Llaman a asegurar la participación de trabajadores mineros y faeneros en los procesos eleccionarios

En la resolución aprobada por la Sala, se resalta la necesidad de adoptar las medidas necesarias para que estos trabajadores puedan emitir su voto como cualquier otro ciudadano, en los procesos eleccionarios que tenga el país.

Con 121 votos a favor y 1 abstención, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la resolución 415. Por medio de ella, se solicita al Presidente de la República asegurar la participación de todos los trabajadores de la minería y faeneros que se encuentren de turno, en todos los procesos eleccionarios que se realicen en Chile.

De esta manera, se espera consagrar el concepto de “democracia justa”, que una a todo el país.

El documento resalta la importancia del cobre para Chile. Recuerda, por ejemplo, que gracias a él es posible sustentar gran parte de las necesidades del Estado y la entrega de beneficios sociales.

En dicho marco, se estima importante reconocer la función de los trabajadores de la minería, que con esfuerzo y sacrificio producen un inconmensurable aporte a nuestro país.

Se explica que existen más de 44 mil trabajadores en operaciones y faenas relacionadas con la gran y pequeña minería. Además, aproximadamente 18 mil personas laboran en empresas proveedoras que entregan los suministros requeridos en la ejecución de esta actividad.

Ante ello, se resalta que se vuelve primordial tomar las medidas necesarias para asegurar que estas personas puedan ejercer su legítimo derecho a sufragio en los procesos eleccionarios que enfrente el país.

La resolución la presentaron los/as PDG Yovana Ahumada, Roberto Arroyo, Karen Medina, Víctor Alejandro Pino y Gaspar Rivas. También la firman el independiente Francisco Pulgar y el PRI Enrique Lee.

Sala pide al Ejecutivo ratificar convenios internacionales relativos a seguridad y salud laboral

En la resolución, se llama a adherir al Convenio 155 de la OIT, sobre seguridad y salud de los trabajadores y el medio ambiente de trabajo; y al Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre salud y seguridad de los trabajadores.

Por 99 votos a favor, 3 en contra y 17 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la resolución 273. Por su intermedio, se solicita al Presidente de la República que ratifique el Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este aborda el tema de la seguridad y la salud de los trabajadores y el medio ambiente de trabajo.

Se resalta en el documento que dicho acuerdo requiere de una política nacional que tenga por objeto prevenir los accidentes. Igualmente, los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo. La idea es ir reduciendo al mínimo las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.

Junto a lo anterior, se llama a ratificar el Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre salud y seguridad de los trabajadores.

Según explica el texto, dicho acuerdo requiere el establecimiento de requisitos y procedimientos para el registro y notificación de los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales y, cuando sea procedente, los sucesos peligrosos, los accidentes de trayecto y los casos de enfermedades cuyo origen profesional es sospechoso.

Los gestores de la propuesta remarcan que ambos convenios contemplan garantías en favor de las y los trabajadores. Esto, dado que se establecen deberes del Estado para adecuar la legislación nacional a los estándares allí establecidos.

La resolución la presentaron Jaime Mulet (FRVS), María Candelaria Acevedo (PC), Boris Barrera (PC), Félix Bugueño (FRVS), Karol Cariola (PC), Luis Alberto Cuello (PC), Carmen Hertz (PC), Camila Musante (IND), Lorena Pizarro (PC) y Carolina Tello (PC).

Promueven que se haga un reconocimiento a las iglesias defensoras de los DD.HH. en la dictadura

La resolución, respaldada por la Cámara, pide que el Primer Mandatario reconozca la labor de diversos credos que participaron en el Comité de Cooperación por la Paz, el Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados y la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas.

La Sala de la Cámara aprobó, por 79 a favor, 11 en contra y 31 abstenciones, la resolución 182. En ella se pide al Presidente Gabriel Boric, el reconocimiento oficial -mediante un acto ecuménico- de diversas iglesias como defensoras de los derechos humanos de personas perseguidas y sus familias, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Entre las iglesias mencionadas están la Católica; evangélicas Metodista, Bautista, Luterana y Metodista Pentecostal; Ortodoxa; y la judía. También las del Consejo Mundial de Iglesias.

El acto busca valorar la imprescindible labor que cumplieron dichas entidades durante el régimen de Augusto Pinochet. Especialmente, quienes trabajaron activamente en el Comité de Cooperación por la Paz en Chile, presidida por monseñor Fernando Ariztía; el Comité Nacional de Ayuda a los Refugiados, dirigida por el obispo luterano Helmut Frenz; la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, dirigida por los nombrados anteriormente junto Samuel Nalegash y Claudio González.

