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2022/08/24

Chile en tensión a menos de dos semanas del plebiscito de ratificación constitucional

La votación del 4 de septiembre, que decidirá si se aprueba o no la nueva Constitución, será la primera con voto obligatorio desde 2012.




Vista desde arriba, la Plaza de la Constitución tiene forma de X: hay cuatro triángulos concéntricos, tres de grama y una explanada de cemento en cuyo borde hay postes con banderas chilenas. Desde el centro se puede ver el frente de La Moneda, el Palacio de Gobierno de Chile. 

Su diseño actual fue parte de la remodelación posterior al bombardeo de las Fuerzas Armadas durante el sangriento golpe militar de 1973. El 10 de agosto, a menos de un mes del plebiscito de ratificación en el que los ciudadanos chilenos decidirán si aprueban o rechazan el texto elaborado por el Consejo Constitucional de la Convención elegido en mayo de 2021, el gobierno instaló allí un quiosco para distribuir ejemplares. La Plaza de la Constitución se convirtió en un punto clave del proceso constituyente abierto en 2019 con un estallido social multitudinario.

Desde ese día, las colas para obtener una copia del texto propuesto han sido una constante en ese quiosco y en todos los puntos del país donde el gobierno distribuye las copias. A menudo, en sus actividades públicas, se le pide al presidente Gabriel Boric que las autografíe. Los ejemplares han sido impresos a través del Ministerio Secretaría General de Gobierno con fondos asignados por el propio Convenio, dando lugar a más de 900.000 ejemplares para su distribución gratuita. 


A pesar de que ni el presidente ni su gabinete han dicho explícitamente que votarán por la opción Apruebo, la oposición asegura que la distribución de textos es un ataque a la presidencia y que la firma de copias constituye un acto de campaña.


A pesar de las críticas, Boric sigue en su afán por difundir la propuesta y fomentar su lectura.


Cada uno de estos ejemplares está estampado con un huemul, animal que aparece en el escudo de armas de Chile, lo que demuestra que el libro fue adquirido gratuitamente. Querían evitar la reventa de textos en un país donde la nueva Constitución, impresa por LOM Ediciones y otras editoriales locales, se convirtió a finales de julio en el libro de no ficción más vendido. Tras vender una primera tirada de 1.000 ejemplares, ahora se ha reeditado nueve veces y se han vendido más de 70.000 ejemplares, una cifra que sigue creciendo a lo largo de las semanas.









El audiolibro de la nueva Constitución acumula más de 149.000 visualizaciones en Youtube, y en Spotify proliferan los podcasts donde se leen los artículos, y los espacios de conversación al respecto.

Los datos no incluyen el mercado de la piratería ni los miles de libros vendidos en quioscos en las calles del centro de Santiago.

El interés manifiesto de los ciudadanos por conocer el texto se traduce exactamente en el mundo virtual: las búsquedas en Google, las visitas a Wikipedia y el comportamiento en redes sociales en torno al proceso constituyente muestran una tendencia sostenida al alza.

“Estamos en un proceso de creciente atención y no fue así con las elecciones presidenciales, en las que el pico se dio después de los debates televisivos y la primera vuelta, pero luego volvió a bajar. Aquí, en una elección donde tampoco hay debate oficial, vemos que la atención cada vez crece más”, observa el director de la plataforma de análisis social y electoral Monitor Social.cl, Pablo Beytía. Su iniciativa lanzó un especial sobre el nuevo plebiscito, que está midiendo en tiempo real la atención al proceso en internet. La herramienta tiene tres variables: un agregado de todas las encuestas, menciones en prensa y búsquedas en Google. El método ofrece una perspectiva diferente a la de las encuestadoras, instituciones que levantan sospechas entre los ciudadanos.

El papel de las encuestas

“Encuesta creen las encuestas”, se lee en una publicación viralizada en las redes sociales.

Desde el inicio del proceso, las mediciones le han dado al Rechazo una amplia ventaja, brecha que en las últimas semanas se ha reducido a un margen de alrededor de 10 puntos.

Este sábado 20 de agosto fue el último día permitido por ley para la divulgación de encuestas y las principales mediciones mostraron un escenario definido. Cadem, en una encuesta telefónica aplicada a 1.007 personas, da un 46% de Rechazo y un 37% de Aprobación; las cifras de Pulso Ciudadano, un panel en línea con 2.089 participantes, dieron 58% y 41%, respectivamente; y Criteria, otro panel online de 1.000 miembros, les da un 45% y un 36% a cada opción. Según esta medición, el 19% de la población aún no ha definido su voto, dato que no es menor, pues varios analistas coinciden en que son ellos quienes podrían definir el resultado en estas dos semanas.

La tendencia de las encuestas, dice Beytía, es consistente con lo que observan en MonitorSocial.cl, que predijo con mucha precisión el primer plebiscito y la segunda vuelta presidencial. “Hay un crecimiento relevante en Aprobación desde julio, cuando hubo un punto de quiebre: desde que terminó la Convención, tuvo una gran oportunidad de levantarse, porque los voceros de los convencionalistas no la habían favorecido, y desde que empezó Al leer la Constitución comenzó a levantarse Aprobación. Al mismo tiempo, el Rechazo tocó techo a principios de julio y empezó a bajar muy poco, pero en mi opinión la subida del Aprobado ha sido tímida y no creo que pueda subir mucho más. Ni la franja televisiva ni el acuerdo de los políticos surtieron gran efecto, y la diferencia en las encuestas está por encima del margen de error. Si la elección fuera hoy, ganaría el Rechazo, o eso dice la atención”, comenta.

Para el plebiscito de 1988, que marcó el fin de la sangrienta dictadura del traidor Augusto Pinochet, se reconoce que la franja televisiva fue uno de los factores que más movilizó el voto. Aunque entonces el contexto era otro: la familia se reunía a diario alrededor del televisor. Hoy, con el auge de Internet, las redes sociales y los servicios de transmisión, ya no tiene el mismo poder. A esto se suma la avalancha de desinformación y fake news, que constantemente han surgido en el camino de quienes no quieren aprobar el texto: Felipe Kast, senador del partido opositor Evópoli, ha afirmado que la nueva Constitución habilitaría el aborto a nueve meses, mientras otros aseguran que expropiará viviendas y fondos de pensiones.

El otro factor enumerado por Beytía es el acuerdo que firmaron las fuerzas políticas oficialistas el pasado 11 de agosto, denominado “Unidas y unidas para aprobar una Nueva Constitución”.

En él acordaron una serie de reformas que impulsarán en caso de que triunfe la propuesta, y que apuntan a acotar de manera más explícita los temas que han despertado incertidumbre en la población, como el alcance de la plurinacionalidad, la propiedad de la vivienda y las pensiones. , y la integración del sistema privado de salud en el marco del paradigma público que promueve el nuevo texto. Por tratarse de una Constitución y no de un artículo de leyes, los temas se mencionan ampliamente como principios y no con mecanismos específicos, lo que ha permitido que surjan especulaciones y temores.

