La presidenta Michelle Bachelet aseguró que su gobierno realizará ajustes a la reforma laboral sin restar de su proyecto la "coherencia interna" ni el "espíritu de equidad".
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
Esto después de que el 29 de abril el Tribunal Constitucional (TC) declarase anticonstitucional la titularidad sindical, uno de los aspectos centrales de la iniciativa que habla del rol del sindicato en el marco de las relaciones laborales.
"El pronunciamiento del TC sobre el proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales ha puesto en cuestión algunos de sus elementos centrales como lo es la titularidad sindical y ustedes saben, lo he dicho, cuanto lamento que eso haya ocurrido", dijo hoy Bachelet.
Titularidad
El pasado miércoles, el Constitucional declaró inadmisible la titularidad sindical, uno de los cuatro temas de la reforma laboral que habían sido cuestionados por la oposición.
Este instrumento del proyecto, que el Congreso aprobó a principios de mes, establecía que era el sindicato el único titular para encabezar la negociación colectiva con el empleador, eliminando los grupos negociadores.
Dicho punto, cuestionado por el colectivo de oposición Chile Vamos, consideraba que la única forma de acceder a los beneficios era afiliándose a un sindicato.
"Creo que debemos seguir adelante, buscando las vías para construir relaciones más equilibradas entre trabajadores y empresas, porque sin ellas no hay desarrollo para ninguna de las partes y tampoco desarrollo para Chile", agregó.
Bachelet señaló que habrá que "estudiar en detalle el contenido del fallo" para decidir las acciones a seguir e introducir los ajustes a dicho proyecto para que "no pierda coherencia interna ni su espíritu de equidad".
"Como gobierno vamos a seguir empujando para construir dialogo entre trabajadores y empresarios", reiteró.
La consultora dio a conocer una encuesta llamada “Los principales problemas de Latinoamérica”, que destacó que la corrupción y la inseguridad son los que más preocupan a la región en opinión de los periodistas y líderes de opinión.
Educación inadecuada, salud pública inadecuada e inseguridad/crimen y violencia son los principales problemas que preocupan a los chilenos, de acuerdo a una encuesta dada a conocer por la consultora Ipsos Public.
En el estudio llamado “Los principales problemas de Latinoamérica” se consultó a varios periodistas y líderes de opinión de cada país de la región y se destacó que la corrupción y la inseguridad son los problemas que más preocupan a los latinoamericanos. Otros problemas con alto número de menciones fueron la educación, el desempleo y la pobreza.
En Chile, tras la educación, salud y delincuencia, los otros problemas que interesan son la pobreza, el desempleo y la corrupción.
A fines de abril fue dada a conocer la última Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago (EOD)[i] de marzo del 2016. Esta encuesta evidenció una preocupante alza en la tasa de desocupación, alcanzando un 9,4%, lo cual equivale a 289.300 personas desocupadas.
La tasa de pobreza extrema aumentó de 2% a 2,7%.
A fines de abril fue dada a conocer la última Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago (EOD)[i] de marzo del 2016. Esta encuesta evidenció una preocupante alza en la tasa de desocupación, alcanzando un 9,4%, lo cual equivale a 289.300 personas desocupadas.
A partir de esta última entrega, también es posible observar las primeras señales de que estarían empeorando las condiciones para los más vulnerables: desde marzo de 2014, la tasa de pobreza extrema estimada a partir de la metodología histórica aumenta.
A partir de esta encuesta, se estudia lo que estaría pasando (al menos para el Gran Santiago) con la tasa de pobreza antes que se den a conocer los resultados oficiales, los cuales se estiman a partir de la Encuesta de Caracterización Económica Nacional (CASEN)[ii].
METODOLOGÍA
Para llegar a esto, calculamos los umbrales de ingreso que determinan si una persona se encuentra en pobreza y sobre la base de los ingresos que entrega la EOD. Se realiza este ejercicio para las dos metodologías utilizadas por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para medir la pobreza por ingresos: histórica y nueva[iii].
Estos umbrales se actualizan según especificaciones técnicas, a partir de la serie del Índice de Precios al Consumidor (IPC) total y la serie correspondiente a la división de alimentos y bebidas no alcohólicas[iv].
