Chile:Analizan los pros y contras de legislar sobre la interrupción del embarazo

La Comisión de Salud recibió en su última sesión, a diversos representantes de la sociedad civil y del mundo académico para debatir en cuanto a la pertinencia de generar un marco legal que permita interrumpir el embarazo.

Con una nutrida lista de invitados se dio inicio a la segunda sesión de audiencias de la Comisión de Salud que se encuentra abocada a estudiar en general tres proyectos relacionados con la interrupción del embarazo.

La presidenta de la citada instancia parlamentaria, senadora Ximena Rincón calificó la jornada como “exitosa y productiva” considerando que se tuvo la posibilidad de escuchar actores que están tanto a favor como en contra de la idea de legislar en materia de aborto.


“Hay dos posturas: aquellos que están en contra de legislar porque consideran aquello innecesario o porque atenta contra sus principios fundamentales, principalmente el de la vida; y aquellos que por el contrario, creen que los embarazos no deseados forman parte de la realidad y los afectados deben tener la libertad de elegir”, resumió.


En tanto, el integrante de la Comisión, senador Francisco Chahuán declaró ser partidario de revisar con cuidado el tema puesto que apela a declaraciones tan íntimas como en qué momento se gesta la vida y el respeto que se le debe.


“Creemos en el inicio de la vida desde la concepción y por ello adherimos al Pacto de San José de Costa Rica, así propendemos a la defensa de la vida desde el primer momento. Independiente de ello, creo que es recomendable contar con todos los antecedentes científicos y éticos antes de tomar una decisión como legisladores”, explicó.


EXPOSITORES


En la sesión se hicieron presentes representantes de “Red por la vida y la familia”, entidad conformada por una red de 64 organizaciones nacionales comprometidas con los valores que protegen y fortalecen la vida y la familia. Asimismo, expuso en la Comisión, el obstetra ginecólogo y académico de la Pontificia Universidad Católica, doctor Jorge Neira.

A favor de aprobar el aborto en determinados casos expuso su punto de vista la socióloga y vocera de MILES-CHILE, Claudia Dides. Esta entidad articula organizaciones, personas, redes e instituciones que se han unido para lograr una ley de interrupción del embarazo por razones terapéuticas.


Asimismo, emitió su parecer el integrante de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor Ramiro Molina.


Cabe consignar que la Comisión se encuentra analizando en general tres proyectos:
Aquel que permite la interrupción del embarazo ante riesgo demostrado para la vida de la madre (Boletín N° 7965-11)
Aquel que establece licitud de los procedimientos de interrupción del embarazo en determinados casos (Boletín N° 8862-11)
Aquel que autoriza el aborto en los casos que indica y el Código Penal para su despenalización en las mismas hipótesis (Boletín N° 9021-11)

Chile:Periodistas chilenos instan a admitir complicidad con la dictadura

El Colegio de Periodistas de Chile admitió ayer que parte de la prensa fue «cómplice de las violaciones a los derechos humanos» durante la dictadura de Augusto Pinochet, e instó a algunas empresas periodísticas a asumir su responsabilidad. 

«Aquí no es que había una prensa que omitía. Había una prensa que era directamente cómplice de las violaciones a los derechos humanos», dijo su presidente , Marcelo Castillo.

La Corte Suprema de Chile admitió «graves omisiones» y que no hizo lo suficiente, aunque evitó pedir perdón en medio del debate generado en el Poder Judicial por la conmemoración, el miércoles, del 40 aniversario del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, y responsabilizó de los «atropellos» a los jueces de la época.

Chile:Realizan gestiones para evitar el término del Centro Nacional del Medio Ambiente

Tras conocer la situación de la entidad, la Comisión de Medio Ambiente acordó recabar todos los antecedentes y presentarlos ante el Ministerio respectivo, la Cancillería y las comisiones de presupuesto. En la oportunidad también se contó con una exposición sobre áreas marinas protegidas.

La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, conoció la situación que afecta al Centro Nacional de Medio Ambiente, CENMA, creado en 1995 con aporte del gobierno Japonés, a través de su Agencia de Cooperación, contexto que fue planteado por su sindicato de trabajadores.

Al respecto, el senador Antonio Horvath, destacó la misión de la entidad que “funciona hasta el día de hoy entregando un importante servicio de evaluación ambiental, con instrumentos muy sofisticados dentro de la Universidad de Chile y se ha amenazado este centro con que no contaría con financiamiento hacia el futuro, incluso que se les quitarían sus dependencias”.


Esta situación, a juicio del legislador, “afecta, no solamente los compromisos que tenemos como país, a nivel internacional, sino que el contar con un centro único de referencia ambiental, tiene significado para Chile -el mundo público y privado- y también como centro de capacitación y referencia para Latinoamérica”.


