Chile no puede olvidar lo que nos trajo hasta aquí

Por: Rodolfo Varela

Gabriel Boric pronunció su último discurso presidencial con apenas un 22% de aprobación, golpeado por el desencanto, la inseguridad y el desgaste político. 

Presidente Boric en su ultima Cuenta Pública en 2025

Pero lo más alarmante no es su debilidad coyuntural, sino el contexto: una sociedad al borde de olvidar su historia, dispuesta a entregar nuevamente el poder a quienes la hundieron en la desigualdad, la corrupción y el autoritarismo.

Hoy la derecha lidera encuestas, gana alcaldías y se perfila como favorita para las elecciones presidenciales de noviembre. Pero el país no puede darse el lujo de olvidar que fue esa misma derecha la que gobernó durante años con desprecio por lo público, con políticas migratorias descontroladas, escándalos de corrupción y un Estado reducido al mínimo.

Piñera, corrupción y migración sin control

El segundo gobierno de Sebastián Piñera dejó más que solo cifras económicas maquilladas: dejó represión, impunidad, una crisis migratoria sin precedentes y una ciudadanía completamente desconectada del poder político. Su administración permitió el ingreso masivo de extranjeros sin control, facilitando la expansión de bandas criminales como el Tren de Aragua.

No hicieron nada por Chile

Mientras tanto, múltiples partidos de derecha —los mismos que hoy levantan discursos de “orden”— han estado involucrados en corrupción, financiamiento ilegal de campañas, tráfico de influencias y colusiones con el sector privado. Pero la memoria del país parece selectiva, y peligrosa.

Boric y una izquierda que intenta, con errores, reconstruir lo destruido

Sí, el gobierno de Boric ha cometido errores, ha perdido iniciativa política y ha decepcionado a parte de su base. Pero sería mezquino ignorar lo logrado: la jornada laboral de 40 horas, el aumento del salario mínimo, la reforma previsional con pilar solidario, y una política internacional con principios éticos claros frente a los crímenes de guerra, vengan de donde vengan.

En una época donde impera el cálculo y la superficialidad, el gobierno ha intentado gobernar con convicciones, y eso —aunque insuficiente— marca una diferencia.

Allende: la memoria que incomoda a los poderosos

En su discurso, Boric no lo dijo, pero el legado de Salvador Allende sigue vivo en el fondo del proyecto político que hoy se defiende con dificultad:".un país más justo, soberano, autenticamente nuestro y democrático, donde el Estado garantice dignidad y no sea esclavo de los mercados, de las élites ni de una prensa que, lejos de informar con responsabilidad, ha servido como brazo comunicacional de los sectores conservadores, distorsionando la verdad y alimentando el miedo."

Hace 55 años Salvador Allende se convertía en presidente de Chile

No es tiempo de amnesia ni de nostalgia por un “orden” basado en el miedo. Es tiempo de recordar lo que Salvador Allende defendió hasta el último día: que “la historia es nuestra, y la hacen los pueblos.”

Porque un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia; y sin memoria, es un pueblo sin futuro. 

50 years later, justice arrives: compensation for soldier tortured at Cerro Chena June 2, 2025

June 2, 2025

By: Rodolfo Varela

The Twenty-Second Civil Court of Santiago ordered the Chilean Treasury to pay $40 million in compensation for moral damages to Julio Enrique Alzamora Orellana, a former conscript soldier who was detained and tortured by his fellow soldiers in December 1973, during the military dictatorship.

22nd Civil Court of Santiago

According to the ruling (case number 15.962-2024), Alzamora was first transferred to police units and later to the Army Infantry School in Cerro Chena, in the commune of San Bernardo. There, he was held incommunicado, blindfolded, and subjected to various acts of torture, which caused him persistent psychological damage that continues to the present.

The sentence, handed down by Judge Lorena Cajas Villarroel, rejected the State's arguments regarding statutes of limitations and prior reparation, establishing that the events constitute a crime against humanity, which makes them imprescriptible in both criminal and civil courts.


"Julio Enrique Alzamora Orellana has suffered significant moral damage as a direct consequence of the acts of extreme violence inflicted against him by State agents," the ruling states. "This damage is manifested in persistent symptoms that [...] have become chronic over the years, prolonging the suffering to the present day."


The court emphasized that the amount of compensation is determined based on the particular circumstances of the case and does not follow a standardized table, although it recognizes that case law in similar cases has been considered a reasonable reference.



“ Each case […] is considered individually and autonomously ,” the ruling added. “ While the circumstances may be similar—given the historical context and the patterns of action of state agents—the truth is that each experience has its own characteristics .”

This ruling marks the first case in which the civil courts recognize the State's responsibility for human rights violations committed by agents during the dictatorship. More than half a century after the 1973 coup d'état, the victims continue to seek truth, justice, and reparation.

Posted by Rodolfo Varela

50 años después, llega la justicia: indemnización a soldado torturado en Cerro Chena

02 de junio de 2025
Por : Rodolfo Varela

El Vigesimosegundo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco de Chile a pagar una indemnización de $40 millones por daño moral a Julio Enrique Alzamora Orellana, exsoldado conscripto que fue detenido y torturado por sus propios compañeros de armas en diciembre de 1973, en plena dictadura militar.

22° Juzgado Civil de Santiago

Según consta en el fallo (causa rol 15.962-2024), Alzamora fue primero trasladado a unidades policiales y posteriormente a la Escuela de Infantería del Ejército en Cerro Chena, en la comuna de San Bernardo. En ese recinto fue incomunicado, vendado y sometido a diversos actos de tortura, los cuales le provocaron un daño psicológico persistente que se ha extendido hasta el presente.

La sentencia, dictada por la magistrada Lorena Cajas Villarroel, rechazó los argumentos del Estado sobre prescripción y reparación previa, al establecer que los hechos constituyen un crimen de lesa humanidad, lo que los hace imprescriptibles tanto en sede penal como civil.


“Julio Enrique Alzamora Orellana ha sufrido un daño moral significativo como consecuencia directa de los actos de violencia extrema ejercidos en su contra por agentes del Estado”, señala el fallo. “Dicho daño se manifiesta en una sintomatología persistente que […] se ha cronificado con el paso de los años, prolongando el sufrimiento hasta la actualidad”.

El tribunal subrayó que el monto de la indemnización se fija con base en los antecedentes particulares del caso y no responde a una tabla estandarizada, aunque reconoce que la jurisprudencia en casos similares ha sido considerada como referencia razonable.

