Lagos analiza ser candidato presidencial en 2017

El exmandatario chileno Ricardo Lagos (2000-2006) afirmó hoy por primera vez que está "pensando" en la posibilidad de ser candidato a la Presidencia en las elecciones de 2017.

El exmandatario chileno Ricardo Lagos (2000-2006)

"Lo estoy pensando en este sentido. Hay días que me siento con los ánimos de que esto se debe hacer. Toda mi vida he tratado de contribuir y creo que puedo hacerlo", añadió Lagos, de 78 años, en entrevista con Radio Pudahuel.

Las palabras causaron sorpresa en el mundo político chileno ya que Lagos en varias oportunidades había señalado que no se referiría al tema de las próximas elecciones presidenciales hasta el próximo año, pese a la insistencia de los periodistas.

El exmandatario matizó sus declaraciones al afirmar que existen inconvenientes para su eventual candidatura.

En ese sentido habló del actual clima de desconfianza en la opinión pública, tras el estallido de una serie de casos de corrupción que han salpicado transversalmente a políticos y empresarios.

"Precisamente por ese ambiente, uno dice esta carga está más pesada que las otras", sostuvo Lagos, abogado, economista, académico e investigador y uno de los fuertes opositores a la dictadura de Augusto Pinochet.

"He tratado de servir a Chile en la medida que las mismas ideas han sido las que he tenido siempre y lo único que no me gusta es cuando una persona me ha dicho algo así como: ¿Por qué nos ha dejado solos?".

"Eso me ha dolido mucho y es lo que me hace pensar en decir, 'bueno hay que tirarse a la piscina'. Lo que haga será pensando en lo mejor para el país", recalcó Lagos quien, además, hizo una crítica por la falta de figuras jóvenes para renovar la política chilena.

El exministro del Interior Jorge Burgos dijo en declaraciones que difunde hoy el diario La Tercera que el anuncio de Ricardo Lagos "es una muy buena noticia".

"Es una muy buena noticia para quienes tenemos una visión de conducción de política gradual, de construir un país mejor, más justo, sobre la base de no estar pensando siempre en las refundaciones", añadió el político democristiano.

En la misma línea, el senador del Partido por la Democracia (PPD), Felipe Harboe, partido al que pertenece Lagos, señaló que "la única opción real que tiene la Nueva Mayoría -bloque oficialista- de ganar la elección presidencial es Ricardo Lagos Escobar".

Asimismo, el diputado y vicepresidente de ese colectivo Marco Antonio Nuñez aseguró que "la derecha pensaba hasta ahora que tenía ganada la elección presidencial. Con esta decisión de Ricardo Lagos se les acabó la fiesta", aseveró.

CASO SOQUIMICH: 8° JUZGADO DECRETA EL ARRAIGO NACIONAL Y FIRMA PARA CARMEN LUZ VALDIVIELSO

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó hoy –miércoles 6 de julio– las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal para Carmen Luz Valdivielso Almarza, imputada por el Ministerio Público como autora de delitos tributarios, ilícitos que habría perpetrado entre 2009 y 2013, en el marco del denominado caso Soquimich.

En la audiencia de formalización , el magistrado Juan Manuel Escobar Salas dejó, además, sujetos a las cautelares de arraigo nacional y firma mensual a los coimputados: Alfonso Agustín Mora Domínguez, Loreto Undurraga Castelblanco, Gustavo Alessandri Balmaceda, María Alejandra Bórquez Cousiño, Trinidad Subercaseaux Alessandri y Carolina Chamorro Martínez.

Asimismo, a solicitud del Ministerio Público y sin oposición, se decretó la suspensión condicional del procedimiento por el término de un año, para los imputados María Loreto Mora Domínguez, Gustavo Alessandri Bascuñán, Nicolás Guiñez Ramírez y Patricio Contreras Martínez, bajo las condiciones de fijar domicilio, pagar 5% de lo defraudado y firma cada dos meses. En tanto, Rubén Carvacho Sáez, Gustavo Guiñez Ramírez, Cristóbal Larraín Barahona, Carlos Feres Ducci y Alejandro Arias Edwards, deberán cumplir con las condiciones por un año de fijación de domicilio y pagar el 5% de lo defraudado.

En la causa, el tribunal fijó para el 2 de agosto próximo audiencia de exploración de salida alternativa para la imputada Ana Carolina Palacios Silva; y de formalización de la investigación para el 17 de agosto en contra de Carmen Luz de Castro y Antonia Alessandri Bascuñán.

