La CIDH acoge demanda por prohibir a exmonja lesbiana enseñar religión en Chile

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite una demanda contra el Estado de Chile por prohibir a Sandra Pavez, una exmonja lesbiana, dar clases de religión en un colegio público debido a su orientación sexual.

La profesora chilena y exmonja Sandra Pavez asiste a una rueda de prensa este martes 12 de enero de 2016, en la sede del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en Santiago (Chile).

"No puede ser que se haga callar a una persona que quiere hablar de Dios por tener una orientación sexual diferente. Lucharé hasta el final para que quede un precedente en la historia", dijo hoy Pavez durante su primera comparecencia ante los medios después de que hace unos meses se le comunicara la decisión de la CIDH.

En 2007, después de 22 años impartiendo clases de religión en una escuela pública de la capital chilena, Pavez recibió una llamada del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz. Ese fue el inicio de una pesadilla.

"Me dijeron que se habían enterado que era lesbiana y me exigieron que dejara mi pareja y acudiera a un psiquiatra de la Iglesia católica. Yo me negué y nunca más pude ingresar a un aula", explicó a la prensa.

La iglesia se valió de un decreto creado en 1984 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, según el cual la institución católica tiene la potestad para decidir quién es "idóneo" para impartir clases de religión.

Ser homosexual no es la única característica que según la Iglesia católica chilena es incompatible con el ejercicio de la docencia en la educación religiosa, pues también lo serían ser madre soltera o estar divorciado.

"Es inaceptable que el Estado de Chile le otorgue herramientas a la jerarquía católica para definir quién es idóneo para impartir clases de religión en colegios públicos", criticó el líder del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez.

Líder del Movilh: "En algunas universidades califican homosexualidad como enfermedad". Rolando Jiménez ...

La organización que lucha por los derechos de los homosexuales en Chile interpuso en 2008 la demanda a la CIDH contra Chile por lo que considera un "contubernio" entre la institución religiosa y el Estado chileno.

El pasado 21 de julio de 2015 la Comisión acogió a trámite la demanda tras considerar que la actuación del Estado de Chile vulneró distintos artículos de la Convención Interamericana como la no injerencia en la vida privada y la igualdad ante la ley.

"Creemos que esta va a ser una lucha simbólica y política muy importante para América Latina y Chile. Permitirá desarmar la confabulación y vulneración de derechos en el que se hacen cómplices el Estado chileno y las jerarquías de la Iglesia católica", afirmó Jiménez.

Tras la admisión a trámite de la demanda, el camino más fácil para Chile es iniciar una salida amistosa en la que se "derogara el artículo 924 y se ofrecieran disculpas y reparaciones a Sandra", señaló el líder de la agrupación homosexual.

De lo contrario, el proceso seguirá adelante en la Comisión y, muy probablemente, según Jiménez, la Corte emitirá una nueva condena por vulneración de derechos fundamentales, "con el desprestigio que esto implica para la institución del Estado".

Para Pavez, la decisión de la Comisión representa el posible fin de un calvario que le hizo perder su confianza en la institución religiosa.

"Pensaba que la Iglesia católica chilena era mucho más humana y aceptaba a las personas tal y como eran, me ha decepcionado muchísimo", señaló Pavez, quien a pesar de todo dice estar "tranquila", pues está convencida de que, a diferencia de la institución, Dios no la juzga por su orientación sexual.

Chile afronta la caída del cobre con "solidez económica", dice Bachelet

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aseguró hoy que la caída en el precio del cobre, el mayor producto de exportación del país suramericano, a raíz de los problemas en China será enfrentado con "la solidez de nuestra economía".

En la imagen un registro de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien señaló que "hemos conocido noticias relacionadas con el precio del cobre que preocupan, pero somos un país responsable, que maneja las finanzas públicas de manera prudente". 

En la inauguración del Foro Internacional de Inversiones en Chile 2016, la jefa del Estado chileno señaló que "hemos conocido noticias relacionadas con el precio del cobre que preocupan, pero somos un país responsable, que maneja las finanzas públicas de manera prudente".

"El mundo está conectado, no somos indiferentes a lo que sucede a nivel internacional, pero estamos trabajando y creemos que estamos preparados para proteger a los ciudadanos, mantener el crecimiento económico y atraer más inversión extranjera a Chile", añadió.

