Chile, Venezuela
Sobre las motivaciones del gobierno de Nicolás Maduro para criticar su agenda, Henrique Capriles dijo que "quieren evitar que nosotros contemos la verdad en toda América".
El gobernador del Estado de Miranda, y reciente candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, se encuentra en Chile presentando su campaña de difusión internacional, de lo que él juzga y denuncia como la realidad de Venezuela, la situación que se está viviendo allá y la lucha que están dando quienes lo apoyan, contra el “ilégitimo” gobierno de Nicolás Maduro.
El canciller de Venezuela en tanto, Elías Jaua, afirmó que en Miranda hay un pueblo que necesita a su gobernador trabajando en la calle, "no conspirando en Chile con la ultraderecha más asesina de este continente contra su propia patria".
Al respecto, Capriles replicó el “despecho” de Jaua hacia su parte, atribuyéndolo a la frustración por la derrota que sufrió en ese mismo estado, durante las pasadas elecciones de diciembre. ”Vinimos a hablarle al pueblo chileno, no a responderle a un funcionario que no tiene ninguna legitimidad”, dijo el ex candidato.
Polémicas visitas. Recientemente el presidente venezolano Nicolás Maduro, confirmó una reunión con su par de Colombia, Juan Manuel Santos, para tratar la polémica que se desató luego de que este aceptara recibir a Capriles y escuchar su reclamo. Durante su visita a Colombia, el líder opositor pidió una auditoría exhaustiva de los resultados de los comicios presidenciales del 15 de abril, que ha impugnado tras denunciar irregularidades, a lo que Maduro replicó una conspiración contra la estabilidad del país.
Al anunciar su visita a Chile y Perú, también se levantaron voces en reclamo, además de la del canciller Jaua, hubo protestas de grupos opositores a Capriles cuando trató de reunirse con la Democracia Cristiana chilena.
Ante la constante presión, el gobernador de Miranda replicó al ejecutivo de su país, afirmando que “armaron todo un show en Colombia. Es inaceptable que un gobierno condicione o venga a chantajear a otro respecto a con quién hablar o no. El presidente tiene derecho de reunirse con quien quiera y donde quiera”.
Sobre las motivaciones del gobierno de Maduro para criticar la agenda de Capriles, el gobernador de Miranda, dijo que el gobierno quiere ”evitar que nosotros contemos la verdad en toda América”.
Las elecciones. Otro de los grandes propósitos de la visita de la oposición venezolana, reunida en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), es conseguir el apoyo de Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) para validar el compromiso por la impugnación de las elecciones presidenciales en Venezuela, con un recuento de votos. Cabe recordar que Capriles desconoce los resultados de estas, en las que perdió ante Maduro por una estrecha diferencia de 1,49 puntos porcentuales.
"Hubo un compromiso de Unasur y no se realizó. Se impugnó luego el proceso electoral y no hemos tenido respuesta", señaló el opositor venezolano, agregando que "se han cumplido todos los lapsos legales que tenía el tribunal para admitir el recurso".
Respecto a las opciones y vías para continuar el proceso, Henrique Capriles anunció que piensa denunciar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante las Naciones Unidas, aunque primero agotará todas las posibilidades judiciales en su país. En este marco, dijo que su trabajo apuntará para que la mayoría siga creciendo. “Si la mayoría no es suficientemente grande, no hay forma de ganar una elección por el secuestro institucional", comentó.
El caso Snowden. Otro de los temas que suscitaron el interés en la república bolivariana durante las últimas semanas, fue el polémico ofrecimiento de asilo al ex agente de la NSA, Edward Snowden, por parte de Nicolás Maduro, en medio de las amenazas de Estados Unidos a quienes ofrezcan este recurso.
Capriles comentó que “aquí no hay autoridad moral ni de ningún tipo sobre querer ser humanitario. Que empiecen por casa. Denle oportunidad a los exiliados que regresen, libertad a los presos políticos. Al señor Snowden, que se le respeten sus derechos humanos como a todos en el planeta. Ellos actúan así para generar un escándalo, para que el país hable de eso y no de otros problemas que afectan la vida de los venezolanos ni de los 21.000 muertos que hay todos los años en el país ”.
