Además de reflejar que "todavía son muchas las deudas que cargamos", a pesar de que Chile ha llevado a cabo políticas inéditas en el mundo en la búsqueda de la verdad y en la reparación a las víctimas -como la Comisión Valech sobre prisión política-. y tortura-, Boric anunció que su gobierno “seguirá buscando sin descanso a los desaparecidos a través de un plan nacional de búsqueda”.
“Estamos comprometidos con la verdad y la justicia”, dijo Boric, quien durante su campaña y gestión hizo varios gestos hacia el Gobierno de Unidad Popular de Allende e hizo de los derechos humanos uno de los emblemas fundamentales de su mandato.
El plan será ejecutado por el Ministerio de Justicia, que encabeza la ministra Marcela Ríos. Según datos elaborados por la Unidad de Programas de Derechos Humanos en conjunto con la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, existen 1.469 víctimas de desaparición forzada. Solo se han identificado 307 cuerpos o restos óseos. En consecuencia, 1.162 personas siguen desaparecidas, casi medio siglo después del golpe.
Mientras en el mundo de los derechos humanos y en los familiares de las víctimas existe la convicción de que las Fuerzas Armadas y Carabineros, la policía militar, tienen información sobre su suerte, los uniformados la niegan. En 2001, luego de una mesa de diálogo que reunió a instituciones militares, víctimas, iglesias y sociedad civil, los militares aseguraron que muchos de los desaparecidos habían sido arrojados por la borda, aunque luego se comprobó que parte de esta información no era cierta.
La psicóloga Elizabeth Lira, académica de la Universidad Alberto Hurtado y Premio Nacional de Ciencias Sociales 2017, recuerda que los Estados tienen la obligación de buscar a los desaparecidos, según un documento de la ONU de 2019.
— El anuncio de Boric corresponde al cumplimiento de acuerdos internacionales y obligaciones de Estado — explica el académico, quien tuvo un papel relevante en instancias de búsqueda de la verdad, como la mesa de diálogo 1999-2000 y la Comisión Política sobre Prisión y Tortura, entre los años 2003-2005 .
Gobierno de Piñera: 'Se ha acumulado descontento social' en Chile, dice director de Latinobarómetro Lira dice que el documento de la ONU que rige la búsqueda de desaparecidos establece que “debe realizarse bajo la presunción de que están vivos; respetar la dignidad humana; regirse por políticas públicas”.
Para el abogado de derechos humanos Luciano Fouillioux, “Boric no tiene por qué no impulsar una iniciativa de este tipo o similar, como ya lo han hecho otros gobiernos en Chile desde 1990 (unos más y otros menos, pero todos hicieron algo en estos temas, incluso la del propio Sebastián Piñera, desde la derecha)”.
Fouillioux enumera: Boric es un presidente joven, de una generación posterior a los crímenes de la dictadura —pero comprometido con estos temas—, cercano al mundo de las víctimas y que tiene el tema de los derechos humanos en el centro de su programa de gobierno, incluso en todos los ministerios.
“Otra cosa es que tenga resultados”, analiza el abogado de derechos humanos, quien representa a la familia del expresidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) en el juicio que pretende esclarecer las circunstancias de su muerte.
"Lo que debería tener en mente sería hacer un gran negocio con las propias Fuerzas Armadas, porque, quizás, se encontrará con más de una sorpresa: los comandos actuales son totalmente diferentes a los de 1973", agrega Fouillioux sobre las posibilidades de entregando información sobre el destino de los desaparecidos.
La propuesta del Ministerio de Justicia incluye la ampliación de la campaña “Una gota de sangre por la verdad y la justicia”, que se refiere a la recolección de muestras de sangre en todo el territorio para completar la base de datos de registros genéticos. Se pretende elaborar un diagnóstico sistemático de toda la información ya recogida que permita identificar las principales líneas de trabajo a desarrollar.
El gobierno bórico quiere identificar, a su vez, la gama de nuevas tecnologías que se pueden utilizar para avanzar en las investigaciones según las formas de desaparición forzada o involuntaria. La idea, explica el texto elaborado por el Ministerio de Justicia, pretende generar una propuesta metodológica y procedimental para la elaboración del plan.
La Presidencia también quiere convocar a una mesa de trabajo que reúna a los distintos actores involucrados: la coordinación de ministros visitantes con dedicación exclusiva a la investigación de estas causas, el Servicio Médico Legal, el Registro Civil, la Policía de Investigaciones, el Programa de Derechos Humanos , familias y grupos de víctimas y expertos.
Además, Boric quiere fortalecer la Unidad de Programas de Derechos Humanos con más profesionales multidisciplinarios capaces de llevar a cabo una política de búsqueda administrativa. Lo mismo con la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, con el objetivo de “aumentar su capacidad instalada para analizar y revisar casos de interés forense para esclarecer la suerte de las víctimas de desaparición forzada o involuntaria”.
Los distintos gobiernos democráticos desde 1990 han llevado a cabo importantes políticas en relación con las víctimas de la dictadura del traidor Pinochet. El gobierno de Patricio Aylwin ejecutó la Comisión Rettig, sobre la verdad de los muertos y desaparecidos. Posteriormente, en el mandato de fray Ruiz Tagle, se instituyó la Mesa de Diálogo, que representó el reconocimiento de los delitos por parte de las Fuerzas Armadas y la Orden. El gobierno de Ricardo Lagos, por su parte, constituyó una comisión encabezada por monseñor Sergio Valech sobre prisión política y tortura, iniciativa sin precedentes en el mundo, a la que siguieron medidas de reparación vigentes hasta el día de hoy.
