Justicia brasileña busca resarcir daño por corrupción en Petrobras

La Justicia brasileña comenzó esta semana a descifrar las cuentas bancarias en el exterior de empresarios sospechosos de participar en un esquema de corrupción en Petrobras, con miras a resarcir daños a esa empresa estatal.

Tras ordenar el bloqueo el martes último de 47 millones 887 mil 166 reales (18 millones 602 mil 14 dólares), pertenecientes a directores de las constructoras OAS, Camargo Correa, Galvao Ingeniería, Engevix, Queiroz Galvao, UTC, Mendes Junior y IESA, los fiscales comenzaron a cazar los fondos de estos en el exterior.

Los agentes judiciales tienen la misión de buscar en entidades bancarias de Suiza, Alemania, Holanda, China, Estados Unidos, Canadá, Perú y Uruguay, donde se presume se encuentra "la verdadera fortuna" del dinero desviado de contratos sobredimensionados sellados con la petrolera estatal, señalaron voceros de la Policía Federal de Paraná.

Por el escaso monto encontrado hasta ahora en entidades monetarias nacionales, se estima que la mayor parte de los lucros ilícitos se encuentran depositados fuera de Brasil.

Para el juez Sergio Moro, encargado de investigar este escándalo, el exdirector de Servicios de la petrolera estatal Renato Duque, presunto coordinador de esa red de sobornos, tiene sus fondos fuera del país, pues en bancos nacionales se hallaron poco más de tres millones de reales (más de un millón de dólares).

Juez Sergio Moro

De las 16 personas con los montos embargados, el Banco Central señaló que dos sospechosos sacaron con anterioridad sus valores, por lo cual se presume que fueron alertados e hicieron movimientos financieros para burlar el bloqueo judicial.

Tras el inicio de las investigaciones a inicio de este año y las confesiones del exdirector de la compañía de petróleo nacional Paulo Roberto Costa y del empresario Alberto Youssef, ambos delatores en este caso, se logró recuperar parte del dinero desviado y depositado en otras naciones.

exdirector Renato Duque

Costa aceptó devolver 70 millones de reales (27 millones de dólares), mientras el exgerente de Ingeniera de Petrobras Pedro Barusco, brazo derecho de Duque, quien prometió devolver 257 millones de reales (100 millones de dólares), tenía bloqueados 20 millones de dólares en bancos suizos.

La Justicia federal pretende con esta medida resarcir al erario los recursos desviados por el esquema de pago de propinas y sobrefacturación de contratos de las constructoras privadas con la petrolera nacional.

Según las indagaciones, las empresas constructoras sellaron durante años acuerdos sobrefacturados de obras con Petrobras, así como sobredimensionaron facturas de compras, y después se repartían estos fondos.

Se estima que esta red de corrupción movió entre 2003 y 2012 unos 10 mil millones de reales (unos cuatro mil millones de dólares).

Unasur se abstiene de asumir posición sobre diferendo entre Bolivia y Chile

"La norma que me he trazado y ustedes lo entenderán en este tipo de situaciones que comprometen a dos o tres países de la región es no tomar partido", sostuvo el secretario general del organismo, Ernesto Samper.

El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, afirmó hoy que ese organismo internacional no asume "posición" sobre el diferendo marítimo entre Bolivia y Chile.

"La norma que me he trazado y ustedes lo entenderán en este tipo de situaciones que comprometen a dos o tres países de la región es no tomar partido. Nosotros no vamos a expresar ninguna opinión sobre diferendos".

"Las diferencias o los procesos contenciosos que se llevan entre personas o entre países, para nosotros merecen respeto y consideración", señaló en conferencia de prensa en Palacio Quemado, luego de reunirse con el mandatario interino de Bolivia, Alvaro García Linera.

Según el ex presidente de Colombia, la Unasur es partidaria de que en una controversia entre países de la región se dé por "buenas salidas" que favorezcan a la integración.

Recordó que los países tienen instancias internacionales y regionales para la solución de controversias.

"Existen mecanismos internacionales y regionales de solución de controversias, de tramitación de estas diferencias que los países sabrán entender y utilizarán de la manera que consideren más conveniente para defender sus intereses", aseveró ante los periodistas.

Sin embargo, aclaró que no se va a referir a profundidad sobre este tema que concierne a Bolivia y Chile.

