La estatal chilena Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, ajustará su estrategia para producir cobre más sostenible y cumplir con las crecientes demandas ambientales del país andino, dijo a la prensa el presidente del directorio, Máximo Pacheco, en una entrevista en Santiago.
La empresa minera se enfrenta a clientes e inversores globales cada vez más centrados en las preocupaciones ambientales, mientras que el nuevo presidente izquierdista, Gabriel Boric, se ha centrado en endurecer la regulación sobre el agua, los glaciares y la contaminación.
"No es solo cumplir con las nuevas regulaciones, sino también tener un compromiso verdadero y sincero con ese objetivo ambiental", dijo Pacheco, un exministro que fue nombrado presidente por Boric en marzo.
Pacheco, quien ve que el impulso de la electrificación global mantendrá los precios del cobre a largo plazo a pesar de una caída reciente, dijo que las prioridades de la empresa incluyen la recirculación de agua en las presas de relaves y el cambio a energía renovable.
“Nadie consume más electricidad que nosotros y tenemos que llegar al 2026 sin electricidad de fuentes fósiles”, dijo Pacheco.
La compañía espera reducir sus emisiones en dos tercios, reducir el material particulado emitido en un 25% y reciclar más de la mitad de sus residuos industriales para 2026.
La compañía cerró recientemente su fundición Ventanas, ubicada en un área industrial saturada de la costa central que ha sido escenario de múltiples incidentes de salud relacionados con la contaminación. El cierre provocó una breve huelga de los trabajadores.
El aumento de las regulaciones ambientales y la presión también han afectado algunas de las sociedades de la empresa. El permiso de minería extendido de Anglo American <AAL.L> para su mina Los Bronces fue rechazado por el gobierno a principios de este año.
Si bien Codelco es socio en la mina Los Bronces, Pacheco dijo que Anglo American es responsable de garantizar que el proyecto cumpla con los estándares, obtenga los permisos ambientales y cumpla con las regulaciones.
“Me parece que es parte de lo que se han comprometido y espero que lo hagan y lo hagan bien”, dijo Pacheco.
Además de fortalecer las regulaciones, una nueva constitución propuesta que los ciudadanos votarán en septiembre podría afectar los proyectos futuros de la empresa. Una ley propuesta que amplía la protección de los glaciares podría afectar a la mina Andina de Codelco, pero Pacheco dijo que la mina cumplirá "estrictamente" con cualquier nueva regulación.
Pacheco dijo que algunos de los objetivos necesitarán inversión adicional en la contratación de servicios pero no cuantificó la magnitud de los aportes necesarios.
Aparte de las regulaciones, Chile también enfrenta una crisis de agua en curso debido a una sequía histórica en curso que ha durado más de una década y ha afectado la producción de cobre.
"Ya tenemos el proyecto de desalinización en su fase final para el norte", dijo Pacheco. "Pero los desafíos de la crisis del agua no se pueden resolver solo con esta planta desalinizadora".
Pacheco dijo que el modelo debe replicarse para las minas resecas en la zona central de Chile y agregó que la empresa necesita definir con mayor precisión la inversión necesaria para desarrollar estos proyectos de desalinización.
Los trabajadores de la empresa minera estatal chilena Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, iniciaron una huelga indefinida el miércoles para protestar por el cierre de una fundición en una de las regiones más contaminadas del país.
Vista aérea da fundição de cobre da empresa Codelco em Puchuncavi, região de Valparaíso, Chile.
La policía dijo que arrestó a 18 personas como trabajadores en huelga, ondeando banderas chilenas y quemando llantas, bloqueando la entrada a seis instalaciones mineras en todo el país. Hicieron esto principalmente en la fundición Ventanas, que el gobierno anunció la semana pasada que cerraría.
Los líderes sindicales dijeron que la huelga había paralizado completamente a Codelco, pero el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que "alteró" la producción pero no la cerró.
La Federación de Trabajadores del Cobre dijo que la huelga le costaría a Codelco -que produce alrededor del 8% del cobre del mundo, equivalente al 10-15% del PIB de Chile- 20 millones de dólares al día. Marcel disputó ese número.
Los gremios calificaron de "arbitrario" el cierre de la fundición Ventanas, ubicada a unos 140 kilómetros al oeste de la capital Santiago, y exigen al gobierno una inversión de $54 millones para llevar la planta a los más altos estándares ambientales.
Mineiros bloqueiam o acesso à fundição de cobre Ventanas no Chile durante o início de uma greve nacional "indefinida" dos trabalhadores da mineradora estatal Codelco - a maior produtora de cobre do mundo.
'Estándares demasiado bajos'
La vocera del gobierno, Camila Vallejo, dijo que el gobierno sigue abierto al diálogo pero está enfocado en "un modelo de desarrollo más sostenible".
“Nuestros estándares son muy bajos, y si realmente queremos cumplir con nuestros compromisos ambientales, tenemos que guiarnos por los estándares de la Organización Mundial de la Salud”, agregó.
La decisión de Codelco sigue a un incidente ocurrido el 9 de junio cuando 115 personas, la mayoría niños en edad escolar, sufrieron intoxicación por dióxido de azufre liberado por la industria pesada, lo que provocó el cierre de escuelas en la zona.
Fue el segundo incidente de este tipo en solo tres días.
Mineiros bloqueiam o acesso à fundição de cobre Ventanas no Chile durante o início de uma greve nacional "indefinida" dos trabalhadores da mineradora estatal Codelco - a maior produtora de cobre do mundo.
El dióxido de azufre es un contaminante del aire clásico generalmente relacionado con la quema de combustibles fósiles.
Greenpeace describió el área alrededor de la fábrica Ventanas como "el Chernobyl de Chile" luego de un grave incidente en 2018, cuando alrededor de 600 personas en Quintero y Puchuncaví recibieron tratamiento médico por síntomas que incluyeron vómitos de sangre, dolores de cabeza, mareos, parálisis de las extremidades y un color rojo extraño. marcas en la piel de los niños.
La semana pasada, el presidente Gabriel Boric criticó el historial de Chile de contaminación ambiental.
"No queremos más áreas de sacrificio (ambiental)", dijo.
“Ahora hay cientos de miles de personas que viven en nuestro país expuestas a la grave degradación del medio ambiente que provocamos o permitimos y, como chileno, esto me da vergüenza”.
La contaminación se acumuló en la zona de Quintero y Puchuncaví, donde viven unas 50.000 personas, luego de que el gobierno decidiera en 1958 convertirla en un centro industrial que ahora alberga cuatro centrales eléctricas a carbón y refinerías de petróleo y cobre.
“Hace cincuenta años, cuando di a luz por primera vez como madre joven, pensé que no podía haber dolor más grande, pero pronto lo olvidé cuando sostuve a mi hermoso bebé en mis brazos. Lo llamé Julian. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Hay un dolor más grande.
El dolor incesante de ser la madre de un periodista galardonado, que tuvo el valor de publicar la verdad sobre los crímenes gubernamentales de alto nivel y la corrupción.
