Gobierno anuncia entrega de Bono de Recuperación de 1,5 millones para afectados por incendio en Viña del Mar

 

El monto será entregado a las familias que hayan completado la ficha FIBE, no se necesita postular, y se espera que esta semana se puedan iniciar los primeros pagos.

La tragedia generada por el siniestro ocurrido la semana pasada en Viña del Mar, ha movilizado al Gobierno desde de un primer minuto para llegar con ayuda oportuna a todos los damnificados por esta tragedia.

En este trabajo multisectorial, hoy se anunció una importante noticia, ya que el Gobierno, a través del ministerio de Desarrollo Social, entregará el Bono de Recuperación para las familias afectadas, el cual asciende a un monto de $1.500.000.

Se trata de una ayuda que se espera sea depositada durante esta semana en las Cuentas Rut de las familias afectadas, y a la cual no hay que postular, ya que se entrega en base a los datos entregados a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

“El Presidente nos ha instruido hacer en este momento un cambio, un aumento en el monto del Bono de Recuperación, que es la primera respuesta para todos los gastos que han tenido que incurrir, y probablemente vayan a tener que incurrir los próximos días, las familias afectadas”, indicó el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.

“Este bono de recuperación va a ascender al monto de 1,5 millones de pesos, esto se entrega a las familias que han concurrido a llenar la ficha Ficha Básica de Emergencia (FIBE), y en función de la destrucción que haya sufrido su hogar, o las características del hogar”, agregó el ministro.

Detalló también que no se entregará en base a la calificación socioeconómica o el Registro Social de Hogares, si no por el solo hecho de que su hogar se haya siniestrado.

“Estamos viendo las nóminas, porque todas estas son autoreportes, por lo tanto se debe verificar cierta información para poder entregar estas ayudas lo antes posible, las que se depositarán directamente a las Cuentas Rut de las familias”, indicó.

Jackson señaló que se espera que entre hoy o mañana las nóminas estén finalizadas, para que los pagos puedan cursarse en lo posible dentro de esta semana o más tardar el primer día de la próxima.

“Pedimos a todas las personas que puedan acercarse a llenar la ficha, ya sea en los albergues, o también en alguno de los puntos en medio de la zona devastada. Estamos en Santiago 136, al frente del gimnasio Huracán Sur, el club deportivo del barrio. Vamos a conversar con el municipio para ver cómo llegar al resto de las familias para que nadie se quede sin ninguna ayuda que es tan necesaria en este momento”, finalizó el ministro Jackson.

Entrega de cédulas

Cabe señalar que otro de los organismos que se encuentra trabajando en terreno para apoyar a las familias afectadas, es el Registro Civil. El organismo, dependiente del ministerio de Justicia, se encuentra realizando operativos de emergencia para que los damnificados puedan recuperar sus documentos.

En ese sentido, el día de hoy se establecieron cinco puntos de emisión de cédulas de identidad ubicados en el Hotel O’Higgins (Plaza Vergara S/N); Junta de vecinos Paz y Progreso (Alejandro Navarrete 257, Nueva Aurora); Lomas Vista al Mar (Pasaje Puerto Williams con Valdivia); Tranque Sur (Intersección calles Santiago con Serena, frente al club deportivo Huracán) y Vista las Palmas (Calle la Colina, frente a los servicios municipales).


Catastro de viviendas

Otra de las tareas importantes que se empezará a llevar a cabo, esta vez a través del ministerio de Vivienda, es la aplicación de instrumentos para obtener el catastro final de viviendas afectadas por el incendio en Viña del Mar.

En ese sentido, el ministro Carlos Montes anunció esta mañana que desde hoy se iniciará la aplicación del Plan Operativo de Respuesta. En una primera etapa se realizará un trabajo en terreno en la zona afectada para determinar, a través de la Ficha 2, el total de viviendas involucradas en la emergencia y el tipo de daño que presentan, para posteriormente, poder implementar el Plan de Reconstrucción.

“Estamos en todas las etapas iniciales, hoy deberían quedar listas las fichas FIBE, y partir de esto, tenemos que en el transcurso de la semana avanzar para concretar el Plan de Reconstrucción en la zona. Todo esto, tiene protocolos y nosotros hoy ya comenzamos a recorrer la zona afectada y así conocer las características de las propiedades y los daños en los barrios, porque esto no es solo la vivienda, también sus entornos”, afirmó la autoridad.

Constituyen dos nuevas comisiones investigadoras en la Cámara

Las instancias fiscalizadoras deberán investigar hechos relacionados con la crisis en seguridad que afecta a la macrozona norte; y con el incendio que afectó a la bodega de la empresa Kayser, durante las protestas del estallido social.

Reunir antecedentes relativos a la crisis de seguridad que afecta a la macrozona norte es el objetivo principal de una de las últimas comisiones investigadoras constituidas en la Cámara de Diputadas y Diputados, la semana pasada.

El grupo parlamentario designó al diputado Jaime Araya (IND) como presidente. Asimismo, determinó que sesionarán los días lunes, de 15:00 a 16:30 horas.

El objetivo de esta comisión es investigar las nuevas formas de criminalidad y sus consecuencias en la macrozona norte. Esto, debido a las altas tasas de delincuencia que se observan en las regiones del norte del país. También, el creciente ingreso ilegal de inmigrantes.

Dicha decisión se adopta debido a los planteamientos realizados por diputadas y diputados de la macrozona norte, quienes han planteado su creciente molestia por la negativa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a instaurar en esas regiones un estado de excepción.

Empresa Kayser

La segunda instancia conformada en la Cámara pretende reunir antecedentes relacionados con el incendio que afectó a la bodega de la empresa Kayser, en la comuna de Renca. Esto, en el marco de las protestas del estallido social.

Cabe recordar que el hecho ocurrió el 20 de octubre de 2019. El hecho dejó como resultado a cinco personas muertas, cuyos cuerpos fueron encontrados por personal de Bomberos.