Finalmente, se analiza la evolución de los indicadores de pobreza en los siguientes períodos: primer gobierno de Michelle Bachelet (de marzo 2006 a marzo 2010), gobierno de Sebastián Piñera (de marzo 2010 a marzo 2014) y segundo gobierno de Michelle Bachelet (de marzo a 2014 a marzo 2016).
RESULTADOS
Pobreza metodología histórica:
Utilizando la metodología histórica y reproduciendo la evolución de la línea de la pobreza, desde marzo de 2006 hasta marzo de 2016, se observaría un estancamiento en la reducción de la pobreza en el último período (marzo 2014 a marzo 2016).
En el primer período, la pobreza aumentó de 16% a 20,2% y la pobreza extrema de 3,5% y 4,8%. Luego, en el segundo período, la pobreza se redujo de 20,2% a 11,6% y la pobreza extrema de 4,8% a 2%. Y en el último período, la pobreza aumentaría 11,6% a 12,4%. Sin embargo, esta alza es estadísticamente no significativa[v], lo cual implica que es más correcto decir que actualmente estamos en presencia de un preocupante estancamiento en la reducción de la pobreza.
Cabe destacar eso sí que las señales de deterioro son claras en el caso de los más vulnerables: la tasa de pobreza extrema aumentó de 2% a 2,7%, lo cual si resulta significativo desde el punto de vista estadístico (Gráfico N° 1).
Pobreza Nueva metodología:
A partir de la nueva metodología, la reducción de la pobreza también se habría estancado en el último período. En el primer período, la tasa de pobreza pasó de 11,2% a 11,9% y la tasa de pobreza extrema de 4,5% a 5,2%. Luego, en el segundo período la pobreza se redujo de 11,9% a 6,6% y la tasa de pobreza extrema de 5,2% a 2,4%. Si bien en el tercer período se observa un incremento en la tasa de pobreza y la tasa de pobreza extrema (medidas con la nueva metodología), en ambos casos esto no sería significativo[vi]. Lo que sí es posible concluir es que de acuerdo a la medición con la nueva metodología del MDS, al compararse con el segundo período (marzo 2010 y marzo 2014) observamos un preocupante estancamiento en la reducción de la tasa de pobreza y pobreza extrema: la tasa de pobreza pasó de 6,6% a 7,7% y la tasa de pobreza extrema de 2,4% a 3,2%, entre marzo del 2014 y marzo del 2016 (Gráfico N° 2).
En concordancia con las cifras de empleo para el Gran Santiago que se dieron a conocer por estos días, es posible señalar que desde marzo de 2014 estamos ante un deterioro de las condiciones para los más vulnerables. Más específicamente, y estimada a partir de la metodología histórica, la reducción de la pobreza estaría estancada y la tasa de pobreza extrema manifiesta un preocupante aumento.
También se observa que a partir de esta estimación en el primer período estudiado, de marzo de 2006 a marzo de 2010, los indicadores de pobreza aumentaron. Luego, en el segundo período, marzo de 2010 a marzo de 2014, mejorarían notablemente los indicadores de pobreza, explicado principalmente por mejores condiciones económicas de las familias.
Ante un escenario económico más recesivo como el actual, es necesario seguir monitoreando qué es lo que estaría pasando con la tasa de pobreza y pobreza extrema, dado que las familias de menores ingresos podrían ver postergada su opción de salir de la pobreza y generar más ingresos.
[i]Esta encuesta es realizada por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y entrega información del ingreso y la ocupación de las personas. La EOD se ha ejecutado con el mismo cuestionario y metodología desde 1957, y desde 1997 de forma trimestral. La muestra de la última encuesta fue de 2.387 hogares y 7.915 personas ubicadas en 34 comunas en el Gran Santiago. La semana de referencia para la medición comprendió entre el 6 y 12 de marzo de 2016.
[ii] La última entrega oficial fue hace más de dos años (noviembre del 2013), no existe información de la evolución de este indicador posterior a esa fecha.
[iii] A grandes rasgos, la metodología histórica se basa en el enfoque de necesidades básicas insatisfechas y se construye una canasta de necesidades básicas a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) de 1987-1988. En el caso de la nueva metodología, utiliza información de la VII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) llevada a cabo por el INE entre el 2011 y 2012, no realiza ajustes por Cuentas Nacionales, elimina la distinción urbana y rural y considera economías de escala dentro del hogar.
