Poder, Favores y Silencio: La Crisis de la Justicia en Chile

 

Por Rodolfo Varela

No podemos olvidar que la justicia es el guardián de la Constitución y de los derechos de todos los ciudadanos. Pero en Chile, la justicia parece haberse convertido en un tablero de influencias, favores y complicidades. 

La comisión que analiza la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de 

¿Cómo pueden los ciudadanos confiar en un sistema donde los jueces hablan con abogados sobre las causas que deben resolver?

El periodista Nicolás Sepúlveda lo confirmó ante la comisión que investiga al ministro Antonio Ulloa Márquez, revelando redes de poder que operan al margen de la ética y de la ley, y que ponen en jaque la confianza ciudadana en jueces y políticos.

Su testimonio deja claro lo que muchos ciudadanos ya sospechaban: las conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y Ulloa no son meras charlas “entre amigos”, sino indicios de una estructura de protección mutua que asegura favores, nombramientos y decisiones judiciales favorables a intereses privados.

Resulta indignante escuchar a diputados relativizar estos hechos, intentando suavizar lo que es, en el fondo, una trama de corrupción institucional. Mientras los políticos discuten sobre “sesgos” y “prudencia”, el país asiste a una degradación moral profunda.

El ministro del tribunal de alzada capitalino, Antonio Ulloa Márquez

Aún más grave: los grandes medios de comunicación, en lugar de cumplir su deber de informar al pueblo con verdad y rigor, eligen el silencio o distraen a la ciudadanía con programas basura que degradan la cultura y el respeto. Prefieren callar frente a la corrupción antes que incomodar al poder. En este escenario, periodistas como Nicolás Sepúlveda merecen reconocimiento por su valentía y profesionalismo al denunciar los hechos tal como son, sin temor y con compromiso ético.

Diputada Alejandra Placencia, Partido Comunista

Chile necesita limpiar su justicia, su política y también sus medios de comunicación. 

La corrupción judicial es el cáncer más peligroso para una democracia, porque destruye la confianza en el Estado. Sin jueces íntegros, sin políticos honestos y sin prensa libre, no hay justicia, no hay democracia, no hay futuro.

Y cabe preguntarse: ¿cómo pueden los chilenos esperar que algún día se pague la deuda histórica con las víctimas de la dictadura, si la justicia sigue siendo corrupta? 

La impunidad del pasado se prolonga en la impunidad del presente. Y mientras eso no cambie, Chile seguirá siendo un país herido, sin justicia y sin memoria.

Chile: la reparación gota a gota

Por Rodolfo Varela

El Gobierno de Chile acaba de promulgar la ley que crea el Registro de Ausentes por Desaparición Forzada, una medida que, según el propio Ejecutivo, constituye un “acto de reparación histórica”.

Este 15/10/2025 el Gobierno promulgó la ley que introduce por primera vez en la legislación chilena la calificación jurídica de "ausente por desaparición forzada" y crea un registro especial para las víctimas de la dictadura.

Sin embargo, la pregunta que muchos nos hacemos es inevitable: ¿por qué recién ahora?
Han pasado más de cinco décadas desde el golpe militar de 1973 y todavía seguimos viendo cómo la reparación se entrega a cuentagotas, como si el dolor pudiera administrarse por calendario político.

La memoria usada como vitrina electoral

Llama la atención que esta ley —por importante que sea— aparezca en plena época electoral. No es casualidad. En Chile, los gobiernos han aprendido a dosificar el dolor de las víctimas para convertirlo en titulares convenientes.
¿Acaso creen que los familiares de los detenidos desaparecidos son ingenuos?
Durante años el Servicio Médico Legal ha tenido cientos de restos humanos sin identificar, esperando una orden que nunca llega. ¿Por qué el gobierno no ordena esas pericias con urgencia?
La respuesta es tan simple como cruel: porque es más visible hacerlo cuando hay elecciones.
Entonces, lo que se presenta como “acto de justicia”, termina siendo una puesta en escena, una promesa tardía frente a una deuda que sigue creciendo.

Un paso necesario, pero insuficiente

Reconozco que este Registro de Ausentes por Desaparición Forzada es un paso necesario. Pero no podemos permitir que se use como cortina de humo.
El vicepresidente Álvaro Elizalde declaró:

“Sabemos que este acto no repara el dolor ni reemplaza la ausencia, pero sí reafirma que el Estado asume su responsabilidad histórica”.

