Seguro colectivo y otras medidas para la pequeña y mediana acuicultura proponen a autoridades

El senador Quinteros solicitó la implementación de una serie de medidas al Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes y al Subsecretario de Pesca, Raúl Súnico.

El senador Rabindranath Quinteros pidió al Ministerio de Economía realizar un estudio de análisis de riesgo en todas las concesiones de acuicultura para tomar un seguro colectivo y ajustar la normativa para que los miticultores puedan relocalizarse y cumplir con las coordenadas que realmente les corresponden.



Ante el fenómeno de la marea roja que azota los mares de la Región de los Lagos, el legislador solicitó tanto al ministro de Economía Felipe Céspedes como al subsecretario de Pesca Raúl Súnico, la implementación de una serie de medidas que permitan enfrentar con mayor eficiencia los efectos de los problemas generados por la contaminación marítima,



Entre las medidas propuestas por el senador Quinteros se cuenta “ajustar la normativa para que los miticultores puedan relocalizarse y cumplir con las coordenadas que verdaderamente les corresponden, ya que cuando se les entregaron sus concesiones se hizo sobre cartas náuticas hechas para la navegación y no para este fin, y por tanto hay importantes diferencias entre lo asignado y lo verdaderamente entregado”, explicó el parlamentario.



También solicitó generar en la legislación una protección especial para las áreas dedicadas a la producción de semillas, como el Estuario del Reloncaví, y las localidades de Compu y Yaldad, 

entre otras.

El legislador propuso crear una institucionalidad única para tratar los temas sanitarios de la pesca y la acuicultura. Explicó que actualmente no existe sintonía ni coordinación entre el Servicio de Salud, que impide la extracción y comercialización de los productor del mar, y el programa de Sanitización de Moluscos Bivalvos –PSMB- de SERNAPESCA, que certifica la calidad sanitaria de los productos para su exportación.



“El ahorro y la eficacia de recursos y resultados sería mucho mayor si ambas medidas funcionaran como sistemas de control complementarios”, puntualizó el senador Quinteros.

Agua Potable Rural beneficiaría a más de un millón y medio de personas

La iniciativa se encuentra actualmente en discusión en particular en la comisión de Obras Públicas.

Fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias en materia de agua potable rural, incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema de APR, que pasará por el Sistema de Servicios Sanitarios Rurales, incorporar el saneamiento rural y definir con claridad los diversos roles del Estado en esta materia. Estos son los cuatro objetivos que busca el nuevo proyecto de acceso al Agua Potable Rural (APR).





La iniciativa busca regularizar el acceso a agua potable para las personas que viven en zonas rurales y que actualmente no pueden optar a este servicio. En caso de ser aprobado, el APR, beneficiará más de 1.700 lugares en Chile, lo que se traduce en un beneficio directo para 1.700.000 personas que viven en zonas rurales.



Actualmente el APR se encuentra en discusión particular en la Comisión de Obras Públicas del Senado, en tercer trámite constitucional, y su aprobación significaría una gran noticia para los habitantes de zonas rurales.



El senador Juan Antonio Coloma, manifestó su interés en este proyecto, señalando que “esperamos los próximos días recibir a los otros invitados y resolver lo antes posible, este es un proyecto que es de larga data, pero que tiene una indicación nueva, que esperamos resuelva los problemas que estaban instalados, y si somos capaces de generar una nueva institucionalidad en APR, para el mundo rural es una noticia muy importante”.

El presidente de la Comisión, senador Alfredo de Urresti, explicó que en la reunión participaron la dirección de obras hidráulicas y la Federación de Agua Potable Rural de Chile y se hicieron tres planteamientos al proyecto: “Que son para fortalecer la capacitación, fortalecer el traspaso de derecho de aguas y también poder establecer una vinculación o una conexión a grifos en definitiva en estas localidades donde se instale el agua potable y poder tener, eventualmente, la posibilidad de combatir un incendio con los carros de bomba que concurren a esas localidades”.



Durante la sesión de la próxima semana participará el ministerio de Hacienda y de Obras Públicas en donde se expondrá el fondo de infraestructura que ha presentado la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Tras esto se retomaría la votación en particular en la siguiente sesión.

LETREROS CAMINEROS

Junto a la discusión del APR, y tal como estaba previsto, la comisión de Obras Públicas aprobó en particular y en general la ley de publicidad en caminos, que regula la instalación de letreros camineros. El senador Coloma declaró que fue “una larga tramitación de un proyecto muy innovador para cómo armonizar los letreros camineros que son legítimos, pero en armonía con la seguridad de las carreteras, cuestión que hoy día no está bien resuelto”.

Han Pagado Más de $29 Mil Millones a Falsos Exonerados

Senador Prokurica junto a parlamentarios entregó en La Moneda una carta dirigida a la Presidenta y aseguró que “hasta la fecha, se han pagado más de $29 mil millones a falsos exonerados”.

Con el fin de hacer entrega de una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, el senador Baldo Prokurica, junto a la diputada Paulina Núñez, llegaron hasta la oficina de partes del Palacio de La Moneda, donde solicitan a la mandataria terminar con el pago a miles de falsos exonerados, que continuarían recibiendo recursos del Estado, esto incluso luego que la Contraloría General de la República, determinara que no reúnen los requisitos para haber optado a dicha condición.



A lo anterior, explicaron los parlamentarios, se suman los antecedentes remitidos mediante oficio por el Instituto de Previsión Social (IPS), donde se enfatiza que la única autoridad que puede poner término a dichos pagos, corresponde a la propia Presidenta de la República, mediante el Ministerio del Interior.



