Extenso debate en Sala sobre proceso de nueva Constitución

 

Legisladores valoraron el diálogo que permitió materializar este nuevo proceso constituyente. Los detractores criticaron que la reforma es de espaldas a una ciudadanía que pide soluciones a problemas urgentes como la seguridad.

Un total de 69 diputados/as intervinieron en el debate en Sala de la reforma que establece un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución, aprobada y despachada a ley.

Tras el informe de la Comisión de Constitución, a cargo del diputado Andrés Longton (RN), hicieron uso de la palabra las/os legisladores:

Agustín Romero (PREP), Andrés Jouannet (IND), Miguel Mellado (RN); Ana María Gazmuri (IND), Jaime Sáez (RD), Cristhian Moreira (UDI); Marcos Ilabaca (PS), Francisco Pulgar (IND), Raúl Soto (PPD); Roberto Arroyo (PDG), Viviana Delgado (PEV), Jorge Guzmán (Evópoli); Gonzalo De la Carrera (IND), Jaime Naranjo (PS), Alexis Sepúlveda (PR); Víctor Alejandro Pino (PDG), Leonidas Romero (IND), Camila Musante (IND); Francisco Undurraga (Evópoli), Joanna Pérez (IND), Catalina Pérez (RD) y Felipe Donoso (UDI).

Asimismo, Miguel Ángel Calisto (IND), Andrés Celis (RN), Jaime Araya (IND); Juan Carlos Beltrán (RN), Gonzalo Winter (CVS), Harry Jürgensen (IND); Leonardo Soto (PS), Enrique Lee (PRI), Erika Olivera (IND); Diego Schalper (RN), Mónica Arce (IND), María Candelaria Acevedo (PC); Mercedes Bulnes (IND), Alberto Undurraga (DC), José Carlos Meza (PREP); Ximena Ossandón (RN), Lorena Pizarro (PC), Andrés Giordano (IND); Juan Santana (PS), Sara Concha (PCC) y Marta González (IND).

Finalmente, Eric Aedo (DC), María Luisa Cordero (IND), Rubén Oyarzo (PDG); Stephan Schubert (IND), Daniel Melo (PS), Christian Matheson (IND); Carolina Tello (PC), Cristián Tapia (IND), Francesca Muñoz (IND); Felipe Camaño (IND), Ericka Ñanco (RD), Cristóbal Urruticoechea (PREP); Karen Medina (PDG), Gloria Naveillan (IND), Luis Alberto Cuello (PC); Catalina Del Real (RN), Gael Yeomans (PCS), Daniel Manouchehri (PS); Mauricio Ojeda (IND), Andrés Longton (RN), Gaspar Rivas (PDG); Boris Barrera (PC), Consuelo Veloso (RD), Luis Sánchez (PREP), Eduardo Durán (RN) y Hernán Palma (IND).

A favor de la reforma

Andrés Jouannet (IND) enfatizó que hoy tenemos una oportunidad histórica de tener una nueva Constitución. “La anterior nos divide y seguirá dividiendo, y no podremos construir un país nuevo. Chile se estancó y los que sufren son los mismos de siempre”. El legislador explicó que rechazó el proceso anterior porque era malo, pero hoy existe una oportunidad de dar un camino al país, de empezar a crecer.

Jaime Sáez (RD) recalcó que este nuevo proceso es un paso significativo hacia la estabilidad social y política. Y que, poco a poco, se van cerrando heridas y las fracturas de 2019. Sin embargo, reconoció que el acuerdo adolece de perfección, pero se debe avanzar para consolidar la democracia. Concluyó que, es una obligación, un deber moral, con el pueblo, con la gente, con las personas, que requieren paz social, estado de derecho y una institucionalidad política.

Marcos Ilabaca (PS) valoró que las fuerzas políticas lograrán llegar a un acuerdo transversal con una invitación abierta a todas y todos. Afirmó que Chile requiere certidumbre institucional para los próximos 30 años. “Tengo la esperanza que el Congreso Nacional y el Consejo Constituyente estén a la altura de dar respuestas a los problemas del país, para avanzar y prosperar” manifestó.

Miguel Ángel Calisto (IND) señaló que, si bien no participaron directamente en el acuerdo, comparten el espíritu de que Chile tenga una nueva Constitución. Añadió que la actual Carta Fundamental es fuerte y robusta, con los más de 50 cambios que se han introducido desde 1990 a la fecha. Pero, aseguró, tiene el pecado original de la legitimidad democrática. Tenemos una nueva oportunidad de generar un gran acuerdo constitucional, remarcó.

Asimismo, Diego Schalper (RN) afirmó que el actual marco institucional tiene problemas de legitimidad. “Es un hecho de la causa”. Frente a ello, planteó que existen dos posturas: refundar un Chile distinto a la identidad, lo que fue rechazado. Y otra, que busca dejarla como está. Ello no encarna con el 62% que rechazó el texto, que en su mayoría quiere una mejor Constitución. Esa es la mejor alternativa, consideró. “Un Chile sin polarización, donde no estemos enfrentados, que permita dialogar entre los distintos. Es un proceso concluyente, no fundacional, moderado y razonable”.

Alberto Undurraga (DC) dijo que los países sufren crisis de distintos tipos, y parte de su madurez es su capacidad de superarlas dentro del marco institucional. “El Acuerdo por Chile es parte de la salida institucional a la crisis de 2019 que aún no superamos. Lo que permite establecer un proceso con un Consejo Constitucional y la participación de expertos y expertas”, destacó. En paralelo, llamó a trabajar en un compromiso con la democracia.

Carolina Tello (PC) sostuvo que las constituciones son un pacto social; el resultado de un acuerdo entre distintos actores sociales de cómo concebimos el medio ambiente y las visiones del futuro. “Valoramos el carácter paritario en todas sus estructuras, que sea efectiva en listas y quienes sean electas y electos. Y que, en la Comisión de Expertos, las voces de las mujeres sean escuchadas, lo que da esperanza de que el texto incluya un enfoque de género”, destacó.

Raúl Soto (PPD) anunció que va a aprobar y habilitar un proceso distinto al anterior, que va a corregir los errores y exceso que nos llevaron al fracaso. “La nueva Constitución va a unir y sentar las bases institucionales, para que exista más justicia, más dignidad y garantías sociales. Se va a encauzar al país en la dirección correcta, para salvar a Chile del populismo, en un clima de diálogo y entendimiento”, consideró.

