Chile: Ministro Mario Carroza Procesa a Ex Agente De la Dina Por Homicidio De Cedomil Lausic Glasinovic En Villa Grimaldi

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó el procesamiento de dos agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Cedomil Lucas Lausic Glasinovic, ilícito perpetrado el 3 de abril de 1975, en la Región Metropolitana.

Ministro Marios Carroza

En la resolución , el ministro Carroza encausó a Ricardo Lawrence Mires y Miguel Krassnoff Martchenko, en calidad de autores del homicidio calificado del miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).



De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro en visita logró establecer que: " A Cedomil Lucas Lausic Glasinovic, militante del MIR, le detienen en su domicilio ubicado en calle Carlos Cariola N° 6375, comuna de Cerrillos, el día 3 de abril de 1975, agentes de la DINA, y le conducen a Villa Grimaldi o Cuartel Terranova, donde en el curso de los interrogatorios a que es sometido y como consecuencia de las torturas recibidas, les manifiesta a los agentes que entregará la información que le solicitaban, lo cual motiva que éstos salgan con él del recinto para supuestamente coordinar un encuentro entre la víctima y un alto dirigente del MIR, reunión que no se concreta y en virtud de ello, intenta escapar de sus captores, quienes lo evitan y lo trasladan nuevamente a Villa Grimaldi, propinándole una inhuma golpiza con cadena, siendo llevado en estado agónico hasta su celda, lugar donde al parecer permanece por 2 días y posteriormente sus restos se encuentra en el Servicio Médico Legal".

Reforma laboral se aprobará en marzo, afirma senador chileno

El senador chileno Jorge Pizarro, presidente de la Democracia Cristiana, expresó su confianza de que la reforma laboral propuesta por el Gobierno se apruebe a más tardar en los primeros días de marzo.

El senador chileno Jorge Pizarro

En declaraciones difundidas por la prensa chilena, el parlamentario, quien se reunió la víspera con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, subrayó que la nueva reforma va a demostrar que es equitativa, equilibrada, y va a generar mejores condiciones para el desarrollo de las empresas.

El Gobierno entregó una propuesta de redacción distinta a la enmienda que permitía a los empleadores realizar las adecuaciones necesarias durante una anunciada huelga, que dejaría conforme a los congresistas, agregó la fuente.

Se espera que el diálogo entre el ejecutivo y los representantes del oficialismo se retomen durante la última semana de febrero para despachar la reforma durante la primera quincena de marzo.

El ministro del Interior, Jorge Burgos, respaldó la eventual aprobación del proyecto "en la medida que podamos progresar en aquellos puntos que aún es posible buscar acuerdo".

El 25 de enero pasado la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reiteró su llamado a un paro nacional para el 22 de marzo, ante las demoras de la adopción de la reforma laboral.

Entre los puntos más sensibles de esta iniciativa que ha conllevado a una falta de acuerdo entre el Gobierno y varios senadores figuran el reemplazo (de trabajadores) en huelgas, la fecha de implementación de la reforma y la formación de sindicatos interpempresas, entre otros, según medios de prensa locales.

MINISTRO ÁLVARO MESA CONDENÓ A OCHO AÑOS DE PRESIDIO A DOS CARABINEROS (R) HOMICIDIO DE NICANOR MOYANO VALDÉS EN EL AÑO 1973

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, dictó sentencia -de primera instancia- en la investigación por el homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, perpetrado en la comuna de Gorbea el 10 de noviembre de 1973.

Ministro Álvaro Mesa

El magistrado condenó a 8 años de presidio a los carabineros en retiro Patricio Horacio Burgueño Robles y José Luis Guzmán Sandoval, por su responsabilidad como autores del delito de homicidio calificado.

En la investigación, iniciada el 10 de enero de 2013 , tras querella interpuesta por Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior, el ministro Mesa logró acreditar los siguientes hechos:

"A.- Que el día 10 de noviembre de 1973, Nicanor Moyano Valdés, concurrió a la Tenencia de Carabineros de Chile, de la comuna Gorbea, a fin de cumplir con la obligación de firma semanal impuesta el 22 de octubre de ese mismo año, por la fiscalía militar del Regimiento de Infantería n°8 Tucapel de Temuco. Al llegar a ese lugar y luego de un intercambio palabras con Patricio Horacio Burgueño Robles, Teniente de la unidad policial de la comuna de Gorbea, Moyano Valdés quedó detenido por orden de éste en dicho recinto policial. Posterior a esta detención, un grupo conformado por el Oficial de Carabineros ya mencionado y los carabineros Fidel Osvaldo Freire Obando y José Luis Guzmán Sandoval, del mismo cuartel policial, condujeron al detenido Moyano Valdés hasta el puente "Salinas" que cruza el río Donguil, de la mencionada comuna, en el cual procedieron a disparar sus armas de servicio en contra de Moyano Valdés, ejecutándolo y cayendo su cuerpo a las aguas de ese río.