Frente a este escenario la Comisión acordó recabar todos los antecedentes y hacer presente de esta situación a la Ministra de Medio Ambiente, al presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos, al presidente de la Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Rector de la Universidad de Chile y al Director del Centro Nacional del Medio Ambiente, sobre la situación que afecta al CENMA, “para que esta situación se revierta”, precisó el congresista.


“De lo contrario –agregó- quedarían cien funcionando en el aire, hay que contemplar indemnizaciones, que al parecer no están, pero lo más grave es que se faltaría a un compromiso internacional y estaríamos faltando, también, a la necesidad de contar con un centro de investigación ambiental independiente en nuestro país”.

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

Además, durante la sesión de la instancia parlamentaria se expusieron los antecedentes referidos a las áreas marinas protegidas, relacionadas con el Ministerio de Medio Ambiente, quienes firman los decretos correspondientes.


Según explicó el senador Horvath, “hay proyectos, al menos 8 en nuestro país, que corresponden al complemento de las Islas Salas y Gómez, que ya fue declarado parque marino, una parte importante de su zona económica exclusiva. Con respecto a Rapa Nui, en la que han trabajado dos organizaciones no gubernamentales que tienen presencia nacional e internacional, como Pew y Oceana, ellos tienen investigaciones importantísimas que revelan estas áreas como uno de los ecosistemas más ricos y diversos del mundo y con especies únicas. El hecho de que esto se proteja significa también una protección de los recursos naturales y una reactivación de la actividad ecoturística de estos sectores”.


El parlamentario agregó que tras la expedición que realizó Oceana con National Geographic en las islas desventuradas, San Ambrosio y San Félix, se mostró una riqueza marina “que no se conoce en el mundo y esto desde luego hay que protegerlo”.


“La idea –recalcó el congresista- es trabajar junto con el Ministerio del Medio Ambiente, con la subsecretaría de pesca, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades locales, para que estas líneas de protección fructifiquen en el más breve plazo posible”.


Durante la sesión intervinieron representantes de Global Ocean Legacy / Chile - The Pew Charitable Trusts y Oceana Chile.

Brasil:Peligra la visita de la presidenta Dilma Rousseff a Washington

Rousseff espera las respuestas de Obama sobre el espionaje a Brasil.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ha dicho en Rusia que su homólogo estadounidense, Barack Obama, prometió darle una respuesta sobre el espionaje a sus comunicaciones antes del próximo miércoles, y que a partir de entonces decidirá si viaja a Washington en visita de Estado. "Obama asumió responsabilidad directa y personal de la investigación de las denuncias de espionaje", manifestó Rousseff en San Petersburgo, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, y confirmó que analiza la posibilidad de cancelar la visita de Estado a Washington programada para el 23 de octubre, según la prensa Brasileira. "Mi viaje a Washington depende de las condiciones políticas a ser creadas por el presidente Obama", expresó la presidenta en una entrevista concedida a medios brasileños antes de abandonar esta ciudad rusa, donde participó en la cumbre del G20. Según Rousseff, en el encuentro que sostuvieron el pasado jueves, Obama "se comprometió a responder al gobierno brasileño hasta el miércoles sobre qué ocurrió". La mandataria anticipó que el espionaje cibernético de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), revelado por documentos filtrados por el exconsultor del servicio secreto estadounidense Edward Snowden, será tema de su discurso en la apertura de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, tradicionalmente inaugurada por Brasil. "Iré a la ONU para proponer una nueva gobernanza contra la invasión de la privacidad", enfatizó Rousseff, momentos antes de subir al avión que la llevaría de regreso a Brasilia.

Chile:Estudiantes protestan contra la "educación de Pinochet" a 40 años del golpe

Miles de estudiantes protestan en Santiago de Chile contra el legado de Pinochet

Unos 80.000 estudiantes, según los organizadores, y 25.000, según la policía, volvieron a exigir hoy en Santiago de Chile una educación pública y gratuita que termine con el sistema neoliberal de Augusto Pinochet, en vísperas del 40 aniversario del golpe de Estado.

Al grito de "Y va a caer la educación de Pinochet" y con pancartas con lemas como "A 40 años del golpe, el golpe lo damos nosotros", los jóvenes partieron de la céntrica Plaza Italia y concluyeron la marcha en las cercanías de la Estación Mapocho, donde, como es ya habitual, se registraron disturbios.

También se celebraron marchas en otras ciudades de Chile, como Valparaíso y Concepción.

Convocada por las principales agrupaciones de estudiantes universitarios y de secundaria y por el Colegio de Profesores, esta jornada de protesta se enmarca en el 40 aniversario, el próximo miércoles, del golpe de Estado contra Salvador Allende.