Francisco Undurraga (Evópoli) manifestó su apoyo a la reforma, porque es relevante llevar adelante este nuevo proceso. Planteó que debemos acostumbrarnos a la diferencia y diversidad, a los que no piensan como nosotros. “Yo no hablo de enemigos sino de adversarios”. Añadió que se ha carecido de certeza jurídica y política, pero que este proceso nos permitirá proyectarnos al siglo XXI.

Alexis Sepúlveda (PR) señaló que hay dos hechos objetivos indiscutibles. Que el plebiscito de entrada mostró un amplio apoyo para redactar una nueva Constitución y que fuera redactado por un órgano 100% electo. Y, que, ampliamente, se rechazó la anterior propuesta constitucional, entre otras cosas, por el decepcionante trabajo de la Convención. Agregó que apoyan esta reforma, aunque “no es todo lo que hubiéramos querido”. en ese sentido, reiteró que no le gusta el rol de los expertos, porque no cree en el tutelaje.

Gonzalo Winter (CVS) también calificó la presente reforma como un exceso tutelaje. Señaló que esto puede hacer que el proceso no sea sentido como propio por la inmensa mayoría de la ciudadanía, y que, de ese modo, no cumplirá el objetivo de dotar legitimidad. Pero, recalcó, “tuvimos oportunidad de un proceso mas democrático, y la perdimos fuerte y feo”. Añadió que muchos tienen duda, pero eso no prueba que este mal, sino que hubo que ceder. “Es imposible la derrota como aniquilación de los adversarios, eso no es deseable”.

Ana María Gazmuri (IND) criticó que no se hayan podido aprobar indicaciones. Dijo que no le gusta el acuerdo, por los bordes, porque son el reflejo de lo que la ciudadanía no quiere y desprecia, la clase política arrogándose la soberanía popular. Tampoco le gusta el Comité de Expertos ni el Comité Técnico de Admisibilidad, como salvaguardas del proceso, vulnerando la libre determinación del pueblo. Pese a ello, anunció su voto a favor, pero con un sabor a decepción, señaló.

Felipe Donoso (UDI) dijo que la valentía no es encerrarse en la trinchera, sino salir y dialogar para construir un país y escribir una nueva Constitución. Añadió que el ex senador Jaime Guzmán hubiera, en estos tiempos, pedido un cambio constitucional que dé estabilidad a Chile; siendo capaces de discutir reglas claras y sanas, sin vicios. Agregó que así actúa su partido, trabajando en el porvenir de Chile.

En Contra

Sara Concha (PCC) manifestó que las cúpulas le dieron la espalda a la ciudadanía, negando toda posibilidad de democracia. Recordó que se presentaron más de 300 indicaciones que buscaban aportar y todas fueron rechazadas. “Este error trae un gran daño a Chile, porque no se defiende el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ni la vida de quién está por nacer. Chile ya rechazó una constitución abortista”, recalcó.

Catalina Del Real (RN) manifestó su rechazo a la reforma, porque dijo que la ciudadanía clama por soluciones. Pero, agregó, “estamos encerrados en el Hemiciclo, alejados de la realidad, hablando de leyes y constituciones. Esperamos que el gobierno cumpla la Constitución y que el país tenga estabilidad”.

Francisco Pulgar (IND) lamentó que el acuerdo para sentar las bases de la nueva Constitución ni siquiera haya considerado “a quienes estamos dentro de este Congreso Nacional y somos representantes de la ciudadanía”. El proceso de reforma no va a solucionar los problemas que nos afectan, indicó.

Jaime Araya (IND) planteó que esto es, tal vez un, error. Aunque valora la voluntad de diálogo y entendimiento, eso no significa que esto sea esencialmente bueno. Es lo menos malo que se pudo hacer. Agregó que los bordes establecidos no recogen lo que se espera de la Constitución, o expertos designados por el Congreso Nacional, lo cual va contra el sentido natural de la democracia.

Roberto Arroyo (IND) aseguró que este proceso es una mentira sin el plebiscito de entrada. Se repite un proceso a espaldas de la ciudadanía, entre cuatro paredes con la presencia de solo los grandes conglomerados que buscan mantener sus privilegios. En ningún momento del movimiento social 2019 esto lo solicitó la calle. Solo habían demandas verdaderas de mejoras en salud, pensiones y seguridad, bochornoso proceso y la gente dijo claramente no y creo que se repetirá el mismo resultado.

Viviana Delgado (PEV) aseveró que el rechazo del proceso anterior vino de la desconfianza y temor a lo desconocido. Criticó que el texto en trámite salga de la Cámara sin modificaciones en un símil de cambiar todo para no cambiar nada. Agregó que se hicieron oídos sordos a las indicaciones presentadas. Lo más importante es tener un órgano 100% electo y no “custodiado por 24 personas seleccionadas por nosotros mismos”.

Camila Musante (IND) explicó que retiró todas sus indicaciones porque “es evidente que no hay margen para la discusión del acuerdo”, lo cual lamenta. Recalcó que ella fue defensora del proceso anterior porque cree que Chile necesita una nueva Constitución. pero esta reforma no da garantías de avanzar en las demandas populares porque viene con candado y límites en la discusión.

Finalmente, Luis Sánchez (PREP) criticó que esta reforma es revivir el “experimento rechazado por la ciudadanía”. Acusó que se simula que hubo debate y que se rechazaron todas las indicaciones, porque el acuerdo está pactado “en una cocina a puertas cerradas”. Agregó que la izquierda quiere tener secuestrado al país hasta que les aprueben algo. “Chile no demanda una nueva Constitución, sino seguridad”, puntualizó.

Constantino es apartado de la Joven Pan por defender manifestaciones antidemocráticas

 

Además del agitador radicado en EE.UU., otros dos comentaristas bolsonaristas fueron destituidos por la emisora ​​que teme juicios.

Para evitar problemas legales en el futuro, la Jovem Pan destituyó este martes, y de manera indefinida, a los comentaristas Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo (nieto del dictador João Figueiredo) y Zoe Martínez. El trío es visto en la opinión pública como entusiasta del golpe de Estado y de las manifestaciones antidemocráticas que se convirtieron en atentados terroristas el pasado domingo (8) en Brasilia.