El dolor de ver a mi hijo, que intentó publicar verdades importantes, manchado a nivel mundial.
El dolor de ver a mi hijo, que arriesgó su vida para denunciar la injusticia, inculpado y privado del derecho a un juicio justo, una y otra vez.
El dolor de ver a un hijo sano deteriorarse lentamente, porque se le negó la atención médica y sanitaria adecuada en años y años de prisión.
La angustia de ver a mi hijo sometido a crueles torturas psicológicas, en un intento de romper su inmenso espíritu.
La constante pesadilla de que sea extraditado a los Estados Unidos y luego pasar el resto de sus días enterrado vivo en total aislamiento.
El miedo constante de que la CIA pueda cumplir sus planes para asesinarlo.
La ola de tristeza cuando vi su frágil cuerpo caer exhausto por un mini derrame cerebral en la última audiencia, debido al estrés crónico.
Muchas personas quedaron traumatizadas al ver una superpotencia vengativa que usa sus recursos ilimitados para intimidar y destruir a un individuo indefenso.
Quiero dar las gracias a todos los ciudadanos decentes y solidarios que protestan globalmente contra la brutal persecución política que sufrió Julian.
Por favor, sigan levantando la voz a sus políticos hasta que sea lo único que oirán.
Su vida está en sus manos”. REENVIALO, MULTIPLICALO DE MANERA INFINITA
Stella Morris habla sobre la pretendida extradición de Julian Assange a EE.UU
Stella Morris, actual pareja de Julian Assange, pide que se tomen en consideración las razones por las cuales se le debería negar la extradición a Estados Unidos.
Julian Assange, fundador de Wikileaks enfrenta una posible sentencia de 175 años de prisión si es extraditado a EE.UU.
Por lo que mantiene su lucha legal y política, con la finalidad de evitar aceptar la solicitud de un país que solicita su entrega por acusarle de obtener información confidencial de defensa, después de la publicación de miles de documentos filtrados sobre las guerras de Afganistán e Irak.
Chile decidió reconsiderar el acuerdo de modernización alcanzando en noviembre de 2021 con la Unión Europea. Se trata de uno de los socios estratégicos más importantes de Chile. La Unión Europea aceptó abrir una fase de negociaciones “políticas”, pero el calendario para llegar a una firma final es estrecho.
Reunión del equipo de la Unión Europea (izquierda), encabezado por Josep Borrell, con el equipo de Chile. A la derecha están el Presidente Gabriel Boric, Antonia Urrejola, Lucía Dammert y Alex Wetzig. Crédito: Presidencia de la República,
Qué observar. El Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea está vigente desde 2003. Es uno de los más amplios de su tipo en el mundo, dado que excede los capítulos propios de un tratado comercial.
En 2015, a instancias del Sexto Consejo de Asociación Chile-UE (que reúne a representantes ministeriales) durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Santiago y Bruselas acordaron actualizar el pacto. Los términos de referencia se establecieron entre ambas partes en 2017, en un actividad inaugural el 16 de noviembre de 2017. El canciller de Chile era Heraldo Muñoz.
En noviembre de 2021 terminaron las negociaciones técnicas para el acuerdo de modernización de aquel pacto, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. El canciller era Andrés Allamand. El texto quedó entonces disponible para la suscripción final de las partes.
En marzo de 2022, el gobierno recién asumido de Gabriel Boric decidió reconsiderar lo acordado siguiendo los parámetros de su propia política exterior. Eso incluye las definiciones que emanen del texto de nueva Constitución, en caso de que triunfe el Apruebo en el Plebiscito de Salida. Incluso un grupo de eurodiputados esgrimió ese argumento e en octubre del año pasado para retrasar las negociaciones por el acuerdo de modernización, pero su llamado fue infructuoso.
“Nosotros queremos que los acuerdos que estamos negociando en la actualidad también dialoguen con ese eje programático del gobierno y estoy seguro, y esto lo hemos conversado con el equipo negociador de la contraparte”, comentó el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada. El funcionario es uno de los partidarios de implementar una “política industrial” en Chile, motivo por el cual ha criticado en el pasado -como académico- el rol “imperialista” de EE. UU. y el papel de la red de acuerdos comerciales de Chile como aquel con la Unión Europea.
Entre los diplomáticos existe una preocupación manifiesta sobre el curso que podría tener la decisión de La Moneda en las relaciones con la Unión Europea. La UE no solo es el tercer socio comercial de Chile y su primer inversionista (consolidado), sino que Chile fue uno de los primeros países extracomunitarios con los cuales el bloque trazó un pacto político y de cooperación además de comercial. De hecho, cuando a inicios de siglo Chile y Mercosur negociaban en conjunto con la UE ese acuerdo, Bruselas aceptó que Santiago se desligara de aquella vía y empezara tratativas en solitario. Fue un éxito. El acuerdo entre el Mercosur y la UE, en cambio, se cerró recién en 2019 pero aún no está ratificado.
En respuesta a Ex-Ante, la Delegación de la UE en Chile dice que espera que la adopción del tratado bilateral -hoy detenido a nivel político por solicitud de Santiago- ocurra como máximo en 2023, pues en 2024 habrá una renovación del Parlamento Europeo.
Estas fechas indican, de acuerdo con círculos diplomáticos, que el plazo fatal para que Chile suscriba el acuerdo tendría que ser como máximo a fines del próximo año.
Bilateral Boric-Borrell. El 23 de marzo, la Cancillería actual tuvo un primer encuentro de alto nivel con la contraparte europea. Fue una cita con el jefe de la Delegación Europea en Chile, León de la Torre, y los embajadores de los países del bloque en Chile. Urrejola estuvo acompañada de los dos subsecretarios de su cartera: Ximena Fuentes y José Miguel Ahumada.
Un encuentro de particular interés fue aquel ocurrido el 27 de abril, cuando Boric recibió a una delegación encabezada Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea. Borrell es la persona fuerte de Bruselas en política exterior.
En esa reunión estaba el embajador de la UE ante Chile, León de la Torre, y Borrell estuvo acompañado por dos altos asesores de su gabinete: Pelayo Castro, asesor senior para América Latina y El Caribe, y Joan Llorach, asistente personal.
Por el lado de Boric estuvieron la canciller Antonia Urrejola, y a su lado se sentó la jefa del Segundo Piso, Lucía Dammert. Como tercer acompañante se ubicó el secretario general de Política Exterior, Alex Wetzig. En la comunicación oficial de La Moneda ese día solo se habló de la presencia por Chile de la canciller Urrejola y de Wetzig. Dammert ha jugado un rol importante en la dirección de política exterior desde La Moneda, lo cual se reflejó en su asistencia -inédita para un jefe de Segundo Piso- a la gira de Boric por América del Norte y que desató preocupación entre diplomáticos chilenos.
Borrell explicitó la postura del bloque: “Comprendo que el nuevo gobierno necesite tiempo para estudiar bien cuál es el acuerdo al que llegó el anterior gobierno. Espero que su reconsideración no signifique reabrir las negociaciones, sino entender mejor cuáles son los términos del acuerdo”, dijo en un mensaje considerado clave para los diplomáticos. De hecho, Borrell tuvo que señalar que nada del acuerdo impide el modelo de desarrollo que Chile desee darse.
