Una mayoría de 104 votos favorables permitió la aprobación de la resolución 393 (también hubo un voto en contra y 13 abstenciones). Por su intermedio, la Sala de la Cámara expresa su más absoluto repudio a hechos de violencia acontecidos en Nicaragua. Particularmente, se refutan situaciones de acoso, tortura y hostigamiento de los fieles cristianos que se encuentran en dicho país.
Se estima que, sin importar el credo o religión que se profese, es un “deber moral y cívico” condenar enérgicamente este tipo de hechos.
En tal perspectiva, se rechaza vigorosamente las medidas adoptadas por el gobierno de Nicaragua en contra de los cristianos de dicho país. Entre las situaciones observadas están el acoso a religiosos; el secuestro y tortura de personas; y la muerte de cientos de personas.
También se considera en este contexto la cancelación de la personalidad jurídica a más de 101 organizaciones no gubernamentales vinculadas a la iglesia.
Así, se llama al cese inmediato de dichas vulneraciones y represiones. “No contribuyen en nada al reconocimiento y respeto intrínseco de la dignidad innata a todos los seres humanos”, se argumenta.
DDHH
En la resolución, asimismo, se manifiesta un profundo rechazo a las vulneraciones al derecho a la libertad religiosa. En tal plano, se insta al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones en esta materia y contribuir al bienestar físico y espiritual de sus habitantes.
Por último, se expresa un firme compromiso con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Ello, teniendo a la vista en este caso la libertad religiosa y de expresión, así como el derecho a la integridad física y psíquica de todas las personas, sin distinción alguna.
La resolución es una propuesta de Miguel Ángel Calisto (DC), Chiara Barchiesi (PREP), Felipe Donoso (UDI), Jorge Guzmán (EVOP), Juan Irarrázaval (PREP), Andrés Jouannet (IND), Karen Medina (PDG), Miguel Mellado (RN), Ximena Ossandón (RN) y Renzo Trisotti (UDI).
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