Tribunal Constitucional declaró inadmisible recurso que presentó coronel (r) Marco Treuer luego de ser condenado por homicidio de Álex Lemun

 

El retirado carabinero debe cumplir cárcel efectiva por el hecho ocurrido en noviembre de 2002. Pasaron casi 20 años hasta que la justicia entregó veredicto. El INDH se hizo parte en esta causa en el TC y pidió rechazar los argumentos de Marco Treuer.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible un recurso interpuesto por el coronel en retiro de Carabineros Marco Treuer Heysen, quien recurrió al TC luego que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Temuco lo condenó a siete años de cárcel efectiva por el homicidio del joven mapuche Álex Lemun (17), que perpetró en Angol en noviembre de 2002. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue parte en la causa abierta por el TC y argumentó que el recurso de Treuer debía ser rechazado.

El coronel en retiro de Carabineros interpuso un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en noviembre pasado, luego de la condena del TOP de Temuco. Ésta última corresponde al segundo juicio, debido a que a fines de 2021 la Corte de Apelaciones instruyó repetir el proceso, al acoger un recurso de nulidad de la sede de La Araucanía del INDH contra la primera condena (tres años de cárcel, dados por cumplidos viendo el lapso de Treuer en prisión preventiva y arresto domiciliario).

En el TOP de Temuco se dio por acreditado que en noviembre de 2002 Treuer conducía a un grupo de Carabineros enviados al fundo Santa Alicia, en Angol, porque se registraba una ocupación por parte de una comunidad mapuche. Una vez en el sitio, Treuer recurrió a munición de plomo para enfrentar los hechos. Uno de sus disparos impactó en la cabeza a Álex Lemun, entonces de 17 años, quien se encontraba a una distancia de entre 70 y 100 metros. El joven murió el 12 de noviembre por la herida que le causó la munición.

Ahora que tiene que cumplir cárcel efectiva —le sirven de abono los 3 años y 358 días— Treuer buscó revisar el caso ante el TC. Ante esto el INDH se hizo parte y esgrimió en un escrito interpuesto el 28 de diciembre que no se puede revisar la causa porque es una sentencia “firme y ejecutoriada” desde el 22 de noviembre del año pasado. Este fue uno de los argumentos que la primera sala del TC usó al declarar inadmisible el recurso de Treuer. “La acción deducida no puede prosperar, en virtud de que la gestión pendiente ha concluido su tramitación ordinaria”, dice el fallo del TC.

El caso de Álex Lemun tuvo una extensa tramitación. Primero en 2004 el IV Juzgado Militar de Valdivia decretó el sobreseimiento de modo temporal y parcial, lo que ratificó la Corte Marcial ese mismo año. Pero en 2017 la Corte Suprema decidió reabrirlo, esta vez en la justicia ordinaria. Ese mismo año en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se había aprobado un informe estableciendo “la responsabilidad de Chile por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, igualdad y no discriminación, derechos del niño, derechos a las garantías judiciales y protección judicial de Álex Lemun, su familia y la comunidad Requén Lemun”.

Justicia declaró culpables a Carabineros por balacera y golpiza durante la crisis social: dos menores de edad resultaron heridos a bala

Los hechos ocurrieron en Pudahuel mientras regía el estado de excepción en la Región Metropolitana. Un mayor puso su arma en la cabeza a una persona. El INDH actúa como querellante en esta causa.

El Primer Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago declaró culpables a seis funcionarios de Carabineros por su participación en una balacera y una golpiza perpetradas en octubre de 2019, durante manifestaciones de la crisis social en la comuna de Pudahuel. El hecho intentó ser encubierto con un parte falso, a raíz de lo cual una de las víctimas fue formalizada por robo y atentado contra un policía. La sede de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actúa como querellante en esta causa.

En su veredicto, el tribunal declaró culpable a D.B.G. por tres delitos de homicidio frustrado (dos de sus víctimas eran menores de edad al momento de los hechos) y falsificación de instrumento público. J.J.R.S. fue declarado culpable de apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público; mientras que V.M.C.S. y S.N.S.S. de apremios ilegítimos, y O.G.T.M. y V.A.S.Q. de falsificación de instrumento público.

Según el tribunal, los hechos acreditados más allá de toda duda razonable son los siguientes: el 20 de octubre de 2019 y mientras la Región Metropolitana se encontraba en estado de emergencia constitucional, D.B.G. disparó en contra de un auto en movimiento hiriendo a dos menores y un adulto. El vehículo detuvo su marcha en calle Claudio Arrau cerca de la salida a la Ruta 68, donde llegó un gran número de funcionarios policiales, dice el veredicto. Algunos uniformados golpearon e insultaron a las víctimas mientras otros no lo impidieron. Entre las víctimas de esta golpiza había un tercer menor.

En tanto, prosigue el veredicto, J.J.R.S., en esa época mayor y jefe operativo de la zona oeste, en compañía de S.N.S.S. y V.M.C.S. se encontraban en las afueras de una empresa en calle Claudio Arrau. “En el contexto de practicar un control de identidad, interceptaron a una persona, a la que aplicaron apremios ilegítimos consistentes en golpes de pie, botarlo al piso y una vez reducido, continuar con la misma agresión”. El mayor J.J.R.S., quien hoy se encuentra en retiro, “procedió a colocarle una pistola en la cabeza para después ser subido a un carro policial”.

Estos mismos tres funcionarios de Carabineros fueron al sitio donde había sido detenido el vehículo que recibió los impactos de bala. “El mayor J.J.R.S. conversó con D.B.G., quien le señaló que el vehículo no había hecho caso a la instrucción de detenerse, que había retrocedido y que en ese contexto disparó su arma de servicio. En su carácter de mayor y jefe operativo de la zona de intervención oeste, y todo esto en presencia de O.G.T.M. y de V.A.S.Q., J.J.R.S. le señaló que los hechos ocurrieron como él les iba a describir”, afirma el veredicto.

