Chile y su eterna deuda moral: cuando los poderes callan, la injusticia grita

 

Por Rodolfo Varela
Santiago, 18 de julio de 2025

En este Día de la Reinserción Social, cuando diversas instituciones se reúnen para debatir sobre inclusión y justicia social, Chile enfrenta una verdad incómoda: mientras se habla de reintegrar a quienes han pagado sus deudas con la sociedad, seguimos abandonando a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Autoridades participaron del “Día de la Reinserción Social”

A más de cinco décadas del golpe militar de 1973, el país avanza a paso lento —y muchas veces con freno institucional— en materia de derechos humanos. El Plan Nacional de Búsqueda, aunque constituye un gesto relevante, no puede ocultar las trabas y omisiones que persisten en los poderes político, judicial y religioso, los mismos que callaron cuando ardían las casas, se llenaban los estadios de prisioneros y desaparecían nuestros hermanos.

Silencios cómplices que duelen

Durante los años más oscuros de la dictadura, el Congreso fue disuelto, la justicia fue cómplice o indiferente, y la Iglesia Católica —salvo honrosas excepciones— guardó un silencio ensordecedor. Hoy, muchos de quienes entonces callaron, continúan callando. Algunos incluso siguen ocupando cargos de poder, dictando cátedra sobre democracia sin haber rendido cuentas morales ni judiciales.

Presidente Salvador Allende y el Ministro José Tohá

El caso del ministro José Tohá, asesinado por la dictadura, cuya reapertura del caso ha sido solicitada recientemente, es apenas un símbolo entre cientos de causas abiertas, truncadas o simplemente ignoradas. Cada desaparición forzada es una herida que supura memoria, dignidad y exigencia de justicia.

Políticas que avanzan… a medias

Chile ha ratificado tratados internacionales, ha creado instancias como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y ha implementado políticas como la reforma de pensiones que incluye a beneficiarios de leyes reparatorias, pero estas medidas no bastan cuando no hay voluntad real para remover las estructuras de impunidad.

La reciente Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería o los programas de reinserción social merecen reconocimiento, pero no deben ser usados como vitrinas para encubrir la inacción frente a las heridas abiertas del pasado.

¿Dónde están los responsables?

Muchos agentes del Estado, uniformados, funcionarios civiles, jueces, obispos y políticos siguen impunes, protegidos por un sistema que todavía prefiere mirar hacia adelante sin mirar hacia adentro. La justicia no puede seguir siendo un privilegio de quienes tienen poder, mientras las familias de los detenidos desaparecidos envejecen sin respuestas.

Reinserción también es reparación

Hablar de reinserción en Chile, hoy, implica también hablar de reparación integral, de verdad sin censuras, y de justicia sin pactos de silencio. No es posible una sociedad verdaderamente reconciliada mientras los poderes continúan omitiendo su responsabilidad histórica.

Hoy, más que nunca, necesitamos una ciudadanía que exija con fuerza y sin miedo. Porque cuando los poderes callan, la memoria debe gritar.

Chile and Its Eternal Moral Debt: When Powers Remain Silent, Injustice Screams

 

By Rodolfo Varela
Santiago, July 18, 2025

On this Social Reintegration Day, as various institutions gather to discuss inclusion and justice, Chile faces an uncomfortable truth: while we talk about reintegrating those who have served their sentences, we continue to abandon those who were victims of State terrorism.

Authorities participated in the "Day of Social Reintegration"

More than five decades after the 1973 military coup, the country advances slowly—and often with institutional resistance—when it comes to human rights. The National Search Plan, while a meaningful gesture, cannot hide the obstacles and omissions that persist in the political, judicial, and religious powers—the very same powers that remained silent while homes were burned, stadiums were filled with prisoners, and our brothers and sisters disappeared.

Complicit Silences That Still Hurt

During the darkest years of the dictatorship, Congress was dissolved, the judiciary was complicit or indifferent, and the Catholic Church—with a few honorable exceptions—remained deafeningly silent. Today, many of those who stayed quiet continue to do so. Some even remain in positions of power, preaching democracy without ever having been held morally or legally accountable.

Presidente Salvador Allende y el Ministro José Tohá

The case of Minister José Tohá, murdered by the dictatorship, whose case has recently been requested for reopening, is just one symbol among hundreds of open, stalled, or simply ignored cases. Every forced disappearance is a wound that bleeds memory, dignity, and a call for justice.

Reparation That Humiliates

One of the greatest national shames is how the Chilean State treats its victims. Thousands of individuals recognized as victims of political imprisonment and torture receive pensions amounting to less than 50% of the minimum wage. Yes, less than half of what is legally considered necessary to survive. Meanwhile, former regime collaborators or military personnel responsible for crimes receive millionaire pensions, protected by dictatorship-era laws still in force under democracy.

And no one—neither Congress, nor the courts, nor the Church hierarchy—takes any serious action to reverse this affront to justice. It is an insult. A wound that bleeds monthly through the empty pockets of those who survived the horrors of a repressive state.

Are We Really Moving Forward?

Chile has signed international treaties, created institutions like the National Institute for Human Rights (INDH), and implemented policies like the pension reform that includes reparation law beneficiaries. But these gestures are insufficient and too late if they do not translate into real, material, and symbolic justice.

The recently approved National Policy on Safety and Health in Mining, or the various social reintegration programs, deserve recognition, but they must not be used as a facade to cover up inaction regarding the debts of the past.

Where Are the Perpetrators?

Many state agents—military officers, civilian officials, judges, bishops, and politicians—remain unpunished, shielded by a system that still prefers to look ahead without looking inward. Justice cannot remain a privilege of the powerful while the families of the disappeared age without answers, and survivors live in poverty.

Reintegration Also Means Reparation

To speak of reintegration in Chile today also means speaking of comprehensive reparation, dignified pensions, truth without censorship, and justice without pacts of silence. A truly reconciled society is not possible while the country’s leading institutions continue to evade their historical responsibility.