En ese contexto, la comisión reunirá los antecedentes sobre el accionar de la administración del gobierno anterior. El foco estará puesto en el Ministerio de Justicia, así como también en el Servicio Médico Legal (SML) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La instancia será presidida por el diputado Andrés Giordano (IND). En su sesión constitutiva, se definió sesionar los días miércoles, de 8:30 a 10:00 horas.

Las referidas instancias investigadoras tendrán un plazo de 90 días para evacuar su informe. Además, para el cumplimiento de su cometido, podrán constituirse en cualquier parte del territorio nacional.

Tribunal condenó a mayor de Carabineros que disparó contra estudiantes del Liceo 7 durante estallido social

“Nada justificaba el uso de una escopeta antidisturbios con munición no letal, ya que el teatro operativo del que tanto se hizo mención, no era de aquellos que lo requirieran”, estableció el fallo por el grave hecho ocurrido el 5 de noviembre de 2019 y que terminó con dos adolescentes lesionadas.

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó el pasado 23 de diciembre un veredicto condenatorio para el mayor de Carabineros Humberto Tapia Zenteno, en calidad de autor del delito de apremios ilegítimos en contra de estudiantes secundarias, esto en noviembre de 2019 en el marco del estallido social.

En una resolución unánime, el tribunal estableció que el 5 de noviembre de 2019 el mayor Tapia llegó junto a un piquete de Carabineros hasta el Liceo 7 Teresa Prats, ubicado en calle General Gana 959 en Santiago, en respuesta a un llamado de la directora del establecimiento, quien se encontraba encerrada en la sala de profesores junto a un grupo de docentes, en medio de manifestaciones de las alumnas por el estallido social.

Fue entonces -y cuando ya habían salido “todas las personas que estaban en las oficinas de dirección”, como destaca el fallo- que “el carabinero que llevaba un arma tipo escopeta antidisturbios, se devolvió, cargó su arma y efectuó un disparo, orientado hacia el suelo, en un espacio de tierra que se ubica entre el pasillo y el patio donde se encontraban las alumnas, no solo quienes resultaron lesionadas sino que muchas más, sumado a algunas docentes y paradocentes”.

Las estudiantes del liceo identificadas con las iniciales YM y CA terminaron con una lesión en su muslo izquierdo la primera, y en ambos muslos en el caso de la segunda, resultando además esta última con secuelas psicológicas.

Imagen referencial / Agencia Uno

Por otra parte, el tribunal sostiene que la manifestación que aquel 5 de noviembre tenía lugar en el Liceo 7 de Santiago “estaba lejos de ser calificada por el ordenamiento como de nivel 4 de agresividad, ya que (…) la integridad física de terceras personas o de los propios carabineros no se vio en peligro, por cuanto el lanzamiento de objetos contundentes hacia ellos no quedó suficientemente acreditado, mas sí el repliegue de las alumnas hacia el patio cuando ellos hicieron ingreso al establecimiento”.

“Nada justificaba, en ese momento, el uso de una escopeta antidisturbios con munición no letal, ya que el teatro operativo, del que tanto se hizo mención, no era de aquellos que lo requirieran”, se añade en el fallo. Y se agrega: “Tampoco se hizo ningún tipo de advertencia, ningún llamado a deponer la actitud de las alumnas, las que como ya se ha señalado, eran pocas en número y estaban replegadas en el patio del colegio”.

Por otra parte, la resolución advierte que el mayor Humberto Tapia usó su arma “en forma antirreglamentaria, ya que si bien (…) contaba con la capacitación para ello y la respectiva certificación, hizo caso omiso a la indicación del fabricante y a las instrucciones impartidas en su capacitación de hacer uso de esta a no menos de 25 o 30 metros”. “El disparo se efectuó a 7,5 metros de distancia de donde se encontraban las alumnas, lo que provocó que dos de estas resultaran lesionadas”, se apunta al respecto.

La audiencia de comunicación de la sentencia quedó programada para el martes 3 de enero de 2023 a las 11:30 horas.

Ni Perdón Ni Olvido : Operación Cóndor

La Operación Cóndor o Plan Cóndor fue un sistema de intercambio de información y presos entre las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Esta alianza se estableció formalmente el 25 de noviembre de 1975, pero había estado en funcionamiento desde la década de 1960.


El plan Cóndor contó con el apoyo logístico de Estados Unidos y su objetivo era controlar a los opositores a las dictaduras en el Cono Sur.

¿Qué fue la Operación Cóndor?

La Operación Cóndor consistió en la cooperación de los servicios de inteligencia de seis países latinoamericanos que estaban bajo un régimen dictatorial. Esta asistencia fue clandestina y no necesitó la autorización de la Justicia.

Las dictaduras latinoamericanas tenían como objetivo principal acabar con el comunismo. Por lo tanto, cualquier oposición fue etiquetada como de izquierda. La represión fue a menudo despiadada e incluyó secuestros, torturas y asesinatos.

Si bien se estableció en 1975, en Chile, durante la dictadura del traidor  Augusto Pinochet, ya existía colaboración entre los diferentes servicios de inteligencia del continente.

En todas las embajadas y consulados de los países involucrados se instaló un canal de comunicación paralelo. De esta forma, los agentes vinculados a la Operación Cóndor no necesitaban pasar por los cauces oficiales de la diplomacia.

Dictadores militares y, marcados en el mapa, los países que participaron en la Operación Cóndor

Estados Unidos y la Operación Cóndor

Estados Unidos estuvo involucrado en la implantación de dictaduras militares en América Latina. En algunos casos, como en Chile, planearon y ejecutaron el derrocamiento de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.

Esto sucedió porque el mundo estaba viviendo el período de la Guerra Fría donde los países se clasificaban según su orientación ideológica. Por lo tanto, hubo una disputa entre la URSS (comunista) y los Estados Unidos (capitalista).

En la Operación Cóndor, Estados Unidos aportó logística y conocimiento. Los militares se comunicaban con una especie de télex llamado "condortel".

