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2016/05/09

Corte Ratifica Condena De Militares (R) Por Homicidio De Miguel Estol Mery


La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a dos militares en retiro por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Miguel Emilio Estol Mery, ilícito perpetrado el 23 de octubre de 1973, en la Región Metropolitana.


Ministro Carroza



En fallo unánime , la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Leopoldo Llanos, Gloria Solís y Elsa Barrientos– ratificó la resolución pero elevó a 10 años y un día de presidio la pena aplicada a Alfonso Gabriel Videla Valdebenito y mantuvo en 5 años de presidio la del suboficial en retiro del Ejército Víctor Manuel Muñoz Muñoz, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva.


La investigación del ministro Mario Carroza, iniciada en 2010 por requerimiento de la fiscal (s) de la Corte Suprema, Beatriz Pedrals, logró acreditar los siguientes hechos:


"Un primer hecho que debe dejarse establecido y que resulta de la mayor relevancia al momento del juzgamiento, es que estos acontecimientos se desencadenan a raíz de un altercado en la vía pública, ellos acaecen el día 23 de agosto de 1973, y los participantes son José Miguel Estol Larraín, hijo de la víctima, y los hermanos Víctor Hugo y René Marcelo Arroyo Quijada, este último alumno de la Academia Politécnica Militar, que finalmente termina con un disparo accidental, que le provoca a René Arroyo una herida en su mano, lo cual le obliga a concurrir al Hospital Militar y dar cuenta de lo ocurrido a la Academia Politécnica Militar, ordenándose por la superioridad un sumario administrativo interno a cargo del capitán Alfonso Videla Valdebenito. Estas circunstancias constituyen el contexto en que posteriormente se enmarcan los hechos que causan la muerte de la víctima.
Efectuada esta explicación, podemos sostener que las pruebas reunidas, reseñadas en el fundamento que antecede, permiten establecer lo siguiente:


a) Que el día 23 de octubre de 1973, el capitán Alfonso Videla Valdebenito, en horas de la noche, decide reunir un contingente militar con personal de la Academia Politécnica Militar, con el propósito de allanar el inmueble ubicado en la comuna de Las Condes y detener a José Miguel Estol Larraín, presunto autor de los hechos que causaron la lesión en la mano a uno de los hermanos Arroyo Quijada en el mes de agosto de ese año, sin orden judicial ni legal alguna que lo ameritara;


b) Que una vez organizada la patrulla militar, salen de la Academia Politécnica en dirección al inmueble ubicado en la calle Manquehue Sur N° 600 de la comuna de Las Condes, donde llegan alrededor de las 23:00 horas, luego se distribuyen por el sector, quedando dos militares apostados como seguridad y otros en la custodia de los vehículos, el resto ingresa al antejardín de la casa, hecho del cual se percata Miguel Emilio Estol Mery, padre de José Miguel, y sale a ver que acontecía, pero una vez que abre la puerta e intenta avanzar hacia ellos, uno de los militares de la patrulla, le dispara con su arma fusil Mauser e impacta su cuerpo en dos oportunidades, cayendo la víctima herida al suelo;


c) Que, acto seguido, el capitán y jefe de la patrulla, Alfonso Videla Valdebenito, ordena ingresar a la casa e interrogar a la esposa del herido, percatándose en ese momento del error en la identidad, por lo que resuelve, encontrándose aún Estol Mery con vida, llevarle a un establecimiento asistencial;


d) Que la víctima ingresa esa noche al Hospital El Salvador, sin que haya sido posible determinar de manera fehaciente los medios en que lo hace, pero igual fallece a consecuencia de las heridas a bala tóraco abdominal y tóraco pulmonar con salida de proyectil que le ocasionaron la muerte".


2016/05/02

Educción,Salud y Delincuencia Son Los Principales Problemas de Chile.

La consultora dio a conocer una encuesta llamada “Los principales problemas de Latinoamérica”, que destacó que la corrupción y la inseguridad son los que más preocupan a la región en opinión de los periodistas y líderes de opinión.





Educación inadecuada, salud pública inadecuada e inseguridad/crimen y violencia son los principales problemas que preocupan a los chilenos, de acuerdo a una encuesta dada a conocer  por la consultora Ipsos Public.




En el estudio llamado “Los principales problemas de Latinoamérica” se consultó a varios periodistas y líderes de opinión de cada país de la región y se destacó que la corrupción y la inseguridad son los problemas que más preocupan a los latinoamericanos. Otros problemas con alto número de menciones fueron la educación, el desempleo y la pobreza.



En Chile, tras la educación, salud y delincuencia, los otros problemas que interesan son la pobreza, el desempleo y la corrupción.



2016/04/26

Denuncian persecución del FBI al movimiento independentista de Puerto Rico


Los movimientos Independentista Nacional Hostosiano (MINH) y Unión Soberanista (MUS) repudiaron este lunes las detenciones de luchadores antiimperialistas realizadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).







El copresidente del MINH, Julio Muriente, condenó que la policía federal estadounidense esté deteniendo a ex prisioneros políticos puertorriqueños para forzarlos sin ninguna explicación a proporcionar muestras de su ADN.



