Daniel Jadue es militante del Partido Comunista de Chile y alcalde de Recoleta
Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, denunció que, al cumplirse tres años del levantamiento, “solo el 0,1% de las denuncias por violaciones a los derechos humanos concluyeron con condenas”. De las más de 10.000 denuncias desde el inicio de la revuelta, solo 16 de las causas penales terminaron con condenas.
Indultar a las personas detenidas por la represión policial había sido una de las prioridades de Boric antes de llegar a la presidencia. Sin embargo, después de tres años, muchos de ellos siguen detenidos. Según Radio Universidad de Chile, el 11 de marzo de 2022, día de la toma de posesión de Boric, 211 personas fueron detenidas por causas relacionadas con las manifestaciones que tuvieron lugar entre el 18 de octubre de 2019 y el 30 de marzo de 2021. De estas, 144 se encuentran en prisión preventiva. prisión preventiva y otros 67 tienen sentencias firmes.
Las preguntas aumentan cuando los aliados cercanos del gobierno bórico presentan críticas tan mordaces, más aún en un tema tan delicado como la represión y los presos políticos. La observación de Jadue podría extenderse al mundo mapuche, donde el gobierno bórico ha incrementado la militarización, con mayor presencia de efectivos militares que bajo el gobierno de Piñera. Los presos de la revuelta no fueron liberados y se restableció el estado de emergencia en el Muro de Mapu, mostrando una clara continuidad con los gobiernos anteriores.
Ante la detención de su vocero, Héctor Llaitul, la Coordinación Aruco Malleco (CAM) aseguró que no dialogará con el gobierno “si no es por territorio y autonomía”, que seguirán recuperando tierras y que seguirán seguir luchando contra el Estado colonial y su política de integración forzada. “O luchamos de verdad por la reconstrucción nacional mapuche, o es sólo discurso y presión para recibir las migajas que el Estado”.
La CAM denuncia lo que considera un gobierno en continuidad con lo que fue la Concertación neoliberal, que “nuevamente pone su gestión al servicio de las oligarquías y conglomerados económicos que tienen sus intereses puestos en nuestro ancestral territorio mapuche”.
Por ello, rechazan “el diálogo integracionista y plurinacional que requiere, para ser posible, dejar intactos los intereses del gran capital en nuestro territorio”, y destacan que trabajan con la profundización de su proyecto histórico que gira en torno a la recuperación de territorios.
¿Derrota o retirada?
Desde la contundente derrota en el referéndum constitucional del 4 de septiembre, los movimientos sociales parecen casi tan desconcertados como la clase política conservadora de izquierda.
El rechazo a la nueva Constitución obtuvo el 62%, ganó en todas las regiones, con una diferencia de 3 a 1 en la Araucanía y por sólo 10 puntos en la Región Metropolitana de Santiago y en Valparaíso.
El historiador Sergio Grez, quien siempre ha sido muy crítico con el proceso constituyente, analizó entre las causas de la derrota aprobatoria“el voto para castigar al gobierno bórico y sus políticas de continuidad neoliberal; el repudio a la actuación de la Convención Constituyente y de algunos constituyentes en ” una reacción de tipo conservador (pero no necesariamente de “derecha”) de amplias franjas de la población, especialmente de los sectores populares, contra propuestas del proyecto de Constitución como la plurinacionalidad, el derecho al aborto aparentemente sin límites (…) lenguaje inclusivo empleado, ajeno a la gran mayoría de la población”.
Considera que los temas “identitarios” (ambientalismo, feminismo, plurinacionalidad, regionalismo y territorios) “no generaron adhesión más allá de sus respectivos nichos” y le parece probable que “la forma en que los reclamos de estos movimientos se tradujeron en el orden constitucional proyecto generó más rechazo que adhesión".
De hecho, el rechazo a la nueva Constitución triunfó por amplio margen en los barrios populares, en las llamadas “zonas de sacrificio ambiental”, entre la población indígena, en las regiones mineras y en las cárceles, ya que “las normas constitucionales propuestas y presentadas como las comunidades más avanzadas del planeta, que debían beneficiarlas, no han cambiado en nada las condiciones reales de vida de estos y otros sectores de la población”, insiste Grez.