El texto recuerda que, en dicho período histórico y hasta la recuperación de la democracia, Chile vivió en crisis por violaciones a los DD.HH. Entre los actos a lamentar se constaron torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y exilios.

En tal contexto, acota el documento, muchas instituciones religiosas respondieron prestando ayuda a miles de chilenos.

Los autores son Tomás Hirsch (IND), María Candelaria Acevedo (PC), Karol Cariola (PC), Ana María Gazmuri (IND), Carmen Hertz (PC), Claudia Mix (Comunes), Helia Molina (PPD), Lorena Pizarro (PC) y Gael Yeomans (PCS).

Cumbre del Mercosur comienza en medio de temores de 'perturbación' y 'extinción'

Brasil, Argentina y Paraguay reiteraron este lunes (5) sus críticas a Uruguay por su deseo de negociar acuerdos con países fuera del Mercosur, advirtiendo que eso podría "llevar a una ruptura", mientras que Montevideo considera que, sin apertura comercial, el bloque se encamina hacia la "extinción".

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, el 8 de septiembre de 2022 en Berlín John Macdougal


"Necesitamos un bloque capaz de estrechar lazos con otros países y bloques. No podemos permitirnos la inmovilidad", dijo el canciller anfitrión, el uruguayo Francisco Bustillo, en su discurso de apertura de la reunión del Consejo del Mercado Común.


El ministro uruguayo aclaró que su país "no pretende ni quiere romper con el bloque", fundado en 1991, pero consideró que la situación actual lo acerca a la "extinción".


Estas declaraciones respondieron al discurso del canciller argentino, Santiago Cafiero, para quien "se está siguiendo un camino que muy probablemente puede llevar a la ruptura" del bloque, en alusión a los intentos de Uruguay de negociar tratados bilaterales con terceros países, sin la aprobación de sus socios.


Bustillo afirmó que el Mercosur cuenta ya con 11 acuerdos vigentes y sólo cuatro de ellos son extrarregionales.


“Un dato no despreciable es que desde 2010 hasta hoy, la Organización Mundial del Comercio registra 172 tratados de libre comercio. Ninguno del Mercosur”, ilustró.


“No tenemos acuerdo con ninguna de las 10 principales potencias económicas y comerciales del mundo”, agregó.


La reunión de representantes de Estados Partes y Estados Asociados es el preámbulo de la cumbre de jefes de Estado de este martes, a la que asistirán el argentino Alberto Fernández y la paraguaya Mari Abdo, además del uruguayo Luis Lacalle Pou.


Tal como sucedió en julio pasado en la reunión de Asunción, Jair Bolsonaro se perderá este encuentro.


Domo "entretenido" -


El presidente uruguayo pronosticó una cumbre "entretenida" el miércoles pasado, tras la difusión de una nota en la que Brasilia, Buenos Aires y Asunción plantean la posibilidad de "eventuales medidas" contra Montevideo por su solicitud de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica. (CPTPP).


Horas después de la publicación del comunicado conjunto, el gobierno uruguayo cumplió con su pedido de adhesión al acuerdo comercial que integran Australia, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Brunei, Chile, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam.


Este es un nuevo capítulo en la disputa que el país más pequeño del bloque, con 3,5 millones de habitantes, mantiene con sus socios desde hace décadas.


De hecho, el gobierno de Lacalle Pou también está tratando de negociar un TLC con China sin la aprobación de los demás miembros del Mercosur, lo que irritó especialmente a Argentina y Paraguay.
- Hacia la "ruptura" -


Una resolución conjunta del año 2000 y el tratado fundacional de 1991 determinan que los acuerdos del Mercosur deben ser alcanzados en conjunto por los socios, interpretación de la norma que Uruguay no comparte.


"Nos preocupan ciertas actitudes unilaterales, orientadas a negociaciones bilaterales con terceros países fuera de los consensos del bloque", evaluó Cafiero. “Creemos que esto es contrario a las normas del Mercosur”, señaló.


“Los enfoques bilaterales no nos asustan”, pero “siempre fueron fruto del consenso”, reforzó.


"Nos preocupa que se esté avanzando en un camino que muy probablemente puede conducir a una ruptura" del bloque, dijo el ministro argentino.


El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos França, afirmó que Brasil está "abierto a discutir modalidades flexibles", siempre que ocurran "de manera franca y transparente en las instancias pertinentes del bloque y respetando los principios básicos" del Mercosur.


“El consenso es la regla del Mercosur y hay que respetarlo (…) El objetivo del Tratado de Asunción es claro, no hay lugar a interpretaciones”, dijo, a su turno, el canciller paraguayo, Julio César Arriola.


Para el especialista en Relaciones Internacionales Ignacio Bartesaghi, Uruguay “ha iniciado hasta ahora (…) anuncios y acciones que no tienen ningún tipo de posibilidad de reclamación judicial”.