El copresidente del MINH, Julio Muriente




“Exigimos al FBI y a las autoridades de Estados Unidos que, en lugar de obligar bajo amenaza a independentistas puertorriqueños a ofrecer muestras de su ADN, hagan público el ADN de los asesinos de Filiberto Ojeda Ríos, Santiago Mari Pesquera, David Sanes Rodríguez, Carlos Muñiz Varela, Antonia Martínez, Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado”, dijo.



El dirigente del MINH se refirió a luchadores y simpatizantes independentistas asesinados en distintas etapas por el FBI, agentes policiales puertorriqueños o terroristas de ultraderecha sin que hasta ahora se conozca las identidades de los autores.



El FBI tiene en su poder, según se han dicho funcionarios judiciales de Puerto Rico, la identidad de los asesinos de Muñiz Varela, a quien emboscaron en un suburbio de San Juan el 28 de abril de 1979.



“Son los federales quienes tienen delitos que saldar ante el pueblo puertorriqueño; son ellos los que han asesinado y encubierto por décadas, impunemente”, agregó Muriente en referencia al asesinato de 19 nacionalistas en Ponce en 1937 y de otros cuatro nacionalistas y un transeúnte en Río Piedras en 1935.



Mientras, la presidenta del MUS, María de Lourdes Guzmán, condenó los arrestos de reconocidos luchadores independentistas como “mecanismo de represión” mediante orden emitida por el juez federal José A. Fusté, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico.



Maria de Lourdes Guzmán.




“Estos arrestos del FBI en Puerto Rico son un mecanismo de represión e intimidación al que ya nos tienen acostumbrados”, dijo.



Guzmán, quien aspira a un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes para las elecciones de noviembre próximo, se refirió a que en el transcurso de la semana pasada fueron detenidos por separado Orlando González Claudio, Juan Segarra Palmer y Norberto Cintrón Fiallo.


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Más imágenes de fueron detenidos por separado Orlando González Claudio, Juan Segarra Palmer y Norberto Cintrón Fiallo.



Los arrestados fueron llevados al Centro Médico en Río Piedras con el propósito de extraerles muestras de ADN como parte de una solicitud al FBI del Naval Criminal Inteligence Services (NCIS).



Los tres han estado encarcelados en Estados Unidos por actividades relacionadas con el clandestino Ejército Popular Boricua-Macheteros (EPB-Macheteros) González Claudio y Segarra Palmer y por negarse a testificar ante un gran jurado Cintrón Fiallo.



“Estos actos son otra muestra más de cómo las agencias represivas del gobierno de Estados Unidos campean por sus respetos en nuestro país y, en esta ocasión, violentan los derechos de estos compatriotas puertorriqueños únicamente por su ideología política”, dijo Guzmán.



La presidenta del MUS argumentó que el tribunal de distrito federal es cómplice de un sinnúmero de atropellos contra el pueblo puertorriqueño.



Además, dijo, “protege y promueve estos abusos y utiliza su poder para continuar la campaña de demonización del independentismo”.



Guzmán sostuvo que el juez federal Fusté emitió órdenes contra 16 independentistas para que provean muestra de su ADN.



“Nuevamente se pone de manifiesto la condición de subordinación a la que está sometido nuestro país, cuando estas agencias federales violentan, impune y flagrantemente, los derechos de un sector del pueblo solo por defender el derecho a la libertad de su patria”, anotó la dirigente soberanista puertorriqueña.


2016/04/04

Mistro Alvaro Meza Dicta Condena a Carabineros por Homicidios en Galvarino em 1973


El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, condenó a 6 carabineros en retiro, por el homicidio de Gonzalo Soto Sandoval y los de apremios ilegítimos en contra de Juana de Dios Rojas Viveros, perpetrados en la comuna de Galvarino, en octubre de 1973.


Ministro Alvaro Mesa



El magistrado condenó a Manuel Sandoval Cifuentes y a Gonzalo Soto Sandoval, a 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autores del homicidio calificado de Segundo Moreira Bustos y a la pena de 60 días de prisión por su responsabilidad como cómplices de apremios ilegítimos a Juana de Dios Rojas Viveros.



En tanto sentenció a Felidor Morales Flores, Luis Ibacache Salamanca, Luis Araneda Gutiérrez a 541 días de presidio por su responsabilidad como encubridores del homicidio de Segundo Moreira Bustos y a 60 días de prisión por su responsabilidad como cómplices de los apremios a Juana de Dios Rojas Riveros.



Finalmente el carabinero en retiro Carlos Parra Rodriguez fue sentenciado a 541 días de presidio, por su responsabilidad como encubridor del homicidio de Segundo Moreira Bustos y a 300 días de presidio como autor de apremios ilegítimos a Juana de Dios Rojas Riveros.