Enseguida, el fallo relata la versión de los hechos que el mayor instruyó a sus subalternos: “El chofer del vehículo le tiró el automóvil encima al subteniente D.B.G., le chocó la motocicleta, cayendo entonces al piso y ante un riesgo inminente para su vida hizo uso de su arma de servicio”. Por eso, dijo el mayor, había que dejar la moto con daños. “D.B.G., O.G.T.M. y V.A.S.Q. falsificaron un instrumento público, indicando entre otras circunstancias que la víctima había tirado el vehículo encima a D.B.G.”.

Luego prosigue describiendo que los funcionarios generaron un parte policial “ideológicamente falso, dando además J.J.R.S. una cuenta telefónica falsa y generando un documento falso. El procedimiento fue informado como robo en lugar no habitado y homicidio frustrado en contra de un funcionario policial”. Por eso la víctima pasó a control de detención el 21 de octubre de 2019, teniendo una herida a bala de carácter grave y siendo formalizada por los delitos de atentado contra la autoridad y robo en lugar no habitado.

La sentencia será dada a conocer el lunes 6 de marzo.

Salvador Allende y la brillantez de la revolución chilena

“Así yo distingo dicha de quebranto Los dos materiales, que forman mi canto
Y el canto de ustedes que es el mismo canto
Y el canto de todos que es mi propio canto”
Violeta Parra (1966)

La memoria del gobierno de Allende y el camino chileno al socialismo se hicieron inseparables de su trágico desenlace.

En el tema Gracias a la Vida, la chilena Violeta Parra dice que su canto está formado por dicha y quebranto, es decir, éxtasis y consternación, o júbilo y consternación. Esta dualidad del canto de Violeta también parece ser el material de los recuerdos de muchos chilenos sobre la experiencia del gobierno de la Unidad Popular (UP), cuyo triunfo electoral cumple 53 años en septiembre de 2023.


Entre quienes vivieron la euforia popular por la elección de Salvador Allende, el recuerdo de esa alegría se volvió casi inseparable del recuerdo de horror del golpe de 1973 y las bombas que destruyeron el Palacio de La Moneda con el compañero presidente adentro. “El 11”, dicen los chilenos en tono serio, como si quisieran reducir a la más mínima partícula lo indecible de la dictadura del traidor Pinochet.

En cierto modo, la memoria del gobierno de Salvador Allende y el camino chileno al socialismo se ha vuelto inseparable de su trágico desenlace: dicha e quebranto.

Victoria electoral y casi golpe de estado en 1970

Salvador Allende fue elegido el 4 de septiembre de 1970 en representación de la UP, una coalición de cinco partidos de izquierda que pretendía crear su propio camino de transición al socialismo. 

Como dijo el grupo musical Inti-Illimani en Canción del Poder Popular, no se trataba solo de cambiar presidentes, sino de lograr que, por primera vez en la historia, el pueblo trabajador construyera con sus propias manos “un Chile biendiferente”.

Durante los 60 días que transcurrieron entre la victoria de Allende y su toma de posesión el 4 de noviembre, los planes golpistas intentaron impedir que el socialista recibiera la banda presidencial. La elección fue reñida, Allende ganó con solo un 1,3% de diferencia con el conservador Jorge Alessandri, distancia que se incrementó considerablemente en las dos elecciones que se realizaron durante su mandato³. 

La Constitución exigía que el resultado se confirmara en una segunda vuelta parlamentaria. Pero la UP tenía un 38% de diputados y un 46% de senadores, lo que la hacía dependiente de la izquierda de la Democracia Cristiana (DC). La presión popular fue decisiva. Los sindicatos de trabajadores y campesinos urbanos se movilizaron al Congreso para respaldar el voto popular.

Mientras tanto,la CIA, la International Telephone and Telegraph (ITT) y el entonces presidente Eduardo Frei, desde la derecha de la DC, quien recibió $250,000 del Comité Forty4 para evitar que Allende asumiera el cargo. Frei fracasó en 1970, pero luego apoyó el golpe de 1973 y fue asesinado por la dictadura en 1982.

La movilización popular jugó un papel clave para asegurar la victoria de Allende e iniciar una de las experiencias más emocionantes en la historia de las revoluciones.

El resplandor de la unidad popular

Chile en 1970 representaba el 4,5% de la población latinoamericana, pero los ojos del mundo entero estaban vidriosos ante su revolución incruenta, con empanadas y vino tinto. 

El programa de la UP proponía un socialismo democrático que socializaría la economía y mantendría la pluralidad en la política. La idea era dividir la economía en áreas: estatal, cooperativa y privada. La empresa estatal y la cooperativa, en conjunto, formarían el Área de Propiedad Social; mientras que el sector privado sería nacionalizado y formado únicamente por pequeñas y medianas empresas.

Unas 92 empresas estratégicas se listaron para su nacionalización, incluidos los gigantes estadounidenses del cobre Anaconda y Kennecott, expropiados sin compensación. Orlando Caputo, quien encabezó la Corporación del Cobre (Codelco) en el gobierno de la UP, posiblemente la ausencia de indemnizaciones para este tipo de empresas fue la acción más atrevida del gobierno, que arremetió así contra la lógica imperialista en su núcleo. Sin dudas esto fue un factor determinante para el golpe.

Sectores de la burguesía chilena que saboteaban la producción contra el gobierno tuvieron industrias expropiadas, transformadas en empresas autogestionadas por trabajadores con apoyo estatal. Este fue el caso de la fábrica textil Yarur, como relata el historiador Peter Winn en su libro Weavers of Revolution. 

La autogestión de las fábricas fue ganando progresivamente proporciones territoriales, hasta conformarse los famosos Cordones Industriales, experiencias de poder popular y productivo que demuestran la impresionante fuerza de la autoorganización de los trabajadores chilenos.

La reforma agraria fue otra gran frontera de expropiaciones en beneficio de las mayorías. En tres años se redistribuyeron casi 6 millones de hectáreas, afectando más de 3.000 predios y beneficiando a casi 100.000 familias campesinas incorporadas en asentamientos y centros de reforma agraria. 

Es decir, más de medio millón de personas sin tierra se han liberado de las oligarquías rurales. Según Sólon Barraclough, economista de la FAO, fue la mayor redistribución de tierras dentro de la ley en la historia mundial, lo que demuestra lo extraordinario que fue el camino chileno al socialismo.