El gobierno de Evo Morales demandó a Chile ante la Corte Internaciohnal de Justicia (CIJ) de La Haya el 24 de abril de 2013 para forzarlo a negociar de "buena fe" una solución a la centenaria demanda boliviana.

Bolivia alega que el diálogo en todo este tiempo no ha dado frutos y la aspiración boliviana ha sido postergada sistemáticamente.

La CIJ determinó que Bolivia presentara la memoria donde sustenta su demanda hasta el 17 de abril de 2014, y cumplió esa determinación el 15 de abril pasado, en tanto que Chile tenía que responder con la presentación de su contramemoria hasta el 18 febrero de 2015.

Sin embargo, optó por interponer el 15 de julio una incompetencia de la Corte, lo que paralizó este proceso.

Bolivia presentó el viernes el alegato contra el recurso de incompetencia que Chile entregó ante la Corte Internacional de Justicia para frenar la demanda boliviana de que se avenga a negociar de buena fe una salida soberana al Pacífico.

En Brasil, ¿Ganó Neves?

Brasil está conmovido. Con buenas razones. En las recientes elecciones presidenciales ganó claramente el populismo. Esto es Dilma Rousseff, de la mano de "Lula" da Silva, quien salió a rescatarla cuando las encuestas sugirieron -de pronto- que el PT podía ser desplazado del poder.

Y lo logró, con la retórica típica del populismo, cuando a cualquier precio sale a sembrar resentimientos. El PT se impuso finalmente, aunque por un margen escaso. Fundamentalmente con los votos del noreste del país, la región donde la pobreza es la más extendida de todo Brasil.

Tan pronto esto sucedió, comenzaron las señales de que Dilma sabe que debe cambiar. Sin demoras. Por razones económicas, está claro. Pero, además, porque la bomba de la corrupción finalmente explotó y Petrobrás está envuelta en un escándalo gigantesco, cuyas consecuencias políticas al tiempo de escribir estas líneas son todavía absolutamente impredecibles.

El viernes pasado, unos 300 agentes federales brasileños se movilizaron en seis estados del país con 85 órdenes de captura en sus manos. Ellas incluyen a ex funcionarios de la empresa estatal y a altos directivos de empresas contratistas de obra de Petrobrás, con presencia de las principales empresas privadas de la importante elite constructora brasileña. Se habla de más de 3 billones de dólares en coimas, parte de los cuales habrían engrosado las arcas del propio PT. Si esto se comprueba, la legitimidad de Dilma y el futuro del PT quedarán afectados. Lo que es bien serio, como posibilidad.

Mientras tanto Dilma se apresta a anunciar el nombre del próximo ministro de hacienda. Lo haría al regreso de su viaje a Australia hacia donde viajó para participar en la reunión del G-20.

Se rumorea que podría elegir a Henrique Meirelles, un ex presidente del Banco Central de Brasil, cuyas ideas comulgan con las de Aécio Neves y no con las de Dilma Rousseff que llevaron a Brasil a empantanarse atascada por un ovillo de intervencionismo, excesos reglamentarios, subsidios y deformantes controles de precios. Todo lo cual naturalmente espantó a los inversionistas. Llevando a la economía de Brasil a flotar, casi sin crecimiento. En octubre pasado, los despidos superaron a las contrataciones de personal, registrando así la primera pérdida neta de empleo formal en Brasil de los últimos quince años. Mal presagio.

Dilma no esperó, sin embargo, para cambiar aceleradamente de dirección, provocando la repentina huída de varios conspicuos miembros de su gabinete. Tres días después de su triunfo en las urnas, empujada por la realidad, Dilma comenzó a abrir rápidamente el paraguas. Con las recetas de la oposición: las de los odiados “tucanos”. En efecto, aumentó las tasas de interés a niveles que son los más altos de los últimos tres años.

De pronto, el gobierno reconoce que hay que actuar frente a un “parate” derivado del evidente fin del ciclo de los precios elevados de las materias primas provocado por la desaceleración de la economía china y la recesión europea. Y es así.

Por eso, sin decirlo, Dilma hace lo que Neves dijera que había que hacer: ajustar. También aumentó los precios de los combustibles entre un 3 y un 5%. Y permitió que el real se devaluara frente a un dólar que se está apreciando notoriamente como consecuencia de la recuperación de la economía norteamericana.

