23 años del bombardeo de Yugoslavia por la OTAN

Los ataques, que duraron 78 días seguidos, mataron a 3.500 personas e hirieron a más de 12.000. El bombardeo de Yugoslavia por parte de la OTAN serviría de base para otras operaciones militares de la alianza imperialista en Afganistán, Irak, Yemen, Libia y Siria.

GUERRA. Yugoslavia se incendió con bombas de la OTAN

Hace exactamente 23 años, la OTAN, la alianza militar del imperialismo occidental, bombardeó Yugoslavia (Serbia, Montenegro y Kosovo), dejando miles de muertos y la destrucción total del país.


Los ataques, que duraron 78 días ininterrumpidos, dañaron gravemente no solo las instalaciones militares yugoslavas, sino también la infraestructura, los establecimientos comerciales, las escuelas, las instituciones de salud, los medios de comunicación, las carreteras, los ferrocarriles, los monumentos culturales, las bibliotecas, las iglesias y los monasterios. Murieron unas 3.500 personas, de las cuales casi 100 eran niños, y más de 12.000 resultaron heridas.


Los países miembros de la OTAN, que hoy se hacen pasar por defensores de la paz, participaron fuertemente en los ataques, aunque Yugoslavia no atacó a ninguno de ellos. En total, se llevaron a cabo 2.300 ataques aéreos sobre 995 instalaciones yugoslavas y 1.150 aviones de combate lanzaron alrededor de 420.000 misiles, que sumaron un total de 22.000 toneladas.

La alianza imperialista de la OTAN incluso utilizó municiones cargadas con uranio empobrecido, así como bombas de racimo y 37.000 bombas de racimo, todas ellas armas prohibidas por la Convención de Ginebra, para bombardear objetivos civiles. Hasta el día de hoy, muchos serbios mueren de cáncer como resultado de la radiación de estas bombas de uranio. Para los imperialistas, las bajas civiles serbias no eran más que lo que llaman “daños colaterales”.

“La OTAN, perros de guerra sedientos de sangre”

La principal justificación para promover esta verdadera masacre fue que el gobierno serbio de Slobodan Milosevic estaba cometiendo genocidio contra el pueblo albanés de Kosovo, luego de que un grupo terrorista y separatista patrocinado por la CIA llamado Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) atacara objetivos militares y policiales serbios. , generando represalias militares.


Después de la guerra, Milosevic fue arrestado y juzgado por la Corte Internacional de La Haya, pero murió en su celda en 2006 en circunstancias muy sospechosas. En 2016, 10 años después de su muerte, Milosevic fue absuelto de todos los cargos. Más tarde se reveló que el presunto genocidio de 100.000 kosovares era propaganda del ELK y la CIA.


Yugoslavia, que ya estaba debilitada por años de guerra contra Croacia y Bosnia, no resistió y, tras 78 días de agresión, aceptó retirar sus tropas de Kosovo, que fue entregado a la OTAN, que a su vez entregó el país. a sus aliados, los líderes terroristas del ELK.


Kosovo declaró su independencia en 2008, bajo fuertes protestas serbias. Hasta el día de hoy, la mayoría de los países de las Naciones Unidas (incluido Brasil) aún no reconocen a Kosovo como país. Es importante decir que aquí es donde se encuentra la base militar estadounidense más grande fuera del territorio estadounidense: la base Camp Bondsteel.

Los criminales bombardeos de Yugoslavia por parte de la OTAN servirían como base para otras operaciones militares de la alianza imperialista en Afganistán, Irak, Yemen, Libia y Siria.


En cuanto a Yugoslavia, país formado en 1918, tras la 1ª Guerra Mundial, dejó de existir en 2006, tras casi 90 años de existencia. Había sobrevivido a la invasión nazi de Hitler, pero no había sobrevivido a la invasión imperialista de la OTAN.

Cuando se hable de imperialismo

Teniendo como fondo los combates entre tropas rusas y ucranianas (lo que sería igual decir entre Rusia y Estados Unidos junto con la OTAN), definir el estado de situación del imperialismo resulta, en este tiempo de confusiones creadas a propósito, un asunto de primer orden para la acción revolucionaria.

En una primera instancia, habría que revisar cuánto de los aportes teóricos históricos sobre este tema mantiene su vigencia. Luego está el hecho cierto que el imperialismo ya no se expresa únicamente por la vía de las armas. Ahora practica otros métodos con la misma finalidad: subordinar las soberanías nacionales a su influjo y normas. Ambas cosas tienen en común el papel hegemónico ejercido por Estados Unidos, principalmente luego de eclosionar la Unión Soviética, quedando entonces como la única potencia dominante del planeta. Sin embargo, en el presente siglo, el surgimiento de un mundo multipolar, con Rusia y China convertidas en potencias rivales de Estados Unidos, requiere de algo más que una simple definición de lo que es y representa el imperialismo.

Asociado a ello, debe considerarse el impacto causado por el capitalismo neoliberal en las diversas naciones donde actúa; sin que tal nomenclatura sea una exclusividad de Estados Unidos o Europa occidental, lo que podría extenderse, con sus variantes, a China y Rusia. Así, la situación de guerra creada en Ucrania podría responder a estas dos realidades más que a una simple defensa de la soberanía de este país o de quienes se identifican cultural y étnicamente con los rusos. Hay que ver, en principio, un choque de potencias en que, cada una a su modo, buscan prevalecer en el escenario mundial. Y esto, en último caso, se relaciona con el afán de controlar territorios, mercados y economías, al igual que sucediera durante las primeras décadas del siglo pasado, desencandenándose los dos grandes conflictos bélicos que sacudieron a la humanidad.

No obstante, no podría obviarse la crisis estructural que afecta las relaciones sociales capitalistas, a la que se unió la pandemia del Covid-19, justamente cuando muchos pronósticos advertían que ocurriría un largo período recesivo de la economía a escala mundial; lo que complica que exista una posibilidad inmediata de un nuevo periodo expansivo económico, estable y con altas tasas de rentabilidad, como lo anhelan aquellos que controlan el mercado capitalista, especialmente quienes integran la fracción del capitalismo financiero. Cualquier tipo de estudio que se haga respecto a si es o no pertinente hablar de imperalismo en la época actual no podrá eludir la realidad de que se está en presencia, desde hace varios años, de una guerra comercial y geopolítica. Por eso, no puede discriminarse ningún elemento o aspecto que contribuya a determinar qué es el imperialismo y cuánta vigencia tiene en el presente; todo desde una perspectiva de totalidad, siendo que se habla de una multidimensionalidad de la crisis que envuelve al modelo civilizatorio imperante.

Los puntos de no retorno que todo lo anterior podría producir no deja de preocupar a muchos. El sistema de alianzas subalternas que logró establecer Estados Unidos por más de cincuenta años está siendo sometido a prueba frente a Rusia, lo que también podría suceder frente a China. Las medidas comerciales, tecnológicas y monetarias, a las que se agregan las militares, están creando más problemas que soluciones. Esto nos obliga a comprender que «el uso contemporáneo del término imperialismo -en afirmación de Claudio Katz- sólo tiene sentido para aquellas potencias que actúan bajo el mandato del capital. No se aplica a situaciones ajenas a ese principio». Teniendo esto presente, se podría explicar el por qué no debe soslayarse la vigencia y las acciones del imperialismo, dadas sus repercusiones en el destino de la Tierra.