El gobierno de Allende se ha comprometido a erradicar el analfabetismo en su sexenio. Para el historiador Robert Austin, la promesa se habría cumplido de no haber sido por el golpe. En tres años, más de la mitad del analfabetismo había desaparecido, gracias a dos factores: la enorme movilización voluntaria de estudiantes y educadores para enseñar donde fuera necesario y la fuerza descentralizada de la educación popular de adultos, fruto del notable paso de Paulo Freire por el país, años antes.

Dos revoluciones

Los historiadores defienden que el Chile de la UP vivió dos revoluciones. Una desde abajo, construida desde la experiencia comunitaria popular, el trabajo colectivo, las formas cooperativas de sociabilidad y la lucha diaria contra la codicia patronal. 

Y la otra, desde arriba, liderada por la dirección de los partidos de izquierda que se comprometieron a garantizar la solidez institucional de los cambios, consolidando el proyecto socialista en el gobierno y preservando la narrativa de una vía pacífica.

En 1971, las dos revoluciones se retroalimentaron y fortalecieron. La movilización popular dio impulso al gobierno para avanzar en su programa y, a pesar de los desacuerdos internos de la UP, fue un año armonioso y creativo de la revolución chilena. 

Pero en 1972 se intensificaron las acciones de sabotaje interno y externo. El Congreso estranguló al Ejecutivo aprobando leyes presupuestarias que entorpecían cualquier política. Los préstamos estadounidenses se agotaron, aumentando las dificultades de importación en un contexto de mejora general del poder adquisitivo. El boicot a la economía popular fue desatado por las clases dominantes internas, especialmente con las acciones de acaparamiento, el ocultamiento de existencias de víveres por parte de los comerciantes, lo que fomentó un mercado ilegal inflado.

Este ataque especulativo de las élites provocó desabastecimiento y fue respondido por la población con las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), cuya importancia fue narrada por Eder Sader. Centros de Madres, Juntas de Vecinos y JAPs se ocuparon del abastecimiento en los barrios populares, para garantizar los bajos precios fijados por el gobierno y contener la inflación, cuya causa era más político-ideológica que económica. La revolución tuvo un fuerte impulso comunitario.

El pico de la crisis se produjo en octubre de 1972, cuando los empresarios de la distribución y el comercio entraron en huelga, consolidando la posición de la mediana y pequeña burguesía frente al gobierno popular. La relación del gobierno con estas fracciones de clase fue uno de los ejes de la polémica: ¿debe la revolución proteger o expropiar a los pequeños y medianos terratenientes? No hubo consenso.

Después de octubre, se agudizó el choque entre las dos revoluciones. Mientras Allende buscaba preservar la constitucionalidad de su poder y conducir la revolución “desde arriba” con cautela, la derecha y la extrema derecha inviabilizaron el gobierno con sediciones, ataques violentos y boicots, llevando a un callejón sin salida el camino chileno al socialismo. Los ministros más fuertes de Allende enfrentaron acusaciones constitucionales sin base legal.

En las calles, la población gritó por el cierre del Congreso y aseguró: “¡Allende, Allende, el pueblo te defiende!”. La izquierda radical, dentro y fuera de la UP, proponía el avance impetuoso de la revolución y la ruptura con la legalidad burguesa. Sin embargo, tampoco disponían de las armas y métodos preparados para llevar a cabo su política de insurrección revolucionaria. El estancamiento se profundizó hasta septiembre de 1973, cuando las fuerzas militares traidoras y civiles traidores más brutales del país tomaron el poder.

Salvador Allende, quien murió en defensa de una vía pacífica y democrática al socialismo, fue fotografiado en sus últimas horas sosteniendo el AK-47 que le entregó Fidel Castro en 1971, junto con un mensaje: “A mi buen amigo Salvador Allende, que por diferentes medios tratan de alcanzar los mismos objetivos”.

¿Derrota o fracaso?

Hasta el día de hoy, se debate si la revolución chilena fue derrotada o fracasó. En la primera hipótesis, la UP y el gobierno habrían hecho todo lo posible por transformar estructuralmente al país junto con las fuerzas populares, pero el enemigo se mostró más fuerte y mató el proyecto socialista con una política de exterminio.En la segunda hipótesis, los dos polos de la Unidad Popular se acusan mutuamente de los errores que los habrían llevado a su caída por razones internas a la dinámica revolucionaria.

El polo rupturista de la izquierda chilena, integrado por sectores del Partido Socialista, el Movimiento Unitario de Acción Popular (MAPU) y el Movimiento Revolucionario Izquierda (MIR), criticó el apego a la institucionalidad de Allende, alegando que el gobierno constreñía el poder popular, impidiendo la revolución de avanzar de abajo hacia arriba. El Partido Comunista y el sector allendista del PS, por su parte, acusaron a la izquierda radical de promover movimientos irresponsables e ilegales (como la toma de tierras, fábricas y barrios), que hacían inviable la revolución desde arriba, ya que tensan la país y ofreció a la derecha los argumentos que necesitaba para dar un golpe.

Daniel Céspedes, “un sospechoso izquierdista”, en el Estadio Nacional de Santiago.

Tal debate incluso parece un poco familiar en diferentes contextos, revolucionarios o no. En realidad, las polémicas de la izquierda chilena, con un polo rupturista e institucional, fueron propias del desafío de conquista del poder. Ganar elecciones fue un aspecto indispensable pero insuficiente de una serie de otras batallas por el poder que se dieron en todas las esferas de la sociedad. En Chile, el enigma de las revoluciones parece visible en todos sus detalles.

El recuerdo de UP a los 53 años

Conocer y apreciar la historia de la UP es importante por varias razones. La revolución chilena fue comunal y autogestionaria. Las cooperativas de trabajadores eran una forma económica fundamental. Si imaginamos un futuro de la UP sin golpe de estado, veríamos un socialismo horizontal, con la centralidad del poder popular, con diversidad de sonrisas, con un fuerte sentido de la dignidad en el trabajo y en los más variados territorios.

