La intolerancia en Chile no tiene lugar, ni rostro, ni tiempo para suceder. Se manifiesta todos los días, en todas partes. Afecta a todos indiscriminadamente. ¿Qué está pasando?
Puede ser un político o candidato a un cargo público quien es acosado; una persona común, agredida por su religión, por ser homosexual, por el partido que simpatiza o un periodista que es agredido en el ejercicio de su profesión. En las redes sociales, los insultos y las ofensas se han convertido en algo común y el respeto por los demás se pierde fácilmente. Los casos siguen cada día, las estadísticas aumentan. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está nuestra cacareada cordialidad? ¿Qué país queremos construir? ¿Será la intolerancia el resultado de un momento singular o el resultado de una cultura donde el debate es escaso y el autoritarismo sigue siendo dominante?
Es necesario disipar el clima de antagonismo del tipo “nosotros” y ellos y aprender a convivir con las diferencias, discutir sin ofender –un insulto no es, ni ha sido nunca una discusión– y desarrollar la cultura del debate, natural. a las democracias. La intolerancia, la violencia, el sarcasmo, así como todos los gestos que buscan el enfrentamiento, no construyen. La historia de Chile está marcada por la confrontación, no por el diálogo, ¿dónde hemos llegado? Hay desorden histórico, con algún progreso. Si hubiera habido convergencia y debate, el camino recorrido hubiera sido más fácil, menos accidentado y, ciertamente, con mayores avances. La exclusión social no sería tan preocupante, ni tendríamos una historia política marcada por la violencia.
Pregunto: si vivimos en democracia, ¿por qué discriminar a alguien por pensar diferente? Si los hombres son libres, como dijo Sartre, es natural que vean el mundo de manera diferente y tengan diferentes interpretaciones y posiciones en relación a la historia. En el breve libro El existencialismo es un humanismo, Sartre toca un punto crucial al hablar de libertad e historicidad. Dice que la esencia del hombre es la libertad y que él, el hombre, busca la emancipación, por pequeña que sea. Es una hermosa crítica al machismo, al racismo, a la homofobia, al fascismo… No son más que la idea de que hay una esencia de cada raza, de cada sexo, de cada individuo y que todos son prisioneros de ella.
Por supuesto, estos son prejuicios. Todos los seres humanos son iguales en sus diferencias. Tampoco el negro es inferior al blanco, como se pretendía en los días de la esclavitud; ni la mujer es inferior al hombre, como todavía hoy se afirma; ni el homosexual es inferior al heterosexual, como se ha vuelto un lugar común argumentar; a pesar de todo el progreso. Políticamente, entonces, la discriminación surge del odio, la inseguridad, la falta de información y el aislamiento. Nada parece más claro como el cristal.
Es importante rescatar los valores humanistas republicanos, con origen en las revoluciones francesa y americana, y acercarse a ellos. Universalmente aceptados, basados principalmente en la idea de los derechos humanos, solo contribuirán a valorar la ética de la convivencia civilizada, el libre pensamiento y la libertad de prensa y expresión. Otro valor es la transparencia, sinónimo de información que, a su vez, forma opiniones y ayuda en las decisiones.
Por supuesto, esto no excluye la tensión de los debates, los conflictos de ideas y las divergencias. Pero lo importante es la libertad, desde la que podamos pensar y construir una sociedad enfocada al interés general y no sólo a tal o cual grupo, partido o ideología. Porque la libertad significa, ante todo, que todos tienen el mismo derecho, incluso el de actuar por encima de los intereses particulares, hacia lo universal y el reconocimiento del otro. De ahí la necesidad de vivir y dialogar con las diferencias. Sin intolerancia.
Chile fue el país latinoamericano que concentró el mayor nivel de riqueza entre sus ultrarricos en 2021, en relación al tamaño de su economía.
Grandes fortunas y población de bajos recursos conviven en Santiago, capital de Chile
La riqueza combinada de los chilenos más ricos equivalía al 16,1% del PIB (Producto Interno Bruto) del país, según cálculos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), con datos publicados por la revista Forbes.
Estos cálculos solo consideran a los llamados "billonarios", es decir, aquellos que tienen un patrimonio neto de al menos US$ 1.000 millones.
A nivel mundial hay 2.755 personas que pertenecen a esta categoría, en una lista encabezada por Jeff Bezos (fundador de Amazon, con US$ 177 mil millones), seguido de Elon Musk (CEO de Tesla) y Bernard Arnault (CEO de LVMH, empresa artículos de lujo, incluida la marca Louis Vuitton).
Latinoamérica tiene 104 ultrarricos, nueve de los cuales son chilenos, según la revista estadounidense Forbes.
Son ellos:
1- Iris Fontbona y la familia Luksic: 23.300 millones de dólares
2- Julio Ponce Lerou: $4.100 millones
3- Horst Paulmann y familia: 3.300 millones de dólares
4- Sebastián Piñera y familia: $2,900 millones
5- Jean Salata*: 2.400 millones de dólares
6- Roberto Angelini: $2 mil millones
7- Álvaro Saeih: $1.800 millones
8- Patricia Angelini: 1.600 millones de dólares
9-Luis Enrique Yarur: $1.300 millones
Legenda da fot
Sebastián Piñera
¿En qué sectores son los más ricos?
Según la lista Forbes de multimillonarios chilenos, sus fortunas se concentran principalmente en los sectores financiero, minero, forestal y retail.
Finanzas: Sebastián Piñera, Álvaro Saieh, Luis Enrique Yarur
Minería:Iris Fontbona y Julio Ponce Lerou
Minería y silvicultura: Roberto Angelini,Patricia Angelini
Minorista: Horst Paulmann
La concentración de la riqueza en estas familias es un reflejo de la desigualdad existente en la sociedad chilena.
Según el Informe Mundial sobre Desigualdad 2022, el 1% más rico de Chile concentra el 49,6% de toda la riqueza del país, mientras que en Brasil el 1% más rico concentra el 48,9%, en México el 46,9% y en Estados Unidos el 34,9%.
¿Por qué la riqueza está tan concentrada en Chile?
Los historiadores generalmente asocian el origen del abismo social chileno con los tiempos de la colonización española, cuando la mayor parte de la tierra estaba dividida entre los españoles y sus descendientes.