“Entregamos una carta dirigida a la Presidenta de la República, con la finalidad de agotar los trámites que hemos realizado con la finalidad de poder terminar con este abuso que significa que se le siga pagando a los miles de falsos exonerados políticos”.


El senador Prokurica además agregó que “la Contraloría General de la República, en un muestra de 9 mil exonerados –de los 74 mil existentes-, 3 mil de ellos son personas que reúnen los requisitos y condiciones para recibir estos beneficios del Estado.

“Hasta la fecha, se han pagado más de $29 mil millones a estas personas que son falsos exonerados”, enfatizó el legislador.



“Creemos que en el ambiente que existe hoy en el país, de restricción de recursos y de máxima transparencia en el uso de las platas fiscales; no corresponde que personas que no tienen los requisitos para recibir un beneficio del Estado, sigan recibiendo –en total los falsos exonerados-, más de $900 millones mensuales”, aclaró.



“A todas las instancias-del Estado-, que hemos recurrido nos han indicado que la única autoridad que puede terminar con el pago a estos falsos exonerados, es la propia Presidenta de la República”.



Por su parte, la diputada Paulina Núñez, señaló que "el caso de los falsos exonerados en Chile es uno de los abusos más grandes que se han hecho con el Estado. Son recursos de todos los chilenos que se están pagando mal y que incluso la misma Contraloría ya emitió un pronunciamiento señalando que se estaban pagando mal.

Se Reactiva en Chile Movimiento Estudiantil

Las aguas están comenzando a agitarse nuevamente con el movimiento estudiantil en Chile. Si bien se puso en marcha la gratuidad parcial en la educación superior, mientras que se está implementando el fin al lucro, a la selección y al copago en el ámbito secundario, para muchos estudiantes todo esto no es suficiente.

Con propuestas y movilizaciones se reactiva el movimiento por la educación

Así, parte del movimiento estudiantil se declaró en “movilización permanente”, incluso un sector dijo que le hará imposible la vida al gobierno de Michelle Bachelet.

Las advertencias van de lado y lado. Hasta la propia Camila Vallejo, actual diputada del Partido Comunista y exdirigente estudiantil en las masivas marchas de 2011, dijo: “necesitamos una fuerte movilización social que incida en la reforma educacional”. Por estos días hay más de 20 escuelas emblemáticas en toma, mientras que el descontento también aumenta en las universidades. Esto, porque muchos estudiantes, que antes tenían becas y que ahora fueron beneficiados por la gratuidad, sostienen que hay muchas trabas y que la gratuidad no es tal.

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) llamó a un paro indefinido por lo que consideran como un “nulo avance” de la reforma educacional. La propia presidenta Michelle Bachelet dio marcha atrás a su promesa de gratuidad universal y reconoció que no podrá implementarse totalmente cuando finalice su gobierno en 2018.

Michelle Bachelet

Hasta el miércoles, al menos 11 casas de estudio se adhirieron al paro convocado por la Confech. Estas son la Universidad de Chile, Universidad de Valparaíso, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad Central, Universidad Andrés Bello, Universidad Austral, Universidad de Playa Ancha, Universidad de La Frontera, Universidad Católica Silva Henríquez, Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Universidad Diego Portales.

Los estudiantes se han movilizado y la próxima marcha, que esperan la autorización de las autoridades a diferencia de lo que ocurrió la semana pasada, fue convocada para el 9 de junio. La estrategia de los universitarios y secundarios es mantener la presión en las calles, como ocurrió con las marchas de 2006 y 2011.

¿Qué exigen los estudiantes? Principalmente “educación pública, marco regulatorio y financiamiento”. “Me parece legítimo que los estudiantes de manera organizada luchen por las causas justas y que son necesarias para mejorar la educación pública”, dijo Camila Vallejo en una entrevista publicada por el diario chileno La Tercera.

camila-vallejos.

A su vez el gobierno, a través de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, dijo que “difícilmente vamos a tener otra administración en que la educación tenga una centralidad tan fuerte en el programa. Lo que se pueda avanzar en dos años es crucial en lo que pase para adelante”. También el senador socialista Carlos Montes afirmó que “es difícil entender este movimiento, parece que estuviéramos en dictadura.

¿Por qué tomarse colegios? ¿Por qué no encuentran una forma más creativa? Como si el objetivo fuera perder clases. Lo que más perjudica a la educación pública es tomarse los establecimientos educacionales”.

Los estudiantes chilenos exigen hace una década una profunda reforma al sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), considerado uno de los más segregados del planeta.

La presidenta socialista Michelle Bachelet ganó la reelección en diciembre de 2013, prometiendo la reforma al sistema educativo, pero el avance de las reformas es considerado “insuficiente” por los estudiantes.

Desde este año, unos 145.000 universitarios estudian gratis, al tiempo que comenzó a regir una ley que prohíbe de forma gradual la obtención de ganancias y la selección de estudiantes en las escuelas que reciben aportes del Estado.

El gobierno de Michelle Bachelet aún no envió al Congreso el proyecto de ley que establecerá la gratuidad universal en la educación universitaria. Pero el Parlamento ya analiza una ley que le quita a los municipios la administración de las escuelas públicas.

Bachelet defiende su derecho por querella en contra de medio de difusión

La presidenta Michelle Bachelet afirmó que se querelló por injurias contra la revista Qué Pasa para ejercer su derecho a defenderse ante publicaciones que afectan su honra, "que es lo más preciado que tiene una persona".