El gobernador de Miranda concluye su visita este viernes en Chile para luego viajar a Perú, no sin antes reunirse con el presidente Sebastián Piñera, quien confirmó una reunión privada fuera del Palacio de La Moneda para últimas horas del día.
Brasil Las autoridades estiman que a la ciudad carioca llegarán entre 1,7 y 2 millones de turistas, 40% de los cuales serán extranjeros.
São Paulo.La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), en la que participará el papa Francisco la próxima semana en Río de Janeiro, inyectará 1.200 millones de reales (unos US$539 millones) en la economía de Brasil, según dijo este viernes el secretario interino de Turismo del país, Sandro Fernandes.
Las autoridades estiman que a la ciudad carioca llegarán entre 1,7 y 2 millones de turistas, 40% de los cuales serán extranjeros.
Solo en hospedaje y alimentación el gasto sumará 660 millones de reales (más de US$295 millones).
Fernandes hizo estas declaraciones en Río de Janeiro, donde las autoridades del gobierno central revelaron detalles del dispositivo de salud y movilidad montado para la JMJ.
El secretario de Aviación Civil, Rafael Faria, explicó que un centro de comando y control central coordinará el movimiento de los aeropuertos, y que las autoridades cuentan con un plan específico de trabajo para las instalaciones aéreas de Río y Sao Paulo y otras 19 por todo el país.
Igualmente, Faria indicó que se ha aumentado el número de cabinas de inmigración para agilizar la entrada de los peregrinos al país.
Por otro lado, el director del departamento de Vigilancia Ambiental y Salud del ministerio de Sanidad, Guilherme Franco Netto, dijo que "los prestadores de servicios sanitarios" están preparados para identificar epidemias, como la gripe aviar o el sarampión, y que el personal médico ha sido vacunado para ello.
Franco Netto informó de que un peregrino africano portador de la malaria ha sido identificado y está siendo tratado en un hospital de la ciudad, aunque su estado no es grave.
Chile Los inventarios de cobre cayeron 0,6% en la semana, hasta las 866.941 toneladas métricas, volumen que podría abastecer 15,4 días de consumo mundial, precisó la Comisión Chilena del Cobre en su informe semanal de mercados.
El precio del cobre anotó esta semana una bajada marginal de 0,04%, tras cerrar este viernes en US$3,138 por libra, en un escenario económico marcado por el descenso en el PIB de China y una caída de los inventarios del metal rojo.
Los inventarios de cobre cayeron 0,6% en la semana, hasta las 866.941 toneladas métricas, volumen que podría abastecer 15,4 días de consumo mundial, precisó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) en su informe semanal de mercados.
La Oficina Nacional de Estadísticas de China informó de que el PIB del país en el segundo trimestre creció 7,5%, en línea con las proyecciones de mercado e inferior a la expansión registrada al primer trimestre (7,7%).
En opinión de Cochilco, esta cifra confirmó la ralentización económica derivada, en parte, del proceso de ajuste al modelo de desarrollo dependiente de las exportaciones y demanda externa, hacia uno con mayor componente de demanda interna.
China es uno de los mayores compradores del cobre chileno, el mayor producto de exportación de esta nación austral.
Durante julio, el precio del cobre ha promediado US$3,122 por libra y, en lo que va del año, US$3,338.
La Comisión de Constitución acordó invitar a la secretaria de Estado, en el marco del estudio de la admisibilidad de un proyecto que renueva la vigencia de la norma sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos públicos subvencionados.
Tras recibir a alcaldes y representantes del magisterio, la Comisión de Constitución del Senado acordó invitar a la Ministra de Educación, Carolina Schmidt, para analizar la situación de los profesores a contrata. Ello, en el marco del estudio de la admisibilidad del proyecto, en segundo trámite, que renueva la vigencia de la norma sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos públicos subvencionados.
Según explicaron los senadores Patricio Walker y Hernán Larraín, presidente e integrante de la citada instancia legislativa, aún no se ha tomado una decisión en torno a la admisibilidad de la iniciativa, que pretende pasar a planta a profesores que se desempeñan en establecimientos educacionales municipalizados en calidad de contrata, lo que a juicio de algunos parlamentarios, implicaría contar con nuevos recursos, lo que requeriría el patrocinio del Ejecutivo.