Los valores para noviembre de 2006 fueron: una línea de pobreza extrema de $ 23.549 y una línea de pobreza de $ 47.099 para la metodología histórica. En el caso de la nueva metodología, considera una CBA de $ 70.256 y una CSNB de $ 105.384.
[iv] En el caso de la metodología histórica, la línea de pobreza extrema por la variación en el precio de los alimentos y se multiplica por su coeficiente de Orshansky, que refleja el componente del gasto que no corresponde a alimentos. Se utiliza el coeficiente de la zona urbana, que es 2. En el caso de la metodología nueva, el valor de la CBA se actualiza de acuerdo a la variación de los precios de cada uno de los productos que la componen, la diferencia entre el valor de la línea de pobreza y la CBA se actualiza de acuerdo a la variación de precios del IPC descontando los alimentos. Luego, se suman ambos componentes y se obtiene la CSNB. Posteriormente, la CSNB se multiplica por 2/3 y se obtiene la CBA actualizada. Finalmente, se determina como pobre a los hogares cuyo ingreso familiar es menor al umbral antes mencionado.
[v] A un intervalo de confianza del 95% el aumento de pobreza no sería significativo.
[vi] Sin embargo, en este caso el aumento de la pobreza no sería significativo a un intervalo de confianza del 95%.
[vii] Estadísticamente significativa al 95% de confianza.
El gobierno decretó alerta sanitaria en la ciudad de Arica, al norte del país, debido al aumento de la presencia del mosquito "Aedes Aegypti", que transmite el virus del Zika, el dengue y el chikunguña, informaron fuentes oficiales.
Carmen Castillo, ministra de Salud
La ministra de Salud, Carmen Castillo, explicó que la medida permitirá destinar más recursos y apoyo para evitar que el insecto, que ya está presente en varios puntos de Arica, se propague a otras regiones.
"Esta es una campaña de limpieza y manejo de residuos, efectuando una campaña con las autoridades locales con las distintas instancias para poder ser muy pro activos con la limpieza de los entornos donde viven las personas", señaló la ministra.
Castillo subrayó que, aunque la presencia del mosquito se ha extendido por la ciudad, no se ha detectado ningún caso de contagio directo del Zika.
El subsecretario de Salud, Jaime Burrows, indicó que con la alerta sanitaria se podrá contar con la ayuda de las Fuerzas Armadas para las tareas de limpieza de calles y viviendas.
Además, explicó que la presencia del mosquito cubre casi toda la ciudad de Arica, cerca de la frontera con Perú, aunque eso no significa que el insecto transporte el virus del Zika, el dengue o el chikunguña.
La presencia del mosquito del género Aedes fue registrada a mediados de abril en Arica.
La jefa de Estado de Brasil, Dilma Rousseff, sigue batallando para evitar su destitución y hoy se reunió con sus asesores para analizar unas medidas de carácter social que podría anunciar durante el Día de los Trabajadores con el fin de reconquistar el apoyo de la izquierda.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Las posibilidades de Rousseff de mantenerse a flote cada vez son menores y en las últimas semanas la presidenta le ha hecho varios guiños a los movimientos sociales y sindicatos con el fin de recuperar su respaldo, el cual se había debilitado en medio de una serie de propuestas de ajuste fiscal lanzadas por la mandataria en el último año.
Mientras Rousseff busca su reaproximación con las bases, su vicepresidente y ahora adversario político, Michel Temer, hilvana a contrarreloj las piezas de su eventual Gobierno.
Temer, primero en la línea de sucesión, ha comenzado a conformar su tablero político y distribuye cargos entre bastidores, algunos de los cuales ya se dan por sentenciados, como el del expresidente del Banco Central, Henrique Meirelles, como ministro de Hacienda.
El vicepresidente, de 75 años, también tantea la presencia en su eventual Ejecutivo de algunos exministros de Rousseff, como Eliseu Padilha o Wellington Moreira Franco.
Temer trabaja para definir las líneas maestras de su posible programa gubernamental, que, según un documento obtenido por la prensa local titulado la "Travesía social", prevé la privatización o concesión "de todo lo que sea posible".
