El gobierno de Brasil anunció un ajuste millonario de las cuentas públicas tal como exige la ortodoxia financiera. El FMI saluda la medida y pide más esfuerzos. La resistencia de los trabajadores continúa.
El gobierno de Brasil anunció el viernes un importante congelamiento de gastos destinado a convencer a los inversores de que la presidenta Dilma Rousseff está comprometida con preservar la calificación de grado de inversión de su país.
El Gobierno bloqueará cerca de 70.000 millones de reales (23.020 millones de dólares) en gasto no obligatorio, dijo el viernes una fuente gubernamental familiarizada con la decisión. La fuente pidió hablar bajo anonimato porque no está autorizado a comunicarse con la prensa.
La cifra se alinearía con las expectativas del mercado y sería la mayor desde que asumió Rousseff en 2011.
Sin embargo, la mayoría de los analistas creen que no alcanzará para cumplir la meta fiscal brasileña del 1,2 por ciento del producto interno bruto.
El bloqueo de gastos, que es un ejercicio anual destinado a mostrar disciplina fiscal, fue de 44.000 millones de reales el año pasado, y antes de eso variaba entre 40.000 y 55.000 millones de reales.
Rousseff, quien ganó la reelección en octubre tras una carrera ajustada, inició un giro abiertamente ortodoxo en su política económica, elevó los impuestos en muchas categorías, desde los cosméticos hasta las importaciones, pasando por los ingresos financieros y las tasas de interés, para recuperar la fe de los inversores que temen sobre un país que hasta hace poco era visto como una estrella de las mercados emergentes.
El viernes, el gobierno elevó los impuestos a los ingresos de los bancos a 20 por ciento desde 15 por ciento para complementar las restricciones de los gastos, a pesar de las preocupaciones de que las alícuotas más altas podrían empeorar una recesión prevista.
La actividad económica se desplomó en el primer trimestre y el desempleo aumentó al máximo en cuatro años –en abril se perdieron casi 98 mil puestos de trabajo netos-, elevando la presión para que Rousseff termine el ajuste fiscal lo más rápido posible y evite hacer demasiado daño a la economía.
Inicialmente, el gobierno había planeado un congelamiento de 60.000 millones de reales pero el nuevo ministro de finanzas, Joaquim Levy, buscó uno mayor, de alrededor de 80.000 millones, para cubrir gastos impagos del año.
Por su parte, Cristine Lagarde del FMI saludó la iniciativa fiscal de Brasil y recordó que los esfuerzos aún no alcanzan y hace falta un mayor superávit presupuestario para aumentar credibilidad ante los organismos y los inversores internacionales.
Hablando en un evento del banco central en Río de Janeiro, Christine Lagarde dijo que el reciente ajuste monetario brasileño ya ha servido para controlar las expectativas de inflación.
El ajuste iniciado por el gobierno del PT muy cuestionado además por los casos de corrupción como en Petrobrás, alentó a las patronales a aplicar despidos como en las automotrices, pero también ha desatado una mayor resistencia por parte de los trabajadores. Se prearan nuevas medidas de fuerza para los últimos días de mayo en el transporte y en el sector de trabajadores tercerizados.