B.- Que al no tener noticias de Nicanor Moyano Valdés, la familia acudió a la Tenencia de Carabineros de Gorbea, a objeto de solicitar información sobre éste, indicándoles que no se habría presentado a cumplir con la medida de firma semanal impuesta por la Fiscalía Militar. Por lo anterior, la familia se dedicó a su búsqueda, encontrando el cuerpo sin vida varios días después en la ribera del Río Donguil, específicamente en el lugar denominado Puente Salinas. De lo anterior dieron cuenta a Patricio Horacio Burgueño Robles, quien les sugirió regresar a su domicilio ya que él y su personal se encargarían de la situación.

C.- Que dicho Teniente, junto al personal que participó en la ejecución de Moyano Valdés, se trasladó en horas de la madrugada hasta el lugar indicado por los familiares y procedieron a sacar el cuerpo de la víctima de las aguas, subirlo al vehículo utilizado en sus labores, llevarlo hasta el río en el cual desembocaba el río Donguil y finalmente lanzarlo a su cauce. Luego, concurrieron hasta el domicilio de los familiares de Moyano Valdés, a fin de que los acompañaran hasta el lugar donde ellos habían visto el cuerpo y así hacerles creer que habían buscado el cadáver, pero éste ya no estaba" finaliza la sentencia.

El ministro Álvaro Mesa Latorre fue designado instructor de causas DD.HH., en lugar del ministro Fernando Carreño, a partir de septiembre del año 2011. Al momento de asumir, recibió 41 causas en estado de sumario. Actualmente conoce de 113 causas, con un total de 293 tomos, de las cuales 96 se encuentran en etapa de sumario, 11 en etapa de plenario y 6 han sido falladas. Aparte de estas causas, 5 han sido sobreseídas y se ha declarado incompetente en 2.

En total registra 75 autos de procesamiento, existiendo 123 personas sometidas a proceso y 41 acusadas. En su labor investigativa, el juez instructor es asistido por 5 actuarios judiciales y 8 detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile.

El ministro instructor de la Corte de Apelaciones de Temuco ha dictado, además, fallos condenatorios en causas roles 27.525, episodio Cayul Tranamil; 27.526, episodio Palma y Saravia; 45.345, episodio Tralcal, todos ejecutoriados; y en las causas roles 45.342, episodio Gumercindo Gutiérrez; 18.780, episodio San Martín Lizama; y 113.990, episodio Burgos Muñoz, que tienen recursos pendientes. En total ha dictado siete sentencias.

Ahorro de economía chilena bajó al 20,5 % del PIB en tercer trimestre de 2015

La tasa de ahorro de la economía chilena bajó un 0,1 % en el tercer trimestre de 2015 y se situó en el 20,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), según informó el Banco Central.

Según el organismo emisor, la leve disminución en comparación con el segundo trimestre del año pasado se debió a una expansión del consumo del 8,8 % anual, por encima del 8 % que creció el ingreso nacional.

En el resultado también incidió la disminución del ahorro de las empresas no financieras, del 0,7 % del PIB, y del Gobierno general, del 0,1 %, que fue compensado parcialmente por el aumento del ahorro de las sociedades financieras, que subió 0,6 % del PIB.

En tanto, el ahorro de los Hogares se mantuvo estable en 9,5 % del ingreso disponible.

De acuerdo al informe “Cuentas nacionales por sector institucional”, la necesidad de financiación de la economía chilena se incrementó al 0,9 % del PIB, lo que se explica por el menor ahorro nacional y por el aumento de la tasa de inversión bruta, que alcanzó al 21,4 % del PIB.

Desde el punto de vista de los instrumentos financieros, la mayor necesidad de financiación de la economía en el tercer trimestre de 2015 se vio reflejada en una disminución en la adquisición de títulos y una mayor contratación de préstamos.

