"No se puede renunciar a investigar el otro 50 por ciento que falta, pues todas fueron víctimas del mismo régimen criminal (1973-1990)", sostuvo el Fasic en su balance de Derechos Humanos 2008.
De acuerdo a la Fundación, esto sucede, entre otras deficiencias del sistema judicial, porque la Corte Suprema en mayo de 2005 eliminó la figura del "juez con dedicación exclusiva" para que se abocaran sólo a investigar este tipo de causas (violaciones a los derechos humanos).
La organización pidió hace un tiempo a la Corte Suprema que restituya la figura del juez con dedicación exclusiva para estos procesos, pero hasta ahora el pleno del máximo tribunal no responde.
En cambio, la Corte Suprema traspasó los procesos a 22 ministros de Corte de Apelaciones en calidad de "ministros en visita" (jueces especiales), añadió el documento.
Sin embargo, estos jueces debieron además asumir las otras funciones normales de un ministro de corte, restando así tiempo a la indagatoria en los juicios sobre derechos humanos, recalcó el Fasic.
A esto se suma la inquietud de que en diciembre de 2010 se terminó en Chile toda la estructura restante del antiguo sistema procesal penal, incluidos los jueces del crimen y la figura del ministro en visita.
De esta manera, todas las causas que se instruyen por delitos de lesa humanidad, incluido el 50 por ciento donde no se investiga, se quedarán sin jueces instructores si a ello no se le encuentra una solución.
El organismo de iglesias cristianas solicitará también una audiencia a la presidenta Michelle Bachelet, para pedirle que el Ejecutivo intervenga para frenar la impunidad que viene estableciendo en sus fallos la Sala Penal de la Corte Suprema.
El Fasic aludió a que al interior de esa sala, última instancia para todos los juicios por violaciones a los derechos humanos, sus cinco jueces vienen, o absolviendo a los ex agentes condenados por sus crímenes aplicando la prescripción por el paso del tiempo, o concediéndoles el beneficio para cumplir las penas bajo el régimen de libertad vigilada.
"Llegó el momento en que el Gobierno, su presidenta, el canciller y el parlamento, emitan una opinión acerca de lo que está sucediendo en este tribunal, pues con sus resoluciones se están violando tratados internacionales y comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado de Chile", dijo el abogado Nelson Caucoto.
De acuerdo a las cifras del Fasic y del Ministerio de Interior, a la fecha hay 702 ex agentes procesados o condenados. De ellos, 257 tienen una condena dictada, pero sólo 40 permanecen cumpliendo prisión pues el resto de las sentencias se encuentran aún en etapas de apelación.
De los 257, hay 47 que tienen más de una condena. El resto de los 702 está todavía en la fase de procesamiento esperando que se dicten sentencias.
Desde que se iniciaron los juicios, hasta ahora 54 militares han sido absueltos o sobreseídos en los juicios. Existen 52 civiles procesados que colaboraron en los crímenes, de los cuales 14 están ya condenados.
El Vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Yoma, y el Intendente de Santiago, Igor Garafulic, encabezaron comité de seremis, jefes de servicio y gobernadores.