“Hemos escuchado al presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, a alcaldes y tenemos que tomar una decisión de si esta iniciativa es admisible o no. Ese es nuestro mandato, no tenemos que operar sobre el mérito del fondo, yo naturalmente solidarizo con la demanda de los profesores en orden a que se regularice la situación de los profesores que están a contrata o a plazo fijo para que estén de titulares y eso me parece importante, pero también el gobierno tiene que poner le financiamiento porque hoy día los alcaldes están con problemas de financiamiento serios”, dijo el senador Walker.
Agregó que para la próxima sesión van a recibir a la Ministra de Educación para analizar el tema, pero “sin perjuicio de que quiero reiterar que esta es una demanda justa de los profesores de Chile. De hecho el año 1999 rechazamos un veto presidencial respaldando estos argumentos, así que esperamos tomar una decisión en función del tema constitucional”.
OPINIONES DIVERGENTES
Por su parte, el senador Larraín manifestó que “desde un punto de vista estrictamente constitucional, y habiendo visto ya varios informes, no cabe duda que es inadmisible, por mucho que la Cámara de Diputados haya considerado algo distinto. Desde mi perspectiva, habiendo estudiado los antecedentes, claramente aquí hay un mayor gasto fiscal, hay creación de empleo, hay una materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente”.
No obstante, precisó que “así como tengo tan claro eso, no tengo duda de que es un proyecto necesario, porque la situación de los profesores a contrata, quizás no de todos, requiere de una revisión. Por la forma en cómo están estructuradas las plantas municipales necesitamos que éstas se revisen puesto que hay mucho personal, en este caso profesores, que están a contrata con un régimen laboral inadecuado, de mucha inestabilidad y sin embargo cumplen funciones permanentes como si fueran de planta y esa es una situación que hay que resolver”.
Sin embargo, recordó que “por otro lado, está el problema de financiamiento de la educación municipal, porque por un lado los profesores necesitan seguir manteniendo sus ingresos o incrementándose con los profesores a contrata pero están disminuyendo los alumnos que son la fuente de financiamiento a través de la subvención escolar, lo que genera un déficit en la educación municipal que ha sido asumido por los municipios”.
En tanto, el presidente del Colegio de Abogados considera que el proyecto “es absolutamente admisible, no significa gastos extra para los municipios y además pone corrección a un conjunto de ilegalidades que existen en el ámbito educativo que son parte de la crisis que hoy día se vive en materia de educación chilena. La ley dice que hasta el 20% de los profesores pueden estar a plazo fijo. Sin embargo, las estadísticas oficiales reconocidas por el propio Ministerio de Educación, dicen que más del 40% del profesorado está a plazo fijo y no tiene ninguna estabilidad laboral”.
Bolivia, Brasil
El madatario ofreció este viernes sus "disculpas al pueblo brasileño y su gobierno" tras enterarse que agentes antinarcóticos bolivianos registraron sin permiso en La Paz en 2011 el avión del ministro brasileño de Defensa, Celso Amorim.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, se disculpó este viernes con el gobierno de Brasil porque agentes antinarcóticos registraron sin permiso en La Paz en 2011 el avión del ministro brasileño de Defensa, Celso Amorim.
Morales ofreció sus "disculpas al pueblo brasileño y su gobierno" en una conferencia de prensa en la que aseguró haberse enterado del incidente estos días por los medios de comunicación.
Agregó que su "cancillería y la embajada de Brasil ya habían subsanado este problema, pero no es suficiente" por lo que, mediante el ministerio de gobierno, se inició una "profunda investigación" para "tomar medidas drásticas" contra los autores del registro.
Los policías no pueden violar convenios y tratados internacionales con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, agregó.
La noticia de la revisión del avión de Amorim en La Paz surgió cuando aun estaba candente la polémica por el hecho de que el avión presidencial boliviano fue impedido de sobrevolar y aterrizar en varios países de Europa y tuvo que permanecer 13 horas en Viena a su retorno a Bolivia desde Rusia a comienzos de julio.