Washington el nuevo plan Cóndor neoliberal

Así como en las décadas de 1970 y 1980 tuvo lugar un Plan Cóndor -que era una operación de coordinación criminal y apoyo mutuo entre las dictaduras del Cono Sur del continente americano bajo supervisión de la CIA para asesinar, espiar, vigilar, secuestrar, torturar e intercambiar personas ilegalmente entre países, sin tener en cuenta fronteras, soberanías ni derechos nacionales- hoy America Latina sufre un nuevo “Plan Cóndor” para reimplantar el neoliberalismo.

Aquel Plan Cóndor fue una de las diversas operaciones que se realizaron en el marco de la siembra de dictaduras militares en el Cono Sur americano para aplicar la teoría de la Seguridad Nacional de Estados Unidos y dejar a los pueblos atrapados bajo gobiernos terroristas de Estado, presuntamente para combatir el peligro del comunismo.

Participaron en aquella Operación o Plan Cóndor, con mayor o menor grado de involucramiento, los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América que Washington había impuesto o aprobado en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y, por supuesto, con Estados Unidos como jefe de la banda.

“Hoy América Latina vive un plan golpista no convencional contra los gobiernos progresistas. Un nuevo Plan Cóndor para reimplantar el neoliberalismo: ya no mediante dictaduras militares, sino a través del poder combinado de los grandes medios, los empresariados nacionales, los partidos de derecha y los gobiernos de las grandes potencias”, según lo ha denunciado la emisora multinacional latinoamericana TeleSur.

Entrevistado por TeleSur, el analista y periodista Miguel Jaimes identificó la nueva operación como de bajo perfil, si se le compara con los golpes de estado promovidos por Occidente en el Medio Oriente -caracterizados por la implantación de conflictos con empleo de armamento bélico propio de las guerras. En América Latina lo que se han estado promoviendo son juicios políticos como el aprobado contra la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, y como el que se intenta imponer a la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández contra el fantasma de su liderazgo.

Por su parte, el investigador Adalberto Santana dijo que lo que pretende Estados Unidos con su actual versión de Plan Cóndor es desmontar los gobiernos populares, para mantener o recuperar su dominio sobre los procesos políticos para custodiar los recursos petroleros, ambientales y económicos que ambiciona de la región.

Buscan crear desesperanza en la población, frenar los programas sociales de los gobiernos populares y acabar con la imagen de los liderazgos revolucionarios en la región, empleando a los medios de comunicación para generar el rechazo ciudadano.

Aunque la estrategia básica en esta nueva versión de Plan Cóndor no excluye la violencia armada ni los atentados contra dirigentes populares para eliminar liderazgos en los movimientos sociales y partidos de izquierda, y sembrar desmoralización y miedo en las bases (recordar los asesinatos de la líder indígena Berta Cáceres en Honduras y del diputado Robert Serra en Venezuela), las características distintivas de este modelo golpista son el ataque directo a la economía y a los aparatos productivos de los países seleccionados.

Objetivo esencial de estas acciones –más allá de su expresión terrorista- es afectar las fuentes de financiamiento de los programas sociales que son la base del apoyo popular a los gobiernos progresistas. De ahí que pongan énfasis, por ejemplo, en el desabastecimiento de productos básicos de consumo.

El financiamiento por Washington –y algún que otro aliado suyo– de partidos y ONGs opositoras también es importante en esta guerra no convencional. Mediante el empleo de recursos para promover la subversión con métodos especialmente diseñados han logrado la inclusión de una parte de la juventud de clase media como punta de lanza de las protestas derechistas.

Organizaciones no oficiales estadounidenses como la USAID y la NED, señaladas de ser promotoras del golpe de Estado de 2002 en Caracas, han sido las encargadas de organizar la violencia en las calles con el empleo de jóvenes a los que utilizan y pagan.

Los medios, después, se encargan de convertir los actos de violencia de calle en “síntomas del descontento social”, “señal del caos económico” o “prueba de la represión policial”.

Ciertamente, si algún actor sobresale en este nuevo Plan Cóndor neoliberal para América Latina, es el poder mediático. Constantes campañas informativas que criminalizan a los gobiernos de izquierda y un torrente de noticias de alto impacto tienen el propósito de influir en determinados sectores de la población para provocar temor, hastío y, finalmente, su posicionamiento político.