La presidenta Michelle Bachelet, en la ceremonia de apertura del Programa Regional para Latinoamérica y el Caribe de la OCDE

"Creo en el derecho de buscar la verdad sin limitaciones", afirmó la mandataria en París, en declaraciones a periodistas chilenos que cubren su participación en una reunión de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

La revista "Qué Pasa" publicó el jueves pasado en su página web la transcripción de una conversación de Juan Díaz -un operador político de un partido de derecha- con un interlocutor desconocido, en la que se menciona a la mandataria.

Caval

Las escuchas telefónicas involucraban a la presidenta en el denominado caso Caval, en el que está imputada su nuera, Natalia Compagnon.

El caso se refiere a un millonario negocio inmobiliario en el que son investigados Sebastián Dávalos, hijo de Bachelet y su esposa Natalia Compagnon, socia de la empresa Caval, por presunto tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

La empresa compró unos terrenos que poco después vendió con una ganancia de unos cuatro millones de dólares, operación que financió con un crédito que personalmente otorgó Andrónico Luksic, uno de los dueños del Banco de Chile.

Con el paso de los meses, el caso Caval se ha convertido en una intrincada trama en la que, además de los dueños de la empresa, están implicados funcionarios del municipio de Machalí, gestores inmobiliarios, abogados y el síndico de quiebras Herman Chadwick.

"Les dije, mira este es un tema de pago. Yo no me voy a calentar la cabeza, porque si yo hablo, la viejita (Bachelet) tiene que renunciar de inmediato, les dije yo (...)", se oye comentar en la grabación supuestamente a Díaz, el gestor inmobiliario procesado en enero pasado por el caso Caval.

Infamia

Bachelet, que el pasado 24 de mayo declaró como testigo en el caso Caval, tildó la publicación de"infamia" y "canallada", mientras la revista se disculpó y admitió que la grabación no cumplía con sus parámetros para ser publicada, aunque este martes, tras conocerse que Bachelet se había querellado, consideró la acción un ataque a la libertad de expresión.

"Con la presentación de la querella estoy ejerciendo el derecho que tengo a defenderme de mentiras e injurias que afectan lo más preciado que tiene una persona: mi honra", dijo hoy Bachelet en París.

"He luchado toda mi vida por la democracia, he puesto a mi patria por delante de mis seguridades, de mis intereses personales, incluso sufrí persecución por mis convicciones", añadió y rechazó que el libelo sea un ataque a la libertad de expresión, como sostuvo Qué Pasa.

Libertad de prensa

Bachelet aseguró que defiende la libertad de prensa, siempre que sea realizada con ética. "Creo en la libertad de expresión como un valor central de la democracia, pero a la vez creo en la ética y en la responsabilidad que deben tener los medios a la hora de informar, validando las fuentes para no enlodar la honra de nadie", precisó.

La noche de este martes, Qué Pasa sostuvo en una declaración que "todas las autoridades se encuentran sometidas al escrutinio y fiscalización de los ciudadanos, y los medios de comunicación tienen una especial misión en este sentido, ya que efectúan este control de quienes ejercen el poder, como parte esencial del funcionamiento de la democracia".

"La presidenta de la República no está exenta de este control", remarcó la revista, que acotó que "para defender la libertad de expresión amenazada recurriremos a todas las instancias, nacionales e internacionales, pues consideramos que los peligros relacionados con esta acción gubernamental, merecen reaccionar con la mayor fuerza".

Despachan ley que beneficiará a 2,7 millones de familias Chilenas

En condiciones de ser remitido para su trámite de promulgación quedó el proyecto que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, para introducir mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas. Iniciativa tuvo amplio respaldo en el Senado.

Proyecto de equidad de tarifas eléctricas recibió amplio respaldo.

La Sala del Senado aprobó, en forma unánime, las modificaciones introducidas por la Cámara Baja.

Durante el debate intervinieron los senadores Isabel Allende, Víctor Pérez Varela, Antonio Horvath, Alejandro Guillier, Eugenio Tuma, Patricio Walker, Jorge Pizarro, Juan Antonio Coloma, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Alfonso De Urresti y Lily Pérez San Martín.

La mayoría de los legisladores valoró la iniciativa porque introduce principios que permitirán estrechar la brecha entre los distintos valores que la energía tiene a lo largo del país, beneficiando a 2,7 millones de clientes, no obstante, algunos hicieron ver la necesidad de asumir las expectativas que esta normativa provoca en la población en cuanto a la rebaja en las tarifas.

El texto legal introduce en la normativa sobre fijación de tarifas eléctricas, determinados mecanismos cuya aplicación en el cálculo de las mismas se traducirán en un estrechamiento de la brecha existente entre los valores de este tipo de energía en las diferentes zonas del país.

-Incorpora un mecanismo de reconocimiento de generación local (RGL), en virtud del cual se establece un descuento en las tarifas eléctricas (no sólo las residenciales) de los clientes regulados de aquellas comunas que posean centrales de generación de esta energía.

-Dispone que el descuento será de hasta un 50% en función del factor de intensidad de cada comuna, el cual será calculado por la Comisión Nacional de Energía, teniendo en cuenta la razón entre la capacidad de generación instalada en cada comuna y el número de clientes sometidos a regulación de precios.

-Introduce un mecanismo de Equidad Tarifaria Residencial (ETR), en cuya virtud se modifica el componente distribución de las tarifas residenciales, para que la diferencia entre el promedio de las cuentas a nivel nacional y la cuenta más alta no sea superior al 10%.