"No es por instrucción del presidente, ni del vicepresidente, ni del gabinete. Siento que algunos oficiales exageraron so pretexto de lucha contra el narcotráfico y no (respetaron) aviones oficiales", comentó el mandatario boliviano.
El gobierno de Brasil confirmó esta semana en un comunicado que hubo "acciones por parte de autoridades bolivianas que configuraron violaciones de la inmunidad de aeronaves" de la Fuerza Aérea Brasileña, "una de ellas con el avión que llevó al ministro de Defensa en un viaje oficial a La Paz a finales de octubre de 2011".
"El ministro de Defensa brasileño nunca autorizó la inspección" y Brasil envió una "reclamación" a la cancillería boliviana a través de su embajada en La Paz, según una nota emitida por ese ministerio.
La noticia de la revisión del avión de Amorim en La Paz surgió cuando aun estaba candente la polémica por el hecho de que el avión presidencial boliviano fue impedido de sobrevolar y aterrizar en varios países de Europa y tuvo que permanecer 13 horas en Viena a su retorno a Bolivia desde Rusia a comienzos de julio.
Morales ha denunciado que el pasado 2 de julio Italia, Francia y Portugal pusieron trabas a su tránsito por Europa por la presión de Estados Unidos, que sospechaba de la presencia del exanalista de la CIA Edward Snowden en la aeronave presidencial.
También se mostró molesto por la actuación del embajador español en Viena, quien según Morales quiso revisar personalmente el avión presidencial para cerciorarse de que Snowden no estaba a bordo.
La primera versión de prensa sobre el incidente que implicó a Amorim señalaba incorrectamente que la policía requisó su avión para verificar si a bordo iba escondido el senador opositor boliviano Roger Pinto, asilado en la embajada de Brasil desde mayo de 2012.
Esta versión fue desmentida por las autoridades de ambos países, ya que la revisión de la aeronave de Amorim se produjo en 2011.
Morales ratificó ante los medios que Pinto no puede recibir el salvoconducto para ir a Brasil porque en su contra hay una orden de "arraigo" o impedimento judicial para salir de Bolivia por una acusación de corrupción, aunque el senador dice ser un perseguido político del gobierno boliviano.
Este hecho fue aprovechado por la oposición política para atacar al gobierno de Morales y vincular el caso con lo sucedido con el avión presidencial, cuando cuatro países europeos negaron el permiso de uso de su espacio aéreo, lo que puso en riesgo del mandatario boliviano.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo escuetamente que recibió información y se identificó en esa oportunidad (octubre de 2011) a tres efectivos antidrogas como responsables de la requisa al avión oficial de Brasil a quienes se les sancionó con medidas disciplinarias.
“…expulsar a un extranjero puede ser una empresa difícil, incluso aunque la culpabilidad del mismo esté debidamente probada, o si se constató que ingresó en forma clandestina. Se requiere la firma del Ministro del Interior y Seguridad Pública para el caso de los residentes, y no existe un mandato para la entrega de información por parte de los órganos de la Administración del Estado. Un régimen abierto a las oportunidades de la migración sólo cobra sentido si es posible expulsar, en forma expedita, a quienes se haya acreditado que atenten contra el bien común”.
Estas son palabras textuales del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, y son parte del “marco normativo” (punto 3, párrafo 10) de la presentación de su nuevo proyecto de ley de migración y extranjería a la Cámara de Diputados, el 20 de mayo de 2013. En ellas se queja de que la actual ley de migraciones, para decirlo en palabras sencillas, es muy blanda a la hora de expulsar extranjeros en irregularidad.
Aunque usted no lo crea, está hablando de la ley migratoria elaborada bajo la dictadura de Augusto Pinochet, no sólo la ley migratoria “más antigua de Suramérica” y una de las más antiguas del mundo, sino absolutamente restrictiva, basada en un criterio trasnochado de seguridad nacional, con plena discrecionalidad del estado y contraria a los estándares internacionales de derechos adoptados legalmente por Chile en las últimas décadas.