La eliminación se produjo después de la orientación del Consejo de la emisora. El motivo sería una demanda presentada por el Ministerio Público de la Federación contra Joven Pan por apoyo público e incitación al bolsonarismo.

Además de destituir a los radicales, el Directorio de la Jovem Pan también había solicitado la renuncia de Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, más conocido como Tutinha, de la presidencia de la empresa. El propietario de la empresa cumplió con la solicitud el pasado lunes (9) y abandonó el mando de la estación. A pesar de haber eliminado solo temporalmente a los comentaristas, Jovem Pan no descarta la posibilidad de despedir al trío.

Constantino estuvo recientemente envuelto en polémica con colegas por defender descaradamente los campamentos que generaron las escenas de terroristas vistas en Brasilia. Cuando sus compañeros le señalaron, en más de una ocasión, que le sería fácil hacer este tipo de discursos, ya que reside en EE.UU., se enfadó y pidió la cabeza de los compañeros que le hacían tales críticas.

El Ministerio Público Federal (MPF) abrió una investigación civil contra la editorial conservadora TV Joven Pan.

La agencia acusó a los comentaristas Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Zoe Martínez y Alexandre García de “difundir contenido no informativo sobre el funcionamiento de las instituciones brasileñas y con potencial para incitar actos antidemocráticos”.

Han sido retirados y no tienen retorno esperado. Sólo García permanece en la programación de Grupo Jovenm Pan.

Presidente Lula firma ley que aumenta salario de ministros del STF

Otras carreras también se beneficiaron

Diez de los 11 ministros del STF reciben a Lula en la sede de la Corte, en Brasilia, para una conversación que duró 50 minutos - 09/11/2022

El presidente Lula sancionó ocho proyectos de ley aprobados a fines de 2022, por el Congreso Nacional, que otorgan aumentos salariales a los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) y miembros de otros Poderes, en los próximos años. El ajuste se hará gradualmente, hasta llegar a casi R$ 47 mil en 2025.


El impacto de la modificación del Presupuesto será de R$ 255 millones. En diciembre se aprobó el reajuste de alrededor del 20% en los salarios. De acuerdo con el texto de la ley, la remuneración de los magistrados aumentará de los actuales aproximadamente R$ 40 mil para R$ casi R$ 47 mil, hasta el 1 de febrero de 2025.


En diciembre del año pasado, el Parlamento también aprobó el mismo aumento para los sueldos del Presidente de la República, el diputado, diputados, senadores y ministros de los Estados, igualando la remuneración de los ministros del STF.

La Fiscalía General de la República tendrá el mismo reajuste que será escalonado y alcanzará también R$ 47 mil en febrero de 2025.

Los salarios de los defensores públicos generales federales alcanzarán R$ 37.000 en febrero de 2025. Bajo el aumento aprobado, también escalonado, el 1 de febrero de 2023, la remuneración alcanzará R$ 35.500; el 1 de febrero de 2024, R$ 36,5 mil; y el 1 de febrero de 2025, R$ 37,6 mil.

Venezuela determina captura de opositores

 

Parlamentarios son acusados ​​de 'usurpación de funciones' y 'traición a la patria'

Gobierno de Venezuela emitió orden de aprehensión contra parlamentarios exiliados

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que el tribunal emitió una orden de arresto contra tres exdiputados de la oposición a principios de esta semana. El mandato de los parlamentarios terminó en enero de 2021, y ambos se exiliaron en España y Estados Unidos.


Las exparlamentarias son Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez. “Los procesamos y solicitamos las respectivas órdenes de aprehensión”, dijo Saab. El régimen del dictador Nicolás Maduro logró retomar el control del Poder Legislativo, en diciembre del año pasado, luego de elecciones consideradas sospechosas. A partir de ese mes comenzó a ser perseguida la oposición encabezada por el presidente Juan Guaidó.

Acusaciones contra exdiputados venezolanos

Según el fiscal general, a los opositores se les imputan los delitos de “usurpación de funciones, traición a la patria, blanqueo de capitales y asociación para delinquir”. El gobierno venezolano hizo un pedido de "alerta roja" a Interpol, en el que espera colaboración de España y Estados Unidos, donde residen los parlamentarios. “Veamos qué hacen los gobiernos de estos países con nuestros pedidos”, agregó Saab.

El fiscal general también informó sobre el pedido de embargo de bienes y el bloqueo de las cuentas de los tres exdiputados. Además, se solicitaron dos órdenes de aprehensión contra José Figueiredo Márquez y Luis Alberto Bustos, designado secretario y subsecretario del gobierno interino, quienes no reconocen la legitimidad del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Este domingo 8, la oposición denunció una “persecución judicial” contra la nueva mesa del Parlamento de 2015, que mantiene el control de algunos bienes del Estado en el exterior.

Covid: Con la tasa de vacunación más baja, África también tiene el número más bajo de casos

 

Los investigadores no pueden explicar por qué hay menos casos y menos muertes en el continente donde el 70% de la población no ha recibido ninguna dosis de la vacuna.

El 70% de la población africana no ha recibido ninguna dosis de vacuna contra la covid; Janssen es el más utilizado en el continente | Foto: Breno Esaki/Agencia de Salud del DF

Más del 70% de la población de África no ha recibido ninguna dosis de la vacuna contra el covid-19, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). A pesar de esto, el continente tiene proporcionalmente el menor número de casos, solo superado por Oceanía, y el menor número absoluto de muertes. .


Desde el comienzo de la pandemia, África, con 55 países y una población de 1400 millones de personas, ha registrado alrededor de 180 000 muertes y 8,7 millones de casos, según Our World in Data. En Europa y EE. UU., que tienen poblaciones mucho más pequeñas (746 millones y 330 millones respectivamente), el número de muertos es significativamente mayor. Se han registrado más de 1,1 millones de muertes por covid en los EE. UU. y más de 2 millones en Europa.


En entrevista con  la prensa, el investigador de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz Braasil), Augusto da Silva, responsable de la cooperación con el continente africano en el Centro de Relaciones Internacionales en Salud de la fundación, dijo que esta discrepancia llamó la atención de los investigadores, que no pueden explicar porque los no vacunados contra el covid enferman menos o mueren menos que los vacunados en África.