“Cada caso […] es considerado de manera individual y autónoma”, agregó la resolución. “Si bien las circunstancias pueden guardar similitudes –dado el contexto histórico y los patrones de actuación de los agentes estatales–, lo cierto es que cada experiencia reviste características propias”.

Con esta sentencia, se suma un nuevo caso en que la justicia civil reconoce la responsabilidad del Estado en violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes durante la dictadura. A más de medio siglo del golpe de Estado de 1973, las víctimas continúan buscando verdad, justicia y reparación.

Chile: Justice Advances in Case of Illegal Adoptions During the Dictatorship in San Fernando

 By: Rodolfo Varela

The Santiago Court of Appeals has indicted former judge Ivonne Gutiérrez Pávez for her role in a network that took children for international adoptions. The request for extradition from Israel marks a milestone in recognizing these actions as crimes against humanity.

A significant legal breakthrough has taken place in the investigation of illegal adoptions that occurred during Chile’s bloody civil-military dictatorship. Judge Alejandro Aguilar Brevis, acting on behalf of the Santiago Court of Appeals, has formally indicted Ivonne Gutiérrez Pávez, a former judge of the San Fernando Juvenile Court, for her alleged involvement in a network that facilitated the irregular removal and transfer of children to foreign families between the 1970s and 1980s.

Judge Alejandro Aguilar Brevis

Gutiérrez Pávez has been charged with criminal conspiracy, child abduction, and intentional judicial misconduct. The investigation found that she authorized the departure of minors from the country through flawed legal procedures, omitting the consent of their biological mothers and falsifying court documents. In some cases, adoptions were processed in as little as two days, with payments of up to $50,000 reportedly made for each child.

One of the most emblematic cases involves a three-year-old girl taken in January 1983, who was recovered days later thanks to the intervention of Carabineros (national police). This case and other evidence allowed the judge to establish the existence of a network involving judicial officials, lawyers, medical personnel, and clergy members.

Judge Aguilar has requested the extradition of the former judge from Israel—where she currently resides—invoking the European Convention on Extradition, which came into effect in Chile on June 1, 2025. The request is based on the classification of these crimes as crimes against humanity, which under international law and Inter-American Court of Human Rights jurisprudence, are not subject to a statute of limitations.

This case adds to three previous rulings that have recognized the non-prescriptive nature of forced adoptions during the dictatorship. A recent investigative report by The Clinic highlighted how these cases are finally gaining traction in the courts after years of invisibility.

The Hijos y Madres del Silencio Foundation, which has supported victims and their families, praised the legal progress. Its president, Marisol Rodríguez, stated: “With what Judge Aguilar has reported, whose rulings are now under review by the Supreme Court, it becomes clear that when there is a will to do justice, it is possible.”

This process sets a new precedent in the judicial recognition of human rights violations affecting children and families, and it strengthens the quest for truth, justice, and reparations for hundreds of victims of illegal adoptions during the brutal military dictatorship.

Victims of Human Rights Violations in Chile Still Await Comprehensive Reparations

Decades have passed since the Chilean state officially acknowledged the human rights violations committed during the military dictatorship. However, for many victims and their families, full reparations remain an unfulfilled promise. The urgent need for a new social pact to address this historical debt becomes more evident each day.

“What we want is not charity—it’s justice. It’s the recognition of everything we lost, of everything that was taken from us,” says Ana María Contreras, who was detained and tortured in 1974 when she was just 22 years old. Now 73, she still awaits specialized medical care, ongoing psychological support, and a pension that would allow her to live with dignity.

The numbers speak for themselves: more than 40,000 victims have been officially recognized by the state, yet many still lack access to adequate reparative measures. Human rights lawyer Carlos Ortega, who represents several families before the Inter-American Commission on Human Rights, argues that “the Chilean state has advanced in recognition, but has failed to implement a comprehensive reparations system that includes mental health services, education for victims’ children, housing support, and true justice.”

Luz en la Memoria, a foundation representing victims and their families, has submitted a report to Congress with concrete proposals. Its president, María José Rivas, stresses the need for a structural public policy: “One-off bonuses or piecemeal laws are not enough. Chile needs a strong legal framework that guarantees reparations and non-repetition measures.”

A critical issue is the lack of access to mental health care. “Many of our fellow survivors live with severe psychological trauma and don’t receive consistent or specialized treatment,” Contreras says. “What hurts the most is the state’s indifference.”

Lawyer Ortega also highlights structural problems: “Benefits have been granted in a partial, conditional, and sometimes humiliating way. There are survivors who have to beg for a medical appointment or a basic pension. That is revictimizing.”

The Ministry of Justice has announced working groups with civil society organizations to evaluate a new reparations policy. But in the meantime, victims are still waiting. “We are dying without having been heard. And that is also a form of violence,” Ana María says, her voice breaking.

Voices Demanding Justice: Testimonies of Chile’s Outstanding Debt

More than 30 years after the return to democracy, the Chilean state still owes a moral and legal debt to thousands of victims of human rights violations committed during the military dictatorship. Although mechanisms for reparation have been implemented, they are often inadequate and unequal. The voices of victims, lawyers, and human rights organizations amplify this critique.

Unforgettable Testimonies

María Soledad Acuña (a pseudonym), detained and tortured in 1975 by DINA agents, recounts:
“I was officially recognized by the Valech Commission, but that didn’t bring justice. I’ve never seen my torturers face consequences. The pension I receive doesn’t cover my psychological treatment.”

A similar story comes from José Rivas, the son of a disappeared detainee:
“I grew up with the image of my father as a shadow. The state recognized me as a victim, but how do you compensate for a childhood filled with silence and fear?”

Criticism from the Legal Field

Human rights lawyer Rodrigo Bustos points out that “the state has prioritized minimal, often conditional administrative reparations. There is no comprehensive approach that includes truth, justice, reparation, and guarantees of non-repetition.”

Organizations Demand State Policy

Macarena Aguilar, from Londres 38, states: “Reparations must stop being dependent on the administration in power. They must become a permanent state policy.”

Ongoing Emblematic Cases

Groups such as the Association of Relatives of Disappeared Detainees (AFDD) continue to call for the reopening of emblematic cases like those of Paine or Colonia Dignidad, where reparations have been mostly symbolic.

Chile: Justicia avanza en caso de adopciones ilegales durante la dictadura en San Fernando

Por: Rodolfo Varela

La Corte de Apelaciones de Santiago procesó a la exjueza Ivonne Gutiérrez Pávez por su rol en una red que sustrajo menores para adopciones internacionales. La solicitud de extradición desde Israel marca un hito en el reconocimiento de estos hechos como crímenes de lesa humanidad.

