termina beneficiándose realmente de los recursos públicos destinados a cultura?
Durante décadas, una parte importante de la ciudadanía ha comenzado a cuestionar la manera en que funcionan los fondos culturales en Chile.
No porque rechacen el arte.
No porque rechacen la cultura.
Sino porque muchos sienten que el sistema terminó alejándose de las mayorías.
El debate es profundo.
¿Debe el dinero público priorizar tradiciones populares, talleres comunitarios, patrimonio nacional y acceso masivo?
¿O debe financiar también propuestas experimentales, investigación artística y expresiones que muchas veces solo alcanzan públicos reducidos?
La respuesta probablemente sea ambas.
El problema aparece cuando la ciudadanía comienza a percibir desigualdad, exclusión y falta de transparencia.
Uno de los fenómenos más criticados es el llamado doble financiamiento.
Los contribuyentes pagan mediante impuestos:
producciones,
infraestructura,
teatros,
equipos,
festivales.
Pero posteriormente deben volver a pagar entradas elevadas para acceder a aquello que ya ayudaron a financiar.
El resultado es evidente:
miles de trabajadores terminan financiando obras que muchas veces jamás podrán consumir.
Existe además otro problema histórico:
la centralización.
La percepción ciudadana sigue siendo que una parte importante de los recursos culturales continúa concentrándose en Santiago, grandes instituciones y círculos con mayores capacidades técnicas para competir.
La discusión se vuelve todavía más compleja cuando aparece la dimensión política.
Históricamente, gobiernos de distintas tendencias ideológicas han entendido que la cultura no solo produce arte.
También construye relatos, identidad e influencia.
Por esa razón, una parte importante de la ciudadanía cuestiona si ciertos recursos terminan favoreciendo grupos cercanos al poder político, redes institucionales o determinadas visiones ideológicas.
La discusión no debería ser izquierda versus derecha.
La discusión debería ser transparencia versus opacidad.
Por eso resulta indispensable impulsar reformas.
Financiamiento condicionado al acceso ciudadano.
Mayor descentralización.
Transparencia absoluta.
Evaluación de impacto social.
Diversidad real de evaluadores.
Porque la discusión nunca fue si Chile debe financiar cultura.
La verdadera pregunta sigue siendo:
¿La cultura financiada por todos realmente está llegando a todos?
Blog de Rodolfo Varela Directo al Punto
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