En la investigación, el ministro instructor logro establecer "que Carabineros de Galvarino durante octubre de 1973 en cuatro oportunidades concurrió en horas de la noche hasta el domicilio de doña Juana de Dios Rojas Viveros, luego de que el cónyuge de esta fue ejecutado en la vía pública por una patrulla de militares y carabineros de esa comuna. En una de esos allanamientos, Juana de Dios Rojas fue sacada descalza de la casa y llevada hasta el lugar donde su esposo fue asesinado, dejándola abandonada en ese lugar. Uno de los integrantes de la patrulla antes de irse del lugar le dijo "sálvate si puedes". En otra oportunidad fue detenida y trasladada junto con su hija -de meses de edad- hasta la Tenencia donde permaneció encerrada dos días en los calabozos pudiendo notar que había más detenidos. Durante su permanencia en la Tenencia de Carabineros de Galvarino, fue sometida a tormentos, tales como golpes de pie y puño y amenazas con arma de fuego. Del mismo modo, los torturadores la interrogaron acerca del resto de los integrantes del partido Comunista de Galvarino. La víctima fue liberada sin que se le formularan cargos ni se le diera alguna explicación respecto del proceder de Carabineros".



El ministro Álvaro Mesa fue designado instructor de causas DD.HH. en lugar del ministro Fernando Carreño Ortega a partir de septiembre de 2011. Al momento de asumir, recibió 41 causas en estado de sumario. Actualmente conoce de 112 causas que tienen un total de 307 tomos, de las cuales, 93 están en estado de sumario, 11 se encuentran en la etapa de plenario y 8 se encuentran falladas.




De estas últimas, las causas roles 27.525, del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Carahue por el delito de homicidio calificado, episodio Cayul Tranamil; 27.526, del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Carahue por el delito de homicidio calificado, episodio Palma y Saravia; 45.345, del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán; 18.780, del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Curacautín, por homicidio simple de Jorge San Martín Lizama; 113.990, del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el delito de homicidio simple de Manuel Burgos Muñoz, todas sentencias condenatorias y ejecutoriadas; y en las causas roles 45.342, del ingreso criminal de Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de homicidio simple de Gumercindo Gutiérrez, sentencia condenatoria confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco, actualmente pendiente de vista del recurso de casación interpuesto; y 29.877 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufquén , por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia condenatoria pendiente de vista por recurso de apelación contra la sentencia definitiva.



En total, registra 76 autos de procesamientos desde que asumió su labor investigativa, encontrándose 48 vigentes, correspondiendo a 26 causas con autos de procesamiento; existiendo, además, 122 personas sometidas a proceso, 43 acusadas y 8 condenadas.



Hasta la fecha ha dictado sobreseimiento en 6 procesos, además de haberse declarado incompetente en otros 2. En su labor ha ido aumentando año a año la colaboración del equipo investigativo, comenzando el 2011 con 1 actuario judicial y 2 detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI. A contar del año 2016, el magistrado Mesa es asistido por cinco actuarios judiciales y, a contar del 2015, por ocho detectives de la brigada ya señalada.



2016/04/01

Corte Chilena Ordena al Estado Pagar Indemnizaciones a Familiares de Detenidos Desaparecidos

La Corte Suprema ratificó sendas sentencias en las que se condenó al fisco a pagar indemnizaciones a familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, causas que fueron analizadas sólo en el aspecto civil por el máximo tribunal del país.






En el primer fallo, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm– confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción que ordenó pagar $100.000.000 (cien millones de pesos) a Sardy Sáez Sáez, hija de Zenón Sáez Fuentes, detenido desaparecido desde octubre de 1973.




Sáez Fuentes fue detenido, junto a Hernán Quilagaiza Oxa, en octubre de 1973 por personal policial en Coronel y desde esa fecha se desconoce su paradero, según lo estableció la investigación encabezada por el ministro en visita Carlos Aldana, quien logró establecer que:



"(…) alrededor de las 11.45 horas del 3 de octubre de 1973, patrullas de militares y Carabineros, se constituyeron en el Hospital de Coronel, en donde detuvieron a un grupo de 25 funcionarios, entre los que se encontraba el conductor de la ambulancia y militante socialista, Zenón Sáez Fuentes, siendo trasladado a la Séptima Comisaría de Carabineros de Coronel".



Desde dicha unidad, continúa, "(…) alrededor de las 21 horas del mismo día, fue sacado conjuntamente con los detenidos Rodemil Galindo, Joel Galindo y Bernardino Espinoza, por funcionarios de Carabineros y trasladados hasta el Retén Lo Rojas, donde se les interrogó bajo apremio, permaneciendo en ese lugar entre 2 a 3 días, pues Carabineros del retén recibía de parte de los familiares de Sáez Fuentes la vianda para él. Desde ese lugar fue sacado el detenido Zenón Sáez y llevado a la Casa del Huésped de Enacar, lugar donde se encontraba también detenido Hernán Quilagaiza Oxa, que había sido aprehendido alrededor de las 9 horas del 6 de octubre de 1973 en las oficinas de la Maestranza de Schwager de Coronel, por Carabineros".



Ese mismo día, "Sáez Fuentes, Quilagaiza Oxa y Mardones Garcés, fueron subidos a una patrulla de Carabineros, por orden del teniente coronel de Carabineros Mario Cáceres Riquelme, iniciando su trayecto por el camino de Lota en dirección a Concepción llegando a la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concepción, hoy Primera, lugar donde Quilagaiza Oxa y Sáez Fuentes fueron sometidos a interrogatorios por el teniente coronel Cáceres. Posteriormente, ambos fueron derivados al Servicio de Inteligencia, donde nuevamente fueron sometidos a interrogatorios por parte de sus funcionarios", detalla, la resolución que agrega que "en la unidad policial señalada fue el último lugar desde donde se tuvo noticias ciertas y comprobables de los detenidos Quilagaiza Oxa y Sáez Fuentes y que para evadir su responsabilidad el teniente coronel Cáceres informó falsamente a la prensa que dichas personas habían quedado en libertad ese día".



