El presidente de Chile, Gabriel Boric, puso en funcionamiento este miércoles (21) una comisión de "paz y entendimiento", que buscará resolver el conflicto con las comunidades mapuche en el sur del país, zona golpeada por la violencia y los ataques incendiarios.
2023/06/22
Comisión buscará resolver conflicto con comunidades mapuche en Chile
2023/06/21
Chile: Escándalo la pareja de una diputada recibió más de medio millón de dólares de un programa oficial
La diputada Catalina Pérez debió suspender su participación en la vicepresidencia de los parlamentarios y su pareja, Daniel Andrade, renunciar a un puesto en el ministerio de Defensa.
Daniel Andrade es responsable legal de la Fundación Democracia Viva, que firmó un convenio con el ministerio de Vivienda para trabajar en la erradicación de campamentos
La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación de oficio para ahondar en los convenios firmados ente la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, un asunto que ha crecido como una bola de nieve y que golpea al Gobierno de Chile.
Democracia Viva suscribió tres convenios con la repartición para el trabajo en campamentos de Antofagasta, todos por un monto superior a medio millón de dólares.
La mentada fundación está ligada a Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, representante de la región en el parlamento. Y la Seremi de Vivienda estaba encabezada por Carlos Contreras, quien fue jefe de gabinete de la parlamentaria durante su primer periodo. Los tres militan en el partido Revolución Democrática (RD), parte del conglomerado de Gobierno.
Apenas se hizo pública la firma de los convenios, Contreras presentó su renuncia. “Lamento mucho no haber dimensionado la maliciosa malinterpretación y manipulación que se haría de un convenio con una organización sin fines de lucro, con que no tengo conflicto de interés alguno. Presenté mi renuncia para que esto no se siga utilizando políticamente contra el Gobierno”, explicó en un comunicado que puso en sus redes sociales.
Carlos Contreras era el encargado ministerial que aprobó los convenios con Democracia Viva. Había sido jefe de gabinete del primer periodo de Pérez como diputada
“Los responsables políticos, que son los firmantes del convenio, Carlos Contreras y Daniel Andrade, tendrán que responder políticamente. Hay un procedimiento abierto al interior de RD, se cursaron también las responsabilidades en término de la expulsión de sus cargos dentro de la administración del Estado, eso es pertinente. Lo que no me parece pertinente es que se busque endosar responsabilidades de terceros en mi”, dijo la parlamentaria, que agregó que nada sabe de los famosos convenios.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes consideró el hecho como “una falta de criterio” y ordenó que una comisión del ministerio viajara a investigar los destinos de los fondos entregados. “Hasta el momento, tenemos rendición solamente del 3%, porque el gasto que se ha hecho del proyecto es bajo. ¿Cuánto es? No sabemos exactamente, es parte de la información que nos tienen que entregar”, dijo Montes en la prensa chilena.
Error político y algo más
El asunto también encendió los ánimos en el bloque opositor. El Partido Republicano explicitó su molestia hacia los diputados UDI por bajar la moción de censura contra la diputada Pérez. La molestia también se contagió entre algunos diputados de Renovación Nacional, socios de la UDI en el conglomerado Chile Vamos.
Entienden que alguno de los parlamentarios UDI quiera presidir la Cámara de Diputados en la renovación de la testera, que se producirá el próximo mes.
De todas formas, el Partido Republicano presentó una querella por eventual fraude al fisco.
Aunque no hay nada que haga sospechar que efectivamente hubo un delito, todo el entramado abrió críticas cruzadas y reproches dentro del mismo oficialismo. “Esto es un error político de proporciones, grave, de imprudencia, de descriterio; no necesariamente de que alguien esté robando plata o desviando recursos públicos”, dijo el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de RD, quien agregó que “si bien hasta ahora no hay nada irregular o ilegal en el convenio, el descriterio está en el vínculo en que se da la sospecha, en el vínculo de cercanía con la diputada Pérez”. También dijo que están dispuestos a que revisen todo, desde los mensajes or WhatsApp hasta cuentas corrientes.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo también consideró que el entramado “fue un total y absoluto descriterio político”.