Un importante avance judicial se concretó en la investigación por adopciones ilegales ocurridas durante la sangrienta dictadura cívico-militar en Chile. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, dictó procesamiento contra la exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando, Ivonne Gutiérrez Pávez, por su presunta participación en una red que facilitó la sustracción y entrega irregular de niños a familias extranjeras entre las décadas de 1970 y 1980.

Ministro Juez Alejandro Aguilar Brevis

Gutiérrez Pávez fue procesada por asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa. Según estableció la investigación, autorizó la salida del país de menores mediante procedimientos viciados, omitiendo el consentimiento de sus madres biológicas y falsificando documentos judiciales. En algunos casos, las adopciones fueron tramitadas en tan solo dos días, y se habrían pagado sumas de hasta 50 mil dólares por cada menor.

Uno de los casos más emblemáticos corresponde a una niña de tres años sustraída en enero de 1983, quien fue recuperada días después gracias a la intervención de Carabineros. Este y otros antecedentes permitieron al magistrado configurar una red con participación de funcionarios judiciales, abogados, personal médico y religiosos.

El ministro Aguilar solicitó la extradición de la exjueza desde Israel —país donde actualmente reside— invocando el Convenio Europeo de Extradición, en vigor en Chile desde el 1 de junio de 2025. La solicitud se basa en la calificación de estos delitos como crímenes de lesa humanidad, lo que los hace imprescriptibles según normas internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este caso se suma a otros tres fallos previos que han reconocido la imprescriptibilidad de las adopciones forzadas en dictadura. Así lo documentó un reciente reportaje de The Clinic, que da cuenta de cómo estas causas están empezando a abrirse paso en los tribunales tras años de invisibilización.

La Fundación Hijos y Madres del Silencio, que ha acompañado a las víctimas y sus familias, valoró el avance judicial. Su presidenta, Marisol Rodríguez, destacó que “con lo informado por el ministro Aguilar, cuyas sentencias están siendo consultadas en la Corte Suprema, se verifica que cuando hay voluntad de hacer justicia, se cumple”.

Este proceso representa un nuevo precedente en el reconocimiento judicial de las violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la infancia y la familia, y fortalece la búsqueda de verdad, justicia y reparación para cientos de víctimas de adopciones ilegales durante la nefasta dictadura militar.

Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en Chile Siguen Esperando Reparación Integral

Han pasado décadas desde que el Estado chileno reconoció las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Sin embargo, para muchas víctimas y familiares, la reparación integral sigue siendo una promesa incumplida. La urgencia de un nuevo pacto social que salde esta deuda histórica se hace cada día más evidente.

“Lo que queremos no es caridad, es justicia. Es el reconocimiento de todo lo que perdimos, de todo lo que nos arrebataron”, dice Ana María Contreras, detenida y torturada en 1974 cuando tenía solo 22 años. Hoy, a sus 73, aún espera atención médica especializada, apoyo psicológico permanente y una pensión que le permita vivir con dignidad.

Las cifras son claras: más de 40.000 víctimas han sido reconocidas por el Estado, pero muchas de ellas aún no acceden a medidas adecuadas de reparación. El abogado de derechos humanos Carlos Ortega, quien representa a varias familias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que “el Estado chileno ha avanzado en el reconocimiento, pero ha fracasado en implementar un sistema de reparación integral, que incluya salud mental, educación para hijos de víctimas, apoyo habitacional y justicia real”.

Luz en la Memoria, una fundación que agrupa a víctimas y familiares, ha entregado un informe al Congreso con propuestas concretas. Su presidenta, María José Rivas, apunta a la urgencia de una política pública estructural: “No basta con bonos esporádicos o leyes fragmentadas. Chile necesita un marco legal robusto que garantice reparación y garantías de no repetición”.

Uno de los puntos críticos es la falta de acceso a atención en salud mental. “Muchos de nuestros compañeros viven con secuelas psicológicas severas y no tienen atención permanente ni especializada”, denuncia Contreras. “Lo que más duele es la indiferencia del Estado”.

Para el abogado Ortega, el problema también es estructural. “Se han entregado beneficios de forma parcial, condicionada, y a veces humillante. Hay sobrevivientes que deben mendigar una consulta médica o una pensión básica. Eso es revictimizante”, afirma.

El Ministerio de Justicia ha anunciado mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil para evaluar una nueva política de reparación. Pero mientras tanto, las víctimas siguen esperando. “Nos estamos muriendo sin haber sido escuchados. Y eso también es una forma de violencia”, dice Ana María con la voz quebrada.

Voces que exigen justicia: testimonios de la deuda pendiente del Estado chileno

A más de 30 años del retorno a la democracia, el Estado chileno continúa en deuda con miles de víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. Si bien se han implementado mecanismos de reparación, estos resultan insuficientes y desiguales. La voz de las víctimas, abogados y organizaciones de derechos humanos refuerza esta crítica.

Testimonios que no se olvidan

María Soledad Acuña (nombre ficticio), detenida y torturada en 1975 por agentes de la DINA, relata:
"Fui reconocida por la Comisión Valech, pero eso no me trajo justicia. Nunca he visto a mis torturadores pagar. La pensión que recibo no alcanza para mi tratamiento psicológico."

Similar es el caso de José Rivas, hijo de un detenido desaparecido:
"Crecí con la imagen de mi padre como una sombra. El Estado me reconoció como víctima, pero ¿cómo se repara una infancia llena de silencios y miedo?"

Críticas desde el mundo jurídico

El abogado de derechos humanos Rodrigo Bustos enfatiza que "el Estado ha privilegiado una reparación administrativa mínima y muchas veces condicionada. No hay un enfoque integral que incluya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición."

Organizaciones exigen una política de Estado

Desde Londres 38, Macarena Aguilar señala: "Las reparaciones deben dejar de ser medidas de gobiernos y transformarse en una política de Estado. No puede depender de la voluntad política del turno."

Casos emblemáticos aún abiertos

Organizaciones como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) insisten en la necesidad de reabrir casos emblemáticos como el de Paine o Colonia Dignidad, donde la reparación ha sido prácticamente simbólica.

Desgaste democrático en América Latina: señales de alarma en medio de la crisis

 Por [Rodolfo Varela]

En varios países de América Latina, decisiones adoptadas por gobiernos democráticamente electos están encendiendo señales de alerta sobre el estado de salud de la institucionalidad republicana. 

Solo el Pueblo!!

Medidas de excepción, intentos de control sobre la información, concentración del poder, violencia social y debilitamiento del Estado de derecho marcan un patrón preocupante. Analistas y observadores internacionales interpretan este fenómeno como síntomas de un desgaste progresivo de la democracia en la región.