Corte Suprema Ordena a Ejercito Notificar a Terceros Que Puede Afectar la Solicitud de Conocer Nómina de Generales que Integraron la DINA y CNI

La Corte Suprema determinó que el Ejército debe proceder a notificar a los terceros interesados de la solicitud de entregar la nómina de generales que formaron parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

En fallo unánime (causa rol 17518-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz y Manuel Antonio Valderrama– desechó el recurso de queja presentado en contra de la sentencia que ordenó la entrega de la información solicitada; sin embargo, y actuando de oficio, retrotrae el procedimiento administrativo al estado de notificar a los terceros que pueda afectar la información solicitada.

"Que como se desprende de los antecedentes reseñados en el considerando segundo, el Ejército de Chile no dio cumplimiento a la comunicación contemplada en el citado artículo 20 –a excepción del Oficial General que había prestado servicios en la extinta DINA–, no dando traslado a los posibles afectados por la publicidad de la información de que se trata en estos autos, quienes en conocimiento de la solicitud, podrían legítimamente haberse opuesto a la entrega de la información, ejerciendo los derechos que le reconoce el ordenamiento jurídico sobre el particular (…) Que el trámite de comunicación de la solicitud de información a los terceros eventualmente afectados con la misma, no es una actuación de carácter facultativa del órgano de la Administración. Por el contrario, como ya se señalara en los autos Rol N° 11.495-2013 y Rol N° 8353-2015, el artículo 20 de la Ley N° 20.285 ordena, en términos perentorios, que cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que "contengan información que pueda afectar los derechos de terceros", la autoridad "deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados", sostiene el fallo.

Resolución que agrega: "Resulta claro el carácter imperativo del mandato del legislador, y de su solo tenor aparece la necesidad en que se halla el órgano estatal de dar noticia al interesado de la petición respectiva, constatación que es reforzada con el efecto que prevé el inciso final de la misma disposición, en el sentido que si no se deduce oposición "se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información". En otras palabras, la única hipótesis en el que el silencio del tercero permite entender que ha otorgado su consentimiento a la entrega de información es aquel en el que, practicada que le fuera la respectiva comunicación, nada dice dentro del plazo fijado en la ley (…) en estas condiciones, es menester concluir que la comunicación al interesado constituye un trámite esencial en el procedimiento administrativo destinado a establecer si la información en cuestión puede ser dada a conocer al solicitante de ella".

Por lo tanto, y actuando de oficio la Corte Suprema, "(…) se invalida la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago de siete de marzo de dos mil dieciséis, escrita a fojas 130 en autos tenidos a la vista rol de ingreso Corte N° 12.027-2015, y en su lugar se decide que se retrotrae el procedimiento administrativo en que incide la resolución del Consejo para la Transparencia objeto de ilegalidad al estado de notificar a los terceros que pueda afectar la información solicitada, de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley N° 20.285".

Coinciden en que "Bolivia rompió relaciones con Chile"

Senadores se refirieron así a la inédita intervención del embajador boliviano en el foro del Chile Day en Londres y mientras algunos lo calificaron de "abusivo" otros recalcaron "la falta de diálogo" que demuestra La Paz.

"No sé si el lugarera el adecuado", con esas palabras el Presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber se refirió a una inédita intervención de un embajador de Bolivia durante la actividad en Londres donde participó la Presidenta Michelle Bachelet y una numerosa delegación en el marco del Chile Day.



La estrategia del diplomático, Roberto Calzadilla, consistió en una salida del protocolo para mezclarse en la reunión del Canning House y realizar una pregunta sobre integración a la Mandataria, ante lo cual ella respondió que si Bolivia quiere integración hay que partir por tener relaciones diplomáticas, las cuales su país rompió.



Al respecto, el senador Lagos Weber valoró la respuesta de la Jefa de Estado y recalcó que la respuesta de Chile es categórica. "Si quiere integrarse, firme aquí y diga que quiere relaciones diplomáticas. El embajador se dio un gusto, porque va a poder escribir en su informe semanal a su cancillería en La Paz que le hizo una pregunta a la Presidenta Bachelet".



El titular de la Cámara Alta quien acompañó la delegación de Chile aseveró que "el embajador debe creer que con eso ganó puntos, pero lo que gana con eso fue recordarle a todo el mundo que Bolivia rompió relaciones diplomáticas con nuestro país".

CONDUCTA ABUSIVA

Por su parte, en el país el senador Francisco Chahuán, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores calificó la acción del embajador Boliviano como "abusiva y demuestra, efectivamente, que acá no hay ninguna voluntad de diálogo, sino que más bien Bolivia busca atacar a nuestro país; no solamente el La Haya, sino que en forma global. Estamos ante un país que optó por darle un portazo a cualquier forma de diálogo y lo que hace es abusar, victimizarse a nivel internacional y más aún faltarle el respeto a la Presidenta de la República".



Recordó que siguiendo la estrategia del Presidente Morales que "usa y abusa de los gritos, los insultos y la verborrea en vez del diálogo que ha ofrecido Chile, me parece que de alguna manera está poniendo a nuestros pueblos en una situación compleja y quiero decirles que los pueblos chilenos y bolivianos están llamados a entenderse, a interrelacionarse, a pesar del gobierno populista abusivo y que busca permanentemente victimizarse como lo hace Bolivia. Pareciera que la complicación interna Boliviana hace que finalmente busque el show para distraer a la opinión pública interna".