El encuentro que se celebra este martes congrega a más de 60 representantes de 46 compañías extranjeras, provenientes de 21 países, con intereses de inversión en diversos sectores de la economía chilena.

Bachelet hizo a los asistentes un llamado a invertir en el país austral y aprovechar "las oportunidades económicas de Chile, producto de nuestras múltiples redes de acuerdos de comercio y multilaterales de todo tipo, que se benefician de nuestra estabilidad, confiabilidad y capacidad".

La mandataria puso énfasis en el panorama económico que ha creado el país en las últimas décadas que resulta "muy beneficioso para los negocios y para todos nosotros".

"Este ambiente es fundamental para avanzar por el camino del crecimiento, la diversificación productiva, la innovación y el desarrollo inclusivo y sustentable, es decir, el camino por el cual todos podemos salir beneficiados", espetó la presidenta.

El cobre, que por su importancia para la economía chilena ha sido llamado "el sueldo de Chile" o "la viga maestra del desarrollo" cerró ayer en la Bolsa de Metales de Londres (LME) en 1,996 dólares por libra, el precio más bajo desde el 18 de mayo de 2009, cuando se cotizó en 1,995 dólares la libra.

Tras un nuevo "lunes negro" de los mercados chinos, el precio del metal cayó un 1,87 % respecto al viernes pasado, por lo que su promedio mensual y anual disminuyó a 2,063 dólares por libra.

Para Chile, cada centavo de dólar en el precio promedio anual del cobre supone unos 40 millones de dólares en impuestos y unos 91 millones en términos de balanza de pagos. 

Bachelet: “Hoy empezamos a saldar deudas con los pueblos indígenas que hemos arrastrado por demasiado tiempo”

Al explicar la nueva institucionalidad que regirá a los pueblos originarios, la máxima autoridad expresó que “estamos dotándonos de instrumentos y espacios de diálogo sin los cuales no se puede aspirar a un nuevo impulso en la relación entre el Estado chileno y los pueblos indígenas”.

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó hoy en el Patio Las Camelias del Palacio de La Moneda las leyes que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas. Para la creación de estos organismos se realizaron consultas a representantes de las nueve etinias reconocidas por el Estado de Chile: aymara, quechua, atacameños, diaguitas, kollas, rapa nui, kawésqar, yaganes y mapuches, dando así cumplimiento a los estándares exigidos internacionalmente.

“Tenemos el deber de hacer de nuestro país, un país donde se reconozca mejor su multiculturalidad y pluralidad”, aseguró la Mandataria, añadiendo que la idea es que generen “mayores espacios para que se exprese la riqueza cultural de nuestras identidades y se garantice el respeto y el trato igualitario a todo hombre y toda mujer, que todo pueblo y creencia merecen”.

A su vez, indicó que “ambas iniciativas son la concreción de un viejo anhelo y un renovado compromiso: elevar al máximo rango institucional la política indígena a través del Ministerio, mejorando también la coordinación imprescindible para hacer las cosas bien y velar por la presencia transversal en el Estado del enfoque indígena”.

En la misma línea, la Jefa de Estado aseveró que “esta nueva forma de trabajar es ahora política de Estado y se basa en el diálogo franco y respetuoso, para recoger las aspiraciones e intereses de los pueblos indígenas de Chile y también para procesar las diferencias”.

Y explicó que el Ministerio de Pueblos Indígenas colaborará con el Presidente de la República, en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a implementar, promover y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, su desarrollo económico social, político y cultural, y procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria.

Además, apoyará el desarrollo y ejecución de estas funciones el Comité Interministerial sobre Pueblos Indígenas que colaborará con el/la Ministro(a) de Pueblos Indígenas en la elaboración, seguimiento y evaluación de la implementación de las políticas, planes y programas orientados al desarrollo de los pueblos indígenas y sus miembros. Siendo el Ministerio la institución que resguardará el adecuado acceso de los miembros de los pueblos indígenas a los recursos naturales y a sus tierras; la protección, el acceso y la explotación sustentable de las tierras indígenas y los derechos de aguas; y será el encargado de promover el desarrollo económico y social de los miembros de los pueblos indígenas que las habiten, de conformidad a los mecanismos y procedimientos establecidos en la ley.