"Hace 40 años nuestra educación se convirtió en mercancía. Y hasta hoy lo sigue siendo", dijo a los periodistas el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Andrés Fielbaum.

Fue el régimen militar el que en 1981 abrió la educación al sector privado, al tiempo que redujo las aportaciones del Estado a la enseñanza pública y transfirió su gestión del Ministerio a los municipios, cuestionados por cómo usan los recursos que reciben.

En estos tres años de protestas, el Gobierno de Sebastián Piñera ha aumentado las becas y reducido el importe de los créditos que los estudiantes suscriben para poder pagar sus estudios, pero no se ha planteado una reforma integral como estos exigen.

"Yo pago 300 dólares (230 euros) mensuales y, como estoy dentro del sistema de los créditos universitarios, aparte de eso tengo que pagar intereses", explicó hoy a la prensa Carolina Araya, que estudia Periodismo en una universidad privada.

"Voy a terminar pagando a 20 años el resto de mi carrera. Es una deuda que nos esclaviza", denunció.

Aunque están lejos de lograr su objetivo principal, los estudiantes han conseguido lo que no se hizo durante tres décadas: poner en cuestión el sistema educativo y concitar el apoyo de alrededor del 85 % de los chilenos, que, según las encuestas, respalda sus demandas.

"Estamos dando a conocer a la opinión pública una plataforma común de todos los actores, de los universitarios, secundarios, profesores y padres, y todos estamos concordando en un mismo planteamiento", dijo a la prensa el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.

Según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), la educación (44 %) figura como el tercer problema al que el Gobierno chileno debería dedicar mayor esfuerzo, solo superado por la delincuencia (47 %) y la salud (47 %).

Además, solo un 14 % cree que el Ejecutivo lo ha hecho bien en educación, aunque esta mala evaluación es constante desde que en 2011 estalló el movimiento estudiantil y ha afectado también a los cuatro ministros que han pasado por esa cartera.

Las propuestas sobre educación han ocupado también un papel relevante en la precampaña de las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

Michelle Bachelet, favorita en los sondeos, ha prometido gratuidad en la enseñanza superior en un plazo de seis años, pero muchos desconfían de ella porque durante su mandato (2006-2010) no impulsó cambios cuando en 2006 los estudiantes de secundaria alertaron de su descontento durante la llamada "revolución pingüina".

Ahora, la crítica social va más allá y se extiende también al resto del armazón económico de Pinochet, que incluye el sistema privado de pensiones y el predominio de las empresas en el área de salud.

Por ello, la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que agrupa a los universitarios, presentó el miércoles un programa de once propuestas que incluye la renacionalización del cobre -principal riqueza del país- y una profunda reforma tributaria.

"Estamos protestando porque tenemos la herencia del sistema neoliberal, con pensiones bajas, un sistema educativo y de salud privado que se come al sistema público y salarios muy bajos", dijo hoy a la prensa Javier Sandoval, estudiante de secundaria de 18 años en la marcha.

Poco después, como suele ocurrir en estas manifestaciones, algunos jóvenes comenzaron a causar desórdenes, destruyeron señales, quemaron paradas de autobús, colocaron barricadas e incluso un grupo atacó con piedras la sede central del Servicio Electoral.

Al menos cinco carabineros y dos asistentes resultaron lesionados y varias personas fueron detenidas, aunque Carabineros no dispone aún de una cifra oficial.

Los jueces chilenos piden perdón por sus «omisiones» durante la dictadura

Por primera vez el poder judicial chileno se disculpa porque "pudo y debió hacer mucho más" por defender los derechos fundamentales.

La Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Chile ha pedido perdón este miércoles por sus "acciones y omisiones" durante la dictadura militar del dictador Augusto Pinochet, con motivo del 40º aniversario de la caída del Gobierno de Salvador Allende.

"Sin ambigüedades ni equívocos, ha llegado la hora de pedir perdón a las víctimas de la dictadura militar, a sus deudos y a la sociedad chilena", ha dicho en un comunicado leído públicamente por sus miembros, según informa la prensa chilena.

El Poder Judicial ha reconocido que "incurrió en acciones y omisiones impropias de su función al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención". Los magistrados chilenos han admitido que de esta forma "el Poder Judicial claudicó en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y de proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal". "El Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución del país que no fue intervenida por el Gobierno 'de facto'", han considerado.

En concreto, han destacado el caso de la Corte Suprema, a la que han hecho un llamamiento para que "también haga la necesaria reflexión crítica en relación con sus propias actuaciones y omisiones del pasado". "Abrigamos la esperanza de que la actual Corte Suprema, cuyo rol de tutela de los derechos fundamentales ha quedado de manifiesto en el ejercicio presente, no desoiga nuestra sentida solicitud, con la que aspiramos a distanciarse de un oscuro pasado", han dicho.