No obstante, en caso de que se concrete, encontrará de frente la oposición de los movimientos sociales, que ya han expresado abiertamente su rechazo a una eventual gestión del vicepresidente y han advertido que "resistirán" en las calles.
Los sindicatos y sectores de izquierda han comenzado a organizarse para el Día de los Trabajadores, una fecha que esperan convertir en un palco contra el "golpe de Estado", como la izquierda y el propio Gobierno han calificado el juicio político que amenaza con destituir a Rousseff.
La marcha en Sao Paulo, inicialmente, estará encabezada por Rousseff y su padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en las últimas semanas se ha movilizado para defender a su muñeca política ante la amenaza de su destitución.
La oposición señala que la presidenta cometió un "crimen de responsabilidades" al realizar unas maniobras fiscales para maquillar las cuentas de 2014 y 2015, al modificar los presupuestos a través de decretos y acumular deudas y contratado créditos con la banca pública, lo que está prohibido por la legislación vigente.
El Gobierno ha admitido que realizó estas operaciones contables, pero insiste en que no suponen un "delito de responsabilidades" y por tanto no sirven de argumento para iniciar un juicio legislativo en su contra.
No obstante, los argumentos del Ejecutivo no parecen convencer a los legisladores y Rousseff cuenta cada día con menos cartas en su baraja política, lo que complica su estrategia de cara a la votación del Senado, que ya ha comenzado a debatir si existen méritos jurídicos para iniciar el proceso con miras a acortar su mandato.
El caso está ahora en manos de una comisión del Senado, que elaborará un informe que será votado el próximo 6 de mayo.
Ese informe será analizado después en el pleno del Senado, que alrededor del 10 de mayo se pronunciará sobre el asunto.
En caso de que una mayoría simple entre los 81 senadores apruebe la instauración del proceso, Rousseff deberá separarse del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio político y su lugar sería ocupado por Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si la presidenta es finalmente destituida.
Por ello, es posible que Temer sea quien se siente en el palco de autoridades durante la inauguración de los Juegos Olímpicos que se celebran en Río de Janeiro el próximo agosto, un evento cuya preparación se ha visto eclipsada por la grave crisis política que azota sin tregua al país.
Estaba llamado a hacer historia como el primer puente basculante de Chile y hoy, cinco años después de que se colocara la primera piedra, el gobierno ha anunciado que deberá ser demolido y reconstruido casi de cero.
La razón, según el Ministerio de Obras Públicas de Chile, es que la empresa responsable—la española Azvi— colocó al revés una de las piezas principales, uno de los tableros que conformaban la parte levadiza.
Y la consecuencia: la obra, ya millonaria, tendrá un costo adicional de US$15 millones y su inauguración se retrasará hasta 2017, cuando se esperaba poner en funcionamiento en marzo de 2014.
La compañía prefirió no hacer declaraciones cuando la prensa se puso en contacto con ella.
Complicaciones desde el inicio
El proyecto del puente sobre el río Cau Cau, en la región chilena de Los Ríos, a 850 kilómetros al sur de la capital Santiago, comenzó a gestarse en 1991.
Era necesario para conectar Valdivia, la capital de la región, con la costa, algo que los ciudadanos demandan desde hace décadas.
Image copyrightVictor Gonzalez Wikimedia CommonsImage captionEl puente debía unir Valdivia, a 850 kilómetros al sur de Santiago, con la costa.
Pero las complicaciones han sido la regla desde que se licitó.
De hecho, la primera licitación, en 2005, se declaró desierta porque la única empresa que concurrió al concurso pedía un 70% más de presupuesto que el establecido.
La segunda licitación se abrió seis años después, en agosto de 2011, y la obra le fue adjudicada a Azvi por US$13.900 millones.
La empresa había diseñado un puente de 90 metros de largo que uniría Isla Teja y Las Ánimas, formado por dos tramos móviles y elevables que permitirían la navegación por el río.
Eso último era una condición imprescindible, ya que en el mismo lugar se sitúa la empresa Astilleros y Servicios Navales (Asenav) y da salida a las embarcaciones que construye por ese tramo del río.
Las obras empezaron en diciembre de 2011 y dos años después, en 2013, estallaría el primer escándalo.