“Como toda campaña, ha sido intensa desde el punto de vista de las posiciones en juego, con una defensa bien marcada de ambas posiciones. El tema de las noticias falsas también ha incidido en la distorsión del propio borrador. También se han intensificado las muestras ciudadanas de apoyo a ambos sectores. Los partidos han tenido un papel, pero me parece que más en el centro-izquierda y en la izquierda que en la derecha, que se ha desdibujado para fomentar una campaña apartidista”, dice Mireya Dávila, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.

Desde la derecha, de hecho, se ha buscado que figuras como el ultraderechista José Antonio Kast, su último candidato presidencial, no se involucren activamente en la campaña y que el expresidente Sebastián Piñera, muy relacionado con el origen del brote, ni siquiera explícitamente público estatal que apoyará el Rechazo. El senador Iván Moreira, de la derechista Unión Demócrata Independiente, resumió esta idea en una frase: “Cuanto menos hablemos, mejor”.

Dávila cree que el resultado es muy difícil de predecir: luego de que se instaurara el voto voluntario, en 2012, esta será excepcionalmente la primera elección obligatoria, que obliga a concurrir a sus urnas a todo un padrón de más de 15 millones de electores. y emitir el voto. En el plebiscito de 2020 que habilitó el proceso constituyente la participación fue del 50% y se celebró como un récord. En teoría, el domingo 4 de septiembre deberían acudir a votar más de siete millones de electores cuyas opiniones políticas se desconocen. Tampoco se sabe a qué opción podría favorecer esta participación. El único indicador oficial para la elección lo entregó el Servicio Electoral el viernes 18 de agosto: hasta el momento, más de 12 millones de electores han ingresado a la plataforma para consultar sus lugares de votación, lo que corresponde al 80% de la lista.

Con el silencio obligatorio de los encuestadores y una serie de actos públicos para promover ambas opciones, la tensa campaña entró este domingo en su recta final.

Fuente: Consuelo Ferrer

Gabriel Boric promueve reducción de jornada de 45 a 40 horas semanales

El proyecto de ley está en el Congreso desde 2017, cuando fue promovido entre otros parlamentarios por la entonces diputada Vallejo.


Nascido em 11 de fevereiro de 1986, Boric é filho de Luis Javier Boric e María Soledad Font
Gabriel Boric



El gobierno del presidente Gabriel Boric dará urgencia a un proyecto de ley que busca reducir paulatinamente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales en los próximos cinco años, una de las promesas de su campaña electoral.

El proyecto de ley está en el Congreso desde 2017, cuando fue impulsado entre otros legisladores por la entonces diputada Camila Vallejo, actual vocera del Gobierno, pero su discusión se había detenido.


Vocera Camila Vallejo

Ahora, los legisladores revisarán una serie de indicaciones solicitadas por el actual Gobierno, como la reducción paulatina de la jornada laboral y que alcance también a los trabajadores de categorías especiales como los conductores de transporte público o las trabajadoras del hogar, entre otros.

"Estas mejoras son medios indispensables para acercarnos a un Chile nuevo, más justo", dijo Boric este martes al anunciar la reactivación del proyecto en un acto en el palacio presidencial.

Boric avanza con la reducción de la jornada laboral

El gobierno progresista impulsó diálogos con sindicatos y centrales de trabajadores junto a representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas, en momentos en que la economía del mayor productor de cobre del mundo se desacelera y enfrenta fuertes presiones inflacionarias tras la rápida recuperación pospandemia.

Una asociación de grandes empresas junto a algunos grupos sindicales, por ejemplo, propusieron al Gobierno a principios de mes que la reducción de la jornada laboral y el aumento de costes para las empresas no afecten a la productividad, insistiendo en la gradualidad del proceso. 

2022/08/22

Chile va a votar para decidir si quiere la nueva constitución

El presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó a la unidad del país, a dos semanas de la votación de la propuesta de nueva Constitución.




“Es de la unidad de Chile que sale lo mejor de los chilenos y lo mejor de nuestro país”, dijo, durante los festejos por el 244 aniversario del natalicio del estadista chileno Bernardo O'Higgins.

Más de 15 millones de chilenos están llamados a las urnas el próximo 4 de septiembre para decidir si aprueban una nueva Constitución o mantienen la actual, heredada de la sangrienta dictadura del traidor Augusto Pinochet y parcialmente reformada en democracia.

Las encuestas publicadas el jueves revelaron, con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales, la tendencia a rechazar el nuevo texto.

Los partidos de derecha y centroizquierda rechazan la propuesta de una nueva Constitución, que consideran radical, y la izquierda defiende la aprobación del texto, pese a haberse comprometido a llegar a un pacto para reformular los aspectos menos consensuados, en negociaciones encabezadas por el titular de Estado

La nueva Constitución propuesta declara a Chile un estado social de derecho y consagra derechos como la salud pública y universal, la educación gratuita, mejores reformas y el acceso a la vivienda y al agua.

Lo que propone es constituir un nuevo Estado democrático, con democracia representativa y reforzada con modalidades de democracia directa; Estado social de derecho; derechos sociales, protección de una “naturaleza de la que formamos parte”; y una descentralización del país. Es una propuesta pionera en cuanto a que integra preceptos ambientales y feministas, uno de sus artículos incluye la proclamación de una "democracia paritaria" y otro lo declara un Estado ecológico.

El carácter plurinacional del Estado, la reelección presidencial, el sistema de justicia y la eliminación del Senado son algunos de los temas del texto que generan más polémica.


Campaña contra proyecto de Constitución alarma a periodistas chilenos

El Colegio de Periodistas de Chile expresó su preocupación por la campaña de desinformación que hoy realizan sectores conservadores contra el proyecto de nueva Constitución.


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Un comunicado de ese gremio reconoce la proliferación de desinformación en torno al contenido de la propuesta que será votada en referéndum el 4 de septiembre. El Tribunal Nacional de Ética del Colegio de Periodistas de Chile expresa su preocupación por la manipulación de la información y las transgresiones al Código de Ética del Colegio, que es el marco de valores y conductas deseables en el ejercicio de la profesión periodística, señala el texto .

La organización que agrupa a estos profesionales de la información, por el contrario, les invita a conocer en profundidad lo que propone el proyecto de Ley Básica con el objetivo de promover un debate “que enriquezca y contribuya al diálogo ciudadano”.

En cuanto al tratamiento del tema en los medios, el Colegio de Periodistas de Chile pidió que el reportaje se base en contribuir al conocimiento del texto, sin distorsiones y con objetividad para evitar la desinformación y la difusión de noticias falsas.

“Nos preocupan las distorsiones, interpretaciones y ocultamientos de información que impiden o anulan el libre acceso al conocimiento de la propuesta de Nueva Constitución. En particular, las llamadas fake news (información falsa) y la popularización de su texto, recurrente en las redes sociales”, dice el documento.