Now more than ever, we need a citizenry that demands with courage and clarity. Because when those in power remain silent, memory must scream.

Chile se encamina a una elección presidencial marcada por la polarización, el crimen organizado y el descrédito político

 

Por Rodolfo Varela

Santiago de Chile – A menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, Chile enfrenta una de las coyunturas más delicadas desde el retorno a la democracia. 

Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomalì

En medio de una alarmante ola de violencia, el avance del crimen organizado y una clase política desgastada por los escándalos de corrupción, el país se adentra en un proceso electoral altamente polarizado y cargado de incertidumbre.

La reciente conformación del bloque "Derecha Unida", integrado por el Partido Republicano (REP), el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Nacional Libertario (PNL), marca un giro decisivo en la estrategia de la ultraderecha chilena, que busca capitalizar el descontento social y las crecientes demandas de seguridad.

En el otro extremo del espectro político, por primera vez en la historia del país, una mujer liderará la candidatura presidencial del sector progresista: Jeannette Jara, una figura que, si bien proviene del oficialismo, ha buscado diferenciarse con un tono más moderado que el de su coalición. Su desafío será doble: contener el avance conservador sin ceder ante los discursos de odio, y, al mismo tiempo, reconectar con una ciudadanía profundamente desencantada.

Frente a este panorama, el Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomalì, hizo un llamado urgente a la sensatez:

“Invito a los candidatos presidenciales a respetar la dignidad de sus adversarios, a no utilizar jamás la violencia como método político y a ser ejemplo de cultura cívica, generosidad y respeto mutuo para los jóvenes. Promuevan ideas, no el odio”.

Crimen infiltrado en el Estado

Pero los gestos simbólicos no bastan cuando el crimen organizado toca las puertas del Estado. El presidente saliente Gabriel Boric ha encendido todas las alarmas esta semana al denunciar la infiltración de redes narco en las Fuerzas Armadas, revelando el uso de recursos logísticos militares por parte de bandas criminales. Un golpe directo a la imagen institucional de uno de los pilares del Estado.

A ello se suma el impacto de una inmigración masiva que ha superado el millón de personas en la última década, y que, sin políticas públicas adecuadas de integración, ha sido usada como chivo expiatorio por sectores xenófobos para justificar políticas represivas.

Democracia en juego, heridas abiertas

El primer test será el próximo 16 de noviembre, cuando se realice la primera vuelta presidencial, junto a la elección del Congreso Nacional. Si ningún candidato supera el 50% de los votos, se realizará una segunda vuelta el 14 de diciembre.

Chile llega a esta cita clave con las heridas abiertas: una crisis de representación, profundas desigualdades sociales y una ciudadanía escéptica. Pero también con las deudas impagas con las víctimas de la nefasta dictadura militar, muchas de las cuales siguen esperando justicia, reparación y reconocimiento, mientras observan cómo otros actores políticos, incluso beneficiarios de ese régimen, siguen acumulando poder y privilegios.

La pregunta que queda en el aire es si la democracia chilena logrará sobrevivir a este nuevo asalto de populismos, violencia y corrupción, o si estamos ante un punto de quiebre histórico.

Chile heads into a presidential election marked by polarization, organized crime, and political disillusionment

 By Rodolfo Varela

Santiago, Chile – With less than four months to go before the November 16 presidential elections, Chile is entering one of the most critical political junctures since its return to democracy.

Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomalì

Amid rising violence, the expansion of organized crime, and a political class tainted by corruption scandals, the country faces a highly polarized and deeply uncertain electoral process.

The recent formation of the "United Right"—a new coalition uniting the Republican Party (REP), the Christian Social Party (PSC), and the National Libertarian Party (PNL)—marks a strategic shift for Chile’s far-right, seeking to capitalize on public discontent and demands for harsher security measures.

On the other side of the spectrum, for the first time in the country’s history, a woman will lead the presidential candidacy of the progressive camp: Jeannette Jara. Though aligned with the current government, Jara presents a more moderate tone than her coalition, aiming to distance herself from ideological extremes and reconnect with a disenchanted citizenry.

In this context, Cardinal Fernando Chomalì, Archbishop of Santiago, issued a strong call for civility:

"I call on the presidential candidates to respect the dignity of their opponents; never to use violence as a political method; to be an example of civic culture, generosity, and mutual respect for young people; and to promote ideas, not hatred."

Crime infiltrates the State

But symbolic gestures fall short when organized crime penetrates the heart of the State. Outgoing President Gabriel Boric raised alarms this week by denouncing the infiltration of the armed forces by drug trafficking networks, exposing how criminal groups are using military resources and logistics. A direct blow to one of the country’s key institutions.

Adding to the tension is the impact of massive immigration, with over one million people arriving in the past decade. Without robust integration policies, migrants have often been scapegoated by xenophobic sectors seeking to justify repressive measures.

Democracy at stake, wounds still open

The first electoral round is scheduled for November 16, alongside legislative elections for the National Congress. If no candidate secures more than 50% of the vote, a runoff will take place on December 14.

Chile heads into this pivotal moment with deep scars: a crisis of representation, growing inequality, and widespread public distrust. But there are wounds that remain unhealed since the brutal military dictatorship—victims who continue to demand truth, justice, and reparations, while watching with dismay as some of the regime’s beneficiaries remain in positions of power and influence.

The question that lingers: can Chile’s democracy withstand this latest assault of populism, violence, and corruption? Or are we approaching a breaking point in the nation's political history? 

Chile Still Owes Justice to Many of Its Victims

 

By Rodolfo Varela

On June 10th, President Gabriel Boric’s government delivered long-classified case files to the families of victims of the military dictatorship.

This is essential for strengthening our democracy, essential for strengthening human rights,” said Jaime Gajardo, Minister of Justice and Human Rights.

