La represión se refiere a otros casos conocidos en la región, que culminaron con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Mujeres y niños mapuches son detenidos por las fuerzas de seguridad federales después de un desalojo violento en la Patagonia, el martes (4). -Alfredo Leyva
Desde hace una semana, el gobierno argentino es blanco de denuncias por el desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Bariloche, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia. Violencia física, encarcelamientos, arbitrariedades e incumplimiento de protocolos pintaron el escenario que ha movilizado a organismos de derechos humanos y provocado la renuncia de tres ministros más del presidente Alberto Fernández.
El operativo fue realizado por la Policía Federal y Gendarmería (policía militar argentina) durante la madrugada del pasado martes (4). Unas diez familias fueron expulsadas de su territorio, considerado sagrado por los mapuche.
Siete mujeres fueron detenidas sin aportar pruebas ni justificación legal alguna. La Justicia determinó secreto en el proceso y, hasta el día de hoy, la defensa, asumida por la Gremial de Abogados, no ha tenido acceso a las pruebas ni a las acusaciones que sustentan la detención.
Uno de los detenidos es la machi de la comunidad y la única en territorio argentino, una autoridad espiritual que domina las prácticas medicinales con plantas y ceremonias, figura importantísima en la tradición mapuche.
Del grupo de detenidos aún queda una mujer embarazada en estado avanzado. Tuvo que ser llevada al hospital después de la operación policial. Otras dos son madres y fueron detenidas con sus hijos, uno de un mes y otro de cuatro meses. Durante las primeras 48 horas no tuvieron acceso a un abogado y estuvieron incomunicados.
“Entraron y quemaron nuestra ropa”, dijo la machi Betiana Colhuan en una grabación de audio la noche del arresto, antes de que la policía se la llevara. “Nos golpearon, nos maltrataron y hay niños perdidos en la montaña. Informan que hay orden de disparar con bala de plomo”. Los niños, que huyeron durante la operación, fueron encontrados más tarde.
Las detenidas fueron trasladadas al Penal de Ezeiza en Buenos Aires, a 1.600 km de sus domicilios, con el pretexto de que Bariloche no contaba con un penal de mujeres.
Siete mujeres fueron detenidas sin aportar pruebas ni justificación legal alguna. La Justicia determinó secreto en el proceso y, hasta el día de hoy, la defensa, asumida por la Gremial de Abogados, no ha tenido acceso a las pruebas ni a las acusaciones que sustentan la detención.
Uno de los detenidos es la machi de la comunidad y la única en territorio argentino, una autoridad espiritual que domina las prácticas medicinales con plantas y ceremonias, figura importantísima en la tradición mapuche.
Del grupo de detenidos aún queda una mujer embarazada en estado avanzado. Tuvo que ser llevada al hospital después de la operación policial. Otras dos son madres y fueron detenidas con sus hijos, uno de un mes y otro de cuatro meses. Durante las primeras 48 horas no tuvieron acceso a un abogado y estuvieron incomunicados.
“Entraron y quemaron nuestra ropa”, dijo la machi Betiana Colhuan en una grabación de audio la noche del arresto, antes de que la policía se la llevara. “Nos golpearon, nos maltrataron y hay niños perdidos en la montaña. Informan que hay orden de disparar con bala de plomo”. Los niños, que huyeron durante la operación, fueron encontrados más tarde.
Las detenidas fueron trasladadas al Penal de Ezeiza en Buenos Aires, a 1.600 km de sus domicilios, con el pretexto de que Bariloche no contaba con un penal de mujeres.
La embarazada fue la única detenida que no fue trasladada a Buenos Aires. El sábado (8), el pedido de arresto domiciliario de la defensa fue concedido por la jueza a cargo del caso, Silvina Domínguez.
“La decisión del juez Domínguez, que siempre ha tenido una actitud garantista, que garantiza los derechos”, comenta uno de los abogados defensores, Eduardo Soares, a Brasil de Fato. Considere esto lo que ellos llaman un caso armado.
“Se quemó un contenedor vacío de Gendarmería, y pronto gente supremacista racista de la comunidad se manifestó. Esta comunidad de Bariloche es un lugar de mucho racismo”, señala.
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“El presidente de la Junta Vecinal denunció que [los mapuche] ocuparon su territorio. La Justicia fue, no encontró nada, pero montó este proceso. Con ese pretexto, la Justicia Federal entró hace una semana al territorio, territorio que estaba protegido por la justicia misma".
Desconociendo los cargos contra los que tienen que defender a los detenidos, los abogados también tienen prohibido ingresar al territorio de desalojo. “Ver arbitrariedad. El secreto de justicia es un procedimiento procesal, previsto en el Código Penal, pero para casos muy graves, como homicidio, narcotráfico, terrorismo”, puntualiza Soares.
El lunes (10), cuando intentaban ingresar al lugar con algunos miembros de la comunidad mapuche, los abogados recibieron gases lacrimógenos de parte de las fuerzas de seguridad del lugar. “Somos los defensores, tenemos que ver el lugar de los hechos, qué pruebas han recogido. coincide con nosotros. Eso es lo que se llama igualdad de armas”, dice el abogado.
Violación de los derechos humanos
Las madres están bajo arresto domiciliario con sus hijos, mientras que Machi y las otras tres mujeres fueron devueltas a la Patagonia. Están recluidos en las instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Bariloche, y hoy cumplen su séptimo día de huelga de hambre por su derecho a la libertad.