Presidencia resume en el siguiente video el inicio de la reunión Borrell-Boric (sin audio) y luego los discursos de ambos (con audio).
Por qué importa. El Gobierno de Gabriel Boric ha planteado que busca evaluar su red de acuerdos comerciales a la luz de su política exterior “turquesa” y “feminista”. También tiene una orientación vinculada con un nuevo tipo de desarrollo que suele resumirse en la idea de la “política industrial” de la cual el subsecretario Ahumada es un firme partidario.
“Estamos en un proceso de modernización del acuerdo con la Unión Europea, algo que conversamos con Josep Borrell, algo que posteriormente yo cené con Josep Borrell y seguimos conversando”, comentó la canciller Urrejola en Canal 13 el 12 de junio. “Yo creo que aquí cada uno debe dar señales a sus propios… como dicen los gringos: constituencies (electores), y Josep Borrell tiene que dar tranquilidad también a los países miembros de la UE. Pero estamos en diálogo. Hoy está una delegación en Bruselas, donde estamos negociando la modernización del acuerdo con la UE, las observaciones técnicas que tenemos. Pero sí el Presidente ha sido muy explícito en que queremos firmar esa modernización del acuerdo”, agregó.
El excanciller Heraldo Muñoz planteó su atención sobre esa reapertura de conversaciones. “Ojo, porque cuando uno reabre algo tiene que ir a consultar a todos los países que componen la Unión Europea. Eso no es un proceso fácil”, dijo en entrevista con EmolTV la semana pasada. Recordó que en el Acuerdo de Asociación había países que no querían el pacto con Chile. “Esas cosas pueden reflotar”, anotó. Aunque no mencionó a ningún país por su nombre, en la Cancillería sus palabras fueron comentario obligado porque saben que entre esos países en el pasado estuvo Francia, que en ocasiones opera además por medio de gestiones con terceros miembros del bloque.
La respuesta de la UE. Ex-Ante consultó a la Delegación de la UE en Chile acerca del actual estado de las conversaciones bilaterales y los pasos que el acuerdo de modernización aún debe seguir en el bloque.
“Las negociaciones concluyeron a nivel técnico con el anterior gobierno en noviembre de 2021. La nueva administración está estudiando los textos acordados y tienen algunas observaciones técnicas que estamos conversando. Esperamos poder anunciar la conclusión política de las negociaciones en los próximos meses y que se lleve a cabo todo el proceso de adopción en 2023 antes de las elecciones del Parlamento Europeo durante el primer semestre de 2024. Como lo anunció el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Política de Seguridad, Josep Borrell, durante su visita a Chile del 28 de abril, ‘El acuerdo será, cuando se firme, el más completo y más moderno que la UE tenga con ningún otro país, y será un modelo a seguir'”, dijo la embajada.
Agregó que en términos procedimentales, “tras la conclusión política, el siguiente paso sería la revisión legal de los textos acordados y, a continuación, su traducción a todas las lenguas oficiales de la UE. Tras la revisión legal y la traducción, la Comisión Europea adopta los textos y los transmite al Consejo, que lleva a cabo su propia revisión legal antes de autorizar la firma del Acuerdo. Una vez firmado, el Acuerdo pasa a ser examinado por el Parlamento Europeo, que debe dar su consentimiento antes de que el Consejo apruebe el acuerdo”.
Qué busca la UE. Bruselas ya en 2017 planteaba que “la modernización del acuerdo permitirá profundizar más nuestras relaciones en torno a retos mundiales como el cambio climático, los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la cooperación económica y social en ámbitos como la utilización eficiente de la energía, las pequeñas y medianas empresas, la juventud y las políticas educativas y de empleo, y reforzará nuestra cooperación en materia de género y capacitación de las mujeres”. Es decir, la UE tenía como objetivos centrales varias de las materias que la política exterior de Boric ha presentado como materias novedosas en su mirada estratégica.
De acuerdo con la Cancillería, las negociaciones concluyeron con la siguiente lista de disposiciones que las partes deberán ratificar internamente. Esta es la transcripción textual:Liberalización Comercio de Bienes: El nuevo Acuerdo contempla una importante mejora en las condiciones de acceso al mercado europeo para cerca de 900 productos de los sectores agrícola, agroindustrial y pesquero, llevando a casi 99,6 % el total de productos chilenos con preferencias arancelarias en el mercado de la UE.
Servicios: La modernización de este Capítulo permitirá contar con disciplinas actualizadas que sean más ambiciosas que las contenidas en el Acuerdo de Asociación de 2003 y que facilitará el acceso a miles de PYME a la Unión Europa, siendo el acuerdo más ambicioso en materia de acceso a mercados en servicios suscrito por Chile. En materia de reglamentación nacional se establecerán reglas claras y transparentes para el otorgamiento de licencias y procedimientos de licenciamiento en aquellos sectores que así lo requieran.
Entrada Temporal de Personas de Negocios: El acuerdo establecerá reglas claras y más favorables que permitirán a personas de negocio chilenas ingresar a territorio europeo para llevar a cabo prestaciones de servicios o materializar inversiones, así como asistir a conferencias y reuniones de negocios. Adicionalmente, se establecerán reglas claras y transparentes que regulen la obtención de formalidades migratorias para entrar a territorio europeo con el objeto de llevar a cabo las actividades económicas contenidas en este capítulo.
Inversiones: Se establece un marco jurídico comprensivo que regula las inversiones entre Chile y la UE, reemplazando los 16 Acuerdos de Protección de Inversiones bilaterales vigentes entre Chile y Estados Miembros de la UE y dos que fueron suscritos y no entraron en vigor, corrigiendo inconsistencias y divergencias existentes entre sí, que han sido criticadas por diversos sectores en el último tiempo. Asimismo, se establece un capítulo que tendría un régimen de protección y liberalización de inversiones que al mismo tiempo garantizaría el legítimo derecho a regular del Estado. En materia de solución de controversias, las partes establecen una Corte de Inversiones de carácter permanente, aunque de estructura liviana y ágil.
Desarrollo Sostenible: El enfoque bajo el cual se llevó a cabo la negociación implica un fortalecimiento de la relación entre el comercio y la concreción de un desarrollo económico con un componente sostenible importante. De esta manera se dota a nuestra relación con el bloque económico de una preocupación prioritaria por áreas tan relevante como la protección de los derechos laborales y del medio ambiente, convirtiéndose en el acuerdo más verde suscrito por Chile, al incorporar expresamente los estándares del Acuerdo de Paris.
El actual Acuerdo de Asociación Económica no contempla compromisos al respecto, y por ende nos parece que constituye un positivo aspecto del futuro acuerdo, y que, además, se encuentra en consonancia con la Agenda 2030 en cual se integran los tres pilares del desarrollo sostenible – económico, social y medioambiental.