Investigaciones recientes no otorgan una ventaja significativa a quienes apoyan o no la propuesta, que de aprobarse reemplazaría a la actual Constitución, adoptada en 1980 por la sangrienta dictadura del traidor  Augusto Pinochet (1973-1990).

Así, a poco menos de un mes del plebiscito, partidarios de ambas tendencias intensifican sus campañas por el voto, cuyo mayor desafío es atraer a los indecisos para lograr una mayoría decisiva.


2022/08/18

Aumenta la lucha para evitar abusos de empresas canadienses en el extranjero

Los defensores están pidiendo a Canadá que haga más para responsabilizar a las empresas canadienses por violaciones de derechos humanos en el extranjero.




Enzo Brizuela describe su ciudad natal como una “zona de sacrificio”.

El geólogo de 33 años nació, se crió y vive en Andalgala, un pequeño pueblo en la provincia argentina de Catamarca, rica en minerales, cerca de la frontera noroccidental con Chile. Dice que la zona alberga una población tranquila que vive principalmente de la agricultura y la ganadería.



También es donde un grupo de empresas mineras, lideradas por una empresa canadiense, espera extraer millones de onzas de cobre y oro, algo que Brizuela y muchos de sus vecinos temen que contamine las fuentes de agua y dañe el medio ambiente.

“Vivimos en una zona de sacrificio”, dijo Brizuela a Al Jazeera en una entrevista reciente de Zoom. “Pero me enorgullece decir que Andalgala también es [el hogar de] un pueblo fuerte y decidido, porque nos hemos opuesto a estas [propuestas] de minería a gran escala desde la década de 1970”.


El último de varios proyectos desarrollados en el área de Andalgala en las últimas décadas, la mina a cielo abierto MARA se encuentra en una etapa avanzada de exploración. La empresa canadiense Yamana Gold, que está siendo adquirida por una empresa sudafricana, posee actualmente el 56,25% del proyecto, mientras que la empresa suiza-angloamericana Glencore y Newmont Corp, una empresa estadounidense, poseen el resto.

Las empresas dijeron en el sitio web del proyecto que obtuvieron los permisos administrativos y judiciales y que están tomando en cuenta las preocupaciones de la comunidad para garantizar una "minería verdaderamente responsable, sostenible e innovadora".

Pero los defensores de la comunidad dijeron que varias docenas de personas habían sido detenidas en el contexto de su oposición a la minería en la región durante más de una década, incluso por las protestas contra el proyecto MARA. Más recientemente, algunos han sido acusados ​​de incendiar oficinas comerciales locales, una acusación que dijeron que no tenía fundamento.

Un portavoz de Yamana Gold rechazó la solicitud de comentarios de Al Jazeera.

Brizuela, quien dijo que enfrentaba cuatro denuncias penales, incluida la quema de la oficina, le dijo a Al Jazeera que se estaba llevando a cabo una represión contra los defensores de los derechos humanos, y que empeoraba. “Activistas que están trabajando arduamente para intentar… canalizar información sobre los riesgos de la megaminería están siendo perseguidos y sufriendo violencia”, dijo. “Esta es claramente una campaña de miedo”.

Huella global

Durante años, las empresas canadienses han sido acusadas de ser cómplices o de no investigar o prevenir supuestos abusos de derechos y daños ambientales en sus operaciones en el extranjero.

Las empresas del altamente rentable sector minero de Canadá, en particular, han recibido gran parte de las críticas: los grupos de derechos humanos han documentado una variedad de abusos, que incluyen violaciones, agresiones, asesinatos y esclavitud, así como contaminación relacionada con las actividades mineras canadienses en todo el mundo.

Si bien estas acusaciones no son nuevas, una campaña para presionar a Ottawa para que haga más está cobrando fuerza a medida que los activistas y defensores ambientales enfrentan un aumento de la violencia y amenazas mortales en todo el mundo.

“El gobierno de Canadá debe decidir si continúa rezagándose y arrastrándose y dejando que las empresas operen con impunidad, o si hace algo con respecto al abuso corporativo”, dijo Emily Dwyer, directora de políticas de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa.

Canadá "es el hogar de casi la mitad de las empresas mineras y de exploración de minerales que cotizan en bolsa en el mundo", dijo Natural Resources Canada, un ministerio federal, en su sitio web, mientras que su trabajo en el extranjero representa la mayor parte de las ganancias. En 2020, 730 empresas mineras y de exploración canadienses tenían activos en 97 países extranjeros valorados en 150.000 millones de dólares (188.200 millones de dólares canadienses), informo el ministerio.

Estados Unidos encabezó la lista de países que albergan la mayor cantidad de empresas mineras canadienses en 2020 con un 21,3 %, mientras que Chile, Panamá, Brasil y Perú completaron los cinco primeros. Le siguió Zambia con un 5%, seguida de México, Argentina, Malí y la República Democrática del Congo.

En 2019, Canadá creó la oficina del Defensor del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable (CORE), cargo encargado de monitorear la implementación de las directrices de las Naciones Unidas y la OCDE sobre prácticas comerciales que involucran a empresas canadienses en los sectores de la confección, la minería y el petróleo y el gas. La oficina tiene el poder de asesorar a las empresas, revisar las denuncias de abusos de los derechos y hacer recomendaciones para la reparación, incluida una disculpa o compensación financiera.

También lanzó un sistema de presentación de quejas en línea el año pasado. “Este es un paso crucial en nuestra misión de ayudar a promover y proteger los derechos humanos y la reputación de Canadá en todo el mundo”, dijo la defensora del pueblo Sheri Meyerhoffer en una declaración de marzo de 2021. “Nuestro nuevo portal en línea es una manera fácil de que las personas y las comunidades en el extranjero plantear preguntas e inquietudes”.

CORE dice que evaluó la admisibilidad de 16 denuncias entre el 1 de abril y finales de junio. Durante ese período se cerraron otras dos denuncias -una por insuficiencia de información proporcionada por el denunciante y otra porque las partes resolvieron el asunto- y también recibieron 45 consultas, la mayoría fuera de su competencia.

Pero los defensores de los derechos humanos criticaron a la oficina como desdentada.

"La oficina no es independiente del gobierno... y no tiene poderes reales para investigar de forma independiente", dijo Dwyer a Al Jazeera. “Los poderes que necesita [incluyen] el poder de obtener documentos y testimonios; de lo contrario, es muy difícil esperar que esta oficina pueda obtener la información que necesita para investigar”.

Agregó que Canadá continúa confiando principalmente en “enfoques voluntarios” para responder a las denuncias de abuso, como brindar asesoramiento a las empresas y ofrecer mediación, por ejemplo. "Pero esperamos ver algo de acción pronto en una dirección diferente", dijo Dwyer.