Era tanta la arbitrariedad de este cuerpo legal, que los posteriores gobiernos concertacionistas, incapaces de despinochetizar este ámbito, hicieron algunas reformas menores de procedimientos administrativos y varios desusos de hecho de sus aspectos más impresentables. A pesar de ello, las denuncias de arbitrariedades y abusos a los extranjeros en Chile, desde que pisan una frontera o un aeropuerto, han sido permanentes y han alcanzado en los últimos años notoriedad pública. Numerosas denuncias legales han llevado incluso al poder judicial a fallar a favor de la protección de los migrantes, por ejemplo, frente a detenciones y encarcelamientos ilegales y violatorios de los derechos humanos.
Sin embargo, al señor Piñera le parece poco y reclama todavía más discrecionalidad e incumplimiento de obligaciones para poder expulsar extranjeros y criminalizar la irregularidad. En la antiutopía migratoria de su proyecto de ley, sólo el interés de mano de obra barata empresarial, que supone identificado con el nacional, dictará buenamente cuántos, dónde y por cuánto tiempo, algunos migrantes recibirán la graciosa concesión de residir en Chile.
Mientras el país necesita despinochetizar la ley migratoria para entrar democráticamente al siglo XXI en este ámbito, a Piñera le parece blanda la xenofobia pinochetista y la exacerba a estándares del siglo XIX. Sería cómico, sino fuera trágico.
Colombia y Argentina firmaron el jueves tratados de extradición y de lucha contra el narcotráfico y la trata de personas, en una forma de facilitar la captura de traficantes de criminales en los dos países.
Los acuerdos, que también incluyen convenios de cooperación en asuntos migratorios, de derechos humanos, educación, deportes y tecnología, fueron firmados durante una visita a Bogotá de la presidenta argentina, Cristina Fernández, durante la cual se reunió con su homólogo Juan Manuel Santos.
“Colombia y Argentina tienen en la lucha contra la trata de personas, el narcotráfico y el crimen organizado una lucha que es profunda, que es muy importante”, dijo Fernández en una conferencia de prensa conjunta con Santos.
“La no existencia del tratado de extradición entre ambos países permitía, generaba inconvenientes de carácter legal”, agregó.
Según fuentes de seguridad colombianas, narcotraficantes han convertido a Argentina en su refugio para huir de las persecuciones en el país andino.
En octubre del año pasado, las autoridades de Buenos Aires capturaron a Henry de Jesús López, alias “Mi Sangre”, uno de los jefes de una banda criminal acusado de enviar varias toneladas de cocaína a Estados Unidos. El colombiano está preso en Argentina.
“Es una señal adicional a todos los delincuentes, que no importa donde se encuentren, allá los vamos a perseguir y la justicia se encargará de ellos pase lo que pase”, manifestó por su parte Santos.
Adicionalmente, los mandatarios precisaron que los dos países que han tenido tradicionalmente buenas relaciones homologarán en los próximos meses las plataformas de información para los asuntos migratorios, con el propósito de evitar que los delincuentes evadan los controles de ingreso.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció que cerrará laOficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).A Marta Díaz el ejército de Colombia le mató a su hijo Douglas Tavera en 2006. Lo vistió con uniforme de combate y lo reportó como guerrillero de las FARC. Ella lo buscó hasta en las cárceles, y en 2008 logró identificar sus restos, convertidos en otro caso de “falsos positivos”
Navi Pillay en una conferencia de prensa en el Palacio de las Naciones, Ginebra. (UN Photo/Jean-Marc Ferre)
Desde entonces, Díaz ayuda a cientos de madres como ella desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
“El año pasado recibí 27 amenazas de muerte. Y este año ya llevo siete” dijo a IPS.
Este miércoles 17, Díaz estuvo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, un lugar levantado por la alcaldía para promover el debate y las acciones para registrar los hechos de la longeva guerra colombiana.
Siete plataformas de derechos humanos, que suman más de 400 organizaciones, se reunieron con Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y con Anders Kompass, su director de operaciones en el terreno y de cooperación técnica.
En el auditorio repleto se hicieron presentes muchas víctimas como Díaz. Pillay y Kompass escucharon más de medio centenar de intervenciones de tres minutos.