Ni Perdón Ni Olvido: Mujer y violencia la diferencia de clase en la dictadura
Este año se cumplirán 17 años de la muerte del dictador, traidor, cobarde, genocida y ladron Augusto Pinochet, un 10 de diciembre del 2006, mismo día que la conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos.
Crímenes de la dictadura en Chile
Las constantes violaciones a los derechos humanos en la sangrienta dictadura - militar de 1973 en Chile, impregnan en la actualidad sus hendiduras bajo la represión institucional a las manifestaciones callejeras en los períodos de Gobierno de la Concertación, derecha y Nueva Mayoría.
A 50 años del Golpe militar, el derecho democrático obtenido por las mujeres al aborto, a la educación gratuita y el derecho a organizarse desde las universidades, lugares de trabajo y barriales, entre otras cosas, se suprimió a punta de bota militar y una Constitución Política que favorece a la derecha traidora, los empresarios y capitalistas.
Pero no sólo la dictadura militar nos dejó sin derechos alcanzados en álgidos momentos de lucha y organización de las mujeres, los trabajadores y el pueblo, sino también una centena de mujeres que fueron parte de la violencia política sexual que emanó el Golpe de Estado, intimidando y violando a mujeres y jóvenes militantes de izquierda que se organizaban para transformar de alguna forma las bases de esta sociedad.
Dios, Patria y Hogar
La violencia política sexual es un concepto que se utiliza desde el ejercicio de poder sexual de contrainsurgencia hacia los activistas de los movimientos sociales, disidentes y militantes de partidos políticos de oposición. Y en particular las mujeres militantes de la clase trabajadora y la izquierda.
Durante la década de los años 70”, en las dictaduras en Latinoamérica se utilizó frecuentemente la violación sexual, el abuso y la tortura a las mujeres y jóvenes de izquierda, donde el lema para recluir a las mujeres a sus casas y al silencio fue: "Dios, Patria y Hogar", consigna del partido de extrema derecha Patria y Libertad.
Muchas mujeres se organizaron respondiendo a las desapariciones de sus seres queridos siendo uno de los pilares fundamentales de las redes de apoyo contra la dictadura, como también comisiones de mujeres como autodefensa contra la represión militar y de los Chicago Boys.
El Terrorismo de Estado y Lucía Hiriart
La viuda del dictador Juntos, robaron millonarias propiedades y fondos, con el dictadura muerto en impunidad y la familia intocable hasta el día de hoy.
La consejera de los represores, la esposa del dictador y dueña de propiedades de CEMA-Chile (Centro de Madres), es el claro reflejo que no basta con ser mujer para defender nuestros derechos democráticos, y que hay una enorme diferencia de clase que tenemos las mujeres trabajadores y pobres a quienes se nos violó, torturó y asesinó para imponer un sistema en beneficio de las empresas nacionales y extranjeras.
Rodolfo Varela
Fuente:Teresa Melipal
A Sala proyecto que prohíbe que la entrega de títulos se condicione al pago de deudas de arancel
La Comisión de Educación aprobó una modificación a la Ley de Educación Superior. Esta corrige la norma que ha generado inconsistencias sobre la prohibición de que las evaluaciones y la entrega de títulos, sea condicionada al pago de deudas.
La Comisión de Educación votó en general y en particular, por 7 votos a favor, uno en contra y 2 abstenciones, el proyecto que prohíbe que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas de arancel (boletín 15831).
La iniciativa -originada en moción de diputados/as- explica que en el último tiempo decisiones judiciales han afectado a estudiantes de educación superior. Ello porque se les niega la entrega de título, diplomas o certificaciones académicas, por parte de Instituciones de Educación Superior (IES), por mantener deudas de arancel con dichos establecimientos.
Agrega que si bien los casos tienen un resultado positivo, el razonamiento de los tribunales sostiene que dicha prohibición sólo opera en casos anteriores a la ley 21.091 que se encuentra vigente desde 2018.