En el aspecto penal, no se presentó recurso en contra de la sentencia que condenó a Sergio Arévalo Cid a la pena de 10 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor de ambos secuestros.



Músico de la Filarmónica


En el segundo fallo (causa rol 15928-2016), la Sala Penal –con idéntica integración– ratificó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar $80.000.000 (ochenta millones de pesos) a Héctor y Ciro Arias Coillán, hijos de Isidro Arias Matamala; y $40.000.000 (cuarenta millones de pesos) a Luis Arias Matamala, hermano de la víctima.



En la etapa de investigación, el ministro Mario Carroza logró determinar la siguiente secuencia de hechos:



"Isidro Segundo Arias Matamala, músico trompetista de la Orquesta Filarmónica de Chile y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, junto a integrantes de un grupo de la zona sur de Santiago, se encontraba realizando acciones de propaganda en la vía pública, cuando el día 2 de abril de 1975 y mientras pintaban consignas en un muro de la comuna de La Granja, fueron interceptados por un funcionario de la Policía de Investigaciones quien, al tratar de detenerlos, fue repelido por un disparo (…) Lo anterior motivo un vasto operativo de la Policía de Investigaciones y de los servicios de seguridad, que concluyó con la detención de un grupo de personas que fueron encausadas por un tribunal militar por su responsabilidad en los hechos;


Mientras se procuraba la detención de Isidro Arias Matamala, este fue ubicado entre los días 3 y 5 de abril de 1975 en un domicilio de la comuna de Santiago, y con la finalidad de evitar su captura se provocó cortes en sus brazos y muñecas, quien de acuerdo a la versión entregada en el parte policial por personal de la Policía de Investigaciones de Chile que participó en el operativo, habría sido retirado con vida desde el interior del inmueble por funcionarios del servicio de inteligencia, quienes posteriormente comunicaron oficialmente que éste habría fallecido al interior de un calabozo producto de las heridas autoinferidas;


Dicha versión oficial no puede tenerse por cierta, por cuanto consta en el proceso abundante prueba que demuestra que Isidro Arias Matamala, luego de su detención habría sido trasladado a un centro asistencial y luego conducido hasta el recinto clandestino de detención y torturas conocido como Villa Grimaldi o Cuartel Terranova, donde fue visto por otros detenidos que recuperaron su libertad y entregaron su libertad y entregaron su testimonio con posterioridad;


En cambio ha sido posible establecer que Isidro Arias Matamala, el día 6 de abril de 1975, fue interrogado por un oficial de la Policía de Investigaciones y agente de la Dirección de Inteligencia Nacional, en una habitación al interior del Cuartel Villa Grimaldi o Terranova, presentándose en ella un oficial del Ejército y jefe del recinto, quien dio la orden específica a otros dos agentes cuya individualización no ha podido conseguirse, de conducir al detenido al patio del recinto a fin de golpearlo y castigarlo, ocasión en que las heridas de sus brazos y muñecas fueron sometidas a una presión directa que vulneró la cicatrización que tenían y las reabrió, causando una hemorragia y embolia que en definitiva le provocó la muerte por anemia aguda".


En el aspecto penal no se recurrió de casación, debido a que el único condenado en la causa, el agente de la DINA Marcelo Moren Brito falleció tras dictarse la sentencia de primera instancia.


2016/03/30

Corte de Santiago Elevo Pena a Autores de Torturas al General Alberto Bachelet


La Corte de Apelaciones de Santiago elevó las penas que deberán cumplir dos miembros en retiro de la Fuerza Aérea, condenados como autores del delito reiterado de aplicación de tormentos, con resultado muerte, del general de la Fuerza Aérea, Alberto Arturo Miguel Bachelet Martínez, ilícitos perpetrados en Santiago durante el lapso comprendido entre fines de septiembre de 1973 y el 12 de marzo de 1974.




General Alberto Bachelet





En fallo unánime (causa rol 2701-2014), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Dobra Lusic, Dora Mondaca y Jenny Book– elevó a 4 años de presidio efectivo las penas que deberán purgar los oficiales en retiro de la Fach Edgar Cevallos Jones y Ramón Cáceres Jorquera.

En primera instancia, el ministro en visita Mario Carroza condenó a Cevallos Jones a 2 años de presidio, y a Cáceres Jorquera a 3 años y un día, por su responsabilidad en el delito.

"Que los elementos de juicio relacionados y ponderados en el fallo en alzada poseen la fuerza de convicción suficiente para concluir tanto la existencia del delito investigado en la causa, como la responsabilidad criminal que en ellos cupo a los procesados tal como se concluye en la sentencia de primer grado, ambos en calidad de autores", sostiene el fallo en alzada.