Respaldan en general Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil

La discusión concitó el interés masivo de los parlamentarios, quienes valoraron el avance, pero pusieron la voz de alerta en aspectos como asegurar los recursos, una clara estructura de la organización y comunicación fluida entre los actores involucrados.

Por 22 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, la Sala aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil  y crea la Agencia Nacional de Protección Civil.

NUEVO SISTEMA

El mensaje tiene por objeto crear un nuevo sistema y una nueva institucionalidad, compuesta por entidades públicas y privadas, y por normas, políticas, planes, recursos e instrumentos de gestión organizados desde el nivel local hacia el nacional, encargada de todas las fases de las emergencias o desastres, incluyendo la prevención de las mismas y los distintos procedimientos para enfrentar en forma eficiente este tipo de acontecimientos.

  

Cabe recordar que la norma fue analizada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y por la Comisión de Defensa con informes con opiniones dispares y ahora se abrirá plazo para recibir indicaciones y así perfeccionar la propuesta legal.



Durante el debate intervinieron los senadores Ena Von Baer, Baldo Prokurica,Alejandro Guillier, Andrés Zaldívar, Eugenio Tuma, Andrés Allamand, Rabindranath Quinteros, Víctor Pérez Varela, Antonio Horvath, Alejandro Navarro, Carlos Montes, Francisco Chahuán, Alejandro García Huidobro y Alfonso De Urresti.



A juicio de la mayoría de los legisladores, es vital asegurar los recursos tanto económicos como humanos necesarios para la prevención y el actuar en emergencias y se destacó que la institucionalidad le dará mayor protagonismo a las regiones, desde donde proviene la principal información.



No obstante, entre quienes se manifestaron en contra y/o se abstuvieron, dejaron en claro que la propuesta no es suficiente para la realidad de catástrofes que vive nuestro país, "quedando al debe con un organismo capaz de actuar y prevenir". 

CONTENIDO

Crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, mediante el cual se cumplirá una parte específica de la función de preservar el orden público y la seguridad pública interior, que la ley encarga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.



El Sistema está conformado por el conjunto de entidades públicas y privadas que se señalan e incluye las normas, políticas, planes y otros instrumentos de gestión, que se organizan desconcentrada o descentralizadamente y de manera escalonada, desde el ámbito comunal, provincial, regional y nacional para garantizar una adecuada gestión de las fases del ciclo de riesgo.



Dispone que se entenderá por emergencia: los eventos que alteren la vida comunitaria, sea que provengan de causas naturales u originadas con intervención humana, y que tengan la aptitud para causar estragos a las condiciones de vida, la integridad física o psíquica de las personas o a otros bienes o a las necesidades primarias y relevantes.



Establece que la Gestión de Riesgos y Emergencias corresponde al proceso continuo de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas, regulaciones, instrumentos, estándares, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo, así como a la organización y gestión de los recursos, potestades y atribuciones que permitan hacer frente a los diversos aspectos de las emergencias y la administración de las diversas fases del ciclo de riesgo, y que involucrará tanto a los órganos de la Administración del Estado cuya participación sea requerida, así como a las entidades del sector privado cuya participación les sea solicitada.



Regula la institucionalidad del Sistema, la cual contempla: un Comité de Ministros para la Gestión de Riesgos y Emergencias; la Comisión Consultiva de Gestión de Riesgos y Emergencias; y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias; regulando la estructura, composición, funciones y atribuciones de cada una estos organismos que se crean.



El Comité de Ministros será la instancia superior encargada de la planificación y la coordinación del Sistema, y contará con una Secretaría Ejecutiva, que será ejercida por el Servicio Nacional, a través de su Director Nacional, quien actuará como su Secretario Ejecutivo.



La Comisión Consultiva actuará como una instancia interinstitucional de asesoría al Servicio Nacional en las materias reguladas en el presente proyecto de ley.



El Servicio Nacional se crea como un Servicio Público dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría del Interior, el cual se desconcentrará territorialmente, con presencia en todas las regiones y provincias del país, con las atribuciones y facultades que le permitan cumplir oportunamente las funciones que le fije la ley.



Determina las estructuras de Coordinación y planificación, en las fases de Mitigación- Prevención y de Preparación, constituidas por los Comités Regionales y Provinciales (presididas por los intendentes y gobernadores respectivamente) cuyas funciones y composiciones se establecen.




Crea el Comité de Respuesta y Recuperación Temprana, entidad colegiada, que se constituirá a nivel comunal, provincial, regional o nacional, según sean las características y magnitud de la emergencia, para la planificación, dirección, y coordinación intersectorial de las acciones de respuesta y recuperación temprana, en las zonas afectadas por una emergencia.



Regula la convocatoria, integración, funcionamiento y atribuciones de cada uno de los Comités de Respuesta y Recuperación Temprana, según el nivel territorial en el que le corresponda actuar.



Dispone que ante la ocurrencia actual o inminente de una Emergencia, existirá un Jefe de la Emergencia, nombrado por el Gobernador, el Intendente o el Ministro del Interior y Seguridad Pública, según la magnitud y características de la Emergencia, nombramiento que deberá recaer en el Director Provincial, Regional o Nacional del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, o en un funcionario del Servicio Nacional.

Regula los instrumentos de gestión de riesgos en las fases de mitigación-prevención y de preparación, constituidos por la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.



La Política Nacional es un instrumento orientador de las acciones y decisiones políticas desde una perspectiva integral de la Gestión de Riesgos y Emergencias, como un componente para lograr el desarrollo del país en el corto, mediano y largo plazo.



