La iniciativa presentada por el presidente Gabriel Boric y la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, contempla casi 500 actividades en todo Chile, ofreciendo una amplia programación durante los meses de enero y febrero, y está disponible en chilecultura.gob.cl.

Para muchas personas se acercan las esperadas vacaciones de verano y con ello las ganas de disfrutar del tiempo libre. Festivales de cine, obras de teatro, ferias, visitas a museos y edificios patrimoniales; conciertos, exposiciones, circo y danza son parte de la robusta oferta cultural disponible en el país durante enero y febrero, y todas ellas -que en total suman casi 500- dan vida a Verano es Cultura, iniciativa presentada este miércoles por el Presidente de la República Gabriel Boric y la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky Hernández, desde el Parque Quinta Normal.

“La cultura es lo que le da sentido a nuestra identidad como país. Es la voz de Violeta (Parra), el arte de Banda Conmoción, es el modo en cómo se cocina un curanto, es la cueca brava que se baila aún en las ferias, son los bailes chinos y tantas expresiones que están permanentemente sucediendo. Lo que estamos haciendo con este Verano es Cultura es acercar y dar un espacio para que todas las personas puedan acceder”, dijo el presidente Gabriel Boric.

El mandatario destacó además la necesidad de “reconocer a los trabajadores de la cultura como tal y que esa frase ‘lo hago por amor al arte’ deje de romantizarse. Esto es trabajo, creación de valor. Como sociedad nos medimos mucho por cómo reconocemos a la cultura y las artes. La cultura es el espíritu de un pueblo y cómo tratamos a sus representantes es tremendamente importante. Por eso, desde el Ministerio de las Culturas se está avanzando en la elaboración de un estatuto para el trabajador cultural y estamos trabajando también para llegar a un 1% del presupuesto”.

La ministra Julieta Brodsky agregó que “como Gobierno estamos convencidos de que la cultura es una herramienta esencial para el bienestar, para mejorar la calidad de vida de las personas, la recuperación de los espacios públicos, la seguridad de nuestros barrios, la cohesión social de comunidades y territorios. Verano es Cultura es una invitación a todos y a todas a participar y disfrutar de esta gran cartelera de actividades, en todo Chile, a la que pueden acceder en chilecultura.gob.cl”.

Además, la secretaria de Estado anunció que “tendremos un programa especial para las niñas y niños de los cerros de Viña del Mar afectados por el incendio, que se extenderá durante todo enero y febrero, porque sabemos que este tipo de cosas no se resuelven de un día para otro o mientras el resto del país tiene los ojos puestos en la noticia”.

También estuvieron presentes en la actividad las y los ministros: Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo; Defensa, Maya Fernández; Educación, Marco Antonio Ávila; Agricultura, Esteban Valenzuela; y Deportes, Alexandra Benado; además de la coordinadora Sociocultural de La Moneda, Irina Karamanos; las subsecretarias de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez Vásquez, y del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari; y la delegada presidencial RM, Constanza Martínez. La amena jornada contó con las presentaciones de la comediante Paloma Salas, los actores de teatro musical Amaya Forch y Felipe Ríos, y todo el ritmo de la Banda Conmoción.

Programación

Chile Cultura es una plataforma web que cuenta con la mayor oferta de eventos culturales y patrimoniales de todo el territorio con georreferenciación, diferenciación por grupos etarios y disciplinas artísticas. Esta gran cartelera incluirá diversos panoramas como Museos en Verano, iniciativa impulsada por el Ministerio de las Culturas para promover las visitas a los museos y espacios culturales y patrimoniales a lo largo del país durante el período estival; el 4to Festival de Cine Nacional de Ñuble, que se realizará entre el 11 y 15 de enero; y el 15° Festival de Cine Chileno FECICH, que se desarrollará entre el 20 y 28 de enero en el Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez de Quilpué, entre otros.

Las muestras tradicionales también estarán presentes en Verano es Cultura, con varias ferias gastronómicas y de artesanía, como el XXXIX Encuentro folclórico de las Islas del Archipiélago de Chiloé, del 3 al 5 de febrero; el Encuentro Internacional del Folclore Junto al Lago 2023, del 17 al 20 enero en Llanquihue; y la Feria Costumbrista de Caleta Queule, del 13 al 15 de enero.

Chile: Plantean que se revise la seguridad laboral de los buzos salmoneros

Mediante una resolución, la Cámara solicita al Ejecutivo revisar el marco legislativo, la normativa reglamentaria sectorial y los planes de fiscalización, para garantizar condiciones laborales de seguridad adecuadas a quienes realizan labores de buceo para la industria salmonera.