Su funcionamiento fue enseñado a soldados latinoamericanos por el Ejército de los Estados Unidos, en la Escuela de las Américas, ubicada en Panamá. Así, por allí pasaba toda la comunicación de la Operación Cóndor.

Es importante recordar que esta institución instruyó a varios soldados latinoamericanos para torturar a los prisioneros.

La ayuda estadounidense a la Operación Cóndor duró hasta la administración de Jimmy Carter (1977-1981).

Brasil y la Operación Cóndor

Brasil participó activamente en la creación de la Operación Cóndor y ayudó a los regímenes militares vecinos a capturar ciudadanos. Por otro lado, militares brasileños se encargaron de reconocer elementos opositores que cruzaron las fronteras.

Como ya se habían instalado gobiernos militares en Brasil desde 1964, esto convirtió al país en el más experimentado del grupo. Para que se den una idea, el Servicio Nacional de Información (SNI), el organismo encargado de monitorear a los opositores, era el más grande del continente latinoamericano.

La primera cooperación entre Brasil y Argentina tuvo lugar en diciembre de 1970. En ese mes, el coronel Jefferson Cardim Osório fue detenido en Buenos Aires y llevado a Brasil. Osório fue el primero en formar guerrilla, en Três Passos (RS), contra el gobierno militar en 1965.

De la misma manera, Brasil colaboró ​​con la dictadura argentina. Uno de los casos fue la Contraofensiva Montonera, realizada en 1978, para capturar guerrilleros argentinos en Brasil.

Asimismo, el “Secuestro de los Uruguayos” se hizo famoso cuando Lilián Celiberti y Universindo Díaz, y sus dos hijos, ciudadanos uruguayos, fueron detenidos en Porto Alegre, en 1978.

Fue una acción conjunta preparada por militares uruguayos con la ayuda del Ejército brasileño. Gracias a una denuncia de un periodista de la revista Veja, la pareja fue llevada a prisión, pero no fueron asesinados.

Uno de los participantes en la Operación Cóndor, en Brasil, fue Mayor Curió. Fue uno de los comandantes de la Guerrilha do Araguaia. Actualmente está siendo investigado en Argentina, ya que ha estado involucrado en 108 casos de presos desaparecidos.

Tras su actuación militar, el alcalde Curió dirigió el conjunto de Serra Pelada con el pleno consentimiento del gobierno de Figueiredo (1979-1985).

Operación Cóndor revelada

Familiares con fotos de militantes y familiares durante el juicio de la Operación Cóndor. Foto: Joao Pina

La Operación Cóndor solo se reveló gracias a un aviso anónimo hecho en Paraguay. En este país se descubrió el llamado “Archivo del Terror”, que documentó la acción coordinada de los seis países.

A su vez, durante la administración del presidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001), Estados Unidos eliminó de la categoría de “confidencial” varios documentos relacionados con las dictaduras militares en Chile y Argentina.

Así, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de Argentina en 2003, anuló todos los indultos a los militares. Así comenzó la investigación y juicio de la Operación Cóndor en ese país.

Fin de la Operación Cóndor

La Operación Cóndor llegó a su fin con la caída de las dictaduras en los países latinoamericanos. Sin embargo, con el retorno de la democracia, ninguna de las desapariciones fue investigada, debido a las leyes de amnistía de cada país.

En el siglo XXI, sin embargo, esta actitud está cambiando. Operación Cóndor comenzó a juzgarse en Argentina en 2011 y las primeras sentencias salieron en 2016.

Chile ha estado investigando y procesando una serie de denuncias y Bolivia prometió, en 2016, que abriría los archivos para la investigación.

En Brasil, gracias a la acción de la Comisión Nacional de Verdad y Justicia, se estrenaron varias publicaciones y películas con el objetivo de esclarecer este terrible capítulo de nuestra historia.

" Ni Perdón Ni Olvido " Hace 52 años, Chile convirtió a Allende en el primer presidente socialista electo de América Latina

 

En su cuarta candidatura presidencial, el médico obtuvo el 36,6% de los votos. Así comenzó el gobierno de la Unidad Popular, que él mismo calificó como “la revolución hecha con empanadas y vino tinto”.

Salvador Allende desfila por las calles de Santiago el día de su pose.

Era un día viernes 4 de septiembre, hace tan solo 52 años. Ese día fue histórico para Chile y para toda América Latina.

Ese día, el cirujano Salvador Allende enfrentó las urnas en un intento por ser elegido presidente de Chile. Era su cuarto intento -tuvo una escasa votación en 1952, pero fue el segundo más votado en 1958 y 1964- y esta vez llegó como favorito, en la disputa contra el expresidente conservador Jorge Alessandri y el líder demócrata cristiano Radomiro Tomic.

La campaña presidencial de ese año estuvo marcada por una gran movilización popular, apoyada especialmente por artistas y dirigentes sindicales obreros y campesinos a favor de la candidatura de Allende, quien representaba la coalición entre su Partido Socialista y el Partido Comunista del poeta Pablo Neruda.

Sin embargo, las últimas semanas antes de las elecciones estuvieron marcadas por muchas tensiones. En todo el mundo, la posible victoria de Allende reverberó como un evento que podría cambiar el curso de la historia.

En América Latina sólo había un experimento socialista vigente: la Cuba de Fidel Castro, que llegó al poder a través de la revolución. En ese contexto de Guerra Fría, no fue difícil etiquetar el caso cubano como una supuesta dictadura. Si bien derrotó a una verdadera dictadura –la de Fulgencio Batista, apoyada por Estados Unidos–, lo hizo por las armas, y quienes desconocían la realidad cubana estaban convencidos de que los revolucionarios eran los que destruían la libertad.

Pero, en el caso de ese Chile, que estaba a punto de elegir a un socialista, ¿cómo sería posible convertirlo en un enemigo de la democracia si llegaba al poder por las urnas? Por lo tanto, ese tramo final de la campaña tuvo un importante impulso económico a favor de la campaña de Alessandri, quien había terminado su mandato en 1964 con bajos índices de popularidad.