En diciembre de ese año, la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo a Roberto Méndez Carrillo, el topógrafo del puente sobre el Cau Cau, por ejercicio ilegal de la profesión.
Méndez había presentado documentación falsa para trabajar en la empresa. Había entregado un título de ingeniero en geomensura de la Universidad Tecnológica Metropolitana (Utem) cuando en realidad no había sido formado como tal. Así lo confirmó el centro de estudios y presentó una demanda en su contra.
Plataforma al revés
Sin embargo, la dimensión de ese episodio se quedó en nada cuando en 2014— con el 95% construido y pasado el plazo inicial de inauguración— se detectó un fallo mayor en la contrucción de la infraestructura.
Las autoridades locales comunicaron que una de las plataformas móviles había sido instalada al revés.
El puente sufría una desviación de 75 centímetros entre el eje estructural fijo y su parte móvil, por lo que cuando no estaba elevado en el centro se creaba un bache.
Y el carril para bicicletas quedaba a la derecha en un mitad del puente y a la izquierda en la otra.
El puente que se come la contaminación
El alcalde de Valdivia, Omar Sabat, pidió entonces al Ministerio de Obras Públicas (MOP), encargado de la ejecución de la obra, un informe técnico para analizar qué medidas correspondía adoptar.
Sabat dijo que había un error en las etiquetas para la instalación de los brazos del puente, que habían sido enviados desde España.
Image copyrightGettyImage captionLa construcción lleva más de un año parada.
Tras una reunión técnica, la entonces titular chilena de Obras Públicas, Loreto Silva, atribuyó la responsabilidad de la equivocación a la constructora Azvi, "una empresa que tiene prestigio, que acreditó experiencia y que no debe cometer errores de esta naturaleza", afirmó.
Ante esto, con un comunicado, la empresa reconoció: "Se han detectado errores en las pendientes transversales de la cubierta del tablero que serán subsanados durante el proceso de acabado de la obra".
Y anunció que lo haría "sin que sean necesarias obras de gran envergadura".
Más problemas
Una de las soluciones que la compañía planteó fue repavimentar una de las plataformas para nivelar el puente.
Pero con ello no terminaron los problemas.
A los pocos meses, en febrero de 2015, se comprobó que el sistema de alzamiento de los brazos del puente no funcionaba.
De hecho, uno de los cilindros necesarios para hacer ese trabajo se rompió.
Ante esto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) pidió al consultor independiente Sergio Contreras que elaborara un informe técnico sobre lo ocurrido, y éste señaló que la rotura se debía a la mala calidad del material, un acero que no cumplía con la certificación requerida, y a que la soldadura estaba mal ejecutada.
"Todas las soluciones adoptadas para ajustar la geometría del tablero, produjeron un aumento en el peso (...) que repercute en mayor o menor medida en el sistema de levante", concluyó tras elaborar un documento de 114 páginas.
Así, en junio de 2015 la sucesión de problemas acababa con la finalización del contrato con la empresa responsable de la construcción del puente, la española Azvi.
Image copyrightSaul Slash Hudson Wikimedia CommonsImage captionEl turismo para ver el puente fallido ha aumentado, asegura la Agrupación de Turismo Fluvial (ATF).
Aunque hubo quien también responsabilizó en parte al MOP por lo ocurrido.
"Este informe aclara que el MOP, desde la administracón anterior de Loreto Silva a la actual del ministro Undurraga, ha sido absolutamente inconsistente en materia de supervisar adecuadamente este proyecto", reclamó Alfonso de Urresti, senador por el Partido Socialista y miembro de la Comisión de Obras Públicas del Senado.
El ministro Undurraga recogió el guante, reconoció que el Ministerio no llevó a cabo las tareas de supervisión y control como debía, e informó que "han renunciado altos directivos en la materia y hay algunos sumarios en curso".
"Tiene que ser hecho de nuevo"
Pero aún quedaba un informe tecnico más por presentar, con base en el cual el gobierno decidiría el destino del puente ya fallido.
El estudio lo llevó a cabo la empresa estadounidense de ingeniería Hardesty & Hanover, y planteaba dos posibilidades: demoler los brazos del puente o asumir el riesgo que no garantizaba la solución de los problemas.