Hay que añadir dos cuestiones: el voto obligatorio y la caída abrupta en la aprobación de Boric. Como resultado, el instituto de opinión pública Cadem detectó un rápido desgaste del presidente, al punto que, en dos meses, tuvo más desaprobación que aprobación. En septiembre, mes del referéndum, “obtuvo un 37% de aprobación y un 57% de desaprobación, siendo este su peor mes desde que asumió el cargo el 11 de marzo”. En octubre, solo el 27% aprueba a Boric y el 65% lo rechaza.
El voto obligatorio, una obsesión de la izquierda en varios países, claramente jugó en su contra. La participación aumentó de menos del 50% en varias elecciones anteriores al 86% en el referéndum. Sin embargo, de los 5,4 millones de nuevos votos emitidos, el 96% optó por rechazar la nueva Constitución. Es cierto que la derecha política y mediática jugó un papel importante, mintiendo sobre el “extremismo” de la nueva Constitución y creando un clima de confusión entre amplios sectores de la población.
Sin embargo, lo más grave es la valoración de la población sobre la represión y el aparato armado a tres años de la revuelta: “Sobre el uso de la fuerza por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas durante el estallido, el 58% hoy considera que fue proporcional, debido a la violencia que había en las calles, 31 puntos más que en 2019, cuando el 69% pensaba que había sido excesiva”.
Muchos analistas creen que la Convención Constituyente se aisló de los movimientos, y que éstos tampoco ejercieron presión y vigilancia sobre los constituyentes. Como resultado, prosigue Grez, “en un clima de desmovilización y reflujo, el órgano encargado de redactar una nueva Constitución se convirtió en parlamentario, operó con supuestos lógicos similares a los del Congreso Nacional y se desmarcó de la base social, facilitando campañas de desacreditando a los sectores conservadores”.
Giro a la derecha sin fin
La reacción inicial de Boric fue remodelar parte de su gabinete. Cayeron la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, y el secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, que formaban parte del núcleo duro del presidente y fueron reemplazados por figuras de la Concertación.
El Ministerio del Interior pasó a manos de Carolina Tohá, exministra de la Concerntación, aumentando la ya importante presencia de exponentes de la “vieja política”, contra la que se había iniciado la revuelta.
El giro derechista amenaza con barrer la resistencia de los movimientos sociales que demandaron masivamente la no aprobación del tratado de libre comercio TPP-11 (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico), integrado por Australia, Brunei, Canadá , Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Sobre el tratado, Boric cambió de opinión: “Contradiciendo sus propias palabras sobre los riesgos y perjuicios que implica la firma, por parte de Chile, del acuerdo político y comercial TPP-11, el gobierno de Gabriel Boric reavivó el interés por el mismo, lo que pareció han sido descartados con el final del período de Sebastián Piñera”.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictividad Ambiental (OLCA) sostiene que el tratado “es una prioridad para los grandes grupos empresariales y las empresas transnacionales”, y denuncia los costos que tendrá para “los territorios y sectores más vulnerables como trabajadores, mujeres, jóvenes y Gente India”. Agrega que “pondrá en peligro logros fundamentales de los trabajadores, como las licencias de paternidad o las vacaciones pagadas”; que los megaproyectos que incluye “nos aseguran más sequía y saqueo, agotando y contaminando las escasas fuentes de agua”; y finaliza asegurando que “la crisis de la democracia y la participación no se puede resolver entre cuatro paredes, cediendo a la presión de los poderes establecidos y económicos”.
La creciente militarización de Chile es uno de los aspectos más problemáticos del actual gobierno, que va mucho más allá de los anteriores presidentes neoliberales. Grez estima que “Boric ha intentado algo que ni siquiera el gobierno derechista de Piñera se ha atrevido a hacer: dar impulso a un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan vigilar la llamada 'infraestructura crítica' sin tener que pedir autorización al Estado de Emergencia por parte del Parlamento; “este es un nivel de militarización soñado pero nunca alcanzado por la derecha clásica”.
Si las llamas se apagan
El papel de Boric durante la revuelta fue aniquilarla; esfuerzo que dio sus frutos, ya que la derecha le permitió llegar a la presidencia y los movimientos no supieron apreciar, en este momento, la profundidad de sus objetivos.
