Los defensores están pidiendo a Canadá que haga más para responsabilizar a las empresas canadienses por violaciones de derechos humanos en el extranjero.
Enzo Brizuela describe su ciudad natal como una “zona de sacrificio”.
El geólogo de 33 años nació, se crió y vive en Andalgala, un pequeño pueblo en la provincia argentina de Catamarca, rica en minerales, cerca de la frontera noroccidental con Chile. Dice que la zona alberga una población tranquila que vive principalmente de la agricultura y la ganadería.
También es donde un grupo de empresas mineras, lideradas por una empresa canadiense, espera extraer millones de onzas de cobre y oro, algo que Brizuela y muchos de sus vecinos temen que contamine las fuentes de agua y dañe el medio ambiente.
“Vivimos en una zona de sacrificio”, dijo Brizuela a Al Jazeera en una entrevista reciente de Zoom. “Pero me enorgullece decir que Andalgala también es [el hogar de] un pueblo fuerte y decidido, porque nos hemos opuesto a estas [propuestas] de minería a gran escala desde la década de 1970”.
El geólogo de 33 años nació, se crió y vive en Andalgala, un pequeño pueblo en la provincia argentina de Catamarca, rica en minerales, cerca de la frontera noroccidental con Chile. Dice que la zona alberga una población tranquila que vive principalmente de la agricultura y la ganadería.
También es donde un grupo de empresas mineras, lideradas por una empresa canadiense, espera extraer millones de onzas de cobre y oro, algo que Brizuela y muchos de sus vecinos temen que contamine las fuentes de agua y dañe el medio ambiente.
“Vivimos en una zona de sacrificio”, dijo Brizuela a Al Jazeera en una entrevista reciente de Zoom. “Pero me enorgullece decir que Andalgala también es [el hogar de] un pueblo fuerte y decidido, porque nos hemos opuesto a estas [propuestas] de minería a gran escala desde la década de 1970”.
El último de varios proyectos desarrollados en el área de Andalgala en las últimas décadas, la mina a cielo abierto MARA se encuentra en una etapa avanzada de exploración. La empresa canadiense Yamana Gold, que está siendo adquirida por una empresa sudafricana, posee actualmente el 56,25% del proyecto, mientras que la empresa suiza-angloamericana Glencore y Newmont Corp, una empresa estadounidense, poseen el resto.
Las empresas dijeron en el sitio web del proyecto que obtuvieron los permisos administrativos y judiciales y que están tomando en cuenta las preocupaciones de la comunidad para garantizar una "minería verdaderamente responsable, sostenible e innovadora".
Pero los defensores de la comunidad dijeron que varias docenas de personas habían sido detenidas en el contexto de su oposición a la minería en la región durante más de una década, incluso por las protestas contra el proyecto MARA. Más recientemente, algunos han sido acusados de incendiar oficinas comerciales locales, una acusación que dijeron que no tenía fundamento.
Un portavoz de Yamana Gold rechazó la solicitud de comentarios de Al Jazeera.
Brizuela, quien dijo que enfrentaba cuatro denuncias penales, incluida la quema de la oficina, le dijo a Al Jazeera que se estaba llevando a cabo una represión contra los defensores de los derechos humanos, y que empeoraba. “Activistas que están trabajando arduamente para intentar… canalizar información sobre los riesgos de la megaminería están siendo perseguidos y sufriendo violencia”, dijo. “Esta es claramente una campaña de miedo”.
Las empresas dijeron en el sitio web del proyecto que obtuvieron los permisos administrativos y judiciales y que están tomando en cuenta las preocupaciones de la comunidad para garantizar una "minería verdaderamente responsable, sostenible e innovadora".
Pero los defensores de la comunidad dijeron que varias docenas de personas habían sido detenidas en el contexto de su oposición a la minería en la región durante más de una década, incluso por las protestas contra el proyecto MARA. Más recientemente, algunos han sido acusados de incendiar oficinas comerciales locales, una acusación que dijeron que no tenía fundamento.
Un portavoz de Yamana Gold rechazó la solicitud de comentarios de Al Jazeera.
Brizuela, quien dijo que enfrentaba cuatro denuncias penales, incluida la quema de la oficina, le dijo a Al Jazeera que se estaba llevando a cabo una represión contra los defensores de los derechos humanos, y que empeoraba. “Activistas que están trabajando arduamente para intentar… canalizar información sobre los riesgos de la megaminería están siendo perseguidos y sufriendo violencia”, dijo. “Esta es claramente una campaña de miedo”.
