Respaldan en general Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil

La discusión concitó el interés masivo de los parlamentarios, quienes valoraron el avance, pero pusieron la voz de alerta en aspectos como asegurar los recursos, una clara estructura de la organización y comunicación fluida entre los actores involucrados.

Por 22 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, la Sala aprobó en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil  y crea la Agencia Nacional de Protección Civil.

NUEVO SISTEMA

El mensaje tiene por objeto crear un nuevo sistema y una nueva institucionalidad, compuesta por entidades públicas y privadas, y por normas, políticas, planes, recursos e instrumentos de gestión organizados desde el nivel local hacia el nacional, encargada de todas las fases de las emergencias o desastres, incluyendo la prevención de las mismas y los distintos procedimientos para enfrentar en forma eficiente este tipo de acontecimientos.

  

Cabe recordar que la norma fue analizada por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y por la Comisión de Defensa con informes con opiniones dispares y ahora se abrirá plazo para recibir indicaciones y así perfeccionar la propuesta legal.



Durante el debate intervinieron los senadores Ena Von Baer, Baldo Prokurica,Alejandro Guillier, Andrés Zaldívar, Eugenio Tuma, Andrés Allamand, Rabindranath Quinteros, Víctor Pérez Varela, Antonio Horvath, Alejandro Navarro, Carlos Montes, Francisco Chahuán, Alejandro García Huidobro y Alfonso De Urresti.



A juicio de la mayoría de los legisladores, es vital asegurar los recursos tanto económicos como humanos necesarios para la prevención y el actuar en emergencias y se destacó que la institucionalidad le dará mayor protagonismo a las regiones, desde donde proviene la principal información.



No obstante, entre quienes se manifestaron en contra y/o se abstuvieron, dejaron en claro que la propuesta no es suficiente para la realidad de catástrofes que vive nuestro país, "quedando al debe con un organismo capaz de actuar y prevenir". 

CONTENIDO

Crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, mediante el cual se cumplirá una parte específica de la función de preservar el orden público y la seguridad pública interior, que la ley encarga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.



El Sistema está conformado por el conjunto de entidades públicas y privadas que se señalan e incluye las normas, políticas, planes y otros instrumentos de gestión, que se organizan desconcentrada o descentralizadamente y de manera escalonada, desde el ámbito comunal, provincial, regional y nacional para garantizar una adecuada gestión de las fases del ciclo de riesgo.



Dispone que se entenderá por emergencia: los eventos que alteren la vida comunitaria, sea que provengan de causas naturales u originadas con intervención humana, y que tengan la aptitud para causar estragos a las condiciones de vida, la integridad física o psíquica de las personas o a otros bienes o a las necesidades primarias y relevantes.



Establece que la Gestión de Riesgos y Emergencias corresponde al proceso continuo de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas, regulaciones, instrumentos, estándares, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo, así como a la organización y gestión de los recursos, potestades y atribuciones que permitan hacer frente a los diversos aspectos de las emergencias y la administración de las diversas fases del ciclo de riesgo, y que involucrará tanto a los órganos de la Administración del Estado cuya participación sea requerida, así como a las entidades del sector privado cuya participación les sea solicitada.



Regula la institucionalidad del Sistema, la cual contempla: un Comité de Ministros para la Gestión de Riesgos y Emergencias; la Comisión Consultiva de Gestión de Riesgos y Emergencias; y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias; regulando la estructura, composición, funciones y atribuciones de cada una estos organismos que se crean.



El Comité de Ministros será la instancia superior encargada de la planificación y la coordinación del Sistema, y contará con una Secretaría Ejecutiva, que será ejercida por el Servicio Nacional, a través de su Director Nacional, quien actuará como su Secretario Ejecutivo.



La Comisión Consultiva actuará como una instancia interinstitucional de asesoría al Servicio Nacional en las materias reguladas en el presente proyecto de ley.



El Servicio Nacional se crea como un Servicio Público dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría del Interior, el cual se desconcentrará territorialmente, con presencia en todas las regiones y provincias del país, con las atribuciones y facultades que le permitan cumplir oportunamente las funciones que le fije la ley.