Perú: la democracia bajo tensión

En Perú, la fragilidad institucional es evidente. En abril de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo —que solo llevaba ocho meses en el cargo— decretó un toque de queda en Lima y el Callao ante protestas sociales por el aumento del precio del combustible. La medida, percibida como autoritaria, fue duramente criticada por diversos sectores. Aunque Castillo ya no está en el poder, su fugaz gobierno dejó un país aún más polarizado y con escasa confianza en sus instituciones.

La politóloga peruana Paula Muñoz, de la Universidad del Pacífico, señaló en entrevista con BBC News Brasil que “existe cierta insatisfacción con la democracia y sus insuficientes resultados”, especialmente tras el fin del auge económico regional. “El descontento de la población de nuestra región es visible en este período de vacas flacas”, sostuvo.

Chile: violencia urbana y crisis de seguridad

En Chile, las alarmas no provienen tanto del gobierno central, sino del crecimiento sostenido de la delincuencia y  violencia urbana, el crimen organizado y la sensación de inseguridad. El país, históricamente percibido como uno de los más estables de la región, vive un deterioro en la seguridad ciudadana, con delitos más violentos, presencia de bandas internacionales y conflictos no resueltos en zonas como La Araucanía.

Si bien las instituciones funcionan formalmente, sectores de la población cuestionan la eficacia del Estado para garantizar orden, justicia y protección. Esto ha generado un debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos, en medio de una crisis de confianza que también afecta al proceso constitucional, tras dos intentos fallidos de reforma profunda.

El Salvador: entre la seguridad y las libertades

El caso de El Salvador ha captado la atención internacional. En 2022, ante un aumento de homicidios, el presidente Nayib Bukele impulsó un régimen de excepción que permitió arrestos masivos y limitó derechos fundamentales. Aunque ha sido respaldado por buena parte de la población, los organismos de derechos humanos han advertido sobre abusos sistemáticos y debilitamiento del poder judicial.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, expresó su preocupación por la situación, remarcando la necesidad de respetar la libertad de expresión y las garantías individuales.

Además, en 2021, la Corte Constitucional —cuyos magistrados fueron reemplazados por la Asamblea oficialista— falló a favor de la reelección presidencial inmediata, a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohibía. Este precedente es una muestra clara de cómo órganos judiciales pueden actuar en contra del espíritu de las cartas magnas, generando un retroceso democrático.

Brasil: miedo y tensiones entre la Justicia y la ciudadanía

Brasil vive una situación particular. Mientras las instituciones democráticas se mantienen, sectores de la sociedad civil expresan temor hacia el Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema y el Tribunal Superior Electoral. Las tensiones aumentaron tras los juicios y condenas contra figuras vinculadas al bolsonarismo, y se agudizaron luego del intento de golpe del 8 de enero de 2023.

Aunque muchos celebran la actuación firme del Supremo Tribunal Federal (STF) contra actos antidemocráticos, otros denuncian lo que consideran activismo judicial y censura. La delgada línea entre la defensa del orden constitucional y el exceso de poder por parte del Poder Judicial ha generado un debate profundo sobre los límites del control institucional y la necesidad de que todos los poderes actúen dentro del marco legal y con rendición de cuentas.

Argentina: tentaciones de control

En Argentina, si bien las instituciones formales se mantienen en pie, existen preocupaciones por posibles restricciones al debate público. En 2022, Gustavo Béliz, entonces secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, propuso la regulación del uso de redes sociales para “preservar la convivencia democrática”.

La idea, que no prosperó legislativamente, fue interpretada por algunos sectores como un intento de limitar la libertad de expresión bajo el argumento de combatir la desinformación. En un contexto de creciente polarización política y crisis económica, el equilibrio entre regulación y censura se vuelve especialmente delicado.

Nicaragua: consolidación autoritaria

Quizás el caso más grave sea el de Nicaragua. El presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido en 2021 para un cuarto mandato consecutivo en un proceso electoral sin garantías ni competencia real. La mayoría de los opositores relevantes estaban presos o inhabilitados, y el control sobre el Poder Judicial y la Asamblea Nacional es casi absoluto.

Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado una represión sistemática, cierre de medios independientes y expulsión de universidades críticas. Nicaragua ya no es considerada una democracia plena por ningún observatorio internacional.

¿Crisis democrática o transformación autoritaria?

El debilitamiento de las democracias no ocurre de un día para otro. Por el contrario, suele avanzar bajo la apariencia de legalidad: medidas adoptadas por parlamentos, decretos firmados por presidentes electos, fallos emitidos por cortes oficiales. Lo que cambia no es la forma, sino el contenido democrático del poder.

Como advierte el politólogo argentino Andrés Malamud, “el principal riesgo para las democracias latinoamericanas no es un golpe de Estado, sino su vaciamiento desde adentro”.

La ciudadanía, desilusionada por décadas de promesas incumplidas, corrupción y desigualdad persistente, parece cada vez más dispuesta a tolerar líderes fuertes, aunque ello implique ceder libertades.

La democracia no se agota en las urnas. Exige respeto a la ley, separación de poderes, garantía de derechos y una prensa libre. Cuando los órganos judiciales legislan en contra de los principios constitucionales, o cuando los ejecutivos concentran poder a costa de las libertades, el riesgo no es solo político: es civilizatorio.

El futuro de la región dependerá no solo de sus líderes, sino también de la capacidad ciudadana de exigir transparencia, justicia e institucionalidad. Y sobre todo, de no resignarse ante la erosión lenta pero constante de las libertades.

Carol Martínez: el artista chileno celebrado en el extranjero pero ignorado en casa

Mientras su obra se expone en la Biblioteca Nacional de Cuba como homenaje a Fidel Castro, en Chile el artista visual y allendista convencido sigue siendo un desconocido para muchos.

Pintor chileno Carol Martínez

Por, Rodolfo Varela

Santiago / La Habana – El 11 de agosto de 2023 se inauguró en la Galería El reino de este mundo de la Biblioteca Nacional José Martí de Cuba la exposición “Denuncia cromática desde un legado”, una propuesta visual del artista chileno Carol Martínez, dedicada al líder revolucionario Fidel Castro. La muestra no solo reflejó una dimensión artística comprometida, sino también el reconocimiento que Martínez ha cosechado fuera de Chile, especialmente en espacios donde el arte dialoga con la memoria política y social.