Por Homar Garcés 
Fuentes: Rebelión

Inician en La Haya audiencias en el diferendo entre Bolivia y Chile

La Corte Internacional de Justicia de La Haya inicia hoy las audiencias de la disputa entre Chile y Bolivia por las aguas del Silala, proceso que se extenderá hasta el 14 de este mes.

Los alegatos orales del caso sobre el Estado y Usos de las aguas del Silala se desarrollarán en un formato híbrido presencial debido al impacto de la pandemia del Covid-19, según informó la Corte, órgano judicial de Naciones Unidas con sede en Palácio da Paz, La Haya, Países Bajos.


Desde que Chile presentó la demanda en junio de 2016, el equipo legal ha trabajado con seriedad, rigurosidad y profesionalismo, informó a principios de marzo el Ministerio de Relaciones Exteriores.


Agregó que durante este proceso defenderán sus argumentos con la tranquilidad de que cuentan con sólida evidencia científica que respalda la posición chilena de que el Silala es un río internacional que cruza naturalmente la frontera con este país.


En ese contexto, destacó que el derecho internacional establece que ambos ribereños tienen derecho al uso equitativo y razonable de sus aguas.


Por su parte, Bolivia alega que el Silala es un manantial que brota naturalmente de su territorio y fue desviado por cauces artificiales hacia Chile, que utiliza sus aguas desde hace más de un siglo en base a una licencia otorgada por el vecino país.


Sobre esta fase del proceso, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, dijo que es singular que ambas partes hayan presentado peritos científicos y serán interrogados ante la presencia de la Corte.


Otro rasgo distintivo son los horarios de audiencia y el modelo de presencia híbrida, de modo que solo unos pocos jueces y abogados estarán presentes en el Palacio de la Paz, y otros permanecerán conectados de forma remota, debido al aforo por la pandemia. explicó Fuentes.

Banco central de Chile reduce pronóstico de crecimiento del PIB para 2022

El banco central de Chile revisó el miércoles su pronóstico de crecimiento económico para 2022 y lo redujo a un rango de 1,0% a 2,0% desde una estimación de 1,5% a 2,5% en diciembre.

"La economía se expandirá a tasas por debajo de su potencial en 2022 y 2023, con contracciones en el consumo privado y la inversión", dijo el banco central en un comunicado.


También predijo que la inflación anual alcanzaría el 8,2% este año, por encima del rango de tolerancia del banco central y por encima de una estimación anterior del 4,5%.


El banco central informo que el aumento de los precios al consumidor fue una respuesta al "aumento excesivo del gasto" en los últimos trimestres, que fue respaldado por los programas de estímulo de COVID-19.

El martes, el banco central elevó su tasa de interés de referencia en 150 puntos básicos al 7%, mientras retira rápidamente el estímulo monetario que siguió al inicio de la pandemia en marzo de 2020.

“El alza de la Tasa de Política Monetaria (TPM) ha sido rápida y significativa, pero persisten los riesgos de convergencia e inflación”, segun el banco central.


Predijo, sin embargo, que "la inflación comenzará a converger a la meta en el horizonte de dos años" en la última parte de 2022.


El informe también estimó que el consumo privado y la formación bruta de capital fijo se contraerán en el período 2022-2023.


El precio del cobre también se ajustó a $4,35 por libra, por encima del pronóstico anterior de $4,05. Chile es el mayor productor de cobre del mundo.

La mitad de los embarazos registrados anualmente en el mundo no son deseados, dice agencia de la ONU

La desigualdad social, la pobreza y la violencia sexual serían las principales causas de la cifra.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) publicó el miércoles (30) el Estudio de Población Mundial 2022 que señala que aproximadamente la mitad de los embarazos registrados anualmente  no son deseados. Se estima que cada año se producen 121 millones de embarazos no deseados en todo el planeta, una media de 331.000 al día, y el 60% de este total acaba en aborto.

La agencia de la ONU considera que el embarazo adolescente no planificado está asociado a desigualdades más amplias que afectan principalmente a mujeres de los estratos sociales más vulnerables.

:: ¿Puede el aborto ser legal y seguro? ::


Las principales causas de los embarazos accidentales serían la dificultad para acceder a la educación sexual y reproductiva, la falta de métodos anticonceptivos, aspectos directamente vinculados a la violencia sexual y la pobreza.


La pandemia ha empeorado la situación. En el primer año de una emergencia sanitaria mundial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que se produjeron 1,4 millones de embarazos no deseados debido a la interrupción de los servicios gratuitos de distribución de medicamentos y otros métodos anticonceptivos.


"Para las mujeres afectadas, la decisión reproductiva más importante, quedar embarazada o no, no es una opción", dijo en una conferencia de prensa la directora ejecutiva del UNFPA, Natalia Kanem.

En Brasil, el 20% de las madres tienen menos de 20 años. De éstas, el 40% abandona la escuela para abrazar la maternidad.


Todavía según estimaciones de la ONU, alrededor de 257 millones en todo el mundo no quieren quedar embarazadas, pero no tienen acceso a anticonceptivos. Hasta el 25% dice que no puede negar haber tenido relaciones sexuales.


Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente se realizan alrededor de 19 millones de abortos clandestinos y 7 millones de mujeres son hospitalizadas, lo que refleja un gasto estimado de US$ 533 millones en tratamientos post-aborto. Entre el 5 y el 13% de las muertes de mujeres ocurren como resultado de procedimientos clandestinos.

Víctor Jara, el músico comunista torturado y fusilado poco después del golpe militar del traidor pinochet

Ni perdón ni olvido:

Torturado y asesinado, el artista se convirtió en uno de los máximos íconos de la lucha por la igualdad social y se opuso al sangriento régimen instaurado en 1973 en Chile.

Probable última fotografía de Víctor Jara, en un mitin del presidente Salvador Allende una semana antes del golpe militar - Getty Images

Las manifestaciones que tuvieron lugar en Chile en octubre de este año recordaron a un personaje histórico imprescindible en la historia del país. Los actos, que congregaron a más de 1 millón de personas, recuperaron las canciones de Víctor Jara, ícono político opositor a la dictadura del traidor Pinochet y militante revolucionario brutalmente asesinado por el régimen.


El Derecho de Vivir en Paz resonaba en las guitarras de los manifestantes cerca de las escalinatas de la Biblioteca Nacional en Santiago. El 25 de octubre de 2019 tuvo lugar en Chile la mayor protesta desde el gobierno autoritario de militares del país. Y Jara sigue siendo relevante para las demandas de la población, que busca más igualdad social en el país que sigue moldes neoliberales, con un actual presidente de centroderecha.

Bandera con el rostro de Víctor Jara en las manifestaciones chilenas / Crédito: Getty Images

Fue profesor de Periodismo en la Universidad de Chile, director de teatro y uno de los músicos más importantes del movimiento Nueva Canción Chilena. Sus canciones neofolclóricas narraban exactamente aquello en lo que el cantante creía y luchaba: un mundo menos desigual construido sobre el poder de la gente. También militó en el Partido Comunista de Chile y formó parte del Comité Central de la Juventud Comunista de Chile.


