Convocar un Pacto Nacional por la Seguridad

El llamado de los gobernadores de la Región Metropolitana, La Araucanía y parlamentarios al gobierno.A la solicitud se plegó la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén.

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Mañana será la primera conmemoración del estallido social bajo la administración del Presidente Gabriel Boric. Un aniversario que se da en un contexto marcado por el alza de delitos violentos y la delincuencia a nivel nacional. Ante ese escenario, este lunes en la mañana los gobernadores de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y La Araucanía, Luciano Rivas, en conjunto con parlamentarios desde la UDI hasta el PS llamaron al gobierno a convocar un Pacto Nacional por la Seguridad del país.

En ese sentido, las autoridades realizaron una serie de propuestas para abordar materias como el crimen organizado, recuperación de espacios públicos e implementación de políticas de intervención para grupos vulnerables, entre otras.

Al llamado se también se plegó la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén.

Uno de los diagnósticos que estuvo sobre la mesa fue que las autoridades regionales y locales -quienes fueron elegidas democráticamente- están “literalmente fuera de la discusión de seguridad”.

“Se requiere que los gobernadores regionales tengamos un rol importante en la lucha y prevención de la delincuencia, es muy extraño que las autoridades democráticamente elegidas en todas las regiones del país estemos hoy día literalmente fuera de la discusión de seguridad, siendo esta la primera prioridad ciudadana”, apuntó Orrego.

En la misma línea, la autoridad de la Región Metropolitana agregó: “reiteramos la invitación al gobierno a que convoque este gran Pacto por la Seguridaddonde todos los actores -incluidos el Poder Judicial y la Fiscalía- seamos partes con medidas muy concretas para mejorar la situación de seguridad en el país, nadie se puede restar, este es un momento de unidad nacional, donde los gobernadores queremos jugar un rol”.

En concreto, el llamado fue encabezado por Orrego y Rivas, mientras que del lado de los parlamentarios se hicieron presentes los presidentes de las comisiones de Seguridad de ambas cámaras: el senador José Miguel Insulza (PS) y el diputado Raúl Leiva (PS), además del senador Manuel José Ossandón (RN) y el diputado Jorge Alessandri (UDI).

El senador Insulza enfatizó en los nuevos fenómenos criminales que preocupan a las autoridades, así como el incremento de delitos de alta connotación, como los homicidios y los secuestros.

“El delito se ha hecho una preocupación fundamental de los ciudadanos, no solo por las cantidades, sino que por el tipo de delitos y la violencia que se está ejerciendo. Los delitos de sangre cada vez son peor”, puntualizó el también exministro del Interior.

Por su parte, el gobernador de La Araucanía -Rivas-, remarcó en el carácter transversal de la reunión y señaló que ese debe ser el requisito para todo pacto que pretenda abordar la crisis de seguridad pública que vive el país.

“Necesitamos que haya un gobierno que escuchando a todos y buscando acuerdos demos solución en conjunto a lo que hoy día más tenemos en nuestra zona, que vamos aumentando la cantidad de víctimas, que tenemos hoy día grados de impunidad que son muy duros, y es en ese sentido en el que tenemos que trabajar hoy día”, remarcó.

De parte de los alcaldes, Leitao hizo un llamado al Ejecutivo y a los otros actores que participan en la seguridad pública a abordar el tema con urgencia y “voluntad política”.

“La ciudadanía nos demanda dos cosas fundamentales: abordar este tema con urgencia y mayor efectividad, más que efectismo. Y yo creo que eso requiere de voluntad política para sentarse a trabajar en distintas aristas (…) hay que fortalecer el rol de los gobiernos regionales en materia de seguridad”, remarcó la alcaldesa de Peñalolén.

Puntos abordados

Algunos de los puntos que se abordaron en la reunión entre las autoridades regionales, parlamentarias y municipales guardan relación con cómo enfrentar la nueva delincuencia y la escalada del crimen organizado a nivel nacional.

Entre las materias discutidas destacan la implementación de una política “decidida de desarticulación de bandas criminales con foco en su patrimonio, incorporando a la Unidad de Análisis Financiero, las unidades especializadas de Fiscalía y Policías”.

Además, para enfrentar los delitos de homicidios y el incremento de imputados desconocidos en este tipo delitos, estuvo sobre la mesa la idea de dejar atrás “las prácticas institucionales de persecución penal caso a caso, integrando las técnicas de investigación los patrones delictuales para abordar el fenómeno criminal que está detrás”.

En la misma línea, otra de las discusiones que apunta al Ministerio Público y a las policías se refiere a que -según afirmaron algunas autoridades presentes- actualmente las Unidades de Focos Investigativos de las fiscalías carecen de sistemas informáticos, y los instrumentos para levantamiento de evidencias en las primeras diligencias no han sido actualizados por las fuerzas policiales por lo que, sostuvieron, “se requiere fortalecer la innovación tecnológica, el capital humano y la integración de la información para fortalecer la capacidad investigativa del Estado”.

Fuente: La Tercera

Gobierno presenta programa “Activa Chile Apoya” dirigido a pequeñas y medianas empresas

 

La iniciativa entregará apoyo para reactivar la actividad económica, mediante el cofinanciamiento de proyectos individuales de inversión, contemplando activo fijo, recuperación o construcción de nueva infraestructura productiva y/o para capital de trabajo.

Apoyar a contribuyentes de pequeñas y medianas empresas en la recuperación de su actividad económica, es el objetivo del nuevo programa “Activa Chile Apoya”, impulsado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y ejecutado por Corfo.

Esta iniciativa cofinanciará hasta 80% del costo total del proyecto Individual, con un tope de hasta $15.000.000, que se podrán utilizar en inversiones que contemplen la adquisición de activo fijo, recuperación o construcción de nueva infraestructura productiva y/o para capital de trabajo.

“Activa Chile Apoya” tendrá 14 convocatorias nacionales en modalidad de postulación permanente, con asignación de presupuesto por región. No participarán las regiones de Antofagasta y Ñuble.

