El plazo fatal para que Chile firme el acuerdo de modernización con la Unión Europea

Eduardo Olivares C.

Chile decidió reconsiderar el acuerdo de modernización alcanzando en noviembre de 2021 con la Unión Europea. Se trata de uno de los socios estratégicos más importantes de Chile. La Unión Europea aceptó abrir una fase de negociaciones “políticas”, pero el calendario para llegar a una firma final es estrecho.

Reunión del equipo de la Unión Europea (izquierda), encabezado por Josep Borrell, con el equipo de Chile. A la derecha están el Presidente Gabriel Boric, Antonia Urrejola, Lucía Dammert y Alex Wetzig. Crédito: Presidencia de la República,

Qué observar. El Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea está vigente desde 2003. Es uno de los más amplios de su tipo en el mundo, dado que excede los capítulos propios de un tratado comercial.

En 2015, a instancias del Sexto Consejo de Asociación Chile-UE (que reúne a representantes ministeriales) durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Santiago y Bruselas acordaron actualizar el pacto. Los términos de referencia se establecieron entre ambas partes en 2017, en un actividad inaugural el 16 de noviembre de 2017. El canciller de Chile era Heraldo Muñoz.

En noviembre de 2021 terminaron las negociaciones técnicas para el acuerdo de modernización de aquel pacto, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. El canciller era Andrés Allamand. El texto quedó entonces disponible para la suscripción final de las partes.

En marzo de 2022, el gobierno recién asumido de Gabriel Boric decidió reconsiderar lo acordado siguiendo los parámetros de su propia política exterior. Eso incluye las definiciones que emanen del texto de nueva Constitución, en caso de que triunfe el Apruebo en el Plebiscito de Salida. Incluso un grupo de eurodiputados esgrimió ese argumento e en octubre del año pasado para retrasar las negociaciones por el acuerdo de modernización, pero su llamado fue infructuoso.

“Nosotros queremos que los acuerdos que estamos negociando en la actualidad también dialoguen con ese eje programático del gobierno y estoy seguro, y esto lo hemos conversado con el equipo negociador de la contraparte”, comentó el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada. El funcionario es uno de los partidarios de implementar una “política industrial” en Chile, motivo por el cual ha criticado en el pasado -como académico- el rol “imperialista” de EE. UU. y el papel de la red de acuerdos comerciales de Chile como aquel con la Unión Europea.

Entre los diplomáticos existe una preocupación manifiesta sobre el curso que podría tener la decisión de La Moneda en las relaciones con la Unión Europea. La UE no solo es el tercer socio comercial de Chile y su primer inversionista (consolidado), sino que Chile fue uno de los primeros países extracomunitarios con los cuales el bloque trazó un pacto político y de cooperación además de comercial. De hecho, cuando a inicios de siglo Chile y Mercosur negociaban en conjunto con la UE ese acuerdo, Bruselas aceptó que Santiago se desligara de aquella vía y empezara tratativas en solitario. Fue un éxito. El acuerdo entre el Mercosur y la UE, en cambio, se cerró recién en 2019 pero aún no está ratificado.

En respuesta a Ex-Ante, la Delegación de la UE en Chile dice que espera que la adopción del tratado bilateral -hoy detenido a nivel político por solicitud de Santiago- ocurra como máximo en 2023, pues en 2024 habrá una renovación del Parlamento Europeo.

Estas fechas indican, de acuerdo con círculos diplomáticos, que el plazo fatal para que Chile suscriba el acuerdo tendría que ser como máximo a fines del próximo año.

Bilateral Boric-Borrell. El 23 de marzo, la Cancillería actual tuvo un primer encuentro de alto nivel con la contraparte europea. Fue una cita con el jefe de la Delegación Europea en Chile, León de la Torre, y los embajadores de los países del bloque en Chile. Urrejola estuvo acompañada de los dos subsecretarios de su cartera: Ximena Fuentes y José Miguel Ahumada.

Un encuentro de particular interés fue aquel ocurrido el 27 de abril, cuando Boric recibió a una delegación encabezada Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea. Borrell es la persona fuerte de Bruselas en política exterior.

En esa reunión estaba el embajador de la UE ante Chile, León de la Torre, y Borrell estuvo acompañado por dos altos asesores de su gabinete: Pelayo Castro, asesor senior para América Latina y El Caribe, y Joan Llorach, asistente personal.