Los medios, hoy, en el actual Plan Cóndor neoliberal diseñado en Washington, juegan el papel de los militares golpistas de Latinoamérica en los años 70 y 80 del siglo XX.

Legislarán para garantizar las comunicaciones en situaciones de emergencia

Sala otorgó un contundente respaldo en general a la moción que apunta a modificar la Ley General de Telecomunicaciones.

Con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 4 de julio quedó el proyecto, en primer trámite, que garantiza las comunicaciones en situaciones de emergencia. Ello, luego que la Sala del Senado aprobara por unanimidad la idea de legislar de la iniciativa



El texto legal tuvo su origen en una moción de los senadores Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Manuel Antonio Matta y Manuel José Ossandón, y tiene por objeto establecer obligaciones a los concesionarios de servicio público de telefonía móvil y de transmisión de datos ante situaciones de emergencia o catástrofe, de manera que los usuarios afectados puedan contar con servicio público de voz e Internet.



Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Manuel Antonio Matta, Baldo Prokurica, Guido Girardi y Alejandro Navarro.



En lo fundamental el proyecto de ley contiene los siguientes aspectos:



- Establece la obligación de provisión de Roaming Automático Nacional entre concesionarios de servicio público de telefonía móvil y de transmisión de datos, ante situaciones de emergencia o catástrofe.



- Para tales efectos, todos los concesionarios que dispongan de espectro asignado para la prestación de servicios de telefonía e internet móvil estarán obligados a generar una oferta para la prestación del servicio de Roaming Automático Nacional en dichas circunstancias.



- Prohíbe al concesionario cuya infraestructura se haya visto afectada, traspasar el costo del servicio de Roaming Automático Nacional a sus usuarios.



- Las llamadas a los organismos encargados de la emergencia se considerarán prioritarias y tendrán preferencia en materia de interconexión.



- Estas obligaciones regirán solamente mientras se encuentre vigente la declaración de emergencia o catástrofe.

EXPERIENCIA

MATTA

"Las catástrofes ocurridas en los últimos años y la forma en que dañan severamente la infraestructura hacen necesario introducir medidas específicas que resulten eficaces y por eso hay que establecer un uso compartido de la red ante emergencias y resulta esencial la colaboración de servicios públicos móviles".

PORKURICA

"En los últimos 9 años hemos tenido una serie de catástrofes naturales que han causado pérdida de vidas humanas y daños en infraestructura. En Febrero de 2010 las autoridades demoraron casi 11 horas en saber qué estaba pasando en el epicentro del terremoto, por eso es fundamental mantener la infraestructura crítica de telecomunicaciones".

GIRARDI

"Cada territorio del país debiera establecer su vocación de riesgo pues, por ejemplo, Santiago tiene la falla de San Ramón y tenemos que vivir planificando pues uno de eventos dramáticos que podemos enfrentar es un gran sismo que nos afectará en forma compleja, en esa línea hay que fortalecer las comunicaciones".

NAVARRO

"La ONEMI demostró en 2010 que no se solucionó el tema de las comunicaciones satelitales"… "este proyecto establece que las empresas de comunicaciones pongan a disposición todas las facilidades a fin que haya conectividad y en mi opinión está claro que se requiere emergencia satelital".

Contra Beneficios carcelarios para violadores de Derechos Humanos

Familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) se encadenaron frente a la Corte Suprema de Santiago para protestar en contra de los beneficios carcelarios para los condenados por crímenes de lesa humanidad.

Agrupaciones de DD.HH

"No bastó con que la Corte Suprema no acogiera ningún recurso de amparo y permitieran que nuestros familiares desaparecieran hasta el día de hoy, sino que a 42 años del Golpe de Estado, los pocos criminales que logramos condenar son tratados como víctimas y saldrán en libertad", dijo a la prensa la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.

"Hablan de pobres ancianos, contra quienes se comete una injusticia al mantenerlos en la cárcel, porque están viejos y enfermos, pero la verdad es que siguen siendo igual de criminales que el primer día. Se han burlado del dolor ajeno", aseveró la dirigente.

Encadenadas

Estas personas, al igual como lo hicieron en el año 1979, en plena dictadura, se encadenaron a la reja del Congreso de Santiago, porque "el poder judicial es un cómplice activo de la impunidad, así como lo fue de los crímenes" durante el régimen de Pinochet, señaló Pizarro.

