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2023/05/18

Chile : Despachan del Congreso Nacional proyecto de royalty minero

 

La iniciativa, aprobada por la Cámara en tercer trámite, crea el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, el de Comunas Mineras y el de Apoyo para la Equidad Territorial, estableciendo por ley aportes anuales por 450 millones de dólares.











La Sala aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que establece un royalty minero por la explotación de cobre y litio (boletín 12093). La propuesta, originada en la Cámara, busca alcanzar una mayor recaudación fiscal, sin que ello afecte la inversión minera. Además, procura aumentar los beneficios para las regiones, sobre todo, para las zonas que sufren las externalidades negativas de la explotación minera.


El primero en hacer uso de la palabra en el debate en la Sala fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel. En sus palabras reconoció el liderazgo y la visión de las y los diputados que dieron inicio a la moción hace cuatro años atrás. Junto a esto, también destacó las modificaciones en la tramitación en el Senado.


Aseguró que la prioridad en los recursos estará destinada en las comunes que tienen las mayores externalidades negativas de la actividad minera. Así, con los nuevos ingresos, las regiones del norte del país podrán financiar importantes proyectos de mejoras e inversión.


Destacó, asimismo, que esta iniciativa entrega “certidumbre a la industria minera y a las regiones y municipios” sobre los recursos con los recursos que contarán desde 2024. Concluyó que esta es una norma “robusta. No perfecta, pero es robusta”.



Royalty minero


La iniciativa deroga el Impuesto Específico a la Actividad Minera. Así, la tributación de la minería pasará a estar regulada por un cuerpo legal propio.


Además, establece en detalle cuál será la carga tributaria de los explotadores mineros considerando sus ventas o las toneladas métricas de cobre fino (TMCF). De tal modo, quienes tengan ventas menores a un 50% de cobre o cuya producción sea inferior al equivalente de 50.000 TMCF, mantendrán la tributación actual.


En tanto, quienes presenten ventas de más de un 50% de cobre o produzcan más de 50.000 TMCF anual tendrán este esquema de tasas:Un componente ad valorem de 1% sobre sus ventas anuales de cobre.
Un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26%, dependiendo del margen operacional minero.



Por otro lado, los explotadores con una producción menor a 80.000 TMFC anual tendrán una carga tributaria potencial máxima de 45,5%. Para el resto, la carga potencial máxima será de 46,5%.




Beneficios del royalty


En el trámite en el Senado también se incluyó un incentivo a la expansión de proyectos mineros. Estos podrán contar, transitoriamente, con tasas más bajas que otros explotadores con la misma producción.

Junto a aquello, se crean tres fondos de beneficio comunal y regional, estableciendo por ley aportes anuales por 450 millones de dólares. Esto equivale a un tercio de la recaudación total del proyecto.

Los fondos que se crean son el Regional para la Productividad y el Desarrollo, de Comunas Mineras y el de Apoyo para la Equidad Territorial. Cada uno de ellos contiene un detalle de los montos comprometidos y de sus beneficiarios.


Paralelamente, en el marco del acuerdo alcanzado en el Senado, se incluyeron una serie de medidas complementarias. Entre ellas, se encuentra un “fondo puente” que tiene como objetivo apoyar a las regiones en 2024. Esto, porque los recursos del royalty minero comenzarían a recibirse en 2025. La medida contempla un aporte estimado del 50% de lo que regiones y municipios recibirían a contar del año siguiente.


De igual modo, se contemplan propuestas legislativas para mejorar la gestión de los recursos, tanto a nivel regional, como comunal.


Debate en la Sala








La norma fue aprobada por amplia mayoría en siete votaciones en la Sala. Diputadas y diputados valoraron el hecho histórico de que, tras años de intentarlo, por fin se establezca un royalty a las grandes empresas. Junto a esto, destacaron que el beneficio del aumento de los recursos fiscales favorezca no sólo a las zonas mineras. Ello, por el fondo de equidad territorial que, igualmente, ayudará a las comunas más vulnerables del país.


Sin embargo, de igual modo, el texto fue objeto de críticas por parte de algunos parlamentarios. Éstas apuntaron, principalmente, a la forma en la que se distribuyen los recursos provenientes del royalty minero.


Los parlamentarios señalaron que, de acuerdo a lo estimado por el Gobierno, hay comunas no mineras que tendrán más recursos que las que sí lo son. Aquí el Ejecutivo explicó que los recursos del Fondo de Equidad Territorial se distribuirán de acuerdo a la población. Empero, si se ven los montos per cápita, las zonas mineras siempre superarán a las que no lo son.


En sectores de derecha se criticó también el efecto que la norma tiene en las empresas y en la inversión. A su juicio, la normativa debería incentivar la participación de privados en la explotación minera y no poner trabas.


Por otro lado, el diputado Christian Matheson (IND) hizo reserva de constitucionalidad del proyecto, situación que podría retrasar la promulgación del proyecto como ley.


El informe del análisis de la Comisión de Minería fue rendido en la Sala por Jaime Mulet (FRVS). Junto a él intervinieron Daniella Cicardini (PS), Christian Matheson (IND), Erika Olivera (IND), Jaime Araya (IND), Jaime Sáez (RD), Ricardo Cifuentes (DC), Agustín Romero (PREP), Víctor Alejandro Pino (IND), Cristián Tapia (IND), Juan Fuenzalida (UDI), Andrés Celis (RN), Gonzalo De la Carrera (IND), Nelson Venegas (UDI), Héctor Ulloa (IND), Emilia Schneider (PCS), Bernardo Berger (IND), Matías Ramírez (PC), Marco Antonio Sulantay (UDI), Natalia Romero (IND), Joanna Pérez (IND), Sebastián Videla (IND), Enrique Lee (IND), Luis Sánchez (PREP), Danisa Astudillo (PS), Carolina Tello (PC), Consuelo Veloso (RD), Daniel Lilayu (UDI), Viviana Delgado (IND), Gaspar Rivas (PDG), Camila Rojas (Comunes) y Juan Carlos Beltrán (RN).


Chile : Estado de Excepción Constitucional: Senado aprueba nueva prórroga

 

Los senadores aprobaron la solicitud del Ejecutivo de extender por 15 días más la medida en la macrozona sur, Particularmente, en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío. Durante la votación se pidió evaluar la incorporación de la región de Los Ríos.





A un año de su vigencia, la Sala del Senado aprobó con 34 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, la prórroga por 15 días más del estado de excepción constitucional en la macrozona sur en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.



Previo a la votación el Subsecretario de Interior, Manuel Monsalve y la Ministra de Defensa, Maya Fernández, informaron sobre las últimas medidas adoptadas durante la vigencia del estado de excepción.



En tal sentido, destacaron la importancia de seguir respaldando esta medida como una herramienta que ha permitido enfrentar la violencia en la macrozona sur y explicaron que se ha registrado una disminución en torno al 30% de los hechos de violencia entre el 2021 y el 2022.



El subsecretario Monsalve indicó que ha habido una disminución "sostenida y bastante notable" en la región del Biobío en la provincia de Arauco, pero no es la misma situación en la provincia de Malleco en La Araucanía donde ha habido un aumento de los hechos de violencia. En tal sentido, dijo que concurrirán a la región para fortalecer la estrategia de seguridad y ver cómo se despliega para lograr el objetivo.



Por su parte, la Ministra Fernández se refirió al despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona, señalando que se han dispuesto más de 1.600 puntos de control, más de mil operativos militares y se ha permitido retomar obras que estaban paralizadas por temas de seguridad, entre ellas, la reparación de 17 antenas en diferentes comunas.



DEBATE



Durante la votación del oficio del Ejecutivo, intervinieron los senadores José García, Carmen Gloria Aravena, Sebastián Keitel, Enrique Van Rysselberghe, Kenneth Pugh, Paulina Vodanovic, Gastón Saavedra, Iván Flores, Alfonso de Urresti y María José Gatica.