A lo que agrega el anuncio de disminución de los préstamos subsidiados por parte de los bancos y agencias financieras del Estado que, como siempre, han contribuido a deformar los precios relativos, generando pérdidas importantes para los prestamistas.

Mientras tanto, Brasil está dividido. Y ahora seguramente absorto. Una nueva era, sin el fuerte viento de cola que caracterizó a la última década, ha llegado. El país debe reformular su estrategia, si de volver a crecer se trata.

Esto es regresar a un mínimo de disciplina fiscal. Para restablecer una confianza que está minada, sin la cual el éxito que las nuevas medidas pretenden podría no alcanzarse. Por todo esto la pregunta: ¿Ganó Neves, finalmente? Es bien posible que así sea, en los hechos. Aunque es distinto si las medidas prohijadas por Neves las adopta y administra Dilma, que si ellas hubieran sido dispuestas por un Neves sentado en el sillón presidencial, lo que no ha sucedido.

Bachelet anuncia el fin del pago adicional en salud privada para las embarazadas

Más de 800.000 chilenas se beneficiarán con una medida que anunció  la presidenta Michelle Bachelet para que no paguen adicionalmente al sistema de salud privado por el hecho de quedar embarazadas.

Actualmente las Instituciones de Salud Previsional (Isapre) discriminan a las mujeres cuando les hacen pagar un costo mayor por sus planes de salud a causa de su función reproductiva.

La mandataria hizo el anuncio durante una visita al Hospital Clínico de la Universidad Católica en Santiago, hasta donde llegó acompañada por la ministra de Salud, Helia Molina.

Ministra de Salud, Helia Molina.

Bachelet explicó que "tampoco se le podrá dar término al contrato de salud por su no declaración (de quedar embarazada)".

"En otras palabras, ninguna mujer en nuestro país podrá ser tratada de manera discriminatoria por su fertilidad", enfatizó la mandataria socialista.

El anuncio gubernamental también implica que el embarazo de una mujer no debe ser consignado en la declaración de salud y por lo tanto, la Isapre no podrá exigirlo, como se hace en la actualidad.

"Creemos que esta modificación es, por tanto, un acto de justicia, de equidad con todas las mujeres en edad fértil, y es valorar como sociedad la importancia que atribuimos a la maternidad y la libertad para las mujeres de tomar esta decisión en el momento que ellas lo determinen", sostuvo Bachelet.

En total se estima que esta medida beneficiará aproximadamente a 839.456 mujeres en Chile, de edades entre 15 y 49 años.

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Los Andes, Chile se aleja de sus pares de la región y se acerca más a Europa en lo que se refiere a los niveles de natalidad, que están por debajo de la tasa de reposición.

Con 1,8 hijos por mujer, la sociedad chilena no alcanza a tener el mínimo de hijos necesarios (2,1) para mantener en el tiempo su población activa, lo que empeorará la calidad de vida de las generaciones futuras.

Las inversiones entre América Latina y España cada vez son más recíprocas

Diplomáticos de los países miembros de la Alianza del Pacífico y el presidente de la patronal española, Juan Rosell, destacaron hoy el incremento en el intercambio empresarial entre Latinoamérica y España, con especial relevancia en el caso de las pymes.

Las inversiones entre América Latina y España cada vez son más recíprocas

"Se rompió el mito de que es una relación de una sola vía", afirmó Rosell, en un encuentro con la prensa, junto a los embajadores de Colombia, Fernando Carrillo, la embajadora de México, Roberta Lajous, y el encargado de negocios de la embajada de Perú, Francisco Rivarola.
Todos asistieron a una jornada celebrada en la sede la CEOE -principal organización empresarial española- para analizar la situación de la Alianza del Pacífico -integrada por México, Colombia, Perú y Chile- como socio estratégico para la empresa española.

La Alianza del Pacífico nació impulsada por el mundo empresarial, y en este sentido, el embajador de Colombia, Fernando Carrillo, se refirió al "rol central" del sector privado en la integración económica de los países que la integran.

Destacó además la "tradición de fortalecimiento institucional, democracia y seguridad jurídica" como factores que han contribuido al desarrollo de sus países, que dijo, "no ha sido el resultado de la improvisación ni de la buena suerte".