"En estas mujeres también pasaron los años, varias tienen entre 70 u 80 años y por el silencio de esos criminales nunca han encontrado la verdad, nunca han visto que se haga justicia, y nunca han sabido que pasó con sus familiares", declaró.

Agregó que en Chile "no hay justicia", y acusó al senador derechista Hernán Larraín y al independiente y también periodista, Alejandro Guillier, de "hacer eco" de lo que ocurre en el poder judicial, en relación a los condenados por violaciones a los derechos humanos.

"Esta acción contraviene el derecho internacional humanitario, y como si fuera poco, nuestros senadores buscan caminos para liberar a estos criminales. No estamos dispuestos a tremenda aberración", espetó la líder.

La organización criticó también la existencia del penal Punta Peuco, donde actualmente cumplen condena los encarcelados por violaciones a los derechos humanos, ya que "es un recinto especial, construido solo para los presos por estos crímenes".

La Corte Suprema cuestionó recientemente la evaluación de Gendarmería a los condenados por crímenes de lesa humanidad.

A raíz de esto, la Tercera Sala acogió una serie de recursos de protección, para que estos presos fueran reevaluados para poder acceder a beneficios como libertad vigilada o salidas dominicales, entre otros.

Michelle Bachelet cae al 21 %, la más baja de su mandato

La aprobación a la gestión de la presidenta de Chile,Michelle Bachelet, bajó tres puntos y se situó la semana pasada en un 21 %, la cifra más baja de su mandato, según una encuesta publicada por la consultora Plaza Pública Cadem.

La aprobación de Bachelet cae al 24 por ciento, la más baja de su mandato, según una encuesta

La desaprobación a la jefa de Estado subió en tanto cuatro puntos, al 73 %, el más alto desde marzo de 2014, de acuerdo con el sondeo que mide semanalmente la gestión del Gobierno.

En relación con las movilizaciones que los estudiantes llevan a cabo en el país austral, en demanda de una educación gratuita y de calidad, la encuesta reveló que un 50 % de los entrevistados está en desacuerdo con las manifestaciones y un 42 % asegura que el movimiento estudiantil “se ha debilitado”.

Asimismo, un 75 % rechaza que los jóvenes se tomen los colegios públicos, mientras otro 76 % afirma que los padres “deben pagar por los daños que los hijos han provocado” en dichas tomas.

El estudio, apunta a los “pequeños grupos, infiltrados y radicalizados” (63 %) como los principales responsables de los destrozos en las protestas, sin embargo, otro 36 % asegura que la violencia es una consecuencia del sistema político y el modelo económico chileno.

En la misma línea, un 64 % declara que la presidenta Bachelet debe “privilegiar el orden y el respeto por la propiedad pública y privada”, por sobre un 31 % que antepone el derecho de participación y movilización de organizaciones sociales.

El documento, destacó como el político mejor evaluado de junio al senador independiente por la región norteña de Antofagasta Alejandro Guillier, con un 55 % de aprobación en este mes.

Le siguen los diputados de izquierda Gabriel Boric, también con un 55 % y Giorgio Jackson, con un 52 % de aprobación; ambos líderes estudiantiles durante el movimiento universitario de 2011.

Entre los peor evaluados de la lista están el actual senador Guido Girardi, y el excandidato presidencial Marco Enríquez Ominami, con un 23 % y 24 % de aprobación, respectivamente.

La encuesta se realizó entre los 15, 16 y 17 de junio de 2016 e incluyó 471 encuestas telefónicas y 299 entrevistas cara a cara en todo el país con un margen de error del 3,7 % y un nivel de confianza del 95 %, indicó la consultora.

Chile:5,3% del electorado participó en las elecciones primarias

Solo un 5,3% de los electores habilitados participó en las primarias celebradas en 93 municipios de Chile, en las que las coaliciones políticas eligieron candidatos a alcaldes y concejales para las elecciones municipales del próximo octubre.

Así lo indicó un nuevo boletín de resultados entregado por el Servicio Electoral (Servel), que precisó que de 5.058.812 electores habilitados en esos 93 municipios acudieron a las urnas solo 267.581.

Por coaliciones, en los 40 municipios en que solo hubo primarias del opositor pacto Chile Vamos votaron 78.861 personas, equivalentes al 5,02 % de los votantes habilitados, de los que 2.394 fueron nulos y 2.209 en blanco.