Al respecto, se modifica la norma que sanciona como infracción grave por parte de la Superintendencia de Educación Superior dicho comportamiento, respecto a exigencias pecuniarias distintas al pago de aranceles.
El texto aprobado rechaza que se condicione la rendición de exámenes u otras evaluaciones; o el otorgamiento de títulos, diplomas y certificaciones, a exigencias pecuniarias por deudas de arancel. Ello aun cuando estén establecidas por la institución de educación superior en su reglamentación e informadas a los estudiantes, al momento de suscribir el contrato respectivo.
Ejecutivo
El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana recalcó que se otorgó suma urgencia al texto, porque se asegura que “los condicionamientos económicos no se transformen en condicionamientos académicos”. En ese plano recordó que en la actualidad en muchos casos se dificulta la “titulación oportuna”, que alcanza menos del 40% de los estudiantes.
El vicepresidente alterno del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), Hans Richter consideró la iniciativa como loable y deseable, para “no condicionar económicamente un logro intelectual”. Reconoció sin embargo, que este tiene un costo para las universidades y puede provocar un impacto, en la idea de fomentar el no pago los aranceles.
Claudio Carvajal de la FEPUCV y representante de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), dijo que es un avance que se pueda optar al grado académico, sin importar la deuda arancelaria. Llamó a abrir la discusión sobre la autonomía que tienen los planteles para fijar los aranceles, materia que se debe regular.
Reacciones
La diputada Marcia Raphael (RN) consideró que el proyecto no considera los problemas que se pueden generar en las instituciones de educación superior. Dijo que podría ocurrir que algunos alumnos no paguen el último semestre y generen problemas de recursos para esa universidad.
En tanto el presidente de la comisión, Gaspar Rivas (PDG), aclaró que el texto no deroga normas del Código del Procedimiento Civil relativas al juicio ejecutivo y cobro de deudas, por lo que la universidad puede exigir el pago de deudas. Sostuvo que el proyecto pone fin a un mecanismo abusivo y antiético que no corresponde.
Chile: Condenan a exvicecomandante de Ejército por suceso en Caravana de la Muerte
En su Informe Anual 2022 el INDH pidió al Poder Judicial no aplicar el mecanismo de la media prescripción, que en este caso específico había sido usado por la Corte de Apelaciones de Santiago, bajando las penas.
En 2020, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago examinó la sentencia de primera instancia aplicó la media prescripción a los cuatro sentenciados de la ministra Patricia González e incluyó a dos acusados absueltos previamente. Pero ahora los ministros de la Corte Suprema Haroldo Brito, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, Teresa Letelier y el abogado Ricardo Abuauad resolvieron desecharla. Por lo demás, en su Informe Anual de 2022, el Instituto Nacional de Derechos Humanos había planteado al Poder Judicial abstenerse de ocuparla, al vulnerar los principios de proporcionalidad e imprescriptibilidad.
Así, en su fallo, la Segunda Sala de la Corte Suprema dice que “la aplicación de la figura de la media prescripción o prescripción gradual de la pena (…) no es admisible tratándose de ilícitos de lesa humanidad”, porque tal calificación “obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la utilización tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción”. Ambos mecanismos, dice la corte, van contra los principios del Derecho Penal Internacional, “que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo”.
La Segunda Sala dice que el hecho “fue calificado como constitutivo de un delito de lesa humanidad, concepto que, con el transcurso del tiempo, ha dado lugar a normas de derecho consuetudinario, es decir, a principios generales del derecho, con independencia de su consagración en tratados internacionales propios del tema. Así, entonces, se advierten como conductas prohibidas en términos absolutos, constituyen normas imperativas (…) y por supuesto obligatorias para toda la humanidad, corresponden a normas del derecho internacional general, inexcusables y vinculantes, que no pueden derogarse sino por una norma de la misma entidad”.
