El Fiscal Nacional de Chile, Jorge Abbott, confirmó la presentación de 18 solicitudes de procesamientos en el marco del caso SQM, una de las empresas chilenas involucradas en la financiación ilegal de campañas electorales.
Fiscal nacional Jorge Abbott
Abbot explicó a los periodistas que la determinación la tomó después de que el Servicio de Impuestos Internos (SII), interpusiera una querella por delitos tributarios.
“Se van a presentar 18 solicitudes de formalización en el caso, 17 de ellas por boletas ideológicamente falsas y una por facilitar el uso de esas boletas”, precisó el fiscal.
Además, aseguró que se trata de formalizaciones (procesamientos) nuevos y no de “reformalizaciones”.
Los procesamientos incluyen a Mariela Molina, exasesora del senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, y al hijo del diputado Roberto León, Roberto León Araya.
La acción legal afecta también al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, al actual gerente general de la minera, Patricio de Solminihac y a Ricardo Ramos, actual vicepresidente de Administración y Finanzas.
Los tres fueron querellados por el delito tributario correspondiente a declaraciones maliciosamente falsas de impuestos.
La petición de procesamiento será ingresada ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que luego deberá fijar día y hora para la audiencia de comunicación de cargos.
La empresa SQM, que era controlada por Julio Ponce, un exyerno del fallecido dictador Augusto Pinochet, es una de las compañías que, según la fiscalía chilena, financió campañas de diversos sectores, incluida la oficialista coalición Nueva Mayoría.
Las empresas entregaban aportes que encubrían como pago de honorarios por servicios inexistentes, justificados mediante boletas “ideológicamente falsas” que además eran utilizadas para rebajar impuestos.
El pasado 21 de enero, la minera no metálica SQM hizo rectificaciones tributarias ante el SII por 14,7 millones de dólares, según la investigación de unos abogados estadounidenses.
Según la pesquisa, que duró casi nueve meses y que los abogados estadounidenses presentaron el 15 de diciembre a los directores de SQM, los ‘peak’ se alcanzaron en 2009, año de elecciones presidenciales, y 2012 en municipales, y sus pagos fueron dirigidos mayoritariamente a la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).
A SQM se suma el llamado caso Penta, un banco de inversión que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares, en el que están involucrados empresarios y políticos y el caso Caval, un polémico negocio inmobiliario en que participaron Sebastián Dávalos, hijo mayor de la presidenta Michelle Bachelet, y su esposa.