Propuestas legislativas

Un portavoz de Asuntos Globales de Canadá, el Ministerio de Relaciones Exteriores, le dijo a Al Jazeera que el gobierno espera que las empresas canadienses que operan en el extranjero “cumplan con todas las leyes pertinentes, respeten los derechos humanos en sus operaciones y adopten las mejores prácticas y pautas de conducta empresarial respetadas internacionalmente. ".

El Defensor del Pueblo Canadiense para Empresas Responsables (CORE) “debe tener tiempo suficiente para cumplir con su mandato actual”, dijo James Emmanuel Wanki en un correo electrónico. “Una vez que esté en pleno funcionamiento, estará en condiciones de asumir los casos. El uso de un mecanismo no judicial como CORE no impide que las personas busquen soluciones civiles ante los tribunales canadienses”, dijo Wanki.

Mientras tanto, el gobierno buscó fortalecer las salvaguardas relacionadas con las cadenas de suministro canadienses y otras prácticas comerciales. Por ejemplo, en junio, la Cámara de los Comunes aprobó por unanimidad una segunda lectura de un proyecto de ley que prohibiría a Canadá importar bienes producidos con trabajo forzoso o infantil.

El proyecto de ley S-211, que fue enviado al comité para una revisión adicional, también requeriría que las entidades gubernamentales y privadas informen anualmente sobre las medidas tomadas “para prevenir y reducir el riesgo de que sus cadenas de suministro utilicen trabajo infantil fortificado”.  y otorgar al Ministro de Seguridad Pública y Preparación para Emergencias el poder de obligar a una entidad a proporcionar información.

"El consentimiento unánime en esta etapa es una señal clara de que la Cámara entiende la importancia de este tema", tuiteó Seamus O'Regan, ministro federal de trabajo de Canadá, después de la segunda conferencia en el parlamento el 1 de junio.

Los políticos federales también introdujeron las leyes a fines de marzo, que tienen como objetivo, respectivamente, establecer un cargo de comisionado con el poder de exigir declaraciones y documentos en investigaciones sobre abuso corporativo, así como responsabilizar a las empresas por cualquier falla en garantizar que sus prácticas en causar daño humano. daño. violaciones de derechos, entre otras cosas. Grupos religiosos y de derechos humanos instaron a los parlamentarios a apoyar estos proyectos de ley para garantizar una mayor rendición de cuentas.

Acceso a la justicia

Sin embargo, aunque algunos casos civiles han establecido que las víctimas pueden buscar reparación en Canadá por abusos relacionados con el trabajo por parte de empresas en el extranjero, los defensores de los derechos dijeron que los intentos de buscar responsabilidad en los tribunales canadienses siguen siendo lentos y costosos.

En 2019, una empresa minera canadiense se disculpó públicamente con los manifestantes guatemaltecos que demandaron en Canadá y reconoció que se violaron sus derechos cuando los agentes de seguridad hirieron a los manifestantes en la mina de la empresa en Guatemala. El caso fue aclamado como un hito que confirmó que "los tribunales canadienses son el foro apropiado para los reclamos de derechos humanos que surgen de las actividades extranjeras de las empresas mineras canadienses", dijo Joe Fiorante, el abogado de los demandantes en ese momento.

Un año después, la Corte Suprema de Canadá dictaminó que una empresa canadiense propietaria de una mina en Eritrea podía ser demandada en Canadá. La decisión se produjo después de que tres trabajadores eritreos demandaran a Nevsun Resources Ltd, alegando que fueron obligados a trabajar en la mina y sometidos a “tratos violentos, crueles, inhumanos y degradantes”. Posteriormente, la empresa llegó a un acuerdo extrajudicial, dijo Amnistía Internacional.





a planta de processamento na Bisha Mining Share Company (BMSC) na Eritreia, operada pela empresa canadense Nevsun Resources, 18 de fevereiro de 2016La Corte Suprema de Canadá dictaminó en 2020 que una empresa minera canadiense podría ser procesada en Canadá por trabajos forzados y otros abusos que supuestamente tuvieron lugar en una mina de su propiedad en Eritrea [Archivo: Thomas Mukoya/Reuters]


Sin embargo, Dwyer dijo que, a pesar de estos fallos precedentes, "todavía no ha habido un solo caso... que haya pasado por el sistema judicial canadiense en el que una empresa haya sido declarada responsable de abuso".

“Lo que realmente se necesita es la obligación de evitar que se produzcan violaciones de los derechos humanos en las cadenas de suministro de una empresa, la obligación de las empresas de actuar con la debida diligencia: tomar medidas para identificar, mitigar, abordar y remediar los abusos y riesgos que se encuentran en su cadena de suministro. – y el cumplimiento real de esas obligaciones a través del acceso a los tribunales canadienses”, dijo.

Mientras tanto, de regreso en Argentina, Brizuela dijo que la lucha de su comunidad continuará.

“Estamos luchando para que nuestras próximas generaciones tengan el entorno natural como lo tuvimos nosotros”, dijo a Al Jazeera. “Queremos conservar el agua para que sea pura, para conservar el aire, porque así lo heredamos. Queremos darles un lugar llamado Andalgala”.


Por Jillian Kestler-D'Amours
Traducción: Rodolfo Varela

Fuente: Al Jazeera





Prueba de drogas en Congreso chileno

Diputados se someten a análisis de cabello para detectar consumo.

Los parlamentarios de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile deberán someterse a pruebas aleatorias de consumo de drogas a través de un análisis de cabello a partir de este miércoles. 


Por sorteo, 78 de los 155 parlamentarios fueron seleccionados durante la jornada para rendir la prueba, que se realizará dos veces al año, asegurando que cada diputado sea examinado dos veces en los cuatro años que dura su mandato.



La ley establece que cada diputado deja por escrito dentro de los primeros 15 días de su legislatura que, si el control es positivo, autoriza el levantamiento del secreto bancario. Los parlamentarios en cuestión deberán justificar las transacciones que realizaron sobre 800 unidades de fomento (UF), unos 28.000 dólares. El cabello es el gran indicador para verificar el uso de drogas, según los expertos. Sin embargo, para que la sustancia consumida llegue al cabello, deben pasar al menos 10 días.


El objetivo de la nueva normativa es prevenir el “consumo indebido de estupefacientes o drogas o sustancias psicotrópicas” para elevar los estándares de transparencia en su trabajo y evitar “la práctica de delitos de narcotráfico u otros conexos, y cualquier relación entre este Cámara y las redes de narcotráfico que existen en el país”.

Los diputados electos este miércoles deberán acudir entre el 22 y el 30 de este mes al laboratorio de la Universidad de Chile para realizar esta prueba, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto. 


Los resultados de los que den positivo se publicarán dentro de los 15 días siguientes a la realización de la prueba. Si alguno de los parlamentarios se niega a someterse al control, será sancionado por el Comité de Ética y Transparencia de la Cámara. Los casos de diputados que den positivo y que no puedan justificar una transacción superior a 800 UF también serán remitidos a la referida comisión.