Si alguna vez los gobernantes colombianos quisieron aún menos a ONU-DH, fue tras la masacre de mayo de 2002 en la iglesia de Bojayá, donde murieron 119 personas y 98 resultaron heridas.
El martes 16, el presidente Juan Manuel Santos anunció que cerrará la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Para Díaz, el anuncio efectuado precisamente cuando Pillay iniciaba su visita de cuatro días a este país, busca “que ella se confunda y que todos los defensores de derechos humanos nos confundamos, y que empecemos la lucha para que la ONU-DH no se vaya”.
Mediante esta estrategia, “todas las denuncias sobre violaciones van a quedar opacas” ante la noticia, y la atención se desviará, consideró Díaz.
“A mí me sorprendió tanto como a ustedes”, reconoció Pillay este miércoles 17 al referirse al anuncio del presidente.
“No necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas en nuestro país”. El mensaje de Santos, en un discurso pronunciado en Bogotá, le llegó a Pillay en Santander de Quilichao, en el suroccidental departamento del Cauca, donde campea la guerra.
Pillay viajó al Cauca para reunirse varias horas con líderes de comunidades de afrodescendientes, indígenas y campesinos que tienen mucho para decir sobre la necesidad de que los organismos multilaterales sigan vigilando la situación de los derechos humanos en este país.
ONU-DH fue establecida en 1997, pero cada renovación del mandato fue precedida de un pulso diplomático silencioso.
Si alguna vez los gobernantes quisieron aún menos a esta oficina, fue tras la masacre de mayo de 2002 en la iglesia de Bojayá, donde murieron 119 personas y 98 resultaron heridas. El entonces representante en Colombia, el sueco Kompass, viajó entonces en misión a esa aldea sobre el río Atrato, en el noroccidental Chocó.
Kompass consignó en un informe que todos los actores armados debían responder por la matanza: la guerrilla izquierdista FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que atacó la iglesia, las paramilitares y ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (hoy disueltas), que se habían tomado la población, y el mismo Estado.
El gobierno de entonces de Andrés Pastrana (1998-2002) cuestionó el informe y el Comando de la IV Brigada del ejército afirmó no compartir “las versiones difundidas, sin fundamento, que pretenden mostrar posibles convivencias de esta arma y de la Infantería de Marina con grupos de autodefensas ilegales”.
Desde Ginebra, la entonces alta comisionada Mary Robinson intervino para respaldar a Kompass. El 14 de junio de 2002 terminó intempestivamente la misión del sueco en Colombia.
En los hechos, sacar a Kompass fue la condición para mantener abierta ONU-DH.
Ahora Kompass es quien nombra a los directores de oficina del órgano especializado del foro mundial. Así designó en Bogotá al estadounidense Todd Howland, quien al principio parecía demasiado silencioso.
Pero Howland emitió el 10 de julio un duro informe sobre lo que ocurre en el alzamiento campesino del nororiental Catatumbo, una zona fronteriza con Venezuela que en los mapas oficiales de la minería del carbón aparece como Distrito Zulia.
Los campesinos del Catatumbo, en protesta hace más de un mes, reclaman la declaratoria de una zona de reserva campesina, una figura legal que, argumentan, les facilitaría abandonar de manera organizada los cultivos de coca, materia prima de la cocaína y principal sustento en la zona, carente de carreteras.
La declaratoria está congelada y, en cambio, el gobierno emprendió en junio la erradicación violenta de cultivos de coca, lo cual exasperó a los campesinos. La represión de la protesta suma ya cuatro muertos y 15 heridos.
Howland reportó una “grave vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales en la región del Catatumbo”. Sobre todo, afirmó que “en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente en uso de la fuerza pública y, por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes”.
La ONU-DH fue acusada por altos funcionarios de sobrepasar su mandato, apenas a días de la segunda visita de Pillay, quien antes de asumir su cargo actual fue jueza de la Corte Penal Internacional, que mantiene a Colombia bajo observación.
La primera visita de Pillay fue en octubre de 2008, cuando estalló la bomba de los “falsos positivos”: la matanza de al menos 1.416 personas por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado para obtener ascensos, vacaciones y premios.