Cabe mencionar que, de los seis acusados, dos murieron durante el transcurso de la tramitación posterior a la condena de primera instancia de 2017: Carlos López Tapia (12 años) y Hugo Guerra Jorquera (12 años). Sinclair y De la Mahotiere no figuraban en esa condena de la primera instancia, pero fueron incluidos por la Corte de Apelaciones de Santiago, aunque con penas bajas: 5 años y un día para el primero y 3 años de libertad vigilada para el segundo.
Abogado de familias
El consejero del INDH Francisco Ugás representó a las familias de dos de las personas asesinadas en estos hechos, en la zona de Neltume, y señaló después del fallo de que “faltando 4 meses para que se cumplan los 50 años de ocurrencia de estos específicos crímenes, esta sentencia definitiva de la Corte Suprema destaca, en primer lugar, la importancia que para nuestra judicatura, que siempre obra bajo el imperio de la Constitución y las leyes, de los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por Chile, tiene el cumplimiento de los deberes de investigar y de sancionar estos crímenes de lesa humanidad perpetrados, en este caso, en perjuicio de estas 12 víctimas y de reparar, en parte, el daño causado a sus familias, víctimas de estos brutales delitos, que hieren la conciencia humana”, dijo.
Cabe mencionar que los fusilamientos de las 12 personas fueron perpetrados el 3 y el 4 de octubre de 1973, cuando el grupo liderado por el general Sergio Arellano Stark llegó a Valdivia. Espinoza, Chiminelli y De la Mahotiere están entre quienes participaron en los preparativos para los fusilamientos y dos de ellos actuaron directamente. Sinclair, quien además fue senador designado e integró la Junta Militar durante la dictadura, contribuyó con su actuación en la época a dar apariencia de juridicidad a un acto que no la tenía, como fue la ejecución de las 12 personas.
2023/06/19
Ni perdón ni olvido: Tortura, canibalismo y asesinatos: 5 hechos crueles sobre la dictadura de Pinochet.
Chile: Suscriben Pacto Global contra el Hambre y la Malnutrición
Con éxito concluyó en el Congreso Nacional, la II Cumbre Mundial Parlamentaria contra el Hambre, organizada por la FAO y la Cámara de Diputadas y Diputados.
El evento que partió este jueves (ver nota de inauguración), se desarrolló en la sede del Congreso en Valparaíso y tuvo a la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile como actor relevante. Dos días de intensa labor que concluyeron con la suscripción del denominado Pacto Global contra el Hambre y la Malnutrición.
Se trata del establecimiento de un compromiso político amplio, que incluirá un monitoreo y seguimiento periódico de los resultados y logros legislativos.
En ese plano, el evento organizado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, buscó concretar políticas que permitan reducir los índices globales de hambre y la malnutrición. De ahí que la participación de parlamentarios de los cinco continentes resultase clave.
La idea fue identificar y compartir ejemplos de buenas prácticas. Lo anterior con el fin de determinar áreas prioritarias claves para una mayor acción legislativa en materia de seguridad alimentaria y nutrición.
En el texto, más de 200 parlamentarios, 15 presidentes y vicepresidentes de parlamentos nacionales y regionales y órganos parlamentarios de 64 países acordaron comprometerse a trabajar por una transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos, equitativos, resilientes y conducentes a la realización del derecho a una alimentación adecuada para todas y todos.
El pacto pide una mayor participación e implicación de los parlamentos para reforzar el compromiso político. Asimismo, impulsar iniciativas concretas, legislaciones, asociaciones y asignación presupuestaria, entre otras acciones.
Los parlamentarios también se comprometieron a medir su progreso informando sobre los esfuerzos hacia la transformación de los sistemas agroalimentarios. Ello debe incluir las iniciativas emprendidas y las leyes adoptadas.
Uno de los aspectos que más se relevó en la Cumbre fue el consenso logrado entre las parlamentarias y parlamentarios, sobre la necesidad de actuar en las áreas prioritarias y estimular un compromiso político contra el hambre.
Así lo planteó el subdirector general y representante regional de la FAO, Mario Lubetkin, quien afirmó que lo urgente hoy es lograr otro nivel de cooperación. “Lo que urge es otro nivel de coordinación; eso es este pacto”.