Comercio Digital: Esta área no se encuentra contemplada en el Acuerdo actualmente vigente, y su regulación facilitará el intercambio a través de medidas como el reconocimiento trasfronterizo de firmas electrónicas, la no aplicación de aranceles a las transmisiones electrónicas, entre otras medidas.
Género y Comercio: Se trata de un Acuerdo pionero al incluir esta materia con miras a incentivar la igualdad de oportunidades y trato para que hombres y mujeres se beneficien por igual de las oportunidades de desarrollo que se abrirán con la implementación del Acuerdo. Energía y Materias Primas: El Acuerdo establece una alianza estratégica entre Chile y la UE para desarrollar la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Chile y el Pacto Verde de la UE, facilitando el comercio y el intercambio de de este tipo de bienes, al mismo tiempo que salvaguardando el espacio regulatorio para el desarrollo de políticas públicas en apoyo de industrias emergentes. Materia Ambiental: El Acuerdo promueve el establecimiento de altos estándares de protección y el cumplimiento efectivo de la legislación sectorial, fomentando la conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica. Por primera vez, se incorporan en un acuerdo comercial suscrito por Chile, los AMUMA y el Acuerdo de París, como estándares efectivos.
Compras Públicas: El Acuerdo moderniza los principios y obligaciones en materia de contratación pública, facilitando el acceso de proveedores chilenos al mercado público europeo, a través de una mayor certeza jurídica y reglas claras que impidan la discriminación, permitiéndoles acceder al mismo trato que goza cualquier proveedor europeo.
Entregar informes de inteligencia policial parciales al ministerio del Interior, suspender la vigilancia secreta a los domicilios del Presidente Boric y la ministra Siches, e informar antes a las ex autoridades del gobierno de Piñera que al actual Ejecutivo serían parte de su arsenal para combatir a los que el propio general ha denominado “enemigos morales y políticos”.
Luigi Lopresti, jefe de la Dipolcar
El lunes 20 de diciembre el general Luigi Lopresti convocó a sus subalternos de mayor confianza a una reunión en el sexto piso del edificio que alberga a la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), ubicado frente al Centro Cultural Gabriela Mistral, cerca de la intersección de la calle Portugal con Alameda.
El motivo del encuentro era analizar la victoria presidencial de Gabriel Boric el día anterior. Los ánimos eran de funeral. No era un misterio en las oficinas y pasillos de la Dipolcar que Lopresti y algunos de sus cercanos abogaban por la candidatura del ultraderechista José Antonio Kast. Hablaban abiertamente de ello.
“No sé qué va a pasar con nosotros ahora”, dijo Lopresti en esa reunión. “Boric hará desaparecer nuestra institución”. Todos asintieron. “Ganaron los que estaban en las calles animando los actos vandálicos”, prosiguió. “Ganó nuestro enemigo político y moral”.
Nadie en la reunión se sorprendió con los dichos del general Lopresti. Hace meses venía hablando de que “Jadue, Boric, todos ellos son nuestros enemigos morales”, y la mayoría de los presentes concordaba -y concuerda- con esa visión política.
“El perfil político de la oficialidad (de la Dipolcar) está muy marcado, es muy de derecha, pero de una derecha de los años 60 y 70 que ve enemigos políticos en todos lados”, afirma una persona que conoce el proceso de elaboración de documentos de inteligencia. “Y este gobierno está en riesgo de que le informen mal o le informen tarde”.
Lopresti, según confidencian varias fuentes policiales que han interactuado con él, estaba convencido de que con la llegada de Apruebo Dignidad al poder, no sólo corría peligro la continuidad de Carabineros como institución, sino que en lo inmediato su carrera policial estaba terminada. Cuando unas semanas después, el 4 de enero de este año, Cíper reveló que Lopresti había sido uno de los oficiales a cargo de espiar a los líderes estudiantiles durante las protestas de 2011 -entre ellos a Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson- el general estaba seguro que, a más tardar en marzo, cuando estos mismos entraran triunfantes a La Moneda, pasaría a retiro.
Sin embargo, ello no ocurrió y desde esa reunión del 20 de diciembre Lopresti ha trabajado sigilosamente para socavar de distintas maneras al nuevo gobierno, según confidencian varias fuentes de Carabineros.
Para este artículo, INTERFERENCIAconversó con varios funcionarios que pidieron la reserva de su identidad por temor a represalias laborales. Nuestro medio comenzó estas indagaciones hace algunas semanas y, en algunos casos, se reunió en dos o más ocasiones con algunas de estas fuentes. También obtuvimos acceso a diversos documentos que, por el mismo motivo de resguardar las fuentes, sólo serán parafraseados.
Con todo, el cuadro que emerge de toda esta documentación y antecedentes es preocupante. Hay indicios de que la Dipolcar, cumpliendo órdenes emanadas por su director, ha estado en una campaña por obstaculizar al gobierno.
“El perfil político de la oficialidad (de la Dipolcar) está muy marcado, es muy de derecha, pero de una derecha de los años 60 y 70 que ve enemigos políticos en todos lados”, afirma una persona que conoce el proceso de elaboración de documentos de inteligencia. “Y este gobierno está en riesgo de que le informen mal o le informen tarde”.
Según un funcionario policial que conoce a varios integrantes de la plana mayor de la Dipolcar, “la estrategia del general Lopresti es aumentar la percepción de ingobernabilidad y para ello su táctica es dejar de hacer, ocultar informes, relajar la guardia, una suerte de huelga de brazos caídos en temas sensibles”.
Se trata de cosas que, de todos modos, son muy difíciles de comprobar. ¿Cómo saber si los informes que Lopresti entrega en las reuniones semanales que tiene con personeros del Ministerio del Interior ocultan información o no entregan toda la información? “En las reuniones de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia) nunca informábamos de todo lo que sabíamos, y supongo que las tres ramas de las fuerzas armadas tampoco lo hacían”, asegura una fuente consultada. También recuerda que incluso en el gobierno anterior de Piñera, en las reuniones del alto mando de esa dirección para discutir qué información se entregaba, la pregunta siempre era: “¿Qué no vamos a entregar esta vez?”. Y cuándo alguien preguntaba por qué no, la respuesta era siempre la misma: “Para la próxima”.
Pero hay algunos hechos que llaman la atención y parecen dar sustento a las denuncias internas.
Por ejemplo, la Dipolcar ya no hace los patrullajes nocturnos en torno a las residencias particulares del Presidente y de la ministra del Interior. Era una práctica no oficial que existió durante años, tanto en los gobiernos de Piñera como los de Bachelet, pero que desde marzo de este año ya no se realizan. “La rutina era que los agentes de la Dipolcar llegaban en cualquier momento de la noche, conversaban con la guardia policial, era parte del programa nocturno pasar por esos dos domicilios, pero ya no se hace”, afirma un funcionario al tanto de ello.
En este contexto, llama la atención que el actual Presidente ha sufrido más brechas de seguridad que cualquier otro mandatario en los últimos 30 años. El 14 de mayo pasado, un escolta de Boric fue secuestrado en San Miguel, recibió un disparo en su brazo derecho y después fue abandonado por los desconocidos en la comuna de Colina, a unos 30 kilómetros de distancia.