Ahondando en la nueva iniciativa, la Presidenta subrayó que “éste es el inicio del fin del silenciamiento de voces que nos definen como país y sin las cuales no podemos construir nuestro futuro. Estamos escribiendo una nueva página en nuestra historia compartida, estamos renovando los cimientos para construir juntos, y estableciendo una manera de seguir nuestra marcha sin exclusiones”.

Al finalizar, la Mandataria detalló que “la voz de los pueblos se legitimará en otras instancias, y esto lo haremos posible a través del Consejo Nacional y los nueve Consejos de Pueblos Indígenas, instituciones representativas que contaran con atribuciones, resolutivas, facultativas, y vinculante sobre sus propia orgánica y cuyo objeto será representar los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas a nivel general ante los organismos del Estado”.

Nueva denuncia de colusión empresarial golpea a Chile y a su imagen de probidad

Una nueva denuncia de colusión empresarial, en este caso de los principales supermercados, volvió a indignar a los chilenos y a las autoridades en un país considerado hasta hace poco ejemplo de probidad.

Tras descubrir hace dos meses que había un extendido cartel del papel higiénico, los consumidores chilenos volvieron a sorprenderse por un nuevo caso de colusión, esta vez de las principales cadenas de supermercados -Walmart Chile, SMU y Cencosud-, que se concertaron para fijar precios mínimos de venta del pollo entre 2008 y 2011.

La denuncia derivó de una investigación anterior que había sancionado en noviembre a las tres mayores productoras de pollo con 60 millones de dólares, por trasngredir normas contra los monopolios para fijar los precios de venta de los pollos, un producto básico en la dieta de los chilenos, sobre todo los más pobres.

"Condeno absolutamente este nuevo caso de colusión y cualquier caso de colusión que sin duda afecta la confianza y el presupuesto familiar", reprochó este jueves la presidenta Michelle Bachelet.

Bachelet califica como inaceptable y condenable colusión de supermercados

Una escasa regulación y bajas sanciones a la colusión -para la cual hoy no existe la pena de cárcel han confluido para alentar el desarrollo de estas malas prácticas empresariales en Chile.

"Hay una cultura del abuso", criticó a la AFP el abogado Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus).

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón

"El empresariado chileno nunca ha tomado conciencia de que estas prácticas son condenables en cualquier parte del mundo", agregó Calderón.

Para detener los abusos empresariales, la presidenta Bachelet urgió al Congreso a aprobar antes de fin de mes una ley que vuelve a sancionar con cárcel la colusión y eleva las multas.

"Esperamos que este tipo de situaciones no continúen nunca más y para eso hemos tomado las medidas pertinentes con un proyecto de ley y hoy estamos pidiendo que esperamos aprobar ahora ya, a finales de este mes", dijo en el palacio presidencial La Moneda.

Considerado uno de los países menos corruptos de América Latina, según los Índices de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en el mundo, varios casos de corrupción que estallaron en los últimos meses dejaron al descubierto que estas prácticas no son tan ajenas a Chile.

Como si el país se hubiera propuesto sacar la basura debajo de la alfombra, el gobierno, políticos, empresarios y dirigentes deportivos quedaron envueltos en sonados escándalos de corrupción que indignaron a los chilenos.

Una veintena de políticos -tanto oficialistas como de oposición- son investigados por el financiamiento irregular a través de la entrega de facturas por servicios no prestados y por las cuales grupos económicos como Penta, la minera Soquimich o la pesquera Corpesca, descontaban el pago de impuestos.

Hasta la propia presidenta se ha visto salpicada por la corrupción en un caso que involucra a su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y a su nuera Natalia Compagnon, investigados por el uso de "información privilegiada y tráfico de influencias" y evasión de impuestos, tras concretar millonario negocio de especulación inmobiliaria.

El caso, que obligó al hijo de la mandataria a renunciar al cargo no remunerado que ejercía en el gobierno, tumbó la credibilidad de Bachelet (20 puntos en todo el año), quien en la campaña había prometido acabar con la desigualdad y los privilegios de unos pocos en Chile.

La corrupción también alcanzó al mismísimo Ejército chileno, donde la justicia investiga un fraude de cinco millones de dólares a través del desvió de dineros de un fondo para la compra de material bélico.