Dispone que corresponderá al Servicio Nacional la elaboración y proposición de la Política Nacional y del Plan Nacional, al Comité de Ministros, debiendo el primero ser aprobado posteriormente por el Presidente de la República.



Existirán, además, políticas regionales y sectoriales de gestión de riesgos y emergencias, y planes regionales, provinciales y comunales de gestión de riesgos.



Dispone la elaboración por parte del Servicio Nacional de Mapas de Riesgos, instrumentos en los que se contendrá el diagnóstico de los riesgos y efectos de éstos, así como la representación gráfica de la distribución espacial de los efectos que puede causar una emergencia o desastre de una intensidad definida.



Establece un Sistema de Alerta Temprana, entendido como el conjunto de capacidades necesarias para generar y difundir información de alerta que sea oportuna y significativa con el fin de permitir que las personas, las comunidades y las organizaciones que presenten alguna amenaza se preparen y actúen de forma adecuada y con suficiente antelación para reducir la posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños.

PROYECTO ESPERADO

VON BAER:

"Los principales cambios en la indicación sustituta es que se crea un Sistema Nacional de Riesgo y de Emergencia para mantener orden interior. El mensaje integra que el Sistema se constituye como una nueva institucionalidad que se hace cargo de las emergencias en todas sus etapas (…) Además, moderniza la carrera funcionaria y contempla expertos profesionales".



PROKURICA:

"Nuestra gente se merece más, por eso voté en contra de este proyecto en Defensa, porque aquí si votamos a favor de la idea de legislar, todas las indicaciones serían inadmisibles, porque son de iniciativa exclusiva y quedaríamos casados con lo que, a mi juicio, es un mal proyecto que no tiene claro los recursos, mantiene la burocracia; prefiero no engañar a la comunidad".



GUILLIER:

"Actualmente existe una carencia de mecanismos adecuados, mandos y controles definidos, lo que significó el retraso de la mitigación y todos esperamos que este proyecto resuelva estas materias. En la Comisión de Defensa lo vimos desde la defensa nacional y detectamos aspectos que esperamos sean resueltos, desde luego el financiamiento, gestiones de mando y aspectos de reconstrucción, pero este proyecto se orienta en la prevención".



ZALDÍVAR:

"Estamos frente a un mensaje que tiene bastante trascendencia y que muchos hemos pedido pronto despacho. (…). La comunidad tiene todo el derecho a preguntarnos qué estamos haciendo (…) A través del tiempo hemos tenido diferentes respuestas a las catástrofes, como la regulación de construcciones, que han impedido que los sismos provoquen problemas tan grandes, como los que ocurren en otras partes con la misma magnitud".



TUMA:

"Hubiéramos querido aprobarlo hace varios años; Chile es un país de desastres y hasta ahora no tenemos un marco, un cuerpo legal con el respaldo necesario para atender esas demandas y acciones preventivas. Mi preocupación es la comunicación entre los afectados y el gobierno, no está claro cómo se hará; además, estamos entregando responsabilidades a los municipios y no sé si están en condiciones de acatarlas".



ALLAMAND:

"Este es un proyecto de extraordinaria importancia, en el que objetivamente estamos atrasándonos. Hay que pensar no solo en mejorar la capacidad municipal, sino también mejorar las capacidades no bélicas de las FF.AA. y tengo la impresión que este ítem no es prioritario. Mi obligación es abstenerme, a la espera que se corrijan aspectos importantes como el artículo 43, que le asigna una tarea a la Subsecretaría de Defensa que no está contemplada en la ley del Ministerio".



QUINTEROS:

"Es una exigencia económica y social, el país requiere contar con una estructura para volver a la normalidad lo más pronto posible y condiciones necesarias para asegurar la paz social. Es un imperativo moral el acudir a la ayuda del hermano, del vecino; esta es la sociedad inclusiva que queremos construir. La tarea no puede ser postergada.

DESAFÍO PAÍS

PEREZ VARELA:

"Es un proyecto relevante, a lo mejor en lo formal va en lo correcto, pero no da la robustez que se requiere. En los hechos no estamos contribuyendo a fortalecer un servicio de emergencia. En Defensa lo tratamos en detalle y creo que tiene temas delicados que están mal resueltos y que fueron aprobados por la Comisión de Gobierno, como el rol de las FF.AA., este es un tema de fondo".

HORVATH:

"Nuestro país tiene ciertas características que generan catástrofes, por lo que tenemos el deber de empoderar a la Oficina Nacional de Emergencia, además de las acciones humanas. La clave está en la prevención y la capacidad de adaptarse a estas condiciones. Entre los temas que hay que vencer está que la ciudadanía esté en red e incluir a la comunidad".



NAVARRO:

"Sin duda este proyecto resulta vital, hemos sufrido desbordes de ríos, incendios, terremotos, tsunamis, erupciones de volcanes, Chile es el país de América Latina que tiene la más alta probabilidad de enfrentar emergencias. Una Agencia Nacional es insuficiente, necesitamos un ministerio de gestión de riesgo de emergencias y falta profesionalizar el sistema".



MONTES:

"Ha habido avances significativos en las versiones anteriores. Aquí estamos centrados en el tema de la emergencia y mezclarla con la normalización y reconstrucción, no nos permite avanzar. Cualquier institucionalidad no será definitiva, porque esto es muy dinámico. Lo más importante es que cambia el enfoque centralista que esto tenía".