Los jueces han considerado que "esta respuesta de la Corte Suprema aliviará a las actuales y futuras generaciones de magistrados de la vergüenza y oprobio anudados a este capítulo de nuestra historia".

Polémica recurrente

La semana pasada, los partidos políticos chilenos reabrieron el viejo debate sobre la necesidad de que aquellos que estuvieron en connivencia, directa o indirectamente, con el régimen de Pinochet (1973-1990) pidan perdón. Las declaraciones más criticadas han sido las realizadas por la candidata presidencial de la Alianza -coalición gobernante de centro-derecha-, Evelyn Matthei. "Yo tenía 20 años cuando fue el golpe de Estado, no tengo nada por lo que pedir perdón", dijo.

Ante la intensa polémica, la portavoz gubernamental anunció el pasado viernes que los candidatos presidenciales no serían invitados al acto conmemorativo para evitar que este tema incida en la campaña para las elecciones del próximo 17 de noviembre. Sin embargo, finalmente el presidente chileno, Sebastián Piñera, ha decidido "convidar a todos y a todas para poder unirnos en torno a la conmemoración de una fecha tan importante y tan grabada en la memoria de los chilenos". "Espero que tengamos un acto de unidad", ha explicado.

A pesar de ello, el presidente del Partido Socialista -miembro de la Nueva Mayoría-, Osvaldo Andrade, ha adelantado que la coalición izquierdista no acudirá. "No nos es posible participar en un acto organizado por un Gobierno lleno de cómplices pasivos (de la dictadura militar)", ha aclarado. Si bien, ha hecho un llamamiento "a todos los chilenos para que la conmemoración de los 40 años del golpe militar y de la muerte del presidente Allende se realice con una actitud de reflexión, tranquilidad y paz".

Brasil:Siete mil extranjeros se naturalizaron en los últimos cinco años

El año pasado, 1.192 extranjeros residentes en Brasil recibieron la nacionalidad brasileña. Hasta Junio de este año, de los 859 pedidos de naturalización recibidos por el Ministerio de Justicia, se concedieron 701. El número ha aumentado los últimos años. 

Brasil trata la nacionalidad no solamente como derecho fundamental interno, sino como un derecho humano, ya que, sin ella, el individuo se ve privado del derecho a tener derechos. De acuerdo al secretario nacional de Justicia, Paulo Abrão, Brasil es receptivo con los extranjeros. En los últimos años, hubo un aumento del 50% del número de extranjeros en el país. "Estamos revisando la legislación para que se puedan garantir los derechos de forma más ágil y efectiva", informó. "Sin nacionalidad, no se pueden exigir derechos, cumplir deberes ni contar con la protección diplomática", dijo el secretario.

La nacionalidad de un individuo puede ser originaria o adquirida. La primera es resultado del nacimiento y la segunda del cambio o adquisición de otra nacionalidad. El pedido lo debe hacer el extranjero que vive en el país al Ministerio de Justicia, por medio del Departamento de Extranjeros de la Secretaría Nacional de Justicia.

Tipos de naturalización

En Brasil, existen tres tipos de naturalización: la común, que se le puede conceder al extranjero residente en Brasil hace cuatro años; la extraordinaria, con trámite más simple y rápido, destinada a los extranjeros que viven en Brasil hace más de quince años, y la provisoria, destinada al extranjero que llegó a Brasil durante los primeros cinco años de vida. En ese caso, una vez alcanzada la mayoría de edad, el titular podrá confirmar la intención de continuar brasileño.

El extranjero que tenga interés en ser un ciudadano brasileño, desde que cumpla los requisitos, debe dirigirse al Departamento de Policía Federal más cercano al local de residencia. Se exige una serie de documentos y el interesado debe saber leer y escribir en portugués.

Para los extranjeros originarios de países de idioma portugués, se exige apenas la residencia en Brasil durante un año ininterrumpido y la idoneidad moral. En este caso, el pedido se puede hacer por carta registrada o Sedex, en la Policía Federal o directamente en el Ministerio de Justicia.

Empresarios: Brasil está frenado por la burocracia e ineficacia estatal

Brasil"Se ha perdido hace años la visión general de los sistemas de transporte" y a ello se sumaron la "falta de eficacia" del aparato gubernamental y una "burocracia exagerada", dijo Clésio Andrade, titular de las Confederación Nacional de Transporte.