En tanto, en las 50 localidades en que solamente hubo primarias de la oficialista Nueva Mayoría votaron 170.015 personas, equivalentes al 5,2 % de los votantes habilitados, de los que 5.287 fueron considerados nulos y 3.681 en blanco.

Asimismo, en tres comunas en las que hubo primarias de ambas coaliciones los votos válidos sumaron 18.705 (7,34 % de los electores habilitados), de los que 6.676 fueron para Chile Vamos y 11.029 para la Nueva Mayoría, además de 978 nulos y 376 en blanco.

Desconfianza

Patricio Santamaría, presidente del Servel, consideró tras presentar los datos que la desconfianza de la gente en los políticos tras los casos de corrupción destapados en el último tiempo fue el principal motivo de la pobre convocatoria.

A su juicio, el sistema "no tiene mucho futuro si no trabajamos entre todos para recuperar precisamente esa confianza".

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría

"En una democracia representativa es fundamental el tema de la confianza", subrayó Santa María, para quien tampoco se puede prescindir de los partidos políticos, que consideró "fundamentales".

La Moneda, el portavoz del Gobierno, Marcelo Díaz, desdramatizó la escasa participación ciudadana en estas primarias, que son las primeras que se celebran en Chile bajo la ley electoral y destacó que "si antes el candidato a alcalde lo elegían cuatro personas, hoy lo hace la ciudadanía y de manera vinculante.

Desde ese punto de vista "hay una evaluación positiva" de las primarias y "es bueno tener en claro los desafíos, pero es importante valorar este paso", añadió, además de coincidir en señalar la desconfianza hacia los políticos como el principal factor la poca participación.

En ese marco, han surgido analistas y políticos planteando el regreso al sistema de voto obligatorio, suprimido en 2012.

Bachelet, vetó parcialmente la reforma laboral

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, vetó parcialmente la reforma laboral tras no lograr el apoyo de la oposición para aprobar una reforma constitucional que permitiera revertir un fallo adverso del Tribunal Constitucional en relación a este proyecto de ley.

Bachelet reforma laboral tras no lograr un acuerdo con la oposición. 

La sentencia del máximo tribunal, dictada hace dos meses en respuesta a un recurso presentado precisamente por la oposición conservadora, echó abajo una parte sustancial de la iniciativa del Gobierno.

En las últimas semanas, el Ejecutivo ha intentado, sin éxito, consensuar una reforma parcial de la Constitución para revertir la resolución judicial.

El ministro portavoz, Marcelo Díaz, anunció la decisión de Bachelet en una comparecencia pública a última hora de la tarde del viernes en el palacio presidencial de La Moneda, junto con los titulares de Hacienda,Rodrigo Valdés, y Trabajo, Ximena Rincón.

Díaz acusó a la oposición de carecer de voluntad política para sumarse a una iniciativa aprobada por el Parlamento, lo que impidió que se realizará el cambio constitucional necesario para promulgar las materias cuestionadas por el Tribunal Constitucional.

El pasado 27 de abril, el TC acogió parcialmente los requerimientos de la oposición conservadora para frenar algunos artículos de la reforma laboral que fue aprobada por el Congreso chileno.

Ministra Rincón

Concretamente, el tribunal declaró inconstitucional la titularidad sindical, uno de los puntos fuertes de la reforma, que establecía la exclusividad de los sindicatos para encabezar la negociación colectiva con el empleador, eliminando los grupos negociadores.

Este artículo fue cuestionado por la coalición opositora, al considerar que en la práctica establecía un monopolio de los sindicatos sobre la negociación colectiva.

La decisión de optar por el veto presidencial fue tomada tras un comité político convocado por el ministro del Interior, Mario Fernández, en el que participaron también los ministros de Trabajo y de Hacienda.

Pese a que no se podrá implementar la reforma tal y como la había presentado inicialmente el Ejecutivo, los trabajadores podrán contar con “huelga efectiva, piso (punto de partida) para la negociación, más información para el ejercicio de sus derechos colectivos y con una extensión pactada de beneficios”, aseguró el ministro Díaz.

“El Gobierno hizo todos los esfuerzos y no se logró construir esos acuerdos”, lamentó la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, en tanto que el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, agradeció al bloque oficialista Nueva Mayoría el apoyo recibido y se sumó a las críticas a la oposición.