La embajadora de México en España, Roberta Lajous, señaló el papel de España como observador de la Alianza del Pacífico, organización creada en 2011, y recordó que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha estado presente en todas las cumbres de esta organización.

Por su parte, el encargado de negocios de la embajada de Perú, Francisco Rivarola, recordó carácter "económico", no "político" de la Alianza del Pacífico, aunque el embajador colombiano si destacó como fundamental la articulación de políticas comunes entre los miembros.


Para el presidente de la CEOE, las empresas españolas establecen alianzas de colaboración con empresas de América Latina para vender también en países más lejanos.

Y para las empresas latinoamericanas que quieren establecerse en Europa, "la puerta es España", concluyó.

Respecto a la colaboración pública-privada, los presentes destacaron el sector de las infraestructuras como en el que más se da.

Rosell se refirió al control por parte del sector público y la fluidez que aporta el privado; la confluencia de los dos favorece el éxito, dijo el presidente de la CEOE.

Tanto los diplomáticos latinoamericanos como el presidente de la patronal española, destacaron la importancia de las pymes en este incremento en el intercambio empresarial, puesto que las grandes empresas ya tienen una amplia experiencia en cuanto a la presencia en América Latina.

"Las experiencias cuajan, no hay problemas de comunicación", dijo el presidente de la patronal española, para quien compartir lengua y cultura es fundamental.

En la jornada de hoy, los directores de agencias de inversión de los cuatro países que integran la Alianza del Pacífico, dan a conocer las oportunidades de negocio en infraestructuras, manufacturas y energía.

También se aborda la financiación de proyectos en estos países.

Bachelet lanzó ´Futbolazo´, programa para jóvenes vulnerables

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, lanzó hoy el denominado programa "Futbolazo", un proyecto social que a través del deporte busca entregar oportunidades de desarrollo a hombres y mujeres en situaciones complejas y vulnerables.

La iniciativa está basada en un enfoque participativo en el que se utiliza principalmente al fútbol como una plataforma de formación 'deportivo-valórica' y de integración social.

"En lo que va de este año, ya son 795 los jóvenes que han participado en este programa y para el próximo se espera casi el doble, es decir cerca de 1.500 niños, niñas y jóvenes, que viven muchas veces en situación de vulnerabilidad", señaló Bachelet.

La mandataria, que entregó la pelota con la que se disputó un partido de futbolito frente al Palacio de La Moneda, explicó a los periodistas que el programa se realiza gracias a un acuerdo entre la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Fundación de la Familia.

"Con este convenio, la ANFP se hace parte de este programa, apoyando a monitores y centros donde se realizan los talleres, para que 'Futbolazo' tenga un sello de profesionalismo que nos permita incluso, por qué no, soñar que algún día nuestros jóvenes pueda participar en algún mundial", enfatizó.

Rousseff dice que el caso de corrupción en Petrobras "cambiará Brasil"

Una veintena de ejecutivos han sido detenidos, entre ellos directivos de Petrobras y de las mayores constructoras de Brasil. La red de corrupción movió entre 2006 y 2014 unos 3.850 millones de dólares en sobrefacturación de obras y contratos de Petrobras. Petrobras es la mayor empresa de petróleo de Brasil. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, promete "el fin de la impunidad".

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó este domingo que la investigación del caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras "cambiará Brasil" y supondrá el fin de la "impunidad", informaron fuentes oficiales.


Desde Brisbane (Australia), donde participó en la cumbre del G-20, Rousseff dijo que el escándalo de Petrobras es el "primero" que ha sido investigado en la historia de Brasil. 

"Hay ahí una diferencia sustantiva y creo que esto puede de hecho cambiar el país para siempre. ¿En qué sentido? En el sentido de que va a acabarse con la impunidad", declaró la mandataria en rueda de prensa.

Este caso se refiere a la elevación ilegal de precios en obras y contratos de Petrobras, con el fin de alimentar una red de corrupción para el pago de sobornos a políticos y partidos, según las investigaciones. 

La operación se inició en marzo pasado y, dentro de ella, han sido arrestados directivos de Petrobras y de las mayores constructoras de Brasil. 

De acuerdo con las investigaciones, la red de corrupción movió entre 2006 y 2014 unos 10.000 millones de reales (unos 3.850 millones de dólares) en sobrefacturación de obras y contratos de Petrobras. 