Además, destacó que la ausencia de Brasil, la "potencia" regional, por segunda vez en una cumbre, es un claro indicador de la fragilidad actual del bloque.

Solicitan implementar un indicador diferenciado por regiones de vulnerabilidad socioeconómica

El llamado que hace la Cámara al Presidente, a través de una resolución, también plantea la creación de un mecanismo de medición del encarecimiento de la canasta de productos que considere la vida en las zonas extremas.

La Sala de la Cámara aprobó la resolución 402, que solicita al Ejecutivo implementar un indicador de vulnerabilidad que incluya, diferenciadamente, la realidad regional. Asimismo, pide la creación de un mecanismo de medición del encarecimiento de la canasta de productos, en la misma línea. Estas medidas tienen como objetivo facilitar el acceso a los beneficios sociales que otorga el Estado.

El texto evidencia la compleja situación de las regiones extremas, particularmente de la región de Aysén. Ello, ante diversas materias que para otras zonas parecieran de rutina o fácil realización.

Uno de los fenómenos que ha golpeado a la gran mayoría de la ciudadanía se refleja en el alza del costo de la leña.

Conocida es, además, la situación de distancias que les afecta en estas zonas del sur de Chile. Así, se constata que Coyhaique y otras comunas cercanas se ubican dentro de aquellas con el valor más alto de la bencina a nivel nacional. Dicha situación repercute en el valor del transporte.


Todos estos aspectos marcan una clara diferencia entre Aysén, las zonas o regiones extremas y aquellas que no lo son. Sin embargo, el sistema de medición de la vulnerabilidad socioeconómica es uniforme a nivel país. Recordar que este se concreta mediante el Registro Social de Hogares que, al asignar un porcentaje de vulnerabilidad, es determinante para el acceso a los beneficios que otorga el Estado.

Los autores son los diputados y diputadas RN Marcia Raphael, Juan Carlos Beltrán, José Miguel Castro, Mauro González, Andrés Celis y Carla Morales. También la firman el UDI Fernando Bórquez y los independientes Paula Labra, Christian Matheson y María Luisa Cordero.

Senado entrega respaldo a prórroga del estado de excepción en la macrozona sur

Los congresistas plantearon la necesidad de contar con un instrumento que otorgue la seguridad necesaria a la población y que a la vez, se extienda por un periodo que permita medir su efectividad.

Valorando la presentación del proyecto que genera nuevas condiciones para dictar un estado de excepción de emergencia, la Sala del Senado aprobó la vigencia del estado de excepción constitucional en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.


Con 34 votos a favor y uno en contra, los legisladores respaldaron el oficio del Ejecutivo, tal como lo hicieron más temprano las diputadas y diputados.


Durante el debate, se hizo mención al ingreso a la Cámara Alta del proyecto, iniciado en mensaje que establece un estado de excepción de emergencia por 60 días. Los senadores valoraron que las conversaciones se materializaran en una iniciativa que recoge una de las grandes críticas del instrumento actual que es su corta duración.


En cuanto a los hechos delictuales, se confrontaron las cifras entregadas por el Ministerio del Interior con aquellas que manejan senadores opositores que hablan de un incremento de los hechos de violencia en un 16% y la incidencia de ataques en parques nacionales.


Otros ejes de análisis abordados por los congresistas fueron los resultados de la labor investigativa, la efectividad del plan Buen Vivir, y la semántica de los términos “violencia rural y terrorismo”.


Conectando con la contingencia, el senador José Miguel Durana mencionó el paro de los camioneros y la decisión del Ejecutivo de decretar la ley de seguridad interior del Estado. “Creo que el camino es el diálogo y acá no se está aplicando. Dentro de las demandas del sector está la necesidad de recuperar la seguridad en la macrozona norte”, comentó.

BALANCE

Al inicio del debate, el ministro (S) del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve aseguró que “las decisiones adoptadas para frenar los delitos en la macrozona sur en el último año, han permitido que haya 46% menos de hechos de violencia rural y se han hecho 130 mil controles de identidad. También hemos dispuesto recursos para dar más herramientas a las policías para perseguir los delitos”.


La autoridad recordó también la visita del presidente Gabriel Boric a la región de La Araucanía, detallando que “se acordó generar una comisión de diálogo entre las partes para generar una paz sustentable basándose en el resto de todas las partes”.


Una vez abierta la votación hicieron uso de la palabra los senadores José García Ruminot, Matías Walker, Jaime Quintana, Gastón Saavedra, Fidel Espinoza, José Miguel Durana, Rojo Edwards, Iván Flores, Alfonso De Urresti y Kenneth Pugh.