La revolución chilena fue plural, llena de voces disidentes y objetivos comunes. La cultura política evocada por la revolución chilena es de diálogo y praxis. Salvador Allende fue un gigante revolucionario, con una coherencia sin igual, que entregó su vida a un proyecto socialista profundamente democrático. En su último discurso, pronunciado dentro de un palacio presidencial en llamas, anunció el regreso de la revolución: “La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Tarde o temprano se abrirán las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre”.

En octubre de 2019, el estallido social chileno desencadenó la experiencia más desbordante de movilizaciones contra el legado de la dictadura del traidor  Pinochet, cristalizada en la constitución de 1980 y su estado subsidiario. Desde la revolución chilena no se han dado luchas populares tan masivas y contundentes, con millones de personas involucradas en la búsqueda de un nuevo modelo de sociedad. La constitución del traidor Pinochet, que no se responsabiliza de garantizar derechos sociales y condiciones mínimas para una vida digna a la población, fue la válvula de escape de las élites chilenas contra la repetición de cualquier experiencia popular similar a la UP. No por casualidad, la Asamblea Popular Constituyente se elevó al centro de la lucha actual.

El rechazo al neoliberalismo y al individualismo contenido en la explosión social de 2019 recuperó el sentido comunitario y horizontal con eco en la revolución chilena. Los luchadores populares del siglo XXI demostraron generosa entrega en las batallas callejeras por la “dignidad” de todos. Esta palabra, frecuentemente evocada por los chilenos que vivieron la UP, ha confluido a las múltiples luchas de hoy.

El sentido comunitario y combativo de la revolución chilena, así como la profunda representación popular de la UP, son lecciones para nuestro tiempo. Si nunca hemos sido tan individualistas y competitivos entre nosotros, la historia de la UP nos ofrece la comunidad, la pluralidad y la organización territorial de las bases populares como valores necesarios para la lucha anticapitalista.

Rodolfo Varela

Fuente: https://thetricontinental.org/pt-pt/

Cámara ratifica nueva prórroga del Estado de Excepción en la macrozona sur

La medida, también aprobada por el Senado- extiende por otros quince días el actual estado vigente. Es decir, hasta el 25 de febrero.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 95 votos a favor, 15 en contra y 11 abstenciones, la solicitud del Ejecutivo para prorrogar por 15 días más el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, en la denominada macrozona sur. La medida también fue respaldada, previamente, por el Senado.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 42, inciso primero, de la Constitución Política de la República, el Primer Mandatario requiere del acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia de la medida. Esta nueva extensión aplica para la totalidad de la Región de La Araucanía y para las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

El estado de excepción en la zona ha estado vigente desde el 16 de mayo de 2022. Con esta aprobación se mantendrá hasta el 25 de febrero próximo.

Debate

El análisis estuvo centrado en reforzar las medidas de seguridad e implementar un plan que permita mejorar las condiciones de vida en esos territorios.

En esa línea, parlamentarios de la zona destacaron que se trata de una herramienta indispensable, considerando la época de cosechas que hoy se desarrolla en el sector. Asimismo, valoraron la reducción de las cifras de violencia que han ido disminuyendo durante los últimos meses.

En el debate también hubo llamados a mejorar la relación del Ejecutivo con el Congreso Nacional. En ese sentido, se criticó la ausencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, durante la sesión de la Sala. Asimismo, algunos legisladores reiteraron la necesidad de contar con una medida similar en el norte del país, para enfrentar la migración.

Participaron de la discusión las diputadas y diputados Juan Carlos Beltrán (RN), Flor Weisse (UDI), Mauricio Ojeda (IND); Diego Schalper (RN), Sebastián Videla (IND), Jorge Rathgeb (RN); Stephan Schubert (IND), Henry Leal (UDI), Andrés Jouannet (IND); Miguel Ángel Becker (RN), Johannes Kaiser (PREP), Jaime Sáez (RD), Felipe Donoso (UDI) y Jaime Mulet (FRVS).

Intervinieron también Francisco Pulgar (IND), Jorge Guzmán (Evópoli), Marcos Ilabaca (PS); Joanna Pérez (IND), Marta González (IND), Bernardo Berger (IND) y Enrique Lee (PRI).

Ejecutivo

En respuesta a las inquietudes planteadas en materia de avance de la agenda de seguridad, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, valoró el despacho por parte del Congreso Nacional de la ley de Narcotráfico. Esta, sostuvo, permitirá enfrentar la delincuencia tanto en el norte como en el sur del país.

Además, destacó que la primera semana de marzo la Cámara analizará en Sala el proyecto sobre crimen organizado. Esta iniciativa legal faculta al Ministerio Público y a las policías para utilizar técnicas especiales de investigación con el fin de perseguir a quienes cometen delitos graves.

Este trabajo, que permite nuevas capacidades para enfrentar una realidad compleja, recalcó la autoridad, se puede concretar solo si entre el parlamento y el gobierno existen los puntos de acuerdo, enfatizó.

Scholz busca garantir minerais mais críticos em turnê pela América do Sul

El canciller alemán Olaf Scholz anunció el domingo una nueva asociación ampliada de productos básicos con Chile durante una gira por América del Sur que Berlín espera ayude a asegurar un mayor acceso a minerales críticos clave para la transición a una economía verde.

La economía más grande de Europa se ha quedado atrás en la carrera por minerales críticos en parte debido a la aversión por el negocio sucio de la minería, así como a la fe en el mercado abierto, dicen funcionarios del gobierno alemán.

Eso ha llevado a depender de China, que ha invertido mucho en el sector minero en América del Sur rica en recursos y en el procesamiento de productos básicos.

Ahora, sin embargo, la creciente demanda de minerales críticos y las preocupaciones geopolíticas están generando un impulso para asegurar y diversificar mejor el suministro, por ejemplo, a través de acuerdos de compra, participaciones en minas o posiblemente el establecimiento de la propia capacidad de procesamiento de Alemania.