Por el lado de Boric estuvieron la canciller Antonia Urrejola, y a su lado se sentó la jefa del Segundo Piso, Lucía Dammert. Como tercer acompañante se ubicó el secretario general de Política Exterior, Alex Wetzig. En la comunicación oficial de La Moneda ese día solo se habló de la presencia por Chile de la canciller Urrejola y de Wetzig. Dammert ha jugado un rol importante en la dirección de política exterior desde La Moneda, lo cual se reflejó en su asistencia -inédita para un jefe de Segundo Piso- a la gira de Boric por América del Norte y que desató preocupación entre diplomáticos chilenos.

Borrell explicitó la postura del bloque: “Comprendo que el nuevo gobierno necesite tiempo para estudiar bien cuál es el acuerdo al que llegó el anterior gobierno. Espero que su reconsideración no signifique reabrir las negociaciones, sino entender mejor cuáles son los términos del acuerdo”, dijo en un mensaje considerado clave para los diplomáticos. De hecho, Borrell tuvo que señalar que nada del acuerdo impide el modelo de desarrollo que Chile desee darse.

Presidencia resume en el siguiente video el inicio de la reunión Borrell-Boric (sin audio) y luego los discursos de ambos (con audio).

 

Por qué importa. El Gobierno de Gabriel Boric ha planteado que busca evaluar su red de acuerdos comerciales a la luz de su política exterior “turquesa” y “feminista”. También tiene una orientación vinculada con un nuevo tipo de desarrollo que suele resumirse en la idea de la “política industrial” de la cual el subsecretario Ahumada es un firme partidario.

“Estamos en un proceso de modernización del acuerdo con la Unión Europea, algo que conversamos con Josep Borrell, algo que posteriormente yo cené con Josep Borrell y seguimos conversando”, comentó la canciller Urrejola en Canal 13 el 12 de junio. “Yo creo que aquí cada uno debe dar señales a sus propios… como dicen los gringos: constituencies (electores), y Josep Borrell tiene que dar tranquilidad también a los países miembros de la UE. Pero estamos en diálogo. Hoy está una delegación en Bruselas, donde estamos negociando la modernización del acuerdo con la UE, las observaciones técnicas que tenemos. Pero sí el Presidente ha sido muy explícito en que queremos firmar esa modernización del acuerdo”, agregó.

El excanciller Heraldo Muñoz planteó su atención sobre esa reapertura de conversaciones. “Ojo, porque cuando uno reabre algo tiene que ir a consultar a todos los países que componen la Unión Europea. Eso no es un proceso fácil”, dijo en entrevista con EmolTV la semana pasada. Recordó que en el Acuerdo de Asociación había países que no querían el pacto con Chile. “Esas cosas pueden reflotar”, anotó. Aunque no mencionó a ningún país por su nombre, en la Cancillería sus palabras fueron comentario obligado porque saben que entre esos países en el pasado estuvo Francia, que en ocasiones opera además por medio de gestiones con terceros miembros del bloque.

La respuesta de la UE. Ex-Ante consultó a la Delegación de la UE en Chile acerca del actual estado de las conversaciones bilaterales y los pasos que el acuerdo de modernización aún debe seguir en el bloque.

“Las negociaciones concluyeron a nivel técnico con el anterior gobierno en noviembre de 2021. La nueva administración está estudiando los textos acordados y tienen algunas observaciones técnicas que estamos conversando. Esperamos poder anunciar la conclusión política de las negociaciones en los próximos meses y que se lleve a cabo todo el proceso de adopción en 2023 antes de las elecciones del Parlamento Europeo durante el primer semestre de 2024. Como lo anunció el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Política de Seguridad, Josep Borrell, durante su visita a Chile del 28 de abril, ‘El acuerdo será, cuando se firme, el más completo y más moderno que la UE tenga con ningún otro país, y será un modelo a seguir'”, dijo la embajada.

Agregó que en términos procedimentales, “tras la conclusión política, el siguiente paso sería la revisión legal de los textos acordados y, a continuación, su traducción a todas las lenguas oficiales de la UE. Tras la revisión legal y la traducción, la Comisión Europea adopta los textos y los transmite al Consejo, que lleva a cabo su propia revisión legal antes de autorizar la firma del Acuerdo. Una vez firmado, el Acuerdo pasa a ser examinado por el Parlamento Europeo, que debe dar su consentimiento antes de que el Consejo apruebe el acuerdo”.

Qué busca la UE. Bruselas ya en 2017 planteaba que “la modernización del acuerdo permitirá profundizar más nuestras relaciones en torno a retos mundiales como el cambio climático, los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la cooperación económica y social en ámbitos como la utilización eficiente de la energía, las pequeñas y medianas empresas, la juventud y las políticas educativas y de empleo, y reforzará nuestra cooperación en materia de género y capacitación de las mujeres”. Es decir, la UE tenía como objetivos centrales varias de las materias que la política exterior de Boric ha presentado como materias novedosas en su mirada estratégica.