These documents contain key information: personal records, testimonies, expert reports, and official resolutions that served to formally recognize individuals as victims of human rights violations committed by State agents between 1973 and 1990.

This symbolic act is part of broader efforts to advance truth, justice, and memory. But serious questions remain: What about those victims who were never registered by any commission? What about those who were arrested, tortured, and exonerated without a single official record of their suffering?

I am one of them.

I was detained, tortured, and politically exonerated. But like so many others, there was no official record of my case. My pension contributions disappeared without explanation. Only one year of contributions could be recovered, from a private workers’ fund. In order to be officially recognized as an exonerated political prisoner, I had to go to court. I had to prove what the State refused to acknowledge — what so many chose to ignore.

Nelson Caucoto, lawyer specializing in Human Rights

I was represented by the courageous human rights lawyer Nelson Caucoto, whose dedication was vital in getting the courts to recognize my case. My witnesses were my dear friends and colleagues Sergio Campos Ulloa and Rafael Montes, both journalists at Radio Corporación de Santiago, where I worked until repression stole not only my job, but also years of my life and peace.

Sergio Campos and Rodolfo Varela

Due to the beatings I received during torture, I later underwent two brain surgeries for cerebral aneurysms. I also suffer from permanent hearing loss in my left ear and numerous other physical and emotional consequences that continue to affect me to this day.

In 1976, I managed to flee Chile and take refuge in Brazil, where I still live. Today, at 75 years old, I survive thanks to my children’s help and a Chilean pension that is less than 250,000 Chilean pesos — an amount that makes it impossible to live with dignity. To make matters worse, the State deducts 7% for Fonasa healthcare, even though I live abroad and have no access to that health system. This absurd deduction is yet another symbol of the indifference and disconnect between the authorities and the reality of their victims.

I’m ashamed to speak about this, but I’m even more ashamed that Chile, in 2025, continues to abandon those of us who paid the highest price for defending democracy.

We welcome the delivery of these case files. It’s an important step for many families. But it’s not enough. Because justice and reparations cannot depend on whether there is a folder in an archive. It cannot depend on whether there is a stamp or an official seal. Dignity does not require documents. The debt to us is real — and it continues to grow.

Chile cannot continue to postpone justice for those who defended the country in its darkest hour. The time has come for the State to stop looking at the past with speeches and start acting with justice in the present.

Chile aún tiene una deuda pendiente con muchas de sus víctimas

Por Rodolfo Varela

El pasado 10 de junio, el gobierno del presidente Gabriel Boric entregó a los familiares de víctimas de la sangrienta dictadura militar las carpetas de calificación que por décadas estuvieron bajo reserva. 

Esto es fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia, fundamental para el fortalecimiento de los derechos humanos”, Jaime Gajardo, ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Estos documentos contienen información clave: antecedentes personales, testimonios, informes periciales y resoluciones que permitieron acreditar oficialmente a personas como víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990 por agentes del Estado.

Este acto, profundamente simbólico, se inscribe dentro de los esfuerzos por avanzar hacia la verdad, la justicia y la memoria. Sin embargo, aún persisten preguntas fundamentales: ¿qué pasa con aquellas víctimas que no quedaron registradas por ninguna comisión? ¿Qué pasa con los que fueron detenidos, torturados y exonerados sin que existiera una sola línea escrita sobre su historia?

Soy uno de ellos.

Fui detenido, torturado y exonerado político. Pero como tantos otros, no existía registro oficial. Mis imposiciones previsionales desaparecieron misteriosamente. Solo lograron recuperar un año de cotizaciones, en una caja de empleados particulares. Para poder ser reconocido como exonerado político, tuve que enfrentar a la justicia. Tuve que probar lo que el Estado no quiso registrar, lo que muchos fingieron no ver.

Nelson Caucoto, abogado especialista en Derechos Humanos

Conté con la valiente representación del abogado Nelson Caucoto, destacado defensor de derechos humanos, cuya labor fue crucial para que mi historia fuera escuchada por los tribunales. Mis testigos fueron mis amigos y compañeros de trabajo Sergio Campos Ulloa y Rafael Montes, ambos periodistas de Radio Corporación de Santiago, donde trabajé hasta que la represión me arrebató no solo mi empleo, sino también años de vida y tranquilidad.

Sergio Campos y Rodolfo Varela

A causa de los golpes recibidos en la cabeza durante las sesiones de tortura, he debido someterme a dos cirugías por aneurisma cerebral. Sufro además de problemas auditivos permanentes en mi oído izquierdo y otras secuelas físicas y emocionales que me acompañan hasta hoy.

En 1976, logré salir de Chile y autoexiliarme en Brasil, donde todavía vivo. Hoy, con 75 años, sobrevivo gracias a la ayuda de mis hijos y a una pensión del Estado chileno que no alcanza los 250.000 pesos chilenos, una suma indigna que no permite vivir con dignidad. Como si eso fuera poco, me descuentan mensualmente un 7% de Fonasa, aunque vivo en el extranjero y no tengo acceso a ese sistema de salud. Ese descuento absurdo es una muestra más del abandono y la desconexión de las autoridades con la realidad de sus víctimas.

Me da vergüenza contarlo, pero más me avergüenza que Chile, en pleno 2025, mantenga este nivel de abandono con quienes pagamos el precio más alto por defender la democracia.

Celebramos la entrega de estas carpetas. Es un paso importante para muchas familias. Pero no es suficiente. Porque la reparación no puede depender de si hubo o no una carpeta. No puede depender de si existió o no una firma o un timbre. La dignidad no necesita documentos. La deuda con nosotros existe, y sigue creciendo.

Chile no puede seguir postergando a quienes lo defendieron en su hora más oscura. Es hora de que el Estado deje de mirar hacia el pasado con discursos y empiece a actuar con justicia en el presente.

Chile: entre la “consulta ciudadana” y la deuda histórica con las víctimas de la dictadura

 

Por Rodolfo Varela

El Estado chileno ha abierto una nueva consulta ciudadana virtual sobre derechos humanos, disponible hasta el 31 de julio de 2025. 