La mayor redada 

El pasado viernes la Policía Federal desencadenó la mayor redada dentro del caso, en la que fueron arrestados una veintena de ejecutivos, entre ellos los presidentes de tres grandes constructoras. 

Pese a ello, Rousseff opinó este domingo que "no hay que demonizar" a las constructoras de Brasil y abogó por restringir la responsabilidad a las personas que han corrompido a terceros o han sido corrompidas.

Parte de las investigaciones se basa en declaraciones del exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, arrestado al comienzo de la operación y quien ha aceptado colaborar con la justicia a cambio de una reducción de pena. 

Paulo Roberto Costa acusou ministros, senadores, governadores e deputados

Según las declaraciones de Costa, el 3% de todos los contratos del área de Abastecimiento se dedicaba a financiar a partidos políticos oficialistas.

Bachelet habla de su detención y tortura en dictadura de Pinochet

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, habló de la tortura psicológica y golpes a que fue sometida tras su detención en 1975 bajo la dictadura de Augusto Pinochet, y explicó cómo la madurez la ayudó a reconciliarse con el pasado.

En un reportaje emitido la noche del jueves en un canal chileno, la mandataria relató detalles de su paso por el centro de tortura Villa Grimaldi, luego de ser detenida por la policía política en 1975  junto a su madre Ángela Jeria.

“Recibí tortura psicológica esencialmente, y algunos golpes, pero no me ‘parrillaron’ (tortura mediante aplicación de descargas eléctricas sobre un somier metálico)”, narró Bachelet al canal de TV Chilevisión.

Miles de personas pasaron por el centro de detención Villa Grimaldi en Santiago, 236 de los cuales fueron ejecutadas o figuran como desaparecidos. “Tuve suerte comparada con tantos otros, muchos de ellos murieron”, señaló.

Imagen de archivo de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet del año 1961, junto a su padre, el general Fuerza Aérea de Chile Alberto Bachelet , su madre Ángela Jeria y su hermano Alberto  en Santiago de Chile.

El padre de la presidenta, el general Alberto Bachelet, fue detenido por mantenerse fiel al gobierno del derrocado presidente Salvador Allende y murió en la cárcel en 1974 a causa de las torturas a las que fue sometido por sus propios subalternos.

Bachelet y Jeria por su parte, fueron obligadas al exilio tras ser liberadas. Vivieron primero en Australia y luego en Alemania, donde Bachelet continuó sus estudios de medicina.

“Al comienzo tenía mucha rabia, un dolor infinito”, explicó la mandataria. “Sentía indignación. No me hubiera imaginado en ese momento dialogando con personas con las que después fui capaz de dialogar”, dijo quien fue la primera mujer ministra de Defensa y presidenta en Chile (2006-2010). Villa Grimaldi era un antiguo restaurante con piscina emplazado en las afueras de Santiago, en lo que hoy es la comuna de Peñalolén, donde la élite de la época se divertía. Tras el golpe de estado de Pinochet fue reacondicionado como centro de detención y torturas de miles de opositores, tal como otra decena de recintos en todo el país. En 1997 fue inaugurado el Parque por la Paz Villa Grimaldi, un sitio de reflexión y memoria que hoy está abierto a toda la comunidad, y que Bachelet ha visitado en calidad de “superviviente” para homenajear a los allí desaparecidos.


UNA RELACIÓN QUE LA MARCÓ


Bachelet también habló de quien era su pareja durante el golpe de estado en 1973, el dirigente socialista Jaime López Arellano, quien actualmente figura como desaparecido.

“Me encantaría saber lo que pasó realmente con él: si está desaparecido, si está muerto, si está en algún otro lado”, dijo la mandataria. La relación de López Arellano con Bachelet marcó profundamente a la mandataria, una militante socialista en clandestinidad, tras conocerse versiones de que el dirigente habría delatado a colegas cuando fue detenido y supuestamente torturado por la policía política.

Bachelet recogió varias de las versiones: “Una es que él, producto de la tortura, habría entregado nombres. Sin embargo, él vivió en casas de gente cuyos nombres no entregó”, dijo. “Otra gente dice que él entregó ciertos nombres porque le dijeron que si no lo hacía, me iban a matar a mí y a mi mamá en el extranjero”, agregó.