Para este llamado, las empresas interesadas deberán contar con nivel de ventas mayor a UF 2.400 y hasta UF 100.000 y con proyectos que se enmarquen en las temáticas abordadas en las Estrategias Regionales de Desarrollo (ERD), de las respectivas regiones en que se realiza la postulación.

Antecedentes del concurso

La modalidad de postulación es permanente, con asignación de montos por región.

Los postulantes deben tener domicilio registrado en la región a la que postula el proyecto.

Financiará capital de trabajo de hasta el 40% del monto del subsidio.

Se cofinanciarán activos fijos, recuperación o construcción de nueva infraestructura productiva y/o capital de trabajo.

Se exigirá haber realizado la iniciación de actividades ante el SII, 1 año antes de la apertura del concurso.

El aporte empresa puede ser tanto pecuniario como valorado.

Se postula de manera directa por las empresas, y posteriormente se asignará un AOI, una vez adjudicado el subsidio.

La convocatoria se realizará de manera directa por parte de las empresas, mediante postulación permanente (ventanilla abierta).

El plazo de ejecución de los proyectos postulados será de hasta 10 meses.

El período de postulación es hasta las 15.00 horas del 17 de noviembre 2022 y toda la información está disponible en www.corfo.cl

Presidente Boric y tercer aniversario del estallido social

 “Tenemos hoy, una nueva oportunidad para construir las bases de una sociedad justa, menos desigual, digna”

El mandatario, en cadena nacional, recordó que millones de chilenos pacíficos salieron a las calles a exigir mayores derechos sociales, y que aún existen reformas que se deben concretar para cumplir con esa multitudinaria petición.

En el tercer aniversario del estallido social, el Presidente Gabriel Boric, se dirigió al país para entregar un mensaje a los chilenos en relación a la relevancia de esta fecha, especialmente para los millones de chilenos que salieron pacíficamente a las calles a exigir mejores derechos sociales.

Al respecto, el mandatario indicó que “hace tres años miles de personas se manifestaron expresando un malestar acumulado por largo tiempo, que clamaba por mayor justicia, igualdad y el fin de los abusos (…) A tres años el Estallido Social ya es tiempo de que salgamos de nuestra zona de confort para interpretar lo que ahí pasó, las lecciones que debemos sacar de este proceso y actuar”.

“El Estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política, de la cual somos parte, no ha sabido interpretar ni dar respuestas. Cuando leemos el Estallido sólo para reafirmar nuestras concepciones estamos eludiendo su mensaje y enseñanza. Como Presidente de Chile no voy a cometer ese error y estamos trabajando desde nuestro Gobierno y las fuerzas políticas que nos apoyan para no caer en lo mismo”, indicó.

El Presidente recalco que “en esos días del Estallido se dijeron y se hicieron muchas cosas excesivas. Nos agredimos unos a otros y creo que somos muchos los que sentimos que en ese periodo las cosas llegaron a un extremo que no debieran haber llegado. Sin embargo, no basta con constatarlo ni apuntar al del frente, sino preguntarnos por qué nos pudo pasar esto, por qué hubo tanto destrozo, por qué tanto enojo, por qué tanto desborde”.

“Se escuchan a veces opiniones que se limitan a explicar el 18 de octubre como si fuera una pura explosión de violencia, como si esa violencia hubiese brotado sólo de la delincuencia o de la falta de control policial. Sin embargo, quienes promueven en estos días esa mirada se les olvida que hubo un día, el 25 de octubre, en el que más de 1 millón de personas salió a las calles en Santiago y miles en el resto del país. Y hubo un periodo largo, que no fue una o dos semanas, sino de meses y meses en que más del 70% de la población apoyó el Estallido Social y se sintió interpretado por este”, señaló.

“En los carteles que portaban la gran mayoría de manifestantes pacíficos y en sus respuestas a las encuestas de la época se encuentran ideas que se repiten una y otra vez: dignidad, salud, pensiones, educación, salud mental, cuidado de la infancia, paz, el derecho de vivir en paz. Una de las razones por las que llegamos a este punto fue por la incapacidad que tuvimos en el mundo político de durante mucho tiempo acordar soluciones para estos problemas. Pasaron años y años, hubo muchas advertencias del malestar ciudadano y esos acuerdos no se produjeron. Y la verdad es que desde entonces hasta ahora hemos avanzado poco en cambiar las cosas en este plano. Ha habido esfuerzos durante todos estos años, sin lugar a dudas, no pretendo negarlo, pero todavía no concretamos las reformas que resuelvan la debilidad de los derechos sociales de los chilenos y chilenas, y así nos los dice la gente permanentemente en la calle”, indicó Boric.

El Presidente se refirió también a las violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en dicho periodo. “No podemos olvidar que el Estallido Social fue también un momento doloroso desde el punto de vista de los derechos humanos. Personas que estaban ejerciendo un derecho legítimo en democracia sufrieron lesiones y abusos ante los cuales no podemos ser indiferentes. Como Estado debemos asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable, hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune, y no se puede volver repetir. Es indispensable que en democracia los abusos policiales se investiguen y se sancionen”.

Al respecto agregó que “no sólo es un acto de justicia a las víctimas, sino también es un acto de justicia con la institución policial, cuya labor no debe ser confundida con actuaciones que fueron gravísimas y condenables, porque no son representativas de la labor diaria que más de 60.000 carabineros realizan día a día a lo largo y ancho de nuestro país. Por eso, cuando pedimos sanciones contra los abusos policiales no dejamos, ni por un segundo, de valorar el trabajo que las policías hacen todos los días para proteger a la población y frenar la delincuencia. El Estallido Social fue un campo fértil para la expansión de conductas violentas destructivas, que también han dejado víctimas y secuelas, y desde todas las posiciones políticas tenemos que decirlo con claridad”.

“La protesta social no puede ser sinónimo de violencia, no puede cobijarla ni justificarla, porque va en contra de sus principios y sus propósitos, y en contra de su vocación de mayoría para cambiar la realidad. No podemos construir un país más justo quemando los buses en que se transportan los ciudadanos y ciudadanas o dejando a personas sin semáforos para cruzar la calle o a los emprendedores y trabajadores sin su fuente de ingreso. Simplemente no es aceptable, como tampoco lo es ir a atacar a policías, que son, a fin de cuentas, funcionarios del Estado que están cumpliendo un servicio que les encomienda el sistema democrático”.