Hay posibilidades, dijo. “Primero, la población es más joven [covid-19 tiene un mayor riesgo de empeoramiento en los ancianos]. Además, muchos países no tienen mucho contacto, no tienen grandes conexiones con otros países, por deficiencias en el sistema de transporte aéreo y portuario”, opinó.

Según Silva, en una entrevista con la agencia, puede haber subregistro, pero no lo suficiente como para igualar la proporción de muertes de otros continentes. “Si solo fuera la falta de informes, veríamos gente muriendo en las calles”.

Vacunación en África

Según datos de la OMS, hasta el momento, en el continente africano se han aplicado 800 millones de dosis de la vacuna contra la covid. Los parcialmente vacunados (que no recibieron dosis de refuerzo) suman el 29%, los que completaron la primera etapa de vacunación alcanzan el 25,6%, y los que recibieron alguna dosis de refuerzo son solo el 3,1%.

A nivel mundial se han aplicado más de 13 mil millones de dosis de vacunas contra la enfermedad y más del 60% de la población mundial está inmunizada con dos dosis o una sola dosis, según la OMS. Solo en dosis de refuerzo, el número supera los 2 mil millones de inyecciones, y países como Brasil ya administran la quinta dosis en poblaciones vulnerables.

La vacuna más utilizada en África es la Janssen (33%), cuyo esquema es de dosis única. Le siguen Pfizer (22%), AstraZeneca (17%), Sinopharm (15%) y Sinovac (7,2%).

Aumentaremos de forma permanente el Subsidio Único Familiar y la Asignación Familiar: Estos son sus detalles

 

Este anuncio forma parte del plan de Seguridad Económica anunciado por el Presidente Boric y beneficiará a 1,5 millones de hogares.

Una de las medidas anunciadas por el Presidente Gabriel Boric dentro del Plan de Seguridad Económica es el aumento de forma permanente el Subsidio Único Familiar (SUF) y la Asignación Familiar (AF).


Se trata de un aumento que alcanza un 20%, beneficiando a más de 3 millones de cargas, pertenecientes a 1,5 millones de hogares.


Además, en línea con el propósito de poner a los niños y niñas en el centro, avanzaremos en la automatización del SUF, para que llegue a más de 900 mil niños, niñas y adolescentes que pertenecen al 40% más vulnerable de la población, que actualmente no acceden al beneficio por efectos del trámite de postulación. Esto permitirá avanzar hacia un piso progresivo de protección social.


¿Hay que postular a estos beneficios?


Este aumento es automático para las personas que ya son beneficiarias, o sea, no requiere postulación. Aquellas personas que quieran solicitar el Subsidio Único Familiar por primera vez, deben hacerlo ante la municipalidad correspondiente, la que se encarga de comprobar la información del beneficiario/a y la existencia de los requisitos y antecedentes. El trámite se puede realizar durante todo el año.


¿Cómo se pagará?


Las y los beneficiarios del IPS que tengan CuentaRUT activa, usada en los últimos 6 meses, recibirán un depósito automáticamente en esa cuenta en la fecha de pago habitual. Si no tiene CuentaRUT activa, puede retirar el pago de manera presencial en sucursales Banco Estado o solicitar orden de pago a sucursal, a domicilio o mediante depósito en su cuenta bancaria. Para modificar la forma de pago puede realizar el trámite -sin costo- en oficinas Chile Atiende o vía online.

¿El monto es por hogar o por causante?

El monto es por carga familiar (causante). No obstante, el monto que corresponde a las personas con discapacidad es el doble.

¿Cómo llegarán a los 900 mil niños, niñas y adolescentes que hoy no lo reciben?

Avanzaremos progresivamente en automatizar el mecanismo de entrega del Subsidio Único Familiar, eliminando los trámites presenciales que hoy existen para acceder y que dejan fuera del beneficio a esos 900 mil niños, niñas y adolescentes que actualmente están en condiciones de ser beneficiarios.

Recuerde que para conocer esta y otras medidas, puede visitar www.gob.cl/seguridadeconomica.

Nueva prórroga del estado de excepción de la macrozona sur fue aprobada por la Cámara

 

Entre los llamados realizados por las y los diputados estuvo la necesidad de proteger el proceso de cosecha en las regiones sureñas, así como materializar un estado de excepción en la macrozona norte, que permita frenar la inmigración descontrolada y el aumento de la delincuencia.

El estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) en la macrozona sur lleva más de 230 días de aplicación. Durante este período, se registró una disminución del 40% de los casos con respecto al año anterior en las provincias bajo el decreto. Además, al 2 de enero, se han detenido a 288 personas, de las cuales, el 25% ha sido por robo de madera.

Esa es la evaluación del Ejecutivo en la presentación de la nueva solicitud del Presidente de la República al Congreso, la cual la Cámara aprobó por 91 votos a favor, 32 en contra y 23 abstenciones, y que pasó ahora a consideración del Senado.

Como en los casos anteriores, la medida se implementará en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío. Asimismo, regirá por otros 15 días.

Cabe recordar que la primera dictación de EECE fue el 16 de mayo de 2022 (decreto supremo 189). Luego, el Gobierno realizó una primera prórroga (DS 199) y, posteriormente, solicitó el parecer del Congreso Nacional para concretar su extensión. Esto, cumpliendo con el ordenamiento constitucional que exige este procedimiento.

Tras la aprobación de cada solicitud, la prórroga se materializó a través de otros 14 decretos supremos (214, 219, 223, 231, 242, 245, 270, 285, 296, 307, 320, 335, 356 y 365). El último vence el 11 de enero. Así, la presente extensión regirá seguidamente, de ratificarse también en el Senado.

Posturas parlamentarias

En el debate participaron Miguel Mellado (RN), Juan Carlos Beltrán (RN), Miguel Ángel Calisto (IND), Francisco Undurraga (Evop), Sergio Bobadilla (UDI), Stephan Schubert (IND), Gloria Naveillan (IND), Flor Weisse (UDI), Francisco Pulgar (IND), Johannes Kaiser (IND), Miguel Ángel Becker (RN), Benjamín Moreno (PREP), Jorge Rathgeb (RN), Jaime Araya (IND), Juan Antonio Coloma (UDI), Sebastián Videla (IND) y Renzo Trisotti (UDI).