Los parlamentarios señalaron que hubo una disminución de la violencia, pero no así de los hechos de alta connotación pública pues en los últimos días se han registrado ataques y 11 atentados donde han resultado heridos trabajadores, lo que ha llevado a un aumento de la sensación de temor en la zona.



Señalaron que después de un año de la vigencia del estado de excepción es necesario ir evaluando permanentemente las estrategias y adecuar las respuestas a las necesidades globales.



En tal sentido, hubo coincidencia en señalar la necesidad de que se realicen sesiones secretas de las comisiones unidas de Defensa y de Seguridad Púbica para conocer en detalle los avances que se realizan y la situación que se vive en la zona.



Manifestaron su preocupación por las víctimas y por la agresividad de los ataques, así como el poder de armamento de quienes los cometen.



Asimismo, hubo senadores que pidieron evaluar la posibilidad de extender el estado de excepción constitucional para la región de Los Ríos, donde también se han registrado hechos de violencia en los últimos días.


Ni Perdón ni Olvido : Después de 50 años del golpe, ¿cuál es el legado de Allende para la constituyente en Chile?

Para los analistas, la convención constitucional chilena es un legado del proceso de lucha iniciado con Salvador Allende en 1970.



Cada año, el 11 de septiembre, los partidos de izquierda de Chile realizan manifestaciones para conmemorar a Salvador Allende y condenar el golpe militar de 1973.



Este 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe militar que derrocó y asesinó al presidente Salvador Allende en Chile. Allende, uno de los fundadores del Partido Socialista, fue elegido en 1970 a través de la plataforma de la Unidad Popular, que reunió a diversas organizaciones sociales chilenas en torno a un proyecto de reformas básicas para el país.



“Hace cincuenta años, con Salvador Allende y el camino chileno al socialismo, tuvimos un proyecto para construir una sociedad mejor, más justa, más solidaria y auténticamente nuestra para los chilenos y las chilenas, interrumpida por un golpe fascista. El fascismo instaura un sistema que hasta entonces era un laboratorio, con la teoría de los Chicago Boys del neoliberalismo”.






En 1973, a la mitad de su mandato, Allende fue asesinado y depuesto en un golpe encabezado por el traidor y covarde general Augusto Pinochet, quien estableció un régimen de dictadura militar de 17 años en Chile. A pesar de la redemocratización en 1990, recién en 2021 el pueblo chileno pudo crear los mecanismos, incluida la instalación de una Asamblea Constituyente, para redactar una nueva constitución y abandonar el legado de la sangrienta dictadura.


En apenas tres años de gestión, Salvador Allende nacionalizó las reservas chilenas de cobre, que hoy representan alrededor del 30% del mineral disponible en el mundo, nacionalizó los bancos, llevó a cabo una reforma agraria e incluso propuso la refundación del Estado chileno a partir de una nueva constitución.



El sistema neoliberal, aplicado en Chile como país modelo para toda América Latina, ha generado una de las sociedades más desiguales del mundo. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 1% de la población chilena concentra el 26% de la riqueza, mientras que el 66% de los chilenos posee el 2% del capital que circula en el país.


Chile también es considerado uno de los países más caros para vivir en el continente. Para cubrir los gastos básicos mensuales, como el alquiler, las facturas de agua y electricidad y para comprar una canasta básica de alimentos, se necesitan US$ 1.200 (alrededor de R$ 6.600), mientras que el salario mínimo es de $440 mil pesos (alrededor de R$ 2,718,44 mil).


El escenario de desigualdad, sumado a la privatización de los sistemas de educación, salud e incluso el acceso al agua, puso en pie al pueblo chileno.


Hasta que la dignidad se convierta en costumbre uno de los lemas de las manifestaciones en defensa de la reforma constitucional en Chile


En octubre de 2019, los chilenos salieron a las calles de las principales ciudades del país durante semanas, en una de las mayores manifestaciones de su historia, exigiendo una reforma constitucional. “Lo ocurrido en octubre de 2019 fue el resultado de una lucha de más de 40 años contra este sistema, contra la sangrienta dictadura del covarde Pinochet, contra el modelo económico y contra la constitución fascista que lo blindaba”.


“El desafío es desmantelar el modelo neoliberal que tiene su estructura en la constitución del traidor Pinochet, en esta constitución de 1980, que los derechos sociales no sean una mercancía, que podamos recuperar bienes comunes naturales estratégicos, como el cobre, el litio, toda la biomasa marina y el agua , que también están privatizadas. Básicamente son demandas de justicia social, de mayores niveles de igualdad”, defiende Pablo Sepúlveda Allende, médico, activista social y nieto de Salvador Allende.


Las primeras sesiones buscaron establecer un reglamento y comités internos del organismo. A medida que avanzan en debates como la propuesta de reforma de la policía militar chilena, los llamados Carabineros, aumenta la campaña mediática en contra de la organización.


Salvador Allende fue elegido presidente en 1970 con un proyecto de refundación del Estado chileno basado en una Constitución


“La derecha está en una campaña muy fuerte para desacreditar el funcionamiento de la convención. La tarea de la convención y del pueblo es defender este proceso, y ya empezó la campaña 'la convención se defiende'”, dice Pablo Sepúlveda Allende.


“Tan pronto como finalice el proceso constituyente se presentará una nueva propuesta de constitución, que no estará de acuerdo con una minoría de derecha. La estrategia de esta derecha es hacer una campaña negativa de rechazo a la propuesta de voto en el nuevo plebiscito”, destaca Carlos Casanueva Trancoso.


Aunque la lista derechista “Vamos por Chile” eligió solo a 37 constituyentes, todas las decisiones de la convención constituyente deben ser aprobadas por 2/3 del pleno para ser incluidas en una nueva propuesta de Carta Magna.


Para subrayar el carácter democrático de la organización, los diputados ya decidieron que todos los asuntos en desacuerdo serán sometidos a votación en un nuevo plebiscito popular. En esta fase, la oposición al proceso constituyente puede realizar una campaña por el “no”, como lo hizo en el primer plebiscito popular, pero terminó sin éxito. El referéndum de octubre de 2020 terminó con el 80% de los votos a favor de la reforma constitucional y detonó la creación de la Convención Constituyente.


“Los temas fundamentales serán, como el modelo democrático que queremos, porque obviamente queremos superar la democracia representativa para avanzar hacia una democracia participativa, vinculante, deliberativa”, enfatiza Sepúlveda Allende.



Además de la reforma constitucional, en noviembre de este año se espera que los chilenos elijan un nuevo presidente. En todos los últimos procesos electorales, para la Convención Constituyente y los gobiernos estatales, los partidos de izquierda o candidatos independientes obtuvieron la gran mayoría de los votos, mientras que Sebastián Piñera finaliza su mandato con un récord de 72% de desaprobación, según una encuesta de opinión. el Centro Estratégico de Geopolítica (Celag).


“El pueblo chileno está avanzando en un proceso muy democrático para que las asambleas populares, por territorio, en las calles, definan qué sociedad queremos en el futuro. Por tanto, el pueblo movilizado es la única garantía para defender los cambios en esta constituyente”, concluye Carlos Casanueva Trancoso.


Y, quién sabe, tal vez acabar con el legado de l dictadura Pinochet, que tuvo su punto de partida en el derrocamiento de Salvador Allende.




2023/05/16

Ley corta de Isapres: senadores conocen detalles de Modalidad Libre Elección Complementaria de Fonasa


Los legisladores advirtieron el riesgo de que se genere "una salud de primera y segunda categoría". Este martes, la Comisión de Salud recibirá a la Asociación de Isapres. 





En tanto, la Comisión de Constitución aprobó en general y en votación dividida, la reforma que busca incorporar una disposición transitoria que regule las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud y la implementación de sus ajustes de precios.


En pleno proceso de escucha se encuentran los integrantes de la Comisión de Salud luego de conocer la semana pasada, el ingreso del proyecto denominado como ley corta de Isapres que crea un nuevo modelo de atención en Fonasa, otorga facultades y atribuciones a la Superintendencia de Salud (SS) y modifica normas relativas a las instituciones de salud previsional.