Firmamento, Carol Rodrigo Martinez Jimenez

Nacido en Santiago de Chile, Carol Martínez es un artista plástico, arquitecto de formación, presidente de la ONG Abya Yala Arte y Culturas, y un firme allendista. Su obra, profundamente marcada por el compromiso político y la búsqueda de justicia histórica, ha encontrado eco en países como Cuba, donde su legado es valorado no solo por su estética, sino también por su contenido ético y testimonial.

Sin embargo, en su propio país, su nombre apenas es conocido fuera de ciertos círculos culturales. A diferencia de otros artistas con mayor exposición mediática o institucional, Martínez no ha contado con el respaldo ni la visibilidad que su trayectoria merece. Su trabajo ha sido ignorado por los grandes museos chilenos, excluido de ferias oficiales de arte y raramente citado en catálogos o premios nacionales.

Desde mi ventana Carol Rodrigo Martinez Jimenez

Y eso, a pesar de una sólida carrera expositiva que abarca varios continentes. Las obras de Carol Martínez han sido presentadas en exposiciones individuales y colectivas desde la década de 1990 en Chile, así como en países como Brasil, Europa y Estados Unidos. En territorio brasileño, ha expuesto en ciudades como Río de Janeiro y São Paulo, en reconocidas galerías como Portas Vilaseca y Marilia Razuk, respectivamente. También ha formado parte de muestras internacionales tanto en Europa como en Norteamérica, llevando su arte a públicos diversos y consolidando su perfil global.

Este contraste entre el reconocimiento internacional y el olvido local pone en evidencia un fenómeno recurrente en Chile: la falta de valoración de sus propios creadores, especialmente aquellos con una visión crítica o comprometida con la historia política reciente. “Chile no reconoce a sus ídolos, artistas y pintores”, comenta uno de sus seguidores. “A veces hay que salir del país para que te escuchen”.

Casado con la profesora de arte Gabriela Paz, con quien dirige un taller para niños en Santiago, Carol Martínez sigue apostando por el arte como herramienta de transformación. Su obra ha participado en exposiciones y bienales en América Latina y Europa, pero es en espacios como el Estudio Multimedial CREAR TV del Ministerio de Cultura de Cuba donde se le ha abierto el micrófono y el lente, como ocurrió en 2023 en el programa Enlace Caribe, transmitido por #CubaEsCultura y #streamingcuba.

Carol Martínez / Gabriela Paz

En un momento en que Chile discute su identidad, su memoria y su relación con el arte, el caso de Carol Martínez es una llamada de atención: no basta con proclamar diversidad y democracia cultural si seguimos marginando a quienes han hecho del arte un acto de conciencia.

La prensa libre bajo asedio "Por qué el periodismo independiente necesita apoyo urgente"

Durante más de dos siglos, la libertad de prensa ha sido uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas. Desde los panfletos revolucionarios del siglo XVIII hasta las investigaciones periodísticas que han derribado gobiernos corruptos, el periodismo ha jugado un papel esencial en la defensa de los derechos ciudadanos y el acceso a la verdad. 

Serias amenazas contra la libertad de prensa en la región

Sin embargo, hoy enfrentamos una amenaza global sin precedentes: la concentración del poder informativo en manos de grandes tecnológicas, multimillonarios con agendas propias y regímenes autoritarios.

En este nuevo ecosistema mediático, los hechos están siendo desplazados por algoritmos, intereses comerciales y propaganda. Plataformas como Facebook, X (antes Twitter) y YouTube han asumido el rol de mediadores de la información, priorizando contenidos virales, polarizantes o sensacionalistas por sobre reportajes rigurosos o análisis críticos. A la vez, gobiernos con vocación autoritaria utilizan estas mismas herramientas para controlar narrativas, intimidar periodistas y desinformar a la ciudadanía.

Paralelamente, algunos de los medios más influyentes del mundo han sido adquiridos por millonarios que, aunque en algunos casos han declarado su apoyo al periodismo de calidad, también han mostrado una peligrosa propensión a intervenir en la línea editorial cuando sus intereses se ven amenazados. Lo que está en juego no es sólo el futuro de algunos medios: es el derecho mismo de las personas a estar informadas con base en hechos verificables, no en manipulaciones o silencios impuestos.

En contextos de crisis —sean sanitarias, climáticas, políticas o bélicas— el acceso a información confiable puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la democracia y la tiranía. Pero producir periodismo de investigación cuesta tiempo, dinero y, en muchos casos, exige valentía frente a amenazas físicas, judiciales y digitales. No puede competir en igualdad de condiciones con las noticias falsas que circulan gratuitamente y sin responsabilidad alguna.

Por eso, el periodismo independiente necesita más que nunca del apoyo activo de la sociedad. Esto significa suscribirse a medios comprometidos con la verdad, compartir contenidos bien investigados, defender a periodistas perseguidos y exigir leyes que protejan la libertad de prensa en todos los rincones del planeta.

"Cuando la prensa se rinde al poder, la democracia se muere"

Durante generaciones, crecimos creyendo que el periodismo era el último bastión contra los abusos del poder. Hoy, sin embargo, esa esperanza se debilita. En muchos países, y especialmente en América Latina, la prensa libre está siendo desplazada por una maquinaria de propaganda donde algunos periodistas ya no sirven a la verdad, sino al régimen que los financia.

No hablo sólo de dictaduras declaradas. En democracias frágiles, medios y comunicadores se alinean con gobiernos corruptos, repitiendo discursos oficiales, ocultando escándalos y atacando a quienes denuncian. Todo esto a cambio de contratos, favores o cuotas de poder. En esos casos, el periodismo deja de ser un servicio público y se convierte en un arma para desinformar a la población.

A esto se suma el dominio de las grandes tecnológicas, que priorizan la viralidad sobre la verdad, y la concentración de medios en manos de multimillonarios con intereses políticos. Lo que se configura es un ecosistema donde los hechos ya no importan. Importa el clic, el ruido, la fidelidad al patrón de turno.

Frente a esta realidad, quienes aún creemos en el periodismo independiente tenemos una obligación moral: defenderlo. Porque sin prensa libre no hay ciudadanía informada. Y sin ciudadanos informados, no hay democracia que resista.

"La prensa libre está en peligro: y con ella, nuestra democracia"

La libertad de prensa atraviesa uno de sus momentos más oscuros en América Latina. Mientras algunos periodistas y medios luchan por mantener su independencia en contextos de extrema precariedad y violencia, otros han optado por el camino más rentable: servir al poder.

Gobiernos corruptos compran lealtades con contratos de publicidad, cargos públicos o acceso privilegiado a información. Lo que debería ser un contrapeso del Estado, se transforma así en un brazo de propaganda. La ciudadanía, engañada por medios que simulan informar, termina siendo víctima de una narrativa manipulada.