Hasta el próximo 31 de julio 2025.

El objetivo declarado es recoger la opinión de la ciudadanía para diseñar el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos y el Tercer Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas. Pero desde nuestra experiencia, esto no es más que otra vuelta al mismo ciclo de promesas incumplidas, diagnósticos eternos y programas que no cambian vidas.

El anuncio oficial dice que esta consulta permitirá opinar sobre los objetivos y acciones propuestas por las instituciones públicas en materia de derechos humanos. Una linda frase que en el papel suena bien, pero en la práctica parece una nueva maniobra de burrocracia estatal: más papeles, más formularios, más tiempo perdido… y cero reparación.

Nosotros, los que sufrimos persecución, prisión, tortura y exilio por parte de la dictadura militar, no necesitamos más encuestas ni talleres participativos. Lo que necesitamos es justicia y reparación real. Queremos pensiones dignas, reconocimiento efectivo y un trato humano, no solo en los discursos sino también en la ley y en los hechos.

Han pasado más de 50 años desde el golpe de Estado. Durante décadas hemos visto cómo se diseñan planes, se hacen diagnósticos, se firman convenios y se celebran mesas de trabajo. Mientras tanto, muchos compañeros y compañeras han muerto esperando. El tiempo nos sigue pasando por encima, y la deuda sigue intacta.

Y lo que es aún más indignante: hay exonerados que sirvieron a la dictadura y hoy reciben pensiones millonarias, mientras las verdaderas víctimas —quienes lucharon por la democracia y los derechos humanos— sobreviven con pagos miserables. Los poderes políticos y judiciales guardan un silencio cómplice: sordos, mudos y ciegos frente a esta injusticia.

Por eso, esta nueva consulta parece llegar tarde. Muy tarde. No es que estemos en contra de la participación ciudadana. Pero ya es hora de que esa participación se traduzca en acciones concretas, especialmente para quienes entregamos parte de nuestra vida por defender la democracia y hoy vivimos en condiciones indignas.

El Estado chileno tiene una deuda histórica con sus víctimas. No es posible seguir aplazando el cumplimiento de esa responsabilidad. Escuchar a la ciudadanía está bien, pero más importante aún es cumplir con ella.

Porque un país más justo, solidario y auténticamente nuestro, no se construye con encuestas, sino con justicia.

🗳️ Tu opinión es clave: si deseas participar en esta consulta ciudadana, puedes hacerlo hasta el 31 de julio de 2025 en la plataforma oficial:

👉 www.consultaciudadanaddhh.gob.cl (enlace de ejemplo)

Chile: Between a “Citizen Consultation” and the Historic Debt Owed to the Victims of the Dictatorship

 By Rodolfo Varela

The Chilean government has launched a new virtual citizen consultation on human rights, open until July 31, 2025. 

Until next July 31, 2025.

The stated goal is to gather public opinion in order to design the Third National Human Rights Plan and the Third National Action Plan on Business and Human Rights. But from our lived experience, this feels like just another round of broken promises, endless diagnoses, and programs that never change lives.

The official announcement claims this consultation will allow citizens to express their views on the goals and actions proposed by public institutions regarding human rights. A nice sentence that looks good on paper, but in practice, it feels like a new exercise in bureaucratic absurdity — more forms, more delays… and zero justice.

We, the ones who were persecuted, imprisoned, tortured, and exiled under the military dictatorship, don’t need more surveys or public workshops. What we need is real justice and fair reparation. We want dignified pensions, proper recognition, and humane treatment — not just in speeches, but in laws and concrete actions.

More than 50 years have passed since the coup. For decades, we’ve seen plans being drafted, documents being signed, roundtables being held. Meanwhile, many of our fellow victims have died waiting. Time keeps marching on, and the debt remains unpaid.

Even worse: some so-called "exonerated" individuals who served the dictatorship now receive massive pensions, while the real victims — those who fought for democracy and human rights — survive on disgracefully low payments. The political and judicial powers remain complicit in silence: deaf, mute, and blind to this injustice.

That’s why this new consultation feels too little, too late. It’s not that we reject citizen participation — far from it. But now, more than ever, this participation must lead to tangible outcomes, especially for those of us who gave part of our lives in defense of democracy and now live in poverty and neglect.

The Chilean state owes a historic debt to its victims. It can no longer delay fulfilling that obligation. Listening to the people is fine — but what really matters is delivering on that promise.

Because a more just, more united, and truly ours country cannot be built with surveys — it must be built with justice. 

🗳️ Your opinion matters: If you wish to participate in the virtual consultation, you can do so until July 31, 2025, at the official platform:
👉 www.consultaciudadanaddhh.gob.cl (sample link)

Jeannette Jara: una victoria histórica en un Chile herido por sus deudas pendientes

 Por Rodolfo Varela

La reciente victoria de Jeannette Jara en las primarias del bloque progresista no solo constituye un hito electoral, sino también un síntoma de un país que aún busca respuestas profundas a problemas estructurales no resueltos por ninguno de sus gobiernos desde el retorno a la democracia. 

Jeanette Jara ganó las primarias oficialistas chilenas.

Con el 60% de los votos en una primaria de baja participación, la dirigente comunista se convirtió en la primera mujer de su partido en ser respaldada por toda la izquierda para disputar la Presidencia de Chile.

Pero su triunfo no puede entenderse solo en términos partidarios. Es, sobre todo, una señal de desgaste de las élites tradicionales —de izquierda y de derecha— que han administrado las últimas décadas con promesas incumplidas, reformas incompletas y una reparación histórica que sigue siendo más retórica que realidad.