En esa época surge la gran hacienda, que fundamentaba la estructura de la sociedad, dividida entre patrones, empleados, arrendatarios y trabajadores manuales.
Jean-Paul Fontbona
A partir de esta desigualdad agraria, la concentración de la riqueza se expandió a otros sectores económicos que explotan los recursos naturales, como la minería, lo que convirtió a Chile en el mayor exportador de cobre del mundo.
En la historia más reciente, el abismo social se amplió en las décadas de 1970 y 1980, durante el régimen del general traidor Augusto Pinochet (1915-2006), con la creación de un modelo económico con poca regulación que permitió el surgimiento de grandes fortunas familiares.
Según el economista Osvaldo Larrañaga, en su libro La Desigualdad a lo Largo de la Historia de Chile, el abismo se amplió con el traidor Pinochet a través de mecanismos como "la privatización de las empresas públicas, que siendo propiedad de un pequeño número de grupos económicos, la supresión y represión de los sindicatos y la conversión del estado benefactor en uno de carácter residual”, entre otras medidas.
Algo similar sucedió durante la dictadura militar brasileña, por ejemplo. Los estudios indican que la desigualdad social tiende a aumentar durante los regímenes no democráticos.En el grupo de los ultrarricos del Chile actual, el caso de Julio Ponce Lerou es emblemático. Ex yerno de Pinochet, se convirtió en el mayor accionista de la empresa SQM (Soquimich), una de las mayores productoras de fertilizantes, yodo y litio del mundo, tras su privatización.
Durante dictadura de Augusto Pinochet, a concentração de renda foi acentuada
Con el regreso de la democracia al país en 1990, la pobreza y la desigualdad de ingresos disminuyeron, pero la riqueza permaneció concentrada en la punta de la pirámide, una de las principales razones de las protestas que comenzaron en el país en octubre de 2019.
De esta forma, el tema de la desigualdad social se ha convertio en parte fundamental del debate de la campaña electoral en las elecciones presidenciales de 2021, que ganó el izquierdista Gabriel Boric, de 35 años.
¿Qué es el "Impuesto a los Súper Ricos"?
El pasado (3/11/21), Boric asumió como nuevo presidente de Chile. Pretende implementar un ambicioso programa de gobierno que incluye medidas como eliminar el actual sistema de pensiones, transformar el sistema de salud y aumentar los impuestos, creando un estado de bienestar.
Esta agenda "transformadora", que exigirá una mayor recaudación tributaria, enfrentará una serie de obstáculos, como la falta de mayoría en el Congreso, un presupuesto limitado y un bajo crecimiento económico, según proyecciones para este 2022.
Para financiar sus planes, Boric propuso una reforma fiscal "con responsabilidad fiscal y gradual", que pretende elevar el 5% del PIB durante su mandato.
A pobreza no Chile é visível em várias cidades, como Valparaíso
CRÉDITO,
La reforma considera cambios al impuesto a la renta para las grandes empresas, exenciones reducidas, impuestos verdes (ambientales), recaudación de regalías a las grandes empresas mineras, medidas contra la evasión y elusión fiscal, y un impuesto a la riqueza.
Este último, conocido como el "impuesto a los superricos", gravaría alrededor del 0,1% de la población chilena.
¿Un golpe contra la inversión?
La propuesta de reforma tributaria fue blanco de duras críticas. Quienes se oponen a la idea dicen que en otras partes del mundo no ha recaudado cantidades significativas de dinero.
Participantes en las protestas iniciadas en 2019 exigieron mejor distribución del ingreso
CRÉDITO,
“El caso más famoso es el de Francia, donde millonarios se fueron a vivir a Bélgica. Luego se eliminó, porque terminó siendo inútil”, le dice el economista Bernardo Fontaine a BBC News Mundo, el servicio de noticias en español de la BBC.
En muchos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la propuesta "ha sido retirada", añade el experto.
Otro de los argumentos más citados en contra de la iniciativa es que desincentivará la inversión y, en consecuencia, perjudicará el crecimiento económico.
¿Por qué crear un impuesto a la riqueza?
En la mayoría de los países, se gravan los ingresos de cada persona, no la riqueza. Este último incluye, además de los ingresos, los activos financieros, las propiedades, los terrenos, los yates o cualquier bien que forme parte del patrimonio.
Gabriel Boric presidente de Chile
“En países como Chile, Brasil y México hemos visto que la desigualdad en los ingresos del trabajo se ha reducido, pero si le sumamos los ingresos del capital, la desigualdad se mantiene más constante”, explica Ignacio Flores, coordinador para América Latina de World Inequality Database en de la Escuela de Economía de París, Francia, e investigador de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos.
En los mercados financieros, “cuanto más dinero se tiene, más rápido se reproduce”, un fenómeno que dificulta mucho que las personas se desplacen hacia la cima de la pirámide.
“En Chile la movilidad social es muy baja”, dice Flores, sobre todo para llegar al 10% más rico de la población.
Poca Competencia
En Chile y América Latina hay mayores niveles de concentración de la riqueza porque en algunos sectores hay muy pocas empresas, dice Luis Felipe López-Calva, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“La riqueza nos preocupa cuando viene de la falta de competencia, no cuando es riqueza productiva la que genera bienestar para un país”, agrega, en conversación con la prensa.
Previo a la próxima discusión en Chile sobre cómo aplicar un impuesto a la riqueza, los expertos han estado debatiendo la mejor manera de gravar estos recursos.
Algunos afirman que lo más efectivo es crear un impuesto a la propiedad, ya que es muy complejo identificar dónde se invierten los fondos en los mercados financieros internacionales. Otros consideran factible introducir un impuesto que también incluya los flujos de capital.
“Gran parte de la riqueza es financiera”, le dice a la prensa Pablo Gutiérrez, investigador de la Universidad de British Columbia en Canadá.
Ante el argumento de que un impuesto a la riqueza provocaría una salida de capitales hacia otros países, donde los inversionistas pueden obtener mejores retornos, el economista dice que las personas con alta riqueza prefieren un país estable, en lugar de correr el riesgo de buscar retorno en naciones con impuestos ventajas pero calificaciones bajas en las evaluaciones de riesgo.