En la jornada de este lunes, los legisladores continuaron conociendo detalles de la propuesta en la voz del director de Fonasa, Camilo Cid, dado que el miércoles 10 de mayo, la ministra de Salud, Ximena Aguilera y el titular de la SS, Víctor Torres abordaran lo relativo a la devolución que deberán hacer las Isapres tras del fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación de la tabla de factores de riesgo.


(MLE) COMPLEMENTARIA


Con el fin de recibir a los potenciales afiliados de las Isapres que lleguen al seguro público administrado por Fonasa –sin generar mayores diferencias en la calidad de las prestaciones que actualmente reciben-, el mensaje en primer trámite, considera la creación de la Modalidad Libre Elección (MLE) Complementaria.


Cid explicó que “el 2022 entraron a Fonasa, 380 mil afiliados, de los cuales 260 mil vienen de Isapres. Un 5% está en la letra A, un 31% en la B, un 17% en la C y un 47% en la D. La distribución es pareja en cuanto a edad, sexo y condición de salud (…) Lo que se crea es una alternativa de mayor protección para la gente B, C y D como para aquellos que lleguen. Podrán atenderse con prestadores privados -bajo tres esquemas de distinto costo- pagando una prima plana y un copago fijo. La gente que venga de las Isapres se atenderá igual que siempre solo que Fonasa administrará los fondos”.


Los senadores Juan Luis Castro- como presidente de la Comisión- y los integrantes Sergio Gahona, Francisco Chahuán, Ximena Órdenes y Juan Ignacio Latorre consultaron por el modelo planteado, en particular, sobre el costo fiscal que implicaría recibir a más cotizantes; si se han realizado simulaciones con las compañías de seguros para determinar el valor de las primas a pagar; y cuál será el paquete de prestaciones a considerar y qué pasará con aquellas no codificadas.


El senador Chahuán manifestó que “me preocupa que se genere una salud de primera y de segunda categoría, que estemos frente a una discriminación arbitraria respecto a quienes puedan o no pagar la MLE complementaria”.


En tanto, el senador Castro González aseguró que “vamos a seguir con el proceso de escucha, mañana con la Asociación de Isapres, de manera de conocer la opinión de todos los involucrados antes de tomar una decisión”. La propuesta deberá ser votada por las comisiones de Salud y Hacienda antes de llegar a la Sala.

REFORMA CONSTITUCIONAL
Previamente, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó en general y en votación dividida, la reforma constitucional presentada por los senadores Ximena Rincón, Rodrigo Galilea, Francisco Chahuán, Javier Macaya y Matías Walker, que busca incorporar una disposición transitoria que regule las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud y la implementación de sus ajustes de precios (Boletín N° 15604-07).


A la sesión asistió la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien planteó la opinión del Ejecutivo sobre la reforma, señalando que el proyecto que se encuentra radicado en la Comisión de Salud y que fue presentado por el Ejecutivo es el que busca cumplir con el fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores. Agregó que la reforma constitucional "anula lo medular" de lo planteado por la Corte Suprema y anula la devolución por adecuación de tabla de factores.



Votaron a favor de la idea de legislar sobre la reforma los senadores Rodrigo Galilea, Matías Walker (quien reemplazó al senador Luciano Cruz-Coke) y Luz Ebensperger quien advirtió que no sabía cómo votaría en Sala pero que ahora votaba en general para posibilitar el debate en esa instancia.


En contra, votaron los senadores Francisco Huenchumilla y Juan Luis Castro (en reemplazo de Alfonso De Urresti), quienes estimaron que la iniciativa es inconstitucional pues se refiere a temas pendientes en la justicia.


Se despacha a ley: Congreso aprueba normativa que amplía responsabilidad penal para delitos económicos y contra el medio ambiente


La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que amplía la responsabilidad penal para delitos económicos y contra el medio ambiente.




La iniciativa es parte de la agenda anti abusos, la que castiga la colusión, el uso de información privilegiada y la corrupción. El proyecto permite entre otros avances, perseguir de mejor manera los delitos de “cuello y corbata”


El ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Cordero, destacó que es “probablemente la reforma más significativa al Código Penal de 1874 que tenemos hasta hoy, ha formado parte de un gran debate desde enero de 2020, como señalamos en la Sala, este proyecto reúne tres condiciones que son virtuosas para el debate público, primero, es una moción parlamentaria transversal de distintos diputados y diputadas de todas las bancadas. En segundo lugar, es un proyecto que contó con la asesoría permanente de los principales aspectos de derecho penal en nuestro país. Y tercero, que el Ejecutivo juega un rol en la promoción y en el impulso de este proyecto de ley, especialmente en la parte final, para que no se nos olvide la importancia que es combatir la impunidad económica”


“Una de las razones centrales por las cuales es importante este proyecto, es que trata de un modo distinto a la criminalidad económica de la criminalidad común. Las consecuencias lesivas que tiene la sociedad, crimenes de estas características no solo tiene que ver con manifestar un tipo de pena específica inhabilitación, sino que los daños sociales que pueden provocar son en ocasiones infinitamente mayores a aquellos que están vinculados a delincuencia común”, puntualizó el ministro Cordero.


Finalmente el secretario de Estado señaló que “el propósito central de este proyecto de ley, es combinar un conjunto de instrumentos para prevenir que se cometan este tipo de delitos imponen mayores exigencias a las personas jurídicas y sus régimen de cumplimiento interno. También imponen mayores obligaciones a quienes cumplen cargos directivos y gerenciales en las compañías. En otros términos, si las compañías adoptan adecuadamente las exigencias por este proyecto de ley, debiéramos reducir significativamente este tipo de infracciones. Hoy ha sido una buena noticia para el país, ha sido una buena noticia en términos de participación en general y sobre todo, tiende a valorar de un modo distinto este tipo de delitos por las consecuencias sociales que esto provoca”.

Características de la ley

1- Establece un estatuto diferenciado de determinación de pena para los denominados delitos de cuello y corbata.
2- Cuando el delito tenga una pena teórica de presidio o reclusión –cárcel – es mucho más probable que deba cumplirse efectivamente con privación de libertad, de manera de evitar que se produzca la sensación de impunidad frente a la comisión de delitos económicos.

3-Agrega también como categoría de “delito económico” a los delitos funcionarios, cuando éstos sean cometidos con la participación de un miembro de una empresa o en favor de esta.
4-Establece adicionalmente una nueva forma de determinación de la multa (denominada “días-multa”), la que se calcula a partir del ingreso promedio diario del condenado.

5-Este sistema permitirá que la multa pueda ir desde media UTM (como más de 31 mil pesos) hasta una cantidad máxima teórica de casi 19 mil millones de pesos para una persona natural, sin considerar el delito propio que cometa la empresa como persona jurídica.



Ni Perdón Ni Olvido : Ideología y Poder en Chile


Este artículo se propone analizar el papel jugado por la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, que constituyó la centralización y organización del aparato represión de la sanguinaria dictadura chilena en el período de 1974 a 1977.


 El Compañero presidente junto a su pueblo... 1971.



Idealización y creación de la DINA por la traidora Junta Militar, bajo el mando directo del traidor y covarde  Augusto Pinochet. La bibliografía analizada y los documentos consultados Señalan que la DINA no sólo cumplió el papel de retener a la oposición y mantener el régimen, pero también corroborado con el movimiento conservador de "Refundación de República".


Este estudio es parte de una investigación que busca analizar críticamente la tendencia revisionista de la Historia Contemporánea Latinoamericana que caracteriza la dictaduras en América Latina sólo como reacción al avance de la Izquierda. 


En este artículo no pretendemos agotar el tema, al contrario, queremos contribuir a su expansión y enfatizar la necesidad de profundizar la investigación sobre la sangrienta y covarde dictadura chilena y su aparato represivo. 