"No podemos vernos expuestos a que obras tan emblemáticas para una ciudad sean permanentemente dilatadas y sean sometidas a estos retrasos", opinó en senador De Urresti cuando el informe fue presentado ante el Senado hace siete días.
Y este martes el ministro Undurraga anunció en conferencia de prensa la decisión final: "El término de los estudios nos permite afirmar que el puente tiene que ser hecho, en lo medular, completamente de nuevo".
Según el MOP, la reconstrucción supondrá un gasto extra de US$15 millones, un desembolso que pretende que haga la empresa Azvi, ya que la licitación se hizo a través de un "contrato con cargos".
La Prensa se puso en contacto con Azvi para conocer su versión, pero no obtuvo ninguna explicación.
"La empresa no va ha hacer ninguna declaración pública", le contestó la portavoz María Elena Zúñiga. "Esas son las instrucciones".
Atracción turística
Los que sí han hablado son los ciudadanos, y lo han hecho a través de las redes sociales.
"Adiós puente Cau Cau. Nos diste una gran lección de perseverancia: nunca bajar los brazos", escribió un usuario en Twitter.
"Una vergüenza de profesionales; nadie da la cara. ¿Y quién paga tanto desastre?", se quejó otro.
El Fiscal Nacional de Chile, Jorge Abbott, confirmó la presentación de 18 solicitudes de procesamientos en el marco del caso SQM, una de las empresas chilenas involucradas en la financiación ilegal de campañas electorales.
Fiscal nacional Jorge Abbott
Abbot explicó a los periodistas que la determinación la tomó después de que el Servicio de Impuestos Internos (SII), interpusiera una querella por delitos tributarios.
“Se van a presentar 18 solicitudes de formalización en el caso, 17 de ellas por boletas ideológicamente falsas y una por facilitar el uso de esas boletas”, precisó el fiscal.
Además, aseguró que se trata de formalizaciones (procesamientos) nuevos y no de “reformalizaciones”.
Los procesamientos incluyen a Mariela Molina, exasesora del senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, y al hijo del diputado Roberto León, Roberto León Araya.
La acción legal afecta también al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, al actual gerente general de la minera, Patricio de Solminihac y a Ricardo Ramos, actual vicepresidente de Administración y Finanzas.
Los tres fueron querellados por el delito tributario correspondiente a declaraciones maliciosamente falsas de impuestos.
La petición de procesamiento será ingresada ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que luego deberá fijar día y hora para la audiencia de comunicación de cargos.
La empresa SQM, que era controlada por Julio Ponce, un exyerno del fallecido dictador Augusto Pinochet, es una de las compañías que, según la fiscalía chilena, financió campañas de diversos sectores, incluida la oficialista coalición Nueva Mayoría.
Las empresas entregaban aportes que encubrían como pago de honorarios por servicios inexistentes, justificados mediante boletas “ideológicamente falsas” que además eran utilizadas para rebajar impuestos.
El pasado 21 de enero, la minera no metálica SQM hizo rectificaciones tributarias ante el SII por 14,7 millones de dólares, según la investigación de unos abogados estadounidenses.
Según la pesquisa, que duró casi nueve meses y que los abogados estadounidenses presentaron el 15 de diciembre a los directores de SQM, los ‘peak’ se alcanzaron en 2009, año de elecciones presidenciales, y 2012 en municipales, y sus pagos fueron dirigidos mayoritariamente a la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).
A SQM se suma el llamado caso Penta, un banco de inversión que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares, en el que están involucrados empresarios y políticos y el caso Caval, un polémico negocio inmobiliario en que participaron Sebastián Dávalos, hijo mayor de la presidenta Michelle Bachelet, y su esposa.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aprovechó su discurso en la noche de este miércoles, durante la 12ª Conferencia Nacional de Derechos Humanos, para denunciar el proceso de “impeachment” en su contra.
“El proceso tiene un pecado original que es el presidente de la Cámara que quiso hacer una jugada oculta con el Gobierno: voten para impedir que sea jugado en el Consejo de Ética y no entraré en el proceso de impeachment, el gobierno que aceptase una negociación de ese tipo sería un gobierno en proceso de putrefacción”, sentenció Rousseff.