Tras la votación, la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández aclaró que el proyecto de infraestructura crítica es otra norma que seguirá su tramitación en forma paralela a la recién presentada. “Creo que hay que reconocer lo que se está haciendo más allá de poner el acento en lo que falta. Hay que valorar el trabajo de las tropas que están desplegadas”, hizo ver.

Exponen sobre desafíos para la implementación de energías renovables

Para abordar este tema, la Comisión de Minería y Energía recibió al ministro Diego Pardow, a representantes del Coordinador Eléctrico Nacional y de asociaciones vinculadas a la generación y almacenamiento de energías renovables.

Impulsar la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional es el objetivo del proyecto analizado en la Comisión de Minería y Energía (boletín 14755).

La propuesta, presentada a fines del Gobierno anterior, busca el aumento de las metas de generación a gran escala. Además, pretende establecer un sistema de trazabilidad del carácter renovable de la energía e incentivar la generación distribuida.

En la última sesión, la instancia invitó al ministro de Energía, Diego Pardow. Esto, con el fin de conocer la razón por la que el Gobierno pretende potenciar la tramitación de la propuesta legislativa.

El secretario de Estado señaló que, en su diagnóstico inicial en la cartera, encontró deudas regulatorias y desafíos en esta materia. Por lo tanto, decidieron avanzar con proyectos que ya se encontraban en tramitación.

La autoridad reconoció que esta propuesta no entrega solución a todos los conflictos, pero aseguró que “es un primer paso en la dirección correcta”. Ello, porque el proyecto promueve mayor flexibilidad y sostenibilidad al sistema. Así, el fomento de la generación distribuida o net billing ayuda a descongestionar las vías de transmisión y facilitar la incorporación a la red.

El ministro, asimismo, señaló que la idea del Gobierno es presentar indicaciones a la propuesta una vez que esta sea aprobada en general. Apuntó que, actualmente, el país tiene desafíos en el desarrollo de energías renovables que permitan la meta de descarbonizar la matriz energética.

Junto a lo anterior, está el desafío del transporte de estas nuevas fuentes de energía. Dicha situación va acompañada de la capacidad de la institucionalidad de evaluar y dar respuesta a los proyectos que se pretenden desarrollar en esta dirección. Además, se suma el desarrollo de la industria del hidrógeno verde.

Todo esto requiere que se implementen normas que faciliten los procesos y que permitan una transición justa, que asegure estabilidad en las comunidades.

Otros invitados

A la sesión también asistió el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo. Lo acompañó el director ejecutivo del organismo, Ernesto Huber. Ambos expusieron sobre el estado de avance de las energías renovables en el país y sus apreciaciones del proyecto.

Señalaron que es fundamental modernizar las normas vinculadas al segmento de distribución de energías. Esto, con el objetivo de aumentar la competencia y permitir así la entrada de nuevos actores. En tal línea, estimaron necesario establecer requisitos de monitoreo en tiempo real para controlar la congestión por la inversión de flujos.

Igualmente, expuso en la comisión Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA A.G). En su presentación, destacó la importancia de comprender que estos cambios son por la necesidad de descarbonización de la matriz energética por la crisis climática.

Explicó que, solo para alcanzar dicho objetivo, es necesario añadir 22.5 GW de energías renovables y almacenamiento. “Esto es una cifra de una envergadura muy desafiante”, agregó. Actualmente, hay proyectos en curso que cubrirían 10 GW, pero argumentó que es necesario suplir los faltantes, para lo cual sería necesaria una inversión equivalente a 11 puntos del PIB.

Finalmente, expuso el presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, Claudio Seebach. En su intervención puso énfasis en que el objetivo es ir electrificando el consumo de energía, para lo cual es necesario mejorar las vías de transición.

Aseguró que, hoy, las tecnologías de generación responsable son las más competitivas y, por lo tanto, son las que más crecen. Por esto, ya no es correcto hablar de energías renovables “no convencionales”, pues el 98% de lo que se está construyendo son proyectos renovables y un 100% de los que están en evaluación.

Retoman estudio de proyecto que regula uso de terrenos afectados por incendios forestales

La Comisión de Medio Ambiente comenzó el análisis de una iniciativa, pendiente desde la legislatura anterior, que desincentiva el uso de los incendios como herramienta informal para generar cambios en el uso de los espacios siniestrados.

La Comisión de Medioambiente retomó la discusión de la iniciativa que regula los cambios de uso de suelo, los actos administrativos y obras de subdivisión, urbanización y edificación de terrenos afectados por incendios forestales (boletines 13967, 14017 y 14023).