Una candidatura desde los márgenes

Nacida en Conchalí, hija de trabajadores, primera profesional de su familia y viuda joven, Jeannette Jara representa la biografía de muchas chilenas invisibilizadas por una política de elite. No viene del barrio alto ni de apellidos ilustres. Su historia —y su tono cercano, conciliador, pero firme— le permitió conectar con una ciudadanía cansada del doble discurso.

Como ministra del Trabajo en el gobierno de Gabriel Boric, Jara logró empujar reformas relevantes: la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo y avances en la reforma previsional. Todo esto mientras sus contrincantes se enfrascaban en debates ideológicos estériles o intentaban desmarcarse del Partido Comunista, más preocupados por sus alianzas que por la gente.

Una crítica transversal: gobiernos que fallaron

Sin embargo, su llegada a La Moneda —si logra concretarse— implicará un reto mayor: gobernar un país que lleva décadas postergando deudas sociales inaceptables. Gobiernos de derecha como los de Sebastián Piñera priorizaron la represión, el modelo neoliberal y los pactos con los grandes grupos económicos. Gobiernos de centroizquierda como los de Bachelet y Lagos hablaron de justicia social, pero terminaron administrando con pragmatismo el mismo sistema excluyente.

Todos fallaron en algo crucial: garantizar justicia y reparación a las víctimas de la dictadura. Hoy, miles de exonerados políticos, expresos, torturados y familias separadas por adopciones ilegales sobreviven con pensiones miserables, muchas veces por debajo de la mitad del salario mínimo. Esa es una herida abierta, agravada por la indiferencia institucional, el silencio cómplice del poder judicial y la complicidad de algunos sectores religiosos.

Ningún presidente ha hecho de la reparación una prioridad real. Lo simbólico nunca se tradujo en dignidad concreta.

El peso del Partido Comunista… y su autonomía

Paradójicamente, Jara ganó a pesar del Partido Comunista. Sus diferencias con el presidente del PC, Lautaro Carmona, fueron públicas. Se desmarcó en temas como Cuba o el proceso constitucional. Esa autonomía, sin duda, fue clave para su victoria, pero puede convertirse en un campo minado a la hora de gobernar. ¿Hasta qué punto podrá mantener esa distancia sin perder el respaldo de su propia colectividad?

Su discurso hacia el centro también será vigilado con lupa. Desde el Partido Socialista y sectores moderados no ocultaron su incomodidad: “El modelo comunista no ha tenido éxito en el mundo”, dijo Carolina Tohá, su ahora exrival. ¿Estarán dispuestos a apoyarla o facilitarán —por omisión o cálculo— un eventual regreso de la ultraderecha?

Kast, Matthei y el fantasma de la seguridad

Con una derecha encabezada por José Antonio Kast liderando las encuestas, el desafío de Jara es doble: ampliar su base y recuperar la confianza en una izquierda que ha sido percibida como ineficaz frente a las urgencias sociales. El temor, la crisis de seguridad y la precariedad alimentan un electorado volátil, que puede inclinarse fácilmente por respuestas autoritarias.

En este contexto, el llamado de Jara a “no soltar nuestras manos” adquiere sentido. Pero las manos del progresismo llevan años fragmentadas. Hoy debe demostrar que su liderazgo no es solo un fenómeno electoral, sino la posibilidad real de reconstruir un proyecto común, ético y eficaz.

Conclusión: el tiempo de la verdad

Jeannette Jara no tiene el camino fácil. Su historia la respalda, pero el país está herido. No basta con gestos simbólicos, ni con discursos de unidad. Chile necesita decisiones valientes: un plan real de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, una economía centrada en la dignidad humana, y una política que deje de servir a los mismos de siempre.

Jeannette Jara: “A la extrema derecha chilena la enfrentaremos desde la unidad”

Queremos un país más justo, más solidario y auténticamente nuestro. Un país donde el poder deje de girar en torno a los mismos apellidos, y empiece a construirse desde la memoria, la igualdad y la dignidad de quienes siempre han sido postergados.

Porque un país sin memoria, sin historia, es un país sin futuro. Y Chile ya no puede darse el lujo de seguir ignorando su pasado ni postergando su porvenir.

Jeannette Jara: A Historic Victory in a Chile Wounded by Its Unresolved Debts

 

By Rodolfo Varela

Jeannette Jara's recent victory in the progressive bloc's presidential primaries is not just an electoral milestone; it is a symptom of a country still searching for deep answers to structural problems left unresolved by every administration since the return to democracy. 

Jeanette Jara won the Chilean pro-government primaries.

With 60% of the vote in a low-turnout primary, the communist leader became the first woman from her party to be endorsed by the entire left to run for Chile's presidency.

But her triumph cannot be understood solely in partisan terms. It is, above all, a sign of fatigue with the traditional elites —both left and right— who have governed in recent decades with unfulfilled promises, incomplete reforms, and a historical reparation process that has remained more rhetorical than real.

A Candidacy from the Margins

Born in Conchalí, the daughter of working-class parents, the first professional in her family, and a widow at a young age, Jeannette Jara embodies the biography of countless Chilean women long ignored by elite politics. She does not come from the affluent neighborhoods or famous surnames. Her story —and her warm, conciliatory yet firm demeanor— allowed her to connect with a public weary of double standards.

As Minister of Labor under President Gabriel Boric, Jara pushed forward key reforms: reducing the workweek to 40 hours, raising the minimum wage, and advancing pension system reform. All this while her rivals got entangled in ideological debates or tried to distance themselves from the Communist Party, more worried about alliances than real people.

A Crosscutting Critique: Governments That Failed

If she does reach La Moneda, her challenge will be far greater: governing a country that has delayed addressing socially unacceptable debts for decades. Right-wing administrations like Sebastián Piñera’s prioritized repression, neoliberal orthodoxy, and pacts with big business. Center-left governments like those of Michelle Bachelet and Ricardo Lagos spoke of social justice but ended up pragmatically managing the same exclusionary system.