Una de las principales preocupaciones expresadas apuntó a la necesidad de proteger el proceso de cosecha. Se recordó que un importante porcentaje del trigo producido en el país proviene de la región de La Araucanía. De tal modo, su protección es una prioridad para todo Chile.

Igualmente, varias intervenciones llamaron a actuar con dureza, aunque también se reconocieron algunos logros. En particular, se valoró la desarticulación de algunas bandas, pero se pidió ir evaluando de forma dinámica la aplicación del EECE comuna a comuna, agregando o sacando algunas conforme a su situación.

La situación del norte del país también fue objeto de varias exposiciones. Se remarcó que esta zona es la puerta de entrada de la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración irregular. En tal plano, se pidió aumentar el control fronterizo. Junto a ello, decretar un estado de excepción en dichas regiones e incrementar la presencia policial.

Argumentos del Ejecutivo

En representación del Gobierno expuso el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en reemplazo de la ministra Carolina Tohá, quien se excusó ante el Hemiciclo de no asistir al debate por estar defendiendo en el Senado el proyecto de infraestructura crítica.

Según se adelantó, la propuesta permitirá el accionar de las FFAA en materias de control fronterizo.

Monsalve indicó que, a esta materia, se suma un plan para mejorar la habitabilidad de los puestos en las fronteras, que calificó de precarios. Además, ello se complementará con nueva tecnología, como la instalación de cámaras infrarrojas.

Respecto del sur, aseguró que el Plan Cosecha Segura es una preocupación del Gobierno. Informó que, adicionalmente, se materializará un nuevo seguro para la protección de los camiones que transitan por la zona. Este será entregado a través de BancoEstado y cubrirá hasta la pérdida total de la carga por ataques por razones políticas.

Por último, entre otros datos, recordó todos los proyectos en trámite o ya despachados para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Del mismo modo, comprometió un plan de reforzamiento adicional al accionar del Ministerio Público desde Arica a la región de Coquimbo.

Cámara respalda propuesta para ampliar el permiso laboral para sufragar

 

La iniciativa extiende a media jornada el permiso para votar de aquellas personas que necesariamente deben trabajar en jornadas electorales.

Por amplia mayoría, la Sala de la Cámara respaldó el proyecto presentado por diputados/as que extiende el tiempo para ir a votar de las y los trabajadores (boletín 15171). La iniciativa, que contó con 145 votos a favor y 1 abstención, pasó a segundo trámite al Senado.

La norma, aprobada en general en septiembre de 2022, modifica la ley 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones y Escrutinios. Dicha norma establece que en las actividades que deban necesariamente realizarse en día de elecciones, las y los trabajadores dispondrán de dos horas para ir a sufragar. La actual propuesta legal en trámite aumenta ese tiempo a media jornada.

En el caso de las y los trabajadores del transporte público, adicionalmente, fija que dispondrán de tres horas de permiso para votar. En sus casos, la autoridad competente les otorgará una credencial para que puedan ejercer su derecho de manera preferente, tal como ocurre con las personas discapacitadas y de tercera edad.

Estos permisos serán sin descuento de remuneraciones.

Debate

El segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior fue expuesto por la diputada Marta González (IND). En su intervención, explicó que en el debate en particular de la norma aprobaron la indicación del diputado Andrés Giordano (IND) sobre el permiso para trabajadores del transporte público.

Esta extensión fue valorada por quienes intervinieron en el debate de la propuesta en la Sala. Su autor señaló que con esto se busca garantizar el derecho de toda la ciudadanía pero, también, asegurar la continuidad del transporte público.

Además, las y los diputados destacaron la ampliación general a media jornada del tiempo para votar. Esto, porque estudios señalan que el tiempo promedio de traslado en un día de elecciones puede llegar a los 120 minutos. Esta situación expone a las y los trabajadores a sanciones en sus trabajos o bien por no votar, considerando la obligatoriedad del voto.

A su vez, reconocieron la importancia de la medida para las y los trabajadores que ejercen sus funciones lejos de sus domicilios. Esto porque gracias a una de las últimas modificaciones legales, los locales de votación se encuentran cerca del lugar de residencia.

En la sesión intervinieron las y los diputados Cristhian Moreira (UDI) Bernardo Berger (IND), Francisco Undurraga (Evopoli), Daniel Lilayu (UDI), Carolina Marzán (PPD), Álvaro Carter (UDI), Marta Bravo (UDI) y Carolina Tello (PC).

Brasil: Marina Silva anuncia la creación de la Autoridad Nacional de Seguridad Climática

En el acto en el que asumió el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, la ministra enumeró la reanudación y creación de secretarías e instancias para que el país pueda honrar los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.

La ceremonia tuvo lugar en el Palacio del Planalto este jueves (05/01).Foto: Filipe Araújo

La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, anunció, este miércoles (04/01), la creación de la Autoridad Nacional de Seguridad Climática en el ámbito de la Pasta, a finales de este año. La declaración fue hecha durante la ceremonia de traspaso de cargo, en el Palacio del Planalto, en Brasilia (DF).


“Para marzo de este año se formalizará la creación de la Autoridad Nacional de Seguridad Climática, en el ámbito del Ministerio del Ambiente, además de la creación de un Consejo Nacional de Cambio Climático, que será comandado por el Presidente de la propia República y con la participación de todos los ministerios, sociedad, estados y municipios”, anunció el ministro.


Marina explicó que la Autoridad Nacional de Seguridad Climática tendrá como finalidad producir subsidios para la ejecución e implementación de la Política Nacional de Cambio Climático, además de regular y monitorear la implementación de acciones relacionadas con políticas y metas sectoriales de mitigación, adaptación y promover la resiliencia al cambio climático. La decisión del gobierno es que el diseño de esta autarquía se presente al Congreso Nacional para el próximo mes de abril.


En la ceremonia, hizo un llamado al país a trabajar juntos en temas ambientales durante los próximos cuatro años. “La presencia de todos ustedes es prueba de que esta tarea no es mía. Esta tarea es de un pueblo, es de una sociedad, es de una visión política que ahora está a la altura del desafío que el mundo nos exige y la condición que tiene Brasil para responder a ese desafío”, dijo, luego de destacar la emoción que sintió al estar acompañada de su familia en la ceremonia y al estar segura de la devolución del Fondo Amazonía, que fue retomado en virtud de un decreto firmado por el presidente Lula.