Por sus ideales, no sobrevivió a la dictadura instaurada por los militares chilenos mediante un sangriento golpe militar, que derrocó al presidente socialista Salvador Allende y puso en el poder al traidor Augusto Pinochet. Poco después del motín, el 11 de septiembre de 1973, Jara fue sacado de la Universidad de Chile por militares, junto con otros profesores y estudiantes. Luego fueron recluidos en el Estadio Chile, que se convirtió en uno de los mayores centros de detención y tortura de la dictadura del país.

El artista permaneció atrapado en el lugar durante unos días, pero no logró salir con vida. En medio de brutales torturas, que consistieron en quemarlo con cigarrillos, cortarle la lengua y aplastarle las manos a culatazos, Jara fue asesinado apenas cinco días después, el 16 de septiembre de ese año, de 44 tiros por parte de agentes.

Crédito: Getty Images

Luego de ser baleado, su cuerpo fue abandonado en un matorral cercano a una favela de la ciudad de Santiago de Chile, y también cerca del Cementerio Metropolitano.


Recién en 1990 el Estado chileno reconoció el asesinato de Víctor Jara por militares del gobierno del traidor Pinochet. La Comisión de la Verdad y Reconciliación admitió que el músico fue asesinado a tiros en el Estadio Chile. En 2016, se ordenó al exmilitar Pedro Barrientos, chileno naturalizado estadounidense, pagar una indemnización a la familia del chileno.


“Lo tenían sentado. Había unos catres, de esos que se usan en el Ejército, y ahí lo tenían y golpeaban, golpeaban, golpeaban (…). Y Barrientos le dispara… casi a quemarropa” , informó José Paredes, un joven que en ese momento cumplía el servicio militar, a la edad de 18 años, y fue testigo del cruel asesinato.

Crédito: Getty Images

Fue enterrado en el Cementerio General de Santiago de Chile y, en 2003, treinta años después del magnicidio, el Estadio Chile fue renombrado en su honor, ahora Estadio Víctor Jara, para conmemorar los terribles hechos cometidos por la dictadura del país.


Incluso durante sus días de prisión, antes de morir, escribió un poema que retrataba su situación y la de sus compañeros en medio del autoritarismo del régimen. Titulado “Estádio Chile”, el texto decía:


“Somos cinco mil aquí/ en esta pequeña parte de la ciudad/ (…) Seis de los nuestros se perdieron/ en el espacio de las estrellas./ Un muerto, un golpe como nunca creí/ podría golpear a un ser humano./ Los otros cuatro querían dejar / todos los miedos, / uno saltando al vacío, / otro golpeándose la cabeza contra una pared / pero todos con la mirada fija en la muerte./ ¡Qué asombro produce el rostro del fascismo!”.

Un camino para la regulación de las empresas transnacionales en Brasil

En 1972, Salvador Allende pronunció un histórico discurso en las Naciones Unidas cuestionando el avance de las empresas transnacionales en la vida política chilena, llamando a la urgencia de regular el poder de las grandes corporaciones.

Amigos de la Tierra Brasil participó, con otras organizaciones, en la ronda de negociación para un tratado vinculante con la ONU, en Ginebra, en 2021 - Amigos de la Tierra Internacional

"Trabajar para construir un desarrollo soberano implica regular el poder empresarial"

No por casualidad, en 1973 fue víctima de un golpe de Estado que inauguró en Chile un laboratorio de políticas neoliberales, que se expandió por toda América Latina, a partir de amplios procesos de privatización de empresas públicas, apertura del mercado interno y acceso a materias primas para las transnacionales.


Después de casi 50 años, la izquierda vuelve al poder en el país, con Gabriel Boric, y nuevamente el tema de las transnacionales aparece ligado a la disputa gubernamental, en los enfrentamientos por la privatización del litio. En su discurso inaugural, Boric nuevamente enfatiza la necesidad de confrontar el poder corporativo.

Gabriel Boric saluda estatua de Allende y promete nuevo gobierno del pueblo en Chile; 


En Brasil, desde la década de 1990, las políticas neoliberales han avanzado hacia la privatización de sectores estratégicos del desarrollo nacional como el sector eléctrico, la minería, la política agraria, etc.


Todos estos cambios son procesos antidemocráticos y siempre han estado conectados a la defensa de los intereses extranjeros de estas empresas en el país. Esto se puede ver en el golpe de Estado de 2016 y en la posterior implementación de gobiernos alineados con los intereses de la industria petrolera, lo que ha hecho posible la fragmentación y privatización de Petrobras.

Privatización de Petrobras va a contrapelo del resto del mundo, dice experto


De hecho, el cambio de dirección de las políticas ha permitido a las corporaciones avanzar en la mercantilización del agua, en la flexibilización de las regulaciones ambientales, en la intensificación de la precariedad del trabajo, en fin, en la externalización de los costos sociales y ambientales para el pueblo brasileño.


La configuración de la economía capitalista, en su etapa neoliberal, ha servido para consolidar y reforzar la centralidad de las empresas transnacionales en la economía mundial.


Así, acumulan cada vez más poderes económicos, políticos y culturales, controlando muchos Estados que tienen una economía dependiente de estas inversiones. Estos terminan convirtiéndose en cómplices de violaciones a los derechos de las personas a servir a las empresas y asegurar el mantenimiento de la tasa de ganancia.

Como señala García Linera, tras el golpe de estado en Bolivia en 2019, es un desafío construir gobiernos y mantenerse en el poder, tratando de construir proyectos soberanos frente a los intereses empresariales.

Nuevo informe confirma masacres y abusos policiales durante el golpe de Estado de 2019 en Bolivia


Muchos movimientos populares alrededor del mundo constituyen su resistencia ante el avance del poder empresarial y en la afirmación de la inminencia de construir un proyecto soberano para estos países. En este desafío, se han revisado las tácticas de lucha; como en el tema agrario, la entrada de la economía verde, el avance de los transgénicos y los pesticidas hicieron mucho más compleja la lucha por la tierra que el acceso a la tierra frente al Estado.


Así como en el ámbito de los afectados por las centrales mineras o hidroeléctricas, quienes ya no se enfrentan al Estado para garantizar sus derechos, sino que están sujetos a la lucha contra las sociedades anónimas abiertas, integradas por accionistas a los que no tienen acceso.

Esto lleva a incorporar a la agenda de lucha contra las empresas transnacionales presentes en la lucha contra los nuevos tratados de libre comercio, como se perfila contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y, ahora, contra los acuerdos del Mercosur con Europa; contra el uso de la deuda externa como mecanismo de control por parte de los países del Sur Global de la entrada de capital extranjero y la propuesta de auditar las deudas; en el rechazo a las políticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), clara defensora del proteccionismo de las empresas transnacionales.


No solo en agendas de movilización reactiva, sino también en la consolidación de grandes articulaciones de proyectos más soberanos, como la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, que tiene como eje a las transnacionales; la Campaña Global por el Desmantelamiento del Poder Corporativo y por la soberanía de los pueblos, cuyos principales frentes de trabajo son el avance del Tratado Vinculante para la regulación de las empresas transnacionales en materia de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Naciones Unidas).