“Con un impuesto a la riqueza, estás controlando un poco el descontento social”, argumenta Gutiérrez. “Si bien es cierto que los emprendedores tendrán una menor rentabilidad, en el mediano plazo habrá mayor estabilidad social y sus negocios podrán crecer”.
“A nadie le gusta recaudar impuestos. A nadie. Pero si se hace de manera paulatina y consensuada, asegurando una mayor estabilidad social, no se van a ir del país”.
Los ataques, que duraron 78 días seguidos, mataron a 3.500 personas e hirieron a más de 12.000. El bombardeo de Yugoslavia por parte de la OTAN serviría de base para otras operaciones militares de la alianza imperialista en Afganistán, Irak, Yemen, Libia y Siria.
GUERRA. Yugoslavia se incendió con bombas de la OTAN
Hace exactamente 23 años, la OTAN, la alianza militar del imperialismo occidental, bombardeó Yugoslavia (Serbia, Montenegro y Kosovo), dejando miles de muertos y la destrucción total del país.
Los ataques, que duraron 78 días ininterrumpidos, dañaron gravemente no solo las instalaciones militares yugoslavas, sino también la infraestructura, los establecimientos comerciales, las escuelas, las instituciones de salud, los medios de comunicación, las carreteras, los ferrocarriles, los monumentos culturales, las bibliotecas, las iglesias y los monasterios. Murieron unas 3.500 personas, de las cuales casi 100 eran niños, y más de 12.000 resultaron heridas.
Los países miembros de la OTAN, que hoy se hacen pasar por defensores de la paz, participaron fuertemente en los ataques, aunque Yugoslavia no atacó a ninguno de ellos. En total, se llevaron a cabo 2.300 ataques aéreos sobre 995 instalaciones yugoslavas y 1.150 aviones de combate lanzaron alrededor de 420.000 misiles, que sumaron un total de 22.000 toneladas.
La alianza imperialista de la OTAN incluso utilizó municiones cargadas con uranio empobrecido, así como bombas de racimo y 37.000 bombas de racimo, todas ellas armas prohibidas por la Convención de Ginebra, para bombardear objetivos civiles. Hasta el día de hoy, muchos serbios mueren de cáncer como resultado de la radiación de estas bombas de uranio. Para los imperialistas, las bajas civiles serbias no eran más que lo que llaman “daños colaterales”.
“La OTAN, perros de guerra sedientos de sangre”
La principal justificación para promover esta verdadera masacre fue que el gobierno serbio de Slobodan Milosevic estaba cometiendo genocidio contra el pueblo albanés de Kosovo, luego de que un grupo terrorista y separatista patrocinado por la CIA llamado Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) atacara objetivos militares y policiales serbios. , generando represalias militares.
Después de la guerra, Milosevic fue arrestado y juzgado por la Corte Internacional de La Haya, pero murió en su celda en 2006 en circunstancias muy sospechosas. En 2016, 10 años después de su muerte, Milosevic fue absuelto de todos los cargos. Más tarde se reveló que el presunto genocidio de 100.000 kosovares era propaganda del ELK y la CIA.
Yugoslavia, que ya estaba debilitada por años de guerra contra Croacia y Bosnia, no resistió y, tras 78 días de agresión, aceptó retirar sus tropas de Kosovo, que fue entregado a la OTAN, que a su vez entregó el país. a sus aliados, los líderes terroristas del ELK.
Kosovo declaró su independencia en 2008, bajo fuertes protestas serbias. Hasta el día de hoy, la mayoría de los países de las Naciones Unidas (incluido Brasil) aún no reconocen a Kosovo como país. Es importante decir que aquí es donde se encuentra la base militar estadounidense más grande fuera del territorio estadounidense: la base Camp Bondsteel.
Los criminales bombardeos de Yugoslavia por parte de la OTAN servirían como base para otras operaciones militares de la alianza imperialista en Afganistán, Irak, Yemen, Libia y Siria.
En cuanto a Yugoslavia, país formado en 1918, tras la 1ª Guerra Mundial, dejó de existir en 2006, tras casi 90 años de existencia. Había sobrevivido a la invasión nazi de Hitler, pero no había sobrevivido a la invasión imperialista de la OTAN.
Teniendo como fondo los combates entre tropas rusas y ucranianas (lo que sería igual decir entre Rusia y Estados Unidos junto con la OTAN), definir el estado de situación del imperialismo resulta, en este tiempo de confusiones creadas a propósito, un asunto de primer orden para la acción revolucionaria.
En una primera instancia, habría que revisar cuánto de los aportes teóricos históricos sobre este tema mantiene su vigencia. Luego está el hecho cierto que el imperialismo ya no se expresa únicamente por la vía de las armas. Ahora practica otros métodos con la misma finalidad: subordinar las soberanías nacionales a su influjo y normas. Ambas cosas tienen en común el papel hegemónico ejercido por Estados Unidos, principalmente luego de eclosionar la Unión Soviética, quedando entonces como la única potencia dominante del planeta. Sin embargo, en el presente siglo, el surgimiento de un mundo multipolar, con Rusia y China convertidas en potencias rivales de Estados Unidos, requiere de algo más que una simple definición de lo que es y representa el imperialismo.
Asociado a ello, debe considerarse el impacto causado por el capitalismo neoliberal en las diversas naciones donde actúa; sin que tal nomenclatura sea una exclusividad de Estados Unidos o Europa occidental, lo que podría extenderse, con sus variantes, a China y Rusia. Así, la situación de guerra creada en Ucrania podría responder a estas dos realidades más que a una simple defensa de la soberanía de este país o de quienes se identifican cultural y étnicamente con los rusos. Hay que ver, en principio, un choque de potencias en que, cada una a su modo, buscan prevalecer en el escenario mundial. Y esto, en último caso, se relaciona con el afán de controlar territorios, mercados y economías, al igual que sucediera durante las primeras décadas del siglo pasado, desencandenándose los dos grandes conflictos bélicos que sacudieron a la humanidad.