La libertad de prensa bajo asedio

Este fenómeno, lejos de ser aislado, se combina con el avance global de plataformas digitales que priorizan el contenido sensacionalista y la desinformación viral. Al mismo tiempo, magnates y fondos de inversión compran medios para utilizarlos como instrumentos de influencia.

Frente a estas amenazas, urge apoyar al periodismo independiente: el que investiga sin miedo, el que incomoda, el que no se vende. Porque proteger la prensa libre es proteger el derecho a saber y el futuro de nuestras democracias.

Si estás leyendo esto y crees que los hechos son sagrados, que el periodismo no debe ser rehén del poder económico ni del político, entonces la causa también es tuya. Defender la prensa libre no es un acto pasivo: es un compromiso con la verdad, la justicia y la democracia.

OTI uno de cada cuatro trabajos está en riesgo de transformación IA-G

Un nuevo estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en colaboración con el Instituto Nacional de Investigación de Polonia (NASK) revela que la inteligencia artificial generativa (IA-G) está transformando el panorama laboral global de manera profunda pero matizada. El 25% de los empleos en el mundo pertenecen a categorías profesionales altamente expuestas a los cambios que impone esta tecnología.

La inteligencia artificial redefine el futuro laboral?

Transformación más que reemplazo

Contrario al temor generalizado sobre la desaparición masiva de puestos de trabajo, el informe subraya que la IA-G tenderá más a modificar tareas que a eliminar empleos completos. Se trata de una transición que redefine el "qué" y el "cómo" del trabajo, no necesariamente el "quién".

El informe, titulado “Inteligencia artificial generativa y empleos: un índice global refinado de exposición ocupacional”, se apoya en el análisis de 30.000 tareas laborales reales, combinando inteligencia artificial, microdatos armonizados y validación experta. Este enfoque ofrece a los gobiernos una herramienta concreta para anticipar impactos y diseñar respuestas adaptadas a sus realidades.

Mayor exposición entre las mujeres y en países desarrollados

Uno de los hallazgos más llamativos es el mayor grado de exposición entre las mujeres, especialmente en países de altos ingresos. Allí, casi el 10% del empleo femenino se encuentra en ocupaciones altamente susceptibles a la automatización, frente al 3,5% del empleo masculino. Esta diferencia refleja no solo la segregación laboral por género, sino también una vulnerabilidad estructural en sectores donde predominan tareas administrativas y repetitivas.

En términos geográficos, la exposición más alta se registra en países desarrollados, donde el 34% del empleo puede verse afectado. Esto se explica en parte por una infraestructura digital más robusta y una mayor concentración de empleos en sectores cognitivos y digitalizados.

Los sectores más impactados: medios, finanzas y desarrollo de software

Las tareas administrativas encabezan la lista de funciones susceptibles de transformación. Sin embargo, también se encuentran bajo presión sectores como el desarrollo de software, las finanzas y los medios de comunicación, donde las capacidades de la IA-G —desde la redacción automatizada hasta el análisis de datos complejos— prometen cambiar las reglas del juego.

La OIT advierte que uno de cada cuatro empleos está potencialmente expuesto a la inteligencia artificial generativa

A pesar de la sofisticación de estas herramientas, la automatización total sigue siendo limitada. Muchas tareas aún requieren juicio humano, creatividad, toma de decisiones éticas y adaptabilidad a contextos sociales, competencias difíciles de replicar en máquinas.

Un llamado a políticas inclusivas

Lejos de sembrar alarmismo, el informe plantea un desafío y una oportunidad: cómo gestionar esta transformación de forma justa y equitativa. Para ello, propone el Índice Global OIT-NASK como instrumento orientador para la formulación de políticas públicas.

La transición hacia un trabajo mediado por IA debe ser inclusiva, dialogada y guiada por principios de equidad y protección laboral. Es imperativo que los gobiernos, las organizaciones de empleadores y los sindicatos se sienten a la misma mesa para anticipar escenarios y construir estrategias que promuevan tanto la productividad como la dignidad del trabajo.

No es el fin del empleo, es el inicio de una nueva era.

En tiempos de disrupción tecnológica acelerada, este estudio aporta una mirada equilibrada. 

La inteligencia artificial generativa no será necesariamente el verdugo del empleo, sino su catalizador. Pero para que ese futuro sea sostenible, será necesario que las políticas públicas vayan a la par de la innovación tecnológica, y que ningún trabajador quede atrás en esta nueva era del trabajo.

Hijos del Silencio: los bebés chilenos adoptados ilegalmente en el extranjero y el rol de la Iglesia

Durante tres décadas, miles de niños chilenos fueron separados de sus familias y dados en adopción a países como Suecia, Estados Unidos, Alemania, Francia y los Países Bajos. Detrás de este fenómeno, que comenzó durante la nefasta dictadura de Pinochet y continuó en democracia, se esconde una compleja red de adopciones marcadas por la irregularidad, el abuso de poder y el silencio. 

Adopciones irregulares de niños chilenos: se abren en Países Bajos los registros de 155 casos

En el centro de esa red, además de agentes del Estado y jueces de menores, figuran hospitales, asistentes sociales, agencias internacionales y también instituciones religiosas.

Un patrón encubierto

A partir de la segunda mitad de los años 70, Chile se transformó en uno de los principales países exportadores de niños hacia el extranjero. Las cifras no oficiales hablan de más de 20.000 adopciones internacionales durante ese período. Muchas de ellas fueron legales, pero una proporción considerable se realizó mediante engaños, falsificación de documentos, presiones indebidas o directamente sin el consentimiento de las madres biológicas.

En los hospitales, especialmente públicos, muchas mujeres dieron a luz sin recibir información clara. Algunas fueron informadas de que su hijo había nacido muerto; otras fueron presionadas, sin recursos ni acompañamiento legal, a firmar papeles de entrega. En muchos casos, no sabían que estaban autorizando una adopción internacional.

El rol de la Iglesia

Diversas instituciones ligadas a la Iglesia Católica jugaron un papel importante en estas adopciones. Hogares de menores administrados por congregaciones religiosas servían como lugares de acogida temporal de bebés, y muchas veces como puntos de contacto con las agencias extranjeras.

La trama de adopciones forzadas de la dictadura chilena –

Religiosas y sacerdotes actuaron como intermediarios en procesos que hoy están bajo investigación. Algunos testimonios señalan que religiosas convencían a madres en situación de pobreza extrema para que entregaran a sus hijos, bajo la idea de que “tendrían una vida mejor en Europa o Estados Unidos”. También hubo casos donde se les ocultó que sus hijos serían adoptados fuera del país.