El ministro hizo un balance crítico de la gestión de los últimos cuatro años en el área ambiental. “La política de cambio climático se ha vaciado por completo, al punto que Brasil, que antes era un actor exponente en el ámbito global, ahora es visto como un paria ambiental”, destacó.

Para revertir esta situación, anunció una serie de medidas, entre ellas la reanudación y creación de secretarías e instancias para que el país pueda honrar los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y tratar otros temas ambientales. “La emergencia climática se impone. Queremos resaltar la debida prioridad del que es, quizás, el mayor desafío global que vive actualmente la humanidad”, resaltó.

Marina Silva anunció la recreación de la Secretaría Nacional de Cambio Climático, que había sido extinguida y que incluye un departamento de políticas para la gestión oceánica y costera.

Marina Silva reveló el regreso al MMA de la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento Básico (ANA) y el Servicio Forestal Brasileño (SFB). También vuelve a la cartera la responsabilidad de la gestión compartida de los recursos pesqueros, la promoción de la gestión ambiental en las zonas rurales, así como las políticas para fortalecer el papel de los pueblos y comunidades tradicionales en la administración de sus territorios. Otro destaque fue el retorno a la gestión de la Política Nacional de Recursos Hídricos y la inauguración del Departamento para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales.

“Entonces, vinculados al MMA están el IBAMA, el ICMBio (Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad), el Jardín Botánico de Río de Janeiro, la ANA (Agencia Nacional de Agua y Saneamiento Básico), el Servicio Forestal y, posteriormente, la Autoridad para el Cambio Climático”, citó Marina Silva. También anunció que dentro de la carpeta ahora está la Secretaría Extraordinaria de Control de la Deforestación y Ordenamiento Territorial y Territorial.

Para evidenciar el cambio de enfoque dado al medio ambiente en este gobierno, Marina Silva mencionó la importancia del Decreto Presidencial que recompone la participación social del Consejo Deliberante del Fondo Nacional Ambiental (FNMA), con el fin de hacerla más participativa y transparente. . También recordó el Despacho Presidencial que, ante el agotamiento del Consejo Nacional del Medio Ambiente - Conama, determina la revisión de la estructura y funcionamiento de Conama, con el fin de eliminar los retrocesos que le impuso el gobierno anterior en un plazo de cuarenta y cinco años. cinco años.días.

Al final, Marina también señaló que este gobierno volverá a promover la valoración de los empleados vinculados con el medio ambiente. “Basta ya de persecución. No más acoso institucional e individual. Mereces respeto”, concluyó el ministro.

En el evento, el primer ministro de la Casa Civil, Rui Costa, marcó la pauta de la importancia que tendrá la agenda en esta gestión. “La Casa Civil de la Presidencia de la República se expresará todos los días, procurando que el medio ambiente se vea de manera transversal en todos los ministerios de la República”, destacó la ministra. También afirmó que la atención a la sustentabilidad y al ecosistema será tenida en cuenta en todos los proyectos del gobierno Lula.

Currículum de Marina Silva

Nacida en Rio Branco (AC), Marina Silva, de 64 años, posee una larga trayectoria en la política, habiendo sido concejala de Rio Branco, diputada estadual y senadora por Acre y, en las últimas elecciones, fue elegida diputada federal por São Paulo.

Ocupará por segunda vez el cargo de Ministra del Medio Ambiente, cargo que ocupó entre 2003 y 2008. Historiadora, fue una de las fundadoras de la Central Única dos Trabalhadores (CUT) en Acre, junto al cauchero Chico Mendes. 

Bono Marzo sube al doble: conozca el detalle de esta medida junto al paquete de apoyo a la economía familiar que implementará el Gobierno

 

De ser aprobado por el Congreso, el Aporte Familiar Permanente 2023 (Bono Marzo) llegará a cerca de $120.000 que irán directo al bolsillo de las personas, alcanzando a más de 1 millón 500 mil hogares

Nuevas y muy buenas noticias para las familias chilenas dio a conocer el Presidente Gabriel Boric, quien anunció un aumento al doble del Aporte Familiar Permanente 2023, más conocido como Bono Marzo, el cual, de ser aprobado por el Congreso, llegará a cerca de $120.000 que irán directo al bolsillo de las personas, alcanzando a más de 1 millón 500 mil hogares.

Este Bono será recibido por familias con Subsidio Familiar, pertenecientes al Subsistema de Seguridades y Oportunidades, o que reciben el pago de Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

Pero como sabemos que estos han sido tiempos difíciles y que enfrentar el alza en el costo de la vida es un desafío que las familias viven mes a mes, el Gobierno decidió también anunciar otras medidas para generar soluciones que apoyen y sean un real alivio para la economía en los hogares.

En total serán siete, entre las que destacan: el aumento al doble del Aporte Familiar Permanente (Bono Marzo) correspondiente al año 2023; la creación de un Bolsillo Familiar Electrónico y el aumento y ampliación de la Asignación Familiar (AF) y del Subsidio Único Familiar (SUF), entre otras.

Estas medidas se sumarán a diversas iniciativas y proyectos de ley que hemos impulsado en los últimos meses para llevar ayudas concretas a los hogares. Medidas tales como: la estabilización del precio de los combustibles, ingreso del proyecto de ley que incorporar a alrededor de 70 mil nuevos beneficiarios en la Pensión Garantizada Universal (PGU) y sube su monto a 250 mil pesos, la entrega del bono extraordinario de invierno de 120 mil pesos que benefició a 7,5 millones de personas, el mayor aumento del salario mínimo en los últimos 25 años, la creación del nuevo Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario (FOGAPE) para facilitar el acceso a financiamiento de las pymes y una ley de alivio tributario para las empresas de menor tamaño, entre otras.
Conozca a continuación el detalle de todas las nuevas medidas:

1. Bono Marzo

Duplicaremos de forma extraordinaria en 2023 el monto del Aporte Familiar Permanente (conocido como Bono Marzo), apoyando a las familias en una etapa del año con una alta carga económica. Esto beneficiará a más de 3 millones de personas, pertenecientes a 1,5 millones de hogares.

Las personas obtendrán el Aporte Familiar Permanente tal como hasta ahora, y recibirán un segundo pago extraordinario por el mismo monto una vez aprobado el proyecto de ley en el Congreso. Alcanzando de esta manera, un aporte total de alrededor de 120 mil pesos.

