A principios de octubre, la editorial Penguin Random House lanzó el libro Chile Narco, obra del periodista Jorge Molina Sanhueza. A días de su publicación, Interferencia comparte el capítulo La Amenaza, donde el autor relata cómo el asesinato del fiscal paraguayo experto en crimen organizado, Marcelo Pecci, impactó en el Ministerio Público de Chile y encendió las alertas sobre la seguridad de los fiscales que investigan casos complejos y de alto riesgo.
La amenaza
La mañana del 10 de mayo de 2022, los grupos de WhatsApp del Ministerio Público estallaron: el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, especializado en crimen organizado, había sido asesinado en un balneario colombiano por un grupo de sicarios, mientras disfrutaba de su luna de miel.
Su muerte fue la venganza a la operación «a ultranza» que encabezó Pecci en febrero del mismo año en contra del narcoclan dirigido por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. El procedimiento permitió la incautación de cien millones de dólares, divididos entre dinero en efectivo, Ferraris, avionetas, un helicóptero, motos, armas, yates, drogas y lujosas propiedades.
A medida que se conocían detalles del homicidio, sus homólogos chilenos pasaron del miedo a la preocupación y luego a la indignación. Y en otros casos hubo tristeza, porque en Santiago y en el norte del país varios fiscales mantenían contacto con Pecci.
La mañana del 10 de mayo de 2022, los grupos de WhatsApp del Ministerio Público estallaron: el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, especializado en crimen organizado, había sido asesinado en un balneario colombiano por un grupo de sicarios, mientras disfrutaba de su luna de miel.
La inquina era una crítica directa a la cabeza institucional, por entonces Jorge Abbott, a raíz de la inexistencia de un protocolo de seguridad acorde al contexto, que los protegiera ante el aumento de una criminalidad cada vez más violenta y especializada.
Si bien desde 2017 existía un oficio reservado que entregaba algunas directrices sobre seguridad, nadie parecía tomarse en serio, por ejemplo, que el Tren de Aragua hiciera gala de su poder delictual en distintas regiones de Chile, incluyendo la capital.
El problema, se comentaba aquel día, era que la seguridad debía favorecer a quienes lidiaban a diario con el crimen, y no solo a unas cuantas autoridades del Estado. En suma, todos los persecutores sentían que estaban en peligro.
Los antecedentes del homicidio de Pecci estaban lejos de apagarse, cuando en la tarde de ese mismo 10 de mayo un imputado fue muerto a tiros en las afueras del Centro de Justicia de Iquique, mientras fiscales, jueces defensores, familiares de imputados y funcionarios desarrollaban su trabajo con normalidad.
En los tribunales de Iquique ese día ocurrió de todo. Una fiscal, aterrada y encerrada en un baño, lloraba y hablaba por teléfono desesperada. Algunos jueces señalaron que el trabajo debía continuar luego de que la policía acordonara el sitio del suceso. Fueron detenidas dos personas y todo siguió igual en la ciudad.
La suma de situaciones escaló a Jorge Abbott a través de un mensaje enviado por la gerente de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, Erika Maira, quien le hizo presente que la muerte de Pecci podía replicarse en Chile. Había que reaccionar con rapidez.
Quienes tenían motivos para llevar adelante un posible ajusticiamiento eran, en primer lugar, los miembros del Tren de Aragua en la zona norte, centro o sur. También posibles criminales colombianos y, por último, el delincuente criollo que aprende rápido1.
Los antecedentes del homicidio de Pecci estaban lejos de apagarse, cuando en la tarde de ese mismo 10 de mayo un imputado fue muerto a tiros en las afueras del Centro de Justicia de Iquique, mientras fiscales, jueces defensores, familiares de imputados y funcionarios desarrollaban su trabajo con normalidad.
Abbott comprendió la importancia de tomar medidas y dentro de la Comisión Nacional de Seguridad del Ministerio Público se activó un grupo de trabajo especial para abordar de forma operativa la seguridad de los fiscales a cargo de causas de criminalidad organizada.