:: América Latina no es "el patio trasero de nadie", dice canciller chino; reloj ::

Brasil y América Latina en su conjunto han sido explorados y colonizados desde la implementación de la Companhia das Índias, por lo que siempre han estado presentes en la izquierda marcadores de ruptura con procesos reales de independencia y construcción de proyectos soberanos.


La novedad es que la lucha contra los complejos arreglos jurídico-políticos de las empresas transnacionales, organizadas en estructuras confusas de cadenas productivas globales, exige un refinamiento táctico para mirar el problema del poder corporativo dentro de la captura de bienes comunes como agua, tierra, energía, minerales, bosques, cuerpos vitales de los trabajadores. ¿Contra qué arreglo debemos movilizarnos y pensar en un programa de acción?

La arquitectura de la impunidad: el crimen conpensa


Las empresas transnacionales son estructuras complejas, compuestas por varias empresas y filiales a lo largo de toda la cadena productiva. Esta fragmentación aparentemente demuestra una independencia entre los eslabones de la cadena, lo que dificulta la rendición de cuentas. Las normas comerciales, la captura corporativa del proceso legislativo a través del cabildeo, constituyen un marco en el que las empresas están protegidas y las víctimas no reparadas.


En este escenario se consolida la noción de “arquitectura de la impunidad empresarial”, basada no sólo en la asimetría de poder entre las grandes empresas y los pueblos que resisten y sufren el despojo, sino también en la asimetría de poder entre estas empresas y muchos Estados receptores. inversión, así como relaciones comerciales asimétricas y desiguales entre bloques de países y regiones. Una arquitectura que posibilite y favorezca la injusticia sistémica, la continuidad de los estándares y la certeza de la impunidad por parte de las empresas.

“[Las empresas] han ganado la batalla de las ideas y se han afirmado como actores en la construcción de políticas públicas con tanta o mayor legitimidad que las personas”

En los últimos años, se ha avanzado en la protección de las empresas en el escenario internacional. Han ganado la batalla de las ideas y se han afirmado como actores en la construcción de políticas públicas con tanta o mayor legitimidad que el pueblo.


De esta forma, el Estado transfiere facultades de inspección, vigilancia, rendición de cuentas y reparación de las violaciones a los derechos humanos a las propias empresas a través de la responsabilidad social empresarial. A medida que los estados se debilitan cada vez más por el desmantelamiento neoliberal, ya no tienen la estructura para monitorear el cumplimiento ambiental y promover políticas públicas sociales en áreas afectadas por los desarrollos, y transferir estas tareas históricas a las corporaciones.



Ley exige devolución de ayuda en poblado minero golpeado por represa de Fundão

Este es el caso de la falla de las represas de Fundão y Complexo de Feijão en Minas Gerais. La transnacional brasileña Vale S.A, responsable del crimen, coordina toda la política reparatoria.


Durante años, las instituciones de justicia han estado tratando de hacer cumplir la legislación y están bloqueadas por la captura empresarial en los tres poderes. A pesar de la gravedad, a la fecha las víctimas no han sido debidamente indemnizadas, mientras que la empresa sigue superando la rentabilidad, demostrando cómo el crimen compensa. En este caso, los reiterados incumplimientos de una misma empresa demuestran cómo se va estructurando la certeza de la impunidad.

Folleto lanzado el año pasado denuncia casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales en Brasil

Esto es posible porque, desde la década de 2000, con el Pacto Mundial, se consolida la noción de conflicto con multistakeholders, coronada con la aprobación de los Principios Rectores sobre Derechos Humanos y empresas, en los que se priman los intereses en la rentabilidad de las empresas. ignorados para considerarlos socios en la promoción del desarrollo.


El cambio de rol de la rendición de cuentas estatal por la voluntad de las empresas de hacer cumplir, dentro del límite de la no injerencia en sus fines de lucro, es un retroceso en el camino hacia la soberanía porque termina reforzando su mayor control social y político. De esta forma, se asume el mito de que los conflictos se resolverán con la participación y consideración de todos los actores involucrados, como los gobiernos, la iniciativa privada y la sociedad civil a través de bases igualitarias, desconociendo la profunda asimetría de poder entre ellos.


Este es un discurso incorporado por los gobiernos que afecta profundamente las bases democráticas. Si prestamos atención a que las corporaciones sólo representan sus intereses, que no son más que las ganancias que se logran con el aumento de la tasa de explotación, no están sujetas a la rendición pública de cuentas, a mecanismos de elegibilidad y control social, vemos cómo las innovaciones diseñadas como códigos de conducta, memorias de sostenibilidad y estados financieros lejos de responder a intereses democráticos, también están diseñadas para responder a la demanda de los accionistas y dar una apariencia verde y responsable al mundo empresarial.

Finalmente, los Tratados de Libre Comercio son el mayor ataque a la soberanía de los países, cuando muchos Estados responden en tribunales privados de disputas sobre inversiones por violar cláusulas de los tratados comerciales al intentar garantizar los derechos humanos, como la salud de sus pueblos.


Esta realidad estuvo presente en los absurdos contractuales para el acceso a las vacunas covid, que contenían cláusulas de exención total de responsabilidad de las corporaciones farmacéuticas por efectos secundarios.

"El efecto global es sustraer cualquier tipo de regulación, incluso promoviendo el desmantelamiento de derechos fundamentales, para incentivar un modelo de desarrollo económico difundido por las empresas".

El efecto global es sustraer cualquier tipo de regulación, incluso promoviendo el desmantelamiento de los derechos fundamentales, para incentivar un modelo de desarrollo económico difundido por estas empresas, ya que la característica de la empresa transnacional es precisamente su movilidad y flexibilidad en las operaciones en todo el mundo, más allá de las fronteras y jurisdicciones nacionales.


En consecuencia, aún no se ha determinado objetivamente la responsabilidad de las empresas por las violaciones a los derechos humanos, sino sólo la de los Estados. Esta propuesta, de códigos voluntarios y control privado de las corporaciones, sienta el precedente para que entendamos que hay zonas de “no derechos”, o peor aún, que hay derechos humanos que valen más en determinados territorios.

Un paso adelante en Brasil

Equipo de rescate de los cuerpos de las víctimas de la ruptura de la represa de Vale, en Brumadinho (MG) en 2019. Cerca de 270 personas murieron

Frente a estas zonas grises de la no ley, el 14 de marzo se presentó el primer proyecto de Ley Marco de Derechos Humanos y Empresas en el mundo, PL núm. 572/2022. Luego de un largo trabajo de organizaciones de la sociedad civil, movimientos populares y parlamentarios comprometidos, la histórica ley avanza hacia la responsabilización de las empresas por las violaciones a los derechos humanos, el reconocimiento de obligaciones para con el Estado y para con ellas, así como el establecimiento de medidas de prevención, vigilancia y reparación, así como como derechos para las poblaciones afectadas.


La histórica ley es un logro porque va en contra de iniciativas gubernamentales que ponen los esfuerzos para avanzar en mecanismos voluntarios y no de rendición de cuentas a las empresas, como las iniciativas de los Planes Nacionales de Acción (PNA), que ya han sido evaluadas como poco o nada efectivas.