Determina las estructuras de Coordinación y planificación, en las fases de Mitigación- Prevención y de Preparación, constituidas por los Comités Regionales y Provinciales (presididas por los intendentes y gobernadores respectivamente) cuyas funciones y composiciones se establecen.




Crea el Comité de Respuesta y Recuperación Temprana, entidad colegiada, que se constituirá a nivel comunal, provincial, regional o nacional, según sean las características y magnitud de la emergencia, para la planificación, dirección, y coordinación intersectorial de las acciones de respuesta y recuperación temprana, en las zonas afectadas por una emergencia.



Regula la convocatoria, integración, funcionamiento y atribuciones de cada uno de los Comités de Respuesta y Recuperación Temprana, según el nivel territorial en el que le corresponda actuar.



Dispone que ante la ocurrencia actual o inminente de una Emergencia, existirá un Jefe de la Emergencia, nombrado por el Gobernador, el Intendente o el Ministro del Interior y Seguridad Pública, según la magnitud y características de la Emergencia, nombramiento que deberá recaer en el Director Provincial, Regional o Nacional del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, o en un funcionario del Servicio Nacional.

Regula los instrumentos de gestión de riesgos en las fases de mitigación-prevención y de preparación, constituidos por la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.



La Política Nacional es un instrumento orientador de las acciones y decisiones políticas desde una perspectiva integral de la Gestión de Riesgos y Emergencias, como un componente para lograr el desarrollo del país en el corto, mediano y largo plazo.



Dispone que corresponderá al Servicio Nacional la elaboración y proposición de la Política Nacional y del Plan Nacional, al Comité de Ministros, debiendo el primero ser aprobado posteriormente por el Presidente de la República.



Existirán, además, políticas regionales y sectoriales de gestión de riesgos y emergencias, y planes regionales, provinciales y comunales de gestión de riesgos.



Dispone la elaboración por parte del Servicio Nacional de Mapas de Riesgos, instrumentos en los que se contendrá el diagnóstico de los riesgos y efectos de éstos, así como la representación gráfica de la distribución espacial de los efectos que puede causar una emergencia o desastre de una intensidad definida.



Establece un Sistema de Alerta Temprana, entendido como el conjunto de capacidades necesarias para generar y difundir información de alerta que sea oportuna y significativa con el fin de permitir que las personas, las comunidades y las organizaciones que presenten alguna amenaza se preparen y actúen de forma adecuada y con suficiente antelación para reducir la posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños.

PROYECTO ESPERADO

VON BAER:

"Los principales cambios en la indicación sustituta es que se crea un Sistema Nacional de Riesgo y de Emergencia para mantener orden interior. El mensaje integra que el Sistema se constituye como una nueva institucionalidad que se hace cargo de las emergencias en todas sus etapas (…) Además, moderniza la carrera funcionaria y contempla expertos profesionales".



PROKURICA:

"Nuestra gente se merece más, por eso voté en contra de este proyecto en Defensa, porque aquí si votamos a favor de la idea de legislar, todas las indicaciones serían inadmisibles, porque son de iniciativa exclusiva y quedaríamos casados con lo que, a mi juicio, es un mal proyecto que no tiene claro los recursos, mantiene la burocracia; prefiero no engañar a la comunidad".



GUILLIER:

"Actualmente existe una carencia de mecanismos adecuados, mandos y controles definidos, lo que significó el retraso de la mitigación y todos esperamos que este proyecto resuelva estas materias. En la Comisión de Defensa lo vimos desde la defensa nacional y detectamos aspectos que esperamos sean resueltos, desde luego el financiamiento, gestiones de mando y aspectos de reconstrucción, pero este proyecto se orienta en la prevención".



ZALDÍVAR:

"Estamos frente a un mensaje que tiene bastante trascendencia y que muchos hemos pedido pronto despacho. (…). La comunidad tiene todo el derecho a preguntarnos qué estamos haciendo (…) A través del tiempo hemos tenido diferentes respuestas a las catástrofes, como la regulación de construcciones, que han impedido que los sismos provoquen problemas tan grandes, como los que ocurren en otras partes con la misma magnitud".