Por último, el mandatario resaltó que “tenemos hoy, a tres años del 18 de octubre del 2019, una nueva oportunidad para construir las bases de una sociedad justa, menos desigual, digna y no la podemos desaprovechar. En este esfuerzo, desde nuestras diversas posiciones que constituyen nuestro amplio arco político, debemos estar todo y todas, especialmente sabiendo las dificultades que genera el actual estado de incertidumbre en nuestra sociedad que ya ha sido duramente afectada par la pandemia y la crisis económica mundial. El pueblo de Chile no nos quiere ver peleando no quiere ver solucionando”.

“Nuestro compromiso es trabajar con urgencia y es por ello que he instruido a nuestro Gobierno para que se despliegue en terreno en todo el país para solucionar las necesidades más sentidas de todos nuestros habitantes, tal como lo hicimos la semana pasada conmigo en Antofagasta y con el resto de nuestros ministros en cada una de las regiones de nuestra Patria haciendo lo que hay que hacer, lo que debemos hacer: gobernar, tomando decisiones, escuchando y haciéndonos cargo de las urgencias, mejorando de manera palpable, ¡ya!, la vida de nuestros habitantes. No tenemos ni un minuto que perder. Los diagnósticos están. Pongamos toda nuestra voluntad para avanzar”, finalizó.

Escuela digital ofrece igualdad de oportunidades a comunidades remotas de Chile

 Construido en el corazón de la provincia chilena de Tierra del Fuego, el pequeño colegio Hernán de Magallanes está revolucionando la educación en uno de los lugares más rurales del mundo.

Con apenas 350 alumnos, el moderno edificio se destaca entre las coloridas casas de madera que conforman Porvenir, capital de la provincia y una de las ciudades más australes del país que ha sido refugio de piratas, mineros y ganaderos.


A pesar de estar aislados del resto del país y del mundo, los adolescentes aquí tienen acceso a las mismas oportunidades que otros en partes más conectadas del mundo a través de la educación digital y el uso de tabletas e internet de fibra óptica.


El proyecto es una iniciativa de la Fundación Profuturo y está patrocinado por las empresas españolas Telefónica y La Caixa.


“Hasta hace poco tiempo aquí las comunidades tenían un acceso muy limitado a internet”, dijo a la prensa Mauricio Martínez, uno de los expertos que capacita a docentes de escuelas remotas en el sistema de educación digital.


“Les costó mucho conectarse con sus compañeros para ayudarlos a mejorar sus metodologías educativas, y el apoyo más significativo es que los docentes ya no se sienten tan lejos”, agrega.


Agustín Caro, Javiera Recabal y Paula son solo algunos de los alumnos beneficiados por el centro educativo que conecta la escuela remota con profesores a unos 3.000 kilómetros de distancia a través de tabletas y conexión rápida a internet.


“Es más simple y más divertido”, dice Paula.


Agustín, de 15 años, aspira a convertirse en piloto comercial.


“En realidad ha cambiado mucho, porque antes internet no era tan bueno, pero ahora con internet de fibra óptica se puede volar”, dice a la prensa chilena.


Javiera, de 15 años, quiere ser la primera diseñadora de alta costura nacida, criada y educada en su ciudad Porvenir y utiliza Internet para mantenerse al día con las últimas tendencias de la moda.


“Son otro tipo de actividades que no ves todos los días, entonces aprendes a relacionarte más, trabajar

en grupo y socializar mejor. Es genial que estemos en una escuela tan remota y todavía tengamos ese tipo de actividad”, dice.

Boris Sambuesa, profesor de matemáticas de la escuela, cree que uno de los mayores beneficios del programa es la facilidad que ofrece para los caminos educativos individuales.

“Se nota en el entusiasmo de los niños, en la forma en que abordan el tema, están más motivados. Puedo obtener información instantánea y ver su progreso, cuántos de ellos se han conectado a la plataforma, y ​​eso me da más control sobre el curso”, dice a  la prensa internacional.

Magdalena Brier, directora general de Profuturo, dice que la educación digital permite que los niños de la ciudad Porvenir se capaciten en una variedad de temas como cualquier otro niño en EE. UU. o Europa, con el mismo tipo de educación y acceso a los mismos materiales de aprendizaje.

“Es impresionante ver que la educación digital favorece mucho la igualdad de oportunidades en los lugares más remotos del planeta”, dice. 

Inflación en América Latina solo alcanzará meta en 2024, dice estudio

La inflación en los principales países latinoamericanos está cerca de tocar techo y debería iniciar un lento proceso de desaceleración a partir del último trimestre de 2022, pero solo convergerá a las metas que persiguen los bancos centrales de la región en 2024. 

El balance está contenido en un informe por XP Investments, obtenido exclusivamente por Estadão/Broadcast, el sistema de noticias en tiempo real del Grupo Estado.

Entre este año y el próximo, la corredora estima una desaceleración de la inflación en Brasil (5,6% a 5,2%), México (8,3% a 5,3%), Colombia (12,0% a 6,5%) y Chile (12,5% a 5,6%). %). 

Este proceso debería estar impulsado por una mejora en las cadenas de suministro globales, la corrección de los precios de las materias primas y el endurecimiento monetario en las economías desarrolladas.

“Estamos comenzando a seguir señales no solo en América Latina, sino en todo el mundo de una reversión a un proceso de desinflación”, dice el economista de XP Francisco Nobre, uno de los autores del estudio. “Esto debería ganar fuerza, especialmente el próximo año, pero debería ser un proceso lento. Tiene efectos de segundo orden que todavía se reflejan en la inflación”.

En las cuentas de XP, los costos de flete marítimo se han reducido en aproximadamente un 75 % desde principios de 2022, lo que sugiere una mejora en las cadenas de suministro globales. Las correcciones de los precios de las materias primas también contribuyen a la desinflación.