Y después de gozar su primer triunfo deportivo internacional de su historia -la Copa América de 2015- el fútbol también quedó empañado por el caso de corrupción que involucra a su expresidente, Sergio Jadue, quien se declaró culpable de recibir sobornos ante la justicia estadounidense que investiga las irregularidades en la FIFA.

Junto con las medidas en contra de la colusión, el Congreso chileno analiza un paquete de leyes pro transparencia redactado para hacer frente a los casos de corrupción política que golpearon Chile durante 2015.

Chile: reúnen 1.502 millones dlrs por dineros en el exterior

SANTIAGO:El Servicio de Impuestos Internos recaudó 1.502 millones de dólares por dineros o bienes en el extranjero declarados voluntariamente en virtud de un artículo temporal que sólo cobró un impuesto especial de 8% al patrimonio no declarado oportunamente, informó el servicio en su página en internet.

La recaudación se reunió mediante 7.832 declaraciones de impuestos realizadas por contribuyentes domiciliados, residentes o constituidos en Chile antes del 1 de enero de 2014, “cuando habiendo estado afectos a impuestos en el país, no hayan oportunamente declarado y/o gravados con los tributos correspondientes”.

Primera vez que se aplica este artículo provisorio de la ley de reforma tributaria impulsada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que aumentó la recaudación tributaria, y cuya vigencia venció el 30 de diciembre último.

Latinoamérica:la crisis del populismo

La manera en que los sectores de oposición releven el poder será clave para evitar recrudecer la polarización.

Las recientes victorias de la oposición venezolana y argentina en el Parlamento y la Presidencia, respectivamente, evidencian la profunda crisis que los gobiernos populistas tienen en la región. La forma en que se administre el relevo de poder será clave para aminorar la confrontación, más, cuando ha sido caldo de cultivo para retener el poder.

Para diversos sectores, la transición de un modelo a otro en América Latina acaba de comenzar, pero sin duda será la economía el factor que determine la permanencia o equilibrio de los gobiernos, tomando en cuenta que las previsiones de crecimiento para la región no son muy alentadoras para el próximo año, estima el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En 2016 se producirán procesos interesantes en América Latina. En Perú, el gobierno de izquierda de Ollanta Humala tratará de impulsar a su sucesor ideológico, enfrentándose a un amplio abanico de candidatos de derecha en las elecciones presidenciales.

En Bolivia, Evo Morales someterá a referéndum su propuesta de reforma constitucional con la que busca una nueva reelección. Y en Brasil, la presión contra el Gobierno de Dilma Rousseff la mantiene acorralada siendo la economía una bomba de tiempo. 

La crisis financiera que atraviesa el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con la corrupción desatada, una inflación de 200% estimada para 2016, y la baja de los precios del crudo, cierra el grifo de petrodólares con el que Venezuela financió a los gobiernos “bolivarianos” de la región bajo el manto de la ALBA. Esta realidad, sumada a millonarias deudas por importaciones, impactará a países como Nicaragua, Bolivia y Cuba, los más urgidos por el subsidio de Caracas.

El chavismo, así, ha dejado de ser una franquicia de referencia muy distinto a hace cinco años atrás, cuando los líderes de izquierda competían por la simpatía y comparaciones ideológicas del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez. Hoy lo que existe son izquierdas que defienden su historial de democracia, socialistas que hablan del libre mercado.

Lo ocurrido el 6 de diciembre en Venezuela terminó por romper el cliché del “socialismo eterno” latinoamericano. Fue en definitiva una pedrada al modelo populista encallado hace casi dos décadas en la región. Para el catedrático español Carlos Malamud, lo que acaba de comenzar “es una difícil transición del populismo a la democracia”.

Los casos venezolanos y argentino, pero además la constante en Nicaragua, donde el gobierno sandinista de Daniel Ortega mantiene un férreo control de las instituciones, algo que se respira en Ecuador y Bolivia, termina por reflejar que lo existe es un quiebre de la institucionalidad que quien releve el poder en las próximas elecciones tendrá la tarea de recomponer.