En vista de lo anterior, es con asombro que constatamos la insuficiencia análisis de la dictadura en Chile y su aparato represivo, la mayor parte del cual encontrado obras de gran relevancia, pero que necesariamente abordan el golpe del 11 de septiembre de 1973 y la experiencia socialista.


Estudios revelan que sangrienta y covarde dictadura chilena y DINA conforman un movimiento amplio derecho contra las transformaciones sociales y políticas en curso en ese contexto y establecimiento de una planificación social  y económica con vias capitalista, basada en fundamentalmente en la corriente neoliberal, con el caso chileno como primera experiencia práctica en el mundo de esta teoría política, en contra de todos y cada uno Intervención estatal a los mecanismos y la lógica del mercado. Por lo tanto, es una teoría que define la desregulación del mercado y los derechos sociales en nombre de la libertad.para el desarrollo del capitalismo.


Me refiero, por supuesto, a Chile bajo la sanguinaria dictadura del traidor Pinochet. Aquél
régimen tiene el honor de haber sido el verdadero pionero del ciclo neoliberal de la historia contemporánea. 


El Chile del traidor Pinochet inició sus programas de por las malas: desregulación, desempleo masivo, represión sindical, redistribución de la renta a favor de los ricos, privatización de los bienes públicos.
Todo esto empezó en Chile, casi una década antes que Thatcher, en Inglaterra.


Para ello, las acciones estratégicas de la DINA buscaron combatir y exterminar a las organizaciones políticas de izquierda, las luchas sociales y la autodeterminación de trabajadores, así como todas las acciones que apuntaban en esa dirección.


Un claro ejemplo de esta actuación fue el combate
a los “Cordones Industriales”, que aparecen como una reacción agresiva protagonizada por los sindicatos patronales en 1972, apoyados por los partidos de derecha y los profesionales liberales, en un intento de desestabilizar al gobiern del compañero Allende.


Cordones Industriales consiste en la acción de
trabajadores en el control y mantenimiento de la producción sin la presencia de sus propietarios, desencadenando nuevos debates y reflexiones sobre la relación capital-trabajo y la capacidad de emancipación de la clase obrera:


La huelga general promovida por los sindicatos patronales en octubre de 1972 había la articulación y participación de la Confederación de Transportes, Confederación de Comercio y Producción y de la Sociedad de Fomento Fabril que paraliz actividades, causando serios problemas de abastecimiento en Chile. 


En junto a este sector productivo, los partidos de derecha apoyaron la huelga y también muchos profesionales liberales, como médicos y abogados. En esto momento, los trabajadores organizaron los Cordones Industriales, que fue un movimiento que comenzó, sin ningún apoyo directo o deliberado de
organizaciones sindicales o partidos políticos vinculados a la UP. la reunió de trabajadores de diferentes industrias, que comenzaron a ocupar las fábricas paralizada, impidiendo la interrupción de la producción en la huelga de octubre1972.
 

La mayoría de los cordones reunió a delegados sindicales de medios empresas y algunos representantes de las empresas APS. ellos si
estructurado a través de elecciones de delegados en asamblea, rechazando generalmente las directrices de sindicatos o personas vinculadas al CP y sectores de PS. Sin embargo, en lo esencial eran militantes y dirigentes sindicales del los llamados sectores de izquierda del PS y del MIR.


La movilización de los trabajadores en las industrias y fábricas a través de Cordones, mantener la producción aún sin su dueño, y
establecer nuevas formas de funcionamiento, aumentando la cuestiones relativas a la división del trabajo y la jerarquía en la fábrica.


Entre otras acciones que fortalecieron el Poder Popular.


Los documentos analizados que permiten problematizar la dictadura de ambas perspectiva del Estado, como de las víctimas o de las organizaciones políticas y sociales chilenas, son documentos oficiales chilenos y estadounidenses, como el Decreto-Ley 521, que oficializó la creación de la DINA y determinó quién era el enemigo del Estado y de la sociedad chilena. 


Algunos documentos estudiados pertenecen al Archivo Confidencial de Washington de 1970 a 1975 que muestran la relación entre el gobierno de Estados Unidos y la CIA con la derecha chilena, grupos extremistas y golpistas, así como cierta
lectura de la coyuntura chilena. También cabe señalar que los documentos producidos por
organizaciones de derechos humanos como el Comité de Cooperación para la Paz en Chile
y los testimonios de los presos políticos sobrevivientes.


Uno de los primeros ejercicios que la mayoría de los investigadores que estudian dictaduras en América Latina realiza, es la comparación entre regímenes. se trata de un ejercicio fundamental, porque las dictaduras son el resultado de una coyuntura internacional históricamente vinculado al anticomunismo en el período de la Guerra Fría y al fuerte choque entre capital y trabajo que se da en diversas esferas. 


Esta postura, con todas sus
complejidad, revela un esfuerzo constante y consciente para prevenir y combatir la Izquierda
de crecimiento, por parte de estos regímenes. Sin embargo, esta comparación no puede restringirse a criterios estadísticos comunes. 


Muchos textos no académicos se limitan a clasificar las dictaduras más violentas a partir de las cifras oficiales de muertos desaparecidos, o incluso mientras duren los regímenes y sean incapaces, por
ello, demostrar la naturaleza de la violencia institucional en estos países y problematizar los datos estadisticos.


Sin duda, esto da lugar a análisis erróneos, como el de afirmar que en el Brasil, la dictadura fue más “suave” que en otros países sudamericanos.
juicio defectuoso con respecto a la búsqueda de comprender el significado real de antecedentes políticos, sociales e históricos de los regímenes autoritarios e inconstitucionales promovidos por  Estados Unidos y así, no tener la percepción de la profundidad de las consecuencias de la
dictaduras en el contexto de cada país, se crea un obstáculo para análisis que planteen temas más relevantes para el trabajo comparativo. 


Por lo tanto, a través del trabajo de análisis crítico de los significados reales de las dictaduras, podemos comprender que todos las dictaduras latinoamericanas fueron igualmente violentas en los diversos ámbitos de acción y que esto iba mucho más allá del encarcelamiento, muertes y la tortura.


De la caída de la derecha al ascenso de la izquierda: la situación política pregolpista


Reconstituir los contextos nacionales inmediatamente anteriores a los golpes de Estado
Estado en América Latina brinda la aproximación necesaria para entender cómo Las dictaduras latinoamericanas tenían objetivos similares, elementos estratégicos similares, y principalmente, las mismas orientaciones ideológicas. también es fundamental aprehender las particularidades de cada coyuntura, porque la correlación de fuerzas, la
organización y acción de la izquierda, así como las movilizaciones populares, son diferente en cada contexto.


 En los casos de Chile y Brasil, por ejemplo, las coyunturas son particulares, sin embargo
con varios puntos de análisis que convergen, a saber, el discurso salvacionista y anti Izquierda, el papel de la represión y objetivos políticos y económicos similares.


 Un ejemplo importante de la conexión entre los dos países fue la Operación Cóndor,
diseñado para monitorear las acciones de grupos de izquierda considerados enemigos del orden y
subversivos La Operación cubrió las agencias de inteligencia de los gobiernos de dictaduras, como la DINA, de al menos seis países: Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. 


Ante la actual Comisión de la Verdad establecida en Brasil en 2012 y empiezan a aparecer actividades de investigación que ya están en marcha en otros países pistas importantes sobre los vínculos entre las agencias de inteligencia.


La coordinación de la Operación estuvo a cargo de los organismos de inteligencia chilenos, que
sirvió como una especie de“base de información”, estableciendo contacto directamente con la CIA y pasando sus directrices a otros países. a pesar de
diferentes realidades, hay indicios de que las autoridades militares brasileñas y los chilenos practicaron el intercambio de información, un intercambio que podría conducir a la participación de Brasil en la Operación Cóndor, ya que Chile fue el país que encabezó las directrices de su actuación. 
La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Chile fue creada en 1990 y tuvo como objetivo principal:


 Contribuir al esclarecimento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 11 de septiembre de
1973 y el 11 de marzo de 1990, ya fuera em el país o en el extranjero, si estas últimas tuvieron relación con el Estado de Chile o com la vida política.