Resolución que agrega: "Por otra parte, temas jurídicos como el carácter de delitos de lesa humanidad, la imprescriptibilidad de los mismos, así como la imposibilidad de aplicación del perdón de la amnistía, constituyen todas materias que han sido analizadas y resueltas por el juez a quo conforme puede apreciarse en los basamentos noveno y siguientes del fallo, compartiendo esta Corte las razones en atención a las cuales estas alegaciones han sido desestimadas, las que por lo demás también se contienen en un elevado número de sentencias dictadas por este mismo Tribunal en procesos en que se ha juzgado esta clase de conductas, correspondiendo reiterar lo que ya ha sido resuelto: esto es, que se trata de ilícitos que tienen el carácter de delitos de lesa humanidad, por haber sido cometidos por agentes del gobierno militar de facto instaurado en el país en septiembre de 1973, llevados a cabo valiéndose de la fuerza, al margen de toda juridicidad, respecto de personas en situación de indefensión, que se hallaban a merced de la crueldad y abuso de la fuerza y el poder de los autores, víctimas a quienes violentaron sus derechos fundamentales".

En la etapa de investigación de la causa, el ministro Carroza logró dar por establecido los siguientes hechos:


"A partir del 11 de septiembre de 1973, los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile inician acciones militares con la finalidad de investigar a oficiales y suboficiales de la institución, a quienes se les imputaba la comisión de delitos contemplados en el Código de Justicia Militar y su origen, eran el desarrollo de acciones favorables al reciente depuesto de gobierno del Presidente Salvador Allende Gossen, principalmente respecto de aquellos que debieron desempeñar funciones administrativas, que paradojalmente fueron designados por la propia institución;


Bajo este fundamento y objetivo, la Fuerza Aérea de Chile procedió a nombrar un Fiscal Especial a cargo de la investigación, quien actuó amparado en el procedimiento de los Tribunales en Tiempos de Guerra, con absoluta presidencia de principios fundamentales de un debido proceso, apoyado por agentes de inteligencia de la institución, y decide ordenar la detención de estos militares, quienes luego de ser aprehendidos son trasladados a instalaciones dispuestas para su reclusión e incomunicación, sometiéndoseles a interrogatorios bajo tortura para obtener sus confesiones y llevarles a juicio ante un Consejo de Guerra, dirigidos principalmente a quienes formaban parte de los Partidos Comunista, Socialista, MAPU o movimientos como el de Izquierda Revolucionaria (MIR) y en general a todos los partidarios de la llamada Unidad Popular, lo que constituía un acoso ideológico;


Uno de los oficiales que se encontraba en esta situación, era Alberto Arturo Miguel Bachelet Martínez, general de Brigada de la Fuerza Aérea de Chile y director, a la fecha del pronunciamiento militar, de la Secretaría Nacional de Distribución del Gobierno derrocado, a quien se le detiene por primera vez, cerca de las 09:00 horas del día 11 de septiembre de 1973, en su oficina del Ministerio de Defensa, por camaradas y subalternos, que aducen orden del Comandante en Jefe de la institución, luego proceden a despojarle de su arma de servicio, lo encañonan con arma de fuego para intimarle la detención y finalmente, le incomunican bajo custodia militar, en una de las oficinas del lugar, donde horas más tarde, se le informa que queda en libertad por no haber cargos en su contra. Bachelet considerablemente afectado en su honorabilidad, decide en consecuencia presentar su renuncia a la Fuerza Aérea de Chile;


No la resolución anterior, de no haber cargos en su contra, el día 14 de septiembre se le vuelve a requerir, esta vez en su domicilio por personal de la institución, quienes le trasladan a dependencias de la Fiscalía de Aviación, donde un fiscal al interrogarle le imputa haber asistido a reuniones en el Banco del Estado, donde él y otros oficiales estuvieron con personajes políticos de izquierda, también de poseer depósitos del Banco Estado en una cuenta corriente de su propiedad y proporcionar información reservada de la institución a civiles, por último le inculpa del hecho de haberse detectado movimientos de armas al interior del Banco del Estado. Una vez que la diligencia se cumple, junto a otros oficiales, son trasladados al Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina, donde quedan en calidad de detenidos hasta el día 2º de septiembre de 1973, fecha en que son trasladados a la Academia de Guerra Aérea, donde se les mantiene detenidos y se les somete a tratos crueles, inhumanos y degradantes, por oficiales y personal de la Fuerza Aérea, quienes desempeñando funciones de interrogadores bajo el mando de la Fiscalía de Aviación en Tiempo de Guerra, les torturaban. Estas torturas que tendían a obtener confesiones de sus delitos o delaciones, consistían en líneas generales en mantenerles con la vista vendadas o encapuchados por varios días, atarlos de las manos por la espalda, obligándoles a mantenerse de pie por tiempo indefinido, sin hablar, bajo amenaza de dispararles, como también le despojaban de sus pertenencias para hacerlos sentir desamparados, no les proporcionaban agua ni los llevaban al baño, pero con el fin de aumentar su angustia le hacían escuchar como corría el agua en el lavabo y también oír el ruido de la cadena del sifón, además los sometían a constantes presiones y amenazas de causarles daños, todo lo cual se prolongaba hasta el momento en que eran conducidos a las dependencias de la Fiscalía de Aviación, donde el general Orlando Gutiérrez Bravo, quien oficiaba de fiscal, les volvía una y otra vez a interrogarles;