“La institucionalidad en los países implicados –el caso de Venezuela o Argentina en concreto--, sufrió una constante degradación que exige su urgente recomposición si lo que se busca es la plena vigencia de la Constitución y la legalidad. Y ése es precisamente el camino de la transición del populismo a la democracia” que se verá en 2016, escribía Malamud.

Lo ocurrido en Venezuela y Argentina escapa a la realidad de otros países de América Latina cuyos gobiernos controlan las alianzas de izquierda y socialistas, producto, primero, de un equilibrio de poderes, una economía saneada, y la madurez con que sus políticos han sabido torear las envestidas populistas, sugieren los expertos.

En el crisol de los gobiernos regionales bajo control de la izquierda “no se ve a grandes rasgos una ruptura o transición de esa corriente en el corto o mediano plazo”, estima Arturo López Levy, investigador y experto en la Escuela Josef Korbel de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver.

“La crisis en Brasil tiene origines distintos, es más producto de la economía y tensiones clásicas entre partidos; en Ecuador, aunque pierde popularidad el gobierno de Rafael Correa, éste sigue teniendo altos niveles de aceptación, y creo que seguirá en el poder sin muchas complicaciones. La economía sigue estando en buen record”, explicaba el experto.

En Uruguay hay una alianza de izquierda liderada por el presidente Tabaré Vásquez que no tiene mayores problemas. Chile, con Michelle Bachelet en la presidencia, la alternancia entre la derecha y la izquierda sigue dándose como el país se acostumbró tras el fin de la dictadura.

“En el caso boliviano, Evo Morales tiene una economía dinámica que ha sabido redistribuir riqueza y la gente lo valora. Pero su propuesta de segunda reelección para 2016, como dice la teoría política, puede terminar en un enclave autoritario. Es un mal camino, son más probable las desviaciones”, advierte López Levy.

Contra el maximalismo

La dinámica de alternancia política a la que asiste América Latina con el evidenciado quiebre del socialismo chavista, advierte también sobre la forma en las que una nueva mayoría asumirá el poder, ya que ese equilibrio, estiman especialistas, será determinante para evitar mayor tensión social y concentrarse en los verdaderos problemas de sus países.

“Hay que tener cuidado con las declaraciones maximalistas que pueden afectar todo el proceso de cambio. En la medida en que una oposición se adapte a la dinámica institucionalidad las transiciones serán llevaderas. No se puede llegar buscando un quiebre”, refiere López Levy, para quien las declaraciones desde sectores de oposición venezolanos y argentinos deben moderarse.

Mientras Maduro o Cristina Fernández en Argentina hablaban de “traición a la patria” o “la victoria del enemigo” lo que está por verse es cómo cada bando administrará sus propias derrotas de aquí en adelante, porque la economía tendrá un peso determinante en este 2016 a lo que gobernabilidad se refiere.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronostica que en 2016 la economía de toda la región tendrá una expansión de apenas 0,2%, impactadas sobre todo por la caída de los precios de materias primas y petróleo, que golpeará a Venezuela, Colombia, México, Perú y Chile, los más dependientes de este negocio. La ralentización de la economía china, de quien depende mucho Brasil y Venezuela, tendrá responsabilidad.

En una región donde las crisis políticas retroalimentan a las de las economías, América Latina será testigo en los próximos meses de sucesos que de alguna forma u otra permearán en el subconsciente de la sociedad. Colombia se aproxima a la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla comunista de las FARC; Cuba y Estados Unidos darán, de seguro, mayores pasos en su política de acercamiento, y los estadounidenses deberán votar por el sucesor de Barack Obama en la Casa Blanca. Un 2016 demasiado acontecido.

Corte Ordena al INDH Entregar Antecedentes Solicitados por Victima Incluida en Nomina Elaborada por la Comision Valech 1

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió recurso de protección y ordenó al Instituto de Derechos Humanos –INDH– entregar los antecedentes solicitados la parte recurrente sobre la calificación de una víctima reconocida por la denominada "Comisión Valech I".

En fallo unánime , la Novena Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pilar Aguayo, Jorge Norambuena y la abogada (i) Paola Herrera– acogió la acción cautelar presentada por Fabiola Esmeralda Valenzuela Valladares, en contra de la decisión del INDH que le denegó acceso a los antecedentes de calificación de Rosaura Valladares Yáñez, madre de la recurrente.