Si bien incorpora una perspectiva crítica sobre las leyes de debida diligencia, la PL reconoce el deber de diligencia, o vigilancia del respeto a todos los derechos humanos, por parte de las empresas, como una obligación intermedia, reconociendo la importancia del reporte y los planes de acción por parte de las empresas, pero demuestra que su mera existencia sin avances concretos no puede ser considerada como el fin, como el cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas de respetar y no violar los derechos, lo que requiere ser demostrado, o debe ser denunciado en los tribunales civiles correspondientes.

Cabe señalar que el PL es el resultado de años de construcción y aprendizaje que comenzaron con las experiencias de resistencia en los territorios, como el caso de Vila Nazaré, en Porto Alegre, que resiste el desalojo forzoso debido a las obras de ampliación del pista del Aeropuerto Salgado Filho de la empresa Fraport, a los diálogos con el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos del Ministerio Público de la Federación que elaboró ​​la Nota Técnica nº. 7/2018, hasta la construcción conjunta de la Resolución n. 05/2020 del Consejo Nacional de Derechos Humanos.


Si bien la legislación nacional es avanzada en protección social y ambiental, la captura empresarial, la asimetría de poderes entre las grandes corporaciones y los afectados conducen a su ineficacia. Avanzar en un marco regulatorio que responsabilice a las empresas, con una lista clara de obligaciones con el Estado y con ellas, es dar un paso adelante para acabar con la cultura de la impunidad.

caminos a seguir

Como hemos visto, vastas redes de poder se mueven para frenar los avances en la regulación de las corporaciones. Este paso se alinea con la estela del enfrentamiento al capitalismo, en el que la resistencia popular organizada en torno a la batalla por la rendición de cuentas de estas corporaciones, con la formalización de instrumentos concretos, es una espina que se interpone en el camino de las empresas transnacionales.


Si queremos avanzar con gobiernos progresistas en Brasil y América Latina, no podemos dejar de enfrentar el espectro de la dependencia de estas empresas. Trabajar para construir un desarrollo soberano implica regular el poder corporativo, y más que eso, se erige como una agenda clave para mantener cualquier gobierno en el poder.


Mientras más personas en el mundo estén unidas en la lucha contra las empresas transnacionales, instrumentalizadas, en esta coyuntura, en el avance de los marcos normativos reguladores, más fuerza se gana para crecer en estos proyectos emancipadores.

*Amigos da Terra Brasil (ATBr) es una organización que trabaja para construir la lucha por la Justicia Ambiental. Los lunes, quincenalmente, publicamos artículos sobre justicia económica y climática, soberanía alimentaria, biodiversidad, solidaridad internacionalista y contra la opresión.

Diseño de La Moneda para cónclave de Boric con parlamentarios

“Jornada de trabajo y colaboración legislativa oficialista”. Es ese el nombre que tendrá la reunión de trabajo del Presidente Boric con los partidos de gobierno, con la idea de que las 2 coaliciones (FA-PC y ex-Concertación) se erijan en un solo equipo, y zanjar las diferencias de forma y de fondo entre las 2 almas, que han marcado los primeros días de su instalación, como ha sucedido en el debate del Quinto Retiro e indulto 18-O, entre otras.

El Presidente Gabriel Boric, con los ministros de su comité político, los que expondrán este viernes en el encuentro en Cerro Castillo.

El itinerario del encuentro: Antes de que el Presidente Boric tome la palabra este viernes a las 9 AM en la reunión citada en el palacio de Cerro Castillo, se tomará una foto conjunta con todos los parlamentarios de los partidos oficialistas.


Será la primera señal de unidad que se busca dar en la reunión, a la que asistirán legisladores de Apruebo Dignidad (Frente Amplio, PC y Federación Regionalista Verde) y del Socialismo Democrático (PS-PPD-PR-Partido Liberal).


Después de Boric, la ministra del Interior Izkia Siches dará la bienvenida como jefa de gabinete, y expondrá sobre La Araucanía y la crisis migratoria en el norte, sus agendas prioritarias en el primer mes.


Luego, vendrá un segundo bloque conjunto liderado por los ministros Giorgio Jackson (Segpres) y Camila Vallejo (Vocera de Gobierno). Él pondrá el foco en el plan de gobierno y la agenda legislativa, y ella en el diseño comunicacional.

Desde el ala socialdemócrata luego expondrá el ministro Mario Marcel (Hacienda), quien presentará ejes del plan económico de Recuperación Inclusiva que se presentaría en los próximos días, con foco en empleo femenino y juvenil.

Ese plan resulta clave para lograr mejoras económicas para la población que permitan contener la presión en el parlamento por el Quinto Retiro, donde el Gobierno enfrentó un revés el lunes, cuando la Cámara visó la admisibilidad del proyecto, con amplios apoyos oficialistas, pese a la oposición de La Moneda.

También habrá espacio para intervenciones de los presidentes de ambas cámaras, Álvaro Elizalde (PS) y Raúl Soto (PPD), y jefes de bancada; y luego habrá mesas de trabajo sectoriales entre ministros y parlamentarios.

Qué significa: El nombre del encuentro (Jornada de Trabajo y Colaboración Legislativa Oficialista) no fue casual, y fue materia de análisis en La Moneda: la idea es que el sello del encuentro refuerce la idea de un solo equipo de gobierno -a ello responde la presentación conjunta de Jackson y Vallejo-, pese a la existencia al interior de 2 coaliciones distintas en el oficialismo. Ello en medio del debate instalado sobre las 2 almas del gobierno de Boric, que ha hecho a su administración enfrentar conflictos por ambos flancos, con la dificultad que un gesto a cada sector ha significado tensiones con el otro.

Primero el debate fue soterrado, a partir de varios hechos de la primera semana que evidenciaron diferencias de ideas de fondo y estilos entre ambos sectores.

Entre ellos, el veto de la ministra de la Mujer Antonia Orellana (FA) por la llegada del sacerdote Felipe Berríos a un grupo para asesorar al ministerio de Vivienda -dirigido por Carlos Montes (PS)- en temas relacionados a los campamentos; y las diferencias entre las autoridades de Interior (Siches y el subsecretario Manuel Monsalve, del PS) sobre si existen presos políticos mapuches.

“La relación entre Apruebo Dignidad y el eje socialdemócrata aún no ha cuajado”, dijo entonces la vicepresidenta regionalista verde, Flavia Torrealba, a El Mercurio.

Luego vino el revés por el Quinto Retiro, donde la postura del PC de no inhibir el debate impidió un rechazo en bloque, como esperaba el Gobierno, y votos de los comunistas en contra del Estado de Excepción en el norte por la crisis migratoria.

En medio, La Moneda tuvo que hacer un gesto al PC encargando a Carabineros una investigación por el incidente en Plaza Baquedano que terminó con un manifestante que realizaba desórdenes cayendo al suelo y golpeándose la cabeza, luego de que figuras comunistas acusaran represión.

24 horas después, La Moneda puso suma urgencia al indulto 18-O, como gesto a grupos más radicales, para intentar menguar la intensidad de las protestas de los viernes, con miras al Día del Joven Combatiente el 29/03.

Ello abrió un conflicto a Jackson con el PS, donde lo acusaban de forzar la votación de un proyecto que no tiene los votos (por el rechazo de la derecha) para que exista otro argumento entre los convencionales de izquierda para eliminar el Senado, principal bastión de poder del eje PS-PPD.