Alemania, con su poderosa industria automotriz, está especialmente preocupada por obtener más litio, el metal ultraligero clave para fabricar baterías para vehículos eléctricos. Argentina y Chile se sientan en la cima del "triángulo de litio" de América del Sur, que contiene el tesoro más grande del mundo del metal de batería ultraligero.

El nuevo acuerdo germano-chileno, que reemplaza una asociación de décadas, tiene como objetivo intensificar la cooperación en el sector, por ejemplo a través de un foro bilateral anual e instrumentos estatales para promover el comercio como garantías de inversión.

Dadas las preocupaciones ambientales, laborales y sociales con respecto a la minería -que han desatado la ira y frustrado proyectos en el sector- los altos estándares de Alemania la convirtieron en un socio ideal, dijo Scholz.

"Queremos ayudar a Chile en el camino hacia un sector minero sostenible", dijo Scholz en una conferencia de prensa con su homólogo chileno en Santiago de Chile en la segunda etapa de su gira.

Una nueva ley que entró en vigor este año, por ejemplo, insiste en que se observen altos estándares en todas las cadenas de suministro de las empresas. Alemania también quería asegurarse de que la minería generara más empleos en los países de origen, dijo Scholz.

“Existe esta expresión, extractivismo, de que todo se extrae de la tierra. Pero eso no es algo bueno, cuando eso es todo lo que sucede”, dijo Scholz.

"La pregunta es: ¿no podemos asegurar que la primera ronda de procesamiento, que genera cientos, si no miles de puestos de trabajo, pueda tener lugar en los países (de origen)? Eso también ahorraría mucho transporte".

Una empresa conjunta boliviana-alemana de litio firmada en 2018 se vino abajo dos años después en medio de la agitación política interna.

Con una gran asistencia de autoridades locales finalizan las Escuelas de Verano 2023 de la ACHM

La instancia recomendará el rechazo de la Acusación. La Sala de la Cámara deberá pronunciarse este miércoles 25 de enero, a partir de las 15:00 horas.

Tras escuchar a diversos expertos y analizar los argumentos, la comisión encargada de revisar la acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos, concluyó su trabajo.

La instancia, conformada por las/os diputadas/os Luis Malla (PL), Carolina Tello (PC), Henry Leal (UDI), Benjamín Moreno (PREP) y Álvaro Carter (UDI), enviará a la Sala un informe recomendando su rechazo. Esto, tras sumar la votación dos votos a favor y dos en contra.

Votaron a favor los diputados Álvaro Carter y Henry Leal; mientras que en contra lo hicieron la diputada Carolina Tello y el diputado Benjamín Moreno. El diputado Luis Malla, en tanto, está con licencia médica tras una intervención quirúrgica.

Previo a la votación, cada parlamentario fundamentó su decisión. La diputada Carolina Tello insistió en que quedó demostrado, tanto en la exposición de la defensa como también de las y los expertos, que “el libelo acusatorio no cumple con el carácter excepcional de ultima ratio”.

Lo anterior, detalló la parlamentaria, “toda vez que no se utilizaron -previamente- las demás herramientas investigadoras y tampoco se cuenta con el pronunciamiento de la institucionalidad vigente en relación a la legalidad e inconstitucionalidad del actuar de la exministra Marcela Ríos”.

El diputado Henry Leal, en tanto, aseguró que “la acusación sí tiene sustento jurídico”. Resaltó que “la ministra habría incumplido la Constitución y la ley”.

Agregó que, a su juicio, se encuentran acreditados, en ambos capítulos del libelo, los argumentos que señalan que la exministra incumplió la Carta Fundamental. Ello, por haber asesorado y elaborado decretos sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley.

Diputados Moreno y Carter

Por su parte, el diputado Benjamín Moreno afirmó que la exministra cumplió con la obligación de firmar el decreto y responder sobre una decisión de la que participó, pero que no fue la responsable.

Añadió que, si bien no se ha pretendido eximir de la responsabilidad a la ex autoridad, son muchas las responsabilidades que siguen sin esclarecerse.

“No seremos cómplices de la decisión que ha tomado el Presidente de la República (…) Rechazo esta acusación porque Marcela Ríos no indultó a Jorge Mateluna, fue el propio Presidente (…) También porque esto no hace justicia ni revoca los indultos”, manifestó el legislador.

El presidente de la instancia, Álvaro Carter, sostuvo que la responsabilidad no se extingue ni se agota en la exministra de Estado. Por otro lado, aclaró que “la renuncia no la exime de la responsabilidad de dejar en libertad a delincuentes”.

“Recordemos que la defensa habló de la responsabilidad compartida con el Presidente. De todo este análisis, infiero que el Presidente sabía que esta era una decisión complicada que podía traer, justamente, costos políticos, por eso delegó la firma”, remató el parlamentario.

Sala de la Cámara

Formalmente, ahora corresponde que sea la Sala de la Corporación la que se pronuncie sobre la acusación. Para ello, la Cámara sesionará, de manera especial, este miércoles 25 de enero, a partir de las 15:00 horas.

Cabe recordar que la defensa de la exministra de Justicia, encabezada por el abogado José Antonio Viera-Gallo, definió que durante el análisis en la Sala no invocarán la llamada “cuestión previa”. Esto, con el propósito de que la acusación pase inmediatamente a ser debatida en el fondo por el pleno.

Crimen e inflación golpean apoyo para Boric de Chile en difícil primer año

 

Carmen Villegas, de 56 años, ama de casa en Santiago, fue una de los millones de chilenos que acudieron a votar por Gabriel Boric en 2021, impulsando al joven líder al palacio presidencial en medio del optimismo sobre sus planes para reducir la profunda desigualdad.

Pero casi un año después de asumir el cargo en marzo de 2022, Boric, de 36 años, ahora está descubriendo los peligros del liderazgo, con votantes como Villegas cada vez más desencantados a medida que la inflación ha afectado el poder adquisitivo de las personas y la delincuencia ha aumentado.

El índice de aprobación del izquierdista moderado se ha reducido a la mitad de alrededor del 50% cuando asumió el cargo al 25%, según muestran los datos de la encuestadora Cadem, y muchos chilenos se quejan de su manejo de la economía y dicen que su gobierno ha sido suave con el crimen.