Fue la Comisión chilena la que reveló el espíritu pionero del país en la consecución de este pacto
entre países latinoamericanos para combatir y monitorear a los grupos de izquierda. 


A Comisión también reveló que el director de la DINA, general traidor de la patria Manuel Contreras Sepúlveda, coordinó la Operación Cóndor y que a través de la DINA buscó, establecer formas de coordinación con otras organizaciones y grupos en exterior, ambos invernaderos, con funciones de seguridad interior similares en sus respectivos países, así como con grupos políticos que pueden prestarle utilidad en condiciones generales o para operaciones específico.


La investigadora Deborah Motta revela en su trabajo que a pesar de ser difícil evaluar la participación real de Brasil en la Operación Cóndor en vista de la documentación y retraso en las investigaciones sobre el período, es posible verificar la conexión entre Chile y Brasil a través de la documentación del Departamento de Orden Político y Social del Estado de São Paulo (Deops).



El intercambio de información entre Brasil y Chile implicado a partir del envío de materiales de organizaciones de izquierda (periódicos, panfletos, manifiestos,etc.) al seguimiento diario, por parte de los agentes de Deops, de diarios nacionales que trataron la presencia de chilenos en el país y notas en periódicos que informaban algo sobre la situación política en Brasil o brasileños exiliados. Hay una mayor acumulación de información sobre los cumpleaños, del golpe militar chileno, demostrando que había una preocupación por parte
de los agentes de información del Deops, para monitorizar cualquier tipo de manifestación en honor a la muerte del compañero Salvador Allende o manifestaciones de repudio al dictadura del traidor Pinochet por brasileños vinculados a grupos
políticos o miembros de la comunidad chilena en Brasil.


En Chile, la perspectiva de la izquierda desde 1938, cuando se produjo la primera victoria de la
Frente Popular, dirigido por el Partido Radical en alianza con el Partido Comunista y socialista, iba en ascenso con posibilidades reales de victoria, al tiempo que se observó el declive de la derecha.


Este declive de la derecha chilena se deja sentir en las elecciones presidenciales de 1964, cuando no tenían fuerzas para un enfrentamiento directo contra la candidatura de Salvador Allende, por lo que buscaron una alianza con la traidotra  Democracia Cristiana. 


Esta actitud impidió la victoria de Allende, pero no impidió su vergonzosa derrota en las elecciones parlamentarios al año siguiente, cuando recibió sólo el 12,5% de los votos, muy por debajo del 30,4% que obtuvo en 1961, y con eso eligió sólo 9 de los 147 diputados, de hecho, resultado muy similar al de los comunistas que obtuvieron el 12,4% de los votos.


 Ante el debilitamiento de su influencia política y su pobre desempeño en elecciones parlamentarias de 1965 liberales y conservadores, corrientes políticas tradicionales que conforma la derecha en Chile, crear el Partido Nacional. Es el comienzo del discurso y el movimiento de Refundación de la República, de carácter nacionalista y anticomunista:


El Partido Nacional no se organizó para poner parches ni servir de muleta a un sistema duradero. Además, este comportamiento de enfermería resulta
contraproducente. Si le damos oxígeno al moribundo, retrasaremos el desenlace, que a todos nos interesa si se produce con prontitud, antes de que el organismo nacional ha sido roído hasta los huesos por parásitos políticos y por el virus internacionalista. Esta es la zona que ha traído el Partido Nacional: restaurar los valores de nacionalidad y modernizar el estado.


Además del nacionalismo y el anticomunismo, surge también el Partido Nacional con un nuevo discurso, la afirmación de que el sistema político chileno está agotado y en necesidad de modernización. 


En ese momento, el Partido Nacional no era parte de la alianza. con el PDC (Partido Demócrata Cristiano), con la intención de buscar la hegemonía y liderazgo de pensamiento de derecha.


 En resumen, el escenario político que se perfila en las elecciones de 1970 es la derecha fragmentada y la izquierda unificada en torno a la candidatura del compañero Salvador Allende y la Frente de Unidad Popular (UP). 

Desde entonces, las organizaciones se han fortalecido popular después de la victoria de Allende, la revitalización de la izquierda dentro de la clase trabajadores, la radicalización del discurso de esta misma clase. Con el gobierno de Allende
elegidos iniciaron profundas transformaciones sociales, económicas y políticas, como la
participación popular directa a través de plebiscitos, que sustentaron la permanencia del gobierno aun con continuos ataques e intentos de desestabilizar de la derecha.


Sin embargo, el discurso y el movimiento de los vencidos demostraron explícitamente el no reconocimiento y legitimidad del sistema político y
resultados electorales y, por tanto, la intención de llevar a cabo el llamado Refundación de la República ya en las elecciones de 1970 independientemente de su resultado, como
señala el historiador Corvalán Marquéz, sobre los cimientos que sustentaron el régimen militar
de 1973 a 1990:


Ahora bien, podría sostenerse que en el pensamiento político de la derecha de 1970, en particular en el de su elite más radicalizada, estaban contenidos los planteamientos claves en los que los militares traidores a la patria sustentarían su régimen entre 1973 y 1990. 


En primer lugar, se puede mencionar al respecto la tesis nacionalista según los problemas fundamentales del país estarían cruzados por la nación versus elementos foráneos que tratan de destruirla desde dentro. En segundo lugar, figuraba un mesianismo refundador de la nacionalidad.


En tercer lugar, se situaba la concepción de la seguridad nacional, encarnada en buena medida en el rol relevante que se postulaba para las FFAA dentro del sistema político. A ello agréguese, en lo económico, el esquema neoliberal, que los militares aplicarán en su variable más radical, es decir, a través de la política de shock, tal como en los debates de 1970 al interior del PN lo postulaban los economistas de Chicago.


En ese momento, la realidad se acerca a la teoría y las similitudes entre las dictaduras latinoamericanas no son el resultado de la casualidad, o simplemente un caracterización de las organizaciones militares como instituciones con características similares independientemente del país, por lo que estos no son movimientos estrictamente autónoma de las Juntas Militares, sino de la máxima materialización de la lucha de clases la violencia que vendría de los golpes militares tenía como objetivos el exterminio de la izquierda y las luchas sociales como uno de los pasos hacia la planificación social y economía, con miras a la modernización capitalista. 


El golpe se puede ver en Chile como movimiento contra- rrevolucionario, a través de un gobierno abiertamente socialista, y al igual que en Brasil, constituyéndose en un Estado bon apartista, como
Ricardo Antunes señala al analizar el Estado brasileño post-64:


Ya sea por necesidad de defensa propia o la necesidad de continuar dominando, -y ya sea por la propia naturaleza autocrática de esta dominación- la
diferentes fracciones burguesas, luego de recurrir al golpe de Estado, dieron comienzo de una forma particular de estado bonapartista en nuestra país.


DINA: la consolidación del poder


DINA: la consolidación del poder desde el golpe de estado del general traidor Augusto Pinochet el 11 de septiembre 1973 es posible evaluar el inicio de un nuevo formato del poder del Estado con al
menos dos objetivos superpuestos. Primero, el exterminio de la izquierda, del Poder Popular y todas las luchas sociales que se fortalecieron durante el gobierno del compañero presidente Salvador Allende, electo como candidato por la UP (Unidad Popular). En segundo lugar, la reformulación de la sociedad chilena a partir de la ideología conservadora de la nueva derecha,
que está fundamentalmente anclado en los movimientos organizados en el período previo al golpe que apuntaba a la inestabilidad del gobierno del compañero Allende.


La creación de la DINA es señalada por varios autores, como Mario Amorós, como el elemento que, además de controlar todas las acciones de las Fuerzas Armadas y policiales, define un pensamiento único en la conducción del régimen, poniendo fin a las disputas internas, también consolida el poder absoluto del traidor y sanguinario General Pinochet.