“Fue muy duro para mí porque yo tenía este tema del deber, porque era joven, y probablemente cuando uno es joven es mucho más de blanco o negro, y lo viví como una traición personal y a la causa”, reconoció sobre un capítulo que sus biógrafos citan para explicar la desconfianza como rasgo de su personalidad política.

“Hoy lo miro con una mirada más madura”, agregó, y manifestó su deseo de conocer el paradero de quien fue su pareja.

Bachelet, médico pediatra, se casó con un chileno en Alemania con quien tuvo sus dos primeros hijos, y luego de separarse, tuvo otra hija con otra pareja ya en Chile. Hoy se declara madre soltera de tres hijos.

La dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) dejó más de 3.000 muertos y 38.000 torturados en Chile, según cifras oficiales.

La dictadura militar brasileña causó 421 muertos y desaparecidos

La Comisión de la Verdad publica las primeras cifras oficiales.

Umberto Trigueiros Lima, en la casa donde fue torturado en Río.

Casi 30 años después del fin de la dictadura militar brasileña, comienzan a surgir las primeras cifras oficiales de muertos y desaparecidos. Las primeras conclusiones del informe que la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) presentará el 10 de diciembre indican que los militares fueron responsables de 421 asesinatos y desapariciones de adversarios políticos del régimen que gobernó el país de 1964 a 1985.

La lista de víctimas puede ser mayor ya que, según la comisión, las Fuerzas Armadas apenas han colaborado para esclarecer los hechos. Antes del inicio de las investigaciones, en mayo de 2012, los integrantes de la CNV estimaban que el régimen militar había causado entre 350 y 370 víctimas. La dictadura de Chile, entre 1973 y 1989, causó 3.065 muertos y desaparecidos, y la de Argentina, entre 1976 y 1983, cerca de 30.000.

Antes de la instalación de la CNV, ya se habían encontrado 181 cadáveres. En los últimos años, 32 más fueron localizados por familiares, policías, Ministerio Público y, uno de ellos, por la propia Comisión. Se ignora aún el paradero de 208 desaparecidos. Entre ellos figuran 70 de los que lucharon en la Guerrilla del Araguaia, uno de los principales movimientos contra la dictadura.

En esos dos años de investigaciones, la CNV identificó la existencia de centros ilegales de torturas usados por el régimen y recopiló pruebas del apoyo de los civiles a los militares. La comisión apuntó también que cerca de 80 empresas espiaron a trabajadores y sindicalistas a fin de de colaborar con la dictadura. Entre estas compañías, según un informe de la CNV, están las multinacionales Volkswagen, Chrysler, Ford, General Motors, Toyota, Rolls-Royce, Mercedes Benz, además de las brasileñas Petrobras y Embraer.

La identificación de los muertos y desaparecidos no implica que haya penas para los involucrados. La Ley de Amnistía, promulgada en 1979, perdonó los crímenes cometidos durante la dictadura. Liberó a más de 25.000 presos políticos y garantizó que los militares y sus seguidores no fueran juzgados. El informe final de CNV, en principio, servirá como un documento oficial que afirma que el Estado brasileño cometió violaciones de derechos humanos y crímenes contra sus ciudadanos.

Una decena de ministros brasileños dimite para facilitar la reforma del Gobierno.

Entre “diez y quince” ministros del Gobierno brasileño anunciaron hoy su dimisión para facilitar a la presidenta Dilma Rousseff la reestructuración de su gabinete tras su reelección en los comicios de octubre pasado.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

Este martes renunció la ministra de Cultura, Marta Suplicy, y hoy se sumaron los titulares de Trabajo, Manoel Dias, de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Mauro Borges, de Asuntos Estratégicos, Marcelo Neri, y de la Presidencia, Aloizio Mercadante.

El propio Mercadante anunció, en una rueda de prensa, que “entre diez y quince” ministros han entregado su carta de dimisión para facilitar la renovación del gabinete para el segundo mandato.


“Es una forma de demostrar públicamente ese espíritu que fue la campaña de la presidenta Dilma, el que todo el mundo formalice esa gentileza para que ella tenga total libertad”, dijo Mercadante en una rueda de prensa.

La presidenta ha anunciado que, para el nuevo mandato de cuatro años que comenzará el próximo 1 de enero, renovará su gabinete, que está integrado por 39 ministros.