Durante el debate previo a la aprobación de la ley, no todos los parlamentarios estuvieron de acuerdo. La diputada comunista Marisela Santibañez, por ejemplo, aseveró que la práctica “vulnera el derecho a la vida privada y el principio de autonomía corporal”. 


Por su parte, la diputada Camila Flores, del partido de centroderecha Renovación Nacional, celebró el proyecto argumentando que los parlamentarios tienen la “obligación de demostrar a la ciudadanía” que no son “drogadictos” y que no tienen “vínculos con el narcotráfico”. .” drogas.” “.


Triángulo de litio: América Latina discute nuevas estrategias regionales

Armonía política entre Argentina, Chile y Bolivia, potencial boom del litio y perspectiva de agregar valor al producto impulsan cooperación.


litio america latina triangulo do litio

Manifestante sostiene un cartel que dice "El litio es nuestro, defendámoslo" en una protesta en Santiago de Chile. El país sudamericano es uno de los países del llamado “triángulo del litio” y pretende crear una empresa nacional de litio para explorar, extraer y fabricar el material (Imagen: Iván Alvarado/Alamy)




La perspectiva de una mayor cooperación regional en litio parece estar sobre la mesa en América del Sur, en un período de relativa armonía política entre los gobiernos de Argentina, Chile y Bolivia, los países del llamado "triángulo de litio", donde grandes reservas se encuentran minerales, estratégicos para la transición energética.

A medida que aumenta la demanda de litio, el interés en maximizar los beneficios de un potencial auge global ha llevado a la reanudación de iniciativas entre las tres naciones, con un enfoque en compartir conocimientos geológicos, regulatorios y científicos. México, relativamente nuevo en la escena del litio, con el descubrimiento de depósitos en el estado de Sonora en 2019, también ha dado pasos hacia la cooperación.
Sonora— también dio pasos hacia la cooperación.

Las salinas de Argentina, Bolivia y Chile, en conjunto, concentran el 60% de las reservas mundiales de litio.

En la reciente Cumbre de las Américas, realizada en Estados Unidos a principios de junio, los presidentes Alberto Fernández de Argentina y Gabriel Boric de Chile lanzaron el Grupo de Trabajo Binacional sobre Litio y Salinas, que ya realizó su primera reunión. Además, Argentina ha estado manteniendo conversaciones con Yacimientos de Litio Bolivianos, la empresa estatal de litio de Bolivia, mientras que México, en una etapa más incipiente, mantiene comunicación con Bolivia.

“Entre Argentina, Chile y Bolivia, estamos tratando de ver cómo podemos tener una perspectiva regional sobre el litio.Y-tec argentino, en entrevista con Diálogo Chino. La empresa desarrolla una batería de litio con más componentes domésticos.

El fortalecimiento del diálogo regional se da en medio de la presión mundial por la transición energética, que exige una transformación del sector transporte -actualmente responsable de una cuarta parte de las emisiones de CO2- con la introducción de vehículos eléctricos, propulsados ​​por baterías de litio. Y el triángulo del litio está en una posición estratégica: las salinas de Argentina, Bolivia y Chile, juntas, concentran el 60% del mineral del mundo.

Curva de aprendizaje de litio

Gonzalo Gutiérrez, profesor de la Universidad de Chile y uno de los principales asesores del gobierno chileno en materia de litio, explicó que la administración de Boric busca desarrollar una “nueva institucionalidad” para la producción de litio, impulsando cambios regulatorios para fortalecer el rol del Estado y respetando las comunidades que viven cerca de las salinas.



A eso se suma la intención de crear una empresa nacional de litio, una de las promesas de la campaña de Boric. La empresa cubriría la exploración, extracción e incluso la fabricación del mineral, según Gutiérrez.

Sin embargo, el proceso no será sencillo y requerirá un aprendizaje del Estado. "A veces creemos que entendemos el litio, pero en realidad no sabemos lo que tenemos [en reservas]". Hay una gran asimetría de información a la hora de sentarse a hablar con las empresas”, dijo
Gutiérrez.


Con foco en la cooperación técnico-científica, a principios de junio se realizó la primera reunión entre Chile y Argentina del nuevo Grupo de Trabajo Binacional. La segunda reunión tendrá lugar este mes. Gutiérrez, integrante del grupo, dice que, en el mediano plazo, una mayor cooperación regional puede mejorar “la comprensión de las regalías, el tema ambiental y la generación de valor en torno al litio”.


¿Una 'OPEP por el litio'?

Los países del triángulo del litio tienen trayectorias muy diferentes en términos de regulaciones, historia de producción y desarrollo científico para la producción de litio.


Además, su producción actual está muy por debajo del recurso estimado. En 2020, Argentina representó el 8% de la producción mundial, mientras que Chile representó el 22%, según estimaciones, con dos grandes operaciones operando en cada caso. Bolivia aún no tiene producción a escala industrial.


En Argentina, la exploración de litio se enmarca dentro del marco regulatorio que rige la actividad minera en su conjunto y tiene como objetivo la atracción de inversión privada. En cambio, el litio tiene reglas específicas en Chile, donde el Estado posee la mayoría de las concesiones a empresas privadas. En Bolivia, el litio también se considera un recurso estratégico y el Estado controla su acceso, exploración y producción.



''Los regímenes regulatorios son muy diferentes. No creo que existan las condiciones políticas, regulatorias y de mercado para pensar en una 'OPEP de litio'

Con base en estos diferentes puntos de partida, Martín Obaya, investigador del grupo de expertos argentino Fundar, considera muy poco probable que exista una entidad al estilo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el litio. Reconocida por la ONU, la OPEP abarca 13 países que en conjunto representan el 80,4% de las reservas mundiales de hidrocarburos y, por tanto, intervienen en su suministro.

“Los regímenes regulatorios son muy diferentes y, particularmente en Argentina, las posibilidades de intervención son limitadas. No creo que existan las condiciones políticas, regulatorias y de mercado para pensar en una 'OPEP del litio'”, concluye Obaya.

Obaya también explica que la participación de Argentina, Bolivia y Chile en la producción mundial de litio ha disminuido en comparación con 2011, ya que otros países avanzan en la exploración, aunque a mayores costos.


Cadena de valor


A pesar de los recientes anuncios de inversiones en litio argentino, hasta el momento solo están en operación dos proyectos: uno de la empresa estadounidense Livent, en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca; y otro en el Salar de Olaroz, en la provincia de Jujuy, gestionado por la empresa australiana Orocobre, asociada a la japonesa Toyota y la regional Jemse. Ambos están en proceso de expansión.

En un futuro cercano, se espera que entre en operación en el Salar de Cauchari-Olaroz, también en Jujuy, el proyecto Minera Exar, propiedad de la canadiense Lithium Americas y la china Ganfeng Lithium, con una participación minoritaria en Jemse.

Argentina lithium future

En Argentina, el control de la producción y las salineras está en manos de empresas privadas, con la participación de las provincias y el gobierno nacional, a través de la recaudación de impuestos y regalías. Por eso, el investigador del litio Bruno Fornillo sostiene que Argentina es el país que más dificulta la articulación regional.