They all failed in one crucial area: delivering justice and reparation to the victims of the dictatorship. Today, thousands of politically exonerated citizens, former prisoners, torture survivors, and families broken by illegal adoptions survive on miserable pensions —often less than half the minimum wage. This open wound has been deepened by institutional indifference, judicial silence, and the complicity of some religious sectors.

No president has ever truly prioritized reparation. Symbolic gestures have never translated into concrete dignity.

The Weight of the Communist Party… and Her Independence

Ironically, Jara won in spite of the Communist Party. Her public disagreements with party president Lautaro Carmona —on issues like Cuba and constitutional reform— showed a necessary independence that was key to her success. Yet, that same independence may become a minefield if she is elected. Can she maintain a healthy distance without losing her party’s support?

Her openness to the political center will also be closely watched. Socialist Party candidate Carolina Tohá, now expected to support Jara, bluntly stated during the campaign: “The communist model has not succeeded anywhere in the world; it has had adverse outcomes.” Will moderates truly support her, or will they —through omission or calculation— help pave the way for the far right?

Kast, Matthei, and the Specter of Security

With far-right candidate José Antonio Kast leading the polls, Jara’s challenge is twofold: broaden her base and restore public confidence in a progressive camp that many perceive as ineffective in addressing core issues. Public anxiety over security, economic hardship, and crime fuels a volatile electorate prone to authoritarian appeals.

In this context, Jara’s appeal for unity —“Let us not let go of each other's hands”— takes on real urgency. Yet the hands of the Chilean left have long been fragmented. She must now prove that her leadership is not just an electoral phenomenon, but a genuine opportunity to rebuild an ethical and effective national project.

Conclusion: The Time for Truth

Jeannette Jara does not have an easy road ahead. Her life story gives her credibility, but the country is wounded. Symbolic gestures and unity speeches are not enough. Chile needs bold decisions: a real plan for justice for the victims of state terrorism, a people-centered economy, and a politics that stops serving the same old names.

Jeannette Jara: "We will confront the Chilean far right through unity."

We want a more just, more compassionate, and truly Chilean country —one where power stops revolving around the same surnames and starts building from memory, equality, and the dignity of those who have always been left behind.

Because a country without memory, without history, is a country without a future. And Chile can no longer afford to ignore its past or postpone its future.

Los medios, la dictadura y la crisis del periodismo chileno

 Por Rodolfo Varela

En Chile, hablar de periodismo es hablar de memoria, poder y ciudadanía. Y también de una profunda crisis que no es solo técnica o económica, sino ética y estructural.

Prensa y sociedad en  Chile

El periodismo está atravesando uno de sus momentos más oscuros. La transformación digital, la precarización laboral, la pérdida de influencia frente a las redes sociales y la concentración de la propiedad mediática en manos de grandes grupos económicos —muchos de ellos extranjeros— han socavado gravemente su credibilidad. Pero sería un error atribuir esta crisis únicamente a factores tecnológicos o de mercado. En el caso chileno, existe una causa más profunda, más incómoda y menos debatida: la complicidad histórica de los medios tradicionales con la dictadura cívico-militar de Pinochet, y su alianza con los grandes poderes económicos y políticos del país.

Durante los años más oscuros del autoritarismo, muchos medios guardaron silencio, distorsionaron la realidad o directamente legitimaron el horror. Hoy, algunos de esos mismos medios intentan hablar de democracia, derechos humanos y justicia, sin haber hecho una autocrítica honesta sobre su rol en el pasado. La herencia de ese silencio se paga caro: con desconfianza ciudadana, desprestigio profesional y una profunda crisis de legitimidad que incluso afecta a los medios que sí practican un periodismo ético y comprometido.

Un mapa fragmentado de la confianza

La confianza del público chileno en los medios de comunicación hoy está llena de contradicciones. La radio sigue siendo el medio más confiable: cerca del 70% de los chilenos afirma confiar en ella, según datos de Cadem. No es casualidad. La radio ha sido históricamente refugio de voces ciudadanas, espacio para la información local y, muchas veces, un canal de resistencia y dignidad.

Una prueba clara de ello fue el compromiso de destacados periodistas que marcaron una época. Desde los micrófonos de Radio Corporación CB-114, figuras como Sergio Campos, Miguel Ángel San Martín y Luis Hernán Schwaner informaron con valentía, profesionalismo y un profundo sentido de responsabilidad social. Ellos estuvieron del lado de la verdad y del pueblo, en un momento en que hacerlo era verdaderamente peligroso. Su ejemplo sigue siendo una inspiración para las nuevas generaciones.

   Sergio Campos                           Miguel Angel San Martin                             Luis Hernan Schwaner

La televisión, en cambio, pierde terreno. Aunque aún conserva cierta influencia —especialmente la televisión pagada—, su credibilidad se erosiona por contenidos vacíos, entretenimiento disfrazado de noticias y una lógica de espectáculo que ha reemplazado al periodismo serio. Los matinales son el mejor ejemplo de esta banalización: programas que entretienen, pero no informan, y que muchas veces insultan la inteligencia del público.

La prensa escrita, antaño símbolo del pensamiento crítico, hoy sufre la pérdida de lectores y de credibilidad. Diarios como El Mercurio y La Tercera, históricamente alineados con los poderes de turno, han visto aumentar el escepticismo hacia sus líneas editoriales. Mientras tanto, los medios digitales crecen, pero con una confianza fragmentada: muchos ciudadanos los consumen, pero cuestionan su fiabilidad en un entorno dominado por las fake news y la desinformación sin control.

Concentración de la propiedad, poder y silencios cómplices

Uno de los aspectos más preocupantes del ecosistema mediático chileno es la alta concentración de la propiedad. Un puñado de conglomerados —muchos con capital extranjero— controla gran parte de la prensa, la televisión y la radio. Esta concentración no solo atenta contra el pluralismo informativo, sino que limita el derecho ciudadano a una información veraz e independiente.