CHAHUÁN:

"Esto es largamente esperado, un sistema capaz de tomar medidas para prevenir. Debemos contar con un sistema que se haga cargo de las comunicaciones y poner al servicio de la red a los radioaficionados, que ya estuvieron disponibles para una red segundaria que otorga mayor seguridad. Pero, lo primero es tener un sistema que asegure conectividad, pronta respuesta y capaz de visibilizar el esfuerzo de aquellos que prestan un servicio a la comunidad".



GARCÍA HUIDOBRO:

"Por fin empezamos a discutir esto en el Senado, quiero valorar el trabajo de la Comisión Investigadora del 27F, porque muchas de las propuestas están en el proyecto que aprobó la Cámara. Sin embargo, Me preocupa la definición de emergencia y alcanzar una ONEMI potente, profesional y con todos los instrumentos que deben funcionar, por esto anuncio mi abstención".



DE URRESTI:

"Hay un denominador común, estamos avanzado en crear una nueva institucionalidad que no está a la altura de los desafíos del país, y me preocupa. (…) Un aspecto que no se toca es la memoria, el seguimiento de aquellas zonas de catástrofes, no se incorpora esa experiencia y simplemente nos preparamos para la buena suerte en el próximo evento. Esta es una legislación en la medida de lo posible".

Denuncian posible contaminación de aguas por proyecto Alto Maipo

Así lo señaló el senador Alejandro Navarro, quien solicitó ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), investigar la responsabilidad del proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo de AES Gener, por la turbiedad de las aguas.

Tras el corte de suministro de agua potable que mantuvo a la Región Metropolitana casi dos días sin agua debido al “extremo sedimento”, el senador Alejandro Navarro solicitó a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), se investigue la responsabilidad del proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo de AES Gener, en la turbiedad de las aguas.



El legislador acompañó requerimiento con informes que revelan que “este proyecto tiene impacto en la población en cuanto a la generación de concentraciones tóxicas”, precisó.



Asimismo, presentó un informe elaborado por el Dr. Andrei Tchernitchin de noviembre de 2015, que indica que “los trabajos que realiza AES Gener en la zona de la alta cordillera demuestran concentraciones tóxicas de sustancias cancerígenas, entre ellas el arsénico, y cuya presencia va más allá del límite permitido por la Organización Mundial de la salud (OMS)”.

“La evidencia científica que ha mostrado el Dr. Andrei Tchertnitchin es realmente alarmante, sobre todo luego de lo ocurrido la semana pasada con la contaminación de las aguas y el posterior corte del suministro. Aquí se requiere que la institucionalidad aclare los impactos que este proyecto acarrea sobre la población. Porque tal como señalan los científicos ‘el proceso de contaminación de las napas es lento; pero irreversible”, alertó el legislador.



Asimismo, continuó según este informe “serán 2,7 millones de metros cúbicos de material contaminado, los que trasladará Alto Maipo hasta diferentes zonas del Cajón. A ellos se suman los químicos de los explosivos y del estuco que usarán para colocar dentro de ese túnel no impermeabilizado”.



El senador recalcó “la importancia de que se dé a conocer ante la opinión pública y la ciudadanía lo que puede pasar en el agua potable y de riego de toda la Región Metropolitana, si esta está contaminada con sedimentos que pudiesen contener estos metales pesados”.



Finalmente reiteró “y todo esto, ¿para qué? ¡Para producir energía para el proyecto Pelambres, del grupo Luksic!, tal como reconoció Armando Lolas, vicedirector del proyecto al ser consultado por el programa “En la Mira”, de Chilevisión”.



Agregó que “es un despropósito pretender que es posible sustentar, la desenfrenada sed extractiva de la minería, sector que ya consume el 34 por ciento de la energía que produce el país y que está dejando, como resultado de sus excesos, una estela de miseria y contaminación”.



“Si incluso el proyecto tuviera destino residencial, por ningún motivo valdría la pena tanto sacrificio para tener el beneficio que da la electricidad. Como se sabe, existen alternativas de energías, que no ponen en riesgo la salud de la población”, concluyó.

Proyecto Que Habilita Sistema De Votacion Para Chilenos En El Extranjero Fue Despachado Por La Comision De Gobierno

La propuesta legal, derivada ahora a la Comisión de Hacienda, viene a materializar y formalizar los alcances de la reforma constitucional que instauró este derecho y se focaliza en dos materias: el establecimiento de un procedimiento para la inscripción; y regular la manera en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero.


Esta tarde, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados concluyó su análisis y votación del proyecto que regula el ejercicio del derecho a voto de los chilenos en el extranjero, con lo cual la iniciativa quedó en condiciones de pasar a estudio a la Comisión de Hacienda, antes de ser visto por la Sala de la Corporación.


La iniciativa legal viene a materializar y dar vida a la reforma constitucional efectuada por la Ley 20.748 que reconoció que los ciudadanos chilenos que cuenten con derecho a sufragio y se encuentren en el extranjero podrán votar desde el exterior en elecciones presidenciales, primarias presidenciales y plebiscitos nacionales.


Así, la propuesta se enfoca en dos cuestiones fundamentales: el establecimiento de un procedimiento para realizar la inscripción de los chilenos con derecho a sufragio para votar fuera del país; y regular la manera en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero.

El texto, aprobado con un amplio nivel de consenso parlamentario, regula tanto la inscripción de chilenos en el extranjero como el cambio de domicilio para quienes deseen sufragar desde el exterior, atendido que muchos de ellos ya se encuentran inscritos en el registro electoral, considerando que debe maximizar la participación ciudadana.