También hubo ataques armados, algunos de ellos con bombas, en regiones y barrios donde se ubicaba la base electoral de Allende. Los ataques tenían como objetivo intimidar, hacer que el electorado de Allende desistiera de votar por miedo.

¡Casi funcionó! Porque ese día 4, Allende tuvo una victoria menor a la esperada: obtuvo el 36,6%, mientras que Alessandri obtuvo el 35,3% y Tomic con el 28,1%.

Hubo una fiesta en las calles el domingo 4 de septiembre, luego del conteo de los últimos votos. En teoría salía elegido Salvador Allende, ya que en ese momento no había segunda vuelta y bastaba una mayoría simple para ganar.

Sin embargo, a falta de una segunda disputa electoral directa, la ley chilena preveía un obstáculo aún más complicado: un procedimiento indirecto para la ratificación de la victoria electoral.

Para que un presidente tuviera confirmada su victoria electoral, necesitaba someterse al llamado “Congreso Pleno”, que se realizaría el 24 de octubre, cuando se llevaría a cabo la primera votación de los nuevos parlamentarios electos en la misma elección. 

La alianza de Allende, entre socialistas y comunistas, no tuvo suficientes votos en la Legislatura y corría el grave riesgo de ser la primera en la historia en ser rechazada. Sin embargo, el democratacristiano Radomiro Tomic, en un gesto todavía recordado como de enorme nobleza, ordenó a su partido que apoyara con fuerza la victoria de Allende, aunque después fuera a oponerse (desde el centro) a su gobierno.

Así, finalmente se declaró válida la victoria de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970, y así comenzó el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el primer socialista en llegar a la presidencia en América Latina por voto popular.

Un gobierno que su propio líder calificó como “la revolución hecha con empanadas y vino tinto”. El principal objetivo de la Unidad Popular era transformar Chile en términos de trabajo, industrializar el país mejorando las condiciones laborales de los trabajadores y campesinos y desarrollar una industria nacional fuerte.

En ese esfuerzo, el gobierno nacionalizó decenas de empresas, incluyendo la más importante del país: la extracción de cobre, en 1971. También creó decenas de otras industrias de interés nacional, llegando a un total de 43 empresas estatales en 1973. un programa de reforma agraria.

Durante sus tres años en el poder -la mitad de su mandato total- Allende vivió varios intentos de desestabilizarlo. Cada año se incrementaban las acciones golpistas, y en 1973 comenzó a tener un apoyo más contundente de Estados Unidos, luego de que el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, dijera que “(Estados Unidos) no podemos quedarnos quietos, viendo un país se vuelve comunista, por la irresponsabilidad de su pueblo”.

Tres años y siete días después de aquella victoria electoral, Chile viviría otra fecha histórica, pero esta vez con aires de tragedia. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas traidoras bombardean el Palacio de La Moneda, provocando la muerte de Salvador Allende y el fin de la Unidad Popular. El ataque fue encabezado por el traidor general Augusto Pinochet, quien asumiría el poder como dictador, para permanecer como tal por 17 años.

Al día siguiente, el tirano inició la campaña de la Caravana de la Muerte, en la que los militares traidores a la patria comenzaron a perseguir a todos los funcionarios del gobierno de Allende y dirigentes sociales y sindicales, representantes indígenas y militantes de los partidos socialista y comunista. Más de 10.000 personas desaparecieron, aunque oficialmente solo unas 3.000 fueron consideradas muertas; la mayoría de los cuerpos nunca fueron encontrados.

Durante la sangrienta dictadura, del traidor Pinochet deshizo todos los avances en derechos sociales y laborales realizados durante el gobierno de Allende, e impuso la constitución vigente en el país hasta hoy y un modelo económico neoliberal diseñado por los Chicago Boys, economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago. , bajo la tutela del profesor Milton Friedman.

Sin embargo, el levantamiento social iniciado en Chile en octubre de 2019 demuestra que, aunque ese modelo ha desaparecido, su recuerdo permanece en la memoria colectiva del pueblo.

El movimiento por una nueva constitución aún no ha logrado cambios concretos, pero se basa en principios muy similares a los del proyecto de Unidad Popular, con más derechos sociales y laborales, y un plan para la industrialización del país.

De confirmarse estas dos tendencias, harán que los allendistas clamen cada 4 de septiembre por el presidente al que nunca se dieron por vencidos.

“COMPANHEIRO SALVADOR ALLENDE: PRESENTE!!!”.

Gobierno de Salvador Allende

Allende ganó las elecciones con el 36,6% de los votos. Aun así, el resultado debía ser ratificado en el Parlamento donde gobernaría con la minoría. Desde el momento en que asumió el cargo, EE.UU. planeó intervenir e incluso consideró dar un golpe de Estado.

Uno de los primeros actos de Allende fue nacionalizar el cobre, la principal exportación de Chile. Asimismo, estableció que todos los niños tendrían derecho a medio litro de cama diario.

En política exterior, Chile comenzó a tener relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, incluidos los de orientación socialista. Promovió la reforma agraria, pero enfrentó una gran resistencia.

El objetivo era nacionalizar los sectores financiero y de seguros, comercio exterior y sectores considerados estratégicos, como energía, telecomunicaciones y transporte.

La década de 1960 fue de pobreza y agitación política en Chile. Los partidos de izquierda se sintieron alentados por las experiencias de Fidel Castro en Cuba; y la URSS. Mientras tanto, los políticos conservadores y de derecha buscaban mantener su posición dentro de la sociedad.

A diferencia de otros países latinoamericanos, las Fuerzas Armadas chilenas no estaban muy involucradas en política. Los golpes que ocurrieron fueron realizados por civiles donde los militares tuvieron una participación limitada.

En 1970, el general Scheneider, jefe del Estado Mayor General chileno, de profundas convicciones democráticas, fue asesinado cuatro días antes de la sesión plenaria de toma de posesión de Salvador Allende.

Tras la muerte del General Scheneider, asume el mando el General Carlos Prats, quien también mantiene la línea de su sucesor de respeto a la Constitución chilena.