En el ámbito de las posiciones financieras netas (diferencia entre los activos financieros y pasivos), la economía en su conjunto mostró una posición deudora frente al resto del mundo de 21,4 % del PIB, representando un deterioro respecto del trimestre anterior.

Corte Suprema Ratifica Sentencia Por Homicidios de Pobladores En ¨Las Siete Canchas¨

La Corte Suprema dictó sentencia por los homicidios calificados de José Gabriel Molina Guerrero, Juan Manuel Reyes Jara, Fernando Isidro Vera Ortega y Juan Guillermo Arredondo González, ilícitos perpetrados en septiembre de 1973, en el sector denominado Siete canchas de la comuna de Renca.

En fallo unánime (causa rol 8701-2015), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, y el abogado (i) Jorge Lagos– confirmó la resolución que condenó a 4 años de presidio al teniente de Carabineros, al momento de los hechos, Jorge Gómez Sagredo, y absolvió a Jorge Yepsen Sanzana.


En la etapa de investigación, el ministro en visita Mario Carroza logró establecer los siguientes hechos:

Ministro Mario Carroza

1.- Que aproximadamente entre los días 21 y 22 de septiembre de 1973 en horas de la madrugada, se efectuaron al menos dos allanamientos masivos en la Población Pablo Neruda, sector de La Pincoya en ese entonces comuna de Conchalí, hoy Huechuraba, donde hubo participación acordada de efectivos militares del Regimiento Buin del Ejército de Chile, de Carabineros del retén Conchalí y personal de la Policía de Investigaciones de Chile, fijándose previamente las tareas a cumplir por cada estamento;

2.- Que los procedimientos que se llevaron a cabo en estos operativos lo fueron sin orden judicial alguna y consistieron en que personal de Ejército fuertemente armado procedía a sacar de sus domicilios a los hombres, jefes de hogar y mayores de 15 años, quienes luego eran trasladados a un sector de la Población, donde los reunían para que personal de la Policía de Investigaciones revisara sus antecedentes penales, dejaban detenidos a quienes mantenían órdenes de aprehensión pendientes, siempre apoyados por funcionarios de Carabineros que custodiaban el ingreso o salida de personas y vehículos, en un cierre perimetral previamente establecido;

3.- Que en uno de los operativos, se retiró a los jefes de hogar, todos adultos, y en otro, se incluyó a todos los varones mayores de 15 años, a los primeros se les ordenó formar una fila en la Avenida La Pincoya y los otros, fueron obligados a congregarse en un lugar denominado "Las siete canchas";

4.- Que de estas personas, algunos de los pobladores quedaron detenidos, como ocurrió en el primer registro con Enrique Alejandro Osses Zapata, Juan Guillermo Arredondo González, José Gabriel Molina Guerrero y en el otro, con los jóvenes Fernando Isidro Vera Ortega y Juan Manuel Reyes Jara, sin orden judicial alguna que lo justificara, privándoseles ilegítimamente de libertad;

5.- Que a continuación, los detenidos son trasladados hasta la tenencia Conchalí, donde el jefe de unidad era en ese entonces el teniente Jorge Enrique Gómez Sagredo, y se les mantiene en el patio del recinto, salvo Arredondo González y Molina Guerrero, quienes debieron permanecer encerrados en las caballerizas, donde de acuerdo al testimonio de algunos detenidos, fueron objeto de interrogatorios y tratos inhumanos por funcionarios de Carabineros de dicha unidad policial;

6.- Que Osses Zapata fue el único de los detenidos mencionados que sobrevivió, los otros fueron encontrados en la carretera General San Martín y en la intersección de las calles Pedro Fontova con Guanaco, por terceros quienes los enviaron al Instituto Médico Legal, donde la autopsia a los cadáveres determinó que sus fechas de defunción fueron entre el 22 o 23 de septiembre de 1973, a consecuencia, Arredondo González de heridas de bala torácicas; Vera Ortega de heridas de bala cráneo encefálicas y torácicas complicadas; Molina Guerrero de herida de bala del cráneo con salida de proyectil con destrucción del bulbo raquídeo, protuberancia y cerebelo; y Reyes Jara por herida de bala en el tórax con perforación del corazón.

Procesan a siete ex agentes de la CNI

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó el auto de procesamiento de seis ex integrantes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el delito frustrado de homicidio calificado de Héctor Muñoz Morales, perpetrado en mayo de 1984, en la Región Metropolitana.