Estos tratos desalmados, inhumanos e indignos, referidos por la víctima cono "ablandamientos", le provocaron isquemias, particularmente por los antecedentes cardiacos que le precedían y que a esa fecha, eran conocidos por los oficiales que se encontraban cumpliendo funciones en la Fiscalía de Aviación, y que finalmente en esa ocasión obligan a su hospitalización en el hospital institucional desde el 22 de septiembre de 1973 hasta los primeros días de mes de octubre de ese año, diagnosticándosele una afección cardiaca provocada por el estado de tensión y presión psicológica a la cual se le había sometido. Con posterioridad a esa fecha, su privación de libertad la cumple bajo arresto domiciliario, que perdura hasta el 18 de diciembre de 1973, fecha en la cual le vuelven a detener, esta vez para trasladarlo a la Cárcel Pública, donde lo mantienen recluido junto a otros oficiales en una celda. En el intertanto y en virtud de la constante presión a que se encontraba sometido, vuelva a sufrir nuevas descompensaciones y debe reiteradamente ser llevado al hospital institucional, donde, de acuerdo a lo expresado por su esposa Ángela Margarita Jeria Gómez, continuaban los hostigamientos y amenazas a través de la guardia que se había dispuesto;


Finalmente, el día 11 de marzo de 1974, el general Bachelet es retirado desde la Cárcel Pública por una patrulla formada por un oficial y dos conscriptos de la Fiscalía de Aviación, en dependencias de la Academia de Guerra, para someterlo a un interrogatorio y obligarlo a escuchar los quejidos por torturas que le infringían a una mujer, a la cual le preguntaban por sus actividades, actividad que de acuerdo a los libros de Gendarmería, encontrados en el Archivo Nacional, se prolongó por varias horas y significó que su regreso se concretara solamente en horas de la noche, ocasión en que Bachelet llega a su celda con evidente estado de extenuación, que posteriormente confirmaría su esposa, quien logra acceder a una nota que el general Bachelet habría logrado ocultar en una de las camisas, que semanalmente le eran entregadas a su esposa para el lavado, y en dicha misiva, le revelaba como en los interrogatorios era sometido a sesiones de "ablandamiento" por parte de oficiales de la institución. Estas presiones también son confirmadas por sus compañeros de celda, quienes ratifican en su mayoría, el estado de salud en que regresa y confirman que las visitas a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea tenían como única finalidad, someter a los detenidos a torturas y presiones indebidas con el objeto de obtener declaraciones que les permitieran continuar con las detenciones y operativos de personas relacionadas con una supuesta infiltración de la institución, y
Sin embargo, en esa oportunidad, al día siguiente, en horas de la mañana, la víctima se siente mal y decae, siendo atendido por el doctor Yañez, compañero de reclusión, quien comprueba que el general Alberto Bachelet sufre dilatación cardiaca aguda, la que finalmente sería causa de su muerte en dependencias de la Cárcel Pública, donde no se le pudo brindar oportunamente los cuidados que la urgencia requería, dada la complejidad del cuadro cardiaco y los escasos medios para asistirlos".



2016/03/15

Ministro del Interior Entrego Visión y Medidas del Gobierno en Relación al Conflicto de la Araucania


Como invitado a la instancia fiscalizadora del caso, el Jefe de Gabinete aseguró que existe un problema delictual grave que hay que atacar como Estado y que la solución es trabajar en la línea de enfrentar la situación.


Ministro Jorge Burgos


Con el propósito de conocer la visión y las medidas implementadas como gobierno en relación al conflicto mapuche, la Comisión Investigadora por violencia en La Araucanía recibió al Ministro del Interior, Jorge Burgos, quien explicó como se han enfrentando los conflictos al interior de la región.



Sobre los problemas de violencia, el Jefe de Gabinete aclaró que no existe terrorismo en la zona, pero sí actos delictuales graves. Agregó que las soluciones tienen que ver con que, “como Estado, seamos capaces de buscar alternativas que dejen atrás esta situación y crear condiciones de mayor participación para los pueblos indígenas”. 



Indicó que, hasta el momento, el Estado no ha sido capaz de buscar un derrotero y manifestó que “no hay casualidades remotas que justifiquen la violencia", por lo que aseguró dan todo el apoyo a la hora de la prevención y punición de los delitos. 



En lo que respecta a las acciones que se han tomado, Burgos añadió que se ha hecho un esfuerzo importante por aumentar las medidas de protección. “Hay 223 medidas de protección vigente, entre las que se encuentran la custodia permanente y las rondas periódicas”. Asimismo, el aumento de dotación que se ha pedido se ha otorgado. Hemos invocado las leyes cada vez que ha sido necesario y lo vamos a seguir haciendo, afirmó.



Concluida la exposición, el presidente de la Comisión, diputado Germán Becker (RN), valoró que el Estado reconociera que existe una deuda con los pueblos originarios, pero afirmó que hay algo que está fallando. “En la Araucanía hay una sensación de impunidad y creo que lo que está fallando es el tema de la inteligencia, entonces, es ahí donde hay que poner todos los recursos necesarios para que funcione”, planteó. 