La burocracia y la falta de eficiencia son los mayores obstáculos para el desarrollo de infraestructuras en Brasil y lastran el crecimiento económico, afirmó hoy el presidente de la Confederación Nacional de Transporte (CNT, patronal), Clésio Andrade.

"Se ha perdido hace años la visión general de los sistemas de transporte" y a ello se sumaron la "falta de eficacia" del aparato gubernamental y una "burocracia exagerada", todo lo cual lleva a que los proyectos en infraestructuras demoren "años" en ser autorizados y aún "más años" en ser ejecutados, aseguró Andrade.

En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Andrade citó como ejemplo de los gravísimos problemas de infraestructuras del país el caso de las carreteras.

Según datos de la CNT, de los 1.691.000 kilómetros de carreteras que tiene el país, solamente 202.000 kilómetros están asfaltados y escasos 5.000 kilómetros tienen dos canales de ida y otros dos de vuelta.

Esas deficiencias, según Andrade, tienen un impacto de hasta el 25 por ciento en los costes logísticos de los productos, afectan la competitividad del país en los mercados internacionales, encarecen la vida de los propios brasileños y desalientan a los inversores.
Una situación similar se registra en los aeropuertos, los puertos y hasta en los sistemas de movilidad urbana, en los que el Gobierno tiene previstas millonarias inversiones que, sin embargo, deben salvar enormes obstáculos burocráticos para concretarse, apuntó.

Andrade citó el caso de los aeropuertos internacionales de Río de Janeiro y Belo Horizonte, que serán ofrecidos a la empresa privada en octubre próximo en el marco de los planes de preparación para el Mundial de fútbol del año próximo.

En su opinión, aunque realmente se realicen los concursos, las obras necesarias sólo comenzarán varios meses después, debido a los densos trámites burocráticos posteriores a la concesión.

Andrade sostuvo que, para eliminar la burocracia y las trabas al desarrollo de infraestructuras, el Gobierno debería descentralizar las concesiones y otorgarle más poder de decisión a los estados, de modo de agilizar los procesos.

Asimismo, consideró necesario reducir impuestos que desalientan a los inversores y combatir los prejuicios "ideológicos" que persisten en algunos ámbitos del Gobierno frente a la empresa privada.
Ese último aspecto, según Andrade, ha tenido menos peso en la gestión de la presidenta Dilma Rousseff, que "parece haber entendido que necesita al sector privado", pues el Gobierno no tiene capacidad para acometer las multimillonarias inversiones que son necesarias en infraestructuras.

Según los cálculos de la CNT, para modernizar completamente el sistema de infraestructuras de transporte del país, sería necesaria una inversión del orden de los 800.000 millones de reales (cerca de US$348.000 millones).

Andrade sostuvo que, para eliminar la burocracia y las trabas al desarrollo de infraestructuras, el Gobierno debería descentralizar las concesiones y otorgarle más poder de decisión a los estados, de modo de agilizar los procesos.

Asimismo, consideró necesario reducir impuestos que desalientan a los inversores y combatir los prejuicios "ideológicos" que persisten en algunos ámbitos del Gobierno frente a la empresa privada.
Ese último aspecto, según Andrade, ha tenido menos peso en la gestión de la presidenta Dilma Rousseff, que "parece haber entendido que necesita al sector privado", pues el Gobierno no tiene capacidad para acometer las multimillonarias inversiones que son necesarias en infraestructuras.

Según los cálculos de la CNT, para modernizar completamente el sistema de infraestructuras de transporte del país, sería necesaria una inversión del orden de los 800.000 millones de reales (cerca de US$348.000 millones).

Asimismo, consideró necesario reducir impuestos que desalientan a los inversores y combatir los prejuicios "ideológicos" que persisten en algunos ámbitos del Gobierno frente a la empresa privada.
Ese último aspecto, según Andrade, ha tenido menos peso en la gestión de la presidenta Dilma Rousseff, que "parece haber entendido que necesita al sector privado", pues el Gobierno no tiene capacidad para acometer las multimillonarias inversiones que son necesarias en infraestructuras.

Según los cálculos de la CNT, para modernizar completamente el sistema de infraestructuras de transporte del país, sería necesaria una inversión del orden de los 800.000 millones de reales (cerca de US$348.000 millones).

Según los cálculos de la CNT, para modernizar completamente el sistema de infraestructuras de transporte del país, sería necesaria una inversión del orden de los 800.000 millones de reales (cerca de US$348.000 millones).
De ese modo, afirmó que es "casi imposible" que las obras en esos dos aeropuertos estén listas para el Mundial de fútbol, para el que se prevé un enorme incremento de pasajeros entre las doce ciudades sedes del evento, entre las cuales están Río y Belo Horizonte.