“Hay mucho caos, especialmente cuando se trata de inseguridad”, dijo Villegas, quien dijo que esperaba que él trajera un soplo de aire fresco después de años de líderes políticos que caracterizó como sofocantes.

“Quería darle una oportunidad a una persona joven, sin los problemas de los políticos mayores”, dijo. "Pero no ha hecho las cosas bien".

Las calificaciones decrecientes de Boric representan un desafío para el líder progresista, y una advertencia para otros izquierdistas regionales, después de haber hecho campaña sobre planes para sacudir el modelo económico orientado al mercado del país, impulsar reformas mineras y fiscales y fortalecer la regulación ambiental.

Los pasos en falso, y algunas desgracias, han golpeado esos planes.

Su gabinete, una mezcla de jóvenes reformadores y tecnócratas, ha enfrentado críticas por falta de experiencia, mientras que una nueva constitución planificada que él apoyó fue abrumadoramente rechazada por los votantes. Los indultos recientes de 12 manifestantes condenados por delitos como saqueos y robos durante los disturbios de 2019 cayeron mal en medio de las crecientes estadísticas delictivas.

El país, uno de los más estables históricamente de la región, registró un aumento del 43 % en los asesinatos en 2022 y un aumento del 77 % en los secuestros, según datos policiales. Chile en los últimos años ha visto un salto en el crimen organizado, aparentemente relacionado con el narcotráfico.

Eso ha sucedido junto con un contexto económico difícil. La inflación fue del 13% el año pasado, la más alta desde 1991, mientras que la economía del mundo no. Se espera que 1 productor de cobre sea el único en Sudamérica en contratar en 2023, según proyecciones del Banco Mundial.

ADVERTENCIA PARA LA IZQUIERDA

La trayectoria de Boric de estrella en ascenso a rezagado en las encuestas podría servir como advertencia para otros líderes de izquierda en la región que han ascendido al poder en una nueva 'marea rosa'.

"La gran lección para otros izquierdistas seguramente es que gobernar es más difícil que estar en la oposición", dijo Nicholas Watson, de la consultora Teneo, y agregó que los votos moderados "prestados" de Boric se evaporaron rápidamente cuando la realidad golpeó su interior.

Los indultos a los manifestantes fueron ampliamente criticados, lo que torpedeó las conversaciones con los legisladores conservadores sobre el establecimiento de un nuevo consejo de seguridad y llevó al ministro de Justicia y al jefe de gabinete a renunciar. 

La cámara baja ha anunciado una investigación sobre los indultos. El equipo de Boric dice que recibió información incompleta sobre las condenas de los prisioneros.

"Creo que (Boric) no ha recibido el mensaje claro de que para la gente hay una crisis de seguridad que es una prioridad", dijo el analista político Kenneth Bunker.

Los portavoces del presidente no respondieron a una solicitud de comentarios, pero Boric ha reconocido repetidamente que su administración ha cometido errores. Durante una conferencia de prensa para anunciar la renuncia del ministro de Justicia, Boric dijo que el gobierno estaba decidido a "fortalecer la gestión política".

"Cuando ocurren situaciones como estas en la política, tenemos que asumir la responsabilidad", dijo Boric, y agregó que los miembros de su gobierno deben reconocer los errores.

Buscando atraer a los inversores y votantes centristas, Boric ha moderado algunas de sus posturas iniciales, incluida la reducción de su promesa de campaña de "enterrar" el modelo económico orientado al mercado de Chile y la designación de un exjefe del banco central para que sea su ministro de finanzas.

Eso ha desilusionado a sus principales seguidores de izquierda.

“A veces parece que gobierna solo para que la derecha no se enoje”, dijo Gastón Gómez, diseñador de 46 años y votante boricense.

Trabajadores del sector público de Venezuela marchan por mejores salarios

 

Un manifestante sostiene una pancarta que dice "Juntos por un salario digno", durante una marcha de maestros, trabajadores de la salud, miembros de sindicatos de trabajadores y miembros de la oposición para exigir mejores salarios, mientras el gobierno del presidente Nicolás Maduro enfrenta nuevos desafíos en su intento de combatir la inflación, en Caracas, Venezuela.

Cientos de trabajadores del sector público, incluidos maestros, enfermeras y policías retirados, salieron a las calles de Venezuela el lunes para exigir mejores salarios y pensiones en un momento en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro enfrenta una inflación creciente.


Los trabajadores de los sectores de educación y salud de Venezuela han realizado tres manifestaciones pacíficas en una docena de ciudades en lo que va del año para exigir más dinero.

El salario mínimo de Venezuela de 130 bolívares mensuales -alrededor de apenas $6- se ajustó por última vez en marzo de 2022, cuando la inflación interanual cerró en 305%, según grupos no gubernamentales que monitorean indicadores económicos ante la ausencia de datos oficiales.

El gobierno dice que las sanciones estadounidenses han hecho imposible controlar el crecimiento de los precios al consumidor.

“El hambre no conoce el miedo, cuando llega el hambre desaparece el miedo”, dijo la maestra Nancy Hernández, de 60 años, durante una marcha en Barquisimeto, en referencia a posibles enfrentamientos con la policía.

En Maracaibo, la capital del alguna vez poderoso estado rico en petróleo de Zulia en el noroeste de Venezuela, los manifestantes marcharon hacia la oficina del gobernador.

“Lo que estamos viviendo es más que abuso”, dijo el policía reservista de Zulia Gustavo González, de 60 años. "Nos estamos muriendo de hambre".

"Vamos a tener que cerrar el hospital policial porque (...) no hay ni una venda. Los policías del Zulia estamos olvidados, no tenemos zapatos ni uniformes", agregó González.

"Nunca pensé que llegaría a los 63 de esta manera, dependiendo de la basura para comer", dijo Humberto Montiel, un pensionado que trabajaba en la construcción del aeropuerto.

Montiel debe limpiar patios y recolectar basura porque "cuando se me acaba la miserable pensión, todavía tengo hambre", dijo.