La Sala de la Cámara respaldó la resolución 474, cuyo eje es revisar la seguridad laboral de trabajadores y trabajadoras que realizan labores de buceo para la industria salmonera.

Particularmente, el documento solicita al Ejecutivo analizar el marco legislativo de esta área. Asimismo, se pide revisar la normativa reglamentaria sectorial y los planes de fiscalización para garantizar condiciones laborales de seguridad adecuadas.

Entre otros puntos, se busca disminuir la tasa de mortalidad de nuestro país. Según sus datos, supera en veinte veces la de otros países.

Actualmente, esta industria se encuentra desplegada en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena.

Diversos sectores han denunciado precarias condiciones de trabajo, higiene y seguridad en las distintas faenas. Además, se suma a lo anterior bajos salarios y falta de fiscalización de las autoridades. De igual modo, se acusa “doble estándares” de las compañías que operan en el sur del país.

Bajo este escenario, consideran que es imperioso que las labores asociadas a la salmonicultura se realicen en condiciones seguras.

Los autores de la resolución son Javiera Morales (PCS), María Candelaria Acevedo (PC), María Francisca Bello (PCS) y Jorge Brito (RD). También la firman Tomás De Rementería (IND, Daniel Manouchehri (PS), Marcela Riquelme (IND), Clara Sagardia (IND), Carolina Tello (PC) y Gael Yeomans (CS).

Promueven la ampliación del programa “Gas, Economía para el hogar”

A través de una resolución aprobada por la Sala de la Corporación, se busca establecer un programa permanente de apoyo a las pymes que deseen ingresar al mercado del gas.

La Sala de la Cámara aprobó la resolución 205, cuyo fin es solicitar al Ejecutivo ampliar el programa “Gas, Economía para el Hogar”.

La idea es que un nuevo plan estatal dé apoyo económico permanente a pymes que deseen ingresar al mercado del gas. Lo anterior, ya sea en la fabricación de cilindros o en la compra de estos, para proceder a la venta a destinatarios finales.

Entre sus argumentos, se indica que se debe permitir y autorizar la entrada de nuevos actores en el mercado. Por ejemplo, las municipalidades o asociaciones de municipalidades.

Esta ayuda debe ser dirigida a masificar el mercado que hoy está dominado por tres mega empresas. Así, la propuesta promueve que se apoye a nuevos actores con la adquisición del número adecuado de cilindros de gas y a quienes deseen ingresar en el rubro de su fabricación.

Esta ayuda debe consistir en una subvención de capital para la compra de maquinarias que permitan la fabricación de cilindros. Igualmente, para su adquisición en el mercado nacional o, incluso, en su importación, para cubrir el hecho real de que las empresas que producen cilindros en Chile están colapsadas.

Los autores de la resolución son Yovana Ahumada (PDG), Karol Cariola (PC), Roberto Arroyo (PDG) y Rubén Darío Oyarzo (PDG)

Chile: Piden que se tomen medidas urgentes para afrontar la megasequía que afecta al país

En la resolución, se llama al Gobierno a instruir a la DGA para tomar todas las medidas necesarias que aseguren el cumplimiento del mandato legal contenido en el Código de Aguas.

La Cámara respaldó la resolución 274, que solicita al Presidente de la República tomar las medidas urgentes para afrontar la megasequía que afecta al país.

El documento, presentado por el diputado Nelson Venegas (PS), fue respaldado por 128 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Allí se detalla el informe emanado por la Contraloría General de la República que describe las “insuficientes acciones” desarrolladas por la DGA. Ello, a las luz de la normativa contemplada en el Código de Aguas.

Dicho texto, asegura la resolución, entregó preocupantes conclusiones con respecto al trabajo realizado por esta institución. Ahí se señala que, en los últimos cuatro años, no se han llevado a cabo medidas para cuidar el agua en nuestro país.

Así, el documento describe que “el actuar de la DGA no se aviene a los principios de probidad y eficiencia del Estado”.

Finalmente, la resolución plantea que nuestro país ha sido afectado durante los últimos años por la peor sequía de su historia. Al mismo tiempo, advierte que diversas comunas y territorios han visto afectada su calidad de vida por la falta de agua. Esto, sin contar el desarrollo económico y el entorno ambiental, los que han estado en constante deterioro durante los últimos años.