Dicho proyecto fue aprobado en general en la legislatura anterior (31 de mayo de 2021). Comprende en sus bases tres iniciativas refundidas originadas por diputados/as y exlegisladores. Su fundamento es desincentivar el uso de los incendios como herramienta informal para generar cambios en el uso de los espacios siniestrados. Asimismo, busca establecer prohibiciones y obligaciones respecto de terrenos afectados por dichos incendios forestales.

El diputado Diego Ibáñez (PCS), autor de uno de los proyectos (13967), recordó que la iniciativa nació por el aumento de los incendios forestales en los últimos años. De ellos, acotó, el 98% son intencionales. Alertó que los terrenos, luego del siniestro, cambian de uso de suelo para emplazar edificaciones.

Durante la sesión, presentó un paquete de indicaciones que la comisión acordó que servirán de base para la presentación de otras propuestas de modificación.

Nueva propuesta

Diego Ibáñez dijo que la nueva propuesta simplifica el texto y recoge acotaciones realizadas por el Ministerio del Medio Ambiente del gobierno de Sebastián Piñera y sugerencias de expertos.

Indicó que se toma la experiencia comparada de España y México para crear un nuevo cuerpo normativo que busca regular los usos de dichos terrenos. Así, se establece una prohibición que se extenderá por 30 años, 20 años menos de lo que planteaba el proyecto original. De tal modo, el nuevo plazo se alinea con la recuperación endémica de los bosques, que se realiza entre 20 y 30 años.

Además, se prohíben ciertas acciones en los terrenos quemados. Por ejemplo, no construir o edificar, con excepción de reconstrucción de viviendas o infraestructuras ya existentes. Igualmente, no lotear o subdividir los terrenos, o destinarlos a actividades distintas que afecten la cubierta vegetacional.

El diputado comunicó que se modifica, asimismo, la Ley de Urbanismo y Construcciones. El objetivo es que, en la interfaz urbano-rural, los dueños de predios rurales faciliten el acceso de vehículos de emergencia para evitar incendios forestales.

Por otra parte, se cambia la Ley de Bosque Nativo, para modificar el concepto de incendio forestal. Es decir, que no solo afecte suelo forestal, sino también formación vegetal y áreas colindantes al límite urbano o centro poblacional.

Por último, se establecen sanciones a quien vaya en contra de la norma. Junto a ello, se propone la obligación de regenerar y recuperar la zona siniestrada con plantaciones de alto valor ecológico, prohibiendo el monocultivo de Pino o Eucalyptus.

El objetivo del proyecto fue compartido por las y los diputados, aunque se manifestaron ciertas aprehensiones respecto al plazo propuesto de 30 años. De igual modo, sobre la intencionalidad de los siniestros, que puede afectar predios destinados a otras actividades, que pueden verse impedidas de desarrollar.

Ecoblanqueo o lavado verde de imagen

En otra línea, la instancia continúo con la votación en particular del proyecto que previene y sanciona el ecoblanqueo o lavado verde de imagen (boletín 15044).

El texto busca definir y precisar el concepto de lavado verde de imagen o “greenwashing” en la legislación chilena. De igual modo, pretende prevenir dicho comportamiento e impulsa una plataforma permanente de información ambiental de las empresas. La idea es dotar de mayores herramientas para fiscalizar y sancionar a quienes incumplan la normativa.

En la jornada se aprobó una indicación y un artículo relacionado a la “publicidad de la sustentabilidad”, que establece que las empresas deberán entregar información completa, veraz, verificable, comprensible y precisa. Además, no se podrán omitir antecedentes que puedan inducir a error.

Tampoco podrán publicitarse como sustentables prácticas que se ejecuten en mero cumplimiento de las leyes o de medidas de mitigación, reparación, compensación o compromisos voluntarios respecto a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Finalmente, quedó pendiente de votarse la norma que señala que no podrán hacer publicidad de la sustentabilidad las empresas que han sido condenadas por daño ambiental o sancionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente por infracciones graves o gravísimas.

Segunda jornada de Presupuesto 2023: avanzan en partidas de Mujer, Trabajo, Segegob y Segpres

De acuerdo al cronograma establecido para el segundo trámite, la Sala del Senado continúa este miércoles y jueves, el tratamiento del proyecto del erario nacional. Las sesiones se transmiten en vivo por TV Senado.

Con diversos acuerdos y votaciones continúa este martes, la segunda jornada en el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2023, en la Sala del Senado. Cabe recordar que en la primera jornada, se despacharon 17 partidas.



La partida correspondiente al Ministerio de la Mujer se aprobó tras la discusión de la indicación del Ejecutivo que repuso la asignación para la Fundación de la Familia la que, según explicó la directora de la Dipres Javiera Martínez, es esencial para dar continuidad a los programas desarrollo familiar y familia digital. Al respecto, la senadora Claudia Pascual recalcó que este presupuesto trabaja con las familias más pobres, con una lógica provincial, presente en todas las regiones de nuestro país.