Entre los socialistas, ya se arrastraban resquemores por el incómodo pie en que quedó Montes con el veto a Berríos, y la baja participación que tuvo Monsalve en el diseño de la frustrada visita de Siches a Temucuicui.

“Lo primero que tenemos que hacer es encontrarnos entre partidos que pertenecemos a dos coaliciones distintas”, dijo así Jackson, respecto a la reunión en Cerro Castillo.

Por qué importa: La inquietud que ronda en el oficialismo es que las diferencias entre ambas coaliciones terminen impactando la agenda de Boric, lo que podría acrecentarse por el empate de fuerzas en el Congreso; y sobre todo que aumenten, a medida que se acerquen las elecciones municipales.


Mantener la estantería de votos de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático se torna aún más clave considerando que aún teniendo esos apoyos en el Congreso, Boric sigue necesitando los votos de la DC y parte de RN para aprobar sus reformas.

CUT-Chile: “Movilizados por la victoria en la Constituyente”

Bárbara Figueroa, vice-presidente de Relações Internacionais da CUT-Chile, destaca papel da democratização da comunicação para garantir a soberania e os direitos sociais e trabalhistas em lei na Convenção Constituinte.

Bárbara Figueroa, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la CUT-Chile

En entrevista exclusiva este jueves, Bárbara Figueroa, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, defiende la importancia de la presión del movimiento sindical “para garantizar la soberanía y los derechos sociales y laborales en derecho en la Constituyente”. Convención”. “A partir de una ola de procesos conservadores de extrema derecha, profundamente neoliberales, que significó un gran retroceso en la región”, señaló el secretario de Desarrollo Sostenible de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), ha llegado el momento de El sindicalismo latino para jugar un papel protagónico y pasar página. Y por eso, enfatizó Bárbara, “la lucha por la democratización de la comunicación es fundamental en la lucha política, ideológica y cultural”.

En su opinión, ¿cuál es el significado de la elección presidencial de Gabriel Boric para los destinos de Chile y la región?

Entendemos la importancia de lo que significa el proceso electoral de Chile para América Latina. Venimos de una ola de procesos conservadores de extrema derecha, profundamente neoliberales, que significó un retroceso enorme respecto a lo que habíamos avanzado en los años noventa.

La reanudación de la candidatura de Gabriel Boric a la presidencia y la propuesta programática de Aprovo Dignidade en Chile tras el estallido social de octubre de 2019, junto a la Convención Constituyente, consolidan un proceso que no solo es relevante para nuestro país sino que abre expectativas para un proceso electoral marco que viviremos en toda la región.

Este año tendremos las elecciones presidenciales en Colombia y Brasil donde hay proyectos alternativos, progresistas y antineoliberales que esperamos ver consolidados.

Entendemos que este es un proceso de cambio político que tiene mucho que ver con la claridad y convicción de que hoy en día es necesario disputar el poder institucional a los nuevos gobiernos, para brindarles soluciones profundas. Luchamos por gobiernos que apunten a un nuevo proyecto de desarrollo y soberanía, una disputa en la que creemos que el movimiento sindical tiene que jugar un papel fundamental.

Así, como vemos la elección de Gabriel como una puerta de esperanza, también implica grandes desafíos y responsabilidades. Porque allí jugamos hace poco una segunda vuelta con la extrema derecha. No es un escenario fácil, hay muchas expectativas y, por ello, entendemos que vamos a enfrentar un proceso difícil, en el que debemos lanzarnos de manera contundente y salir a la calle con los cambios y propuestas que fuimos. a la gente.

¿Cuál es el papel de los movimientos de presión social en este contexto de intensa disputa por la Constituyente? ¿Cuáles son los puntos clave, particularmente de la economía, en la defensa de la soberanía nacional?

Pues bien, es en este debate en el que se encuentra actualmente la Convención Constituyente, definiendo los contenidos del proceso y culminando la etapa de comisiones. Ya estamos llegando y acercándonos a lo que será el pleno y, a partir de ahí, la votación de lo que se aprueba o se rechaza estará dentro o fuera del marco de la nueva Constitución.

Creemos que llegar a un triunfo electoral con Boric y con la constituyente en este contexto atañe al triunfo de la revuelta, de lo que llamamos estallido social, de todo el cúmulo de luchas. El proceso constituyente es el heredero natural de esta trayectoria de enfrentamientos de la explosión social.

Hay un debate muy interesante sobre la forma del Estado, cómo se descentraliza el poder, la garantía de la soberanía de los recursos económicos y naturales, la protección del medio ambiente y la garantía de los derechos sociales y laborales. En estas tres áreas encontramos la disputa estratégica de la Convención.

Evidentemente, es necesario conquistar estas bases para que podamos tener una participación activa de los movimientos sociales, sin que ello signifique cooptar a la constitucionalidad. Necesitamos dar pasos hacia la participación de una democracia más abierta, más plena y más abierta para poder avanzar.

Para ello necesitamos no sólo garantías de protección e institucionalización social, sino también que el Estado gestione una empresa nacional. A esto hay que sumar la garantía de los derechos de todos para tener una base para un cambio económico profundo.

Ahora bien, por supuesto, una cosa es lo que nos garantizará la Constitución y, en base a ella, las leyes que tendrán que seguir estas reglas. Una vez garantizados, vamos camino a un nuevo modelo económico chileno.

¿Y cómo es el enfrentamiento con los grandes conglomerados de la comunicación en este contexto?

Como en la mayoría de los países de nuestra región, esta batalla es muy compleja. Porque hay un control hegemónico de los grandes conglomerados de la comunicación, la gran radio, la televisión y hasta la prensa escrita.

Este no es un tema exclusivo de Chile, es una batalla regional por los medios por parte del capital, se está dando en términos constitucionales. De lo que se trata es de impedir la captura empresarial por parte de grupos de interés que quieren apoderarse de los medios. Queremos instituir mecanismos de democratización.

Esta es una historia que también formó parte del debate presidencial. Dentro de la coalición Apoyo a la Dignidad, hubo una propuesta muy polémica sobre qué debe intervenir el Estado, qué provisiones y garantizar los derechos de todos.

Lo aprobado nos parece que responde a la distorsión democrática, porque el acceso a la información, a la comunicación, no se trata solo de equidad, sino también de romper las asimetrías entre los medios independientes y las cadenas oficiales, los que tienen más recursos o las regiones más ricas. Y este tema se está haciendo muy evidente: el papel que están jugando los grandes medios de comunicación en la campaña contra la Constituyente y contra los cambios.

No se trata, por tanto, de un debate sobre si son buenos o malos, de un sector o de otro, sino de garantizar efectivamente que todos tengan pleno acceso a la información y que, a partir de ella, puedan tomar mejores decisiones.

Como el proceso constituyente es obligatorio, la población debe ir a votar. Y esperamos que tengas toda la información posible sobre la mesa.

La democratización de la comunicación tiene que ver con la ruptura de los grandes conglomerados, con un mayor acceso de los medios a los recursos.

Sí, y eso es lo que queremos decir. Y de ahí el papel que debe jugar el Estado. No se trata sólo de imponer límites a los que intentan desaparecer a un conjunto de sectores, a una mayoría, sino también de garantizar el acceso plural y la transparencia de los recursos a quienes lo financian.