Destacó las leyes que se podrán concretar e interconectar, gracias al compartir experiencias. Ello permitirá “aprender los errores cometidos y aprender las virtudes de leyes y legislaciones que permitan avanzar más rápidamente”. En ese plano sostuvo que se podrá obtener instrumentos legislativos mucho más completos y amplios.
“Son cambios muy profundos y al mismo tiempo buscamos que los parlamentos tengan la capacidad de monitorear a sus gobernantes, para que los presupuestos de los Estados ayuden más y mejor a garantizar una seguridad alimentaria y nutricional”, precisó.
Al respecto el diputado Hernán Palma (IND), planteó que el acuerdo fundamental fue consensuar en que hay que acelerar la transición del sistema agroalimentario. “Yo diría más allá, a una transformación profunda del sistema, de manera de asegurar acercar los objetivos de desarrollo sustentable, fundamentalmente el objetivo de hambre cero al 2030, porque hoy como están las cosas, la malnutrición y el hambre están avanzando en forma acelerada y los desafíos son cada vez mayores.
Chile: Ocho proyectos contempla la tabla legislativa de la Cámara para este lunes 19 de junio
En primer lugar, figura la iniciativa que modifica la ley que reformó el Código de Aguas, para ampliar el plazo de inscripción y regularización de aprovechamiento de las mismas.
El trabajo legislativo de la Cámara de Diputadas y Diputados contempla este lunes 19 de junio ocho proyectos de ley en tabla, que serán analizados luego del pronunciamiento sobre la renuncia a la Mesa de la Corporación presentada por el primer vicepresidente Carlos Bianchi. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del reglamento de la Corporación.
En materia legislativa, la labor comienza con el análisis y votación de las enmiendas de Senado, al proyecto que amplía el plazo de inscripción y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas. (Boletines 15588, 15597, 15667 y 15784).
El texto, que extiende el plazo hasta antes del 6 de abril de 2025, aborda la inscripción de derechos en el registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces y la constitución de comunidades de aguas subterráneas. Además, obliga a su difusión por parte de la DGA, INDAP y CONADI. Introduce también un procedimiento administrativo que perfecciona los títulos de este tipo de derechos de aprovechamiento.
Una segunda iniciativa en tabla y que también se presenta con modificaciones del Senado, es el mensaje que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje. (Boletín 14068)
La propuesta que busca focalizar en la pequeña agricultura los proyectos de riego, sumando objetivos ambientales de cuidado y ahorro de agua.
Otras normativas en tabla
En tercer lugar de la tabla, se contempla revisar la moción que regula la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones (Boletín 14964). Posteriormente, la sala revisará la norma que incorpora el enfoque de género en la administración de las caletas pesqueras. (Boletín 15262)
A continuación se contempla el debate sobre los cambios a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario, para incorporar el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de las autoridades administrativas facultadas para disponer el retiro de industrias y similares que causen daños y o molestias a la población. (Boletín 14683)
En sexto término, la tabla incorpora el segundo informe de la comisión de Agricultura, respecto de la modificación al Código Sanitario que define el concepto de carne y prohíbe dar esa denominación a productos que no sean de origen animal. (Boletín 15044)
También, está previsto proseguir la discusión de la moción que previene y sanciona el ecoblanqueo o lavado verde de imagen; para concluir con el proyecto que enmienda la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, para regular los efectos del incumplimiento del régimen de relación directa y regular establecido. (Boletín 15138)
Chilena Codelco debe reactivar industria del litio mientras reactiva producción de cobre
El presidente chileno, Gabriel Boric, que busca expandir la industria del litio del país, estancada desde hace mucho tiempo, encargó a la estatal Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, que lidere el desarrollo del metal blanco necesario para las baterías de los vehículos eléctricos.
2023/06/16
Ni Perdón Ni Olvido : El traidor genocida Pinochet, el gobernante “más violento y criminal” de la historia de Chile
Cada año, el 11 de septiembre, los partidos de izquierda de Chile realizan manifestaciones para conmemorar a Salvador Allende y condenar el golpe militar de 1973.