No se trata de afirmar que todos los medios están al servicio de intereses económicos, pero sí de reconocer que la libertad de prensa no puede entenderse únicamente como un derecho empresarial. Es, sobre todo, un derecho ciudadano a recibir información de calidad, diversa y ética.

La urgente necesidad de un nuevo pacto comunicacional

Chile necesita con urgencia un nuevo pacto comunicacional. Uno que garantice el pluralismo informativo, promueva medios comunitarios y regionales, y fortalezca la independencia periodística frente a los intereses económicos y políticos. Necesitamos una ley de medios que impida la concentración, asegure un acceso equitativo a los fondos de publicidad estatal y proteja a los periodistas de la precarización laboral.

Pero, sobre todo, necesitamos memoria. Porque no se puede construir un periodismo digno sin enfrentar las responsabilidades del pasado. Mientras muchos medios se nieguen a reconocer el papel que jugaron durante la dictadura —como cómplices activos o encubridores silenciosos—, seguiremos arrastrando una deuda ética con el pueblo.

El periodismo chileno debe reinventarse. No desde la tecnología, sino desde la verdad, la justicia y el compromiso con su historia.

The Media, the Dictatorship, and the Crisis of Chilean Journalism

 By Rodolfo Varela

In Chile, to speak about journalism is to speak about memory, power, and citizenship. And also about a profound crisis that is not merely technical or economic, but ethical and structural.

Press and society in Chile

Journalism is going through one of its darkest times. Digital transformation, job insecurity, declining influence in the face of social media, and media ownership concentrated in the hands of major economic groups—many of them foreign—have severely eroded its credibility. But it would be a mistake to attribute this crisis solely to technological or market forces. In Chile, there is a deeper, more uncomfortable, and less discussed cause: the historical complicity of traditional media with the civic-military dictatorship of Pinochet, and its alliance with the country’s economic and political powers.

During the darkest years of authoritarianism, many media outlets remained silent, distorted reality, or outright legitimized the horror. Today, some of those same outlets attempt to speak of democracy, human rights, and justice, without having made an honest self-critique about their role in the past. The legacy of that silence comes at a high price: public distrust, professional disrepute, and a deep legitimacy crisis that even affects the media that do practice ethical and committed journalism.

A Fragmented Map of Public Trust

Public trust in the Chilean media today is full of contradictions. Radio continues to be the most trusted medium: around 70% of Chileans express confidence in it, according to data from Cadem. This is no coincidence. Radio has historically been a refuge for citizen voices, a space for local information, and often, a channel of resistance and dignity.

           Sergio Campos                     Miguel Ángel San Martín                  Luis Hernan Schwaner

A clear example of this was the dedication of prominent journalists who made history. From the microphones of Radio Corporación CB-114, figures such as Sergio Campos, Miguel Ángel San Martín, and Luis Hernán Schwaner reported with courage, professionalism, and a deep sense of social responsibility. They stood on the side of truth and the people, at a time when doing so was truly dangerous. Their example remains an inspiration for future generations.

Television, on the other hand, is losing ground. While it still holds some influence—especially paid television—its credibility is eroded by empty content, entertainment disguised as news, and a logic of spectacle that has replaced serious journalism. Morning shows are the clearest example of this trivialization: programs that entertain, but don’t inform, and often insult the public’s intelligence.

Print media, once a symbol of critical thinking, is now suffering from declining readership and trust. Papers like El Mercurio and La Tercera, historically aligned with those in power, have seen increasing skepticism toward their editorial lines. Meanwhile, digital media are growing but with fragmented trust: many citizens consume them, but question their reliability in a landscape dominated by fake news and unchecked disinformation.

Ownership Concentration, Power, and Complicit Silences

One of the most worrying aspects of Chile’s media ecosystem is the high concentration of ownership. A handful of conglomerates—many with foreign capital—control much of the press, television, and radio. This concentration not only threatens media pluralism but also restricts citizens' right to truthful and independent information.

This is not to say that all media outlets serve economic interests, but we must recognize that press freedom cannot be reduced to a corporate right. It is, above all, a citizen right to quality, diverse, and ethical information.

The Urgent Need for a New Media Pact

Chile urgently needs a new media pact. One that guarantees information pluralism, promotes community and regional media, and strengthens journalistic independence from economic and political powers. We need a media law that prevents ownership concentration, ensures equitable access to public advertising funds, and protects journalists from labor precarization.

But above all, we need memory. Because there is no way to build dignified journalism without confronting past responsibilities. As long as many media outlets refuse to acknowledge the roles they played during the dictatorship—as active accomplices or silent enablers—we will continue to carry an ethical debt to the people.

Chilean journalism must reinvent itself—not through technology alone, but through truth, justice, and a sense of historical responsibility.

---

Por un Chile próspero, solidario y auténticamente nuestro.

Por Rodolfo Varela

Los chilenos pobres son los más preocupados por la delincuencia, los asaltos y los robos. Lo dice la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP): la seguridad pública es la principal demanda ciudadana, y marca el pulso de la carrera presidencial de 2026.

¿Es Chile un país solidario?

Pero aquí hay algo que no se puede seguir callando: los pobres, que son mayoría en este país, olvidan que tienen una herramienta poderosa en sus manos —el voto— para romper con la política corrupta, indolente y mentirosa que se arrastra desde la dictadura militar.

Sí, todo lo que está pasando hoy en Chile es legado directo de ese régimen sangriento que privatizó hasta los sueños del pueblo. Nos dejaron una Constitución hecha a su medida, un modelo económico que se enriquece con la desigualdad, una democracia mutilada, una policía sin control y un sistema político que se ha dedicado a administrar el saqueo en vez de transformarlo.

Y mientras la derecha se llena la boca hablando de seguridad, de orden, de patria, los verdaderos patriotas que lucharon contra la dictadura —expresos políticos, exonerados, torturados— sobreviven hoy con pensiones miserables, muchas veces menores a la mitad del salario mínimo. Personas mayores, con secuelas físicas y psicológicas profundas, abandonadas por el mismo Estado que permitió que sus verdugos quedaran impunes o incluso pensionados con sueldos de lujo.