No obstante, no podría obviarse la crisis estructural que afecta las relaciones sociales capitalistas, a la que se unió la pandemia del Covid-19, justamente cuando muchos pronósticos advertían que ocurriría un largo período recesivo de la economía a escala mundial; lo que complica que exista una posibilidad inmediata de un nuevo periodo expansivo económico, estable y con altas tasas de rentabilidad, como lo anhelan aquellos que controlan el mercado capitalista, especialmente quienes integran la fracción del capitalismo financiero. Cualquier tipo de estudio que se haga respecto a si es o no pertinente hablar de imperalismo en la época actual no podrá eludir la realidad de que se está en presencia, desde hace varios años, de una guerra comercial y geopolítica. Por eso, no puede discriminarse ningún elemento o aspecto que contribuya a determinar qué es el imperialismo y cuánta vigencia tiene en el presente; todo desde una perspectiva de totalidad, siendo que se habla de una multidimensionalidad de la crisis que envuelve al modelo civilizatorio imperante.
Los puntos de no retorno que todo lo anterior podría producir no deja de preocupar a muchos. El sistema de alianzas subalternas que logró establecer Estados Unidos por más de cincuenta años está siendo sometido a prueba frente a Rusia, lo que también podría suceder frente a China. Las medidas comerciales, tecnológicas y monetarias, a las que se agregan las militares, están creando más problemas que soluciones. Esto nos obliga a comprender que «el uso contemporáneo del término imperialismo -en afirmación de Claudio Katz- sólo tiene sentido para aquellas potencias que actúan bajo el mandato del capital. No se aplica a situaciones ajenas a ese principio». Teniendo esto presente, se podría explicar el por qué no debe soslayarse la vigencia y las acciones del imperialismo, dadas sus repercusiones en el destino de la Tierra.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya inicia hoy las audiencias de la disputa entre Chile y Bolivia por las aguas del Silala, proceso que se extenderá hasta el 14 de este mes.
Los alegatos orales del caso sobre el Estado y Usos de las aguas del Silala se desarrollarán en un formato híbrido presencial debido al impacto de la pandemia del Covid-19, según informó la Corte, órgano judicial de Naciones Unidas con sede en Palácio da Paz, La Haya, Países Bajos.
Desde que Chile presentó la demanda en junio de 2016, el equipo legal ha trabajado con seriedad, rigurosidad y profesionalismo, informó a principios de marzo el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Agregó que durante este proceso defenderán sus argumentos con la tranquilidad de que cuentan con sólida evidencia científica que respalda la posición chilena de que el Silala es un río internacional que cruza naturalmente la frontera con este país.
En ese contexto, destacó que el derecho internacional establece que ambos ribereños tienen derecho al uso equitativo y razonable de sus aguas.
Por su parte, Bolivia alega que el Silala es un manantial que brota naturalmente de su territorio y fue desviado por cauces artificiales hacia Chile, que utiliza sus aguas desde hace más de un siglo en base a una licencia otorgada por el vecino país.
Sobre esta fase del proceso, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, dijo que es singular que ambas partes hayan presentado peritos científicos y serán interrogados ante la presencia de la Corte.
Otro rasgo distintivo son los horarios de audiencia y el modelo de presencia híbrida, de modo que solo unos pocos jueces y abogados estarán presentes en el Palacio de la Paz, y otros permanecerán conectados de forma remota, debido al aforo por la pandemia. explicó Fuentes.
El banco central de Chile revisó el miércoles su pronóstico de crecimiento económico para 2022 y lo redujo a un rango de 1,0% a 2,0% desde una estimación de 1,5% a 2,5% en diciembre.
"La economía se expandirá a tasas por debajo de su potencial en 2022 y 2023, con contracciones en el consumo privado y la inversión", dijo el banco central en un comunicado.
También predijo que la inflación anual alcanzaría el 8,2% este año, por encima del rango de tolerancia del banco central y por encima de una estimación anterior del 4,5%.
El banco central informo que el aumento de los precios al consumidor fue una respuesta al "aumento excesivo del gasto" en los últimos trimestres, que fue respaldado por los programas de estímulo de COVID-19.
El martes, el banco central elevó su tasa de interés de referencia en 150 puntos básicos al 7%, mientras retira rápidamente el estímulo monetario que siguió al inicio de la pandemia en marzo de 2020.
“El alza de la Tasa de Política Monetaria (TPM) ha sido rápida y significativa, pero persisten los riesgos de convergencia e inflación”, segun el banco central.
Predijo, sin embargo, que "la inflación comenzará a converger a la meta en el horizonte de dos años" en la última parte de 2022.
El informe también estimó que el consumo privado y la formación bruta de capital fijo se contraerán en el período 2022-2023.
El precio del cobre también se ajustó a $4,35 por libra, por encima del pronóstico anterior de $4,05. Chile es el mayor productor de cobre del mundo.
La desigualdad social, la pobreza y la violencia sexual serían las principales causas de la cifra.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) publicó el miércoles (30) el Estudio de Población Mundial 2022 que señala que aproximadamente la mitad de los embarazos registrados anualmente no son deseados. Se estima que cada año se producen 121 millones de embarazos no deseados en todo el planeta, una media de 331.000 al día, y el 60% de este total acaba en aborto.
La agencia de la ONU considera que el embarazo adolescente no planificado está asociado a desigualdades más amplias que afectan principalmente a mujeres de los estratos sociales más vulnerables.
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Las principales causas de los embarazos accidentales serían la dificultad para acceder a la educación sexual y reproductiva, la falta de métodos anticonceptivos, aspectos directamente vinculados a la violencia sexual y la pobreza.
La pandemia ha empeorado la situación. En el primer año de una emergencia sanitaria mundial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que se produjeron 1,4 millones de embarazos no deseados debido a la interrupción de los servicios gratuitos de distribución de medicamentos y otros métodos anticonceptivos.
"Para las mujeres afectadas, la decisión reproductiva más importante, quedar embarazada o no, no es una opción", dijo en una conferencia de prensa la directora ejecutiva del UNFPA, Natalia Kanem.
En Brasil, el 20% de las madres tienen menos de 20 años. De éstas, el 40% abandona la escuela para abrazar la maternidad.