Internamente, los diferentes grupos que componían la Unidad Popular defendían sus puntos de vista sobre un gobierno socialista: el MIR (Movimento Izquierda Revolucionaria).

Éste quería la lucha armada y criticaba lo poco que hizo Allende para acabar con la sociedad burguesa.

Por otro lado, estaban los pesimistas que creían que no era posible implantar el socialismo en un gobierno burgués.

EEUU, gobernado por el republicano Richard Nixon (1969-1974), bloqueó las exportaciones de repuestos y maquinarias a Chile.

Además, le niegan crédito e incluso patrocinan el diario El Mercúrio, que publica una serie de reportajes condenando las reformas políticas de Salvador Allende.

Bombardeo del Palacio de La Moneda, 11 de septiembre de 1973

A fines de 1972, una huelga de camioneros y protestas de la clase media paralizan el país. Un boicot iniciado por productores y comerciantes chilenos que se prolongó durante todo 1973 y dejó a la población sin productos básicos como leche o carne. Naturalmente, florece un mercado negro donde los ricos pueden comprar estos alimentos.


Tras un intento de golpe de Estado contra Allende, en junio de 1973, el general Prats renunció como comandante en jefe y nombró en su reemplazo al general Traidor Augusto Pinochet, dado su carácter profesional y apolítico.


Apoyado por la derecha, la burguesía y los estadounidenses, el general traidor Pinochet lidera entonces un ataque a la capital donde el palacio presidencial está sitiado.


Allende se niega a irse y rechaza todas las ofertas de asilo hechas por naciones extranjeras. Cuando los militares invaden el lugar y Allende es asesinado.

Días después, Pinochet instalaría en Chile la mas sangrienta  dictadura militar que duraría hasta 1990.

“¡Por qué estamos hablando de Stalin!”: Winter destroza vergonzosa intervención de la derecha en la Cámara

 

“Por favor lean antes lo que van a decir, lo que le escribe el asesor, vean si tiene algún sentido con lo que venimos a hacer a este lugar, que es representar a la gente”, le espetó el frenteamplista al UDI Gustavo Benavente y al republicano Cristián Araya.

Un particular momento se vivió en la sesión de la Sala de la Cámara de Diputados de este miércoles cuando Gonzalo Winter (CS) dejó en evidencia una bochornosa intervención realizada por dos parlamentarios de la derecha.

Esto, en el contexto de la votación del proyecto de resolución n° 530 que ese sector presentó, el que fue finalmente aprobado y que a grandes rasgos propone que los diputados manifiesten su “solidaridad con el pueblo de Ucrania, condenando las graves vulneraciones a los Derechos Humanos que en dicho país se han constatado”.

Para defender la iniciativa intervino primero el diputado de la UDI, Gustavo Benavente, quien airadamente sostuvo que “en los pasillos de esta Cámara se nos recuerda el genocidio ucraniano en manos del comunismo ruso, en manos del despiadado Joseph Stalin”. “Stalin es el ‘Che’ Guevara, Stalin es Fidel (Castro); ahí están los muertos del comunismo internacional”, fue también parte de lo que expresó el parlamentario gramialista.

Luego vino el turno del diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, quien en la misma senda de Benavente señaló que Ucrania “tuvo que soportar la pérdida de tres millones de compatriotas a manos de estos perversos comunistas”.

Dicho esto, y aludiendo aparentemente al rechazo del oficialismo al proyecto de resolución que se votaba, Araya realizó una confusa afirmación planteando que “una vez más los comunistas se oponen a que el pueblo ucraniano pueda levantar la voz y decirle al mundo que son víctimas del ataque -en este caso de Rusia, ya no comunista-… pero la nostalgia de la izquierda internacional con la Unión Soviética no descansa, no para”.

Ante esto, el diputado Gonzalo Winter se mostró sorprendido por lo que había oído, preguntándole al hemiciclo de la Cámara lo siguiente: “¿Alguien me puede explicar lo que ha pasado en los últimos cuatro minutos en esta sala?…”.

Diputados Gustavo Benavente (izquierda) y Cristián Araya (derecha)

Winter continuó explicándole a sus pares de la derecha cuál es el espíritu de un proyecto de resolución, para luego realizar una segunda pregunta: “Respecto a la guerra en Ucrania, ¡¿por qué el diputado Benavente habló dos minutos de Stalin?!”.

“¡Por favor, a qué venimos a la Cámara de Diputados! ¡Hagamos leyes, hagamos políticas públicas que le mejoren la vida a la gente! ¡Por qué estamos hablando de Stalin, que no tiene nada que ver!”, añadió.

Junto con ello, el parlamentario de Convergencia Social no dejó pasar por alto la contradictoria intervención del republicano Cristián Araya, quien -apuntó Winter- “se puso a hablar del comunismo, y cuando iba a terminar (…) dijo ‘ha, Rusia que ahora no es comunista’… Se acordó al final de su discurso, que su discurso no tenía nada que ver con lo que estaba hablando”.

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Finalmente, el diputado frenteamplista realizó una invitación a sus pares de la derecha: “Por favor, ordénense, lean antes lo que van a decir, lo que le escribe el asesor véanlo, vean si tiene algún sentido con lo que venimos a hacer a este lugar, que es representar a la gente”.

Reforma tributaria: La discusión del proyecto de ley

 

El texto presentado por el gobierno con el objetivo de modificar las actuales normativas fiscales ya cuenta con la aprobación en la Comisión de Hacienda de las enmiendas al Código Tributario.

Una serie de enmiendas y amplia discusión ha tenido el proyecto de ley de reforma tributaria (boletín 15170). El texto se encuentra en su primer trámite en la Comisión de Hacienda y está dividido en artículos que corresponden a diferentes normativas fiscales que se buscan modificar.

El artículo primero, que ya fue aprobado en su totalidad, contempla modificaciones al Código Tributario. Estas tienen vinculación con medidas antielusión y otras herramientas con las que se espera dotar a la administración tributaria para evitar la elusión y la evasión.