Huella global
Durante años, las empresas canadienses han sido acusadas de ser cómplices o de no investigar o prevenir supuestos abusos de derechos y daños ambientales en sus operaciones en el extranjero.
Las empresas del altamente rentable sector minero de Canadá, en particular, han recibido gran parte de las críticas: los grupos de derechos humanos han documentado una variedad de abusos, que incluyen violaciones, agresiones, asesinatos y esclavitud, así como contaminación relacionada con las actividades mineras canadienses en todo el mundo.
Si bien estas acusaciones no son nuevas, una campaña para presionar a Ottawa para que haga más está cobrando fuerza a medida que los activistas y defensores ambientales enfrentan un aumento de la violencia y amenazas mortales en todo el mundo.
“El gobierno de Canadá debe decidir si continúa rezagándose y arrastrándose y dejando que las empresas operen con impunidad, o si hace algo con respecto al abuso corporativo”, dijo Emily Dwyer, directora de políticas de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa.
Canadá "es el hogar de casi la mitad de las empresas mineras y de exploración de minerales que cotizan en bolsa en el mundo", dijo Natural Resources Canada, un ministerio federal, en su sitio web, mientras que su trabajo en el extranjero representa la mayor parte de las ganancias. En 2020, 730 empresas mineras y de exploración canadienses tenían activos en 97 países extranjeros valorados en 150.000 millones de dólares (188.200 millones de dólares canadienses), informo el ministerio.
Estados Unidos encabezó la lista de países que albergan la mayor cantidad de empresas mineras canadienses en 2020 con un 21,3 %, mientras que Chile, Panamá, Brasil y Perú completaron los cinco primeros. Le siguió Zambia con un 5%, seguida de México, Argentina, Malí y la República Democrática del Congo.
En 2019, Canadá creó la oficina del Defensor del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable (CORE), cargo encargado de monitorear la implementación de las directrices de las Naciones Unidas y la OCDE sobre prácticas comerciales que involucran a empresas canadienses en los sectores de la confección, la minería y el petróleo y el gas. La oficina tiene el poder de asesorar a las empresas, revisar las denuncias de abusos de los derechos y hacer recomendaciones para la reparación, incluida una disculpa o compensación financiera.
También lanzó un sistema de presentación de quejas en línea el año pasado. “Este es un paso crucial en nuestra misión de ayudar a promover y proteger los derechos humanos y la reputación de Canadá en todo el mundo”, dijo la defensora del pueblo Sheri Meyerhoffer en una declaración de marzo de 2021. “Nuestro nuevo portal en línea es una manera fácil de que las personas y las comunidades en el extranjero plantear preguntas e inquietudes”.
CORE dice que evaluó la admisibilidad de 16 denuncias entre el 1 de abril y finales de junio. Durante ese período se cerraron otras dos denuncias -una por insuficiencia de información proporcionada por el denunciante y otra porque las partes resolvieron el asunto- y también recibieron 45 consultas, la mayoría fuera de su competencia.
Pero los defensores de los derechos humanos criticaron a la oficina como desdentada.
"La oficina no es independiente del gobierno... y no tiene poderes reales para investigar de forma independiente", dijo Dwyer a Al Jazeera. “Los poderes que necesita [incluyen] el poder de obtener documentos y testimonios; de lo contrario, es muy difícil esperar que esta oficina pueda obtener la información que necesita para investigar”.
Agregó que Canadá continúa confiando principalmente en “enfoques voluntarios” para responder a las denuncias de abuso, como brindar asesoramiento a las empresas y ofrecer mediación, por ejemplo. "Pero esperamos ver algo de acción pronto en una dirección diferente", dijo Dwyer.
Propuestas legislativas
Un portavoz de Asuntos Globales de Canadá, el Ministerio de Relaciones Exteriores, le dijo a Al Jazeera que el gobierno espera que las empresas canadienses que operan en el extranjero “cumplan con todas las leyes pertinentes, respeten los derechos humanos en sus operaciones y adopten las mejores prácticas y pautas de conducta empresarial respetadas internacionalmente. ".