Para consultar se debe ingresar a www.aportefamiliar.cl con su RUT y fecha de nacimiento, donde se informará cuál será su fecha y local de pago asignado, una vez que se publiquen las nóminas de beneficiarios.

*Proyecto de ley sujeto a la aprobación del Congreso Nacional

2. Crearemos el “Bolsillo Familiar Electrónico”


Este consistirá en una transferencia estatal -realizada por el IPS- de 13.500 pesos mensuales por carga. Esta se entregará dentro de la Cuenta RUT como un monto separado, con dedicación exclusiva para la compra de alimentos. Estos recursos cubrirán hasta un 20% del valor de las compras con el propósito de aliviar el aumento en el costo de la vida para 1,5 millones de hogares. Si el beneficiario no tuviera dinero en su Cuenta RUT, aún así podrá usar el saldo que tenga en su “Bolsillo Familiar Electrónico”.

Esto reemplazará al “Aporte Canasta Básica de Alimentos”, que tenía vigencia sólo hasta abril de 2023. Ahora el beneficio se convertirá en un monto fijo, que se extenderá por todo el año, y que permitirá seguir ayudando a las familias.

*Proyecto de ley sujeto a la aprobación del Congreso Nacional

3. Incrementaremos de Asignación Familiar y Subsidio Único Familiar

Incrementaremos, de forma permanente, en un 20% el monto de la Asignación Familiar (AF) y del Subsidio Único Familiar (SUF), beneficiando a más de 3 millones de cargas, pertenecientes a 1,5 millones de hogares.

Esto implicará un incremento de hasta 3.500 pesos mensuales, lo que permitirá que una familia beneficiaria del SUF o del primer tramo del AF, que recibía 16.828 pesos mensuales, ahora obtendrá 20.328 pesos. Para los dos tramos restantes de la AF, los valores pasarán de 10.327 pesos mensuales a 12.475 pesos y de 3.264 pesos mensuales a 3.943 pesos, respectivamente.

Por ejemplo, un hogar con dos cargas familiares, recibirá 40.656 pesos mensuales por concepto de SUF (o primer tramo de Asignación Familiar).

Además, en línea con nuestro propósito de poner a los niños y niñas en el centro, avanzaremos en la automatización del SUF, para que llegue a más de 900 mil niños, niñas y adolescentes que pertenecen al 40% más vulnerable de la población, que actualmente no acceden al beneficio por efectos del trámite de postulación. Esto permitirá avanzar hacia un piso progresivo de protección social.

Cámara aprobó cambios para aumentar beneficiarios de la PGU

 

El proyecto, remitido al Senado para su segundo trámite, permitirá sumar, el primer año, a mas de 73 mil adultos mayores a este beneficio.

Permitir que más personas puedan acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU) es el objetivo del proyecto aprobado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados (boletín 15625).

El texto, aprobado por 131 votos a favor y 1 abstención, pasa al Senado a su segundo trámite.

Además, las/os diputados aprobaron una indicación que establece una obligación de información del Instituto de Previsión Social, a las comisiones de Trabajo del Congreso Nacional, cada seis meses, del número de personas que cumplen los requisitos establecidos en la ley.
Contenido del proyecto

La propuesta modifica la ley 21.419, que creó este beneficio como reemplazo de las prestaciones de vejez del Sistema de Pensiones Solidarias (Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario de Vejez).

Cabe recordar que la PGU pasó de la cobertura del 60% de la población de menores recursos -Pilar Solidario-, a toda la población de 65 años o más. Esta pensión garantizada incluye a los adultos mayores que no están jubilados. La única excepción es el 10% más rico de ese universo.

Pero esta calificación consignada en la ley dejó fuera a adultos mayores que sí deberían recibir el beneficio, porque no forman parte del 10% más rico de la población total del país.

Esto debido a que si se toma en cuenta al 90% de toda la población de menores recursos del país, el valor de corte es de $683.469 pesos. Pero si se usa como base solo al 90% de la población de 65 años o más, como ocurre hoy con la PGU, su valor disminuye a $497.468; ya que los adultos mayores son más pobres que la población general.

En ese sentido, el proyecto propone modificar la ley para tomar como corte al 90% de toda la población y no al subgrupo de 65 años o más. Con este cambio, alrededor de 73 mil adultos mayores también podrán acceder a la PGU, en el primer año de vigencia de la norma.


Debate parlamentario

El informe de la Comisión de Trabajo lo rindió a la Sala el diputado Luis Alberto Cuello (PC). Por la Comisión de Hacienda, en tanto, lo hizo el diputado Guillermo Ramírez (UDI).

Intervinieron en el debate las/os diputados Alberto Undurraga (DC), Bernardo Berger (IND), Felipe Donoso (UDI); Nelson Venegas (PS), Chiara Barchiesi (PREP), Carlos Bianchi (IND); Francisco Undurraga (Evopoli), Miguel Ángel Calisto (IND), Gael Yeomans (CVS); Nathalie Castillo (PC), Cristhian Moreira (UDI), Luis Alberto Cuello (PC); Miguel Mellado (RN), Cristián Tapia (IND), René Alinco (IND) y José Carlos Meza (PREP).

Asimismo, Leonardo Soto (PS), Marta Bravo (UDI), Joanna Pérez (IND); Ximena Ossandón (RN), Andrés Jouannet (IND), Emilia Schneider (Comunes); Agustín Romero (PREP), Daniella Cicardini (PS), Jorge Guzmán Evopoli); Félix González (PEV), Daniel Lilayu (UDI), Andrés Giordano (IND); Carolina Tello (PC), Erika Olivera (IND), Christian Matheson (IND) y Juan Santana (PS).

Transversalmente, las/os diputados valoraron esta modificación que permite avanzar a la universalidad y que beneficiará a un importante número de adultos mayores.

No obstante, se planteó que aún persisten criterios discriminatorios en el caso de las mujeres, que si bien pueden jubilar a los 60 años, solo pueden postular a la PGU a los 65. En ese sentido, se insistió con una indicación en la Sala para rebajar dicha edad. Esta fue declarada inadmisible, porque es una materia que es de exclusiva iniciativa del Presidente de la República.