Los cadáveres de estas personas eran presentados como de guerrilleros caídos en combate.
Aunque se cometen ejecuciones extrajudiciales desde hace más de 30 años, la estadística muestra que la modalidad de “falsos positivos” se disparó durante el gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010).
Según Javier Giraldo, coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del jesuita Centro de Investigación y Educación Popular, es “muy preocupante” que, al hacer la cronología de los “falsos positivos”, “el pico más alto fue de 2006 a 2008, justo los años en los que sirvió como ministro de Defensa el actual presidente Santos”.
Santos condujo esa cartera desde julio de 2006 hasta mayo de 2009. Y el Banco de Datos verificó 918 “falsos positivos” entre 2006 y 2008.
En 2009 y 2010 la cantidad de víctimas de este tipo de ejecuciones bajó a 18 por año, en 2011 se registraron 85 y el año pasado 52.
Según Santos, él actuó desde el ministerio para poner fin a esta trágica práctica. “Cambiamos la doctrina”, dijo el martes 16, reconociendo así que hubo una doctrina que privilegiaba dar muerte al enemigo.
Las prioridades que estableció fueron “primero los desmovilizados, segundo los capturados y tercero, si hay necesidad, los dados de baja”, dijo Santos.
Según el mandatario, las “necesidades que tenía el país de tener una Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (…) han venido desapareciendo”.
“Le voy a decir (a Pillay) que estamos discutiendo si realmente vale la pena prolongar ese mandato. O si se extiende, sería por muy corto tiempo, porque Colombia ha avanzado lo suficiente para decir: ‘no necesitamos más oficinas de derechos humanos de las Naciones Unidas en nuestro país’”, señaló.
Fuentes de la ONU y la experta en asuntos de cancillería Laura Gil advierten desde hace ya tres años a IPS sobre la aspiración del gobierno de cerrar ONU-DH.
Santos aspira a eliminar la etiqueta de peor crisis humanitaria del hemisferio occidental con que carga Colombia, para pedir el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a 34 países y que, supuestamente, exige altos estándares de derechos humanos a sus miembros, señalan esas fuentes.
Chile : La información sobre Pablo Longueira, confirmada este miércoles por su vocero, Joaquín Lavín, apunta a un cuadro de depresión del ex ministro de Economía de Sebastián Piñera.
El candidato oficialista para la presidencia chilena, Pablo Longueira, presentó sorpresivamente su renuncia este miércoles, debido a un cuadro depresivo, según confirmó su comando presidencial.
Uno de los hijos de Pablo Longueira, Juan Carlos, anunció este miércoles que por enfermedad su padre desistía de continuar con la candidatura presidencial, lo que fue confirmado el vocero del comando de Longueira, Joaquín Lavín, quien sostuvo que este es un momento triste.
"Por su responsabilidad con Chile, con su alianza política y su partido, nuestro padre ha presentado hoy su renuncia a su candidatura presidencial", dijo el hijo de Longueira en una conferencia de prensa celebrada en la sede de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido del oficialismo chileno.
"Sabemos que se va a recuperar, pero para eso necesita tiempo y tranquilidad y en nombre de todos los que trabajamos en su campaña, queremos decirle a Pablo, a la Chichi (su esposa) y a sus hijos que apreciamos todo el esfuerzo familiar que han hecho en estos meses", dijo un afectado Joaquín Lavín.
Longueira reemplazó como pre candidato presidencial de la UDI al ex ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, el 29 de abril de este año y venció en primarias presidenciales en junio de este mismo año al ex ministro de Defensa, Andrés Allamand. Con este victoria, a fines de junio, Longueira quedó como nominado de la Alianza por Chile como candidato presidencial del oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de ese país en noviembre próximo.
El presidente de la UDI, Patricio Melero, salió a respaldar públicamente a Longueira y su decisión y anunció que se convocará a la comisión política del partido para este jueves a objeto de encontrar un reemplazante a la candidatura presidencial a la brevedad.
Los circulos políticos chilenos, que manifestaron su profunda sorpresa, salieron en general a respaldar la decisión de Longueira y antepusieron su situación humana.