Álvaro Corbalán, ex jefe de operativo de la CNI

En la resolución (causa rol 238-2010), el ministro en visita encausó a: Álvaro Corbalán Castilla, Fernando Rojas Tapia, Patricio González Cortez, Rafael Riveros Frost, Luis Torres Mendez y Luis Arturo Sanhueza Ross en calidad de coautores del delito.

En la etapa de investigación, el ministro Carroza logró determinar los siguientes hechos:

"El 17 de mayo de 1984, entre las 22:00 y 23:00 horas, en circunstancias que Héctor Muñoz Morales, militante del MIR, y su conviviente María Loreto Castillo regresaban a su hogar ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, población Dávila, luego de haber ido a comprar alimento, fueron interceptados en la vía pública por agentes operativos de la Brigada Azul de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que se movilizaban en al menos dos vehículos, quienes luego de reducirlos mediante el empleo de armas de fuego, los suben a un furgón, les vendan y los trasladan al Cuartel Borgoño de la institución, donde fueron golpeados e interrogados por varias horas, hasta un instante en el que se les traslada a otro punto de Santiago, siempre con la vista vendada, cercano al sector de La Pirámide del cerro San Cristóbal, donde se les separa. En esa ocasión Héctor Muñoz Morales fue golpeado por agentes de la CNI, con fuerza reiteradamente en la cabeza perdiendo el conocimiento, despertando instantes después, cercado con explosivos que no pudieron detonar, logrando huir del lugar, hasta un centro asistencia donde pudo recuperarse".

CORTE CONDENA A 15 AÑOS Y UN DÍA A OFICIAL DE CARABINEROS POR HOMICIDIOS EN QUINTA NORMAL EN 1973

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al oficial de Carabineros en retiro Carlos Alfredo Córdova Salinas a la pena de 15 años y un día de presidio por su responsabilidad en los homicidios de: Carlos Humberto Astudillo Monsalve, Juan José Manuel Morales Herrera, Gabriel Ricardo Nelson Martínez Leyton, Sergio Wenceslao Rojas González y Hernán Sergio González Nicolau, ilícitos perpetrados el 26 de septiembre de 1973, en la comuna de Quinta Normal.

En fallo unánime (causa rol 2144-2015), la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Mario Gómez y el abogado (i) José Luis López Reitze– revocó la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2015, por el ministro Mario Carroza, que había absuelto a Córdova Salinas, aplicando el principio de la "cosa juzgada" por existir un proceso sobre los hechos, tramitado en el Segundo Juzgado Militar, en 1973.

La resolución del tribunal de alzada revirtió fallo de primera instancia al constatar que no existen antecedentes que permitan asegurar que la justicia militar haya aplicado alguna pena al uniformado, por no existir registro de sentencia.

"Que, por de pronto, la supuesta sentencia condenatoria en los autos Rol N° 511-1973 agregada a fojas 476, está incompleta pues no contiene su parte resolutiva y tanto el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Departamento de Seguridad de Gendarmería de Chile y el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, señalan que no hay constancia de haberse dictado sentencia de término en dichos autos. Asimismo, en el certificado de filiación y antecedentes de Córdova Salinas -de fojas 496- se indica que la condena impuesta en los autos Rol N° 511-1973 es de 15 años y un día de presidio en su grado máximo pero la pena fue remitida, información claramente errónea ya sea por la fijación misma de la pena como por el beneficio extracarcelario. El Jefe de Seguridad de Gendarmería de Chile informa que Córdova Salinas no se presentó a cumplir la medida alternativa", expone el fallo.

La resolución agrega que "(…) sumado a lo anterior, el acusado nunca ha mencionado que existió un juicio previo ni menos una sentencia que debió cumplir (fojas 582). Tampoco su defensa hizo presente tal situación al contestar la acusación. El acusado refiere haber firmado por el término de dos años en las oficinas que habrían correspondido al Registro Civil, lo que resulta inverosímil, pero no recuerda si ese caso tiene relación con alguna de las víctimas de esta investigación".