En Valencia, una ciudad en el centro de Venezuela, José Francisco Jiménez, secretario general de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo, dijo que él y sus colegas se habían reunido para exigir un salario digno.

"Con un salario (mensual) de solo $10 es imposible que una familia de cuatro o cinco personas sobreviva", dijo Jiménez, de 56 años.

Chile: Cámara rechazó admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro Jackson

Tras rechazarse la cuestión previa, la Sala entró al debate del fondo de los cargos presentados en el libelo, donde expusieron sus posturas los acusadores y la defensa. Asimismo, intervinieron representantes de las bancadas políticas aclarando sus diversas posturas en favor o en contra de la acusación, terminándose con la votación que se inclinó, por mayoría de votos, por no apoyarla.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, por 68 votos a favor, 76 en contra y 6 abstenciones, la admisibilidad de la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Lo anterior, luego que la Corporación dedicara casi seis horas al estudio y debate del libelo. Primero se desarrolló el análisis de la denominada cuestión previa, que refiere a si se cumplen los requisitos formales para su presentación. Tras la exposición de la abogada Claudia Sarmiento y de los cinco integrantes de la comisión que analizó la acusación, la Corporación optó por no respaldarla y entrar directamente al fondo de los cargos.

En representación de los acusadores expuso el diputado Johannes Kaiser (IND-bancada PREP). En primer lugar, se refirió al historial del ministro Giorgio Jackson y recordó que, durante su periodo como diputado preparó o respaldó 11 acusaciones que no tuvieron argumentos jurídicos para presentarse. La mayoría de ellas, agregó, no tuvieron respaldo jurídico. Así, evaluó que la institución de la acusación constitucional se degradó “para servir a objetivos políticos”.

Asimismo, dijo que el ministro fue públicamente reprendido por la Contraloría General de la República. Ello, debido a su intervencionismo electoral en favor de una de las opciones que se debatían en el plebiscito constitucional.

Según Johannes Kaiser, la autoridad del Ministerio de Desarrollo Social persigue intereses personales por sobre los generales de la nación. Asimismo, criticó que el acusado no respaldara el acuerdo para reestablecer el orden constitucional perdido tras el estallido social.

El parlamentario insistió en que el ministro se ha desentendido del “Plan Buen Vivir”, pese a que tiene la responsabilidad de cumplirlo. Por otra parte, aseguró que el ministro es responsable por todos cuyos puestos están bajo su dependencia.

Infracciones

El legislador acusador argumentó que se acusa al ministro de infringir la Constitución y las leyes. “Ha demostrado una falta de escrúpulos al tratar de salvarse culpando a la exseremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo (…). La denuncia injuriosa debe ser perseguida en toda su gravedad. Ella quiso cumplir con su labor de seremi, por lo que merece una reparación (…). Esta es una situación de falta a la probidad por parte del ministro Jackson”, puntualizó.

Por otro lado, sostuvo que el ministro no ha cumplido con su deber para resolver las listas de espera de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. “La tardanza en la aplicación de la ley es una forma de violación de derechos humanos (…). Estamos hablando de decenas de miles de niños y el ministro no es capaz, no tiene la voluntad o está preocupado de otras cosas. Esto está dejando victimas en el camino”, reafirmó.

En el mismo contexto, el diputado pidió a los parlamentarios “no hacerse cómplices de la violencia de derechos humanos que comete el Gobierno, a través del ministro Jackson”. En ese plano, llamó al Gobierno a reemplazar al secretario de Estado, independiente del resultado de la acusación constitucional. “Es insostenible la falta de competencia que ha demostrado el ministro”, indicó.

En otras materias, planteó que existe una vulneración a los derechos de los niños, precisamente para darles la protección que el antiguo Sename no les otorgaba. “La no ejecución de la ley que reemplaza al antiguo Sename es una infamia”, afirmó. Sostuvo que aquello es por la falta de gestión del ministro a cargo, que no puede desentenderse.

“No puede el ministro desentenderse de la inmensa responsabilidad que significa ser ministro de desarrollo social”, remató el diputado Kaiser en sus aproximadas dos horas de intervención.




Defensa

La abogada Sarmiento reiteró su llamado a rechazar la acusación. Insistió en que la y los diputados acusadores no identifican hechos personales concretos y directos en que el ministro hubiera incumplido con deber alguno lo legal. “Una sospecha no es equivalente a narrar hechos; no es suficiente para indicar un incumplimiento legal”, planteó.

Sostuvo que un juicio de valor de la ejecución de una política pública no es equivalente a una falta grave. “Cómo se ejecuta un presupuesto; errores en una licitación; diferencias en ver un problema; una evaluación de mérito…, no es equivalente a incumplir la Constitución y las leyes”, remarcó.

Observó que los ministros siempre tienen responsabilidad política de lo que ocurre en sus ministerios, pero recalcó que eso no es lo que se debate en una acusación constitucional. “Cada uno de ustedes tiene un juicio formado acerca de la gestión del ministro, incluso de su carácter. Pero no hay hechos concretos, no existe vulneración alguna por parte del ministro”, sentenció.

Respecto a la ejecución del Fondo de tierras y el subsidio de compra de predios, insistió que no es efectivo que se compraran tierras perturbadas. Señaló que se siguieron los conductos legales que fueron visados con la toma de razón de la Contraloría.

Por otra parte, descartó las presiones a la exseremi Patricia Hidalgo. Junto a ello, detalló los pasos de la invalidación de la licitación de programas destinados a niñas, niños y adolescentes y las acciones correctivas que se han ejecutado por parte de la directora nacional del Servicio Mejor Niñez.

Postuló que disfrazar un malestar político de incumplimiento de la Constitución y las leyes “es una invitación al Congreso para que no las respete”.

De igual modo, dijo que el hecho que en el pasado se haya hecho mal uso de las acusaciones constitucionales, no es un aliciente para seguir en esa senda. “Exhorto con respeto y convicción a rechazar esta acusación”, concluyó.

Luego de dichas exposiciones, presentaron sus posturas a favor en contra representantes de los comités políticos.