El endurecimiento monetario liderado por la Reserva Federal (Fed, el banco central de los Estados Unidos) es también uno de los vectores de alivio de la inflación en América Latina, por el potencial de desaceleración de la economía global. El escenario del bróker contempla una tasa final en torno al 4,5% para los Fed Funds, aunque el riesgo es de un aumento más intenso de las tasas de interés.

“La Fed está subiendo tipos a un ritmo mucho más rápido que en otros ciclos, encaminándose a una cuarta subida de 0,75 puntos porcentuales, algo que nunca antes se había hecho”, apunta el economista, que ve el riesgo de un “ajuste excesivo” de las tasas de interés de EE.UU. “Lo que han estado señalando es que les preocupa más bajar que subir”

En la transición de 2022 a 2023, XP espera una desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil (2,8% a 1%), México (2,2% a 1,5%) y Colombia (8% a 1,6%). además de una recesión moderada en Chile (2,1% a -0,5%), aunque Nobre reconoce que el riesgo es de una desaceleración global más fuerte y, en consecuencia, menores números en la región.

Toda la información es de la Agencia Estatal

Chile entrega la primera cédula de identidad en binario

En un día histórico, el Registro Civil entregó la primera cédula con el marcador ‘X’. Reconoce la identidad de género de Shane, quien no se identifica como hombre ni como mujer.

El 14 de octubre de 2022 es un día histórico para la comunidad trans y no binaria de Chile. El Servicio de Registro Civil e Identificación entregó la primera cédula que lleva impreso el marcador ‘X’ para reconocer la identidad de género de una persona que no se identifica como hombre ni como mujer.

Shane Cienfuegos es activista, trabajadore social y especialista en estudios de género. También es coordinadore de Intervención Social de OTD y se identifica con esta parte del espectro LGBTIQ+. Asume una identidad que escapa al binarismo de género. Hace historia en un país donde, de momento, no existe forma de que los documentos oficiales cataloguen a una persona que no sea como masculino o femenina. A menos que recurran a la vía judicial. Y fue lo que Shane hizo.

«Este reconocimiento abre un diálogo para poder problematizar sobre las desigualdades sociales a las que nos hemos visto enfrentades como comunidad. Me costó años y me llevó a una lucha con la Justicia que nadie debería tener que enfrentar», dijo Shane a Presentes.

El hito abre la puerta a todas las personas no binarias del país que existen y resisten. Y desde hace años también luchan por un reconocimiento legal que todavía no llega. Para Shane es una paradoja.

Su documento no binarie llega a poco más de un mes del plebiscito constitucional en el que Chile perdió la oportunidad de tener una nueva Constitución. La propuesta de texto entregada por la Convención no sólo nombraba por primera vez a las diversidades y disidencias sexuales en una carta fundamental. Además generaba la posibilidad de formar una institucionalidad para resguardar los derechos que el mismo texto consagraba, como por ejemplo, el de la identidad. “Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad, en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas”. Así lo señalaba el artículo 64. 

El fallo que reconoció a una persona no binaria

Shane inició su lucha por el reconocimiento de su identidad en 2014. En 2017 logró cambiarse el nombre legalmente. No era suficiente. En 2019, cuando la Ley de Identidad de Género (LIG) se aprobó, buscó a la abogada y profesora Lorena Lorca, experta en temas de género. Le pidió ayuda para iniciar la lucha judicial por su reconocimiento como persona no binaria.

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Lorca lidera el curso de Clínica Jurídica. Desde ahí está logrando cambios históricos en el país. El 25 de mayo de 2022 logró el primer fallo de la justicia chilena que reconoce a una persona mayor de edad como no binaria.

Tras una batalla legal que incluyó una demanda al Estado de Chile, en julio Shane logró exactamente lo mismo. Fue cuando la Décima Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, -integrada por los ministros Carolina Vásquez Acevedo, Patricio Martínez Benavides y Claudia Lazen Manzur-, falló a su favor. Acogió la solicitud de cambio de sexo registral. Y ordenó al Servicio de Registro Civil e Identificación rectificar su partida nacimiento, para reconocerla como persona no binaria con el marcador “X”.

Camino al carnet no binario y de género neutro

A finales de septiembre ya había otras sentencias similares en el país, con fallos favorables para personas no binarias, explica Emilia Esperguel, activista trans, asesora jurídica de OTD y alumna de la profesora Lorca. Pero la primera partida de nacimiento que se rectificó de esta manera fue la de Shane. Dos semanas después llegó su nuevo carnet de identidad.

Durante la tramitación, Shane y el curso de Clínica Jurídica de la Universidad de Chile presentaron a la Justicia toda la evidencia que pudieron, incluidos testigos. “La parte solicitante se define de género neutro y no se enmarca dentro de las categorías binarias”, dicta la sentencia. También destaca su rol como activista por el reconocimiento y protección de otras personas que se identifican de igual forma, y releva el papel que tuvo junto a otres activistas y organizaciones en la tramitación de la LIG.

“Como persona no binaria (Shane) recalca que la indicación del sexo que aparece en su registro corresponde a un error, al no tener coherencia con su identidad, y requiere de dicho reconocimiento para poder desarrollarse de manera integral. (…) Así, al existir un error en la inscripción de nacimiento del solicitante, en tanto designa un sexo -masculino- que no coincide con su identidad de género, se verifica una vulneración a su dignidad humana, lo que contraviene las normas internas y principios consagrados en instrumentos internacionales”, señala la resolución. Que además invoca a la LIG, al reconocer como principio general el derecho a la identidad para toda persona 

“El género es una categoría a superar”

Para Shane, lo más bonito de su camino es que pudo recorrerlo acompañade. “Esta lucha no es solo mía, es una lucha colectiva. Soy la primera persona a quien le rectifican una partida de nacimiento y le entregan un nuevo carnet, pero antes de mí vinieron muchas otras que lamentablemente no tuvieron éxito, y para todas ellas este logro puede servir de algo”, cuenta emocionade.