Todavía según estimaciones de la ONU, alrededor de 257 millones en todo el mundo no quieren quedar embarazadas, pero no tienen acceso a anticonceptivos. Hasta el 25% dice que no puede negar haber tenido relaciones sexuales.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente se realizan alrededor de 19 millones de abortos clandestinos y 7 millones de mujeres son hospitalizadas, lo que refleja un gasto estimado de US$ 533 millones en tratamientos post-aborto. Entre el 5 y el 13% de las muertes de mujeres ocurren como resultado de procedimientos clandestinos.
Torturado y asesinado, el artista se convirtió en uno de los máximos íconos de la lucha por la igualdad social y se opuso al sangriento régimen instaurado en 1973 en Chile.
Probable última fotografía de Víctor Jara, en un mitin del presidente Salvador Allende una semana antes del golpe militar - Getty Images
Las manifestaciones que tuvieron lugar en Chile en octubre de este año recordaron a un personaje histórico imprescindible en la historia del país. Los actos, que congregaron a más de 1 millón de personas, recuperaron las canciones de Víctor Jara, ícono político opositor a la dictadura del traidor Pinochet y militante revolucionario brutalmente asesinado por el régimen.
El Derecho de Vivir en Paz resonaba en las guitarras de los manifestantes cerca de las escalinatas de la Biblioteca Nacional en Santiago. El 25 de octubre de 2019 tuvo lugar en Chile la mayor protesta desde el gobierno autoritario de militares del país. Y Jara sigue siendo relevante para las demandas de la población, que busca más igualdad social en el país que sigue moldes neoliberales, con un actual presidente de centroderecha.
Bandera con el rostro de Víctor Jara en las manifestaciones chilenas / Crédito: Getty Images
Fue profesor de Periodismo en la Universidad de Chile, director de teatro y uno de los músicos más importantes del movimiento Nueva Canción Chilena. Sus canciones neofolclóricas narraban exactamente aquello en lo que el cantante creía y luchaba: un mundo menos desigual construido sobre el poder de la gente. También militó en el Partido Comunista de Chile y formó parte del Comité Central de la Juventud Comunista de Chile.
Por sus ideales, no sobrevivió a la dictadura instaurada por los militares chilenos mediante un sangriento golpe militar, que derrocó al presidente socialista Salvador Allende y puso en el poder al traidor Augusto Pinochet. Poco después del motín, el 11 de septiembre de 1973, Jara fue sacado de la Universidad de Chile por militares, junto con otros profesores y estudiantes. Luego fueron recluidos en el Estadio Chile, que se convirtió en uno de los mayores centros de detención y tortura de la dictadura del país.
El artista permaneció atrapado en el lugar durante unos días, pero no logró salir con vida. En medio de brutales torturas, que consistieron en quemarlo con cigarrillos, cortarle la lengua y aplastarle las manos a culatazos, Jara fue asesinado apenas cinco días después, el 16 de septiembre de ese año, de 44 tiros por parte de agentes.
Crédito: Getty Images
Luego de ser baleado, su cuerpo fue abandonado en un matorral cercano a una favela de la ciudad de Santiago de Chile, y también cerca del Cementerio Metropolitano.
Recién en 1990 el Estado chileno reconoció el asesinato de Víctor Jara por militares del gobierno del traidor Pinochet. La Comisión de la Verdad y Reconciliación admitió que el músico fue asesinado a tiros en el Estadio Chile. En 2016, se ordenó al exmilitar Pedro Barrientos, chileno naturalizado estadounidense, pagar una indemnización a la familia del chileno.
“Lo tenían sentado. Había unos catres, de esos que se usan en el Ejército, y ahí lo tenían y golpeaban, golpeaban, golpeaban (…). Y Barrientos le dispara… casi a quemarropa” , informó José Paredes, un joven que en ese momento cumplía el servicio militar, a la edad de 18 años, y fue testigo del cruel asesinato.
Crédito: Getty Images
Fue enterrado en el Cementerio General de Santiago de Chile y, en 2003, treinta años después del magnicidio, el Estadio Chile fue renombrado en su honor, ahora Estadio Víctor Jara, para conmemorar los terribles hechos cometidos por la dictadura del país.
Incluso durante sus días de prisión, antes de morir, escribió un poema que retrataba su situación y la de sus compañeros en medio del autoritarismo del régimen. Titulado “Estádio Chile”, el texto decía:
“Somos cinco mil aquí/ en esta pequeña parte de la ciudad/ (…) Seis de los nuestros se perdieron/ en el espacio de las estrellas./ Un muerto, un golpe como nunca creí/ podría golpear a un ser humano./ Los otros cuatro querían dejar / todos los miedos, / uno saltando al vacío, / otro golpeándose la cabeza contra una pared / pero todos con la mirada fija en la muerte./ ¡Qué asombro produce el rostro del fascismo!”.
En 1972, Salvador Allende pronunció un histórico discurso en las Naciones Unidas cuestionando el avance de las empresas transnacionales en la vida política chilena, llamando a la urgencia de regular el poder de las grandes corporaciones.
Amigos de la Tierra Brasil participó, con otras organizaciones, en la ronda de negociación para un tratado vinculante con la ONU, en Ginebra, en 2021 - Amigos de la Tierra Internacional "Trabajar para construir un desarrollo soberano implica regular el poder empresarial"
No por casualidad, en 1973 fue víctima de un golpe de Estado que inauguró en Chile un laboratorio de políticas neoliberales, que se expandió por toda América Latina, a partir de amplios procesos de privatización de empresas públicas, apertura del mercado interno y acceso a materias primas para las transnacionales.
Después de casi 50 años, la izquierda vuelve al poder en el país, con Gabriel Boric, y nuevamente el tema de las transnacionales aparece ligado a la disputa gubernamental, en los enfrentamientos por la privatización del litio. En su discurso inaugural, Boric nuevamente enfatiza la necesidad de confrontar el poder corporativo.
Gabriel Boric saluda estatua de Allende y promete nuevo gobierno del pueblo en Chile;
En Brasil, desde la década de 1990, las políticas neoliberales han avanzado hacia la privatización de sectores estratégicos del desarrollo nacional como el sector eléctrico, la minería, la política agraria, etc.