Ministro Carroza Dicta Acusación En Contra 21 Agentes de la CNI

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó acusación en contra de 21 agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Lucía Vergara Valenzuela, Arturo Vilavella Araujo y Sergio Peña Díaz, perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en Las Condes.

El juez Mario Carroza dictó acusación en contra de 21 agentes .

En la resolución , el ministro en visita sindica como co-autores de los homicidios a los agentes: Álvaro Corbalán Castilla, Aquiles González Cortés, Norman Jeldes Aguilar, Roberto Schmied Zanzi, Sergio Canals Baldwin, Juan José Pastene Osses, Egon Barra Barra, Patricio González Cortez, Luis Torres Méndez, Manuel Morales Acevedo, Luis Gálvez Navarro, Sergio Valenzuela Morales, Juan Olivares Carrizo, Raúl Escobar Díaz, Eduardo Chávez Baeza, Luis Burgos Jofré, Raúl González Fernández, Orlando Torrejón Gatica, Manuel Laureda Núñez, Rafael Riveros Frost y Juan Jorquera Abarzúa,

En la etapa de investigación, el ministro Carroza logró establecer que: el 7 de septiembre de 1983, agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) -en el marco de operativos organizados para detener a los autores del homicidio del intendente de Santiago, Carol Urzúa, ocurrido una semana antes (el 30 de agosto)- asaltaron una casa de seguridad del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ubicada en calle Fuente Ovejuna 1330, lugar donde se encontraban las tres víctimas.

De este modo, los agentes fueron acusados del delito de homicidio calificado por la muerte de las tres personas que se encontraban en la casona ubicada en Las Condes.

Ministra Cifuentes, dictó acusación por el homicidio de Patricio Leonel González

La ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel para causas por violaciones a los derechos humanos, Marianela Cifuentes, dictó acusación por el homicidio de Patricio Leonel González González -militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez- cometido el día 10 de diciembre de 1985, en la comuna de Puente Alto.

La Ministra Cifuentes 

En la resolución, la ministra Cifuentes responsabilizó como autores del delito de homicidio a Juan Orlando Muñoz Orellana, Nelson Pérez Cabezas y Ramón Venegas Arenas.


De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, la ministra en visita dio por establecido los siguientes hechos:



"a) Que el día 10 de diciembre de 1985, alrededor de las 01:30 horas, Patricio Leonel González González, acompañado de dos sujetos no identificados, todos militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, conducía el automóvil marca Datsun (…) por calle Arturo Prat de la comuna de Puente Alto, en dirección al oriente, llevando en el portamaletas dos subametralladoras (…), dos granadas de mano y dos paquetes de explosivos sin elemento iniciador.



b) Que el citado vehículo había sido sustraído a su dueño, mediante intimidación (…), el día anterior, en la comuna de Providencia.



c) Que, al llegar a la intersección con avenida Concha y Toro, frente al Regimiento de Ingenieros N° 2 "Puente Alto", el referido automóvil fue interceptado por cuatro sujetos vestidos de civil, Iván de Jesús Belmar Fuentes -actualmente fallecido-, Juan Orlando Muñoz Orellana, Nelson Mario Pérez Cabezas y Ramón Antonio Venegas Arenas, todos funcionarios de Carabineros de Chile, quienes tras seguir al vehículo, lo anticiparon, se parapetaron en el lugar y, luego, se abalanzaron sobre él, disparando en contra de sus ocupantes (…)



d) Que, ante lo ocurrido, lograron descender del vehículo el copiloto y la persona que ocupaba el asiento posterior, quienes se dieron a la fuga por avenida Concha y Toro en dirección al sur.



e) Que, sin embargo, el conductor Patricio González González, resultó herido y permaneció al interior del móvil, el que se desplazó por la citada avenida en dirección sur-oriente, colisionando en contra de una caseta del regimiento antes aludido.



f) Que González González recibió seis impactos balísticos: tres de ellos en el tórax (…) lesiones que le causaron la muerte.



g) Que, tras lo acontecido, se alteró el sitio del suceso, ya que la víctima fue situada en el asiento delantero derecho del móvil, lugar en que fue encontrada por oficiales de la Brigada de Homicidios y fotografiada por un perito del Laboratorio de Criminalística de la misma institución.

Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral

La Sala respaldó en forma unánime la iniciativa que modifica la ley N°19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, en materia de límite a los montos de los aportes que efectúan los candidatos a concejal en sus campañas.