Por consiguiente –continúa–, "(…) no hay datos que permitan acreditar la existencia de una sentencia ni menos de su cumplimiento, emanada de la Justicia Militar y desde esta perspectiva la absolución en base a dicho factor no es efectiva. Cabe señalar que la existencia de una sentencia anterior sobre los mismos hechos de este proceso no puede colegirse de otros antecedentes que no sean los idóneos para tal propósito: el original o una copia autorizada del fallo sin que se haya cumplido tal exigencia en la especie. Por lo demás, de la lectura de la copia incompleta del fallo corriente a fojas 476, se verifica que se trata de un delito distinto al que es materia de este proceso, sin que la investigación de la misma haya determinado los hechos y la tipificación de los ilícitos, configurándose una mera formalidad sin la voluntad de "descubrir la verdad de lo sucedido con las víctimas".

Minstro Mario Carroza Cierra Sumario En Episodio Calama De Da Caravana De La Muerte

El ministro de fuero concluyó la investigación del proceso que recibió de la ministra Patricia González Quiroz, tras la reorganización de causas por violaciones a los derechos humanos, en diciembre pasado.

Entre los procesos se encuentran los episodios de Calama y La Serena de la "Caravana de a Muerte".

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, cerró sumario en la investigación que sustancia por los secuestros calificados de Mario Argüelles Toro, Carlos Berger Guralnik, Haroldo Cabrera Abarzúa, Jerónimo Carpanchai Croque, Bernardino Cayo Cayo, Carlos Escobedo Caris, Luis Gahona Ochoa, Jacinto Garrido Muñoz, Luis Alberto Hernández Neira, Manuel Hidalgo Rivas, Rolando Hoyos Salazar, Domingo Mamani López, David Miranda Luna, Hernán Moreno Villarroel, Luis Moreno Villarroel, Rosario Aguid Muñoz Castillo, Milton Muñoz Muñoz, Víctor Ortega Cuevas, Rafael Pineda Ibacache, Carlos Piñero Lucero, Sergio Ramírez Espinoza, Fernando Ramírez Sánchez, Alejandro Rodríguez Rodríguez, Roberto Rojas Alcayaga, José Saavedra González y Jorge Yueng Rojas, ejecutados el 19 de octubre de 1973 y víctimas del denominado episodio Calama, de la causa denominada "Caravana de la Muerte".

El ministro de fuero concluyó la investigación del proceso que recibió de la ministra Patricia González Quiroz, tras la reorganización de causas por violaciones a los derechos humanos, en diciembre pasado.

En el episodio Calama, se encuentra procesados los miembros del Ejército en retiro: Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, Carlos Max George Langer von Furstemberg, Hernán Rómulo Núñez Manríquez, Emilio Robert de la Mahotiere González, Luis Felipe Polanco Gallardo, Óscar Figueroa Márquez, Álvaro Alonso Romero Reyes, Pedro Espinoza Bravo, Sergio Carlos Arredondo González, Víctor Ramón Santander Véliz y Eugenio Rivera Desgroux.

Rousseff no logra frenar la tormenta económica: más desempleo y recesión

La desocupación llegó a 9%, la más alta desde la debacle financiera de 2008, y la economía cayó por noveno mes consecutivo; pidió garantizar el equilibrio fiscal.

La presidente Dilma Rousseff durante café de la mañana con periodista

são paulo.- Superados los primeros embates de la oposición el año pasado a favor de un impeachment, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se concentra ahora en luchar contra otra gran amenaza que acecha a su debilitada administración: las turbulencias económicas, que no le dan respiro.

En medio de la creciente recesión, otros índices negativos encendieron las alarmas ayer en el gobierno brasileño. El desempleo alcanzó ya el 9%, la cifra más alta desde la crisis financiera internacional de 2008-2009, mientras que la actividad económica del país se desaceleró por noveno mes consecutivo en noviembre.

"Todo el esfuerzo del gobierno estará centrado en impedir que tengamos en Brasil un nivel de desempleo elevado. Para mí es la gran preocupación y es en lo que nos centramos todos los días. Es lo que más preocupa y lo que requiere más atención del gobierno", subrayó la presidenta en un encuentro con la prensa en Brasilia, poco después de que el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) divulgara las últimas crifras sobre el mercado laboral.

De acuerdo con los datos oficiales, en el trimestre agosto-octubre de 2015 la población desocupada llegó a 9,1 millones de personas, lo que representa un incremento del 5,3% en relación con el trimestre mayo-julio y una disparada del 38,3% en comparación con el mismo período de 2014.