En este contexto, los chilenos en el extranjero que deseen ejercer su derecho a sufragio activo, deberán inscribirse sólo una vez para indicar su domicilio electoral en el extranjero y sólo deberán recurrir a repetir dicho trámite, única y exclusivamente, si cambian de domicilio, conforme a las reglas generales. 


Además, se contempla la existencia del domicilio electoral en el extranjero, el que tendrá las mismas características del domicilio electoral en Chile, bastando su sola declaración para entender dicho lugar como su domicilio electoral.


A las actuales formas de cambio de domicilio, se agrega la alternativa de inscribirse o efectuar el cambio de domicilio ante la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, al momento de entrar o salir del país. 


Esto permitirá que los chilenos al salir de Chile puedan efectuar este trámite, sin perder tiempo e incluso si olvidaron hacerlo con anterioridad. En el extranjero, a su vez, la inscripción y el cambio de domicilio podrán efectuarse ante el respectivo Consulado.


Padrón electoral


Efectuada la inscripción o cambio de domicilio para votar en el extranjero, se formará un padrón de chilenos en el extranjero, dentro del padrón general.


 Así, los procesos establecidos actualmente para la creación de los padrones electorales (provisorio, auditado y definitivo) para una determinada elección o plebiscito deberán contener todos los chilenos que puedan ejercer su derecho a sufragio en ese acto electoral específico, lo que permitirá que los datos electorales de los/as ciudadanos/as en el exterior, al igual que los de quienes se encuentran en el país, puedan ser objeto de reclamaciones y sean auditados.


El proyecto considera que cada país que cuente con un Consulado de Chile, contará también con una Junta Electoral, que será presidida por el respectivo Cónsul e integrada, además, por otro funcionario del Servicio Exterior, que tendrá la función de secretario. Corresponderán al Cónsul todas las funciones de delegado electoral.


Por otra parte, los Consulados serán encargados de custodiar los útiles electorales y de velar por el expedito acceso a los lugares de votación. 


Además, los Cónsules serán los responsables de que las mesas se instalen correctamente en los locales de votación, como también deberán obrar como expertos de identificación, en los casos en que exista disconformidad notoria y manifiesta entre los datos del padrón de mesa y la identidad del elector.


A su vez, el Servicio Electoral cumplirá las mismas funciones que respecto de las elecciones que se desarrollan en Chile. 


Además, en este caso, determinará los lugares de votación y la creación o fusión de mesas receptoras de sufragios y deberá dictar instrucciones para efectos determinar la aplicación de la normativa electoral en aspectos concretos.


También se establece que entre los inscritos en el padrón de chilenos en el extranjero, serán elegidos tres vocales para constituir cada una de las mesas receptoras de sufragios en el extranjero. 


La correspondiente Junta Electoral en el extranjero será la encargada de escoger a los vocales.


El proyecto, además, contempla normas relativas a los actos preparatorios en el extranjero; sobre publicidad y propaganda; funcionamiento de las juntas electoras; los locales de votación; la oficina electoral; reclamaciones; sanciones y procedimientos judiciales.


Entre los perfeccionamientos realizados en la Comisión se pueden mencionar principalmente dos:
1) En virtud de una indicación del Ejecutivo, que recoge una solicitud de la Comisión, se incluyó la posibilidad de que los interesados que declaren su domicilio electoral en el extranjero reciban notificaciones del Servel, no solamente a través de la casilla electrónica que señalen, sino alternativamente al domicilio que comuniquen.



2) De acuerdo a una indicación parlamentaria, se establece que los reclamos por parte de los electores que sufraguen en el exterior podrán presentarse a través del sitio web del Tribunal Electoral Regional de turno de la Región Metropolitana, o bien en el respectivo consulado chileno, que tendrá la obligación de ingresarlos.


Finalmente, en materia presupuestaria, el proyecto contempla un mayor gasto de $494 millones por una sola vez, durante su primer año de aplicación, para inversión en sistemas informáticos y equipamiento, así como para publicidad de nuevas circunscripciones electorales en el extranjero y el proceso de inscripción y cambio de domicilio. 


Asimismo, se calcula un gasto anual de $3.086 millones en los años en que se realice un acto electoral que considere la posibilidad de votar desde el exterior.


Reacciones


El presidente de la Comisión, diputado Claudio Arriagada (DC), se manifestó muy conforme con el texto legal aprobado y destacó el trabajo realizado por el grupo parlamentario, junto con el Ejecutivo, para perfeccionar el proyecto, en particular respecto de aspectos en que había un vacío normativo.


Sostuvo que fue una tramitación expedita que da cuenta de un derecho que todo chileno tiene, esté avencindado en Chile o no, y que permite cerrar un proceso muy importante que fue el fin del sistema nominal. "Creo que es un buen ejercicio para la democracia", evaluó.


El diputado Germán Becker (RN) también resaltó el tenor de la iniciativa legal y expresó su esperanza que la ley siga un trámite expedito, de modo que esté disponible en 2017 para las elecciones presidenciales que se realizarán en ese año.


Recordó que la norma permite a todos los chilenos que estén en el extranjero votar en dichos comicios, ya sea que se encuentren fuera del país en forma temporal o sean residentes en el exterior. 


Destacó que, para participar en los procesos electorales afectos a esta ley, solo tendrán que efectuar en el consulado la gestión de cambio de residencia, tal como se efectúa en el caso del territorio nacional.