El Defensor del Pueblo Canadiense para Empresas Responsables (CORE) “debe tener tiempo suficiente para cumplir con su mandato actual”, dijo James Emmanuel Wanki en un correo electrónico. “Una vez que esté en pleno funcionamiento, estará en condiciones de asumir los casos. El uso de un mecanismo no judicial como CORE no impide que las personas busquen soluciones civiles ante los tribunales canadienses”, dijo Wanki.
Mientras tanto, el gobierno buscó fortalecer las salvaguardas relacionadas con las cadenas de suministro canadienses y otras prácticas comerciales. Por ejemplo, en junio, la Cámara de los Comunes aprobó por unanimidad una segunda lectura de un proyecto de ley que prohibiría a Canadá importar bienes producidos con trabajo forzoso o infantil.
El proyecto de ley S-211, que fue enviado al comité para una revisión adicional, también requeriría que las entidades gubernamentales y privadas informen anualmente sobre las medidas tomadas “para prevenir y reducir el riesgo de que sus cadenas de suministro utilicen trabajo infantil fortificado”. y otorgar al Ministro de Seguridad Pública y Preparación para Emergencias el poder de obligar a una entidad a proporcionar información.
"El consentimiento unánime en esta etapa es una señal clara de que la Cámara entiende la importancia de este tema", tuiteó Seamus O'Regan, ministro federal de trabajo de Canadá, después de la segunda conferencia en el parlamento el 1 de junio.
Los políticos federales también introdujeron las leyes a fines de marzo, que tienen como objetivo, respectivamente, establecer un cargo de comisionado con el poder de exigir declaraciones y documentos en investigaciones sobre abuso corporativo, así como responsabilizar a las empresas por cualquier falla en garantizar que sus prácticas en causar daño humano. daño. violaciones de derechos, entre otras cosas. Grupos religiosos y de derechos humanos instaron a los parlamentarios a apoyar estos proyectos de ley para garantizar una mayor rendición de cuentas.
Acceso a la justicia
Sin embargo, aunque algunos casos civiles han establecido que las víctimas pueden buscar reparación en Canadá por abusos relacionados con el trabajo por parte de empresas en el extranjero, los defensores de los derechos dijeron que los intentos de buscar responsabilidad en los tribunales canadienses siguen siendo lentos y costosos.
En 2019, una empresa minera canadiense se disculpó públicamente con los manifestantes guatemaltecos que demandaron en Canadá y reconoció que se violaron sus derechos cuando los agentes de seguridad hirieron a los manifestantes en la mina de la empresa en Guatemala. El caso fue aclamado como un hito que confirmó que "los tribunales canadienses son el foro apropiado para los reclamos de derechos humanos que surgen de las actividades extranjeras de las empresas mineras canadienses", dijo Joe Fiorante, el abogado de los demandantes en ese momento.
Un año después, la Corte Suprema de Canadá dictaminó que una empresa canadiense propietaria de una mina en Eritrea podía ser demandada en Canadá. La decisión se produjo después de que tres trabajadores eritreos demandaran a Nevsun Resources Ltd, alegando que fueron obligados a trabajar en la mina y sometidos a “tratos violentos, crueles, inhumanos y degradantes”. Posteriormente, la empresa llegó a un acuerdo extrajudicial, dijo Amnistía Internacional.
La Corte Suprema de Canadá dictaminó en 2020 que una empresa minera canadiense podría ser procesada en Canadá por trabajos forzados y otros abusos que supuestamente tuvieron lugar en una mina de su propiedad en Eritrea [Archivo: Thomas Mukoya/Reuters]“Lo que realmente se necesita es la obligación de evitar que se produzcan violaciones de los derechos humanos en las cadenas de suministro de una empresa, la obligación de las empresas de actuar con la debida diligencia: tomar medidas para identificar, mitigar, abordar y remediar los abusos y riesgos que se encuentran en su cadena de suministro. – y el cumplimiento real de esas obligaciones a través del acceso a los tribunales canadienses”, dijo.
Mientras tanto, de regreso en Argentina, Brizuela dijo que la lucha de su comunidad continuará.
“Estamos luchando para que nuestras próximas generaciones tengan el entorno natural como lo tuvimos nosotros”, dijo a Al Jazeera. “Queremos conservar el agua para que sea pura, para conservar el aire, porque así lo heredamos. Queremos darles un lugar llamado Andalgala”.
Por Jillian Kestler-D'Amours
Traducción: Rodolfo Varela
Fuente: Al Jazeera
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