Le pregunto al señor Elizalde: ¿de qué responsabilidad histórica hablamos si las víctimas siguen viviendo en la miseria?
Muchos ex presos políticos, exonerados, familiares y sobrevivientes viven hoy en condiciones indignas, en viviendas precarias, con pensiones miserables, sin atención médica y con humillaciones diarias.

Los verdaderos responsables del horror murieron impunes o viven con jubilaciones de lujo, mientras las víctimas envejecen olvidadas y sin justicia.
¿Qué dignidad hay en un país donde los sobrevivientes de la dictadura no tienen para comer?

Las heridas abiertas del Chile profundo

Esta nueva ley —al igual que el llamado Plan Nacional de Búsqueda— llega tarde.
Muy tarde.
Mientras los discursos oficiales hablan de “verdad, justicia y garantías de no repetición”, la realidad sigue marcada por la indiferencia.
Aún no hay justicia plena para los torturados.
Aún no hay reparación integral para los exonerados.
Aún no hay verdad para los hijos e hijas robadas y vendidas como mercancía por el Estado.

No es posible seguir fingiendo que con una ley simbólica se salda medio siglo de dolor.
Chile fue azotado por una dictadura sangrienta impuesta con el apoyo de Estados Unidos, y todavía hoy las estructuras de impunidad siguen intactas.

El deber del Parlamento: crear una Comisión Nacional de Reparación Integral

Si el Gobierno se demora, es hora de que el Parlamento de Chile —la casa del pueblo— asuma su responsabilidad.
Los diputados y senadores fueron elegidos por el pueblo y reciben millonarios salarios pagados con los impuestos de ese mismo pueblo.
Ha llegado el momento de que justifiquen ese privilegio creando una Comisión Especial Permanente para resolver la deuda histórica con las víctimas de la dictadura.

Una comisión con poder real, que escuche a los sobrevivientes, revise los casos pendientes, fiscalice al Estado y proponga medidas urgentes de reparación material y moral.
Chile no puede seguir viviendo del discurso de la memoria: necesita acciones concretas, ahora.

Ni perdón ni olvido

Los gobiernos de derecha nunca tuvieron interés en reparar a las víctimas, pero lo más doloroso es ver cómo también los gobiernos de izquierda han abandonado esa causa.
Se llenan la boca con la palabra “memoria”, pero la memoria sin acción es una mentira.
Los viejos luchadores que sobrevivieron a la tortura y al exilio están muriendo en silencio.
A ellos no les sirven los homenajes, sino la dignidad ahora, en vida, no cuando estén muertos.

La historia no se repara con discursos.
Se repara con justicia, con verdad, y con la voluntad política de un país que deje de usar la memoria como instrumento de campaña.

Un paso clave para la memoria

Porque la reparación no puede seguir siendo gota a gota.
Porque el dolor no se mide por decreto.
Y porque las víctimas de la dictadura —todas— merecen vivir con la dignidad que Chile les negó durante más de cincuenta años.

La falsa izquierda que traicionó a los pueblos de América Latina

Por Rodolfo Varela

Durante décadas, la palabra izquierda evocó esperanza. Fue sinónimo de justicia social, igualdad, educación pública y derechos para todos. Representaba la lucha de los pueblos humildes contra la opresión, la concentración de la riqueza y las dictaduras militares. 

Pero hoy, gran parte de esa izquierda se ha convertido en una facción de poder, que ha traicionado los ideales de libertad y justicia que alguna vez la inspiraron.

La izquierda que olvidó al pueblo

En toda América Latina, los partidos que se autoproclaman progresistas prometen redistribuir la riqueza, fortalecer la educación, la salud y la democracia. Sin embargo, una vez en el poder, muchos de sus dirigentes reproducen los mismos vicios de la derecha: corrupción, clientelismo, privilegios y enriquecimiento personal.
Mientras los pueblos continúan sumidos en la pobreza, los nuevos “revolucionarios” viajan en autos de lujo, gastan dinero público en viajes innecesarios y se aferran a cargos creados solo para mantener su estructura de poder.

Promesas rotas y desigualdad

América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. La brecha entre ricos y pobres no se ha reducido: por el contrario, crece a medida que los gobiernos se vuelven más corruptos e ineficientes. La delincuencia, el narcotráfico y el desempleo aumentan, mientras los servicios públicos colapsan.
Las promesas de bienestar social quedaron reducidas a discursos vacíos. Los verdaderos beneficiarios de estas políticas no son los trabajadores ni las familias humildes, sino las élites políticas que viven del Estado.