Luego, la Sala se abocó a la partida del Ministerio del Trabajo que discutió una indicación del senador Chahuán declarada inadmisible y que buscaba aumentar el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250 mil pesos a partir de enero.



Por su parte, la Directora de Presupuestos indicó que actualmente existe un proyecto de ley que aumenta la PGU a ese mismo monto de forma responsable y sostenible en el tiempo, mientras que paralelamente, se discute la reforma tributaria. Tras esta respuesta, el senador Chahuán retiró la indicación y la partida fue aprobada por la Sala.

En la partida del Ministerio Secretaría General de Gobierno, tras una amplia discusión, la Sala aprobó en votación dividida las indicaciones que rebajaron el presupuesto destinado a bienes y servicios de consumo y a la Secretaría de Comunicaciones.



Dichas indicaciones, de autoría del senador Juan Castro, generaron un extenso debate entre los parlamentarios, especialmente, porque parte de los mencionados recursos se emplean para la realización de campañas de interés público de distintos ministerios en medios de comunicación, según explicó el Ejecutivo.



Luego, la Sala aprobó la indicación presentada por el Ejecutivo que busca reponer el presupuesto de Gastos en Personal y que había sido disminuido en la Cámara de Diputadas y Diputados.



Hicieron uso de la palabra los senadores: Iván Moreira, Yasna Provoste, Ricardo Lagos, Alejandra Sepúlveda, Fabiola Campillai, Daniel Nuñez, Juan Castro, José García Ruminot, Claudia Pascual, Luciano Cruz Coke, Juan Antonio Coloma, Álvaro Elizalde, Gustavo Sanhueza y Francisco Chahuán.



Finalmente, la partida fue aprobada por 31 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

 

La partida del Ministerio Secretaría General de la Presidencia se despachó por 36 votos favorables y 1 en contra. Sin embargo, el debate estuvo centrado en la indicación del Ejecutivo relativa a uno de los planes maestros del gobierno para atender las demandas de las comunidades mapuches en 4 regiones del país, incluyendo La Araucanía.



Aquí, la primera observación que hicieron diversos senadores fue ¿por qué el Plan Buen Vivir se encuentra en la partida de la Segpres y no en el Ministerio de Desarrollo Social?, al tiempo que se realizaron diversas consultas sobre los recursos destinados a la contratación de profesionales para apoyar al Estado a la articulación de las diversas propuestas.



Incluso hubo voces de advertencia respecto a los perfiles de elección de dichos profesionales, puesto que se requieren altas competencias y coordinación “que no sean activistas y que no tengan vínculos con actos de violencia”, mientras que desde la otra vereda hubo un reconocimiento a que esta es uno de los conflictos más importantes del Estado de Chile y se requiere la expertise y hacer un acto de fe con el Ejecutivo.



En la ocasión, la ministra Ana Lya Uriarte, respondió las inquietudes de los parlamentarios amparándose en la Ley Orgánica de la Segpres, ministerio integrante del Comité Político y, especialmente, mandatado para “actuar por orden del Presidente de la República con otros ministerios y organismos. Este es un plan intersectorial y se requiere de tal autoridad para movilizar las diversas decisiones dentro del ámbito sectorial”. Tras el debate donde hicieron uso de la palabra los senadores: Felipe Kast, Rojo Edwards, Alejandra Sepúlveda, José García Ruminot, Jaime Quintana, Alfonso De Urresti, Rodrigo Galilea, Francisco Chahuán y Fidel Espinoza, la mencionada indicación que fija el monto del plan Buen Vivir en $843.708 miles y que aumenta de 17 a 23 los funcionarios, se aprobó por 36 a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

Dan a conocer proyectos habitacionales seleccionados por el Concurso Nacional 2022 del Programa de Integración Social y Territorial (DS19)

 

Se trata de un plan que incentiva el desarrollo de proyectos habitacionales que permiten a familias de diferentes realidades socioeconómicas adquirir su primera vivienda. En total se aprobaron 125 proyectos distribuidos en 14 regiones y 63 comunas del país.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, junto con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña, y representantes de instituciones financieras, presentó la selección de proyectos del concurso nacional de 2022 del Programa de Integración Social y Territorial (DS19).

En total son 125 los proyectos aceptados, equivalentes a 25.022 viviendas, que beneficiarán a familias de diferentes realidades socioeconómicas, quienes podrán acceder a su primera vivienda.

El programa DS19 sufrió una serie de mejoras, las cuales permitieron generar un alto interés por parte de las Entidades Desarrolladoras a la hora de presentar proyectos, todo en un contexto de dificultad para el sector construcción por los efectos de la pandemia.