Rol de las policías 



El diputado Fuad Chahín (DC) agradeció que el Estado reconociera la existencia del conflicto y valoró que el gobierno haya impulsado la creación del Consejo de Pueblos Indígenas, pero presentó dudas con respecto al actuar de Carabineros en la zona. “¿Que pasa a la hora de la investigación? Nosotros tenemos que exigir un poco más. Yo veo que con las herramientas que hay no se dado un resultado. Me preocupa ver que pasa con las responsabilidades”, acotó. 



En la misma línea, el diputado Gustavo Hasbún (UDI) se refirió a las pocas facultades que tiene Carabineros, sobre todo, en materia de prevención. Dado que conocemos las falencias ¿por qué no se les entregan más atribuciones que nos permitan tomar medidas mejores? Si no existe terrorismo ¿por qué se instala a una dotación especial de Carabineros en la zona? Si hoy tenemos una Ley Antiterrorista ¿no habrá que hacer una modificación importante que permita que quienes tengan que impartir justicia lo puedan hacer?”, cuestionó. 



El diputado Mario Venegas (DC), en tanto, afirmó que los actos de violencia ameritan algo más sistémico, ya que, aclaró “son un tema complejo”. Quisiera saber si hay algún sistema de evaluación del accionar de la policía, porque si bien han demostrado que hay recursos, pareciera que no hay facultades para intervenir y lo peor es que eso lo dicen los funcionarios. Si le estamos poniendo más recursos hay que exigir mayores resultados, puntualizó. 



Por su parte, el diputado Joaquín Tuma (PPD) insistió en que “el Estado está siempre atrasado” y la sensación de debilidad entre los gobiernos se repite. Además, dijo alegrarse que haya un Jefe de Gabinete que entienda, pero planteó que hacer un cambio constitucional es algo que amerita mucho tiempo mientras que "La Araucanía no puede seguir esperando”. 



Asimismo, el diputado Diego Paulsen (RN) expresó que en la región hay un grupo violento donde más de la mitad de ellos no pertenecen al pueblo mapuche. Sostuvo que ese grupo radical no quiere participación, sino que generar temor en las regiones, hecho que está logrando, porque hoy se tiene un pueblo mapuche aterrorizado por enfrentar estos hechos. 



“Si realmente queremos empezar a atacar estos hechos violentos me interesa saber cómo lo vamos a atacar. Queremos aportar y quiero saber de que manera lo podemos hacer, porque quienes vivimos en la región de La Araucanía ya no queremos dar explicaciones”, señaló el parlamentario. 



Finalmente, a las inquietudes planteadas por los parlamentarios, el Ministro Burgos respondió que no comparte el criterio de que las policías no tienen armas para cumplir con el delito. No me pongo en el extremo de que están con las manos amarradas, porque eso no es así. Tengo súper claro que el problema no es solo de índole de seguridad, ni de las facultades que tienen las policías o el Ministerio”, remarcó. 



Agregó que las normas de enfrentamiento de Carabineros las manejan ellos y que no hay ninguna prohibición del Ministerio para ocupar ciertos tipos de medidas. “Si tenemos algo pendiente es que no hemos enfrentado bien el conflicto y la estructura orgánica requiere de un cambio sustancial”, concluyó.


2016/03/12

Muere Arellano Stark, el general de la 'caravana de la muerte'



El general Sergio Arellano Stark, en una imagen de archivo.

Fue, para muchos, el gran impulsor del golpe militar contraSalvador Allende el 11 de septiembre de 1973. 


Pero el general Augusto Pinochet, que se sumó a la conjura a 48 horas de los bombardeos del palacio de la Moneda, se quedó con todo el poder y el general Sergio Arellano Stark, el principal conspirador, terminó bajo su mando, como ejecutor de una serie de asesinatos que conmovieron a Chile y el mundo.



Se los conoció como 'La caravana de la muerte'. Al igual que el dictador, el 'lobo' Artellano Stark eludió la cárcel por cuestiones de senilidad. Y como Pinochet, falleció sin la gloria que alguna vez, hace más de 40 años, supuso suya. El deceso del 'lobo', ocurrido este miércoles, a los 94 años, lo devolvió por unas horas al primer plano de la política.



Apenas cuatro meses atrás, el caso de Arellano Stark había sido sobreseído por padecer un avanzado nivel de alzhéimer en una de las causas judiciales más emblemáticas de la posdictadura. 



La 'caravana de la muerte' es el nombre por el que se conoció la comitiva militar que fue al norte de Chile a “aleccionar” a los militares que tenían cierta consideración por sus prisioneros políticos. 



“No habrá piedad con los extremistas”, dijo Pinochet. El Lobo cumplió la orden como oficial delegado del comandante en jefe del Ejército y presidente de la Junta de Gobierno. 



Aunque formalmente viajó al norte para agilizar juicios, dos semanas después de abandonar la capital, fueron ejecutadas 71 personas. 



En varias oportunidades, los militares usaron sables corvos antes de fusilarlos. Cuando regresó a Santiago de Chile, a finales de octubre de 1973, Arellano Stark fue recibido con honores por Pinochet. Por sus posteriores disidencias con el dictador, pasó a retiro en 1976.