Entonces todo se aceleró: reuniones con los fiscales regionales de la macrozona norte y altos mandos de Carabineros y la PDI, acuerdos con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y coordinaciones con las autoridades antinarcóticos colombianas. Todas las actividades se posteaban en las redes sociales de la institución para dar una señal clara: se buscaba una respuesta acorde a las necesidades.
Señales más, señales menos, las estadísticas y realidades criminales estaban a la vista: el aumento del tráfico de armas, drogas y migrantes, secuestros, extorsión y prostitución, ejecutados por el Tren de Aragua y sus derivados.
La molestia de los fiscales de a pie crecía en sordina y en los grupos de Whatsapp uno de ellos se lamentaba: «Tuvo que morir un fiscal para que se dieran cuenta de que estamos en peligro».
Se tomó, así, la determinación de revisar el listado de fiscales a nivel nacional, con énfasis en los que tramitaban casos de crimen organizado. Acto seguido, se encargó a la PDI realizar un informe integral de seguridad, que arrojó cincuenta y nueve casos complejos. De ellos, cinco fueron catalogados de riesgo alto que requería especial atención, tres de los cuales pertenecían a la macrozona norte —que comprende a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama— y uno al Norte Chico.
Sin embargo, el mes de mayo de 2022 no terminó como una taza de leche, porque los días 25 y 26 también fueron asesinadas la fiscal ecuatoriana Luz Marina Delgado y la hondureña Karen Almedárez.
La preocupación cundió una vez más; sin embargo, nadie esperaba que en pocas semanas el recién estrenado aparato de protección sería puesto a prueba.
Se tomó, así, la determinación de revisar el listado de fiscales a nivel nacional, con énfasis en los que tramitaban casos de crimen organizado. Acto seguido, se encargó a la PDI realizar un informe integral de seguridad, que arrojó cincuenta y nueve casos complejos. De ellos, cinco fueron catalogados de riesgo alto que requería especial atención, tres de los cuales pertenecían a la macrozona norte —que comprende a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama— y uno al Norte Chico.
Aníbal2, uno de los fiscales que logró masivas detenciones de miembros del Tren de Aragua en la macrozona norte, viajaba a mediados de 2022 en un vehículo sedán junto a un escolta de la PDI, cuando de pronto se cruzó otro vehículo. Desde este, un sujeto lo amenazó con un arma, pero no disparó, y huyó del lugar. El hecho provocó que se sumaran otros escoltas a su protección y todo volvió a una relativa normalidad.
Un segundo hecho elevó las alertas en el momento en que un analista de la fiscalía sospechó de una mujer que regularmente se ubicaba frente a la puerta de entrada de ese Ministerio Público. Estaba seguro de haberla visto registrada en alguno de los informes que estaban sobre su escritorio.
El analista de la fiscalía, a quien llamaremos Pedro, revisó la información que manejaba sobre el Tren de Aragua y descubrió que la fémina era la pareja de un miembro de la banda que estaba en prisión.
La PDI realizó un control de identidad de inmediato: Pedro tenía razón. Pero había más: la mujer mantenía arrendada una propiedad a cuadras de la fiscalía.
Ese Ministerio Público mantenía un informante dentro del Tren de Aragua, que controlaba la PDI para evitar que fuera descubierto. Uno de los tantos datos que entregó apuntaba a que «algo pasaría», que alguien viajaría de Perú a Chile, pero desconocía el porqué.
La policía civil y la fiscalía redoblaron esfuerzos y a las pocas semanas detuvieron a varios sujetos que tenían en su poder un rifle con mira telescópica. Si un posible atentado se desactivó o fue solo una coincidencia, quedó como una duda sin resolver.
Meses más tarde, el informante fue asesinado. Y aunque no ha sido posible establecer si acaso fue descubierto y su crimen un acto de venganza, el hecho quedó vinculado a una deuda que mantenía con otro miembro de la mafia venezolana.