De cualquier manera, la tendencia sigue siendo hacia el alza. Todos los analistas privados coinciden en que 2015 cerró con una tasa de desempleo superior al 10%. Por ahora, se trata del nivel más alto desde que la crisis de 2008 hizo subir la desocupación -que venía en baja- al 8,1% en 2009.

Sin embargo, el año pasado el mercado laboral se vio afectado por el desplome de la actividad económica, estimada en 3,7% del PBI; según los datos del IBGE, noviembre fue el noveno mes consecutivo de desaceleración, con efectos muy negativos en la tasa de ocupación.

Tan sólo en el trimestre de agosto-octubre de 2015 se perdieron 2,5 millones de empleos. Y este año las perspectivas aún son negativas, con un panorama recesivo que lleve a una retracción de la economía de por lo menos 3%.

"Es por eso que creemos que algunas medidas son urgentes. Reequilibrar a Brasil en un cuadro de caída de la actividad implica necesariamente, a no ser que tengamos un discurso demagógico, ampliar los impuestos", advirtió Dilma, que subrayó que para abandonar la senda del desempleo es necesaria la aprobación "urgente" de algunas de las medidas propuestas por el Ejecutivo para reequilibrar las cuentas públicas del país y, consecuentemente, retomar el crecimiento.

En diciembre, la presidenta reemplazó al hasta entonces ministro de Economía, el banquero neoliberal Joaquim Levy, por quien era el titular de la cartera de Planificación, Nelson Barbosa, un economista de izquierda muy en sintonía con el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados.

"Necesitamos revertir la situación que provoca la caída de la actividad económica garantizando el reequilibrio fiscal con el fin de volver a crecer y genera empleo", señaló Dilma, tras repasar los recortes de gastos que impulsó el gobierno dentro del plan de ajuste diseñado por Levy.

Para quienes creían que las recetas ortodoxas estaban ya fuera del menú, la presidenta apuntó que volverá a la carga con su proyecto de reintroducir un impuesto a las transacciones financieras, pese a que recibió resistencias en el Congreso y a que algunos analistas temen que la nueva tasa ejerza más presión sobre la inflación, ya en 10,67%.

Dilma también afirmó que se mantiene firme en su intención de reformar el sistema de jubilaciones, pero señaló que se trata de un tema espinoso para el que es necesario un diálogo más amplio con todos los sectores de la sociedad.

Programas sociales

Dilma aclaró, en todo momento, que se preservarán los programas sociales establecidos durante la administración de su antecesor y padrino político, Luiz Lula da Silva, pero reconoció que "se recortarán los excesos" para garantizar su eficiencia y mantenimiento a largo plazo.

Sobre los intentos de la oposición para someterla a juicio político en el Congreso como consecuencia del maquillaje de la contabilidad pública ("pedaleadas fiscales"), asunto que dominó la agenda política el año pasado, Dilma volvió a criticar a sus rivales por usar la excusa de aquella práctica hecha por otros presidentes como base de un proceso de impeachment. Y los acusó de no respetar la voluntad del pueblo que, en octubre de 2014, la eligió para un segundo mandato.

"En Brasil no se puede sacar a un presidente por no simpatizar con él. Eso no es nada democrático. Además, creer que se puede sacar a un presidente porque desde el punto de vista político no se comparte sus ideas es algo que se hace en el parlamentarismo. El voto en el presidencialismo necesariamente implica que, para sacar a un presidente, se requieren razones concretas, que no sean políticas, y que estén previstas por la ley", se defendió.

De todos modos, el movimiento pro impeachment no está terminado, apenas en reposo, hasta que el Congreso vuelva de sus vacaciones de verano, a mediados de febrero. Entonces, se espera que la oposición, liderada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y el principal enemigo político de Dilma -el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB)- vuelvan a poner el tema sobre la mesa.

La CIDH acoge demanda por prohibir a exmonja lesbiana enseñar religión en Chile

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite una demanda contra el Estado de Chile por prohibir a Sandra Pavez, una exmonja lesbiana, dar clases de religión en un colegio público debido a su orientación sexual.

La profesora chilena y exmonja Sandra Pavez asiste a una rueda de prensa este martes 12 de enero de 2016, en la sede del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en Santiago (Chile).

"No puede ser que se haga callar a una persona que quiere hablar de Dios por tener una orientación sexual diferente. Lucharé hasta el final para que quede un precedente en la historia", dijo hoy Pavez durante su primera comparecencia ante los medios después de que hace unos meses se le comunicara la decisión de la CIDH.