Tres días después hubo una balacera en el barrio Yungay, a pocas cuadras de la casa de Boric, en la que resultó muerta una mujer y hubo dos heridos.
Todas las fuentes consultadas insisten en que la actual dirección de la Dipolcar está integrada mayoritariamente por oficiales que no sólo son abiertamente de derecha, sino que suscriben a viejas ideologías como la Doctrina de Seguridad Nacional.
Con todo, distintas fuentes de Carabineros aseguran que se trata de una política que se circunscribe a la Dipolcar y no a toda la institución. Es más, muchos altos oficiales de distintas reparticiones coinciden en que el Director General, Ricardo Yáñez, tiene una relación fluida con La Moneda y que la disminución de las protestas y movilizaciones sociales, que atribuiría al hecho de que la centro izquierda está en el poder político, le ha permitido un respiro a la institución.
¿Bajo riesgo?
A comienzos de año comenzaron a circular antecedentes que apuntaban a la posibilidad de que estudiantes de varios establecimientos secundarios podrían reactivar sus protestas tras la vuelta a clases en marzo, tras casi dos años de enseñanza remota. Pese a ello, la dirección de la Dipolcar habría decidido no darle mayor relevancia a este asunto.
No se sabe si Carabineros alguna vez entregó esa información a las nuevas autoridades. Lo que sí se sabe es que las acciones de algunos estudiantes fueron noticia durante algunas semanas de marzo y abril, con quema de buses incluidos. Al final, aseguran fuentes policiales, son sólo cuatro colegios de más de diez mil -el Barros Borgoño, el Barros Arana, el Liceo de Aplicación y el Instituto Nacional- los que se han movilizado. “Pero la sensación de desorden e inseguridad fue grande”, afirma un funcionario policial.
Otro incidente que llamó la atención dentro de la propia institución policial fue la marcha del 1 de junio, convocada por varias organizaciones como acto paralelo a la cuenta pública que ese día realizó el Presidente Boric. “Estaba claro que en la Alameda con Cumming y en el barrio República iba a haber mucha acción”, comenta un funcionario de Carabineros ligado a labores de inteligencia, pero que no pertenece a la Dipolcar. Sin embargo, la Dipolcar emitió un boletín interno que calificó este evento en la categoría de “bajo riesgo”.
Ese boletín sirve a otras reparticiones de Carabineros, como la Dirección de Orden y Seguridad o las jefaturas de la zona Metropolitana, para disponer de los efectivos necesarios con el fin de hacerle frente al acontecimiento. Ese miércoles 1 de junio apenas se desplegaron Fuerzas Especiales. Pero fue una jornada violenta. Hubo saqueos y dos Carabineros resultaron suficientemente heridos como para ser internados en el hospital de esa institución. Este hecho provocó que la Dipolcar recibiera los primeros reproches desde otras unidades de la policía uniformada.
"No son neutrales"
Todas las fuentes consultadas insisten en que la actual dirección de la Dipolcar está integrada mayoritariamente por oficiales que no sólo son abiertamente de derecha, sino que suscriben a viejas ideologías como la Doctrina de Seguridad Nacional.
Grupos extremos de derecha que han surgido en los últimos dos años no concitarían el interés de Lopresti y sus cercanos. “Entonces, ¿qué pasa?”, asegura esta fuente. “Que muchos de los que trabajan en la búsqueda de información lo hacen en la dirección que le gusta escuchar a Lopresti. Y eso genera mala inteligencia”.
“No son oficiales neutrales”, dice un fuente policial que se trasladó hace casi dos años de la Dipolcar. “Son los resabios pinochetistas, por eso votaron y abogaron por Kast”.
Este misma fuente aseguró a este medio hace varias semanas que “no me extrañaría que la oposición comience a adelantarse con buena información, a entregar antecedentes que tal vez ni el gobierno maneje”. Una semana después de esa conversación, el 13 de abril, la bancada del partido Republicanos le entregó a la ministra del Interior Izkia Siches un extenso documento que registraba más de 3.500 ataques registrados en los últimos años en la Araucanía.
Varias fuentes consultadas por este medio aseguran que el general Lopresti incluso podría estar suministrando información a algunos miembros de la oposición antes que al gobierno. No hay manera de comprobarlo de manera fehaciente, pero estas personas recuerdan la cercanía de Lopresti con el ministerio del Interior de Piñera, en especial con el ex subsecretario Juan Francisco Galli.
En noviembre del año pasado el general Ricardo Yáñez iba a pasar a retiro a Lopresti. Una de las razones era que se había descubierto que en numerosas ocasiones la Dipolcar suministraba información antes a La Moneda de Sebastián Piñera que al propio Director General de Carabineros. La decidida intervención de Galli, además del entonces ministro del Interior Rodrigo Delgado, evitó su paso a retiro.
Funcionarios de gobierno que han participado de reuniones de seguridad a las que asiste Lopresti, tanto de la administración actual como de la de Piñera, aseguran que la relación es normal, aunque confidencian que “el general parece tener una tendencia hacia teorías algo conspirativas”.
INTERFERENCIAtrató de contactarse durante varias semanas y en reiteradas ocasiones con la ministra Izkia Siches y su jefe de gabinete sin obtener respuesta. También lo hizo con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien a través de sus asesores se excusó por estar con Covid.
Teorías conspirativas
Luigi Lopresti llegó a la jefatura de la Dipolcar en diciembre de 2019, después de ser bien evaluado por el entonces gobierno y el alto mando de Carabineros por coordinar los llamados equipos ‘intramarchas’ infiltrados en las manifestaciones de la revuelta social de ese año. Las unidades bajo su mando, cuando él estaba en el departamento de personal de Carabineros, produjeron muchos arrestos y formalizaciones. Pero a poco más de dos años de los hechos, la mayoría de los manifestantes formalizados por la evidencia producida por los ‘intramarcha’ han quedado en libertad, no sin antes pasar meses en prisión preventiva.
A fines de 2019 Lopresti insistía en que la explicación de todo lo que estaba ocurriendo en las calles y plazas del país encontraba una respuesta coherente en una teoría del neonazi chileno Alexis López Tapia llamada la “Revolución Molecular Disipada”,
Según varios funcionarios policiales que han trabajado bajo el mando de Lopresti en los últimos años, en especial desde el estallido social, sus fracasos -que incluyen una filtración masiva de datos policiales al medio de investigación periodística Cíper en enero de este año- se deben en gran parte a sus propios sesgos políticos.
“Para la actual Dipolcar subversión y extremismo son sinónimos de izquierda”, afirma un ex funcionario policial que, por razones laborales, interactuaba con frecuencia con la dirección de inteligencia. Esta persona asegura que entre los cerca de 300 agentes que trabajan en esa dirección, todavía existe un puñado dedicado a hacerle seguimiento a ex miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. “¡Imagínate! Si sólo son un grupito de hombres mayores que se reúne en torno a un vino para hablar de sus viejos tiempos”, dice.