En apenas quince meses quien se unió a regaña dientes al golpe de estado que altos oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas preparaban desde hacía meses, quien afirmo después que los cuatro miembros traidores de la junta se turnarían al frente de la misma, se convirtió en un dictador con poderes indiscutibles y conun poderoso organismo represivo a su servicio, encargado del exterminio de la izquierda, pero también de prevenir posibles disidencias en el seno de lasFuerzas Armadas. En la consolidación de su poder fue esencial la actuación de la DINA.


Ya en el acta de creación de la DINA, del 5 de enero de 1974, con la sello de un documento “secreto”, se definieron los lineamientos organizacionales del organismo represor: concentración de todas las Fuerzas Armadas y acciones policiales, subordinación apoyo total a la  junta militar, a la dictadura, y la colaboración total e irrestricta de los organismos antes mencionados demandas e investigaciones de la DINA


Además, por supuesto, de la absoluta confidencialidad de las actividades e investigaciones por parte de la Dirección de Inteligencia Nacional, y para este efecto todos se esperaba que los funcionarios ocultaran la existencia de la DINA y sus acciones.


Pongo em conocimiento de Usíea que se a creado la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) com personal de las Instituciones Armadas y Policiales de la República, que asesorará a la Junta Militar em todas las matérias referidas a Seguridad Interior y Exterior del Estado, para lo cual dependerá exclusivamente de la Junta que me honro en presidir.(Fundacion Documentacion Y ArchivoVicaría de la Solidaridad)


Podemos inferir del documento anterior que además de las Fuerzas Armadas forman la DINA, el organismo sólo responde directamente a la Junta Militar, y en consecuencia a su presidente, quien firma el documento, el General Augusto Pinochet.
 El 5 de enero de 1974 Pinochet aún no es nombrado presidente, porque hasta 1974, el país es gobernado por una Junta Militar de Gobierno, pero en un proceso de concentración de poder en manos de su presidente, quien a través de la DINA -fuerza
especial, armado, por encima de la propia estructura jerárquica militar y policial- garantiza su
permanencia como Jefe Supremo de la Nación, mediante decreto-ley 527, de 27 de junio de 1974. Y en diciembre del mismo año, con el decreto ley 806 Pinochet se autopromulgó  Presidente de la República, y lo que se comprobó después, es que no cumplió con el volumen de negocios señaló al inicio de la dictadura, según afirmó al diario La Segunda:


Hubo um trato que fue enrealidad de caballeros. Yo no pretendo estar dirigiendola junta durante lo que dure ésta. Lo o que haremos es rotar. Ahora soy yo. Mañana será el almirante Merino, luegoel general Leigh y despuésel general Mendoza. 


No tengo interés de aparecer como uma persona irremplazable. Yo no tengo ninguma aspiración y eso lo he manifestado siempre.


Aun sin cumplir la promesa Pinochet no tuvo mayores problemas en  unirse a las fuerzas armadas del gobierno, ya que con la DINA en acción, no sólo la izquierda está luchó, así como a todos y cada uno de los disidentes de su gobierno. En ese sentido A la DINA también se le atribuye sospechar la muerte de generales que integraban la Junta traidora de la Dictadura o que participaron en el golpe de Estado, como en los casos del General
Augusto Lutz, quien murió en noviembre de 1974, en condiciones poco claras y General Bonilla en un accidente aéreo en 1975.


A partir del 14 de junio de 1974, la DINA deja de ser una organización secreta y se formaliza legalmente con el Decreto-Ley 521, que además de ordenar ocho artículos la creación del organismo, su propósito de brindar una sistematización y
procesamiento de la información, también define su dirección, estructura financiera y todo el material y aparato personal para su funcionamiento.
Entre los artículos de este decreto-ley, llama especialmente la atención uno, el artículo número 4 que se pronuncia:


El Director de Inteligencia Nacional podrá requerir de cualquier servicio del Estado, municipalidades, persona jurídicas creadas por ley o de las empresas o sociedades em que el Estado o sus empresas tengan aportes de capital, representación o participación, los informes o antecedentes que estime necesarios para el eficaz cumplimiento de sus cometidos. 


Del incumplimiento de esta obligación podrá dar cuenta al Contralor General de la República a fin de que aplique al infractor, directamente, cualquiera de las sanciones administrativas contempladas en el respectivo estatuto que rija su desempeño.


La participación de empresas privadas, ya sea con la donación de equipos o ayuda financiera directa, estaba prevista en un decreto, en la creación de la DINA, como obligatoria a cualquier solicitud del Director de Inteligencia, incluyendo previendo la aplicación de sanciones en caso de no prestar el servicio solicitado. Es válido observar que dichos servicios requeridos no están claramente definidos, sólo se indica el obligación de cumplir con “cualquier servicio” solicitado.


En el artículo 4°, también es posible percibir la consolidación del poder absoluto de la DINA, y en consecuencia, el poder del traidor y covarde Pinochet sobre la sociedad chilena,
asegurando que se lleve a cabo el proceso denominado Refundación de la República.
 Esto contribuye a cumplir la función social y política impuesta por la traidora Junta Militar, en primer lugar porque impone el uso ilimitado del poder del Estado sobre las relaciones sociales, económicas y culturales. A partir de entonces, todos deben cumplir con sus órdenes y demandas del Estado, es decir, lo que se venía constituyendo como el gobierno popular del compañero Salvador Allende, empieza a ser destrudo y perseguido dentro de esa nueva contralógica.


Conclusión


ADINA no debe entenderse únicamente como un aparato represivo de violencia para contener a la izquierda chilena, sino también como elemento esencial después del golpe militar para implementar los proyectos de Refundación de la República, además de implantación del neoliberalismo como reanudación y reorientación del capitalismo en el
territorio chileno. Todo este contexto subyace en la ideología de la llamada “Democracia Protegidos", que, en definitiva, consistía en impedir el avance de la izquierda en Chile, y en consecuencia validar la derecha como la única corriente en la vida política del país, incluso después de la salida del poder de los militares golpistas.


 En 1977, luego de una fuerte presión internacional a partir de denuncias de los diversos delitos cometidos tanto en territorio nacional como internacional, se sustituye DINA
por el Centro Nacional de Información, el CNI, mediante decreto ley 1.873 de 13 Agosto de 1977. El CNI continuó con el rol ejercido por la DINA en los años régimen de dictadura hasta su fin en 1990.


Lo que vemos en 1990 es el final de un régimen sangriento, corrupto pero no la derrota de su objetivos. Aún con la victoria del “No” en el referéndum sobre la permanencia del traidor Pinochet en el poder, con una participación popular masiva imponiendo el fin de la dictadura, la sociedad de mercado, basada en las teorías neoliberales, se consolidó y no fue
modificado posteriormente.


Todavía se perciben los resultado de ese proyecto cívico traidor-militar, de la
unidad burguesa y fuerzas armadas, cuando incluso en transición los militares imponen sus normas y sus delitos y violaciones a los derechos humanos son parcialmente reconocido y no hay castigo.


 La Comisión de la Verdad y Reconciliación, el informe Retting, logra acreditar la existencia de más de dos mil asesinatos y desapariciones y generar el reconocimiento del estado de terror y genocidio de la sangrienta dictadura. Pero la condena sólo llegó a través de algunos jueces en los casos de Manuel Contreras, por el asesinato del excanciller Orlando Letelier y la detención del traidor Pinochet en Londres por decisión del juez.


El español Baltassar Garzón, a juicio por un delito contra los derechos humanos y las muertes
de ciudadanos españoles por el régimen. Estas son solo dos condenas, pero las más históricamente simbólico.


También vale la pena señalar que Chile, después del final de la sangrienta dictadura, nunca más fue el mismo.
Aun así, las luchas sociales siguen siendo sofocadas, los partidos de izquierda no tienen grandes representaciones electas al parlamento, surge una nueva izquierda moderada en
coalición con la Democracia Cristiana y sin la intención de confrontar a la sociedad de
mercado y continuar manejando el neoliberalismo como una política, económica y Social. 