Aunque no se ha probado que estas prácticas fueran ordenadas directamente por la jerarquía eclesiástica, la participación de miembros individuales y la falta de supervisión institucional es un tema pendiente para la Iglesia en Chile. Hasta la fecha, no ha existido un reconocimiento oficial ni un proceso interno de verdad y reparación por su papel en estos hechos.

Jueces, asistentes sociales y agencias extranjeras

El sistema funcionaba con la colaboración de jueces de menores que autorizaban las adopciones, muchas veces sin investigar el origen real del niño ni verificar el consentimiento de la madre. También hubo asistentes sociales que elaboraban informes falsos y agencias internacionales de adopción que no cuestionaban el proceso, mientras recibían decenas de niños chilenos cada año.

En algunos países, como Suecia y Estados Unidos, los padres adoptivos han descubierto años después que los documentos de adopción contenían información falsa o incompleta. Esto ha motivado movimientos de adopta(dos) que hoy luchan por conocer sus raíces.

La búsqueda de la verdad

Organizaciones como "Nos Buscamos", "Hijos y Madres del Silencio" y la plataforma internacional "Connecting Roots" han permitido a decenas de personas reencontrarse con sus familias biológicas. Muchos de estos reencuentros han sido posibles gracias a pruebas de ADN y a redes sociales, en ausencia de apoyo estatal.

La justicia chilena ha avanzado lentamente. Investigaciones impulsadas por los jueces Mario Carroza y Jorge Zepeda han acumulado miles de casos, pero las condenas son escasas y las responsabilidades institucionales aún no han sido plenamente esclarecidas.

Un trauma intergeneracional

Hoy, muchas madres siguen buscando a sus hijos. Muchas familias han vivido décadas con la ausencia y la culpa. Y muchos de los adoptados —hoy adultos— viven con el dolor de haber crecido en un país extranjero sin conocer su identidad real.

Este es un capítulo oculto de la historia reciente de Chile. Un capítulo donde se cruzan la dictadura, el abandono del Estado, el poder de la Iglesia y una industria global de adopciones que no puso en el centro el interés superior del niño, sino las oportunidades de un mercado internacional sin regulación.

Fuentes consultadas:

Programa Nos Buscamos (www.nosbuscamos.org)

Reportajes de CIPER Chile, BBC Mundo, DW y El País


Documental “Niños del Silencio”


Testimonios recogidos por Connecting Roots y Hijos y Madres del Silencio


Fallos judiciales del ministro Jorge Zepeda (Corte de Apelaciones de Santiago)

Hijos del Silencio

Una identidad quebrada por la nefasta dictadura: la historia de Alicia Ibáñez Franco y su viaje de vuelta a Chile.

Con apenas cuatro meses de vida, Alicia fue llevada fuera de Chile en medio del caos del sangriento golpe militar de 1973. Pasaron décadas antes de que pudiera comenzar a reconstruir la verdad de su origen. Esta es la historia de una niña exiliada sin saberlo, y de su lucha por recuperar su identidad.

Un vuelo en la oscuridad

El 29 de septiembre de 1973, un avión despegó desde Santiago rumbo a Nueva York. A bordo, una bebé de solo cuatro meses y tres semanas era llevada a un destino que no conocía, en un idioma que no entendía, con una familia que no era la suya. Su nombre era Alicia Ibáñez Franco, y como tantas otras niñas y niños chilenos, se convirtió en una víctima silenciosa del nefasto golpe de Estado que apenas 18 días antes había derribado el gobierno legitimo de Salvador Allende.

                                          


Chile se sumía en la dictadura militar. El miedo, la persecución y el desarraigo se apoderaron del país. En medio del caos, miles de niños fueron sacados al extranjero —muchos con fines supuestamente humanitarios, otros bajo redes de adopción irregulares o presiones institucionales que invisibilizaron a las familias biológicas. La historia de Alicia, marcada por la separación forzada y el exilio involuntario, se convirtió en una de tantas que apenas comienzan a salir a la luz.

Una infancia entre sombras

Alicia creció en Nueva York, criada por la familia Sandor, en un entorno que nunca le ofreció respuestas claras sobre su pasado. “Chile era una palabra lejana, casi exótica, pero siempre presente como un eco”, recuerda. Durante años, la ausencia de certezas la llevó a imaginar lo peor: “Temí que mis padres biológicos hubieran sido asesinados. Vivía con esa pesadilla constante.”

No fue sino hasta 2012 que recuperó su ciudadanía chilena. Ese gesto, aparentemente burocrático, marcó un hito personal: el primer paso para volver a ser quien había sido antes del exilio forzado. Tres años después, en 2015, la organización Nos Buscamos localizó a parte de su familia materna en La Serena, al norte de Chile. Alicia descubrió entonces que su madre, también llamada Alicia, vivía en Buenos Aires junto a otra hija, Pamela, su media hermana.

La conexión fue frágil pero poderosa. “Solo hablamos una vez, con ayuda de un traductor, pero fue suficiente para saber que había amor, aunque no tuviéramos historia compartida.” Poco después, en 2018, su madre biológica falleció. Alicia nunca pudo conocerla en persona. “Con su muerte se fueron muchas respuestas que jamás llegarán.”

La otra mitad

Durante años, Alicia pensó que su búsqueda había terminado. Había encontrado un fragmento esencial de su historia. Sin embargo, algo volvió a activarse en su interior cuando conoció los casos de otros adoptados chilenos que, con la ayuda de organizaciones como Connecting Roots, estaban reconstruyendo sus historias mediante pruebas de ADN y redes de apoyo internacional.

Así, comenzó una nueva etapa: la búsqueda de su padre biológico, a quien sospecha originario de Mendoza, Argentina. “Esa otra mitad de mi identidad sigue siendo un misterio”, dice, con una mezcla de esperanza y resignación. “Pero esta vez estoy lista para descubrir la verdad, sea cual sea.”

Una herida colectiva

Alicia no está sola. Se estima que entre 10.000 y 20.000 niños chilenos fueron adoptados internacionalmente entre 1973 y 1990, muchos en circunstancias poco claras. Investigaciones judiciales recientes han revelado tramas que involucran a hospitales, jueces, servicios sociales y ONGs religiosas, que facilitaron —a veces sin consentimiento real de las madres— la salida de menores hacia países como Suecia, EE.UU., Italia y Francia.

“Estamos ante una forma de violencia estructural que fue sistemática, aunque silenciosa”, señala la historiadora chilena Karen Alfaro, experta en infancia y dictadura. “Estas adopciones fueron presentadas como actos de caridad, pero muchas ocultaban la ruptura forzada de lazos familiares.”