En contraparte, grupos extremos de derecha que han surgido en los últimos dos años no concitarían el interés de Lopresti y sus cercanos. “Entonces, ¿qué pasa?”, asegura esta fuente. “Que muchos de los que trabajan en la búsqueda de información lo hacen en la dirección que le gusta escuchar a Lopresti. Y eso genera mala inteligencia”.
Funcionarios policiales que han estado en la sede central de la Dipolcar recuerdan como a fines de 2019 Lopresti insistía en que la explicación de todo lo que estaba ocurriendo en las calles y plazas del país encontraba una respuesta coherente en una teoría del neonazi chileno Alexis López Tapia. Llamada la “Revolución Molecular Disipada”, en esta López argumentaba que la violencia callejera que se veía en Chile era parte de un secreto proceso revolucionario de toma del poder, dirigido en parte desde el extranjero.
Fue una teoría que no sólo cautivó a Lopresti, sino también al entonces gobierno de Piñera. Algunos ex funcionarios, tanto de Carabineros como de La Moneda, recuerdan que durante algunas semanas recibieron la orden de encontrar datos que apoyaran la teoría de que agentes extranjeros estaban agitando a las masas en Chile. “No hay ni nunca hubo esa infiltración extranjera, nunca hubo evidencia alguna, pero costó convencer de ello a los altos mandos”, recuerda un funcionario policial que estuvo en esa época.
Durante varias semanas de fines de 2019 e inicios de 2020, Lopresti ordenó poner las cerca de 15 láminas del PPT que resumía la teoría de López en una pared de las oficinas de la Dipolcar.
Por cierto, dos años después, durante el estallido social en Colombia, el ex presidente de ese país, Álvaro Uribe, también le dio cierta credibilidad a la ‘revolución molecular disipada’.
INTERFERENCIA contactó al general Luigi Lopresti a través de una mensaje a su whatsapp, planteando varios de los temas que se tocan en este artículo. El mensaje quedó como visto, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 19 de junio, Petro obtuvo el 50,44 % de los votos frente al 47,31 % de su oponente, el magnate de la construcción Rodolfo Hernández, luego de que se contara más del 99,99 % de los votos.
Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia en su tercer intento
La noticia recorrió el mundo: Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda electo en la historia de Colombia. Pero, ¿qué tipo de izquierda, exactamente, representa?
En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo (19/06), Petro obtuvo el 50,44% de los votos frente al 47,31% de su oponente, el magnate de la construcción Rodolfo Hernández, luego de más del 99,99% de los votos escrutados.
"Viene un cambio real", anunció Petro, un economista de 62 años y ex guerrillero, en su primer discurso público desde su elección.
Petro es el último caso de un izquierdista latinoamericano que llega al poder en medio de una ola de descontento social por la clase política, la desigualdad y el estancamiento económico. A partir de 2020, la lista también incluye a Luis Arce, en Bolivia; Pedro Castillo, en Perú; Xiomara Castro, en Honduras; y Gabriel Boric, en Chile.
Estos y otros representantes de la región felicitaron al nuevo presidente electo de Colombia. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también de izquierda, declaró en una serie de tuits que "el triunfo de Gustavo Petro es histórico. Los conservadores de Colombia siempre han sido obstinados y rígidos".
Pero hay grandes diferencias entre estos gobernantes. Y han surgido comparaciones entre Petro y otros líderes de izquierda en la región desde que fue elegido alcalde de Bogotá en 2011.
Al llegar a la presidencia del tercer país más poblado de América Latina, la posición de Petro en el espectro político se vuelve aún más importante.
¿Como López Obrador?
Petro participó en la guerrilla urbana y nacionalista del Movimiento 19 de Abril (M-19) en las décadas de 1970 y 1980, un pasado que provocó que muchos opositores intentaran asociarlo con la izquierda radical durante la campaña.
Pero el M-19 se desmovilizó en 1990 y apareció Petro en su tercer intento de llegar a la presidencia como político moderado, tras ser electo senador.
Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia en su tercer intento.
“La moderación de algunas propuestas lo llevó a ser visto por un sector de la población más como un candidato de centroizquierda que de izquierda radical”, Patricia Muñoz Yi, directora de posgrado en ciencias políticas de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia.
De hecho, Petro negó que Colombia necesite adoptar el socialismo y que pretenda recurrir a expropiaciones o reformas constitucionales para permitir su reelección, como han hecho otros presidentes latinoamericanos de izquierda.
Pero propuso cambiar el sistema económico del país, reducir la extracción de recursos naturales, realizar una reforma agraria para eliminar el latifundio improductivo y ofrecer empleo en el estado a las personas que no encuentran trabajo en el sector privado.
“Vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia”, dijo Petro en su discurso de victoria el domingo 19 de junio. “No porque lo adoremos, sino porque primero necesitamos superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo”.
Petro llamó dictador al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
Aunque en el pasado ha mostrado simpatía por el expresidente venezolano Hugo Chávez (a quien muchos de sus opositores también han tratado de asociar con él), Petro se ha distanciado del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro.
“Si me preguntan si Chávez fue un dictador, les diré que no. Si me preguntan si Maduro es un dictador hoy, les diré que sí”, dijo Petro a la revista Newsweek en 2018.
El presidente electo de Colombia nombró como referentes de la izquierda al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y al ecuatoriano Rafael Correa. Pero otros ven similitudes entre Petro y el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como se le conoce.
Petro “viene de una tradición de izquierda nacionalista y antiimperialista, quizás algo similar a la que inspiró a López Obrador en México”, según Yann Basset, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Rosario en Bogotá.
Basset agrega que Petro tiene “un estilo agresivo, con discursos a veces populistas, lo que genera mucha resistencia y temores de que su gobierno tenga rasgos algo autoritarios, nuevamente al estilo de lo que ha venido sucediendo en México”.
Ahora con 68 años, López Obrador fue elegido en 2018 como el primer presidente de izquierda de México en siete décadas. Y este mes, AMLO causó controversia al apoyar a Petro, diciendo que el candidato enfrentaba una "guerra sucia" como lo hizo en México, algo que la Cancillería colombiana llamó "injerencia" en los asuntos del país.
¿Qué tan bórico?
También hay similitudes entre la forma en que Petro llega a la presidencia de Colombia y Gabriel Boric en Chile, en diciembre de 2021. Analistas señalan que ambos ganaron sus elecciones luego de disturbios sociales que revelaron el agotamiento con el establecimiento y con el modelo económico de su país. respectivos países.
Tanto Petro como Boric prometieron reformas estructurales para garantizar la paz, con el Estado en el centro de sus proyectos de cuidado social, económico y ambiental.
Al elegir a Francia Márquez como vicepresidenta -la primera mujer negra, feminista y ambientalista en ocupar el cargo-, Petro demostró su voluntad de abordar temas de género, raza y clima, defendidos por una izquierda más joven, como la representada por Boric, según a Yan Basset.
Agrega que todo esto ocurrió a pesar de las tensiones que enfrentó la campaña de Petro por parte de sectores feministas, quienes lo acusaron de rodearse de políticos de la “vieja escuela” con una visión sexista.