En todos los casos, los ministros dimisionarios explicaron que con la renuncia pretenden facilitarle a Rousseff la reforma de su gabinete que prevé tras su reelección el pasado 26 de octubre.

“Todos sabemos que termina un Gobierno, comienza uno nuevo y, como la propia presidenta anunció durante su campaña, será un ‘Gobierno nuevo con ideas nuevas’”, dijo Dias, citando uno de los lemas usados por la propaganda de Rousseff de cara a su reelección.

El cambio que más expectación genera en Brasil es el que Rousseff ya ha confirmado que habrá en el Ministerio de Hacienda, cuyo titular, Guido Mantega, dejará el cargo a fin de año tras haberlo ocupado desde 2006, cuando fue nombrado por su antecesor y mentor político de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante la campaña electoral, los agentes del mercado financiero se volcaron a favor del candidato opositor Aécio Neves, senador del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que ofrecía una política económica de corte liberal.

Los empresarios y las instituciones financieras criticaban, al mismo tiempo, el carácter “intervencionista” de las políticas impulsadas por Mantega desde el Ministerio de Hacienda.

Tras la reelección de Rousseff, ahora los mercados esperan por el nombramiento de un ministro más liberal que, según conjetura la prensa local, pudiera ser el expresidente del Banco Central Henrique Meirelles, quien dirigió el instituto durante los dos mandatos de Lula.

Lula da Silva

Sin embargo, además de Meirelles, fuentes políticas han situado entre los posibles candidatos a la vacante que dejará Mantega al exviceministro de Hacienda Nelson Barbosa, un cuadro técnico del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

Rousseff ha dicho que el nombre del nuevo titular de Hacienda será anunciado a su regreso de la Cumbre del G20, que se celebrará el próximo fin de semana en la ciudad australiana de Brisbane.

El Gobierno brasileño pide el aval del Congreso para incumplir su meta fiscal

El Gobierno brasileño envió hoy un proyecto de ley al Congreso que le permite incumplir la meta de superávit fiscal que se había impuesto para este año, pocos días después de admitir que difícilmente la alcanzará debido al fuerte aumento de los gastos y a la reducción de los ingresos.

El Gobierno brasileño pide el aval del Congreso para incumplir su meta fiscal

El Gobierno brasileño envió hoy un proyecto de ley al Congreso que le permite incumplir la meta de superávit fiscal que se había impuesto para este año, pocos días después de admitir que difícilmente la alcanzará debido al fuerte aumento de los gastos y a la reducción de los ingresos.

El proyecto de ley para enmendar la Ley de Directrices Presupuestarias de 2014 autoriza al Gobierno a reducir de su meta de superávit primario los gastos con proyectos de infraestructura incluidos en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).

Bandera de la actual presidenta, Dilma Rousseff, el PAC es un conjunto de inversiones gubernamentales en carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos iniciado hace tres años.

Igualmente permite que se reduzca la meta de superávit fiscal, las exenciones de impuestos concedidas por el Gobierno a sectores afectados por la crisis internacional, entre ellos el automovilístico y el de electrodomésticos.

La iniciativa enviada a consideración del Legislativo no aclara cuál es la nueva meta de ahorro que el Gobierno perseguirá este año y que, antes de las modificaciones, ascendía a 80.800 millones de reales (unos 33.666,67 millones de dólares).

El llamado superávit fiscal primario es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado sin tener en cuenta los recursos destinados al pago de intereses de deuda.

Desde hace al menos una década y media el Gobierno brasileño se impone una meta anual de ahorro en las cuentas públicas para dejar claro ante los inversores su compromiso con la austeridad fiscal, su capacidad para cumplir las obligaciones de deuda y su intención de no elevar los gastos públicos a niveles insostenibles.


La actual Ley de Directrices Presupuestarias permite al Gobierno excluir de su meta de superávit fiscal inversiones en infraestructuras y descuentos fiscales por hasta 67.000 millones de reales (unos 27.916,7 millones de dólares).

La modificación propuesta eleva ese valor hasta cerca de 135.500 millones de reales (unos 56.458,3 millones de dólares).