De acuerdo con lo expresado, Pablo Longueira habría sufrido un deterioro de su salud tras ganar las elecciones primarias del 30 de junio, producido por una fuerte depresión.
El ex ministro Laurence Golborne, quien renunció a finales de abril a la candidatura presidencial en nombre de la UDI y cedió el lugar a Longueira, rehusó contestar a la pregunta de si estaría dispuesto a asumir la candidatura vacante.
"No me corresponde a mí ponerme a disposición de nadie ni tomar una decisión en esta materia, estoy hablando desde el punto de vista humano (...) hay que respetar, entender, solidarizar y ojalá tratar de ayudar y no generar más problemas", declaró Golborne a la prensa en Chile.
La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, reconoció los avances de Centroamérica y República Dominicana en materia de salud, destacando la prevención de la violencia de género y la disminución de los casos de malaria y de Chagas.
Etienne inauguró la 29ª Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana, que tiene lugar del 16 al 18 de julio en Antigua, Guatemala.
En su mensaje de bienvenida y ante un auditorio conformado por ministros de salud pública, directivos de las instituciones de seguridad social y del sector de agua y saneamiento, Etienne señaló que en las tres décadas de existencia de ese foro, los indicadores de salud han mejorado significativamente y las políticas implementadas han beneficiado a la población, sobre todo a la más pobre.
La directora de la OPS también se refirió a los nuevos desafíos que amenazan los logros alcanzados.
En ese contexto, consideró que deben diseñarse estrategias asequibles que garanticen el acceso universal a los servicios de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El relator de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, visitará Panamá del 19 al 26 de julio próximos para analizar la situación de esas comunidades en el país, entre las que se encuentran los ngäbe, buglé, guna, emberá, wounaan, bribri, y naso.
James Anaya
El experto apuntó en un comunicado su intención de que la misión sirva para visibilizar las preocupaciones de esas poblaciones, que a menudo son ignoradas por las sociedades en que viven, así como de revisar los alcances y desafíos que existen con respecto al goce pleno de sus derechos humanos.
Es la segunda vez que James Anaya viaja a Panamá, la primera fue en 2009 para evaluar la situación de los pueblos autóctonos afectados por el proyecto hidroeléctrico Chan 75.
Durante su visita de siete días, el relator se reunirá con funcionarios del gobierno y representantes indígenas, además viajará a los territorios indígenas de los pueblos Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá Wounaan.
Al concluir su misión el viernes 26 de julio, Anaya dará a conocer sus observaciones y recomendaciones preliminares en una conferencia de prensa.
17 de julio, 2013 — La década pasada, 600 periodistas murieron mientras desempeñaban su trabajo y actualmente miles de esos profesionales arriesgan su integridad cada día no sólo en los países en conflicto, sino en todo el mundo.
Jan Eliasson
Así lo subrayó hoy el vicesecreatario general de la ONU en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la protección a los periodistas en la que se destacó la importancia de la labor de los informadores y la necesidad de que cuenten con garantías para realizar su tarea sin temer por su vida.
Jan Eliasson recordó que la libertad de expresión y de prensa es un derecho fundamental y un pilar de las sociedades democráticas, y afirmó que cada vez que un periodista es asesinado o intimidado por extremistas, narcotraficantes o fuerzas gubernamentales, el mundo pierde una voz de denuncia de los atropellos a los derechos y la dignidad humanos, al igual que de las amenazas a la paz y la seguridad.
“Lo menos que podemos hacer cuando un periodista es asesinado, es garantizar que su muerte sea investigada expeditamente y que se haga justicia. Es alarmante e inaceptable que más del 90% de los crímenes contra informadores quede impune”, enfatizó.
Eliasson se refirió al Plan de Acción de la ONU para la Seguridad de los Periodistas, aprobado en abril de 2012, que aboga por crear un ambiente seguro y por poner fin a la impunidad de los ataques a esos profesionales.
Finalmente, el vicesecretario general afirmó que proteger a los trabajadores de los medios de comunicación es relevante para la paz, la seguridad y el desarrollo de los países y del mundo en su conjunto.