En materia social, el presidente electo de Colombia también defendió el acceso de las mujeres al aborto y se comprometió a garantizar los derechos a la diversidad de orientación sexual.
La vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, le dio nuevos aires a la campaña de Gustavo Petro. Todo esto, combinado con su propuesta de eliminar el enfoque prohibitivo de las drogas, acerca a Gustavo Petro a figuras como el expresidente uruguayo José Mujica -otro exguerrillero- que a otros políticos de izquierda más clásicos de la región.
Pero está claro que el programa electoral y la forma de gobierno son cosas distintas, más aún en un país polarizado y con claras luchas de poder.
El experto en Colombia de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Adam Isaacson, cree que aún no está claro qué tipo de gobernante de izquierda representará Petro después de asumir el cargo en agosto.
Su pregunta es "la personalidad de Petro", explica. "Ya sea que resista los controles sobre su poder o sea más como Boric, Mujica o Lula, liberando parte de su control cuando se lo ordenan".
El grupo guerrillero izquierdista colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) está abierto a avanzar en las conversaciones de paz con el gobierno entrante del presidente electo Gustavo Petro, dijo este lunes, y pidió reformas para abordar la exclusión social y la desigualdad.
El izquierdista Petro y su vicepresidenta electa, Francia Márquez, obtuvieron el 50,4% de los votos en las elecciones del domingo.
“El ELN se mantiene activo en su lucha y resistencia política y militar, pero también en su disposición de avanzar en un proceso de paz hacia un mayor diálogo que inició en Quito en febrero de 2017”, dijo el ELN en un comunicado.
Petro, quien asumirá el cargo el 7 de agosto, se comprometió a implementar completamente el acuerdo de paz de 2016 con el grupo guerrillero de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y buscar conversaciones con los rebeldes aún activos del ELN.
El presidente entrante, exmiembro de la guerrilla M-19, ha llamado a una negociación rápida con el ELN, y también ha sugerido aplicar el acuerdo de paz de 2016 con las FARC desmovilizadas a aquellos combatientes que rechacen el acuerdo y formen grupos disidentes.
Si Petro impulsa cambios para superar la violencia política y desarrolla planes de empleo y emprendimiento, reforma agraria y continuidad del proceso de paz, entre otros, tendrá apoyo popular, dijo el ELN. El grupo pidió ampliar la inclusión económica de las comunidades marginadas de Colombia.
Los diálogos de paz entre los gobiernos anteriores y el ELN -al que se acusa de financiarse con el secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal- no avanzaron debido a las posiciones radicales del grupo, una cadena de mando difusa y la disidencia en sus filas.
El ELN, que cuenta con unos 2.400 combatientes, inició conversaciones de paz con el anterior gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, pero las negociaciones fracasaron luego de un atentado con carro bomba en Bogotá, mientras que el actual presidente Iván Duque exigió al grupo la liberación de todos sus rehenes.
El ELN, fundado por sacerdotes católicos romanos radicales en 1964, es ampliamente considerado como menos controlado centralmente que las FARC.
Los trabajadores de la minera estatal chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, dijeron el sábado que comenzarán los preparativos para una huelga nacional luego de que la empresa anunciara el cierre de la atribulada fundición Ventanas.
Los sindicatos habían amenazado con ir a la huelga durante la última semana si el directorio de Codelco no invertía para mejorar las instalaciones luego de que un incidente ambiental enfermara a decenas de personas. El viernes, la compañía optó por cerrarlo.
La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que agrupa a los sindicatos de Codelco, lamentó que la firma haya "asumido la responsabilidad exclusiva de los episodios ambientales en la zona de Puchuncaví y Quintero", en una región industrial costera.
“De acuerdo al acuerdo adoptado con el apoyo de nuestras bases sindicales, comenzaremos a preparar desde este minuto el paro nacional en todas las divisiones de Codelco”, dijo la FTC en un comunicado, sin dar más detalles.
“Nuestra acción continuará mientras el gobierno y el Directorio de Codelco insistan en el cierre de Ventanas y no den luz verde a los recursos para que las fundiciones de Codelco continúen como unidades competitivas y sustentables”.
Codelco detuvo las obras en la fundición y refinería Ventanas a principios de junio para realizar trabajos de mantenimiento luego de que las autoridades declararan una emergencia ambiental en la región.
El cierre requerirá la modificación de una ley que obliga a Codelco a fundir minerales de la también estatal Enami, provenientes de la pequeña y mediana minería, exclusivamente en Ventanas.
Los activistas ambientales han llamado durante mucho tiempo a Quintero y sus alrededores una "zona de sacrificio" ambiental debido a los sucesivos episodios de contaminación que han causado emergencias de salud pública. El pueblo está saturado de industrias que también incluyen la estatal petrolera ENAP y plantas químicas.
Víctimas de secta alemana en Chile serán indemnizadas - Tras 26 años de disputa judicial, remate de terrenos del ex asentamiento Colonia Dignidad recauda fondos para indemnizar a víctimas chilenas del exlíder del movimiento, el alemán Paul Schäfer.
Colonia Dignidad fue un asentamiento de inmigrantes alemanes en Chile que se hizo conocido por ser escenario de crímenes que van desde abusos sexuales a menores hasta torturas a opositores a la dictadura sangrienta de Augusto Pinochet.
La abogada de víctimas de la ex Colonia Dignidad, Winfried Hempel, habló de "enorme satisfacción" y calificó la subasta de "histórica". “Es la primera vez que se toca algo material de la colonia, es decir, bienes directamente de este bastión que hizo lo que quiso aquí en Chile durante 50, 60 años”, dijo Hempel a la emisora pública alemana ARD.
Dos de las víctimas ya fallecieron, los demás tenían más de 40 años. Fueron estas personas quienes, con gran valentía, denunciaron el sistema de Colonia Dignidad. “Se trata de personas de una zona rural, de la periferia de la colonia, que fueron abusadas de niños, que ahora son ciudadanos comunes en Chile y para quienes esta cantidad de dinero ayudará mucho”, dice Hempel, y agrega que “lo que pasó a ellos en la colonia partieron sus vidas en dos".
El proceso duró 26 años.
El proceso se abrió en 1996, con un pedido de reparación por los abusos sexuales cometidos por el líder de la secta contra niños chilenos en la zona de la colonia. No fue sino hasta 2013 que la Corte Suprema de Chile confirmó la legitimidad de las demandas, y pasaron otros nueve años antes de la actual subasta actual.
“Aquí hay una culpa compartida: por un lado, la colonia se ha defendido con todos los medios legales, con los mejores abogados y con todo el dinero que tiene”, dice Hempel. Dice que, en cambio, muchas cosas han perjudicado el lado de las víctimas. Uno de los problemas, dice, fue que "el código procesal civil chileno es increíblemente antiguo y está desactualizado y todavía está almacenado en archivos antiguos y, por supuesto, es bastante complejo".