Aníbal2, uno de los fiscales que logró masivas detenciones a los miembros del Tren de Aragua en la macrozona norte, viajaba a mediados de 2022 en un vehículo sedán junto a un escolta de la PDI, cuando de pronto se cruzó otro vehículo. Desde este, un sujeto lo amenazó con un arma, pero no disparó, y huyó del lugar. El hecho provocó que se sumaran otros escoltas a su protección y todo volvió a una relativa normalidad.
El adagio popular no da lugar a interpretación: «No hay peor ciego que el que no quiere ver». De seguro, Aníbal echó mano al refrán popular, cuando a mediados de 2022 cayó en la cuenta de que debía abandonar la región donde trabajaba y vivía junto a su familia. Eran un objetivo que eliminar.
La decisión adoptada fue la «reubicación familiar» completa hacia otra zona del país. Y no resultó una tarea fácil. Desde la fiscalía regional y la unidad de víctimas se realizó un trabajo en la más estricta reserva, que requirió coordinar logísticas para el traslado y recursos financieros.
Se sumaban otros problemas: su pareja debía mantener un trabajo remunerado y sus hijos continuar estudiando. Y lo más complejo: hallar una residencia que cumpliera estándares de seguridad que la PDI pormenorizaba en sus informes. Entre varios, la revisión profunda del barrio, ubicación de la comisaría o unidad policial más cercana, barrido de las redes sociales, instalación de cámaras y botón de pánico.
La relocalización dio frutos positivos, pero la vida de Aníbal y los suyos cambió para siempre y comenzó una nueva etapa, que incluyó «recomendaciones» policiales que no olvidará jamás.
Permanezca alerta.
Tome conciencia de las medidas de seguridad.
Modifique la rutina.
Controle su perímetro.
Transite por donde haya mayor movimiento peatonal.
La decisión adoptada fue la «reubicación familiar» completa hacia otra zona del país. Y no resultó una tarea fácil. Desde la fiscalía regional y la unidad de víctimas se realizó un trabajo en la más estricta reserva, que requirió coordinar logísticas para el traslado y recursos financieros.
Cuando un sujeto que le parezca sospechoso esté cerrando el espacio por donde camina, cruce la calle y observe su comportamiento. Si él también lo hace, aumenta la chance de un ataque.
Instruya a su familia en no entregar información a desconocidos.
No deje copia de llaves.
No hable temas sensibles por teléfono.
Destruya sobres o documentos que contengan información antes de botarlos a la basura.
Evite guardar información importante en discos duros externos y memorias USB.
La lista de «contramedidas» es más larga y otros fiscales, que hoy cuentan con protección, la hicieron carne.
Una encuesta de 2023 revela que los persecutores se sienten en peligro. Algunos fueron agredidos y buscan que se les capacite en defensa personal y el uso de armas de fuego. Más de cien aseguran que detectaron a «personas sospechosas» que los seguían. Hay doscientos sesenta domicilios que cuentan con botón de pánico y 159 fiscales que desconocen el informe de seguridad que hizo la PDI sobre sus condiciones de seguridad, según la Asociación Nacional de Fiscales.
1 En Chile, el único atentado a un fiscal se produjo en octubre de 2018 en la zona de Puerto Choque en contra de Mario Elgueta, en el marco del conflicto mapuche.
2 Para este libro, la ubicación y la identidad real del fiscal amenazado se mantienen en reserva por razones de seguridad que incluyen a su familia.
(*) Jorge Molina Sanhueza es periodista de investigación. Ha desarrollado su carrera en medios escritos, televisión y radio, dedicado a los temas judiciales que incluyen casos de violaciones de Derechos Humanos, servicios de inteligencia, corrupción y crimen organizado. Sus reportajes han sido publicados en México, Alemania y ha colaborado en Estados Unidos, con temas sobre lavado de dinero. Ha publicado los libros de investigación periodística Crimen imperfecto (2002) y A la caza de un espía (2007) y la novela Asesinato en el Estado Mayor (2013).
Fuente: Jorge Molina Sanhueza