Todos estos cambios son procesos antidemocráticos y siempre han estado conectados a la defensa de los intereses extranjeros de estas empresas en el país. Esto se puede ver en el golpe de Estado de 2016 y en la posterior implementación de gobiernos alineados con los intereses de la industria petrolera, lo que ha hecho posible la fragmentación y privatización de Petrobras.
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De hecho, el cambio de dirección de las políticas ha permitido a las corporaciones avanzar en la mercantilización del agua, en la flexibilización de las regulaciones ambientales, en la intensificación de la precariedad del trabajo, en fin, en la externalización de los costos sociales y ambientales para el pueblo brasileño.
La configuración de la economía capitalista, en su etapa neoliberal, ha servido para consolidar y reforzar la centralidad de las empresas transnacionales en la economía mundial.
Así, acumulan cada vez más poderes económicos, políticos y culturales, controlando muchos Estados que tienen una economía dependiente de estas inversiones. Estos terminan convirtiéndose en cómplices de violaciones a los derechos de las personas a servir a las empresas y asegurar el mantenimiento de la tasa de ganancia.
Como señala García Linera, tras el golpe de estado en Bolivia en 2019, es un desafío construir gobiernos y mantenerse en el poder, tratando de construir proyectos soberanos frente a los intereses empresariales.
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Muchos movimientos populares alrededor del mundo constituyen su resistencia ante el avance del poder empresarial y en la afirmación de la inminencia de construir un proyecto soberano para estos países. En este desafío, se han revisado las tácticas de lucha; como en el tema agrario, la entrada de la economía verde, el avance de los transgénicos y los pesticidas hicieron mucho más compleja la lucha por la tierra que el acceso a la tierra frente al Estado.
Así como en el ámbito de los afectados por las centrales mineras o hidroeléctricas, quienes ya no se enfrentan al Estado para garantizar sus derechos, sino que están sujetos a la lucha contra las sociedades anónimas abiertas, integradas por accionistas a los que no tienen acceso.
Esto lleva a incorporar a la agenda de lucha contra las empresas transnacionales presentes en la lucha contra los nuevos tratados de libre comercio, como se perfila contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y, ahora, contra los acuerdos del Mercosur con Europa; contra el uso de la deuda externa como mecanismo de control por parte de los países del Sur Global de la entrada de capital extranjero y la propuesta de auditar las deudas; en el rechazo a las políticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), clara defensora del proteccionismo de las empresas transnacionales.
No solo en agendas de movilización reactiva, sino también en la consolidación de grandes articulaciones de proyectos más soberanos, como la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, que tiene como eje a las transnacionales; la Campaña Global por el Desmantelamiento del Poder Corporativo y por la soberanía de los pueblos, cuyos principales frentes de trabajo son el avance del Tratado Vinculante para la regulación de las empresas transnacionales en materia de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Naciones Unidas).
:: América Latina no es "el patio trasero de nadie", dice canciller chino; reloj ::
Brasil y América Latina en su conjunto han sido explorados y colonizados desde la implementación de la Companhia das Índias, por lo que siempre han estado presentes en la izquierda marcadores de ruptura con procesos reales de independencia y construcción de proyectos soberanos.
La novedad es que la lucha contra los complejos arreglos jurídico-políticos de las empresas transnacionales, organizadas en estructuras confusas de cadenas productivas globales, exige un refinamiento táctico para mirar el problema del poder corporativo dentro de la captura de bienes comunes como agua, tierra, energía, minerales, bosques, cuerpos vitales de los trabajadores. ¿Contra qué arreglo debemos movilizarnos y pensar en un programa de acción?
La arquitectura de la impunidad: el crimen conpensa
Las empresas transnacionales son estructuras complejas, compuestas por varias empresas y filiales a lo largo de toda la cadena productiva. Esta fragmentación aparentemente demuestra una independencia entre los eslabones de la cadena, lo que dificulta la rendición de cuentas. Las normas comerciales, la captura corporativa del proceso legislativo a través del cabildeo, constituyen un marco en el que las empresas están protegidas y las víctimas no reparadas.
En este escenario se consolida la noción de “arquitectura de la impunidad empresarial”, basada no sólo en la asimetría de poder entre las grandes empresas y los pueblos que resisten y sufren el despojo, sino también en la asimetría de poder entre estas empresas y muchos Estados receptores. inversión, así como relaciones comerciales asimétricas y desiguales entre bloques de países y regiones. Una arquitectura que posibilite y favorezca la injusticia sistémica, la continuidad de los estándares y la certeza de la impunidad por parte de las empresas.
“[Las empresas] han ganado la batalla de las ideas y se han afirmado como actores en la construcción de políticas públicas con tanta o mayor legitimidad que las personas”
En los últimos años, se ha avanzado en la protección de las empresas en el escenario internacional. Han ganado la batalla de las ideas y se han afirmado como actores en la construcción de políticas públicas con tanta o mayor legitimidad que el pueblo.
De esta forma, el Estado transfiere facultades de inspección, vigilancia, rendición de cuentas y reparación de las violaciones a los derechos humanos a las propias empresas a través de la responsabilidad social empresarial. A medida que los estados se debilitan cada vez más por el desmantelamiento neoliberal, ya no tienen la estructura para monitorear el cumplimiento ambiental y promover políticas públicas sociales en áreas afectadas por los desarrollos, y transferir estas tareas históricas a las corporaciones.
Ley exige devolución de ayuda en poblado minero golpeado por represa de Fundão
Este es el caso de la falla de las represas de Fundão y Complexo de Feijão en Minas Gerais. La transnacional brasileña Vale S.A, responsable del crimen, coordina toda la política reparatoria.
Durante años, las instituciones de justicia han estado tratando de hacer cumplir la legislación y están bloqueadas por la captura empresarial en los tres poderes. A pesar de la gravedad, a la fecha las víctimas no han sido debidamente indemnizadas, mientras que la empresa sigue superando la rentabilidad, demostrando cómo el crimen compensa. En este caso, los reiterados incumplimientos de una misma empresa demuestran cómo se va estructurando la certeza de la impunidad.
Folleto lanzado el año pasado denuncia casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales en Brasil
Esto es posible porque, desde la década de 2000, con el Pacto Mundial, se consolida la noción de conflicto con multistakeholders, coronada con la aprobación de los Principios Rectores sobre Derechos Humanos y empresas, en los que se priman los intereses en la rentabilidad de las empresas. ignorados para considerarlos socios en la promoción del desarrollo.