Tribunal condenó a 7 años a funcionario de Ejército que hirió con munición de guerra a manifestante durante la crisis social

El Tribunal Oral en lo Penal de Colina (TOP) condenó a la pena de siete años de cárcel efectiva al cabo segundo del Ejército, Pedro Lavín Villalobos, quien baleó a Carlos Astudillo, actual asesor de la senadora Fabiola Campillai, durante el estallido social.

Los hechos se circunscriben al estallido social, cuando el uniformado disparó su fusil con munición de guerra a Carlos Astudillo, quien perdió la conciencia y se desplomó, luego de lo cual siguió siendo golpeado por funcionarios del Ejército. «Por fin se hizo justicia», declaró en sus redes sociales el sobreviviente de este caso de violencia.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Colina sentenció al funcionario de Ejército Lavín Villalobos a la pena de siete años de presidio efectivo por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. 

El entonces cabo disparó a la víctima el 20 de octubre de 2019 usando munición de guerra, en el contexto de manifestaciones por la crisis social registradas en la comuna de Colina. La sede de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) actúa como querellante.

De acuerdo al tribunal, mientras se encontraba vigente el estado de excepción constitucional en la provincia de Chacabuco, a la cual pertenece la comuna de Colina, Lavín Villalobos disparó su fusil con munición letal contra Carlos Astudillo, en momentos en que se manifestaba en las inmediaciones de la Plaza de Armas de la comuna capitalina, luego de lo cual el profesional perdió la conciencia y se desplomó.

La víctima recibió el impacto en el costado derecho de su pierna, afectando su fémur. Cayó al piso y quedó inconsciente. El disparo generó diversas lesiones de gravedad y la víctima quedó con una cicatriz y secuelas funcionales permanentes.

Los jueces estimaron que Pedro Lavín Villalobos usó munición letal y desatendió las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) vigentes al momento del hecho. Según el tribunal, el entonces cabo de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, “no acató los principios incorporados en las RUF, que contemplan el uso racional y proporcional del empleo de la fuerza necesario para garantizar la autodefensa (…) su actuar fue al margen de las circunstancias en que se puede entender justificado el uso de la fuerza y el empleo de las armas”, dice el tribunal.

Paralelamente, los hechos llegaron a tribunales, luego de que la situación fuera registrada por un un testigo, luego de lo cual se viralizó en momento en que militares arrastraban y golpeaban a Astudillo, pese a que había perdido la conciencia e incluso se le apreciaba ensangrentado.

“Valoramos y sostenemos que el veredicto condenatorio de este caso conlleva un avance en la protección y reconocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, por cierto, constituye un paso importante en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas”, declaró Amnistía Internacional hace unos días, tras la oficialización del fallo que declaró culpable a Lavín Villalobos.

Tal fue el nivel de afectación de la víctima del funcionario del Ejército, que se presumió que había perdido la vida, aunque el daño que sufrió fue de tal envergadura que le demandó un largo tiempo de recuperación. «Por fin se hizo justicia», declaró en sus redes sociales el sobreviviente de este caso de violencia.

Proponen al Ejecutivo impedir o amortiguar el alza de los pasajes del transporte público de pasajeros

La resolución, aprobada en forma unánime, señala que, en el actual contexto de alza del costo de la vida, un incremento en las tarifas del transporte público de pasajeros afectaría a las familias más pobres y a los trabajadores, que ya han resentido la inflación.

Respaldo total entregó la Cámara a la resolución 529, que pide al Ejecutivo impedir o amortiguar el alza de los pasajes del transporte público que se anunció.

Las y los diputados piden al Estado un esfuerzo adicional en cuanto a recursos para evitar o aminorar este aumento en los pasajes. Ello, en atención al contexto social y económico complejo para la gran mayoría de los chilenos y las chilenas.

En la iniciativa se menciona que las alzas al transporte público han sido un foco de conflicto desde hace varios años en nuestro país. Particularmente, en regiones se critica el profundo centralismo en la asignación de recursos.

Además, hay que considerar el contexto de grave crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19. Junto a ello, la situación internacional de inestabilidad que ha aumentado la inflación y el costo de vida en general para la población.

La resolución pertenece a los y las diputadas comunistas Luis Alberto Cuello, Boris Barrera, Lorena Pizarro, Alejandra Placencia y Daniela Serrano.

Perú arresta a seis generales en medio de investigación por corrupción al expresidente Castillo

La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de Perú detuvo el lunes a seis generales en medio de una investigación sobre denuncias de que el gobierno del expresidente Pedro Castillo derrocó a policías y militares ascendidos ilegalmente.