Hoy, organizaciones como Nos Buscamos, Hijos y Madres del Silencio y Connecting Roots colaboran para identificar a personas adoptadas, reconstituir árboles genealógicos y facilitar reencuentros. También exigen al Estado chileno políticas de reparación, acceso a archivos y reconocimiento del daño causado.

Memoria, identidad, justicia

Para Alicia, el 11 de septiembre de 1973 no es solo una fecha histórica. Es una fractura vital. Aunque era apenas una bebé, la dictadura modeló su destino: la alejó de su madre, de su país, de su idioma y de su verdad. Hoy, esa historia personal se entrelaza con la de miles de otros que buscan respuestas a las heridas invisibles de un país que aún debe asumir su deuda con la infancia robada.

“No sé qué encontraré al final de este camino”, dice. “Pero incluso en la incertidumbre, la historia tiene una forma de llamarnos de vuelta a donde pertenecemos.”

Alicia sigue buscando. Sigue reconstruyendo. Su historia, única y compartida, nos recuerda que el pasado no está cerrado y que la identidad no se hereda: se recupera.

Violência sexual infantojuvenil: o crime silencioso que exige vigilância e ação coletiva

 

Em um país onde os direitos da infância estão garantidos pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é alarmante constatar que milhares de meninas e meninos continuam sendo vítimas de uma das formas mais cruéis de violação: o abuso e a exploração sexual. O inimigo, muitas vezes, não está nas ruas — mas entre quatro paredes, dentro do ambiente doméstico, onde o silêncio se impõe e a dor se esconde.

Violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil

De acordo com dados do Disque 100, canal de denúncias do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Brasil registrou mais de 82 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes em 2024. A maioria envolve meninas entre 10 e 14 anos, e o principal agressor é alguém conhecido da vítima — geralmente um parente, padrasto, tio, irmão ou vizinho.

A psicóloga clínica Ana Paula Mendes, especialista em traumas infantis, explica que “o abuso sexual infantil não é apenas um ato isolado, é uma violação contínua que destrói a autoestima, afeta o desenvolvimento emocional e muitas vezes silencia a vítima por toda a vida”. Ela afirma que o medo, a vergonha e a dependência emocional ou econômica da criança em relação ao agressor são os principais fatores que impedem a denúncia.

A casa como cenário de crime

Ao contrário do que muitos imaginam, os abusos raramente ocorrem em ambientes públicos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em mais de 70% dos casos, o abuso ocorre dentro de casa, e em cerca de 80% dos registros, o agressor é alguém próximo da vítima. Esse dado revela um padrão recorrente e assustador: o abuso sexual infantil é, muitas vezes, cometido por quem deveria proteger.

A violência contra crianças é generalizada e afeta milhões de crianças.

“Recebemos casos em que o abusador é o pai biológico, o padrasto, ou mesmo irmãos mais velhos. Isso gera uma confusão profunda na cabeça da criança, que muitas vezes não entende que está sendo violentada”, diz Juliana Tavares, conselheira tutelar em São Paulo. Ela ressalta que o acolhimento inicial deve ser feito com extrema sensibilidade: “Uma palavra errada pode retraumatizar a vítima ou fazer com que ela recue.”

Subnotificação: o silêncio que encobre a violência

A cada denúncia registrada, estima-se que ao menos nove casos não são comunicados às autoridades. A subnotificação é um dos maiores desafios no combate à violência sexual infantojuvenil. Por trás dos números oficiais, há uma realidade ainda mais cruel e invisível.

“O abuso sexual infantil é um crime silencioso. E esse silêncio é sustentado por uma cultura que, muitas vezes, desacredita a vítima, culpa a mãe, ou relativiza o comportamento do agressor”, afirma Carla Ferreira, promotora da Infância e Juventude no estado da Bahia. Segundo ela, o rompimento do silêncio depende de uma rede de proteção eficiente e de uma sociedade disposta a olhar para o problema com coragem.

As marcas do trauma

Os efeitos da violência sexual na infância são profundos e duradouros. Além das consequências físicas, a criança abusada pode desenvolver transtornos de ansiedade, depressão, dificuldades escolares, automutilação e até tendências suicidas. Muitas vítimas só conseguem relatar o que viveram anos depois, já na vida adulta, quando buscam atendimento psicológico.

Letícia (nome fictício), hoje com 27 anos, sofreu abusos do padrasto dos 9 aos 14 anos. Só conseguiu falar sobre o que viveu após os 20, durante uma crise de pânico. “Durante anos achei que a culpa era minha. Que ninguém iria acreditar. Hoje sei que eu era só uma criança”, conta.

A história de Letícia é semelhante à de milhares de outras vítimas. O silêncio, imposto pelo medo ou pela manipulação do agressor, retarda a responsabilização criminal e compromete o acesso à reparação.

Como identificar e agir

Sinais como mudanças bruscas de comportamento, isolamento, regressão (como voltar a urinar na cama), queda no desempenho escolar, agressividade ou medo de determinadas pessoas devem ser observados com atenção. Esses podem ser indicativos de abuso, e não devem ser ignorados.

Ao suspeitar de um caso de violência sexual contra criança ou adolescente, a denúncia é obrigatória — mesmo que não haja certeza absoluta. Pode ser feita de forma anônima por meio do Disque 100, pelo Conselho Tutelar local, ou em delegacias especializadas. Também é possível acionar o Ministério Público e os serviços de saúde e educação, que são obrigados por lei a notificar suspeitas.

A responsabilidade é de todos

A luta contra a violência sexual infantojuvenil não é tarefa exclusiva das autoridades. É uma responsabilidade coletiva que envolve famílias, escolas, profissionais de saúde, vizinhos e toda a sociedade. Promover o diálogo aberto com as crianças, ensinar sobre o respeito ao corpo e reforçar que elas têm o direito de dizer "não" são medidas fundamentais para a prevenção.

O 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, é um marco simbólico dessa luta. Mas a mobilização precisa ser diária, constante e articulada.

“Precisamos entender que o silêncio é cúmplice. Fingir que não vê é legitimar a violência. Denunciar é um ato de proteção, de coragem e de amor ao próximo”, conclui a psicóloga Ana Paula Mendes.

SERVIÇO – Onde denunciar:

Disque 100 – Central de Direitos Humanos (atendimento 24h, gratuito e anônimo)

Conselho Tutelar – em qualquer cidade do Brasil

Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente

Aplicativo Direitos Humanos Brasil (Android e iOS)