En esta misma línea, Rousseff recordó que, a diferencia del político del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), ella no posee cuentas bancarias en el exterior, ni empleó el dinero público para beneficiarse, ni se cuenta con acusaciones de corrupción en su contra, por lo que “inventaron una acusación” que acabará por demostrarse como “frágil y manipulada”.
“En Brasil hicimos un camino muy largo para garantizar las elecciones directas y el voto secreto para elegir presidentes, gobernadores y alcaldes, no dejaremos que usen un atajo para llegar al poder a través de una elección indirecta disfraza de impeachment”, subrayó la política.
Los movimientos Independentista Nacional Hostosiano (MINH) y Unión Soberanista (MUS) repudiaron este lunes las detenciones de luchadores antiimperialistas realizadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El copresidente del MINH, Julio Muriente, condenó que la policía federal estadounidense esté deteniendo a ex prisioneros políticos puertorriqueños para forzarlos sin ninguna explicación a proporcionar muestras de su ADN.
El copresidente del MINH, Julio Muriente
“Exigimos al FBI y a las autoridades de Estados Unidos que, en lugar de obligar bajo amenaza a independentistas puertorriqueños a ofrecer muestras de su ADN, hagan público el ADN de los asesinos de Filiberto Ojeda Ríos, Santiago Mari Pesquera, David Sanes Rodríguez, Carlos Muñiz Varela, Antonia Martínez, Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado”, dijo.
El dirigente del MINH se refirió a luchadores y simpatizantes independentistas asesinados en distintas etapas por el FBI, agentes policiales puertorriqueños o terroristas de ultraderecha sin que hasta ahora se conozca las identidades de los autores.
El FBI tiene en su poder, según se han dicho funcionarios judiciales de Puerto Rico, la identidad de los asesinos de Muñiz Varela, a quien emboscaron en un suburbio de San Juan el 28 de abril de 1979.
“Son los federales quienes tienen delitos que saldar ante el pueblo puertorriqueño; son ellos los que han asesinado y encubierto por décadas, impunemente”, agregó Muriente en referencia al asesinato de 19 nacionalistas en Ponce en 1937 y de otros cuatro nacionalistas y un transeúnte en Río Piedras en 1935.
Mientras, la presidenta del MUS, María de Lourdes Guzmán, condenó los arrestos de reconocidos luchadores independentistas como “mecanismo de represión” mediante orden emitida por el juez federal José A. Fusté, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico.
Maria de Lourdes Guzmán.
“Estos arrestos del FBI en Puerto Rico son un mecanismo de represión e intimidación al que ya nos tienen acostumbrados”, dijo.
Guzmán, quien aspira a un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes para las elecciones de noviembre próximo, se refirió a que en el transcurso de la semana pasada fueron detenidos por separado Orlando González Claudio, Juan Segarra Palmer y Norberto Cintrón Fiallo.
Más imágenes de fueron detenidos por separado Orlando González Claudio, Juan Segarra Palmer y Norberto Cintrón Fiallo.
Los arrestados fueron llevados al Centro Médico en Río Piedras con el propósito de extraerles muestras de ADN como parte de una solicitud al FBI del Naval Criminal Inteligence Services (NCIS).
Los tres han estado encarcelados en Estados Unidos por actividades relacionadas con el clandestino Ejército Popular Boricua-Macheteros (EPB-Macheteros) González Claudio y Segarra Palmer y por negarse a testificar ante un gran jurado Cintrón Fiallo.
“Estos actos son otra muestra más de cómo las agencias represivas del gobierno de Estados Unidos campean por sus respetos en nuestro país y, en esta ocasión, violentan los derechos de estos compatriotas puertorriqueños únicamente por su ideología política”, dijo Guzmán.
La presidenta del MUS argumentó que el tribunal de distrito federal es cómplice de un sinnúmero de atropellos contra el pueblo puertorriqueño.
Además, dijo, “protege y promueve estos abusos y utiliza su poder para continuar la campaña de demonización del independentismo”.
Guzmán sostuvo que el juez federal Fusté emitió órdenes contra 16 independentistas para que provean muestra de su ADN.
“Nuevamente se pone de manifiesto la condición de subordinación a la que está sometido nuestro país, cuando estas agencias federales violentan, impune y flagrantemente, los derechos de un sector del pueblo solo por defender el derecho a la libertad de su patria”, anotó la dirigente soberanista puertorriqueña.