“Todo lo que ha pasado estos días recuerda la historia de nuestros antepasados. Arrancados de sus territorios, humillados, torturados”, informó en una grabación este lunes (10) uno de los detenidos por PSA, refiriéndose a la práctica colonial que obligaba a miles de indígenas a caminar desde puntos extremos del país hasta Buenos Aires.
Este macabro histórico es el que da nombre a una ciudad de la provincia de Buenos Aires: Quilmes, el lugar adonde fueron llevados los indígenas quilmes exterminados desde Tucumán, hasta la costa del Río de la Plata, 1.500 km a pie. Un castigo por los años de resistencia de los indígenas al avance de los hombres blancos en la región norte del país. De los 100.000 que se fueron, 10.000 indígenas quilmes llegaron a su destino.
Varias organizaciones de derechos humanos se manifestaron la semana pasada en una marcha en Buenos Aires, denunciando el accionar de la policía federal y la omisión del gobierno nacional. Exigen la apertura de una mesa de diálogo en lugar del uso de la violencia.
Referente de las Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Nora Cortiñas manifestó su rechazo al caso. “Negar que hubo represión es una falta. No pueden seguir negando la represión: los niños fueron maltratados”, afirmó. En ese sentido, vio “con satisfacción” la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de la Mujer, Género y Diversidad. “Finalmente, ante tal evento, alguien renunció”.
Renuncia de la Ministra de Género
El viernes (7), tres días después del desalojo, la ministra de la Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández. La ahora exministra ya había manifestado su oposición al accionar policial contra los derechos de las mujeres y niños mapuche en Villa Mascardi.
“Los hechos de público conocimiento en Villa Mascardi, por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que fueron detenidas mujeres y niños, con participación de fuerzas federales, son incompatibles con los valores que defiendo como político proyecto", defendió Alcorta, en un duro mensaje al Gobierno nacional.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y negó el uso de la violencia. “Las normas internacionales convencionales de derechos humanos obligan a satisfacer las demandas de interés general con el menor sacrificio posible de las garantías individuales”, escribió en su red social. “Esta fue la instrucción política a las fuerzas de seguridad, quienes cumplieron su rol de manera ejemplar y ejecutaron las medidas, causando el menor daño posible”.
Aunque no expresaron un motivo similar para justificar la salida, otros dos ministros siguieron a la renuncia de Alcorta: Juan Zabaleta, de la cartera de Desarrollo Social, y Claudio Moroni, del Ministerio de Trabajo. Los nuevos nombres ya fueron designados, y la inauguración debe ocurrir el próximo jueves (13).
Interés por tierras patagónicas
Los mapuches, comunidades originarias de la región del sur de Argentina y Chile, viven desde hace años con la extorsión de sus territorios, dado el interés de las multinacionales y del propio Estado en viabilizar proyectos extractivos, turísticos e inmobiliarios en la región.
En la provincia de Río Negro, en particular, se produjo en 2017 el caso de Santiago Maldonado, que se hizo conocido internacionalmente. El artesano, que acudía a acompañar las protestas contra proyectos extractivos en apoyo a las comunidades indígenas locales, desapareció tras el operativo de Gendarmería contra manifestantes, que bloqueaban una vía, en Chubut.
Bajo fuertes presiones de organismos de derechos humanos, el cuerpo de Maldonado apareció meses después en el río Chubut. El peritaje concluyó muerte por ahogamiento, lo que no convenció a la familia. En respuesta a dos recursos interpuestos por la familia, la Corte Suprema concluyó la semana pasada que el caso sigue abierto y que no hay sentencia firme sobre la muerte de Maldonado.
También fue en un operativo contra Lof Lafken Winkul Mapu que el mapuche Rafael Nahuel fue asesinado por un policía, de un tiro en la espalda. Nahuel pertenecía a otra comunidad mapuche, pero ayudaba a llevar alimentos y artículos de primera necesidad a mapuches que quedaron varados en el territorio tras el desalojo, en Villa Mascardi.
En 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri y el ministerio de seguridad de Patricia Bullrich, se lanzó una campaña de criminalización de los mapuche entre el gobierno nacional y los medios de comunicación.
Desde entonces se inició un proceso, denominado por Eduardo Soares el “caso madre”, que engloba una serie de violaciones contra la comunidad Lafken Winkul Mapu en su territorio recuperado.
“Los procedimientos fueron muy parecidos a lo que hemos visto ahora: gases lacrimógenos, mucha violencia, separación de madres e hijos. Fue también por la vulneración de los derechos de los niños que llegamos a este caso”, dice Soares.
“Veníamos ganando todos los casos, y la audiencia final sería, calculamos, a fines de este año o principios del próximo”, dice el abogado. “Este proceso debe determinar, en primer lugar, si hubo un delito y, en segundo lugar, si ese delito es atribuible a la comunidad mapuche. Estábamos casi seguros de que ganaríamos este juicio. Y creo que ellos también.
El sábado (8) se realizó la primera audiencia por la detención de las mujeres mapuches, y los detenidos fueron escuchados por el juez Domínguez. La defensa tampoco tuvo acceso al contenido de la audiencia. Ahora, están a la espera de los diez días hábiles posteriores a la audiencia, previstos por el Código Procesal Penal, para tener acceso al contenido del proceso en curso.
Rodolfo Varela
Fuente:Fernanda PaixãoBrasil de Hecho |
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