La policía también incautó "documentos y dispositivos" durante un allanamiento en la casa del exministro de Defensa de Castillo, Walter Ayala, dijo la unidad anticorrupción.

Castillo, quien fue arrestado a principios de este mes luego de que los legisladores lo destituyeran por tratar de disolver ilegalmente el Congreso, está siendo investigado por tráfico de influencias. Se enfrenta a seis cargos diferentes de corrupción, todos los cuales han sido negados.

“A través de estas intervenciones fueron detenidos seis de los investigados. El proceso... incluye 26 allanamientos en todo el país”, dijo la Fiscalía General de la Nación en Twitter.

El expresidente de izquierda cumple 48 meses de prisión preventiva mientras es investigado por cargos de "rebelión".

La Fiscalía General de la República dijo en Twitter que los generales detenidos estaban siendo investigados por “supuestamente haber pagado para ascender de rango en 2021 con autorización del expresidente Pedro Castillo”.

El exministro de Defensa Ayala ha criticado el allanamiento de su domicilio y la detención de los generales.

“Eso fue innecesario porque no encontraron nada”, dijo Ayala a los periodistas. "Esta investigación tiene más de un año... eso es un espectáculo".

Las fusiones y adquisiciones de Latam se recuperarán en 2023, las OPI pueden demorar más

Después de una fuerte caída en los negocios latinoamericanos en 2022, los banqueros esperan una recuperación lenta el próximo año, liderada por fusiones y adquisiciones. Las OPI pueden tardar más en reanudarse debido a las altas tasas de interés globales.

El volumen de transacciones de fusiones y adquisiciones en América Latina ha caído un 35 % este año a 86.000 millones de dólares, según datos de Refinitiv.

Roderick Greenlees, director global de banca de inversión de Itaú Unibanco Holding SA <ITUB4.SA>, dijo que el valor total de las fusiones y adquisiciones, aunque inferior al año récord de 2021, estaba dentro del rango histórico de años anteriores.

Los banqueros predicen que los volúmenes de fusiones y adquisiciones crecerán hasta un 20% en la región el próximo año, a medida que América Latina se vuelve más relevante entre los mercados emergentes. Muchos inversores de mercados emergentes ya han renunciado a Rusia debido a la guerra en Ucrania y ahora están reduciendo su exposición a China, preocupados por el impacto de las políticas erráticas de COVID, la tensión con Washington y las finanzas opacas de las empresas chinas.

América Latina tiene una gran oportunidad para aumentar su participación entre los mercados emergentes, dijo el codirector de Latam M&A de Citigroup, Nicolás Roca.l

“La volatilidad relacionada con las elecciones en la región tiende a ser efímera y no afectará esta tendencia”, dijo, citando el ejemplo de la mejora del mercado en Chile un año después de la elección del izquierdista Gabriel Boric.

Los inversionistas también esperan propuestas de política económica del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el último izquierdista electo en la región después del colombiano Gustavo Petro, dijo Roca. Lula asume el cargo el 1 de enero y anunció que el partidario Fernando Haddad será su ministro de Hacienda.

Fuente: Reuters     

Atrapados en el fuego cruzado, las muertes en las protestas de Perú mantienen la ira encendida

 

Un familiar llora a Jonathan Alarcón luego de que su ataúd fuera llevado a la plaza donde fue baleado durante las protestas tras el derrocamiento del expresidente peruano Pedro Castillo, en Ayacucho.

Edgar Prado, de 51 años, mecánico y conductor de la ciudad de Ayacucho, en el sur de Perú, pasó la mayor parte del día del 15 de diciembre en su garaje reparando su camioneta Toyota Hilux blanca, incluso cuando las protestas comenzaron a crecer en el aeropuerto a solo un mes de distancia. bloque de distancia.


A las 17:56 horas de ese día sufriría un tiro mortal en el pecho y a las 6:00 horas de la mañana siguiente estaría muerto, según imágenes de cámaras de seguridad analizadas por la prensa y su autopsia, una de las diez personas fallecidas en la ciudad en la última violencia sangrienta que ha asolado Perú en las últimas semanas.

Las protestas, las peores en años incluso en el tumultuoso Perú, dejaron 22 muertos, el más joven de apenas 15 años. Las muertes amenazan con mantener la ira encendida a pesar de una pausa en la violencia durante el período festivo en el país mayoritariamente católico.