La profesora Lorca, aunque celebra el hito, no puede entender cómo es posible que las personas no binarias tengan que recurrir a la Justicia para obtener reconocimiento legal, aun cuando existe una ley que debería protegerles. “Sí, esto es histórico. Pero igual es impresentable que la solución siga siendo la vía judicial», dice la abogada que representa a personas trans desde el año 2009.

Shane también cree que su caso servirá para empezar a derribar los muros impuestos por el género como constructo social. “El género es una categoría que hay que superar. Es un medio de control de cuerpos y de la sexualidad. En ese sentido, creo que el no binarismo es una apuesta política para hacer frente a estos sistemas de represión y exclusión social que están basados en categorías de género, y que necesitamos abolir”.

Alcaldes Sharp y Jadue critican aumento de $100 per cápita en presupuesto de Atención Primaria de Salud

El jefe comunal de Valparaíso expresó que este presupuesto “¡es una monumental falta de respeto!”. Mientras, su par de Recoleta sostuvo que “es una bofetada para la ciudadanía”.

             Daniel Jadue                                                                                          Jorge Sharp

Se mantienen las críticas al presupuesto 2023 que el gobierno de Gabriel Boric ha propuesto para la Atención Primaria de Salud, que presenta un alza de cien pesos per cápita respecto del presupuesto de este año.

Ahora el turno es de los alcalde Jorge Sharp y Daniel Jadue, quienes a través de sus cuentas de Twitter se manifestaron en contra del exiguo presupuesto para la salud primaria.

El edil de Valparaíso expresó que este presupuesto “¡es una monumental falta de respeto y empatía con al menos 13 millones de chilenos que se atienden en un consultorio!”. Mientras que el jefe comunal de Recoleta sostuvo que “es una bofetada para la ciudadanía. Esto deteriorará la atención primaria, en tiempos donde se hace cada vez más necesaria. Urge rectificar!”

Por su parte, la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, ha dicho que se debe modificar este presupuesto ya que “no cubre los aumentos de costos que incluye la salud primaria. La inflación de precios nos impone que se compensen estás alzas que afectan a las familias y que en el sistema de salud debemos resolver”.

Cabe señalar que los gremios de la salud han expresado su preocupación, manifestándose en alerta por posibles movilizaciones de no rectificarse la partida presupuestaria.

Familiares de presos políticos denuncian continuidad de denuncias gubernamentales y exigen indulto presidencial

Los manifestantes advierten que actualmente “hay jóvenes que siguen en proceso, con distintas medidas cautelares, en espera de juicio oral, que derivó en arresto domiciliario, con vigilancia y aún más encarcelamientos, con la excusa de un supuesto riesgo de fuga.

Desde alrededor de las 8 de la mañana de este jueves, familiares de presos políticos se encuentran frente al canal MEGA en la avenida Vicuña Mackenna, Región Metropolitana, con el objetivo de “informar a los medios de comunicación y a la opinión pública sobre el estado procesal de los casos, así como como exigir la nulidad de los casos, el retiro de acusaciones del actual gobierno, la implementación inmediata del indulto presidencial y una declaración del gobierno de Gabriel Boric que ponga fin al silencio sobre el asunto”, según consta en una nota pública emitida por el manifestantes.

El comunicado destaca que la intervención se produce “solo unos días después de que nuestro país fuera elegido por cuarta vez para representar a América Latina como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”. En ese sentido, se señala que esto ocurre “mientras en Chile continúa la prisión política y se violan los derechos humanos no solo de los presos, sino también de quienes hoy ejercen su legítimo derecho a la protesta, incluso hay estudiantes de secundaria que en los últimos meses han sido enviados a prisión preventiva o les fue impuesta la medida cautelar de arresto domiciliario”.

Los convocantes advierten que en la actualidad “hay jóvenes que siguen en un proceso abierto, con distintas medidas cautelares, en espera de juicio oral, que derivó en arresto domiciliario, con seguimiento e incluso nuevos encarcelamientos, con la excusa de un supuesto riesgo de escapar ”. 

“Es importante señalar que hay presos políticos de la revuelta que fueron sentenciados -en muchos casos solo con el testimonio de la PDI y Carabineros- sin consideración de prueba y sin el debido proceso, recibiendo penas de hasta 15 años. Este es el caso de Cristian Cayupán, quien tiene una causa abierta contra la PDI, el Ministerio Público y jueces por obstrucción a la investigación, lo que permitirá demostrar con pruebas contundentes que la sentencia recibida no corresponde y que el responsable ser castigado, que es tedioso y lento, han pasado 3 años desde su encarcelamiento”, dicen los familiares de los presos políticos.

Por otra parte, en lo que respecta al indulto presidencial, cabe señalar que el trámite de esta iniciativa, que es competencia exclusiva del Presidente de la República, continúa paralizado por parte del Ministerio de Justicia y del Gobierno. Asociado a ello, se le acusa de “incumplimiento de la palabra prometida por las actuales autoridades a los familiares de los presos políticos realizada durante la última campaña presidencial”.

En el mismo sentido, los familiares convocados destacan que el anuncio y puesta en marcha de la llamada Mesa de Reparación Integral por parte del actual gobierno “invisibiliza a los presos políticos y todas sus demandas, lo que claramente representa una grave violación a los derechos humanos”. humanos".

“Es fundamental reagruparse de nuevo”

En este escenario, los familiares de los presos políticos enfatizan que “es fundamental reagruparnos, aunar esfuerzos y coordinar nuestras luchas, permitiendo así la articulación con la independencia política de los funcionarios del Estado, quienes desde las distintas coaliciones de gobierno quisieron institucionalizar esta lucha. , quedando archivados los compromisos de indulto”.

Finalmente, los organizadores sostienen que el encarcelamiento de presos políticos en prisiones ordinarias, en muchos casos con presos de alta peligrosidad, “es un fracaso del Estado en relación con la política del preso de conciencia”. “No solo se violan los derechos humanos de los presos políticos, sino también los de sus familias, quienes fueron sometidos a los procedimientos y normas que tiene Gendarmería, además de este triste empobrecimiento económico, moral y físico”, revelan.