La manipulación del pueblo

Esta falsa izquierda se mantiene en el poder fomentando la dependencia económica y la ignorancia. Promueve subsidios temporales en lugar de empleos dignos, impone impuestos que ahogan a los emprendedores y utiliza los medios públicos como herramientas de propaganda.
Así, millones de latinoamericanos permanecen sometidos a un sistema que dice protegerlos, pero en realidad los utiliza como base electoral para perpetuarse.

El secuestro de la cultura

Hasta el mundo cultural ha sido cooptado. Con dinero público se financian artistas y colectivos que funcionan como instrumentos de propaganda de los gobiernos. Muchos de ellos realizan largas giras de tres o cuatro meses pagadas con fondos del Estado y, aun así, cobran entrada al público, cuando esos espectáculos deberían ser gratuitos.

El pueblo paga dos veces: con sus impuestos y con el precio de la entrada. Esta es otra muestra de que la izquierda actual no da nada gratis, ni siquiera la cultura, porque la ha transformado en un negocio político disfrazado de arte.

La deuda con las víctimas de las dictaduras

No podemos olvidar la deuda histórica que varios países latinoamericanos tienen con las víctimas de las dictaduras militares. En Chile, los gobiernos de izquierda no han hecho justicia: las pensiones de los exonerados políticos y de las víctimas siguen siendo miserables; los desaparecidos continúan en el olvido; y las madres que perdieron a sus hijos no encuentran sensibilidad ni respuestas del Estado.

Mientras tanto, cientos de cajas con restos humanos permanecen sin identificar en el Servicio Médico Legal, acumulando décadas de indiferencia. Cada cierto tiempo, los gobiernos prometen soluciones, usan el dolor de las familias como recurso electoral y luego vuelven al silencio.
Es el engaño más cruel: convertir la memoria en propaganda y la justicia en promesa vacía.

¿Dónde quedó la verdadera izquierda?

La auténtica izquierda latinoamericana —la que defendía la educación, la cultura, la libertad y la fraternidad— fue desplazada por una burocracia ciega y oportunista.
La verdadera izquierda no busca privilegios: busca justicia. No impone silencio: promueve pensamiento crítico. No manipula al pueblo: lo educa, lo libera y lo dignifica.

Salvador Allende,ex-Presidente de Chile

Estas facciones políticas que hoy se autoproclaman de izquierda viven mencionando a Salvador Allende o a José “Pepe” Mujica, verdaderos representantes del ideal humanista y popular de la izquierda latinoamericana.
Pero no se pueden comparar: Allende y Mujica fueron líderes honestos, coherentes, que sirvieron a su pueblo con humildad y sacrificio.

José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai

Los actuales usurpadores de la izquierda solo usan sus nombres para justificarse, mientras se alejan cada día más de esos valores.

Porque la verdadera izquierda no traiciona al pueblo: vive y lucha por él.

Justicia electoral o reparación real: la deuda histórica de Chile

Por Rodolfo Varela

No estoy en contra de las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado: merecen justicia y reparación. Pero es éticamente reprochable que, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales, aparezcan fallos que durante décadas no se dictaron. La rapidez judicial en esta coyuntura suena más a calendario político que a justicia responsable.

¿Reparación de la Deuda Histórica de la Dictadura?

Si hablamos de deuda histórica, no bastan pagos aislados y oportunistas: hace falta un plan integral que incluya medidas estructurales y urgentes. Propongo lo siguiente, sin maquillar la urgencia ni el fondo del reclamo:

1. Eliminar las AFP. El sistema de AFP que por décadas ha saqueado los salarios y entregado pensiones miserables debe terminar. La reforma de pensiones aprobada en 2025 fue un avance —pero NO cumplió plenamente el objetivo histórico de erradicar el poder de las AFP—; hoy se necesita ir más lejos y garantizar pensiones dignas para todas y todos. El País

2. Aumentar sustancialmente las pensiones. No más migajas electorales: un verdadero reajuste que acabe con la pobreza de las personas mayores y asegure una vejez con dignidad.