La reconocida periodista argentina Stela Calonni afirma que el Pentágono produce el 98% de lo que se publicita como “información” en los principales medios de América Latina. Y esto es más evidente en la cobertura a favor de los fascistas en Ucrania.

Es como usted dice: la información limitada y tremendamente manipulada no nos permite hacer una evaluación más precisa. De esta manera, no podemos profundizar la democracia ni construirla más plenamente, porque las noticias se mantienen limitadas y encapsuladas.

Así, comenzaremos a naturalizar temas que a estas alturas la Humanidad ya no debería naturalizar, como las posiciones fascistas y los candidatos fascistas. No queremos limitaciones a la democracia y no queremos que las mismas instituciones del Estado sean asfixiadas peligrosamente. Lo que sí tenemos claro es que la lucha por la democratización de la comunicación es fundamental en la lucha política, ideológica y cultural por el desarrollo de nuestros países y pueblos.

Fuente: Leonardo Wexell Severo

Desigualdad en Chile: Boric debe refundar el contrato fiscal

El novel presidente chileno Gabriel Boric afirmó que su gobierno equilibraría los planes para expandir los programas sociales del país y ser fiscalmente responsable. «Tenemos que ser muy cuidadosos con el gasto público. El gasto permanente debe financiarse con ingresos permanentes», apuntó.

Con una economía frágil, inflación al alza, réplicas de la pandemia e incertidumbre mundial por la guerra en Ucrania, Boric dijo que planea lograr sus objetivos económicos a través de un proycto de ley de reforma tributaria que espera aumente la recaudación en cinco puntos del PIB.

«No vamos a decir que esta reforma es contra los más ricos», declaró. Hizo un llamado a los trabajadores, empresas y otros sectores a unirse a la mesa para discutir la reforma. «Una reforma tributaria tiene que tener alta calidad técnica y también ojalá el mayor consenso», señaló.

El martes, cuatro días después de su asunción, Boric se reunió con el ministro de Haciendo Mario Marcel, para analizar el diseño legislativo de la reforma tributaria que debe presentar al Congreso y sobre el estado de las cuentas públicas.

Desde el sector empresario comenzaron los tiros, especulando, por ejemplo, que la reforma tributaria eliminaría el crédito IVA para las constructoras que participan en proyectos habitacionales, y aunque esto no afectaría a otras iniciativas de infraestructura, como los contratos de concesiones, sí podría aumentar los costos de las viviendas sociales

La prensa hegemónica habló durante tres décadas de los éxitos del modelo chileno, pero las cifras dicen otra cosa: el 10 por ciento más rico del país acapara 50 por ciento de la riqueza y la mitad más pobre recibe solo el 10%. Sin duda, es uno de los países más injustos del mundo. Gravar su riqueza a un tipo del 2,5% permitiría recaudar unos 5.000 millones de dólares, el 1,5% del PIB y derogar ciertas exenciones que sólo benefician a los grupos de altos ingresos, ya sean multinacionales o los chilenos más ricos.

“Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba”, señaló el novel presidente Gabriel Boric. Si quiere mantener su promesa y negociar un nuevo contrato social, el presidente tendrá que abordar como prioridad el sistema fiscal, que ha sido el garante de la perpetuación de las desigualdades, cuya persistencia alimenta desde hace varios años tensiones sociales que rozan o canalizan la explosión o estallido social.

La reducción de las desigualdades no sólo requiere políticas de redistribución, sino también un Estado capaz de financiar servicios públicos de calidad -en particular, la sanidad y la educación- que sean accesibles para el mayor número de personas, afirma el economista Ricardo Martner, y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional.

Con ingresos fiscales del 19,3 por ciento del Producto Bruto Interno el año pasado, Chile está muy lejos de la media del 33,5% de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de países ricos del que forma parte. El actual sistema fiscal es altamente regresivo, con énfasis en los impuestos indirectos que gravan principalmente a los sectores de ingresos medios y bajos de la población, al tiempo que dan un trato preferente a las grandes empresas.

Mientras, la evasión fiscal es muy alta. Entre 2013 y 2018, el estado perdió entres 7,5 y ocho puntos del PIB cada año. Una cifra por demás importante; equivale a 1,5 veces el presupuesto de educación y 1,6 veces el de salud.. Por último, hay que derogar ciertas exenciones que sólo benefician a los grupos de altos ingresos, ya sean multinacionales o los más ricos. Gravar la riqueza de los poderosos a un tipo del 2,5% permitiría recaudar unos 5.000 millones de dólares, o el 1,5% del PIB

Se hace necesario reformar el impuesto sobre un impuesto progresivo sobre los activos más altos y un impuesto sobre las grandes fortunas, y también al valor añadido, reduciendo los tipos para los bienes esenciales, los medicamentos y los libros, ya que pagar un 19% menos por la leche o el pan marcaría la diferencia para los hogares más pobres. También requiere la introducción de.

Reconstruir el contrato fiscal significa esperar un tira y afloja en el Congreso, controlado a medias por la derecha. Por ello, la fiscalidad debe estar en el centro de los debates para la nueva Constitución, que se someterá a referéndum en el tercer trimestre de 2022. En la redacción de su nueva Constitución, Chile puede mostrar el camino. Si bien es un país de apenas 19 millones de habitantes, simboliza una tendencia mundial.

El texto constitucional actual, aprobado en plena dictadura, consagra el modelo neoliberal al limitar la capacidad de los gobiernos para reducir las desigualdades a través de los impuestos y los regímenes de propiedad. La nuevo Constitución debería adoptar el principio de progresividad fiscal con su clara definición: es decir, los tipos impositivos efectivos deben depender del nivel de renta o riqueza, contribuyendo más los ciudadanos más ricos.

Consolidar el principio de progresividad fiscal es permitir que una eventual mayoría popular y democrática refunde el pacto fiscal, como nos recordó recientemente Thomas Piketty,

Durmiendo con el enemigo

Hernán Frigolett y Solange Berstein liderarán los dos organismos claves para la agenda reformista del nuevo gobierno de Boric. Al igual que Mario Marcel en Hacienda, los dos nombres que eligió son del corazón de la Concertación o Nueva Mayoría, la coalición que gobernó gran parte de los tan denostados 30 años, de los que los actuales gobrnantes y parte de su coalición han sido duros críticos (en sus años de estudiantes).

El gobierno se inclinó por la ingeniera comercial Solange Berstein en el cargo de presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Actualmente se desempeñaba como gerenta de la División de Política Financiera del Banco Central., donde trabajaba junto al ahora ministro de Hacienda Mario Marcel, y entre 2006 y 2014 fue Superintendenta de Pensiones..

Frigolett fue Tesorero General de la República de Bachelet II y ahora tendrá una de las responsabilidades más grandes del gobierno de Boric: implementar una reforma tributaria que promete recaudar 5% del PIB, y que desde ya se anticipa que será polémica, sin frenar el crecimiento económico en medio de un escenario local y global tremendamente complejo

Tras la publicación de una investigación de Ciper Chile en contra de Frigolett, designado director del Servicio de Impuestos Internos (SII), se demostró que Aserta, sociedad de su propiedad, recibió una suma de 83 millones por parte de la minera SQM por un informe sobre el litio.