Los enfrentamientos con la destitución del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre después de que intentó disolver ilegalmente el Congreso para evitar una votación de destitución que temía perder. Fue destituido de su cargo poco después y arrestado por supuesta "rebelión". Él niega las acusaciones.

Su arresto provocó una ola de ira contra la élite política y el Congreso del país, ampliamente criticados como corruptos y egoístas, especialmente en las regiones mineras pobres del sur de Perú, donde el aumento de los costos de los alimentos y la energía ha golpeado duramente a la gente.

Mientras la nueva presidenta Dina Boluarte intentaba sofocar las protestas, que resultaron en bloqueos de carreteras, edificios quemados y aeropuertos asaltados, el gobierno declaró el estado de emergencia en todo el país en diciembre y la policía mantuvo el orden público.

Un día después, el 15 de diciembre, manifestantes en Ayacucho invadieron la pista del aeropuerto regional, a una cuadra del garaje de Prado, donde vivía y trabajaba en la calle Los Ángeles, que corre paralela a la pista de aterrizaje. El aeropuerto se vio obligado a suspender vuelos.

El ejército fue enviado a recuperar el control.

Una cámara de seguridad cerca del aeropuerto muestra a los manifestantes asaltando la pista alrededor de las 2 p.m., algunos tirando piedras y quemando llantas mientras las tropas se reunían. Helicópteros militares sobrevolaban en círculos. El defensor del pueblo dijo que se arrojaron granadas de gas sobre los manifestantes de abajo.

Alrededor de las 5 de la tarde, la violencia se extendió fuera de los límites del aeropuerto y comenzaron los tiroteos en las calles. Al final de la noche, los enfrentamientos dejarían 10 muertos o heridos de muerte. El más reciente murió el 21 de diciembre.

A las 5:55 p. m., imágenes de cámaras de seguridad de una tienda en la calle Los Ángeles, frente a la casa de Prado, muestran a un grupo de manifestantes y otras personas de pie en la calle.

La multitud se sobresalta repentinamente por algo fuera de cámara y comienza a correr. En la acera de enfrente, una persona cae y queda inmóvil. Un grupo de personas viene a ver cómo está la persona, incluido Edgar, a quien se ve caminando en dirección opuesta a la multitud y aparentemente saliendo por la entrada de su casa. Se arrodilla sobre la persona y se queda con ella mientras los demás huyen.

Un minuto después, las imágenes muestran que Edgar recibe un disparo y se desmaya. Murió a la mañana siguiente, el 16 de diciembre, de shock hipovolémico hemorrágico, laceraciones pulmonares e hepáticas y traumatismo torácico abierto causado por una herida de bala en el tórax, según su autopsia.

"El ejército supuestamente está entrenado para luchar contra el terrorismo, no para quitarle la vida a nuestros residentes", dijo a la prensa su hermana Edith, y agregó que no participó en las protestas. "Básicamente fue asesinado por los militares".

Ella dijo que Edgar salió de la casa que comparte con ella después de que los disparos golpearon la puerta y vio a los manifestantes heridos, una narración que parecía coincidir con las imágenes vistas por la prensa internacional. Mostró casquillos de bala a la prensa y marcas en el marco de la puerta.

"Lo único que quiero es justicia para mi hermano".

FUERZA LETAL UN 'ÚLTIMO RECURSO'

Los militares dicen que han sido objeto de un grave ataque, lo que les ha dado motivos para responder con fuerza.

A las 13:00 horas del 15 de diciembre, una unidad militar que se dirigía desde el centro de la ciudad al aeropuerto de Ayacucho fue atacada por una multitud con "objetos contundentes, explosivos y armas de fuego caseras", informó al día siguiente la Fuerza Armada en un comunicado.

Esto, dijo el Ejército, puso en riesgo la "integridad física de las tropas" y actuaron dentro "del procedimiento legal establecido, aplicando estrictamente las normas vigentes sobre el uso de la fuerza".

Las normas militares de Perú establecen que, en estado de emergencia, los miembros de las fuerzas armadas pueden utilizar armas de fuego "en defensa propia o de terceros, en caso de riesgo inminente de muerte o lesiones graves, o para prevenir delitos de especial peligrosidad que constituyan un riesgo de vida".

También dice que el uso de la fuerza letal debe ser el "último recurso".

La prensa hizo repetidos intentos de entrevistar a la policía peruana y a los líderes militares por teléfono y en persona. Un reportero fue a la base militar de Ayacucho para hablar con el general local a cargo de las operaciones, pero se le negó el acceso.