La resolución judicial establece que la información solicitada no se encuentra cubierta por la reserva legal, debido a que expresamente la norma exceptúa a los titulares de dichos antecedentes.

"Que la interpretación literal de esta disposición obliga a concluir que el secreto en ella establecido no es absoluto, toda vez que ella misma establece expresamente la excepción en favor de los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios materia del secreto. 

La calidad de titular de estos antecedentes por parte de la afectada por quien se recurre emana de la circunstancia de haber sido incluida en la nómina de víctimas elaborada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech I, como dan cuenta los antecedentes aportados.

Por otra parte, respecto a la historia fidedigna de esta ley, en el Mensaje con que el Poder Ejecutivo inició el proyecto de la Ley 19.992 se expresa, en relación al secreto que se consigna en el artículo 15, que la regulación que se propone establece expresamente que son los titulares de los referidos antecedentes quienes tienen el derecho y la libertad de darlos a conocer o proporcionarlos a terceros para otros objetivos, pudiendo disponer de ellos como estimen conveniente.

Cabe agregar que la propia recurrida, doña Julia Lorena Fries Monleon, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha manifestado en el informe anual que elabora dicho organismo la necesidad de pedir a los poderes del Estado garantizar el acceso a la información, solicitando eliminar la cláusula de secreto en la Ley 19.992 si las víctimas así lo deciden para los fines que los tribunales de justicia tengan acceso a dichos antecedentes.

Por último, también cabe hacer presente la existencia de un proyecto de ley que contiene la modificación del texto del artículo 15 de la Ley 19.992, proponiéndose su reemplazo por el siguiente: "Tendrán carácter público los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura creada por decreto supremo N° 1.040 de 2003 del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido, mismo carácter que tendrá el informe elaborado por la Comisión en base a dichos antecedentes". 

La proposición de esta modificación se funda en que mantener este secreto consolida la impunidad de las violaciones a los derechos humanos y produce una dificultad adicional para la obtención de justicia", expone el fallo.

Resolución que agrega: "Por consiguiente, la negativa del organismo recurrido de proporcionar a la señora Valenzuela Valladares los antecedentes por ella solicitados se aparta de la normativa contenida en la Ley 19.992, al no considerar que la recurrente se encuentra favorecida con la excepción expresamente establecida en su favor en el artículo 15 de dicho cuerpo legal, resultando, además, carente de justificación razonable.

Esta negativa afecta el derecho de propiedad de dicha recurrente pues la priva de antecedentes e información de la que es titular y, por lo tanto, le pertenecen, y que le son necesarios para hacerlos valer en sede judicial, como anuncia el recurso, para los fines reparatorios establecidos en nuestra legislación. A la vez resulta también afectado su derecho a la información que le asiste, igualmente garantizado en la Carta Fundamental.

Las conclusiones precedentes hacen procedente la acción cautelar deducida, debiendo esta Corte adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho".

Justicia condena a siete oficiales en retiro del Ejército por caso “Caravana de la muerte”

La Corte Suprema dictó una sentencia condenatoria en contra de siete oficiales en retiro del Ejército, por su responsabilidad –como autores, cómplices o encubridores– en 14 delitos de homicidio calificado, perpetrados el 18 de octubre de 1973, en Antofagasta, en el marco de la denominada “Caravana de la muerte”. De este modo se confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Pedro Octavio Espinoza Bravo

Brigadier de Ejercito

Agente DINA

La comitiva militar es responsable de los homicidios calificados de: Luis Alaniz Álvarez, Dinator Ávila Rocco, Mario Arqueros Silva, Guillermo Cuello Álvarez, Segundo Flores Antivilo, José García Berríos, Mario Godoy Mansilla, Miguel Manríquez Díaz, Danilo Moreno Acevedo, Washington Muñoz Donoso, Eugenio Ruiz-Tagle Orrego, Héctor Silva Iriarte, Alexis Valenzuela Flores y Marco de la Vega Rivera.