3. Orden inmediata al Servicio Médico Legal (SML) para periciar y dar nombre y apellidos a los restos humanos que permanecen en custodia sin identificar. Es intolerable que cajas y osamentas sigan sin ser identificadas: el Estado tiene la obligación moral y legal de devolver la verdad a las familias. Investigaciones periodísticas y los propios informes del SML han mostrado que existen restos sin periciar que llevan décadas bajo custodia. CIPER Chile+1

4. Agilizar los exámenes de ADN y crear —de una vez por todas— un banco público de ADN que facilite el reencuentro y la identificación de niños y niñas que fueron secuestrados, robados o dados en adopciones irregulares durante la dictadura. Hay demandas históricas y versiones oficiales que demandan celeridad en este punto; además, existen casos internacionales y nacionales que prueban la urgencia de esta medida. SWI swissinfo.ch+1

5. Priorizar y acelerar causas sobre adopciones irregulares y secuestros de menores, con recursos, equipos forenses y coordinación internacional para localizar a quienes fueron enviados al extranjero.

6. Transparencia total: que el Poder Judicial y las instituciones responsables publiquen cronogramas, razones técnicas y recursos asignados para estas pericias y reparaciones. La justicia no puede operar en la oscuridad ni a golpe de agenda política.

Está surgiendo en Chile un modelo virtuoso de reparación de violaciones de derechos humanos?

Recordemos un dato que duele: muchas administraciones posdictadura, incluyendo gobiernos de corte progresista, hicieron promesas y dejaron deudas. No sirven las excusas: las víctimas merecen verdad, justicia y medidas estructurales que transformen la vida de los afectados. No acepto que la reparación se convierta en un instrumento electoral: lo que pido es reparación de verdad, integral y con medidas concretas —no titulares de temporada.

Poca justicia y reparación denuncia informe de DDHH en Chile

Chile debe pagar su deuda histórica con coraje y con políticas públicas que vayan más allá de la retórica. Eso implica cambios estructurales (pensiones dignas, identificación y entrega de restos, ADN y justicia para los niños robados) y un compromiso real para que estas medidas no se queden en promesas de campaña.

América Latina y la farsa progresista: gobiernos de izquierda al servicio del poder

^{[ que} Por Rodolfo Varela   

América Latina parece girar nuevamente hacia una corriente política que se autodenomina “progresista”, pero que en la práctica ha demostrado ser una maquinaria desgastada, contradictoria y profundamente alejada de los pueblos que dice representar.

América Latina más allá del progresismo Socialista

México, Brasil, Chile, Perú y Colombia —cinco de las economías más importantes del continente— están hoy bajo el control de gobiernos de izquierda que, tras prometer igualdad, justicia y democracia, terminan perpetuando la pobreza, la ignorancia y la frustración de millones personas.

El discurso y la realidad

Se llenan la boca con palabras como “feminismo”, “ecologismo”, “igualdad de género” y “solidaridad”, mientras disfrutan de privilegios reservados a una élite política que vive a costa del contribuyente. Hablan de pobreza, pero viajan en primera clase, se hospedan en hoteles de lujo y se rodean de asesores y familiares que engrosan la nómina del Estado. La izquierda latinoamericana ha convertido la causa popular en un negocio de poder, sostenido por medios de comunicación complacientes o comprados que, por conveniencia, desinforman y manipulan.

Dos grandes ondas de ascenso y los nuevos gobiernos del progresismo

Del discurso al saqueo: las fortunas del poder

El fenómeno no es solo contemporáneo: tiene raíces profundas en décadas de impunidad. En Chile, la inmensa fortuna acumulada por la cúpula militar durante y después de la dictadura es una herida abierta. Investigaciones internacionales y procesos judiciales han documentado cuentas bancarias secretas y transferencias que apuntan a orígenes ilícitos en fondos que debieron ser públicos. La magnitud del caso Riggs —con cuentas y movimientos detectados en bancos extranjeros— mostró cómo actitudes de impunidad permitieron la apropiación de recursos que pertenecían al Estado. Human Rights Watch+1

En los últimos meses, la justicia chilena ha dado pasos relevantes: fallos civiles y medidas judiciales han ordenado la restitución y la devolución de sumas millonarias a favor del Estado, al estimarse el origen ilícito de parte de esos bienes. Estas resoluciones confirman lo que muchos denunciaron durante años: una parte importante de la riqueza de la familia del dictador provino de la sustracción de recursos públicos y de prácticas opacas. El País+1