Naciones Unidas ha pedido que se investigue a los niños víctimas de las protestas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la violencia tanto de las fuerzas de seguridad como de los manifestantes y llamó al diálogo.

Las muertes se han convertido en motivo de ira en las zonas andinas y amazónicas pobres, donde muchos se sienten abandonados a pesar de la riqueza local en petróleo y cobre. Muchos quieren grandes cambios políticos y reformas constitucionales.

“Las balas de guerra iban dirigidas a nuestros hermanos”, dice Rocío Leandro Melgar, líder de la protesta en Ayacucho, quien responsabiliza al gobierno por permitir la violencia.

"Sigamos adelante, las cosas no pueden quedarse así".

'DISPARANDO POR TODAS PARTES'

Otras imágenes de una cámara de seguridad en un estacionamiento cerca del aeropuerto, compartidas con Reuters, muestran a un hombre parado al lado de un edificio mirando hacia la carretera. Algo le golpea el brazo y corre para ponerse a cubierto detrás de un árbol.

Unos segundos más tarde, se ve a un segundo hombre corriendo por la plaza arbolada que se encuentra más adelante. La persona cruza la calle corriendo hacia la cámara en el estacionamiento y de repente cae al suelo inmóvil. El dueño del estacionamiento dijo que la persona murió.

Varios residentes en el mismo vecindario alrededor del aeropuerto dijeron que los disparos esporádicos continuaron durante la noche.

Edith Aguilar dice que su hijo, José Luis, de 20 años, estuvo trabajando en una fábrica local de refrescos hasta las 6:30 pm del día de las protestas y fue asesinado cuando regresaba del trabajo a su casa. Los informes de la autopsia compartidos con con la prensa muestran que murió de un traumatismo craneal severo causado por un disparo.

"Había disparos por todas partes", dijo Aguilar, que vive en los alrededores del aeropuerto. "Ni siquiera pudiste irte".

Aguilar dijo que su cuñada la llamó para preguntarle si su hijo había regresado a casa. Lo había visto caminar por la calle antes y había oído que alguien que coincidía con su descripción había sido asesinado.

"Mi hijo regresaba a casa del trabajo", dijo Aguilar. “Es mentira, esta gente que dice que somos terroristas”.

La víctima mortal más reciente, Jhonathan Alarcón, de 19 años, murió de una hemorragia interna el 21 de diciembre, una semana después de recibir un disparo en la cadera durante las protestas en Ayacucho, según su tía que habló con Reuters y datos de la Defensoría del Pueblo de Perú.

En un acto de protesta, su familia el 22 de diciembre llevó su ataúd a la plaza donde fue baleado, dejándolo en el suelo mientras una banda tocaba música. Un doliente gritó consignas de protesta desde un megáfono bajo una gran pancarta roja en conmemoración de las víctimas de lo que llamó la "masacre".

"No tenían que disparar así", dijo a Reuters en su funeral Luzmila Alarcón, la tía de Jhonathan que también participó en la protesta. "Parecía un enfrentamiento entre soldados, pero eran ciudadanos contra militares".

Ella dijo que las muertes provocarían más ira mientras la gente buscaba a alguien a quien culpar.

"No es posible que ningún gobierno o autoridad asuma la responsabilidad de esto", dijo. "No fueron balas perdidas ni accidentes. Fueron disparos directos de los militares... Así no se calma a la población".

Fuente: Reuters 

Gobierno anuncia entrega de Bono de Recuperación de 1,5 millones para afectados por incendio en Viña del Mar

 

El monto será entregado a las familias que hayan completado la ficha FIBE, no se necesita postular, y se espera que esta semana se puedan iniciar los primeros pagos.

La tragedia generada por el siniestro ocurrido la semana pasada en Viña del Mar, ha movilizado al Gobierno desde de un primer minuto para llegar con ayuda oportuna a todos los damnificados por esta tragedia.

En este trabajo multisectorial, hoy se anunció una importante noticia, ya que el Gobierno, a través del ministerio de Desarrollo Social, entregará el Bono de Recuperación para las familias afectadas, el cual asciende a un monto de $1.500.000.

Se trata de una ayuda que se espera sea depositada durante esta semana en las Cuentas Rut de las familias afectadas, y a la cual no hay que postular, ya que se entrega en base a los datos entregados a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

“El Presidente nos ha instruido hacer en este momento un cambio, un aumento en el monto del Bono de Recuperación, que es la primera respuesta para todos los gastos que han tenido que incurrir, y probablemente vayan a tener que incurrir los próximos días, las familias afectadas”, indicó el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.