Brasil busca en Japón su expansión petrolífera

La directora general de la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil (ANP), Magda Chambriard, presentó en Japón la primera subasta para poder adquirir derechos sobre los campos petrolíferos en la zona del presal, que realizará el organismo en el mes de octubre. Junto al director de la asociación, Helder Queiroz, Chambriand subrayó en Tokio que el mayor desarrollo futuro de esta zona puede convertir a Brasil en uno de los mayores exportadores mundiales de crudo.

Según la prensa, hasta ahora 89 empresas de todo el mundo (de las cuales 71 son brasileñas) han mostrado interés en explotar el campo de Libra. La presentación de ofertas concluye el 21 de octubre y, tras anunciarse el ganador, el contrato será firmado en noviembre. Para explotar al máximo este campo se estima que la inversión necesaria sería de unos 200 millones de dólares y se requeriría de la construcción de entre 12 y 18 plataformas petrolíferas. La oferta es de 35 años no prorrogables con una fase estimada de exploración de cuatro años. El presal es un nuevo horizonte de exploración descubierto por Petrobras en áreas muy profundas del océano Atlántico frente a las costas de los estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro y Espirito Santo, que se encuentra por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor. Por eso, Petrobras deberá ser la empresa operadora y tener una participación obligatoria del 30% con la corporación ganadora para formar el consorcio. Para la ANP sería una gran noticia ser ellos los ganadores, ya que prevén que este campo en su nivel máximo será capaz de producir un millón de barriles de petróleo al día, lo que supone la mitad de la producción actual de todo Brasil. Según la directora general del organismo, esto generaría “una gran demanda de embarcaciones, barcos de apoyo o plataformas” en el país, algo que también interesaría a las grandes empresas japonesas navieras y de ingeniería.

Subsecretario Anuncia Llegada de Médicos Especialistas para Tocopilla

En cumplimiento con los compromisos adquiridos con la comunidad de Tocopilla, el Subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo junto a la Directora del Servicio de Salud de Antofagasta, Rina Cares, anunciaron que a contar del 1 de octubre próximo llegaran a la ciudad 13 nuevos profesionales. Esto incluye cuatro médicos especialistas (medicina interna, anestesista, gineco obstetra y pediatra), quienes estarán contratados a jornada completa en el Hospital Marcos Macuada de Tocopilla.

Además, se sumarán cuatro enfermeras universitarias que residirán en la zona más otros tres médicos generales y un tecnólogo médico. Asimismo, a contar del 1 de octubre se iniciará el servicio médico de urgencia 24 horas en el hospital tocopillano.

Por otra parte, el Servicio de Salud Antofagasta acordó con la comunidad de Taltal una serie de medidas que permitirán mejorar los niveles de atención de la población. En ese sentido, uno de los principales compromisos es el desarrollo de una unidad de diálisis en el Hospital 21 de Mayo de la ciudad.

Esta unidad contará con un máximo de 6 unidades permitiendo satisfacer la demanda actual de personas que requieren trasladarse permanentemente a Antofagasta para el procedimiento (entre 9-11 pacientes). 

Otro de los acuerdos es el inicio de los estudios preinversionales que permitirían la construcción del nuevo Hospital 21 de Mayo.

Mientras los proyectos de diálisis y del nuevo hospital en Taltal avanzan, el Servicio de Salud de Antofagasta, realizará rondas médicas de especialidad para satisfacer la demanda de la población especialmente en áreas como gineco obstetra, pediatría, otorrino, broncopulmonar e internista. En tanto, el 1 de octubre está comprometida la llegada de 8 profesionales al hospital, distribuidos en: tres médicos generales de zona, una enfermera universitaria y cuatro paramédicos.

La dirección del servicio anunció además que tres médicos generales de zona se sumarán al equipo del Hospital Punta Angamos de Mejillones.

PLAN FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS
El Subsecretario Castillo anunció además que el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud de Antofagasta y el Gobierno Regional llegaron a un acuerdo para establecer en la región un convenio de formación de médicos especialistas en la región y para la región.

Para esto se conformó una comisión que será presidida por la directora de Servicio de Salud Antofagasta y de la que formarán parte la Seremi de Salud y los directores de los hospitales de Calama y Antofagasta. También serán invitados los representantes de las universidades locales que cuenta con carreras ligadas a la salud.

El objetivo es que al igual que los convenios que se han firmado en regiones como Maule, Biobío y Los Lagos, las universidades locales formen especialistas en la región financiados con dineros del gobierno regional de modo que los nuevos profesionales tengan mayores incentivos y compromiso real de quedarse a ejercer la medicina en la región de Antofagasta.

