Esos vehículos que eludieron los controles aduaneros circulan principalmente por las ciudades fronterizas bolivianas, muchos de ellos sin los documentos de registro en regla y otros con documentos “gemelos” o falsificados.
La preocupación es permanente y aumenta cuando las personas que compran estos vehículos de contrabando –llamados “chutos” en Bolivia– exigen amnistía para “nacionalizarlos” o matricularlos correctamente.
Se desconoce el número exacto de vehículos de contrabando que circulan en Bolivia, pero las estimaciones más moderadas rondan los 200.000. Sin embargo, el sector importador asegura que hay más de 500.000 vehículos de contrabando en el país, según dijo a la prensael gerente general de la Cámara Boliviana Automotriz (CAB), Luis Orlando Encinas.
“Es un problema y perjudica a todo el Estado boliviano”, dijo.
Decimos también que cada año se importan legalmente entre 50.000 y 60.000 vehículos, por lo que la “nacionalización” de vehículos de contrabando equivaldría a una década de importaciones y tendría un valor de unos 280 millones de dólares.
Dije que la suma no representaba una ganancia, ya que el país debe importar gas y gasolina para satisfacer su demanda interna a un costo anual de entre US$ 1.500 millones y US$ 2.000 millones, y estos combustibles se venden a precios subsidiados por el estado. .
El sector empresarial privado en Bolivia y Chile dice que algunas personas han sido procesadas por recibir o vender vehículos robados y hay otro costo a tener en cuenta.
Los esfuerzos para frenar este tráfico ilícito son coordinados entre Aduanas y el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, creado en 2018 tras la muerte de militares en una emboscada contra contrabandistas de vehículos.
En declaraciones a la prensa, el viceministro encargado de este departamento, general Daniel Vargas, reconoció que la ampliación de la frontera entre Bolivia y sus cinco países vecinos hace "muy difícil" monitorear los sectores por donde transitan los vehículos de contrabando.
Pese a ello, “el despliegue estratégico” de las fuerzas armadas en la frontera permite cubrir las principales rutas de contrabando de vehículos, siendo el “centro de gravedad” la frontera con Chile, dijo Vargas.
Dijo que se identificaron dos formas de ingreso a los vehículos: ya sea a través de documentación “hermanada”, pero a través de retenes autorizados o por vías ilegales.
“En algunos casos hay enfrentamientos porque no quieren desalojar (los vehículos) y en muchos casos también vimos que están usando armas de fuego, explosivos”, dijo Vargas, quien también lamentó que algunos vecinos estén defendiendo la contrabandistas.
Los esfuerzos contra el contrabando de Bolivia han detectado vínculos ocasionales entre narcotraficantes y contrabandistas que llegan a la frontera chilena con pequeñas cantidades de drogas ilegales para cambiarlas por vehículos indocumentados o robados, dijo Vargas.
En tanto, el vecino país está preocupado por el creciente número de robos de vehículos estimulado por el mercado que se encuentra en Bolivia para estos autos y camionetas, dijo a la prensa el secretario general de la Asociación Nacional Automovilística de Chile (ANAC), Diego Mendoza.
Dijo que en el norte de Chile “ha habido un gran aumento de la delincuencia asociada al robo de vehículos, incluso nuevos que aún no tienen placas”, y que son llevados a Bolivia, donde es muy difícil recuperarlos.
A su juicio, el acuerdo de cooperación bilateral existente para la recuperación de vehículos sustraídos "ha sido utilizado en contadas ocasiones", ya que exige reclamaciones judiciales y la implicación de abogados de ambas partes, situación difícil de prever para las personas afectadas por estos robos.
También alertó sobre el florecimiento de bandas criminales que compran vehículos en Chile a cambio de dinero y luego los venden en Bolivia, permitiendo así el blanqueo de dinero obtenido de otras actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o armas.
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