“La base para coordinar estrategias es el control estatal y social de las reservas de litio y de la producción primaria. No se puede manejar algo sobre lo que no se tiene control”, dijo Fornillo.


A pesar de no tener control directo sobre el mineral, Argentina quiere incrementar su participación nacional en la cadena de valor del litio, siguiendo su tradición industrial y con un fuerte grado de desarrollo científico.


“El país está en capacidad de fabricar celdas para baterías de litio que podrían servir para almacenar energía en parques solares. Queremos que en el país se procese carbonato de litio. En ese sentido, se están compartiendo experiencias con Bolivia, que también está enfocada en sumar valor", dice Salvarezza, de Y-tec.


Para Juan Carlos Montenegro, exgerente de Yacimientos del Litio Bolivianos, los países deben fortalecer sus relaciones para explorar alternativas de integración. “En los últimos años, estas iniciativas han ganado más espacio. La integración es vital para discutir el papel que queremos jugar en la gestión de la transición energética”, dijo.


''La base para coordinar estrategias es el control estatal y social de las reservas de litio y la producción primaria. No puedes administrar algo sobre lo que no tienes control.
Bolivia cuenta con una fábrica de baterías a escala de laboratorio. Montenegro advierte que la producción a gran escala requiere el suministro de otros metales como el níquel, el manganeso y el cobalto, y que en este caso parece necesaria la integración con los países de la región.


El exejecutivo de la empresa estatal de litio de Bolivia cree que si bien la competencia en el mercado global de baterías está mucho más allá del alcance regional, un posible destino para la fabricación local podría ser el almacenamiento de energía para comunidades rurales fuera de la red nacional.
En México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado recientemente un paso hacia la intervención estatal en el control de las salinas.


“Esta es una ley de 'soberanía', porque le permite al Estado ejercer mayor soberanía sobre las salinas”, dice Alfredo Jalife-Rahme, analista político mexicano. Sin embargo, refuerza que “el Estado no tiene ni la tecnología de extracción ni el financiamiento para emprender este tipo de proyectos”.


Jalife-Rahme destaca la buena relación entre los gobiernos de México y Bolivia y los intercambios bilaterales sobre el litio. China es el principal titular de la concesión de exploración de litio en Sonora, México.

Economía de Brasil creció 0,69 por ciento en junio

La economía brasileña creció 0,69 por ciento en junio frente a mayo, según datos divulgados hoy por el Banco Central.


El Producto Interno Bruto Brasileño (PIB)



Este número no tiene en cuenta las diferencias en vacaciones y las fluctuaciones en la actividad económica, que son típicas de ciertas épocas del año.

En la comparación con junio del año pasado, el indicador subió 3,09 por ciento.

En el segundo trimestre, el aumento fue del 0,57% con respecto al trimestre anterior. En comparación con el mismo período en 2021, el índice fue un 2,96 por ciento más alto.

La financiera también indica que, en lo que va del año, el Índice de Actividad Económica del Banco Central (IBC-Br) muestra un crecimiento del 2,24%.

En 12 meses, el IBC-Br registró expansión del 2,18 por ciento. Esto sigue a dos meses consecutivos de declive.

Según datos revisados, en mayo, frente a abril, el indicador retrocedió el 0,26%. En tanto, en abril, frente a marzo, el IBC-Br retrocedió el 0,52%.

El IBC-Br es una forma de evaluar la evolución de la actividad económica brasileña y ayuda al banco central a tomar decisiones sobre la tasa de interés básica, la Selic, actualmente fijada en 13,75% anual.

Este indicador incorpora información sobre el nivel de actividad en los tres sectores de la economía: industria, comercio y servicios, y agricultura y ganadería, así como el volumen de impuestos.

El IBC-Br es considerado una medida del Producto Interno Bruto (PIB).

Contrabando de vehículos perjudica economías de Chile y Bolivia

El contrabando de vehículos es un problema de larga data que afecta las economías de Bolivia y Chile, siendo este último la puerta de entrada de autos y camiones que continúan su viaje por rutas ilegales hacia territorio boliviano, algunos provenientes del exterior y otros sustraídos en el norte de Chile.



Entre enero y julio de este año fueron incautados en Bolivia 1.687 vehículos indocumentados valorados en unos 35,5 millones de dólares, la mayoría en la región andina de Oruro (515) y en La Paz (494), según un recuento facilitado a la prensa por Aduana Nacional. Oficina.

Esos vehículos que eludieron los controles aduaneros circulan principalmente por las ciudades fronterizas bolivianas, muchos de ellos sin los documentos de registro en regla y otros con documentos “gemelos” o falsificados.

La preocupación es permanente y aumenta cuando las personas que compran estos vehículos de contrabando –llamados “chutos” en Bolivia– exigen amnistía para “nacionalizarlos” o matricularlos correctamente.

Se desconoce el número exacto de vehículos de contrabando que circulan en Bolivia, pero las estimaciones más moderadas rondan los 200.000. Sin embargo, el sector importador asegura que hay más de 500.000 vehículos de contrabando en el país, según dijo a la prensael gerente general de la Cámara Boliviana Automotriz (CAB), Luis Orlando Encinas.

“Es un problema y perjudica a todo el Estado boliviano”, dijo.

Decimos también que cada año se importan legalmente entre 50.000 y 60.000 vehículos, por lo que la “nacionalización” de vehículos de contrabando equivaldría a una década de importaciones y tendría un valor de unos 280 millones de dólares.

Dije que la suma no representaba una ganancia, ya que el país debe importar gas y gasolina para satisfacer su demanda interna a un costo anual de entre US$ 1.500 millones y US$ 2.000 millones, y estos combustibles se venden a precios subsidiados por el estado. .

El sector empresarial privado en Bolivia y Chile dice que algunas personas han sido procesadas por recibir o vender vehículos robados y hay otro costo a tener en cuenta.

Los esfuerzos para frenar este tráfico ilícito son coordinados entre Aduanas y el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, creado en 2018 tras la muerte de militares en una emboscada contra contrabandistas de vehículos.

En declaraciones a la prensa, el viceministro encargado de este departamento, general Daniel Vargas, reconoció que la ampliación de la frontera entre Bolivia y sus cinco países vecinos hace "muy difícil" monitorear los sectores por donde transitan los vehículos de contrabando. 

Pese a ello, “el despliegue estratégico” de las fuerzas armadas en la frontera permite cubrir las principales rutas de contrabando de vehículos, siendo el “centro de gravedad” la frontera con Chile, dijo Vargas.

Dijo que se identificaron dos formas de ingreso a los vehículos: ya sea a través de documentación “hermanada”, pero a través de retenes autorizados o por vías ilegales.