De prosperar este convenio, estos especialistas se sumarán a los médicos en formación que actualmente tiene el Servicio de Salud Antofagasta para la región y que están siendo financiados por el Programa de Calidad y Equidad en Salud y que desde 2010 a la fecha suma 68 profesionales. A esto suman cuatro odontólogos y cinco médicos que están realizando una subespecialización.

CHILE:COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS APRUEBA CAMBIOS DEL SENADO A PROYECTO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE

La iniciativa, en tercer trámite constitucional, modifica la Ley Nº 20.378, que crea un subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros, incrementando los recursos del subsidio y creando un Fondo de apoyo para las regiones.


La comisión de Obras Públicas, que preside el diputado René Manuel García (RN) acordó proponer a la Sala la aprobación de las modificaciones que introdujo el Senado, las cuales corresponden a cambios de forma y precisiones para dar claridad a la norma propuesta.

Para explicar los cambios al texto (boletín 8289), concurrió a la comisión la Ministra (s) de Transportes, Gloria Hutt, quien destacó que el Senado incorporó al proyecto un programa de apoyo al transporte público rural y la extensión hasta el año 2022 del programa de pasaje escolar, establecido en la ley.

El presidente de la comisión, diputado René Manuel García (RN) destacó que "este es un proyecto importante y largamente esperado, especialmente para las regiones" y que todas las dudas que existían sobre las modificaciones del Senado fueron aclaradas por el Ejecutivo.

Al respecto, el diputado Pepe Auth (PPD) agregó que el Senado confirmó "el trabajo de consenso que tuvimos con el ministerio en la Cámara de Diputados, especialmente en lo referido a la incorporación del transporte menor como beneficiarios potenciales de los subsidios del Transantiago en regiones".

El diputado Auth añadió que la iniciativa contempla un reforzamiento de los equipos de profesionales del Ministerio de Transportes, en particular en regiones, "para que las platas del subsidio del Transantiago puedan ser utilizadas en proyectos efectivos y hay un esfuerzo para que los dineros en regiones vayan exclusivamente a transporte" y no para financiar déficit de otros sectores.

El texto, que será visto en tercer trámite en la Sala de la Cámara este miércoles, incorpora a los taxis colectivos como transporte público menor y de esta manera puedan optar a los beneficios de los programas de subsidios para la conversión a gas, construcción de paraderos y terminales.

Además, el Senado agregó en los beneficiarios del subsidio directo contemplado para quienes transporten escolares, no solo a los servicios de las regiones extremas y aisladas, sino también a los servicios de las zonas rurales.

El proyecto crea el Fondo de Apoyo Regional (FAR), para el financiamiento de iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo regional, que podrá ser utilizado para programas de renovación de buses, minibuses, trolebuses y taxibuses.

También establece que el Ministerio de Transportes podrá proponer planes maestros de infraestructura de transporte público, que deberán ser aprobados además por los ministerios de Hacienda, Vivienda, Obras Públicas y Desarrollo Social, los cuales también definirán el organismo responsable de la ejecución, mantención o conservación de la obra.

Finalmente fija hasta el año 2022 un bono "Tarjeta Nacional del Estudiante", de caracter anual y por un monto de hasta 3 UTM a cada bus urbano o rural que preste servicios de transporte público de pasajeros, con excepción de aquellos que circulan en la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Brasil post tormenta

Brasil:Las protestas cambiaron totalmente la agenda de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Para la presidenta Dilma Rousseff es una carrera contra el tiempo para recuperar la iniciativa y la conexión directa con el electorado.

Muchos mexicanos recuerdan hasta el día de hoy la gigantesca abucheada que recibió el presidente Miguel de la Madrid durante la inauguración del Mundial de 1986. Dilma Rousseff recibió una similar el 15 de junio pasado al inaugurar la Copa de Confederaciones. Un simple aperitivo de lo que podría ocurrir dentro de un año, cuando comience la Copa Mundial.

Con 57 puntos de popularidad, Dilma Rousseff no estaba preparada para lo que empezó a suceder en las calles de São Paulo. Su primera opción fue no intervenir en un conflicto que parecía local, el alza de las tarifas del transporte público en São Paulo. Diez días más tarde, cuando más de un millón de personas protestaban en las principales ciudades del país y se producían escenas puntuales de violencia y vandalismo, la presidenta aún se resistía a hablar. El 21 amaneció rodeada de asesores que pedían un pronunciamiento oficial. Dilma necesitaba un texto que no se prestase a malos entendidos. Llamó dos veces al expresidente Lula para pedirle consejo. Éste se limitó a sugerirle consultar al ministro de Comunicaciones, Franklin Martins, quien encontró un tono al gusto de la presidenta:

“El mensaje directo de las calles es pacífico y democrático”, afirmó Rousseff por cadena nacional. “Reivindica un combate sistemático contra la corrupción y el desvío de recursos públicos... Este mensaje exige servicios públicos de mejor calidad”.