Patricio Gerardo Ferrer Ducaud 

El máximo tribunal condenó así a los ex oficiales Sergio Arredondo González, Juan Chiminelli Fullerton, Patricio Ferrer Ducaud y Pedro Espinoza Bravo a penas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los 14 homicidios. En tanto, Pablo Martínez Latorre fue condenado a 5 años de presidio por su responsabilidad como cómplice en los delitos. Los ex uniformados, Luis Polanco Gallardo y Emilio de la Mahotiere González deberán cumplir 3 años y un día de presidio como encubridores. Todas las penas son de cumplimento efectivo atendida la gravedad de los hechos.

         Juan Viterbo Cheminelli Fullerton. Oficial

Asimismo, el máximo tribunal ratificó la absolución de Gonzalo Santelices Cuevas por falta de participación y el sobreseimiento por demencia de Sergio Arellano Stark.

En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile y a los procesados a pagar solidariamente una indemnización total de 1.600 millones de pesos a 18 familiares de las víctimas, en montos que varían entre 50 y 100 millones, según detalla la sentencia.

Ministro Carroza Dicta Auto de Procesamiento En Dos Casos Por Violaciones A Los DDHH

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó los autos de procesamiento en las causas que sustancia por los delitos de homicidio y secuestro, perpetrados en 1973 en la Región Metropolitana y de Tarapacá, respectivamente.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violación a los derechos 

humanos

En el primer caso , el ministro en visita procesó a Gerardo Urrich González y Donato López Almarza como autores del delito de homicidio calificado de Raúl Moscoso Quiroz, Víctor Manuel Barrales González, Sergio de la Barra de la Barra, Mario Salas Riquelme, José Villavicencio Medel, Rafael Madrid Gálvez, Exequiel Contreras Carrasco, Carlos Ibarra Echevarría, Alberto Soto Valdés, Rosalindo del Carmen Retamal, José Quezada Núñez y Daniel Hernández Orrego; y del homicidio calificado frustrado de Luis Gutiérrez Rivas, ilícitos perpetrados entre el 30 de septiembre y el 15 de octubre de 1973, en Barrancas, actualmente comuna de Pudahuel.

En la causa, además, el ministro Carroza sometió a proceso como cómplices a Jorge Turres Mery, José Cerda Bozzo, Pedro Lovera Betancourt, Carlos Silva Pérez, Juan Ramón Fernández Berardi y Sergio Amade Gómez.

Pisagua

En tanto, en la investigación , por los secuestros calificados de Freddy Taberna Gallegos, José Sampson Ocaranza, Juan Antonio Ruz Díaz y Rodolfo Fuenzalida Fernández, ilícitos perpetrados en la localidad de Pisagua, el 29 de octubre de 1973, el ministro de fuero sometió a proceso como autor a Guillermo Reyes Rammsy.

Corte de Santiago Aumenta Condena para Agente CNI por Homicidio de Juan Espinoza Para

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó fallo condenatorio y elevó las penas en contra de tres agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Juan Espinoza Parra, ilícito perpetrado el 29 de diciembre de 1983, en la comuna de Quinta Normal.

En fallo unánime , la Séptima Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Javiera González, María Soledad Melo y el abogado (i) Ángel Cruchaga– fijó en 10 años y un día de presidio las penas que deberán cumplir los ex agentes Aquiles González Cortés, Luis Sanhueza Ross y Jorge Ramírez Romero.

En febrero pasado, el ministro en visita Mario Carroza condenó a los ex agentes del Estado a penas de 5 años y un día de presidio, tras dar por estableciendo que: "El día 29 de diciembre de 1983, alrededor de las 20:00 horas, agentes de la Agrupación Azul de Central de Informaciones (CNI), como resultado de seguimientos efectuados a un militante del MIR, Juan Elías Espinoza Parra, conocido operativo como "Yuri", con ingreso clandestino al país en el contexto de la Operación Retorno, logran situarlo en el sector de Andes con General Barbosa en la comuna de Quinta Normal, y forjan un operativo para intentar detenerle, pero antes de que ello ocurra, Espinoza Parra se da cuenta de la presencia de los agentes e intenta huir, pero estos para evitarlo le disparan y logran abatirlo, sosteniendo posteriormente ante la justicia militar que la muerte de Espinoza Parra se debió a un enfrentamiento armado; sin embargo, los indicios que la Brigada de Homicidios encuentra en el sitio del suceso, consistentes en un arma, proyectiles y vainillas, al ser periciados por el Laboratorio de Criminalística, demostraron que el arma que presumiblemente portaba la víctima el día de los hechos y con la cual se habría resistido, encontrada cerca de su cuerpo una vez que es abatido, no correspondía a ninguno de los proyectiles ni vainillas encontradas en el lugar de los hechos, y por otro lado, el cuerpo de Espinoza Parra, presentaba al momento de efectuársele la autopsia un total de quince perforaciones de bala, que evidencian no solo la inexistencia de un enfrentamiento sino que los agentes al dispararle se aseguraron de no correr ningún riesgo que pudiera provenir de una reacción defensiva de Espinoza Parra, con la indudable intención de causarle la muerte".