TUMA:

"Hubiéramos querido aprobarlo hace varios años; Chile es un país de desastres y hasta ahora no tenemos un marco, un cuerpo legal con el respaldo necesario para atender esas demandas y acciones preventivas. Mi preocupación es la comunicación entre los afectados y el gobierno, no está claro cómo se hará; además, estamos entregando responsabilidades a los municipios y no sé si están en condiciones de acatarlas".



ALLAMAND:

"Este es un proyecto de extraordinaria importancia, en el que objetivamente estamos atrasándonos. Hay que pensar no solo en mejorar la capacidad municipal, sino también mejorar las capacidades no bélicas de las FF.AA. y tengo la impresión que este ítem no es prioritario. Mi obligación es abstenerme, a la espera que se corrijan aspectos importantes como el artículo 43, que le asigna una tarea a la Subsecretaría de Defensa que no está contemplada en la ley del Ministerio".



QUINTEROS:

"Es una exigencia económica y social, el país requiere contar con una estructura para volver a la normalidad lo más pronto posible y condiciones necesarias para asegurar la paz social. Es un imperativo moral el acudir a la ayuda del hermano, del vecino; esta es la sociedad inclusiva que queremos construir. La tarea no puede ser postergada.

DESAFÍO PAÍS

PEREZ VARELA:

"Es un proyecto relevante, a lo mejor en lo formal va en lo correcto, pero no da la robustez que se requiere. En los hechos no estamos contribuyendo a fortalecer un servicio de emergencia. En Defensa lo tratamos en detalle y creo que tiene temas delicados que están mal resueltos y que fueron aprobados por la Comisión de Gobierno, como el rol de las FF.AA., este es un tema de fondo".

HORVATH:

"Nuestro país tiene ciertas características que generan catástrofes, por lo que tenemos el deber de empoderar a la Oficina Nacional de Emergencia, además de las acciones humanas. La clave está en la prevención y la capacidad de adaptarse a estas condiciones. Entre los temas que hay que vencer está que la ciudadanía esté en red e incluir a la comunidad".



NAVARRO:

"Sin duda este proyecto resulta vital, hemos sufrido desbordes de ríos, incendios, terremotos, tsunamis, erupciones de volcanes, Chile es el país de América Latina que tiene la más alta probabilidad de enfrentar emergencias. Una Agencia Nacional es insuficiente, necesitamos un ministerio de gestión de riesgo de emergencias y falta profesionalizar el sistema".



MONTES:

"Ha habido avances significativos en las versiones anteriores. Aquí estamos centrados en el tema de la emergencia y mezclarla con la normalización y reconstrucción, no nos permite avanzar. Cualquier institucionalidad no será definitiva, porque esto es muy dinámico. Lo más importante es que cambia el enfoque centralista que esto tenía".



CHAHUÁN:

"Esto es largamente esperado, un sistema capaz de tomar medidas para prevenir. Debemos contar con un sistema que se haga cargo de las comunicaciones y poner al servicio de la red a los radioaficionados, que ya estuvieron disponibles para una red segundaria que otorga mayor seguridad. Pero, lo primero es tener un sistema que asegure conectividad, pronta respuesta y capaz de visibilizar el esfuerzo de aquellos que prestan un servicio a la comunidad".



GARCÍA HUIDOBRO:

"Por fin empezamos a discutir esto en el Senado, quiero valorar el trabajo de la Comisión Investigadora del 27F, porque muchas de las propuestas están en el proyecto que aprobó la Cámara. Sin embargo, Me preocupa la definición de emergencia y alcanzar una ONEMI potente, profesional y con todos los instrumentos que deben funcionar, por esto anuncio mi abstención".



DE URRESTI:

"Hay un denominador común, estamos avanzado en crear una nueva institucionalidad que no está a la altura de los desafíos del país, y me preocupa. (…) Un aspecto que no se toca es la memoria, el seguimiento de aquellas zonas de catástrofes, no se incorpora esa experiencia y simplemente nos preparamos para la buena suerte en el próximo evento. Esta es una legislación en la medida de lo posible".