Madre de Cristian Cayupán

Para ayudar a que esta intervención sea aún más visible, las familias de los presos políticos piden a la ciudadanía que los apoye a través de sus redes sociales compartiendo información al respecto a través de los hashtags #libertadalxspp, #cancelacióndelascausas, #cancelacióndelasquerellas, #indultoalxspp y #que_bajen_el_móvil_de_MEGA. En la misma línea, @MEGATV, @MINISTERIODEJUSTICIA y @GABRIELBORIC, entre otras autoridades, fueron invitados a anotar.

Ex oficial de carabineros es condenado a 12 años por agredir a parlamentario

Un excapitán de la policía chilena declarado culpable el mes pasado de disparar un bote de gas lacrimógeno contra el futuro senador. Fabiola Campillai durante una protesta callejera en 2019 fue sentenciada este martes a 12 años y 183 días de prisión.

Los fiscales pidieron una sentencia de 12 años para Patricio Maturana, quien fue despedido de Carabineros, la policía nacional militarizada de Chile, después del incidente.

Maturana recibirá crédito por los 774 días que pasó tras las rejas en prisión preventiva, dijo el tribunal.

Campillai perdió la vista, el gusto y el olfato luego de ser golpeado en la cara por el bote en el barrio de San Bernardo de Santiago cuando se dirigía al trabajo el 26 de noviembre de 2019.

En la sentencia dictada el 1 de septiembre, la jueza Marcela Nilo dijo que Maturana utilizó la granada lacrimógena no "para dispersar o disuadir a la multitud, sino para causar daños".

Reconociendo el historial de servicio impecable del acusado antes de los eventos en San Bernardo, el tribunal consideró que sus acciones eran injustificadas ya que los manifestantes no estaban bloqueando el tráfico ni poniendo a otros en peligro.

Además de enviar a prisión al ex oficial de Carabineros, el juez le prohibió trabajar en el servicio público por el resto de su vida y le ordenó pagar las costas judiciales.Maturana fue acusada en agosto de 2020, pero el juicio recién comenzó en mayo de este año.

Campillai, una de las al menos 460 personas que sufrieron lesiones oculares graves como resultado de las acciones policiales para sofocar la ola de protestas masivas que estalló en octubre de 2019, se ha convertido en un destacado defensor de los derechos humanos.

El activismo la llevó a la política y, en noviembre de 2021, derrotó a varios funcionarios veteranos apoyados por partidos tradicionales para ganar un escaño en el Senado como independiente.

En agosto, la senadora presentó una demanda contra el gobierno pidiendo 2.000 millones de pesos (2,2 millones de dólares) en daños por sus lesiones, que la obligaron a someterse a múltiples cirugías de reconstrucción facial.

Lo que comenzó como una protesta contra un pequeño aumento de la tarifa del metro se convirtió en un movimiento que llevó a 1,2 millones de personas, más del 5% de la población chilena, al corazón de Santiago el 25 de octubre de 2019.

Treinta y cuatro personas murieron y miles resultaron heridas en la respuesta de las fuerzas de seguridad a las mayores movilizaciones que ha presenciado Chile desde la dictadura del traidor general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

Se interpusieron unas 2.000 denuncias penales contra Carabineros en relación con los hechos de finales de 2019.

El principal reclamo de los manifestantes fue un modelo económico más justo en un país donde el 1% más rico controla más de una cuarta parte de la riqueza nacional.

Mujeres mapuches encarceladas en Argentina inician huelga de hambre; Ministra de Género renuncia

La represión se refiere a otros casos conocidos en la región, que culminaron con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Mujeres y niños mapuches son detenidos por las fuerzas de seguridad federales después de un desalojo violento en la Patagonia, el martes (4). -Alfredo Leyva

Desde hace una semana, el gobierno argentino es blanco de denuncias por el desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Bariloche, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia. Violencia física, encarcelamientos, arbitrariedades e incumplimiento de protocolos pintaron el escenario que ha movilizado a organismos de derechos humanos y provocado la renuncia de tres ministros más del presidente Alberto Fernández.

El operativo fue realizado por la Policía Federal y Gendarmería (policía militar argentina) durante la madrugada del pasado martes (4). Unas diez familias fueron expulsadas de su territorio, considerado sagrado por los mapuche.


Siete mujeres fueron detenidas sin aportar pruebas ni justificación legal alguna. La Justicia determinó secreto en el proceso y, hasta el día de hoy, la defensa, asumida por la Gremial de Abogados, no ha tenido acceso a las pruebas ni a las acusaciones que sustentan la detención.


Uno de los detenidos es la machi de la comunidad y la única en territorio argentino, una autoridad espiritual que domina las prácticas medicinales con plantas y ceremonias, figura importantísima en la tradición mapuche.


Del grupo de detenidos aún queda una mujer embarazada en estado avanzado. Tuvo que ser llevada al hospital después de la operación policial. Otras dos son madres y fueron detenidas con sus hijos, uno de un mes y otro de cuatro meses. Durante las primeras 48 horas no tuvieron acceso a un abogado y estuvieron incomunicados.


“Entraron y quemaron nuestra ropa”, dijo la machi Betiana Colhuan en una grabación de audio la noche del arresto, antes de que la policía se la llevara. “Nos golpearon, nos maltrataron y hay niños perdidos en la montaña. Informan que hay orden de disparar con bala de plomo”. Los niños, que huyeron durante la operación, fueron encontrados más tarde.


Las detenidas fueron trasladadas al Penal de Ezeiza en Buenos Aires, a 1.600 km de sus domicilios, con el pretexto de que Bariloche no contaba con un penal de mujeres.

La embarazada fue la única detenida que no fue trasladada a Buenos Aires. El sábado (8), el pedido de arresto domiciliario de la defensa fue concedido por la jueza a cargo del caso, Silvina Domínguez.

“La decisión del juez Domínguez, que siempre ha tenido una actitud garantista, que garantiza los derechos”, comenta uno de los abogados defensores, Eduardo Soares, a Brasil de Fato. Considere esto lo que ellos llaman un caso armado.