¿Pero qué es el Programa de Integración Social y Territorial?

Es un programa que incentiva el desarrollo de proyectos habitacionales que permite a familias de diferentes realidades socioeconómicas adquirir su primera vivienda con apoyo del Estado, accediendo a conjuntos de vivienda en barrios bien localizados y cercanos a servicios, con altos estándares de calidad en diseño, equipamiento y áreas verdes.

Inició su implementación en 2016. Las familias que tienen un subsidio para comprar una vivienda lo pueden aplicar en estos proyectos habitacionales, en la medida que existan viviendas por el valor correspondiente a su beneficio. De igual forma, las familias o personas que no tienen un subsidio habitacional también pueden acceder a viviendas de estos proyectos, siempre y cuando cumplan con los requisitos de postulación al Subsidio para Sectores Medios (DS1).

¿Cuántos proyectos se presentaron para la selección de este año?


El periodo para que las Entidades Desarrolladoras presentaran proyectos estuvo abierto hasta el 1 de agosto pasado. En total, se ingresaron 203 proyectos, equivalentes a 40.442 viviendas, en 14 de las 16 regiones del país (no se presentaron en las regiones de Aysén y Magallanes).

¿Cuántos proyectos se seleccionaron?

Luego del proceso de evaluación, 125 proyectos resultaron seleccionados, equivalentes a 25.022 viviendas, que corresponden al 62% de la oferta presentada. Los proyectos seleccionados corresponden a 51 Entidades Desarrolladoras, destacando aquellas con mayor número de proyectos seleccionados: PY, ISIETE, Conavicoop, Ecomac y Maestra.

La distribución territorial de los proyectos abarca 63 comunas en 14 de las 16 regiones del país, destacando la incorporación de las comunas de Calle Larga (Región de Valparaíso); Chimbarongo (Región de O’Higgins); Arauco (Región del Biobío) y Conchalí, San Miguel, Quinta Normal y San Ramón en la Región Metropolitana.

¿Qué aspectos destacan en este llamado especial de 2022?

La pandemia significó una serie de dificultades para el sector construcción. Sus efectos sobre la cadena de suministros a nivel internacional persisten, expresándose en un alza del costo de los insumos, su escasez, así como falta de mano de obra, situación para la que el Minvu trabaja para dar una solución en el largo plazo.

Para este llamado en particular, se implementaron medidas y se realizaron gestiones orientadas a generar incentivos e impulsar el desarrollo de nuevos proyectos. Entre estas se cuentan: Gestiones ante las instituciones que tramitan los permisos (ambientales, de mitigación vial, de edificación, entre otros) con el objeto de acelerar los procesos y lograr que estos proyectos se materialicen dentro de los plazos del Plan de Emergencia Habitacional.

Ajustes a los montos de subsidio y precios de vivienda del programa, tanto para el llamado 2022 como para los proyectos de años anteriores.
Desde el punto de vista del financiamiento, se han anunciado medidas que buscan mejorar las garantías de acceso al crédito y la extensión de la eliminación gradual del crédito especial para empresas constructoras.

Gracias a estas medidas, las empresas mostraron un importante interés en participar del proceso, reflejado en el volumen de viviendas postuladas que superó ampliamente los recursos dispuestos en el llamado. Esto motivó un incremento por parte del Minvu que permitió ampliar el total de proyectos seleccionados, reforzando el modelo de alianza público-privada que propone el Programa de Integración Social y Territorial.

Fuente: Gobierno de chile

Cámara rechazó violaciones a los DDHH y represión a la libertad religiosa en Nicaragua

En la resolución aprobada por la Sala se refutan diversos hechos de violencia y de represión gestados por la autoridad del país centroamericano. En ellos se constatarían muertes de civiles, acoso y encarcelamiento de religiosos, secuestros y heridos.

Una mayoría de 104 votos favorables permitió la aprobación de la resolución 393 (también hubo un voto en contra y 13 abstenciones). Por su intermedio, la Sala de la Cámara expresa su más absoluto repudio a hechos de violencia acontecidos en Nicaragua. Particularmente, se refutan situaciones de acoso, tortura y hostigamiento de los fieles cristianos que se encuentran en dicho país.

Se estima que, sin importar el credo o religión que se profese, es un “deber moral y cívico” condenar enérgicamente este tipo de hechos.

En tal perspectiva, se rechaza vigorosamente las medidas adoptadas por el gobierno de Nicaragua en contra de los cristianos de dicho país. Entre las situaciones observadas están el acoso a religiosos; el secuestro y tortura de personas; y la muerte de cientos de personas. 

También se considera en este contexto la cancelación de la personalidad jurídica a más de 101 organizaciones no gubernamentales vinculadas a la iglesia.