“Este bono de recuperación va a ascender al monto de 1,5 millones de pesos, esto se entrega a las familias que han concurrido a llenar la ficha Ficha Básica de Emergencia (FIBE), y en función de la destrucción que haya sufrido su hogar, o las características del hogar”, agregó el ministro.

Detalló también que no se entregará en base a la calificación socioeconómica o el Registro Social de Hogares, si no por el solo hecho de que su hogar se haya siniestrado.

“Estamos viendo las nóminas, porque todas estas son autoreportes, por lo tanto se debe verificar cierta información para poder entregar estas ayudas lo antes posible, las que se depositarán directamente a las Cuentas Rut de las familias”, indicó.

Jackson señaló que se espera que entre hoy o mañana las nóminas estén finalizadas, para que los pagos puedan cursarse en lo posible dentro de esta semana o más tardar el primer día de la próxima.

“Pedimos a todas las personas que puedan acercarse a llenar la ficha, ya sea en los albergues, o también en alguno de los puntos en medio de la zona devastada. Estamos en Santiago 136, al frente del gimnasio Huracán Sur, el club deportivo del barrio. Vamos a conversar con el municipio para ver cómo llegar al resto de las familias para que nadie se quede sin ninguna ayuda que es tan necesaria en este momento”, finalizó el ministro Jackson.

Entrega de cédulas

Cabe señalar que otro de los organismos que se encuentra trabajando en terreno para apoyar a las familias afectadas, es el Registro Civil. El organismo, dependiente del ministerio de Justicia, se encuentra realizando operativos de emergencia para que los damnificados puedan recuperar sus documentos.

En ese sentido, el día de hoy se establecieron cinco puntos de emisión de cédulas de identidad ubicados en el Hotel O’Higgins (Plaza Vergara S/N); Junta de vecinos Paz y Progreso (Alejandro Navarrete 257, Nueva Aurora); Lomas Vista al Mar (Pasaje Puerto Williams con Valdivia); Tranque Sur (Intersección calles Santiago con Serena, frente al club deportivo Huracán) y Vista las Palmas (Calle la Colina, frente a los servicios municipales).


Catastro de viviendas

Otra de las tareas importantes que se empezará a llevar a cabo, esta vez a través del ministerio de Vivienda, es la aplicación de instrumentos para obtener el catastro final de viviendas afectadas por el incendio en Viña del Mar.

En ese sentido, el ministro Carlos Montes anunció esta mañana que desde hoy se iniciará la aplicación del Plan Operativo de Respuesta. En una primera etapa se realizará un trabajo en terreno en la zona afectada para determinar, a través de la Ficha 2, el total de viviendas involucradas en la emergencia y el tipo de daño que presentan, para posteriormente, poder implementar el Plan de Reconstrucción.

“Estamos en todas las etapas iniciales, hoy deberían quedar listas las fichas FIBE, y partir de esto, tenemos que en el transcurso de la semana avanzar para concretar el Plan de Reconstrucción en la zona. Todo esto, tiene protocolos y nosotros hoy ya comenzamos a recorrer la zona afectada y así conocer las características de las propiedades y los daños en los barrios, porque esto no es solo la vivienda, también sus entornos”, afirmó la autoridad.

Constituyen dos nuevas comisiones investigadoras en la Cámara

Las instancias fiscalizadoras deberán investigar hechos relacionados con la crisis en seguridad que afecta a la macrozona norte; y con el incendio que afectó a la bodega de la empresa Kayser, durante las protestas del estallido social.

Reunir antecedentes relativos a la crisis de seguridad que afecta a la macrozona norte es el objetivo principal de una de las últimas comisiones investigadoras constituidas en la Cámara de Diputadas y Diputados, la semana pasada.

El grupo parlamentario designó al diputado Jaime Araya (IND) como presidente. Asimismo, determinó que sesionarán los días lunes, de 15:00 a 16:30 horas.

El objetivo de esta comisión es investigar las nuevas formas de criminalidad y sus consecuencias en la macrozona norte. Esto, debido a las altas tasas de delincuencia que se observan en las regiones del norte del país. También, el creciente ingreso ilegal de inmigrantes.

Dicha decisión se adopta debido a los planteamientos realizados por diputadas y diputados de la macrozona norte, quienes han planteado su creciente molestia por la negativa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a instaurar en esas regiones un estado de excepción.