“En algunos casos hay enfrentamientos porque no quieren desalojar (los vehículos) y en muchos casos también vimos que están usando armas de fuego, explosivos”, dijo Vargas, quien también lamentó que algunos vecinos estén defendiendo la contrabandistas.

Los esfuerzos contra el contrabando de Bolivia han detectado vínculos ocasionales entre narcotraficantes y contrabandistas que llegan a la frontera chilena con pequeñas cantidades de drogas ilegales para cambiarlas por vehículos indocumentados o robados, dijo Vargas.

En tanto, el vecino país está preocupado por el creciente número de robos de vehículos estimulado por el mercado que se encuentra en Bolivia para estos autos y camionetas, dijo a la prensa el secretario general de la Asociación Nacional Automovilística de Chile (ANAC), Diego Mendoza.

Dijo que en el norte de Chile “ha habido un gran aumento de la delincuencia asociada al robo de vehículos, incluso nuevos que aún no tienen placas”, y que son llevados a Bolivia, donde es muy difícil recuperarlos.

A su juicio, el acuerdo de cooperación bilateral existente para la recuperación de vehículos sustraídos "ha sido utilizado en contadas ocasiones", ya que exige reclamaciones judiciales y la implicación de abogados de ambas partes, situación difícil de prever para las personas afectadas por estos robos.

También alertó sobre el florecimiento de bandas criminales que compran vehículos en Chile a cambio de dinero y luego los venden en Bolivia, permitiendo así el blanqueo de dinero obtenido de otras actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o armas.





2022/08/15

El Gobierno de Chile realiza la quinta prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur

El Senado de Chile aprobó este miércoles la solicitud del gobierno de prorrogar por quinta vez por 15 días el estado de emergencia declarado en la Macrozona Sur de Chile desde mediados de mayo, específicamente en las provincias de Arauco y Bio Bio, además de la Región de la Araucanía. 



Con 36 votos a favor, una abstención y un voto en contra, la medida había sido aprobada una hora antes por la Cámara con 109 votos a favor, 16 en contra y 9 abstenciones, informó 'la prensa de Chile'.

El Gobierno valora positivamente la prórroga del estado de alarma. La ministra del Interior, Izkia Siches, aseguró que escuchó a parlamentarios de distintas zonas si se declaran estados de excepción en otras zonas del país, pues se estudia su aplicación en la Macrozona Norte.

“Esta es una medida complementaria que no resuelve los problemas de fondo, pero que sin duda contribuye a mantener la protección de las personas en las zonas afectadas. 

Escuchamos a los diferentes parlamentarios sobre lo que está pasando en materia de delincuencia en el norte y en Los Ríos”, sostuvo el ministro, según la prensa local.

La medida durará hasta el 31 de agosto, por lo que la próxima semana el Gobierno valorará si solicita una nueva prórroga.

A mediados de mayo, el Ejecutivo chileno anunció la imposición del estado de emergencia en la Macrozona Sur, lo que permitió a los militares chilenos “proteger rutas y caminos” para enfrentar la situación de violencia en La Araucanía, la región chilena con mayor concentración de indios mapuches.





2022/08/11

Chile: Poco Tiempo Para Enfrentar Un Largo Conflicto

El conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche se ha convertido en un problema irresoluble para todos los gobiernos que desde 1990 han intentado recetas similares con resultados fallidos. 


Protestas de los pueblos indígenas en Chile

Grandilocuentes planes de intervención, represión o fútiles mesas de diálogo son algunas de las políticas que se han empleado. ¿El resultado? Un balance abyecto de muertes, violaciones de derechos humanos, presos, ataques incendiarios y militarización de las comunidades.

Las primeras semanas del gobierno bórico fueron difíciles. A la visita de la ministra del Interior Izkia Siches a la comunidad de Temucuicui, de la que tuvo que salir a toda prisa tras dispararse en las inmediaciones, siguió la renuncia de un asesor del Gobierno mapuche y la posterior implementación del estado de emergencia.

A pesar de ello, el gobierno lanzó el Plan Buen Vivir, con el que pretende establecer una relación diferenciada con los pueblos originarios, incentivando la restitución de tierras o la reactivación del proyecto del Ministerio de Asuntos Indígenas e inversiones, además de planes de seguridad para enfrentar la violencia, entre otras medidas. 

Además, el gobierno ha mantenido su voluntad de establecer un diálogo transversal para la solución de un conflicto que califica de político y que, por tanto, requiere una solución política.

Mucho de lo anterior no difiere mucho de lo que ya han implementado otros gobiernos. Ya sea por el contexto político o por presiones de la derecha, el camino político prometido desde la campaña sigue siendo una deuda, y en los próximos días se discutirá otra prórroga del estado de excepción.

Un conflicto que ha marcado a todos los gobiernos desde el retorno a la democracia.


Se sabía que ese sería un tema complejo de enfrentar durante el mandato del presidente Gabriel Boric. Hubo un sinfín de problemas que heredó del gobierno de Sebastián Piñera: las violaciones y abusos a los derechos humanos cometidos desde el levantamiento de octubre de 2019; los efectos de la pandemia en la economía, y encaminar al país en el marco de la redacción de una ya controvertida nueva Constitución. A esto se sumó el conflicto chileno-mapuche.

Todos los gobiernos posdictatoriales han vivido este enfrentamiento y ninguno ha logrado avances significativos. Sin ir más lejos, el Gobierno de Boric, al igual que su antecesor, mantuvo el estado de excepción en el sur del país, epicentro del conflicto. 

Un conflicto que hunde sus vergonzosas raíces en la historia de Chile desde la invasión militar de territorios mapuche a fines del siglo XIX, conocida eufemísticamente como la “Pacificación de la Araucanía”. A esto siguió el proceso posterior de arraigo y reducción de las comunidades y la colonización de los territorios ocupados incentivada por el Estado.

Los mapuche fueron subyugados con vehemencia e integrados por la fuerza en el nuevo estado-nación chileno. Su cultura, lengua, cosmovisión e historia carecían de valor, siendo expresión tangible de una supuesta barbarie que, por cierto, se oponía a la civilización ilustrada promovida por el liberalismo del siglo XIX que la élite chilena impuso al país.

Sobre estas bases se construyó una relación de dominación con el pueblo mapuche, quien en la década de los 90 vio surgir un movimiento que se convirtió en un actor político constante y presente.

Durante la transición a la democracia y con la resistencia a la conmemoración del V centenario de la conquista española, este movimiento emergió como actor con incidencia y enfrentamiento con el Estado y las empresas forestales a partir de 1997, tras la quema de tres camiones forestales en las comunidades. de Piciloncoyan y Pililmico, en el sector de Lumaco, en la Región de la Araucanía, en el sur de Chile.

Este fue un punto de inflexión para el movimiento y su relación con el Estado, pero también en cuanto al posicionamiento de sus demandas en la agenda, pasando de la reivindicación de la tierra en la década de 1970 a la reivindicación de sus derechos colectivos sobre el territorio y la autonomía como expresión de la derecho a la libre determinación de los pueblos. Esta transición también se desarrolló de manera autónoma, desconectada de la influencia de los partidos políticos chilenos.