Así, se llama al cese inmediato de dichas vulneraciones y represiones. “No contribuyen en nada al reconocimiento y respeto intrínseco de la dignidad innata a todos los seres humanos”, se argumenta.

DDHH


En la resolución, asimismo, se manifiesta un profundo rechazo a las vulneraciones al derecho a la libertad religiosa. En tal plano, se insta al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones en esta materia y contribuir al bienestar físico y espiritual de sus habitantes.

Por último, se expresa un firme compromiso con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Ello, teniendo a la vista en este caso la libertad religiosa y de expresión, así como el derecho a la integridad física y psíquica de todas las personas, sin distinción alguna.

La resolución es una propuesta de Miguel Ángel Calisto (DC), Chiara Barchiesi (PREP), Felipe Donoso (UDI), Jorge Guzmán (EVOP), Juan Irarrázaval (PREP), Andrés Jouannet (IND), Karen Medina (PDG), Miguel Mellado (RN), Ximena Ossandón (RN) y Renzo Trisotti (UDI).

Jorge Bermúdez expuso ante comisión investigadora por beneficios intrapenitenciarios

El contralor general entregó información sobre aspectos jurídicos de reglamentos penitenciarios y resoluciones, a partir de las solicitudes de pronunciamiento enviadas por diputadas/os.

Avanza el trabajo de la Comisión Investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a la concesión de permisos de salida por parte de Gendarmería de Chile.

La instancia analiza la existencia de eventuales consideraciones políticas en decisiones administrativas relacionadas con beneficios intrapenitenciarios. Asimismo, busca establecer la participación que en ello puede tener el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En especial, obtener antecedentes en relación a la concesión de permisos de salida de José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel y de Celestino Córdova. Esto debido a que fueron autorizados a retornar al medio libre a poco avanzar sus condenas.

La instancia fiscalizadora recibió la exposición del contralor general, Jorge Bermúdez, quien expuso sobre la Resolución Exenta 3.925, de 29 de julio de 2020. Esta aprueba disposiciones respecto a la aplicación de reglamentación penitenciaria. En particular, en consideración a la normativa vigente, nacional e internacional, sobre pertinencia cultural y religiosa en determinadas materias.

Bermúdez señaló que, a partir de las solicitudes de pronunciamiento sobre la legalidad de esta resolución -remitidas por diputadas/os- el análisis que hace la Contraloría es de jerarquía normativa. “Cómo se ajusta la regla de aplicación que tenemos a una norma que es superior jerárquica como un Decreto Supremo, que es un reglamento que se basa en la Ley Orgánica de Gendarmería”.

Acotó que “acá uno ve que la resolución está dentro de las competencias del marco de las competencias de las personas que ejercen el poder”.

Resolución Exenta

Bermúdez explicó que la citada resolución fue suscrita por Christian Alveal, ex director nacional de Gendarmería. Añadió que, por tratarse de una resolución exenta, esta no pasó por el control previo de la Contraloría.

“En ella se instruye que, para evaluar la participación de la población indígena privada de libertad en las actividades educativas, se deben tener presente las circunstancias personales del interno, las características y los recursos del recinto”.

Esta indica que, mientras no se implementen en los centros penitenciarios los proyectos educativos con enfoque intercultural, los reclusos que no quieran asistir a la escuela, por falta del referido programa, “no verán afectadas sus posibilidades de postular a los permisos de salida, libertad condicional o traslados a Centros de Educación y Trabajo”.

Agregó que, además, instruye que deben actualizarse las instrucciones relativas a la aplicación de sanciones disciplinarias a raíz de una huelga de hambre. “Entendiendo que la huelga de hambre desarrollada en forma pacífica no es susceptible de consecuencias disciplinarias”.

Dictamen

Frente a esto, Jorge Bermúdez indicó que el dictamen de la Contraloría establece que la concesión, suspensión o revocación de permisos de salida es facultad privativa del jefe del establecimiento penitenciario.

Así, pese a las atribuciones del director nacional, “de ningún modo estas pueden importar una autorización para alterar requisitos o condiciones fijadas para acceder a determinadas medidas o beneficios, ya sea legal o reglamentariamente”.

Sobre la falta de programas educativos, confirma que la participación en actividades educacionales de los reclusos no es una condición necesariamente obligatoria. De este modo, la autoridad puede ponderar la situación personal de cada interno así como los recursos disponibles en cada recinto.

Respecto de las huelgas de hambre, se establece que no resultó procedente que una resolución altere lo dispuesto en el reglamento. “Sin que se advierta alguna disposición internacional o interna que permita al director de Gendarmería alterar el principio de la jerarquía normativa”, subrayó.