Familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) se encadenaron frente a la Corte Suprema de Santiago para protestar en contra de los beneficios carcelarios para los condenados por crímenes de lesa humanidad.
Agrupaciones de DD.HH
"No bastó con que la Corte Suprema no acogiera ningún recurso de amparo y permitieran que nuestros familiares desaparecieran hasta el día de hoy, sino que a 42 años del Golpe de Estado, los pocos criminales que logramos condenar son tratados como víctimas y saldrán en libertad", dijo a la prensa la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.
"Hablan de pobres ancianos, contra quienes se comete una injusticia al mantenerlos en la cárcel, porque están viejos y enfermos, pero la verdad es que siguen siendo igual de criminales que el primer día. Se han burlado del dolor ajeno", aseveró la dirigente.
Encadenadas
Estas personas, al igual como lo hicieron en el año 1979, en plena dictadura, se encadenaron a la reja del Congreso de Santiago, porque "el poder judicial es un cómplice activo de la impunidad, así como lo fue de los crímenes" durante el régimen de Pinochet, señaló Pizarro.
"En estas mujeres también pasaron los años, varias tienen entre 70 u 80 años y por el silencio de esos criminales nunca han encontrado la verdad, nunca han visto que se haga justicia, y nunca han sabido que pasó con sus familiares", declaró.
Agregó que en Chile "no hay justicia", y acusó al senador derechista Hernán Larraín y al independiente y también periodista, Alejandro Guillier, de "hacer eco" de lo que ocurre en el poder judicial, en relación a los condenados por violaciones a los derechos humanos.
"Esta acción contraviene el derecho internacional humanitario, y como si fuera poco, nuestros senadores buscan caminos para liberar a estos criminales. No estamos dispuestos a tremenda aberración", espetó la líder.
La organización criticó también la existencia del penal Punta Peuco, donde actualmente cumplen condena los encarcelados por violaciones a los derechos humanos, ya que "es un recinto especial, construido solo para los presos por estos crímenes".
La Corte Suprema cuestionó recientemente la evaluación de Gendarmería a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
A raíz de esto, la Tercera Sala acogió una serie de recursos de protección, para que estos presos fueran reevaluados para poder acceder a beneficios como libertad vigilada o salidas dominicales, entre otros.
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