En 2007, después de 22 años impartiendo clases de religión en una escuela pública de la capital chilena, Pavez recibió una llamada del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz. Ese fue el inicio de una pesadilla.

"Me dijeron que se habían enterado que era lesbiana y me exigieron que dejara mi pareja y acudiera a un psiquiatra de la Iglesia católica. Yo me negué y nunca más pude ingresar a un aula", explicó a la prensa.

La iglesia se valió de un decreto creado en 1984 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, según el cual la institución católica tiene la potestad para decidir quién es "idóneo" para impartir clases de religión.

Ser homosexual no es la única característica que según la Iglesia católica chilena es incompatible con el ejercicio de la docencia en la educación religiosa, pues también lo serían ser madre soltera o estar divorciado.

"Es inaceptable que el Estado de Chile le otorgue herramientas a la jerarquía católica para definir quién es idóneo para impartir clases de religión en colegios públicos", criticó el líder del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez.

Líder del Movilh: "En algunas universidades califican homosexualidad como enfermedad". Rolando Jiménez ...

La organización que lucha por los derechos de los homosexuales en Chile interpuso en 2008 la demanda a la CIDH contra Chile por lo que considera un "contubernio" entre la institución religiosa y el Estado chileno.

El pasado 21 de julio de 2015 la Comisión acogió a trámite la demanda tras considerar que la actuación del Estado de Chile vulneró distintos artículos de la Convención Interamericana como la no injerencia en la vida privada y la igualdad ante la ley.

"Creemos que esta va a ser una lucha simbólica y política muy importante para América Latina y Chile. Permitirá desarmar la confabulación y vulneración de derechos en el que se hacen cómplices el Estado chileno y las jerarquías de la Iglesia católica", afirmó Jiménez.

Tras la admisión a trámite de la demanda, el camino más fácil para Chile es iniciar una salida amistosa en la que se "derogara el artículo 924 y se ofrecieran disculpas y reparaciones a Sandra", señaló el líder de la agrupación homosexual.

De lo contrario, el proceso seguirá adelante en la Comisión y, muy probablemente, según Jiménez, la Corte emitirá una nueva condena por vulneración de derechos fundamentales, "con el desprestigio que esto implica para la institución del Estado".

Para Pavez, la decisión de la Comisión representa el posible fin de un calvario que le hizo perder su confianza en la institución religiosa.

"Pensaba que la Iglesia católica chilena era mucho más humana y aceptaba a las personas tal y como eran, me ha decepcionado muchísimo", señaló Pavez, quien a pesar de todo dice estar "tranquila", pues está convencida de que, a diferencia de la institución, Dios no la juzga por su orientación sexual.

Chile afronta la caída del cobre con "solidez económica", dice Bachelet

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aseguró hoy que la caída en el precio del cobre, el mayor producto de exportación del país suramericano, a raíz de los problemas en China será enfrentado con "la solidez de nuestra economía".

En la imagen un registro de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien señaló que "hemos conocido noticias relacionadas con el precio del cobre que preocupan, pero somos un país responsable, que maneja las finanzas públicas de manera prudente". 

En la inauguración del Foro Internacional de Inversiones en Chile 2016, la jefa del Estado chileno señaló que "hemos conocido noticias relacionadas con el precio del cobre que preocupan, pero somos un país responsable, que maneja las finanzas públicas de manera prudente".

"El mundo está conectado, no somos indiferentes a lo que sucede a nivel internacional, pero estamos trabajando y creemos que estamos preparados para proteger a los ciudadanos, mantener el crecimiento económico y atraer más inversión extranjera a Chile", añadió.

El encuentro que se celebra este martes congrega a más de 60 representantes de 46 compañías extranjeras, provenientes de 21 países, con intereses de inversión en diversos sectores de la economía chilena.

Bachelet hizo a los asistentes un llamado a invertir en el país austral y aprovechar "las oportunidades económicas de Chile, producto de nuestras múltiples redes de acuerdos de comercio y multilaterales de todo tipo, que se benefician de nuestra estabilidad, confiabilidad y capacidad".

La mandataria puso énfasis en el panorama económico que ha creado el país en las últimas décadas que resulta "muy beneficioso para los negocios y para todos nosotros".