Pese a solicitar el aval del Congreso para incumplir la meta de superávit fiscal inicialmente propuesta, el Ministerio de Planificación aclaró en la justificativa que envió al Legislativo que el Gobierno mantiene su compromiso de terminar el año con un saldo positivo en las cuentas públicas.

Según el Ministerio, el Gobierno tuvo que reducir su previsión para el crecimiento económico este año como consecuencia de la crisis internacional y, con la menor actividad económica, cayeron los ingresos previstos por tributos.

Pese a las previsiones iniciales de que Brasil crecería hasta un 4,0 % en 2014, el Gobierno ya admite que la expansión se limitará a un 0,90 %, una proyección optimista comparada con la de los economistas del mercado financiero, que tan sólo esperan un 0,20 %.

"La reducción del ritmo de crecimiento afectó los ingresos necesarios para las inversiones y las políticas públicas previstas", asegura la justificativa del Ministerio de Planificación.

Así, continuó el texto, "el Ejecutivo está comprometido a alcanzar el máximo superávit primario y al mismo tiempo garantizar la ejecución de las inversiones prioritarias y el mantenimiento de los incentivos a la economía nacional mediante reducciones tributarias".

El proyecto de ley se conoce dos semanas después de que el secretario del Tesoro Nacional, Arno Augustin, admitiera que el Gobierno no tenía condiciones de cumplir la meta de superávit fiscal que se había impuesto para este año.

Ello debido a que entre enero y septiembre de este año las cuentas públicas acumularon un déficit primario de 15.705 millones de reales (unos 6.543,75 millones de dólares) y la meta del Gobierno era cerrar el año con un superávit primario de 80.800 millones de reales (unos 33.666,67 millones de dólares).

Además de haber recaudado menos impuestos por la desaceleración económica, el Gobierno elevó los gastos públicos significativamente en un año electoral.

La semana pasada, ante el convencimiento de que los gastos públicos superarán los ingresos este año, el ministro de Hacienda, Guido Mantega, anunció que el Gobierno aplicará cortes en varios subsidios sociales y que eliminará incentivos a la economía para equilibrar sus deterioradas cuentas fiscales.

La violencia le costó a Brasil unos 100.000 millones de dólares en 2013

La violencia le costó a Brasil 258.000 millones de reales (unos 100.000 millones de dólares) en 2013, cifra equivalente a un 5,4 % del PIB, según el nuevo Anuario Brasileño de Seguridad Pública, en el que se destaca también que seis personas murieron en promedio en operativos policiales por día ese mismo año.

El informe, que será presentado mañana en detalle en el Fórum Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) en Sao Paulo, señala que en 2013 murieron 2.212 personas en operaciones policiales y 490 agentes fallecieron en actos de servicio o asesinados.

"Es necesario, urgentemente, revertir el padrón de actuación de las fuerzas policiales en Brasil", señaló el FBSP en un comunicado divulgado hoy.

El documento precisa que la leve caída del año pasado frente a las 2.332 muertes a manos de la policía en 2012 "no indica una mejora o tendencia de cambio".

De 2009 a 2013 el anuario registra 11.197 muertes en acciones policiales, cifra superior a la de los fallecidos a manos de la Policía en EE.UU. en los últimos 30 años, según el comunicado.

La cifra abarca estadísticas de los casos con agentes dentro y fuera de servicio.

El anuario también constató que 490 policías fueron asesinados en 2013, 43 más que el año anterior, mientras que en los últimos cinco años murieron 1.170 agentes.

Para realizar el cálculo del costo económico de la violencia, el Instituto de Investigaciones Económicas (Ipea) analizó los gastos de los diferentes niveles del gobierno con la seguridad pública, con el sistema de salud (cuando es activado por un episodio de violencia) y la contratación de seguridad privada o seguros, entre otros parámetros.

El FBSP destacó que, a pesar del aumento en el valor absoluto del gasto, se registró una leve retracción si se tiene en cuenta el porcentual del PIB destinado a la seguridad pública, que pasó del 1,28 % en 2012, al 1,26 % en 2013.

El porcentaje es superior al que Estados Unidos destinó en 2013 (1,02 %) y similar al de los países que componen la Unión Europa (1,3 %), "aunque los resultados obtenidos aquí están muy lejos de los registrados en esos países".

"Esto indica que los recursos son insuficientes para enfrentar la situación local o, al menos, están muy mal utilizados", concluye el anuario.