El aparato represor cumplió su papel y cumplió las pretensiones burguesas.
Otro desafío surge, comprender críticamente la transición democrática chilena y seguir de cerca la construcción de un nuevo escenario político de la lucha de clases.


2023/05/15

Inteligencia Económica contra el Delito: 3 claves del proyecto de ley presentado por el Gobierno

 

La iniciativa del Ejecutivo busca fortalecer la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado.

Proyecto de ley de Inteligencia Económica contra el Delito

El pasado jueves fue presentado por el Gobierno el proyecto de ley de Inteligencia Económica contra el Delito que tiene como objetivo fortalecer la persecución del dinero ilícito, iniciativa que es parte de la agenda legislativa en materia de seguridad del Ejecutivo.


El proyecto de ley de Inteligencia Económica contra el Delito busca hacer la trazabilidad de los movimientos del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado con distintas herramientas fiscalizadoras y de inteligencia, más el levantamiento del secreto bancario bajo reglas especiales, ampliación de rubros obligados a informar y un trabajo interinstitucional robusto, entre otros aspectos.


“Controlar el dinero es también controlar la corrupción, es también controlar la manera en que este tipo de bandas, por el gran poder económico que tienen, logran meterse en las redes de las decisiones, corrompiéndolas y bajando la capacidad de reacción del Estado”, Carolina Tohá, ministra del Interior.

 

La iniciativa para perseguir el dinero ilícito se basa en tres ejes:


Fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica

Prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas

Mayores facultades intrusivas y sancionatorias


Te invitamos a seguir leyendo para conocer 3 claves del proyecto de ley que busca perseguir la ruta del dinero ilícito.


Fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica


El ecosistema de inteligencia económica se refiere a un conjunto de organismos, instituciones y sistemas interrelacionados que trabajan en conjunto para recopilar, analizar y utilizar información relacionada con actividades económicas y financieras con el fin de prevenir y combatir delitos financieros y económicos, como el lavado de activos, la corrupción, el fraude y el financiamiento del terrorismo.


El proyecto de Ley de Inteligencia Económica busca fortalecer el ecosistema a través de la creación de unidades de inteligencia y coordinación en materia de crimen organizado en el Ministerio de Hacienda.


Para fortalecer el Sistema de Inteligencia del estado en su dimensión civil, de propone la creación de unidades de inteligencia dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).


Además, se regulará la coordinación de los organismos mencionados con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Sistema de Inteligencia del Estado.


Estas unidades serán responsables de recopilar y analizar información en las materias de competencia de cada servicio, con el fin de identificar patrones, relaciones y generar alertas para la detección temprana de conductas constitutivas de crimen organizado.


¿Cómo se hará cumplir el objetivo de las unidades de inteligencia?


Para el cumplimiento de los fines de las unidades de inteligencia, podrán levantar información y antecedentes al interior del respectivo servicio y además podrán requerir información a otros órganos públicos dentro del ámbito de sus competencias.


Si la información requerida por las unidades de inteligencia se encontrara sujeta a cualquier tipo de secreto o reserva, este o aquella serán levantados de acuerdo a reglas especiales que permitan contar oportunamente con información para identificar hallazgos relevantes y realizar el análisis de datos que revele una conducta criminal.


Para resguardar las operaciones, los funcionarios y las funcionarias que integren la Unidad estarán sujetos a estrictos deberes de secreto y reserva respecto de los antecedentes de que tomen conocimiento en ejercicio de sus funciones, deberes que se mantendrán aun después del término de relación laboral.


Modificación de la Ley de Bases Generales de los Órganos de la Administración del Estado


En este eje del proyecto de Inteligencia Económica contra el Delito se propone también una modificación de la Ley de Bases Generales de los Órganos de la Administración del Estado.


El objetivo de la modificación de la Ley de Bases Generales de los Órganos de la Administración del Estado es que se les habilite expresamente a intercambiar información a fin de que ésta sea puesta a disposición de manera actualizada, oportuna, expedita y en línea.


Adicionalmente, se incluirán medidas para favorecer el intercambio de información y uniformar criterios en materia de delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo al interior de las instituciones públicas, a través de instrucciones de la UAF.

 

Prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas



La prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas es un eje del proyecto de ley de Inteligencia Económica contra el Delito que busca establecer requisitos más estrictos para el desarrollo de algunas actividades económicas.


El proyecto incluirá una actualización de los requisitos aplicables a quienes ejerzan el control de bancos, instituciones financieras y otras entidades fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El objetivo de lo anterior consiste en que ninguna persona acusada o condenada en Chile por delitos contemplados en Chile o en el extranjero en el marco de leyes referentes al lavado de activo y financiamiento del terrorismo u otros, pueda ser director, gerente o administrador de estas entidades, ni adquirir o mantener 10% o más de participación societaria en ellas.


Obligación de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior



Dentro de este eje, se plantea la obligación de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior con la finalidad de facilitar las labores del SII y del SNA respecto a la fiscalización de infracciones y delitos tributarios y aduaneros, además de persecución del crimen organizado.


Quienes no presenten antecedentes patrimoniales plausibles o verificables respecto de las operaciones que realizan, serán objeto de fiscalización y revisión de antecedentes por el SII.


En esta misma línea, se proponen normas para explicitar la ilegalidad de la explotación de juegos de azar sin autorización legal, fortaleciendo las facultades de la Superintendencia de Casinos y Juegos en esta materia.


Respecto a lo anterior, también se incluye como requisito para la importación de máquinas contar con autorización previa de esta superintendencia, entre otras medidas.


Mayores facultades intrusivas y sancionatorias



El tercer eje del proyecto de ley de Inteligencia Económica contra el Delito corresponde a otorgar mayores facultades intrusivas y sancionatorias.


Algunas de las facultades intrusivas y sancionatorias que comprenden el proyecto del ley del Gobierno para perseguir el camino del dinero ilícito son:Conjunto de medidas que buscan fortalecer la persecución de delitos tributarios y aduaneros
Establecer sanciones al transporte de mercaderías ilícitas
Perfeccionamiento de la sanción de delitos respecto de juegos de azar ilegales, calificándolo a su vez como base del delito de lavado de activos

Junto con lo anterior, el proyecto de ley busca modernizar y fortalecer los procedimientos internos a que está sujeta la UAF, el SII y el SNA para la fiscalización y sanción de delitos dentro del ámbito de sus competencias.


Finalmente, se consideran normas para permitir el bloqueo de medios de pago ante conductas sospechosas.

Chile Avanzando: Ley Antinarco y Plan Calles sin Violencia son parte de las medidas que el Gobierno implementó el último mes

 


Durante los últimos 30 días también se aprobó la Ley 40 Horas, presentamos la Estrategia Nacional del Litio y anunciamos el proyecto Regiones Más Fuertes.





La seguridad es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, por lo que durante el último mes hemos implementado una serie de medidas que apuntan a realizar un trabajo coordinado entre las policías y Ministerio Público, así como también de una nueva normativa que entregará más herramientas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.


Presentamos el Plan Calles sin Violencia, el cual busca enfrentar la delincuencia en las comunas con mayor concentración de delitos graves, por medio de un plan coordinado entre el Gobierno, Carabineros, PDI y el Ministerio Público. En su primer mes de implementación, esta iniciativa ha permitido detener a 618 personas, incautar 80 armas, y cursar 1.842 infracciones, entre otras medidas.


Junto con lo anterior, promulgamos la Ley Antinarco, que permitirá combatir el narcotráfico y el crimen organizado impidiendo que estas organizaciones y sus miembros se enriquezcan a través de estos delitos.



Medidas destacadas sobre seguridad y migración


Reforzamos la seguridad en Calama con 26 nuevos funcionarios policiales, tres furgones Z, dos radiopatrullas y un bus para fortalecer la labor de Carabineros, junto a 10 nuevos funcionarios de la PDI especializados en la persecución de delitos violentos.