El cambio de rol de la rendición de cuentas estatal por la voluntad de las empresas de hacer cumplir, dentro del límite de la no injerencia en sus fines de lucro, es un retroceso en el camino hacia la soberanía porque termina reforzando su mayor control social y político. De esta forma, se asume el mito de que los conflictos se resolverán con la participación y consideración de todos los actores involucrados, como los gobiernos, la iniciativa privada y la sociedad civil a través de bases igualitarias, desconociendo la profunda asimetría de poder entre ellos.
Este es un discurso incorporado por los gobiernos que afecta profundamente las bases democráticas. Si prestamos atención a que las corporaciones sólo representan sus intereses, que no son más que las ganancias que se logran con el aumento de la tasa de explotación, no están sujetas a la rendición pública de cuentas, a mecanismos de elegibilidad y control social, vemos cómo las innovaciones diseñadas como códigos de conducta, memorias de sostenibilidad y estados financieros lejos de responder a intereses democráticos, también están diseñadas para responder a la demanda de los accionistas y dar una apariencia verde y responsable al mundo empresarial.
Finalmente, los Tratados de Libre Comercio son el mayor ataque a la soberanía de los países, cuando muchos Estados responden en tribunales privados de disputas sobre inversiones por violar cláusulas de los tratados comerciales al intentar garantizar los derechos humanos, como la salud de sus pueblos.
Esta realidad estuvo presente en los absurdos contractuales para el acceso a las vacunas covid, que contenían cláusulas de exención total de responsabilidad de las corporaciones farmacéuticas por efectos secundarios.
"El efecto global es sustraer cualquier tipo de regulación, incluso promoviendo el desmantelamiento de derechos fundamentales, para incentivar un modelo de desarrollo económico difundido por las empresas".
El efecto global es sustraer cualquier tipo de regulación, incluso promoviendo el desmantelamiento de los derechos fundamentales, para incentivar un modelo de desarrollo económico difundido por estas empresas, ya que la característica de la empresa transnacional es precisamente su movilidad y flexibilidad en las operaciones en todo el mundo, más allá de las fronteras y jurisdicciones nacionales.
En consecuencia, aún no se ha determinado objetivamente la responsabilidad de las empresas por las violaciones a los derechos humanos, sino sólo la de los Estados. Esta propuesta, de códigos voluntarios y control privado de las corporaciones, sienta el precedente para que entendamos que hay zonas de “no derechos”, o peor aún, que hay derechos humanos que valen más en determinados territorios.
Un paso adelante en Brasil
Equipo de rescate de los cuerpos de las víctimas de la ruptura de la represa de Vale, en Brumadinho (MG) en 2019. Cerca de 270 personas murieron
Frente a estas zonas grises de la no ley, el 14 de marzo se presentó el primer proyecto de Ley Marco de Derechos Humanos y Empresas en el mundo, PL núm. 572/2022. Luego de un largo trabajo de organizaciones de la sociedad civil, movimientos populares y parlamentarios comprometidos, la histórica ley avanza hacia la responsabilización de las empresas por las violaciones a los derechos humanos, el reconocimiento de obligaciones para con el Estado y para con ellas, así como el establecimiento de medidas de prevención, vigilancia y reparación, así como como derechos para las poblaciones afectadas.
La histórica ley es un logro porque va en contra de iniciativas gubernamentales que ponen los esfuerzos para avanzar en mecanismos voluntarios y no de rendición de cuentas a las empresas, como las iniciativas de los Planes Nacionales de Acción (PNA), que ya han sido evaluadas como poco o nada efectivas.
Si bien incorpora una perspectiva crítica sobre las leyes de debida diligencia, la PL reconoce el deber de diligencia, o vigilancia del respeto a todos los derechos humanos, por parte de las empresas, como una obligación intermedia, reconociendo la importancia del reporte y los planes de acción por parte de las empresas, pero demuestra que su mera existencia sin avances concretos no puede ser considerada como el fin, como el cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas de respetar y no violar los derechos, lo que requiere ser demostrado, o debe ser denunciado en los tribunales civiles correspondientes.
Cabe señalar que el PL es el resultado de años de construcción y aprendizaje que comenzaron con las experiencias de resistencia en los territorios, como el caso de Vila Nazaré, en Porto Alegre, que resiste el desalojo forzoso debido a las obras de ampliación del pista del Aeropuerto Salgado Filho de la empresa Fraport, a los diálogos con el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos del Ministerio Público de la Federación que elaboró la Nota Técnica nº. 7/2018, hasta la construcción conjunta de la Resolución n. 05/2020 del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Si bien la legislación nacional es avanzada en protección social y ambiental, la captura empresarial, la asimetría de poderes entre las grandes corporaciones y los afectados conducen a su ineficacia. Avanzar en un marco regulatorio que responsabilice a las empresas, con una lista clara de obligaciones con el Estado y con ellas, es dar un paso adelante para acabar con la cultura de la impunidad.
caminos a seguir
Como hemos visto, vastas redes de poder se mueven para frenar los avances en la regulación de las corporaciones. Este paso se alinea con la estela del enfrentamiento al capitalismo, en el que la resistencia popular organizada en torno a la batalla por la rendición de cuentas de estas corporaciones, con la formalización de instrumentos concretos, es una espina que se interpone en el camino de las empresas transnacionales.
Si queremos avanzar con gobiernos progresistas en Brasil y América Latina, no podemos dejar de enfrentar el espectro de la dependencia de estas empresas. Trabajar para construir un desarrollo soberano implica regular el poder corporativo, y más que eso, se erige como una agenda clave para mantener cualquier gobierno en el poder.
Mientras más personas en el mundo estén unidas en la lucha contra las empresas transnacionales, instrumentalizadas, en esta coyuntura, en el avance de los marcos normativos reguladores, más fuerza se gana para crecer en estos proyectos emancipadores.
*Amigos da Terra Brasil (ATBr) es una organización que trabaja para construir la lucha por la Justicia Ambiental. Los lunes, quincenalmente, publicamos artículos sobre justicia económica y climática, soberanía alimentaria, biodiversidad, solidaridad internacionalista y contra la opresión.