"Este ambiente es fundamental para avanzar por el camino del crecimiento, la diversificación productiva, la innovación y el desarrollo inclusivo y sustentable, es decir, el camino por el cual todos podemos salir beneficiados", espetó la presidenta.

El cobre, que por su importancia para la economía chilena ha sido llamado "el sueldo de Chile" o "la viga maestra del desarrollo" cerró ayer en la Bolsa de Metales de Londres (LME) en 1,996 dólares por libra, el precio más bajo desde el 18 de mayo de 2009, cuando se cotizó en 1,995 dólares la libra.

Tras un nuevo "lunes negro" de los mercados chinos, el precio del metal cayó un 1,87 % respecto al viernes pasado, por lo que su promedio mensual y anual disminuyó a 2,063 dólares por libra.

Para Chile, cada centavo de dólar en el precio promedio anual del cobre supone unos 40 millones de dólares en impuestos y unos 91 millones en términos de balanza de pagos. 

Bachelet: “Hoy empezamos a saldar deudas con los pueblos indígenas que hemos arrastrado por demasiado tiempo”

Al explicar la nueva institucionalidad que regirá a los pueblos originarios, la máxima autoridad expresó que “estamos dotándonos de instrumentos y espacios de diálogo sin los cuales no se puede aspirar a un nuevo impulso en la relación entre el Estado chileno y los pueblos indígenas”.

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó hoy en el Patio Las Camelias del Palacio de La Moneda las leyes que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas. Para la creación de estos organismos se realizaron consultas a representantes de las nueve etinias reconocidas por el Estado de Chile: aymara, quechua, atacameños, diaguitas, kollas, rapa nui, kawésqar, yaganes y mapuches, dando así cumplimiento a los estándares exigidos internacionalmente.

“Tenemos el deber de hacer de nuestro país, un país donde se reconozca mejor su multiculturalidad y pluralidad”, aseguró la Mandataria, añadiendo que la idea es que generen “mayores espacios para que se exprese la riqueza cultural de nuestras identidades y se garantice el respeto y el trato igualitario a todo hombre y toda mujer, que todo pueblo y creencia merecen”.

A su vez, indicó que “ambas iniciativas son la concreción de un viejo anhelo y un renovado compromiso: elevar al máximo rango institucional la política indígena a través del Ministerio, mejorando también la coordinación imprescindible para hacer las cosas bien y velar por la presencia transversal en el Estado del enfoque indígena”.

En la misma línea, la Jefa de Estado aseveró que “esta nueva forma de trabajar es ahora política de Estado y se basa en el diálogo franco y respetuoso, para recoger las aspiraciones e intereses de los pueblos indígenas de Chile y también para procesar las diferencias”.

Y explicó que el Ministerio de Pueblos Indígenas colaborará con el Presidente de la República, en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a implementar, promover y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, su desarrollo económico social, político y cultural, y procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria.

Además, apoyará el desarrollo y ejecución de estas funciones el Comité Interministerial sobre Pueblos Indígenas que colaborará con el/la Ministro(a) de Pueblos Indígenas en la elaboración, seguimiento y evaluación de la implementación de las políticas, planes y programas orientados al desarrollo de los pueblos indígenas y sus miembros. Siendo el Ministerio la institución que resguardará el adecuado acceso de los miembros de los pueblos indígenas a los recursos naturales y a sus tierras; la protección, el acceso y la explotación sustentable de las tierras indígenas y los derechos de aguas; y será el encargado de promover el desarrollo económico y social de los miembros de los pueblos indígenas que las habiten, de conformidad a los mecanismos y procedimientos establecidos en la ley.

Ahondando en la nueva iniciativa, la Presidenta subrayó que “éste es el inicio del fin del silenciamiento de voces que nos definen como país y sin las cuales no podemos construir nuestro futuro. Estamos escribiendo una nueva página en nuestra historia compartida, estamos renovando los cimientos para construir juntos, y estableciendo una manera de seguir nuestra marcha sin exclusiones”.

Al finalizar, la Mandataria detalló que “la voz de los pueblos se legitimará en otras instancias, y esto lo haremos posible a través del Consejo Nacional y los nueve Consejos de Pueblos Indígenas, instituciones representativas que contaran con atribuciones, resolutivas, facultativas, y vinculante sobre sus propia orgánica y cuyo objeto será representar los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas a nivel general ante los organismos del Estado”.