Al respecto, se introdujeron cambios que apuntan a las facultades del Servicio de Impuestos Internos; al procedimiento judicial y al procedimiento seguido ante Tesorería. Todas estas ya fueron respaldadas en casi su totalidad por la comisión.

Cabe destacar que la gran mayoría de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo han sido consensuadas con los miembros de la instancia, alcanzando apoyos mayoritarios, a pesar de no ser respaldadas por unanimidad.

Por ejemplo, ese fue el caso del debate sobre el denominado “denunciante anónimo”, donde para algunos legisladores oficialistas no se puede soslayar que se trata de personas que están al margen de la ley.

“Los que eluden y evaden no son niños santos”, aseguró en su momento el presidente de la instancia, diputado Jaime Naranjo (PS).

Por su parte, desde la oposición se planteó que podía ser un desincentivo a la inversión o que las sanciones no eran lo suficientemente altas para evitar denuncias falsas para una competencia desleal.

Otras normas

Actualmente, la comisión se encuentra en el debate del artículo segundo del proyecto. Este contempla modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta así como una división por subtemas. Aquí también destacan medidas para el combate a la elusión y evasión, desde la regulación del impuesto a la renta.

En este artículo se considera uno de los temas más relevantes de la reforma, que es el cambio del régimen de tributación de primera categoría. A esto se le ha denominado nuevo sistema dual.

La propuesta combina un nuevo régimen de tributación a los ingresos del capital y aumento de las tasas de impuesto global complementario para ingresos sobre 4 millones de pesos mensuales. También la creación de un impuesto a la riqueza.

El Gobierno sostiene que el 97% de las personas no verá incrementada su carga tributaria. Además, que esta reforma aumentará la recaudación, con la intención de llegar a un 4,3% del PIB. Algunos parlamentarios de oposición han manifestado sus dudas sobre la viabilidad de este objetivo.

Otras materias que la reforma aborda son las modificaciones a las leyes de IVA, Herencias y Donaciones y la Ley Única de Fondos.

Conoce la alianza público-privada "Por un Chile que Lee" para fortalecer y reactivar las habilidades de lectura en niñas, niños y jóvenes

 

La iniciativa es patrocinada por el Ministerio de Educación en el marco de la Política de Reactivación Educativa. Esta alianza público privada está conformada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil y universidades y busca fortalecer y reactivar las habilidades de lectura en niñas, niños y jóvenes tras la pandemia.

En el Salón de Honor de la Universidad de Chile, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, junto a la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, participaron del lanzamiento de la red “Por un Chile que Lee”, una alianza público privada -patrocinada por Mineduc- que reúne a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, universidades y el Estado entorno al objetivo común de disminuir las brechas de aprendizaje y reactivar las habilidades en lectura en las niñas, niños y jóvenes.


“Las consecuencias de la pandemia han golpeado fuertemente los sistemas educativos del mundo. Estos efectos van a repercutir en el largo plazo si es que no hacemos algo en conjunto. Como gobierno levantamos este año una Política de Reactivación Educativa, la cual seguiremos ampliando y reforzando”, señaló el ministro Ávila, quien agregó que “este es un desafío país, por eso, desde el Ministerio de Educación estamos impulsando una cruzada que es coincidente con la campaña que hoy día lanzamos. Este es el momento de aunar fuerzas, porque el desafío de entregar una educación de calidad es de un país completo”.


Iniciativas para la reactivación de aprendizajes

El ministro de Educación destacó algunas de las iniciativas para la reactivación de aprendizajes implementadas por la cartera en este primer año de gobierno, como el plan de tutorías, que permitió entregar un reforzamiento personalizado a más de 4 mil estudiantes; la realización de ferias y talleres para el fomento de la lectura y escritura en las 56 provincias del país; la entrega de orientaciones para mediar y apoyar la implementación del uso de textos escolares en los establecimientos educativos, entre otras iniciativas que serán reforzadas gracias al Presupuesto 2023, que contempla más de $250 mil millones dedicados exclusivamente a la reactivación educativa.

Sobre la red “Por un Chile que Lee”

La red “Por un Chile que Lee” está compuesta, entre otros, por la Fundación CMPC, Fundación Sara Raier de Rasmuss, Fundación AraucaníaAprende, Fundación Hijos Lectores, Fundación Alma, Fundación Crecer con Todos, Pivotes, Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de los Andes, además del Ministerio de Educación, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, Elige Educar, Corporación Aprender, Desafío Levantemos Chile.

Esta red desplegará iniciativas durante 2023 en todo el país, diversificando las estrategias en los territorios, priorizando a la población más afectada por la pandemia. Sobre esto, Carolina Andueza, vocera de la red ‘Por un Chile que Lee’ sostuvo que “estamos muy entusiasmados y comprometidos con este lanzamiento. Con esto queremos pasar del diagnóstico a la acción. Sabemos que las cifras del déficit en lectura de los niños y niñas están en una situación mucho más crítica post pandemia. Por esto, queremos pasar a una acción colectiva, a esta gran red en que el Estado y la sociedad civil se articulan para que el futuro de los niños y niñas lo pintemos de un mejor color a través del aprendizaje y desarrollo de la lectura. Invitamos a todas y todos a sumarse a la red”.

Por su parte, la prorrectora de la U. de Chile, Alejandra Mizala, señaló que “la Universidad de Chile está encantada de recibir a todas las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y el Ministerio de Educación que están lanzando la red ‘Por un Chile que Lee’. Esta es una campaña que nos va a permitir llegar a cada escuela, a cada familia del país ofreciendo oportunidades para que nuestros niños y niñas puedan desarrollar su lectura. La lectura es una de las piedras angulares para la adquisición de conocimiento, el desarrollo del pensamiento y el socioemocional. Aprender y comprender lo que leemos permite entender el mundo, abrir nuestras mentes y nos da alas para imaginar y crear. Esperamos que este sea un primer hito de muchas otras acciones que levantemos para poner a la educación en el primer plano de nuestro quehacer. Esta es una tarea de la mayor urgencia que despierta un apoyo transversal. Estoy convencida, además, que esta cruzada nacional nos hace bien como sociedad".