Durante su paso por el norte chileno, Arellano Stark tuvo a su cargo a 14 militares, la mayoría de los cuales pasaron más tarde a ser parte de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). 



El Lobo responsabilizó a sus subordinados de los actos atroces. Dijo que se cometieron a sus espaldas. Los libros que comenzaron a publicarse a partir de los años 90 han demostrado lo contrario. 



La causa 'Caravana de la muerte' permitió el primer procesamiento de Pinochet una vez que regresó de Londres, donde sus abogados evitaron que la justicia británica aceptara la petición de extradición enviada por Baltasar Garzón.


REACCIONES DISPARES



El Gobierno de Michelle Bachelet se pronunció con extrema sobriedad sobre el deceso del 'Lobo'. El ministro del Interior, Jorge Burgos, democristiano, como lo era la familia de Arellano Stark, apenas recordó que era “una persona de edad y estaba bastante enferma hace muchos años. Como todo ser humano habrá gente más cercana que lo siente y ese sentimiento hay que respetarlo”. También mencionó que había sido condenado “por delitos de lesa humanidad”.



El diputado comunista Hugo Gutiérrez fue más tajante: “Murió genocida Arellano Stark, otro que hizo perro muerto y no pagó... También se la sacó por loco, al igual que su jefe”



La abogada Carmen Hertz, una de las querellantes en la causa 'Caravana de la muerte', señaló: “Ha muerto en la impunidad Arellano Stark, un represor genocida, un cobarde que tronchó la vida de decenas de jóvenes nobles y valientes”.


2016/02/11

Chile : Reparaciones para víctimas de violaciones a los derechos humanos marcarán pauta legislativa

Los senadores Van Rysselberghe, Matta, Pérez San Martín, Quinteros y Ossandón deberán revisar durante el 2016, una serie de mociones que provienen de la Cámara Baja.



Reparaciones para víctimas de violaciones a los derechos humanos marcarán pauta legislativa



El año para la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía estará enfocado en compensar los llamados crímenes de lesa humanidad. Esto porque dentro de las propuestas que deberán ser estudiadas se encuentran reparaciones para aquellos sometidos a tortura y violaciones.



TORTURA



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La primera de estas iniciativas corresponde a la moción que modifica el Código Penal, en lo tocante a la tipificación del delito de tortura . Sus ideas matrices comenzarán a ser conocidas por los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y luego, por los senadores de Derechos Humanos.



La propuesta recién aprobada por la Cámara Baja, define por tortura, “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se le impute haber cometido o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada en la raza o etnia, nacionalidad, ideología u opinión política, religión o creencia, u orientación sexual".



En esa línea, el texto indica que “el que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo (61 días a 5 años)”. Asimismo, se establece que se aumentará la pena en un grado al que cometa esta conducta en contra de una persona menor de edad o en situación de vulnerabilidad por discapacidad, enfermedad o vejez, o quien la tenga bajo su cargo, cuidado o responsabilidad.




VIENE DESDE LA CÁMARA




Tres iniciativas –iniciadas en moción- se encuentran en tramitación en la Cámara Baja, las que deberán ser estudiadas por la Comisión de Derechos Humanos en los próximos meses. Se trata de:




Aquella que establece medidas de reparación a las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos



Aquella que modifica la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para prohibir la celebración de tales contratos con quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad.



Aquella que prohíbe el homenaje y/o exaltación de la dictadura cívico-militar .



Finalmente y como es habitual, la instancia también deberá conocer varios proyectos de ley que conceden o extienden, nacionalidad por gracia a determinados personajes extranjeros.


2016/02/05

Chile: Ministro Mario Carroza Procesa a Ex Agente De la Dina Por Homicidio De Cedomil Lausic Glasinovic En Villa Grimaldi


El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó el procesamiento de dos agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Cedomil Lucas Lausic Glasinovic, ilícito perpetrado el 3 de abril de 1975, en la Región Metropolitana.


Ministro Marios Carroza



En la resolución , el ministro Carroza encausó a Ricardo Lawrence Mires y Miguel Krassnoff Martchenko, en calidad de autores del homicidio calificado del miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).



De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer que: " A Cedomil Lucas Lausic Glasinovic, militante del MIR, le detienen en su domicilio ubicado en calle Carlos Cariola N° 6375, comuna de Cerrillos, el día 3 de abril de 1975, agentes de la DINA, y le conducen a Villa Grimaldi o Cuartel Terranova, donde en el curso de los interrogatorios a que es sometido y como consecuencia de las torturas recibidas, les manifiesta a los agentes que entregará la información que le solicitaban, lo cual motiva que éstos salgan con él del recinto para supuestamente coordinar un encuentro entre la víctima y un alto dirigente del MIR, reunión que no se concreta y en virtud de ello, intenta escapar de sus captores, quienes lo evitan y lo trasladan nuevamente a Villa Grimaldi, propinándole una inhuma golpiza con cadena, siendo llevado en estado agónico hasta su celda, lugar donde al parecer permanece por 2 días y posteriormente sus restos se encuentra en el Servicio Médico Legal".