En noviembre de 2019, semanas después de que comenzara el mayor levantamiento en la historia del país, decidió tomar las medidas necesarias para debilitar las protestas que recién comenzaban.
En lugar de alentar la movilización popular que enterraría de una vez por todas al régimen pospinochetista y terminaría de deslegitimar a sus representantes, Boric decidió salvarlos y aislar a los que permanecían movilizados. Para ello firmó un acuerdo con la derecha y el progresismo para una “nueva Constitución”, sin consultar a su partido, que pensó en expulsarlo.
A partir de entonces, se dio el destino de la revuelta. La agenda política ha cambiado radicalmente: de la demanda de renuncia del presidente derechista Sebastián Piñera, se ha pasado a debatir la convocatoria a una asamblea constituyente.
La pregunta que nos hacemos es por qué el amplio movimiento social chileno aceptó integrarse al proceso constituyente, diluyendo sus poderes y capacidades de acción colectiva que tan buenos resultados venía dando. En efecto, y con la notable excepción de los colectivos Mapuche Autonomistas y de la ACES (Assembleia Coordinadora de Estudantes Secundaristas), el grueso del movimiento aceptó trasladar la disputa al terreno legal y electoral, aceptando de hecho el organigrama idealizado por las instituciones y el derecho.
“El proceso constituyente nace de un acuerdo entre partidos políticos para tratar de restablecer el orden durante la revuelta”, explica Antonia Rolland, de ACES. La organización estudiantil nunca aceptó la vía constitucional como sustituto de la lucha callejera, aunque apoyó los nuevos derechos contemplados en el texto y defendió la aprobación de la nueva Constitución, sabiendo que con ellos no se modificaría el modelo neoliberal.
Esto nos dice que quienes no confiaron en el proceso constituyente y continuaron en la lucha son básicamente los dos sectores que luchaban intensamente desde antes del levantamiento de 2019: el sector autonomista del pueblo mapuche y los estudiantes secundarios organizados que continuaron en la lucha. calle desde el Mochilazo de 2001. Seguro que hay cientos más: una infinidad de grupos a lo largo de Chile que se han venido organizando en sus barrios contra los saqueos a las mineras, por la defensa del medio ambiente, contra el patriarcado y la violencia policial, por los derechos a la salud y educación., para rescatar las pensiones secuestradas por el mercado financiero. Y más.
Sin embargo, son estos dos grupos (mapuche y estudiantes de secundaria) los que han encarnado los desafíos de largo plazo al Estado y al capital. Durante la revuelta, cientos de miles, quizás millones, se unieron a las marchas y manifestaciones por mucho más tiempo del esperado y del esperado. Sin embargo, cuando se abrieron caminos menos costosos para estos millones (miles de heridos y presos, más de 30 muertos, 400 ciegos), optaron por tomar el atajo que les fue indicado como sentido común para los recién incorporados a la lucha. .
La segunda cuestión, complementaria a la anterior, es la que señala el historiador Eric Hobsbawm al comparar el sindicalismo británico y el francés: “Los movimientos sindicales débiles tienden a lanzarse al activismo político en busca de fuerza adicional, mientras que los fuertes no. hay que preocuparse por eso”.
Es probable que la revuelta encontrara límites, como la lucha callejera de acción directa, cuando Piñera se resistió a renunciar y lanzó el aparato represivo contra la población. Lo cierto es que, en muy poco tiempo, la principal demanda del movimiento pasó de la renuncia del presidente a la redacción de una nueva Constitución, que reemplazaría a la heredada de la dictadura del traidor Pinochet. Como tantos atajos, no conducía a ningún lugar interesante, pero también acababa reforzando el régimen contra el que se había levantado.
Lejos de apostar por un nuevo proceso constituyente, los mapuche apuestan por seguir recuperando territorios para convertirlos en territorios de resistencia; y los estudiantes concentran sus energías en el trabajo organizativo en los barrios periféricos. Es posible, y deseable, que del actual revés surjan nuevos aprendizajes, se fortalezcan las autonomías y se profundicen las resistencias al extractivismo y la clase política progresista.
Jeremy Browne, nuevo director general de Canning House
Manifestantes levantaron barricadas en diferentes ciudades de Chile a tres años del levantamiento social de 2019 / Martín Bernetti