En tanto, la secretaria general de la Política de Reactivación Educativa de Mineduc, Catalina Opazo afirmó que “el trabajo de la red ‘Por un Chile que Lee’, nos ayuda a reforzar el trabajo que estamos haciendo para reactivar los aprendizajes de la lectura y la escritura, que consideran recursos pedagógicos, orientaciones y formación a docentes, además de acciones y ritos que se insertan en la rutina escolar y permiten promover el aprendizaje y goce de la lectura”.

El lanzamiento digital de la campaña se realizó el 4 de diciembre con un llamado a través de redes sociales a cargo de distintas personalidades del mundo educativo y espectáculo, que se han ido sumando a la cruzada por acercar y motivar la lectura en estudiantes y sus familias.

Fuente: Mineduc

Cámara aprobó un reajuste de 12% a las remuneraciones del sector público

Este reajuste beneficiará al 89% de las y los trabajadores, cuyos sueldos brutos no superan los dos millones 200 mil pesos. Para tramos superiores se asigna un monto fijo de 264 mil pesos mensuales.

La Sala de la Cámara aprobó el proyecto que concede un reajuste diferenciado a las remuneraciones del sector público y que, además, concede beneficios como aguinaldos de navidad, fiestas patrias y bono de invierno para pensionados (boletín 15557).

La Sala respaldó la norma, en términos generales, por 106 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Luego aprobó diferentes artículos cuya votación separada fue solicitada, con excepción del artículo 69 que regulaba el teletrabajo en las municipalidades, el que se rechazó por 60 votos a favor, 56 en contra y 9 abstenciones.

De este modo, el reajuste aprobado, a contar del 1 de diciembre de 2022, será de un 12% para las y los trabajadores del Sector Público cuyas remuneraciones brutas sean de hasta 2 millones 200 mil pesos. Esto beneficiará al 89% de los funcionarios.


Para los funcionarios de rentas superiores será de un monto fijo mensual de 264 mil pesos por una jornada completa.

Este reajuste de 12% también será extensible para aquellos trabajadores del sector público que no estén afectos a alguno de los sistemas remuneracionales señalados en esta norma. Esto siempre que su remuneración bruta no supere los 2 millones 200 mil pesos. Para los tramos superiores será de 264 mil pesos.

Asimismo, el reajuste se otorgará a los directores, educadores de párvulos y a los asistentes de la educación que se desempeñan en los establecimientos financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Igualmente, a los asistentes de la Educación Pública regidos por la ley 21.109, que establece un estatuto para dichos funcionarios.

En el marco de la autonomía financiera de las universidades estatales, ellas podrán reajustar las remuneraciones de sus funcionarios, teniendo como referencia este reajuste.

Según expuso el gobierno, el reajuste no se aplicará al Presidente de la República, senadores, diputados, ministros y otras autoridades contempladas en el artículo 38 bis de la Constitución Política. Esta norma reguló la determinación de las rentas de estas autoridades y fijó un procedimiento especial para ese fin.

Aguinaldos

El proyecto, que ahora pasará a trámite en el Senado, también concede aguinaldo de Navidad a los trabajadores públicos. Este ascenderá a $63.062 para aquellos cuya remuneración líquida del mes de noviembre del 2022 sea igual o inferior a 943 mil 703 pesos. A su vez, será de $33.358 para aquellos cuya remuneración supere tal cantidad y hasta 3 millones 125 mil 52 pesos.

En el caso del aguinaldo de Fiestas Patrias de 2023, será de $81.196 y de $56.365, respectivamente, dependiendo de los topes citados previamente.

Los citados beneficios para el sector pasivo -pensionados- corresponderán a:Aguinaldo de Navidad de $26.743, incrementándose en $15.104 por cada carga de asignación familiar o maternal.
Aguinaldo de Fiestas Patrias de $23.261 y se incrementará en $11.933 por cada carga.

Por último, se concede un bono de invierno, en el mes de mayo, para pensionados que tengan más de 65 años. Este beneficio ascenderá a $74.767.
Otros beneficios

El proyecto también regula o concede beneficios en materia de bono de escolaridad, de vacaciones y aportes a los servicios de bienestar. Asimismo, se fijan asignaciones especiales para el estamento profesional del Servicio Médico Legal y se regulan asignaciones de desempeño de los asistentes de la educación.

El 12% de reajuste también se aplicará a la unidad de subvención educacional y se aplicará a los estipendios y asignaciones cuyo valor se reajuste o esté vinculado a dicha unidad.

En tanto, se entregan bonificaciones de zonas extremas y se extiende el plazo del incentivo al retiro y bonos post laboral.

Adicionalmente, esta ley de carácter misceláneo, también aborda normas sobre el control horario, en relación al teletrabajo; contratación de personal en servicios locales de educación y medidas en materia de ausentismo y deserción escolar.

Por último, se regula el traspaso de personal a honorarios en el sector municipal, entre otras normas.

Reajuste: Apoyos, llamados y críticas estuvieron presentes en las opiniones de las y los diputados

 

Una gran mayoría estuvo por respaldar la propuesta y celebrar los acuerdos alcanzados con los gremios, así como los compromisos establecidos por el Gobierno para abordar en diversas mesas la situación de grupos de trabajadores excluidos del reajuste o con montos menores de incrementos.

Tras la rendición del informe de la Comisión de Hacienda, por parte del diputado Alejandro Bernales (PL), se dio inicio al debate del proyecto (boletín 15557) de reajuste del sector público, que resultó aprobado y despachado a segundo trámite.


El criterio generalizado fue en apoyo y valoración de la propuesta, tanto en el oficialismo como en la oposición. Aunque hubo diversos aspectos que se destacaron o que se llamaron a abordar durante el próximo año.