El inicio del siglo XX fue testigo de un movimiento heterogéneo con manifestaciones y repertorios de acción colectiva de todo tipo, desde la violencia y el sabotaje hasta la participación electoral. Esta multiplicidad de organizaciones comparte como objetivo la lucha por el territorio y la autonomía del pueblo mapuche, así como la convicción de un camino propio, libre del paternalismo de los partidos políticos.

Según el historiador mapuche Fernando Pairican, hubo dos hilos o almas. Por un lado, estaban las organizaciones gradualistas, entre las que menciona Ad Mapu, la Identidad Territorial Lafkenche, la derechista ENAMA, además de la participación en la Convención Constituyente. Y, por otro lado, los que califican como disruptores, como la Coordinadora de Comunidades en el Conflicto Arauco-Malleco (CAM), nacida a fines de la década de 1990, Weichan Auka Mapu y Resistência Lafkenche, entre otras.

Desde 2021, estos últimos han implementado procesos de recuperación territorial, sabotaje de máquinas forestales y camiones, así como ataques a particulares, iniciando así una escalada de violencia que no se detuvo durante el gobierno de Boric. Por el contrario, a pesar de los llamados al diálogo transversal y sustantivo que ha hecho el nuevo gobierno, las acciones y la violencia han continuado.

Además, tras la victoria de Gabriel Boric, la CAM emitió un comunicado calificando al gobierno como una “nueva izquierda hippie, progresista y de buen pueblo” y expresando su derecho a “seguir resistiendo y reivindicando la violencia política como instrumento legítimo de nuestra lucha, sea quien sea”. está gobernando y que mantiene el patrón de acumulación capitalista y su andamiaje colonial”.

Se estima, extraoficialmente, que durante 2022 hubo poco más de 150 acciones violentas en lo que se conoce como macrozona sur. Esto llevó al gobierno a insistir en la renovación sistemática del estado de emergencia, contradiciendo así la desmilitarización de las comunidades que habían propuesto durante la campaña.

En este contexto, es complejo juzgar definitivamente al nuevo gobierno después de solo tres meses y, de hecho, puede ser que el proceso constituyente no sea el más adecuado para reformas de este tipo, impulsadas por el gobierno.

Actualmente se disputan transformaciones sustantivas y de largo plazo, como señala el primer apartado del artículo 1 del proyecto de nueva constitución: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológica”. Pero además de los resultados que finalmente se logren, una parte importante de este logro se debe al trabajo de los representantes mapuche en la Convención, muchos de los cuales provienen de lo que se ha descrito como la corriente gradualista del movimiento autonomista mapuche.


El lugar con más litio está explotando la revolución de los coches eléctricos

Una porción de América del Sur del tamaño de California está sofocando la producción del metal en un momento en que los fabricantes de baterías lo necesitan desesperadamente.


Extração de lítio no Salar Cauchari
Salar de Atacama, Chile

Aclamado como la Arabia Saudita del litio, este terreno del tamaño de California representa aproximadamente el 55 % de los depósitos conocidos del metal en el mundo, un componente clave en las baterías de los vehículos eléctricos.

Como dijo el gigante chino de vehículos eléctricos BYD Co. aprendido recientemente, explotar esta característica puede ser un desafío.

A principios de este año, después de que BYD ganara un contrato del gobierno para extraer litio, los residentes indígenas salieron a las calles para exigir que se cancelara la oferta debido a las preocupaciones sobre el impacto en los suministros de agua locales.

En junio, la Corte Suprema de Chile rechazó el laudo, diciendo que el gobierno no había consultado primero a los pueblos indígenas.

La nación chilena con la mitad de las reservas de litio del mundo tiene un mensaje tranquilizador para los fabricantes de automóviles eléctricos: una supervisión ambiental más estricta no amenazará la producción futura del metal utilizado para fabricar baterías.

El regulador ambiental de Chile está trabajando con otras agencias para elaborar un plan para fortalecer la supervisión de las empresas mineras que bombean cientos de litros por segundo de salmuera de litio desde debajo del salar de Atacama. 

Bajo la presión de inversionistas y clientes, las mineras ya están invirtiendo millones para reducir su huella y también dicen que esto no debería restringir la producción.

Si bien el objetivo principal es mitigar el impacto sobre el frágil ecosistema y las comunidades locales, el nuevo enfoque integrado para la aplicación no debe comprometer la producción en un momento en que la sustentabilidad es un punto de partida, dijo Cristóbal de La Maza, quien encabeza la agencia conocida como SMA.

Planes de expansión chilena de Albemarle Corp. y el rival local SQM son cruciales para que la industria satisfaga la demanda que se espera que se triplique en los próximos años, siendo el litio un ingrediente clave en las baterías que alimentan vehículos y teléfonos.

“No creemos que esto sea algo que vaya en contra de los intereses económicos, aunque nuestro rol es claramente ambiental”, dijo de La Maza. “En temas ambientales, lo que valía 30 años no es aceptable hoy”.

La reacción inicial de las empresas fue positiva, dijo, y agregó que entienden que Chile debe ser competitivo no solo en producción, sino también en estándares ambientales.

El mismo día que habló de La Maza, SQM anunció planes para reducir a la mitad su uso de salmuera y producir litio neutral en carbono para 2030, sin restringir la producción. Esto sigue a una batalla judicial perdida que obligó a la empresa con sede en Santiago a reelaborar un plan para lidiar con el bombeo excesivo de salmuera.

“Con esto, el riesgo de agotamiento de la laguna se reduce significativamente”, dijo Alonso Barros, un abogado que trabaja con las comunidades locales.

Albemarle, el otro operador importante en una salina que contiene casi una cuarta parte del suministro actual de litio en el mundo, aumentó el bombeo antes de duplicar la producción.

Pero la compañía con sede en Charlotte, Carolina del Norte, dice que las tasas de bombeo más altas han demostrado ser sostenibles, con el enfoque ahora en el intercambio de datos y el modelado en colaboración con las autoridades. 


También está buscando formas de producir más litio con la misma cantidad de salmuera y ha gastado $ 100 millones para mantener el uso de agua dulce incluso después de duplicar la capacidad.

La expansión de la industria del litio no es la única demanda en la Cuenca de Atacama, que también sirve a grandes minas de cobre, comunidades indígenas y turismo. SMA está investigando la mina Escondida del Grupo BHP por presuntamente extraer más agua de la permitida durante casi 15 años, cargos que Escondida niega.

Uno de los desafíos del regulador es establecer un conjunto común de estándares para los diferentes usuarios de agua dulce y salmuera en la Cuenca de Atacama.

"Está creando una forma única de ver las cosas y hacer lo mejor para el ecosistema", dijo en una entrevista el jefe de litio de Albemarle, Eric Norris. “Eso es en gran medida en lo que se enfoca SMA”.