Chile: Dentro de la carrera para rehacer la extracción de litio para baterías EV
La batalla global para remodelar la industria del litio está absorbiendo a los productores de petróleo, las nuevas empresas tecnológicas y los gigantes mineros arraigados, cada uno compitiendo para ser el primero en reinventar cómo se produce una llave de metal para la transición de energía verde.
Chile: En el Día Mundial contra el Abuso y Maltrato en la Vejez: Informe del INDH muestra el oscuro panorama de las personas mayores
En el capítulo “Derechos Humanos de las personas mayores” de su Informe Anual 2022 el INDH profundizó en cómo viven quienes tienen más de 65 años y cuáles son las brechas que resienten el acceso a sus derechos.
Las investigaciones señalan que aproximadamente el 30% de las personas mayores han sido víctimas de maltrato, en cualquiera de sus tipos.
Este 15 de junio se conmemoro el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. A propósito de estas materias, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dedicó un capítulo de su Informe Anual Situación de los DD.HH. en Chile 2022 para profundizar en el panorama de los adultos mayores.
Entre otros hallazgos, en “DD.HH. de las personas mayores” se indica que las personas están expuestas a situaciones de maltrato y violencia de las que hay poco registro, y que el Estado aún no instaura un plan integral garantizando sus derechos. Esto en un escenario donde a ellos les resulta problemático acceder a la salud y a una pensión que cubra apropiadamente sus necesidades.
El capítulo cita la información que recogió la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2020 del INDH acerca de cuán garantizados están ciertos derechos sociales entre los adultos mayores. Ahí se indica que un 42,9% creía que el derecho de acceso a la salud no estaba nada garantizado, mientras un 69,7% creía que tampoco estaba nada garantizado el derecho a la seguridad social (jubilación y pensión digna). En el primer caso, sólo un 11,1% pensaba que estaba totalmente garantizado, mientras que, en el segundo, apenas un 5,9% creía en una garantía total.
Este panorama es empeorado por el riesgo recurrente a ser víctimas de un maltrato o de un episodio de violencia. Al respecto, el abogado del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) Máximo Caballero señala en el texto que “en Chile está muy instalado el tema de viejismo, edadismo y otros, con telón de fondo donde ocurren maltratos”. El informe dice además que, si bien Chile no cuenta con un estudio de prevalencia nacional, las investigaciones realizadas señalan que aproximadamente 30% de las personas mayores han sido víctimas de maltrato, en cualquiera de sus tipos.
El informe recuerda que la Encuesta Nacional sobre Violencia hacia la mujer en el ámbito de la Violencia Intrafamiliar y otros Espacios, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la muestra incluye a mujeres entre 15 y 65 años. De tal forma, “no se conoce el nivel de violencia que pueden experimentar las mujeres de 65 años y más, lo que constituye una invisibilización de este grupo y de la situación que las puede estar afectando en este ámbito”. A eso se añade que el Sename cuenta con uno o dos profesionales por cada región, “que son insuficientes para dar una respuesta acorde a la magnitud del problema”.
Hay que considerar que, de acuerdo a las más recientes estimaciones a nivel mundial, se previa que entre 2019 y 2030 el número de personas de 60 años o más aumentará 38%: de mil millones a mil 400 millones, con lo que superará en número a la juventud a nivel mundial. Dicho crecimiento, según las proyecciones de los organismos internacionales, será especialmente mayor y más rápido en las regiones en vías de desarrollo.
En este capítulo del informe se recuerda que “los adultos mayores deben ser tratados como sujetos de derecho y no como simples beneficiarios de políticas públicas o sujetos de asistencia” y por ello “El Estado debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones respecto de los DD.HH. consagrados en los tratados relacionados a los derechos sociales de las personas mayores”.
El resultado es elocuente: en una tabla que consideró ocho puntos y ocupando una escala de 0 a 3, con excepción del derecho a la vida digna hasta el final de sus días, ninguno de los derechos de este grupo etario alcanza el nivel 3, es decir, conformidad absoluta con CIDHPM.