“Se quemó un contenedor vacío de Gendarmería, y pronto gente supremacista racista de la comunidad se manifestó. Esta comunidad de Bariloche es un lugar de mucho racismo”, señala.

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“El presidente de la Junta Vecinal denunció que [los mapuche] ocuparon su territorio. La Justicia fue, no encontró nada, pero montó este proceso. Con ese pretexto, la Justicia Federal entró hace una semana al territorio, territorio que estaba protegido por la justicia misma".

Desconociendo los cargos contra los que tienen que defender a los detenidos, los abogados también tienen prohibido ingresar al territorio de desalojo. “Ver arbitrariedad. El secreto de justicia es un procedimiento procesal, previsto en el Código Penal, pero para casos muy graves, como homicidio, narcotráfico, terrorismo”, puntualiza Soares.

El lunes (10), cuando intentaban ingresar al lugar con algunos miembros de la comunidad mapuche, los abogados recibieron gases lacrimógenos de parte de las fuerzas de seguridad del lugar. “Somos los defensores, tenemos que ver el lugar de los hechos, qué pruebas han recogido. coincide con nosotros. Eso es lo que se llama igualdad de armas”, dice el abogado.

Violación de los derechos humanos

Las madres están bajo arresto domiciliario con sus hijos, mientras que Machi y las otras tres mujeres fueron devueltas a la Patagonia. Están recluidos en las instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Bariloche, y hoy cumplen su séptimo día de huelga de hambre por su derecho a la libertad.

“Todo lo que ha pasado estos días recuerda la historia de nuestros antepasados. Arrancados de sus territorios, humillados, torturados”, informó en una grabación este lunes (10) uno de los detenidos por PSA, refiriéndose a la práctica colonial que obligaba a miles de indígenas a caminar desde puntos extremos del país hasta Buenos Aires.

Este macabro histórico es el que da nombre a una ciudad de la provincia de Buenos Aires: Quilmes, el lugar adonde fueron llevados los indígenas quilmes exterminados desde Tucumán, hasta la costa del Río de la Plata, 1.500 km a pie. Un castigo por los años de resistencia de los indígenas al avance de los hombres blancos en la región norte del país. De los 100.000 que se fueron, 10.000 indígenas quilmes llegaron a su destino.

Varias organizaciones de derechos humanos se manifestaron la semana pasada en una marcha en Buenos Aires, denunciando el accionar de la policía federal y la omisión del gobierno nacional. Exigen la apertura de una mesa de diálogo en lugar del uso de la violencia.

Referente de las Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Nora Cortiñas manifestó su rechazo al caso. “Negar que hubo represión es una falta. No pueden seguir negando la represión: los niños fueron maltratados”, afirmó. En ese sentido, vio “con satisfacción” la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de la Mujer, Género y Diversidad. “Finalmente, ante tal evento, alguien renunció”.

Renuncia de la Ministra de Género

El viernes (7), tres días después del desalojo, la ministra de la Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández. La ahora exministra ya había manifestado su oposición al accionar policial contra los derechos de las mujeres y niños mapuche en Villa Mascardi.

“Los hechos de público conocimiento en Villa Mascardi, por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que fueron detenidas mujeres y niños, con participación de fuerzas federales, son incompatibles con los valores que defiendo como político proyecto", defendió Alcorta, en un duro mensaje al Gobierno nacional.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y negó el uso de la violencia. “Las normas internacionales convencionales de derechos humanos obligan a satisfacer las demandas de interés general con el menor sacrificio posible de las garantías individuales”, escribió en su red social. “Esta fue la instrucción política a las fuerzas de seguridad, quienes cumplieron su rol de manera ejemplar y ejecutaron las medidas, causando el menor daño posible”.

Aunque no expresaron un motivo similar para justificar la salida, otros dos ministros siguieron a la renuncia de Alcorta: Juan Zabaleta, de la cartera de Desarrollo Social, y Claudio Moroni, del Ministerio de Trabajo. Los nuevos nombres ya fueron designados, y la inauguración debe ocurrir el próximo jueves (13).

Interés por tierras patagónicas

Los mapuches, comunidades originarias de la región del sur de Argentina y Chile, viven desde hace años con la extorsión de sus territorios, dado el interés de las multinacionales y del propio Estado en viabilizar proyectos extractivos, turísticos e inmobiliarios en la región. 

En la provincia de Río Negro, en particular, se produjo en 2017 el caso de Santiago Maldonado, que se hizo conocido internacionalmente. El artesano, que acudía a acompañar las protestas contra proyectos extractivos en apoyo a las comunidades indígenas locales, desapareció tras el operativo de Gendarmería contra manifestantes, que bloqueaban una vía, en Chubut.

Bajo fuertes presiones de organismos de derechos humanos, el cuerpo de Maldonado apareció meses después en el río Chubut. El peritaje concluyó muerte por ahogamiento, lo que no convenció a la familia. En respuesta a dos recursos interpuestos por la familia, la Corte Suprema concluyó la semana pasada que el caso sigue abierto y que no hay sentencia firme sobre la muerte de Maldonado.

También fue en un operativo contra Lof Lafken Winkul Mapu que el mapuche Rafael Nahuel fue asesinado por un policía, de un tiro en la espalda. Nahuel pertenecía a otra comunidad mapuche, pero ayudaba a llevar alimentos y artículos de primera necesidad a mapuches que quedaron varados en el territorio tras el desalojo, en Villa Mascardi.

En 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri y el ministerio de seguridad de Patricia Bullrich, se lanzó una campaña de criminalización de los mapuche entre el gobierno nacional y los medios de comunicación.

Desde entonces se inició un proceso, denominado por Eduardo Soares el “caso madre”, que engloba una serie de violaciones contra la comunidad Lafken Winkul Mapu en su territorio recuperado.

“Los procedimientos fueron muy parecidos a lo que hemos visto ahora: gases lacrimógenos, mucha violencia, separación de madres e hijos. Fue también por la vulneración de los derechos de los niños que llegamos a este caso”, dice Soares.