“Jornada de trabajo y colaboración legislativa oficialista”. Es ese el nombre que tendrá la reunión de trabajo del Presidente Boric con los partidos de gobierno, con la idea de que las 2 coaliciones (FA-PC y ex-Concertación) se erijan en un solo equipo, y zanjar las diferencias de forma y de fondo entre las 2 almas, que han marcado los primeros días de su instalación, como ha sucedido en el debate del Quinto Retiro e indulto 18-O, entre otras.
El Presidente Gabriel Boric, con los ministros de su comité político, los que expondrán este viernes en el encuentro en Cerro Castillo.
El itinerario del encuentro: Antes de que el Presidente Boric tome la palabra este viernes a las 9 AM en la reunión citada en el palacio de Cerro Castillo, se tomará una foto conjunta con todos los parlamentarios de los partidos oficialistas.
Será la primera señal de unidad que se busca dar en la reunión, a la que asistirán legisladores de Apruebo Dignidad (Frente Amplio, PC y Federación Regionalista Verde) y del Socialismo Democrático (PS-PPD-PR-Partido Liberal).
Después de Boric, la ministra del Interior Izkia Siches dará la bienvenida como jefa de gabinete, y expondrá sobre La Araucanía y la crisis migratoria en el norte, sus agendas prioritarias en el primer mes.
Luego, vendrá un segundo bloque conjunto liderado por los ministros Giorgio Jackson (Segpres) y Camila Vallejo (Vocera de Gobierno). Él pondrá el foco en el plan de gobierno y la agenda legislativa, y ella en el diseño comunicacional.
Desde el ala socialdemócrata luego expondrá el ministro Mario Marcel (Hacienda), quien presentará ejes del plan económico de Recuperación Inclusiva que se presentaría en los próximos días, con foco en empleo femenino y juvenil.
Ese plan resulta clave para lograr mejoras económicas para la población que permitan contener la presión en el parlamento por el Quinto Retiro, donde el Gobierno enfrentó un revés el lunes, cuando la Cámara visó la admisibilidad del proyecto, con amplios apoyos oficialistas, pese a la oposición de La Moneda.
También habrá espacio para intervenciones de los presidentes de ambas cámaras, Álvaro Elizalde (PS) y Raúl Soto (PPD), y jefes de bancada; y luego habrá mesas de trabajo sectoriales entre ministros y parlamentarios.
Qué significa: El nombre del encuentro (Jornada de Trabajo y Colaboración Legislativa Oficialista) no fue casual, y fue materia de análisis en La Moneda: la idea es que el sello del encuentro refuerce la idea de un solo equipo de gobierno -a ello responde la presentación conjunta de Jackson y Vallejo-, pese a la existencia al interior de 2 coaliciones distintas en el oficialismo. Ello en medio del debate instalado sobre las 2 almas del gobierno de Boric, que ha hecho a su administración enfrentar conflictos por ambos flancos, con la dificultad que un gesto a cada sector ha significado tensiones con el otro.
Primero el debate fue soterrado, a partir de varios hechos de la primera semana que evidenciaron diferencias de ideas de fondo y estilos entre ambos sectores.
Entre ellos, el veto de la ministra de la Mujer Antonia Orellana (FA) por la llegada del sacerdote Felipe Berríos a un grupo para asesorar al ministerio de Vivienda -dirigido por Carlos Montes (PS)- en temas relacionados a los campamentos; y las diferencias entre las autoridades de Interior (Siches y el subsecretario Manuel Monsalve, del PS) sobre si existen presos políticos mapuches.
“La relación entre Apruebo Dignidad y el eje socialdemócrata aún no ha cuajado”, dijo entonces la vicepresidenta regionalista verde, Flavia Torrealba, a El Mercurio.
Luego vino el revés por el Quinto Retiro, donde la postura del PC de no inhibir el debate impidió un rechazo en bloque, como esperaba el Gobierno, y votos de los comunistas en contra del Estado de Excepción en el norte por la crisis migratoria.
En medio, La Moneda tuvo que hacer un gesto al PC encargando a Carabineros una investigación por el incidente en Plaza Baquedano que terminó con un manifestante que realizaba desórdenes cayendo al suelo y golpeándose la cabeza, luego de que figuras comunistas acusaran represión.
24 horas después, La Moneda puso suma urgencia al indulto 18-O, como gesto a grupos más radicales, para intentar menguar la intensidad de las protestas de los viernes, con miras al Día del Joven Combatiente el 29/03.
Ello abrió un conflicto a Jackson con el PS, donde lo acusaban de forzar la votación de un proyecto que no tiene los votos (por el rechazo de la derecha) para que exista otro argumento entre los convencionales de izquierda para eliminar el Senado, principal bastión de poder del eje PS-PPD.
Entre los socialistas, ya se arrastraban resquemores por el incómodo pie en que quedó Montes con el veto a Berríos, y la baja participación que tuvo Monsalve en el diseño de la frustrada visita de Siches a Temucuicui.
“Lo primero que tenemos que hacer es encontrarnos entre partidos que pertenecemos a dos coaliciones distintas”, dijo así Jackson, respecto a la reunión en Cerro Castillo.
Por qué importa: La inquietud que ronda en el oficialismo es que las diferencias entre ambas coaliciones terminen impactando la agenda de Boric, lo que podría acrecentarse por el empate de fuerzas en el Congreso; y sobre todo que aumenten, a medida que se acerquen las elecciones municipales.
Mantener la estantería de votos de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático se torna aún más clave considerando que aún teniendo esos apoyos en el Congreso, Boric sigue necesitando los votos de la DC y parte de RN para aprobar sus reformas.
GUERRA. Yugoslavia se incendió con bombas de la OTAN
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Bandera con el rostro de Víctor Jara en las manifestaciones chilenas / Crédito: Getty Images
Crédito: Getty Images
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Equipo de rescate de los cuerpos de las víctimas de la ruptura de la represa de Vale, en Brumadinho (MG) en 2019. Cerca de 270 personas murieron
El Presidente Gabriel Boric, con los ministros de su comité político, los que expondrán este viernes en el encuentro en Cerro Castillo.