Su consultora se encuentra entre las empresas que recibieron “pagos riesgosos” por parte de SQM, por lo que podrían ser incluidos dentro de la investigación por financiamiento político ilegal. Frigolett hizo ese estudio con otros cuatro autores relacionados con Chile 21, la ONG ligada al socialismo que fue investigada por recibir 441 millones de SQM

Bajo el mando de Frigolett, el SII debe tramitar solicitudes de las sociedades relacionadas con la minera para que se les condonen millonarias multas e intereses de 13 reclamos tributarios. Al respecto, el ingeniero sostuvo que “es claro que si hay algún conflicto de intereses por alguna acción de relación contractual que haya tenido en el pasado, ejerciendo en el sector privado, obviamente tiene que ser de los más transparentes y me tendré que inhabilitar y radicar el proceso en quien me parezca que es la subdirección idónea”.

Fonte: Claudio della Croce

¿POR QUÉ DEBE IMPORTARNOS EL INTENTO DE LICITACIÓN DEL LITIO CHILENO?

El cambio de orden jurídico en Chile llevará al país a un cambio en el orden económico imperante, de esta forma, es posible asegurar una participación más relevante del Estado en la explotación de los recursos naturales. En conjunto con la empresa nacional del litio propuesta por Boric, es posible imaginar un país que sea dueño de su riqueza, que no se limite a ser un “regulador” de la economía, que tenga participación, que tenga la facultad de tomar decisiones al respecto, que pueda alimentar las históricas demandas de su pueblo en educación, salud, seguridad, etc.

El gobierno de Sebastián Piñera, al abandonar la jefatura del Estado, ha mostrado insistencia en que la licitación del litio chileno continúe. Los contratos que materializarían la licitación entregan los derechos de explotación del “oro blanco” por 30 años, tres décadas en la que nuevamente un recurso natural y estratégico en territorio nacional sería entregado a las manos de los privados, imposibilitando al Estado extraer y añadir valor agregado a un recurso preciado.

El gobierno de Piñera defendio aludiendo que la empresa que gane la licitación deberá pagar “un impuesto gigante” por flujos futuros, pero en valor presente, y desmiente que “una sola persona se lleve toda la plusvalía”.

La controversia por la licitación se desarrolla en paralelo a la realización de la Convención Constituyente, institución encargada de redactar una nueva constitución a partir de una “hoja en blanco”. Esta posibilidad de redactar una nueva Carta Magna ha abierto esperanzas en ciertos sectores de la sociedad chilena que esperan pueda asegurarse, de forma jurídica, la posesión y derecho de explotación de recursos naturales estratégicos en el mundo del siglo XXl.

El presidente, Gabriel Boric, y su coalición política han planteado la necesidad de la creación de una empresa nacional del litio, un organismo estatal con facultades para realizar la explotación del recurso natural y añadirle valor agregado. Una idea que los sectores reaccionarios han descartado aludiendo a supuestas incapacidades por parte del Estado de satisfacer las necesidades de la población. Al respecto, Boric señaló que “el litio es el mineral del futuro”, haciendo un llamado a repensar la lógica económica extractivista a cargo de empresas privadas.

¿Quiénes son los postulantes a dicha licitación? Se trata de cinco empresas oferentes que presentaron seis ofertas económicas. Estas son: BYD Chile, Albemarle, Cosayach Caliche, Servicio y Operaciones Mineras del Norte y SQM. Cabe destacar que una quinta parte del litio del mundo es producido por SQM. La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) no es una empresa ajena a las controversias. SQM solía ser un fabricante estatal de fertilizantes químicos hasta que la dictadura cívico militar del traidor Pinochet entregó su propiedad al yerno del dictador, Julio Ponce Lerou, transformándose en uno de los principales beneficiarios de las olas privatizadoras de la dictadura. En el último tiempo la empresa ha sido objeto de investigación y multas por las instituciones reguladoras chilenas y por la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Ponce Lerou ya no preside la empresa debido a otros escándalos vinculados al financiamiento ilegal de partidos políticos, pero sigue siendo dueño del 30% de la firma.

¿Qué es el litio? El litio es un mineral que se encuentra en abundancia en los salares del desierto de Atacama. Es un recurso que cada día que pasa va ganando mayor importancia al ser un elemento fundamental en la construcción de baterías y en el procesamiento de medicina utilizada en el área de salud mental.

El litio es un componente esencial para el desarrollo de las baterías y, mientras las principales economías del planeta buscan alternativas para la energía convencional, la discusión sobre la explotación del litio va ganando mayor relevancia y su demanda se incrementa. El uso medicinal del litio en pacientes cuya salud mental esté comprometida se da a través de las propiedades de conducción de señales eléctricas. Estas propiedades permiten que el litio pueda ser utilizado en la elaboración y producción de medicamentos que ayuden a tratar pacientes con trastornos maníaco-depresivos.

De acuerdo a la información que se maneja acerca del litio, Chile contaría con las mayores reservas probadas de este material en el planeta. En el desierto más árido del mundo tendríamos una riqueza que, eventualmente, podría ayudar a financiar las carencias que llevaron a Chile al estallido social del 2019.

Las demandas del pueblo chileno durante la revuelta de octubre de 2019 se dan como el resultado de una acumulación histórica de indignación con las injusticias sociales que se vivían/viven en el país. Falta de acceso a la salud, educación, seguridad y un alto costo de vida en general, motivaron a las y los chilenos a manifestarse en contra de la realidad que azotaba a sus comunidades.

La respuesta institucional del gobierno y el Congreso fue dar la apertura a un proceso de discusión constitucional que culminaría con la redacción de una nueva constitución. El mecanismo escogido fue una convención constituyente con miembros elegidos por un sistema de representación paritaria de género y con escaños reservados para los pueblos originarios. Esta nueva institución democrática deberá dar la discusión sobre qué nueva Carta Magna regirá el país, empezando la discusión sobre una “hoja en blanco”.

No son pocos aquellos que piensan que esta nueva constitución podría marcar el comienzo del fin del modelo extractivista a manos de los privados. Desde la explotación del salitre hasta el cobre, los privados han tenido mayoritariamente participación en la explotación y acumulación de ganancias fruto de la actividad extractivista.

El cambio de orden jurídico en Chile llevará al país a un cambio en el orden económico imperante, de esta forma, es posible asegurar una participación más relevante del Estado en la explotación de los recursos naturales. En conjunto con la empresa nacional del litio propuesta por Boric, es posible imaginar un país que sea dueño de su riqueza, que no se limite a ser un “regulador” de la economía, que tenga participación, que tenga la facultad de tomar decisiones al respecto, que pueda alimentar las históricas demandas de su pueblo en educación, salud, seguridad, etc,etc.

El camino no se ve fácil, el gobierno de Piñera demostro su insistencia en que la licitación se lleve a cabo y ciertas voces del equipo de Boric han manifestado que no retrocederían en la licitación si esta se materializa antes del cambio de gobierno.

Por supuesto nada está escrito en piedra y, desde octubre de 2019, Chile vive un periodo donde lo inimaginable ocurre a diario. Solo nos queda cruzar los dedos y esperar que ocurra lo inimaginable: que Chile decida ser dueño de su propia riqueza.

Fuente: Diego Duarte Valdivia