Otro punto puesto en debate fue el llamado a incorporar en el universo beneficiado a pensionados del sistema Capredena. Esto, porque según señaló la diputada Chiara Barchiesi (PREP), un 25% de estos recibe pensiones menores a 450 mil pesos.

Las/os legisladores también llamaron la atención sobre el financiamiento de la PGU, que hoy implica un aporte del Estado equivalente a 2,3 puntos del PIB. Así, se trata de un beneficio que concentra la mayor cantidad de recursos públicos y que se incrementará año a año al sumar nuevos beneficiarios.

Por ello, se instó desde distintos sectores a contar transparentar cuál será la fuente permanente de financiamiento. Sin embargo, se plantearon posturas disímiles sobre el origen de esos fondos. Desde el oficialismo se llamó a respaldar la reforma tributaria para que no sean los trabajadores, sino los que más tienen los que aporten.

En cambio, el diputado José Carlos Meza (PREP), criticó que no se discuta otra vía que, es gastar menos y reducir costos innecesarios, como “la contratación de amigos y parientes en el Estado o subir sueldos a altos funcionarios”.

Todos los sectores plantearon que es necesario seguir avanzando en mejorar el sistema de pensiones. En ese aspecto, se pidió al gobierno implementar mecanismos que universalicen el beneficio, que faciliten su postulación (ya que los adultos mayores son poco digitalizados) y que se pueda asegurar que quienes hoy reciban la PGU no la pierdan en el futuro, por cambios en los parámetros socioeconómicos de la población.

Gobierno

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, explicó que esta propuesta pretende mejorar la ley aprobada el 29 de enero del año pasado. La idea es corregir el alcance de los beneficiarios aplicando el mismo parámetro de política pública usado con el otrora pilar solidario. Ello, aclaró, permitirá la incorporación de mas personas en régimen a este beneficio.

Precisó que, del universo de personas de 65 años o más, 24 mil adultos mayores ya postularon y fueron rechazados con los criterios vigentes que esta norma corrige. El resto de los posibles beneficiarios se calculan atendiendo la situación socioeconómica disponible en las bases administrativas del Estado. Detalló que quienes ya presentaron su postulación serán recalificados de oficio, sin necesidad de volver a realizar el trámite.

Por último, especificó que la iniciativa tendrá un costo fiscal de 168 mil millones de pesos. Asimismo, remarcó que, a la fecha, se pagan 2 millones 30 mil Pensiones Garantizadas.

Con argumentación de Acuerdo de Escazú: INDH presenta informe en derecho ante Suprema por socavón en Tierra Amarilla

En el informe elaborado por el INDH se enfatiza el derecho a la información que tienen las personas y que es uno de los puntos esenciales del tratado del que Chile es parte desde junio del año pasado.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ante la Corte Suprema un informe en derecho o Amicus curiae por el reclamo que tienen tanto la municipalidad como los vecinos de Tierra Amarilla por un socavón producido a causa de la actividad minera en un área cercana al río Copiapó. 

Este socavón de 32 metros de diámetro y 64 metros de profundidad ocurrió durante el pasado 30 de julio, en un predio de la Compañía Minera Ojos del Salado. Esta firma tiene en el lugar el proyecto Mina Alcaparrosa.

Debido al socavón, que está a 500 metros de asentamientos con personas, el municipio y algunos vecinos de Tierra Amarilla presentaron recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó. 

El tribunal rechazó dichas presentaciones porque la situación está “absolutamente controlada” y los organismos fiscales especialistas adoptaron “todas las medidas urgentes, necesarias y pertinentes”. Ya conocido el resultado, los autores del recurso elevaron su reclamo a la Corte Suprema, donde lo verá la tercera sala.

En este contexto fue que el INDH interpuso su Amicus curiae. Se trata de una presentación que pueden realizar terceros ajenos a una causa judicial pero que tienen un justificado interés en el litigio. Su admisibilidad queda entregada por lo general al respectivo tribunal. 

El INDH también ha presentado estos informes con motivo de la licitación para explotar yacimientos de litio en Antofagasta y Atacama (2022) y para la defensa de un espacio ceremonial de comunidades mapuche – williche en Los Ríos (2021).

Según dice el informe del INDH, la presentación tiene por objetivo ilustrar los alcances del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y los estándares sobre empresas y DD.HH., en particular principios relativos al deber del Estado de proteger y el deber de las empresas de respetar, que están contenidos en diversos instrumentos y documentos del derecho internacional de los DD.HH. 

Entre otros argumentos, el Amicus curiae menciona acerca del primer punto los principios señalados en el Acuerdo de Escazú, del cual Chile es parte desde el 13 de junio del año pasado.

El informe recuerda que el Acuerdo de Escazú tiene por objetivo garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Dedica especial atención a personas y grupos en situación de vulnerabilidad y coloca la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. 

De hecho, el artículo 5 del acuerdo indica que cada Estado firmante “deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental”, que está en poder de las autoridades, bajo su control o custodia, según el principio de máxima publicidad”. 

A eso, añade que la autoridad deberá responder solicitudes de información ambiental con la máxima celeridad, “en un plazo no superior a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la misma o en un plazo menor si así lo previera expresamente la normativa interna”.

Hay que recordar que el recurso del Municipio de Tierra Amarilla que rechazó la Corte de Copiapó plantea, entre otras materias, que la autoridad instruya un estudio dando cuenta de las explotaciones subterráneas e informando si debajo de la zona urbana existen explotaciones de ese mismo tipo. Además, el recurso pide ordenar a la Minera Ojos del Salado entregar semanalmente información sobre el socavón y las tronaduras “para la tranquilidad de los y las vecinas” de Tierra Amarilla.

Derechos humanos y empresas

El Amicus curiae también menciona los principios rectores en materia de derechos humanos y empresas. Entre ellos hace especial énfasis en el Pilar N°2 de estos principios, que sostiene que “las empresas deben respetar los DD.HH. Eso significa que deben abstenerse de infringir los DD.HH. de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los DD.HH. en las que tengan alguna participación”.

La consecuencia de este pilar es que existe una responsabilidad corporativa independiente de respetar los DD.HH., “lo que significa que las empresas comerciales deben actuar con la debida diligencia para evitar infringir los derechos de los demás y abordar los impactos adversos con los que están involucrados”.