INDH interpuso querella por torturas en favor de privada de libertad que parió en pasillo de cárcel de San Miguel

Según el documento presentado ante el Undécimo Juzgado de Garantía, ocurrieron “una serie de acciones y omisiones que desatendieron intencionadamente el deber de custodia y garantía de las funcionarias de la unidad penal, causándole un grave sufrimiento a la víctima”.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por el delito de torturas ante el Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago debido a la situación que enfrentó una persona privada de libertad en la cárcel de San Miguel. El 25 de diciembre pasado la mujer parió a su hija en un pasillo luego de pedir durante horas asistencia por el inminente nacimiento. 

Este hecho fue recogido por el Comité para la Prevención de la Tortura durante una visita a esa unidad penitenciaria del 13 de enero y transmitido al INDH.

De acuerdo con el relato que contiene la querella del INDH, formulada contra todos quienes resulten responsables, la víctima comenzó a mostrar síntomas de parto el 21 de diciembre. Dos días después ella pidió que la trasladaran a la sección cuna. El Estudio de Condiciones Carcelarias en Chile que publicó en 2019 el INDH, detalla que esta sección está destinada a mujeres con hijos y a embarazadas y cuenta con celdas de tres por cuatro metros, con dos camas en cada celda: una cama por cada persona.

Pese a la solicitud de la víctima y a que el parto estaba programado justamente para el 23 de diciembre, la devolvieron a su módulo. La noche del 23 al 24 no pudo dormir por los dolores y el sábado pidió que la llevaran a la enfermería, lo que le fue denegado, “haciendo caso omiso al deber de otorgar asistencia médica”, dice la querella.

La noche del 24 al 25 los dolores se exacerbaron. Recién a las 7 de la mañana del día de Navidad aparecieron funcionarias de Gendarmería, a las que volvió a pedir que la llevaran a la enfermería. Ellas se negaron, aduciendo que sólo se podían atenderla después de las 8.30 de la mañana. Sólo cuando la interna les recordó que tenía 40 semanas de gestación se dispuso su traslado al hospital.

Parto y hechos posteriores

A fin de efectuar el traslado, a la mujer la llevaron a una celda de tránsito en el primer piso, “lugar que en ese momento estaba oscuro, sucio y con contenedores de basura, aumentando deliberadamente su grave condición y sufrimiento”, dice la querella. 

Ahí la víctima constató que el parto ya había comenzado. Funcionarios de Gendarmería y paramédicos la llevaron a través de un pasillo en una silla de ruedas rumbo al estacionamiento, pero entonces se produjo el nacimiento, a las 9.15 horas del domingo 25.

Con la recién nacida y el cordón umbilical sin cortar, a la víctima la subieron en el vehículo particular de una teniente de Gendarmería para llevarla al Hospital Barros Luco. El trayecto no tomó más de 10 minutos. La mujer permaneció internada hasta el martes 27, cuando le dieron el alta y la devolvieron a la cárcel. Ahora está en la sección cuna.

De su estado actual, la querella dice que “tiene crisis de pánico y angustia, señala tener recuerdos de la experiencia traumática que fue parir sin anestesia, en un lugar sucio, oscuro, con olor a basura y desechos, ante muchas personas, pese a todas las advertencias que había hecho”.

De acuerdo con el documento, en este caso “se suceden una serie de acciones y omisiones que desatendieron intencionadamente el deber de custodia y garantía de las funcionarias de la unidad penal, causándole un grave sufrimiento a la víctima, sin considerar su grave estado de salud y su condición de mujer en trabajos de parto”, concluye.

NI OLVIDO NI PERDÓN : Justicia rechazó nulidad y ex capitán de Carabineros Patricio Maturana debe ir a la cárcel

 

La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso que interpusieron los abogados del oficial, que quería anular el juicio realizado por el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo, así como también la sentencia de 12 años a la cual fue condenado.

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Esta escoria es el famoso “Matu” que dejó ciega a Fabiola Campillai

La cuarta sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de nulidad del capitán de Carabineros Patricio Javier Maturana Ojeda, quien está condenado a 12 años y 183 días de presidio efectivo por dispararle una bomba lacrimógena en el rostro a Fabiola Campillai Rojas, hecho ocurrido en noviembre de 2019, en el marco de las manifestaciones por la crisis social. 

La oficina de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue querellante en la causa y alegó ante el tribunal de alzada por el rechazo del recurso de nulidad deducido por la defensa del capitán Maturana Ojeda. De esta forma, se termina la tramitación de la causa y resta el cumplimiento de la condena.

Cabe recordar que el 11 de octubre del año pasado, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TJOP) de San Bernardo condenó a 12 años y 183 días de presidio efectivo a Maturana Ojeda por el delito de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas. Según lo tuvo por establecido el tribunal, el 26 de noviembre de 2019, en la avenida Portales de San Bernardo, Maturana Ojeda “percutó la carabina lanza gases que portaba, de manera frontal, dirigiéndola directamente a las personas (…), contraviniendo lo ordenado por Carabineros en la normativa y protocolos respectivos, así como lo instruido por el fabricante de la munición”. 

Debido a esta acción, un proyectil lacrimógeno “impactó en el rostro, arrojando al suelo a Fabiola Campillai”, quien se dirigía a tomar la locomoción que la llevaría a su lugar de trabajo.

El impacto de la bomba lacrimógena produjo en la actual senadora el “estallido de sus globos oculares, y resultó con diversas fracturas de huesos de cara y cráneo, que le provocaron ceguera total, pérdida del sentido del gusto y del olfato, y otras secuelas físicas y estéticas notorias”.

Decisión de Corte de San Miguel

Ahora, en un fallo unánime las ministras Liliana Mera y Sylvia Pizarro y la abogada integrante Yasna Bentjerodt rechazaron el recurso de nulidad que presentaron los abogados de Maturana Ojeda “al no haberse comprobado sus fundamentos e incurrir en defectos en su planteamiento”.

Entre otros razonamientos, las integrantes de la cuarta sala del tribunal estiman que no se advierte “una especial predisposición de los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo que afecte su imparcialidad interna para juzgar los hechos”.