En condiciones de ser remitido para su proceso de promulgación como Ley quedó el proyecto que establece la modificación al inciso 6° del artículo 9 de la Ley de Trasparencia, Límite y Control de Gasto Electoral que regula los límites a los montos sobre los aportes propios que pueden efectuar los candidatos a concejales.



Ello, luego que la Sala respaldara por unanimidad la iniciativa. En la oportunidad hicieron uso de la palabra los senadores Ena Von Baer, Juan Antonio Coloma, José García Ruminot y Alejandro Navarro.

VON BAER

“Al dictarse la ley n° 20.900, se modificaron diversos cuerpos legales en los que se encuentra la ley n° 19.884 sobre Trasparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. Una de aquellas modificaciones remplazó el artículo 9° en su inciso 6° donde se limitaba el aporte propio de los concejales hasta en un 25% del gasto electoral permitido y establecer 50 UF en beneficio de aquellos candidatos de comunas pequeñas. Sin embargo la redacción conspiró contra ese propósito. El cambio fue respaldado por el Ejecutivo que presentó una moción para adecuar los límites de los aportes del concejal”.

COLOMA

“Quiero hacer una autocrítica al Senado sobre este punto. Lamentablemente como está este vértigo de que hay que aprobar todo rápida y darle para adelante, ese planteamiento se hizo, dije que este límite iba a ser muy absurdo en comunas pequeñas. Me parece que está bien (la modificación), pero es lo mismo que propusimos aquí en el Senado. Quiero simplemente no dejarlo pasar para que en el futuro no haya que enmendar lo que por vértigo quedó aprobado”.

GARCÍA RUMINOT

“Integro la comisión que analiza y estudia los proyectos y puedo dar fe de que así fue el acuerdo que tuvimos con el Ejecutivo. Normalmente los candidatos a concejales de comunas pequeñas no piden financiamiento a nadie, quizás para gastos de bencina, pero muchas veces esa cifra podía significar que quedaran en una situación de atropello de la ley, por eso dijimos con el Ejecutivo que existiera la posibilidad de las 50 UF, pero lamentablemente la redacción quedó mal hecha, quedó como techo cuando en realidad era el piso”.

NAVARRO

“Mencionar un hecho transversal. La inclusión de los concejales a la ley del lobby ha traído más que beneficios a la aplicación de la ley, por lo que sugiero que junto a aprobar esto, podamos ver cómo lo hacemos para que los concejales estén bajo la ley del lobby como lo están otras autoridades”.

Chile pide a La Haya bloquear posibles acciones de Bolivia en el Silala

El canciller Heraldo Muñoz anunció que Chile pidió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya bloquear cualquier eventual acción de Bolivia sobre el río Silala.

Heraldo Muñoz, caciller de Chile.

"Le hemos pedido a la Corte que no se realicen acciones que puedan afectar cualitativa o cuantitativamente el cauce de este río y se exigirá que Bolivia nos notifique de cualquier acción en este sentido", puntualizó Heraldo Muñoz.

El pasado lunes Chile se anticipó a una eventual acción del Gobierno de Evo Morales ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) y decidió presentar una demanda contra Bolivia para que el tribunal de la ONU determine si el Silala es un río internacional cuyas aguas deben compartir ambos países.

Temores

Chile temía que en algún momento Bolivia impidiera el flujo de las aguas del Silala hacia su territorio y por eso decidió activar una demanda ante la CIJ para cuya presentación la Cancillería afirma que ha recopilado datos durante dos décadas.

Asimismo, el canciller informó que próximamente se reunirá el agente y el coagente de Chile en la Haya para determinar los plazos de la presentación de la memoria con todos los argumentos.

Bolivia sostiene que el Silala, situado en la región andina es un conjunto de manantiales cuyas aguas se desviaron hacia Chile por un sistema de canales artificiales.

Por su parte, Chile asegura que Bolivia reconoció el Silala como río internacional hasta 1997, año en el que cambió sus argumentos y empezó a defender la tesis de los manantiales desviados por Chile.

En 2009 ambos países estuvieron a punto de llegar a un acuerdo para determinar el uso compartido de las aguas del Silala, pero no se alcanzó un pacto.

En marzo de este año, el presidente boliviano, Evo Morales, anunció que su país presentaría una nueva demanda contra Chile por lo que definió como "el robo de las aguas del Silala" y anunció una serie de acciones para que el río no fluyera hacia Chile, país que finalmente se anticipó y demandó al país andino.