En total, el monto de la indemnización para las 11 víctimas chilenas o sus descendientes fue fijado en un monto correspondiente a alrededor de 1,5 millones de euros (R$ 8 millones). El medio millón restante se recaudará a través de nuevas subastas.
La Colonia de la Dignidad.
Colonia Dignidad fue establecida en 1961 por colonos alemanes liderados por Schäfer. Transformó el lugar, 350 kilómetros al sur de Santiago, en una especie de secta, donde practicaba la pedofilia y donde nadie podía entrar ni salir sin su autorización.
Durante la dictadura militar en Chile, entre 1973 y 1990, el lugar también fue utilizado como centro de detención ilegal, donde se practicaba la tortura y se asesinaba a los opositores al régimen. Colonia Dignidad también sirvió como depósito de armas y fue un bastión para el trabajo esclavo infantil.
Entre 1961 y 2005, alrededor de 300 personas que siguieron a Schäfer fueron sometidas a trabajos forzados, castigos, manipulación mental, además de abusos sexuales contra menores. En 2005, Schäfer fue detenido en Argentina y extraditado a Chile, donde fue condenado a 33 años de prisión por asesinato, tortura y abuso sexual. Murió en prisión en 2010.
El 11 de septiembre de 2023 se cumplieron 50 años del golpe militar en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende y dio inicio a 17 años de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet. El actual presidente chileno, el izquierdista Gabriel Boric, en su primer discurso a la nación el pasado 1 de junio, mencionó la fecha que deberá asumir como jefe de Estado.
Además de reflejar que "todavía son muchas las deudas que cargamos", a pesar de que Chile ha llevado a cabo políticas inéditas en el mundo en la búsqueda de la verdad y en la reparación a las víctimas -como la Comisión Valech sobre prisión política-. y tortura-, Boric anunció que su gobierno “seguirá buscando sin descanso a los desaparecidos a través de un plan nacional de búsqueda”.
“Estamos comprometidos con la verdad y la justicia”, dijo Boric, quien durante su campaña y gestión hizo varios gestos hacia el Gobierno de Unidad Popular de Allende e hizo de los derechos humanos uno de los emblemas fundamentales de su mandato.
El plan será ejecutado por el Ministerio de Justicia, que encabeza la ministra Marcela Ríos. Según datos elaborados por la Unidad de Programas de Derechos Humanos en conjunto con la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, existen 1.469 víctimas de desaparición forzada. Solo se han identificado 307 cuerpos o restos óseos. En consecuencia, 1.162 personas siguen desaparecidas, casi medio siglo después del golpe.
Mientras en el mundo de los derechos humanos y en los familiares de las víctimas existe la convicción de que las Fuerzas Armadas y Carabineros, la policía militar, tienen información sobre su suerte, los uniformados la niegan. En 2001, luego de una mesa de diálogo que reunió a instituciones militares, víctimas, iglesias y sociedad civil, los militares aseguraron que muchos de los desaparecidos habían sido arrojados por la borda, aunque luego se comprobó que parte de esta información no era cierta.
La psicóloga Elizabeth Lira, académica de la Universidad Alberto Hurtado y Premio Nacional de Ciencias Sociales 2017, recuerda que los Estados tienen la obligación de buscar a los desaparecidos, según un documento de la ONU de 2019.
— El anuncio de Boric corresponde al cumplimiento de acuerdos internacionales y obligaciones de Estado — explica el académico, quien tuvo un papel relevante en instancias de búsqueda de la verdad, como la mesa de diálogo 1999-2000 y la Comisión Política sobre Prisión y Tortura, entre los años 2003-2005 .
Gobierno de Piñera: 'Se ha acumulado descontento social' en Chile, dice director de Latinobarómetro Lira dice que el documento de la ONU que rige la búsqueda de desaparecidos establece que “debe realizarse bajo la presunción de que están vivos; respetar la dignidad humana; regirse por políticas públicas”.
Para el abogado de derechos humanos Luciano Fouillioux, “Boric no tiene por qué no impulsar una iniciativa de este tipo o similar, como ya lo han hecho otros gobiernos en Chile desde 1990 (unos más y otros menos, pero todos hicieron algo en estos temas, incluso la del propio Sebastián Piñera, desde la derecha)”.
Fouillioux enumera: Boric es un presidente joven, de una generación posterior a los crímenes de la dictadura —pero comprometido con estos temas—, cercano al mundo de las víctimas y que tiene el tema de los derechos humanos en el centro de su programa de gobierno, incluso en todos los ministerios.
“Otra cosa es que tenga resultados”, analiza el abogado de derechos humanos, quien representa a la familia del expresidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) en el juicio que pretende esclarecer las circunstancias de su muerte.
"Lo que debería tener en mente sería hacer un gran negocio con las propias Fuerzas Armadas, porque, quizás, se encontrará con más de una sorpresa: los comandos actuales son totalmente diferentes a los de 1973", agrega Fouillioux sobre las posibilidades de entregando información sobre el destino de los desaparecidos.
La propuesta del Ministerio de Justicia incluye la ampliación de la campaña “Una gota de sangre por la verdad y la justicia”, que se refiere a la recolección de muestras de sangre en todo el territorio para completar la base de datos de registros genéticos. Se pretende elaborar un diagnóstico sistemático de toda la información ya recogida que permita identificar las principales líneas de trabajo a desarrollar.
El gobierno bórico quiere identificar, a su vez, la gama de nuevas tecnologías que se pueden utilizar para avanzar en las investigaciones según las formas de desaparición forzada o involuntaria. La idea, explica el texto elaborado por el Ministerio de Justicia, pretende generar una propuesta metodológica y procedimental para la elaboración del plan.
La Presidencia también quiere convocar a una mesa de trabajo que reúna a los distintos actores involucrados: la coordinación de ministros visitantes con dedicación exclusiva a la investigación de estas causas, el Servicio Médico Legal, el Registro Civil, la Policía de Investigaciones, el Programa de Derechos Humanos , familias y grupos de víctimas y expertos.
Además, Boric quiere fortalecer la Unidad de Programas de Derechos Humanos con más profesionales multidisciplinarios capaces de llevar a cabo una política de búsqueda administrativa. Lo mismo con la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, con el objetivo de “aumentar su capacidad instalada para analizar y revisar casos de interés forense para esclarecer la suerte de las víctimas de desaparición forzada o involuntaria”.
Los distintos gobiernos democráticos desde 1990 han llevado a cabo importantes políticas en relación con las víctimas de la dictadura del traidor Pinochet. El gobierno de Patricio Aylwin ejecutó la Comisión Rettig, sobre la verdad de los muertos y desaparecidos. Posteriormente, en el mandato de fray Ruiz Tagle, se instituyó la Mesa de Diálogo, que representó el reconocimiento de los delitos por parte de las Fuerzas Armadas y la Orden. El gobierno de Ricardo Lagos, por su parte, constituyó una comisión encabezada por monseñor Sergio Valech sobre prisión política y tortura, iniciativa sin precedentes en el mundo, a la que siguieron medidas de reparación vigentes hasta el día de hoy.