Habló durante 20 minutos intentando alejar del gobierno federal las culpas de la crisis, pero no logró disfrazar la dificultad para responder a las demandas sociales y su inseguridad delante de lo que ocurría. Y de paso indignó a los otros estamentos del Estado involucrados en la crisis: los gobernadores y los alcaldes.

De cara a la calle. De la noche a la mañana, Dilma se daba cuenta de que los beneficiarios del programa Bolsa Familia no alcanzan para sustentar su popularidad. En un intento por reconstruir sus canales directos con la sociedad, llamó a los sindicatos, movimientos estudiantiles y políticos para debatir, y a los gobernadores y alcaldes para negociar un paquete de proyectos que debían descomprimir la presión en las calles. Pero este cambio de postura choca contra su estilo.

La reunión con los alcaldes y gobernadores fue una prueba de ello. Comenzó amena, pero fue subiendo de tono y muchos se retiraron molestos. Dilma avisó que la reducción de las tarifas del transporte era un compromiso personal y que todos debían buscar la manera de hacerla viable. Ante la incomodidad de algunos por lo que consideran un intento del gobierno federal de pasarles la cuenta, la presidenta dobló la apuesta: el que no baje las tarifas deberá transparentar todos los costos del sistema. “Es casi una amenaza”, se quejó el alcalde de Salvador, Antonio Carlos Magalhães Neto, recibiendo el apoyo de varios colegas.

Con el Congreso la tensión fue aún más evidente. Los parlamentarios más fogueados no tardaron en leer el intento de Dilma de mostrarlos como obstáculo para la aprobación de leyes que mejoren los servicios públicos. Su reacción fue acelerar las votaciones y apoyar el pacto nacional propuesto por Dilma. El presidente del Senado, Renan Calheiros, un crack en la supervivencia política, listó los proyectos que se tramitaban y presentó su propia propuesta de pasaje libre para los estudiantes. “Conversé con la presidenta, le mostré nuestra pauta y nuestro interés de votar lo que las calles están pidiendo”, informó en rueda de prensa el 26 de junio, subrayando cuidadosamente la primera persona del plural.

En la Cámara sucedió algo similar bajo la conducción de Eduardo Henrique Alves, como Calheiros un “pemedebista” (el partido mayoritario del país, centrista y clave de la gobernabilidad). Los diputados aprobaron destinar los royalties del petróleo a proyectos de salud y educación y redujeron impuestos que inciden directamente en las tarifas del transporte público. “La Cámara no podía reaccionar de otra manera”, dijo Alves.

Otro gesto sintomático del Legislativo: puso en tabla un proyecto que lleva tres años en el congelador y que obliga a transparentar las votaciones para desaforar a un parlamentario. Justo cuando se votaba destituir a un diputado federal del pequeño estado amazónico de Rondônia, acusado por la justicia de desviar US$4 millones. “Estamos probando que no somos corporativistas y que, pese a las críticas y especulaciones, acatamos las órdenes judiciales”, señaló Eduardo Henrique Alves a AméricaEconomía.

Reto ministerial. Comparada con su colega chileno Sebastián Piñera, que lleva dos años lidiando con protestas estudiantiles con una mezcla de represión policial y negociaciones que no son tales, Dilma se ha jugado por un discurso “progresista” y “empático”. Tampoco ha recurrido al viejo recurso de la conspiración extranjera, como su colega Recep Tayyip Erdogan. En lo que sí se parece al premier turco es en la tendencia al micro-management. La presidenta les reprocha a sus ministros una gestión pobre de servicios como la salud y el transporte público, y por ello decidió monitorear directamente los programas de estas carteras. Es el caso del ministro de ciudades Aguinaldo Ribeiro, responsable del transporte público, y de Alexandre Padilha, ministro de salud y sindicado por muchos como el “Delfín de Lula”. Dilma le pidió un levantamiento exhaustivo de los proyectos concluidos, en curso y pendientes.

“El problema no es de dinero, es de gestión”, dice el diputado socialista Chico Alencar. “El gobierno se perdió y ahora intenta arreglar una salida de última hora sin mirar nada de frente”.

Los problemas de Dilma están lejos de terminar. Su popularidad ya desbarrancó casi 27 puntos, según una encuesta de Datafolha realizada antes y después de las protestas. A un año de las elecciones presidenciales su intención de voto se redujo de 51% a 30%, la caída más abrupta de un gobernante desde el regreso de la democracia. El tiempo corre para que la presidenta transforme los abucheos de la Copa de Confederaciones en los vítores del Mundial.