De acuerdo con la Cancillería, las negociaciones concluyeron con la siguiente lista de disposiciones que las partes deberán ratificar internamente. Esta es la transcripción textual:Liberalización Comercio de Bienes: El nuevo Acuerdo contempla una importante mejora en las condiciones de acceso al mercado europeo para cerca de 900 productos de los sectores agrícola, agroindustrial y pesquero, llevando a casi 99,6 % el total de productos chilenos con preferencias arancelarias en el mercado de la UE.

Servicios: La modernización de este Capítulo permitirá contar con disciplinas actualizadas que sean más ambiciosas que las contenidas en el Acuerdo de Asociación de 2003 y que facilitará el acceso a miles de PYME a la Unión Europa, siendo el acuerdo más ambicioso en materia de acceso a mercados en servicios suscrito por Chile. En materia de reglamentación nacional se establecerán reglas claras y transparentes para el otorgamiento de licencias y procedimientos de licenciamiento en aquellos sectores que así lo requieran.

Entrada Temporal de Personas de Negocios: El acuerdo establecerá reglas claras y más favorables que permitirán a personas de negocio chilenas ingresar a territorio europeo para llevar a cabo prestaciones de servicios o materializar inversiones, así como asistir a conferencias y reuniones de negocios. Adicionalmente, se establecerán reglas claras y transparentes que regulen la obtención de formalidades migratorias para entrar a territorio europeo con el objeto de llevar a cabo las actividades económicas contenidas en este capítulo.

Inversiones: Se establece un marco jurídico comprensivo que regula las inversiones entre Chile y la UE, reemplazando los 16 Acuerdos de Protección de Inversiones bilaterales vigentes entre Chile y Estados Miembros de la UE y dos que fueron suscritos y no entraron en vigor, corrigiendo inconsistencias y divergencias existentes entre sí, que han sido criticadas por diversos sectores en el último tiempo. Asimismo, se establece un capítulo que tendría un régimen de protección y liberalización de inversiones que al mismo tiempo garantizaría el legítimo derecho a regular del Estado. En materia de solución de controversias, las partes establecen una Corte de Inversiones de carácter permanente, aunque de estructura liviana y ágil.

Desarrollo Sostenible: El enfoque bajo el cual se llevó a cabo la negociación implica un fortalecimiento de la relación entre el comercio y la concreción de un desarrollo económico con un componente sostenible importante. De esta manera se dota a nuestra relación con el bloque económico de una preocupación prioritaria por áreas tan relevante como la protección de los derechos laborales y del medio ambiente, convirtiéndose en el acuerdo más verde suscrito por Chile, al incorporar expresamente los estándares del Acuerdo de Paris. 

El actual Acuerdo de Asociación Económica no contempla compromisos al respecto, y por ende nos parece que constituye un positivo aspecto del futuro acuerdo, y que, además, se encuentra en consonancia con la Agenda 2030 en cual se integran los tres pilares del desarrollo sostenible – económico, social y medioambiental.

Comercio Digital: Esta área no se encuentra contemplada en el Acuerdo actualmente vigente, y su regulación facilitará el intercambio a través de medidas como el reconocimiento trasfronterizo de firmas electrónicas, la no aplicación de aranceles a las transmisiones electrónicas, entre otras medidas.

Género y Comercio: Se trata de un Acuerdo pionero al incluir esta materia con miras a incentivar la igualdad de oportunidades y trato para que hombres y mujeres se beneficien por igual de las oportunidades de desarrollo que se abrirán con la implementación del Acuerdo.
Energía y Materias Primas: El Acuerdo establece una alianza estratégica entre Chile y la UE para desarrollar la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Chile y el Pacto Verde de la UE, facilitando el comercio y el intercambio de de este tipo de bienes, al mismo tiempo que salvaguardando el espacio regulatorio para el desarrollo de políticas públicas en apoyo de industrias emergentes.
Materia Ambiental: El Acuerdo promueve el establecimiento de altos estándares de protección y el cumplimiento efectivo de la legislación sectorial, fomentando la conservación y el uso sustentable de la diversidad biológica. Por primera vez, se incorporan en un acuerdo comercial suscrito por Chile, los AMUMA y el Acuerdo de París, como estándares efectivos.

Compras Públicas: El Acuerdo moderniza los principios y obligaciones en materia de contratación pública, facilitando el acceso de proveedores chilenos al mercado público europeo, a través de una mayor certeza jurídica y reglas claras que impidan la discriminación, permitiéndoles acceder al mismo trato que goza cualquier proveedor europeo.