Entregamos 16 camionetas blindadas para Carabineros en La Araucanía, de un total de 34 que serán entregados durante el segundo semestre de este año.


Inauguramos un nuevo Centro de Atención a Víctimas de Delitos (CAVD) en Ñuñoa, para entregar asesoría oportuna y profesional a las personas que han sufrido delitos violentos en el marco del Programa de Atención a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del delito.


Nuevas medidas para el control de la crisis migratoria en la frontera norte de Chile, como puntos de control del Registro Civil, zonas de asistencia para entregar información migratoria, garantización de ayuda humanitaria y más centros de control que garanticen el libre desplazamiento por las rutas nacionales.


Durante el último mes, además, se publicó en el Diario Oficial la Ley de reparación a víctimas de femicidio y sus familias, que establece un régimen de protección, con beneficios directos para las familias de las víctimas de femicidio, fortaleciendo los mecanismos de atención para quienes han sido afectadas/os por la expresión más extrema de violencia de género.


Otro avance importante fue la aprobación de la Ley 40 Horas, que modifica el Código del Trabajo para reducir la jornada ordinaria de 45 a 40 horas semanales, lo que se hará con gradualidad y responsabilidad para no afectar el empleo y las Pymes.


Además, presentamos el proyecto Regiones más Fuertes, la iniciativa más significativa en descentralización fiscal desde la vuelta a la democracia, que permitirá generar nuevas fuentes de ingresos propios para las regiones, además de entregar herramientas de transparencia y rendición de cuentas a las comunidades.


En tanto, el Presidente Boric, presentó al país la primera Estrategia Nacional del Litio, por medio de la cual se busca aumentar las riquezas para el país, desarrollando una industria clave como paso fundamental para vincular el desarrollo económico de Chile con el cambio hacia una economía verde a nivel global.


Con el objetivo de aliviar los bolsillos de chilenos y chilenas presentamos el Bolsillo Familiar Electrónico que comenzó sus pagos y en su primer día de funcionamiento, 180 mil usuarios utilizaron el beneficio. Esta iniciativa consiste en un depósito de $13.500 por causante o carga familiar en un bolsillo electrónico asociado a la CuentaRUT de BancoEstado.,


Otra buena noticia para regiones, fue la presentación de los dos primeros y modernos nuevos trenes para Chile, de un total de seis, que renovarán el servicio que conecta a Santiago con Chillán, reduciendo en 80 minutos el tiempo de traslado entre ambas ciudades.


Como parte del Plan de reactivación educativa, lanzamos el Plan Nacional de Tutorías, programa que busca convocar a 20 mil tutores y tutoras que, de forma voluntaria y personalizada, trabajen con niñas y niños de 2º a 4º básico, aumentando el desarrollo de sus habilidades de lectura y escritura. Solo en la primera semana se inscribieron más de 9 mil voluntarios.


Avances y medidas que benefician a jóvenes de Chile


Nueva beca de educación superior y más de 8 mil libros para afectados por incendios forestales.

Fortalecimos la educación técnico-profesional en zonas rurales, por medio de un convenio firmado por el Ministerio de Agricultura y Educación.

Inauguramos la primera Biblioteca Pública de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que lleva el nombre de la pionera en astrofísica, Adelina Gutiérrez.

En el marco del Plan de Emergencia Habitacional ya hemos entregado 50.317 viviendas, con un total de 133.855 viviendas en ejecución y proyectos aprobados por iniciarse equivalentes a 74.866 viviendas. Asimismo, entregamos 360 subsidios e iniciamos la construcción de casas en Peñalolén. Finalmente, el Ministerio de Bienes Nacionales traspasó al Ministerio de Vivienda dos terrenos fiscales para construir 450 viviendas sociales en Concepción y Lebu. Además, se publicó en el Diario Oficial la Ley Miscelánea que agilizará diversos trámites y procedimientos asociados a este plan y la ejecución de obras urbanas en el país.


En tanto, en el marco del Plan de Reconstrucción de Viña del Mar, entregamos la primera vivienda definitiva para afectados por incendios en Viña del Mar, la que se levantó con tecnología industrializada y certificada por el Minvu. Asimismo, se entregaron los primeros títulos de dominio a damnificados por incendios forestales en Nacimiento.


Otras medidas y avances que destacan este mes



Comenzó la construcción de la nueva terminal aérea del Aeropuerto de Santiago, con una inversión de más de 58 millones de dólares y la creación de nuevos espacios en el recinto para atender a 20 millones de personas al año.

Inauguramos el embalse Chironta en Arica, con una capacidad de 17 millones de metros cúbicos de agua, y va a permitir regar más de 2 mil hectáreas en el Valle de Lluta.

Llegamos a un 95% de avance en la extensión de la Línea 3, que permitirá conectar Quilicura con Santiago Centro en 20 minutos, a diferencia de los 44 actuales.

Como parte del Plan Maestro de Paradas de la Región Metropolitana, se mejoraron 6 mil paraderos RED.

Congreso aprueba Ley que adelanta medidas de descontaminación en zonas que sean declaradas como latentes o saturadas.

Ampliamos el perímetro de restricción vehicular y sumamos nuevas medidas para mejorar la calidad del aire.

Recuperamos terreno fiscal para destinarlo a servicio de salud regional en Arica.

Tenemos nuevo Plan Nacional de Eficiencia Energética

Las zonas paga de Red Movilidad alcanzaron el 50% de la meta fijada por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Declaramos dos nuevos humedales urbanos en el Biobío.

Entregamos en concesión gratuita el Sitio de Memoria Providencia a Agrupación por la Memoria Histórica

Humedal de desembocadura del río Biobío es declarado Santuario de la Naturaleza

MOP y Aduanas firman convenio para construcción de complejo aduanero Quillagua.

Se promulgó Ley Panamericana que regula beneficios tributarios para impulsar la realización de grandes eventos deportivos en Chile, como Santiago 2023.

Senado aprobó proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
Es ley el proyecto que viabiliza el cierre de Codelco Ventanas.


Las cabras extintoras de Chile protegen un bosque nativo de incendios mortales


En la ciudad de Santa Juana, en el sur de Chile, muy afectada por los incendios forestales a principios de este año, los lugareños tienen un grupo de trabajo especial que ayuda a combatir las llamas: un rebaño de cabras.









Las cabras ya salvaron una vez el bosque nativo de los Bosques de Chacay, evitando que el parque fuera consumido por los incendios forestales de febrero -alimentados por las olas de calor y una sequía castigadora- que dejaron decenas de muertos, miles de heridos y casi 440.000 hectáreas destruidas en el centro sur. Chile.


"El parque estaba rodeado de incendios, pero terminó siendo el único espacio verde que quedaba", dijo Rocío Cruces, cofundadora del parque de 16 hectáreas (40 acres) y "Buena Cabra", un proyecto que utiliza cabras para construir cortafuegos.


La técnica, también utilizada en Portugal y España, se basa en el pastoreo de cabras para controlar los pastos secos y otra vegetación que alimenta los incendios forestales en el verano. Los excrementos de cabra también ayudan a enriquecer el suelo y previenen una mayor erosión.


“El fuego llegó a nuestro bosque pero solo la primera línea de árboles se vio realmente afectada, menos del 10% del parque”, dijo Cruces, y agregó que se produjeron pequeños incendios pero no avanzaron debido a la mínima maleza.


Cruces comenzó el proyecto después de los incendios forestales mortales en 2017. Desde entonces, su rebaño ha crecido de 16 cabras a 150 y espera inspirar a otros a seguir su ejemplo.




"En Chile estamos fallando en la prevención de incendios", dijo Francisco Di Napoli, ingeniero forestal de la Universidad de Concepción en Chile que está familiarizado con la técnica, conocida como "pastoreo estratégico".


“Estos animales nos pueden ayudar mucho”, dijo Di Napoli, y agregó que otras organizaciones deberían “evaluar dónde se puede aplicar, encontrar dónde hay combustible y que las cabras se lo coman”.