Desde la UDI, Gastón Von Mühlenbrock anunció el voto favorable de su bancada. Sin embargo, algunos integrantes de esta colectividad expresaron críticas. Así, Cristhian Moreira pidió considerar una escala única para efectuar el corte entre el sector público general y el municipal y rebajar la edad para acogerse al incentivo al retiro.

Tomás Lagomarsino (IND) dijo apoyar la propuesta, tanto en general como en particular. Asimismo, destacó los compromisos para resolver el reajuste para las universidades estatales. Empero, se hizo parte de la crítica de los médicos y otros funcionarios de la salud por no recibir el reajuste del 12%.

Jorge Guzmán (Evop) expresó su preocupación puntual sobre un artículo que permite a los servicios locales de educación (SLE) usar, hasta por un 10%, dineros de la SEP.

Ricardo Cifuentes (DC) llamó a solucionar en esta normativa la situación de los trabajadores a honorarios. Si bien dijo valorar que se regularice su situación, estimó muy relevante que se les reconozca su antigüedad, evitando juicios posteriores. También pidió considerar en mesas de trabajo a los/as asistentes de la educación y dar un buen trato a los profesionales del sector público que hoy recibirán un reajuste porcentualmente menor.

RD, PS, PC, RN y PR

Jaime Sáez (RD) resaltó el nivel de consenso alcanzado en la Comisión de Hacienda y la voluntad mayoritaria de valorar el acuerdo. Estimó que la propuesta tiene un componente solidario importante. “No es lo mismo el reajuste para los sueldos más bajos (…). Es importante hacerse cargo de las brechas de desigualdad”, comentó.

Del PS, Jaime Naranjo valoró el acuerdo con los gremios y anticipó el apoyo de su bancada. Además, refutó que el beneficio no se aplicará a todos los funcionarios públicos. Recordó que tanto los fiscales como los médicos tendrán un incremento de sus salarios por un monto fijo de 264 mil pesos mensuales que, en muchos casos, es muy superior al reajuste del 12% que recibirán los salarios más bajos de la administración pública.

Para Boris Barrera (PC), es muy relevante que, pese a las actuales condiciones económicas, 821 mil personas verán aumentadas sus remuneraciones por efecto de este proyecto de ley. Junto con celebrar el acuerdo, recalcó que no es menor que un 89% de los funcionarios recibirán un 12% de reajuste.

Desde RN, Frank Sauerbaum adelantó el voto favorable de su bancada, aunque reconoció que mantienen algunas diferencias. Así, por ejemplo, lamentó que no todos recuperen el poder adquisitivo de sus remuneraciones en la misma escala. Su colega Miguel Mellado, además, criticó que se incluyera a los alcaldes dentro del beneficio y pidió que las mesas de trabajo no dejen a nadie fuera.

Alexis Sepúlveda (PR) observó que es un esfuerzo fiscal importante. Igualmente, reconoció que se agregaran grupos de funcionarios municipales que habían quedado fuera. En este contexto, estimó relevante aumentar la recaudación fiscal y que se busquen soluciones para los que hubiesen quedado excluidos del reajuste

Objeciones

En la bancada de republicanos estuvieron las mayores objeciones al proyecto de ley. Agustín Romero sostuvo que se privilegiaron algunos trabajadores por sobre otros. Por otra parte, afirmó que el acuerdo fue a puertas cerradas y criticó que es una injusticia para los que laboran en el sector privado.

Gaspar Rivas (PDG) se mostró conforme con que el reajuste no se aplique a las altas autoridades del país. Pero anunció su voto contrario porque consideró que, pese a ser un incremento importante, aún hay pérdida del poder adquisitivo. Esto, porque la inflación acumulada es mayor al 12%.

Para Félix González (PEV), no se trata de un aumento de sueldo. Dijo que el 12% es solo para ajustar los montos para mantener el mismo poder adquisitivo. De igual modo, llamó a actuar con realismo y aplicar un incremento parejo, sin discriminación. Estimó que la medida provocará que médicos que hoy laboran un 100% en el sector público se vayan al sector privado, aumentando con ello la falta de especialistas.

Participaron también en la discusión Leonidas Romero (IND), Juan Carlos Beltrán (RN), Christian Matheson (IND), Marcela Riquelme (IND), Johannes Kaiser (IND), Cristián Tapia (IND), Juan Santana (PS), Daniel Lilayu (UDI) y Javiera Morales (IND).

Ejecutivo

Por el Gobierno expusieron los ministros de Hacienda, Marcio Marcel, y del Trabajo, Jeannette Jara.

Junto con aclarar aspectos del proyecto, anunciaron las medidas que se implementarán entre este mes y el 2023. Principalmente, apuntaron a mesas de trabajo para abordar la situación de diversos gremios, entre ellos, los que laboran en las universidades estatales, los honorarios del sector municipal y la situación de los fiscales.

Explicaron que también se abordarán durante el próximo año temas como el teletrabajo y planes de retiro. De igual modo, asuntos relativos a la equidad de género y el trabajo decente. Sobre esto último, Jara especificó que no solo se tratarán materias remuneracionales, sino también proyectos como la reducción de la jornada laboral a 40 hrs. para los empleados públicos.

Marcel aclaró a las y los diputados que un 89% de los funcionarios recibirá el 12% de reajuste, mientras que el resto el monto fijo. Todo ello, acotó, tendrá un costo fiscal total 3 billones 483 mil millones de pesos, que ya están contemplados en la Ley de Presupuestos.

Respecto de consultas hechas en el debate, especificó que la escala única de funcionarios y la municipal difieren entre sí. La primera considera 26 niveles, mientras que la segunda tiene 20 grados. Así, al ampliar el corte en el sector municipal, quedaron incluidos los alcaldes.

Explicó, asimismo, que el reajuste y el corte se hacen sobre la base de ingresos permanentes. Acotó, por otra parte, que el uso de hasta un 10% de dineros SEP por los SLE fue un tema introducido en la Ley de Presupuestos y solo se permite para programas de mejoramiento educativo.