Han pasado 11 días desde que Jeannette Jara, militante del Partido Comunista, fue elegida como la carta presidencial de la izquierda. La cuenta regresiva hacia la elección del 16 de noviembre ya comenzó. Mientras tanto, los candidatos se posicionan, diseñan sus campañas y ajustan sus discursos. Pero todos, sin excepción, saben que la inseguridad es el tema central. Porque eso muestra el CEP: la gente está con miedo. Miedo al robo, al asalto, al narcotráfico, a la migración descontrolada. Pero detrás de ese miedo hay una verdad más dura: la pobreza, la exclusión y el abandono de un Estado que nunca estuvo del lado de su pueblo.

¿Y quién abrió las puertas para la entrada masiva de migrantes en condiciones precarias, sin control ni apoyo del Estado? Fue el expresidente de ultraderecha Sebastián Piñera, defensor del legado de Pinochet. Él promovió una política migratoria populista, sin planificación, facilitando la llegada de cientos de miles de personas desde Venezuela, Haití, Perú y Bolivia, sin garantías ni protección social. Hoy, la misma derecha que los trajo, los criminaliza y culpa a los migrantes de todos los males, usando el miedo como arma electoral.

¿Quiénes son los más golpeados por esta crisis? Las mujeres, los adultos mayores, los habitantes rurales, quienes no terminaron la educación media, los sectores socioeconómicos más bajos, los que creen que Chile está estancado, los que ganan menos de 842 mil pesos al mes. En resumen: los que siempre han cargado con el peso del modelo heredado de la dictadura.

Y no es casual que muchos de ellos votaran por Kast, anularan su voto o simplemente no votaran. No es indiferencia: es desconfianza, es rabia, es decepción. Pero este 2025 el voto será obligatorio. Y eso cambia el tablero. Si los pobres votan —si recuerdan quiénes han estado siempre en su contra— pueden torcer la historia.

La derecha ya está aprovechando el clima de miedo. Habla de mano dura, de cárceles, de deportaciones masivas. Pero no dicen nada del abandono estatal, de la desigualdad brutal, de la concentración de la riqueza. No quieren resolver el problema: quieren administrarlo a su favor, como lo han hecho siempre.

Chile exige Verdad y Justicia

Es hora de despertar. De exigir justicia, memoria, reparación y dignidad.

La delincuencia no se combate con represión, sino con igualdad, con empleo, con educación, con salud, con pensiones dignas, y con un Estado que deje de proteger a los poderosos y empiece a cuidar a su pueblo.

Chile no necesita más miedo. Necesita memoria.

For a prosperous, united, and truly Chilean country.

 By Rdolfo Varela

Poor Chileans are the ones most concerned about crime, assaults, and theft. This is confirmed by the latest survey from the Center for Public Studies (CEP): public safety is the top citizen demand and is setting the pace for the 2026 presidential race.

Is Chile a country of solidarity?

But there’s something we can’t remain silent about: the poor —the majority of this country— often forget they hold a powerful tool in their hands: the vote. A tool that could finally break the cycle of corrupt, indifferent, and deceitful politics that has persisted since the military dictatorship.

Yes, everything happening in Chile today is a direct legacy of that bloody regime that privatized even the dreams of the people. It left us with a constitution tailored to their interests, an economic model built on inequality, a mutilated democracy, an unchecked police force, and a political class more concerned with managing injustice than eradicating it.

And while the right talks endlessly about law, order, and patriotism, the true patriots who fought against the dictatorship —former political prisoners, exonerated workers, and torture victims— are surviving today on miserable pensions, often earning less than half the minimum wage. These are elderly people, many with permanent physical and emotional scars, abandoned by the same state that allowed their torturers to go unpunished or enjoy luxurious retirement pensions.

Eleven days have passed since Jeannette Jara, a member of the Communist Party, was elected as the presidential candidate for the Chilean left. The countdown to the November 16 election has already begun. Candidates are taking positions, refining their campaigns, and adjusting their messages. But they all know one thing: security is the central issue. The CEP shows it clearly—people are afraid. Afraid of crime, assaults, drug trafficking, uncontrolled immigration. But behind that fear lies a deeper truth: poverty, exclusion, and a state that has long turned its back on the most vulnerable.

And who opened the doors to massive, unregulated immigration, without state support or protection? It was former far-right President Sebastián Piñera, a public defender of Pinochet's legacy. He promoted a populist immigration policy that facilitated the arrival of hundreds of thousands of people from Venezuela, Haiti, Peru, and Bolivia—without planning or social safeguards. Now, the same political sectors that welcomed them are using migrants as scapegoats, stoking xenophobia and exploiting fear to win elections.

So who suffers the most from all this? Women, the elderly, rural residents, people with incomplete high school education, low-income groups, those who believe Chile is stagnant, and those earning less than 842,000 Chilean pesos per month. In short, the same people who have always carried the weight of a model inherited from the dictatorship.

It’s no coincidence that many of them voted for Kast, cast blank or null votes, or didn’t vote at all. It’s not apathy — it’s distrust, frustration, and abandonment. But in 2025, voting is mandatory. And that changes everything. If the poor vote — if they remember who’s always worked against them — they can change the course of history.

The right is already taking advantage of fear. They speak of iron-fist policies, more prisons, mass deportations. But they say nothing about the abandonment, the inequality, or the concentration of wealth. They don’t want to solve the problem—they want to control it for their benefit, as they always have.

Chile demands Truth and Justice

It’s time to wake up. To demand justice, memory, dignity, and real change.

Crime isn’t defeated with repression, but with opportunity. With jobs, education, healthcare, decent pensions, and a state that stops protecting the privileged and starts defending its people.

Chile doesn’t need more fear. It needs memory.