“Veníamos ganando todos los casos, y la audiencia final sería, calculamos, a fines de este año o principios del próximo”, dice el abogado. “Este proceso debe determinar, en primer lugar, si hubo un delito y, en segundo lugar, si ese delito es atribuible a la comunidad mapuche. Estábamos casi seguros de que ganaríamos este juicio. Y creo que ellos también.

El sábado (8) se realizó la primera audiencia por la detención de las mujeres mapuches, y los detenidos fueron escuchados por el juez Domínguez. La defensa tampoco tuvo acceso al contenido de la audiencia. Ahora, están a la espera de los diez días hábiles posteriores a la audiencia, previstos por el Código Procesal Penal, para tener acceso al contenido del proceso en curso.

Rodolfo Varela

Fuente:Fernanda Paixão
Brasil de Hecho |

Miles de personas rinden homenaje a Allende en el 49 aniversario del golpe de Estado en Chile

Presidente da República, Gabriel Boric, elogiou a figura de Allende e voltou a anunciar a intenção do governo avançar com um novo plano de busca dos desaparecidos do golpe militar em 1973.

Miles de personas rindieron homenaje al expresidente chileno Salvador Allende en el aniversario 49 del golpe militar que derrocó a su gobierno democrático e instauró una dictadura militar encabezada por el traidor general Augusto Pinochet (1973-1989).

Grupos de izquierda, excompañeros de Allende y familiares de las víctimas de los más de mil detenidos que siguen desaparecidos, se concentraron junto a su estatua, en la entrada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y luego se dirigieron a la Recoleta. cementerio, donde está enterrado.

Allende, quien encabezó un gobierno de “unidad popular”, fue asesinado  el 11 de septiembre de 1973  en su oficina del Palacio de La Moneda, donde intentaba resistir el golpe y cuando el edificio estaba siendo fuertemente bombardeado por la fuerza aérea y ejército de las fuerzas golpistas antes del asalto final.

Horas después, los militares a instancias de Pinochet arrestaron a decenas de miles de personas, cientos fueron fusiladas de inmediato, y comenzó una ola de represión que duró casi una década y tuvo como principal objetivo a los partidos socialista y comunista, y al Movimiento de Izquierda. Revolucionario (MIR).

"Estamos aquí para recordar a un hombre que fue digno hasta el final. Pero también que no olvidemos la memoria de todos los que fueron asesinados, de los que desaparecieron, y que no vuelva a pasar”, dijo a la prensa el familiar de un desaparecido del 11-S.

En la mañana, en el interior del Palacio de La Moneda, el presidente de la República, Gabriel Boric, admirador de Allende, elogió su figura y anunció nuevamente la intención de su gobierno de avanzar en un nuevo plan de búsqueda de desaparecidos.

"Ante las divisiones, los problemas de la sociedad, responderemos con más democracia y no con menos. Este es precisamente el legado que nos dejó el presidente Salvador Allende”, afirmó Boric, antes de asegurar que seguirá con el proceso constituyente a pesar de la derrota del “Aprueba” en el reciente referéndum sobre la nueva Constitución.

Los festejos en el cementerio de la Recoleta incluyen varios actos, frente al panel de la memoria, junto a las tumbas de Allende y el cantautor Víctor Jara —uno de los torturados y asesinados sin juicio en los días inmediatamente posteriores al sangriento golpe  y en el bloque 29 , lleno de cruces sin nombre que recuerdan a los desaparecidos.

Un grupo de jóvenes terminó enfrentándose con carabineros, recordados por los manifestantes por su participación en la represión y consumación del golpe, y que es objeto de decenas de denuncias por violación de derechos humanos.

Las fuerzas policiales respondieron con gases lacrimógenos y gas pimienta disparados desde vehículos blindados y realizaron numerosas detenciones, además de varios heridos.

Al menos 10 personas son detenidas en manifestación en Chile por militarización de zonas mapuche

Al menos diez personas fueron detenidas durante una manifestación de indígenas en Santiago este lunes (10), en repudio a la militarización de regiones del sur de Chile, donde grupos indígenas radicales reclaman demandas del pueblo mapuche.

Al son de tambores y bocinas, los manifestantes, ataviados con sus típicos y coloridos trajes, y portando las banderas de sus respectivos pueblos, avanzaron por la Alameda, la principal avenida de la capital chilena, donde se enfrentaron en varias ocasiones con la policía, quienes los dispersaron utilizando cañones con chorros de agua y gases lacrimógenos.

"Un carabinero resultó herido y diez personas fueron detenidas, las cuales serán puestas a disposición del Ministerio Público", informó la policía chilena.

La marcha, realizada en el marco de la celebración del "Día del Encuentro de Dos Mundos", como se conoce en Chile a la fecha de la llegada de Cristóbal Colón  a  América, rechazó la militarización de zonas de las regiones del Biobío y La Araucanía, en el sur del país, donde se producen ataques incendiarios y enfrentamientos entre grupos mapuches radicales, que reclaman la posesión de tierras ancestrales.

"Hoy estamos reunidos, no para celebrar un mitin, sino para expresar nuestro repudio a la militarización que sufrimos como mapuche", dijo a la prensa Marco Espiñel, un indígena manifestante.

Hace un año, el expresidente conservador Sebastián Piñera decretó la militarización de estas regiones, durante la conmemoración de la llegada de Colón a las Américas.

El actual presidente de izquierda, Gabriel Boric, puso fin a la medida dos semanas después de asumir el cargo el 11 de marzo.

Pero la radicalización de la violencia llevó a Boric a ordenar, en abril, el despliegue de militares para apoyar a la policía en el aseguramiento de rutas donde son frecuentes los ataques a camiones y edificios privados.

“Sus derechos [mapuches] son ​​violados siempre que se puede. Este es un país desagradecido con sus pueblos originarios, que se avergüenza de nuestros orígenes”, dijo Carla Fuente, otra manifestante.

Los Mapuche son la principal etnia indígena de Chile. Algunas comunidades asentadas en el sur del país exigen la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales. Actualmente, estas propiedades están en su mayoría en manos de empresas forestales y agricultores.