Empresa Kayser

La segunda instancia conformada en la Cámara pretende reunir antecedentes relacionados con el incendio que afectó a la bodega de la empresa Kayser, en la comuna de Renca. Esto, en el marco de las protestas del estallido social.

Cabe recordar que el hecho ocurrió el 20 de octubre de 2019. El hecho dejó como resultado a cinco personas muertas, cuyos cuerpos fueron encontrados por personal de Bomberos.

En ese contexto, la comisión reunirá los antecedentes sobre el accionar de la administración del gobierno anterior. El foco estará puesto en el Ministerio de Justicia, así como también en el Servicio Médico Legal (SML) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La instancia será presidida por el diputado Andrés Giordano (IND). En su sesión constitutiva, se definió sesionar los días miércoles, de 8:30 a 10:00 horas.

Las referidas instancias investigadoras tendrán un plazo de 90 días para evacuar su informe. Además, para el cumplimiento de su cometido, podrán constituirse en cualquier parte del territorio nacional.

Tribunal condenó a mayor de Carabineros que disparó contra estudiantes del Liceo 7 durante estallido social

“Nada justificaba el uso de una escopeta antidisturbios con munición no letal, ya que el teatro operativo del que tanto se hizo mención, no era de aquellos que lo requirieran”, estableció el fallo por el grave hecho ocurrido el 5 de noviembre de 2019 y que terminó con dos adolescentes lesionadas.

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó el pasado 23 de diciembre un veredicto condenatorio para el mayor de Carabineros Humberto Tapia Zenteno, en calidad de autor del delito de apremios ilegítimos en contra de estudiantes secundarias, esto en noviembre de 2019 en el marco del estallido social.

En una resolución unánime, el tribunal estableció que el 5 de noviembre de 2019 el mayor Tapia llegó junto a un piquete de Carabineros hasta el Liceo 7 Teresa Prats, ubicado en calle General Gana 959 en Santiago, en respuesta a un llamado de la directora del establecimiento, quien se encontraba encerrada en la sala de profesores junto a un grupo de docentes, en medio de manifestaciones de las alumnas por el estallido social.

Fue entonces -y cuando ya habían salido “todas las personas que estaban en las oficinas de dirección”, como destaca el fallo- que “el carabinero que llevaba un arma tipo escopeta antidisturbios, se devolvió, cargó su arma y efectuó un disparo, orientado hacia el suelo, en un espacio de tierra que se ubica entre el pasillo y el patio donde se encontraban las alumnas, no solo quienes resultaron lesionadas sino que muchas más, sumado a algunas docentes y paradocentes”.

Las estudiantes del liceo identificadas con las iniciales YM y CA terminaron con una lesión en su muslo izquierdo la primera, y en ambos muslos en el caso de la segunda, resultando además esta última con secuelas psicológicas.

Imagen referencial / Agencia Uno

Por otra parte, el tribunal sostiene que la manifestación que aquel 5 de noviembre tenía lugar en el Liceo 7 de Santiago “estaba lejos de ser calificada por el ordenamiento como de nivel 4 de agresividad, ya que (…) la integridad física de terceras personas o de los propios carabineros no se vio en peligro, por cuanto el lanzamiento de objetos contundentes hacia ellos no quedó suficientemente acreditado, mas sí el repliegue de las alumnas hacia el patio cuando ellos hicieron ingreso al establecimiento”.

“Nada justificaba, en ese momento, el uso de una escopeta antidisturbios con munición no letal, ya que el teatro operativo, del que tanto se hizo mención, no era de aquellos que lo requirieran”, se añade en el fallo. Y se agrega: “Tampoco se hizo ningún tipo de advertencia, ningún llamado a deponer la actitud de las alumnas, las que como ya se ha señalado, eran pocas en número y estaban replegadas en el patio del colegio”.

Por otra parte, la resolución advierte que el mayor Humberto Tapia usó su arma “en forma antirreglamentaria, ya que si bien (…) contaba con la capacitación para ello y la respectiva certificación, hizo caso omiso a la indicación del fabricante y a las instrucciones impartidas en su capacitación de hacer uso de esta a no menos de 25 o 30 metros”. “El disparo se efectuó a 7,5 metros de distancia de donde se encontraban las alumnas, lo que provocó que dos de estas resultaran lesionadas”, se apunta al respecto.

La audiencia de comunicación de la sentencia quedó programada para el martes 3 de enero de 2023 a las 11:30 horas.