En el aspecto civil, la Séptima Sala confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) a Lautaro Espinoza Millar, hijo de la víctima, y $15.000.000 (quince millones de pesos) a Ema Millar Gutiérrez, viuda.

Ministro Hormazabal Procesa a Tres Ex Agentes CNI por Homicidios de Dirigente Socialista

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, dictó auto de procesamiento en la investigación del homicidio de Daniel Acuña Sepúlveda, militante socialista, perpetrado el 13 de agosto de 1979, en el sector Tierras Blancas, comuna de Coquimbo.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Hormazábal Abarzúa, ...

En la resolución, el ministro Hormázabal sometió a proceso y ordenó la prisión preventiva a los ex agentes de la CNI, Jermán Antonio Ocares Morales, Luis Arturo Pavez Silca y René Hugo Ojeda Caro, en calidad de autores del delito de homicidio calificado.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro en visita dio por establecido que la madrugada del 13 de agosto de 1979, en un operativo previamente preparado, llegó al domicilio de Daniel Acuña Sepúlveda un grupo aproximado de seis agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) de La Serena. En el portón, dispararon al hijo de Acuña, quien logró huir del lugar y en el interior del domicilio, tres agentes dispararon en la cabeza a Acuña Sepúlveda y luego, colocándole dinamita en el cuerpo la hicieron detonar.

En tanto, otros agentes del grupo, entre ellos los tres procesados, Ojeda Caro, Ocares Morales y Pavez Silva, permanecieron en el exterior del predio, prestando cobertura mientras se desarrollaban los hechos en el interior.

Chile:Suprema Confirma Indemnizar a Familiares de Detenidos Desaparecido de Santa Barbara y Quilaco

La Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $430.000.000 (cuatrocientos treinta millones de pesos) a los hijos y nietos de cuatro detenidos desaparecidos de las localidades de Santa Bárbara y Quilaco, Región del Bío Bío.

En fallo unánime (causa rol 11208-2015), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y el abogado (i) Jean Pierre Matus– acogió el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que anuló resolución del Primer Juzgado Civil de Concepción que estableció la responsabilidad civil del Estado en las desapariciones de José Rafael Zúñiga Aceldino, José Secundino Zúñiga Alcedino, José Molina Quezada, Cristino Cid Fuentealba y Luis Alberto Cid Cid.

La sentencia establece que los delitos corresponden a crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles tanto en el aspecto penal como civil.

"Que, por otro lado, como ya se ha esbozado, las acciones civiles aquí deducidas en contra del Fisco, tendientes a obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política de la República. Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación", sostiene el fallo.

Resolución que agrega: "Estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Por esta razón, no resultan aplicables a estos efectos las disposiciones del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, como resuelve el fallo impugnado, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional, en cuanto a disponer la ineficacia de normas internas que hagan ilusorio el derecho a la reparación de los daños ocasionados por crímenes de lesa humanidad".

El fallo ordena pagar los siguientes montos:
-$80.000.000 (ochenta millones de pesos) a Claudia Zuñiga Zúñiga e igual cifra a Marcela Zúñiga Zúñiga por la desaparición de sus abuelos: José Rafael Zúñiga Alcedini y José Secundino Zúñiga Aceldini;
-$60.000.000 (sesenta millones de pesos) a Marta Molina Molina e igual monto a Hugo Molina Molina, nietos de José Molina Quezada;
-$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a Manuel Cid Matus e igual cantidad a Rosendo Cid Matus, hijos de Luis Cid Fuentealba, y
-$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a Miguel Cid Ortega, hijo de Luis Cid Cid.