Confiscación y restitución: una deuda con el pueblo

No basta con señalar o juzgar a individuos: hace falta recuperar los bienes y devolverlos a quienes fueron empobrecidos por el modelo. Las fortunas acumuladas por militares, políticos y cómplices —familias que prosperaron gracias a la dictadura— deberían ser objeto de expropiación y transferencia al Estado para su destino social: reparación a las víctimas, pensiones dignas, salud y educación pública de calidad, y programas de vivienda que beneficien a las grandes mayorías. Ese es el sentido real de la justicia: que la riqueza mal habida vuelva a quienes la perdieron. El País

El progresismo y la izquierda ante un pueblo frustrado

Chile: entre la memoria que falta y las promesas rotas

El presidente Gabriel Boric llegó en 2021 con el mandato de cerrar heridas históricas y modernizar al país. Pero la frustración ciudadana creció: desaprobación masiva, promesas incumplidas en pensiones, salud y educación, y la sensación de que la memoria y la reparación quedaron en segundo plano.

Al mismo tiempo, el país observa cómo la herencia económica de la dictadura sigue en disputa y cómo la justicia avanza a trompicones, con medidas recientes que obligan a los herederos a devolver sumas millonarias identificadas como de origen ilícito. La reparación no puede ser solo simbólica: debe traducirse en políticas concretas de redistribución y memoria. El País+1

Un llamado urgente

Es hora de poner los intereses de la patria por encima de las ambiciones personales. No se trata de derecha o izquierda: se trata de dignidad, trabajo y justicia real. Exigimos transparencia total en las investigaciones, la confiscación de bienes de origen ilícito, la devolución efectiva de esos recursos al erario y su destino a la reparación histórica y social. 

América Latina gira hacia una nueva izquierda 

América Latina necesita líderes que sirvan al pueblo y no que vivan de él. La oportunidad histórica de honrar a las víctimas y construir un país más justo sigue estando ahí: depende de voluntad política y de la determinación social para exigirla.

Plan Nacional de Búsqueda: entre la esperanza y la sospecha

Por Rodolfo Varela

El reciente despliegue del ministro en visita extraordinaria Álvaro Mesa Latorre por las jurisdicciones de Temuco, Valdivia y Puerto Montt, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, ha sido presentado como un nuevo impulso en la larga y dolorosa tarea de esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos de la dictadura militar. 

Ministro Álvaro Mesa realiza diligencias en las jurisdicciones de Temuco, Valdivia y Puerto Montt

En esta oportunidad, el ministro lideró diligencias en distintos puntos del sur de Chile, asistido por equipos técnicos, peritos del Sernageomin, funcionarios de la PDI y representantes de agrupaciones de familiares, utilizando tecnología avanzada para la localización de posibles sitios de interés.

Es innegable que cada paso en esta dirección merece ser valorado. Cada búsqueda, cada rastreo, cada intento por devolver un nombre y un rostro a quienes fueron arrancados de sus familias, representa un acto de justicia y de memoria. Pero al mismo tiempo, no podemos dejar de mirar con cautela el contexto político en el que estas acciones se desarrollan.

Estamos, una vez más, en tiempos de elecciones, y resulta inevitable preguntarse si este impulso obedece al genuino compromiso del Estado o a una nueva diligencia electoral, de esas que florecen en campaña y se marchitan cuando se apagan las cámaras. Ojalá me equivoque —y sinceramente deseo hacerlo—, pero la historia reciente nos enseña que muchas veces los anuncios grandilocuentes en materia de derechos humanos terminan reducidos a gestos simbólicos o informes que nadie lee.

 

El Plan Nacional de Búsqueda no puede ser un favor político ni un recurso mediático. Es una obligación moral y jurídica del Estado chileno, que sigue arrastrando una deuda impaga con miles de víctimas: los desaparecidos, los expresos políticos, los exonerados, las madres a quienes les robaron sus hijos —muchos de ellos vendidos a familias extranjeras— y que aún, medio siglo después, siguen esperando verdad y justicia.

A ello se suma otro agravio doloroso: las pensiones miserables que reciben muchas víctimas y familiares, una burla silenciosa que perpetúa la desigualdad. Mientras más se demora la justicia, más terreno gana la corrupción política y judicial, que manipula el dolor ajeno para fines partidarios o personales.

Plan Nacional de Búsqueda: De qué trata la iniciativa del gobierno que buscará verdad y justicia?

Cada día que pasa sin respuestas, esa deuda crece. Crece el dolor de las familias, crece la impunidad y crece la distancia entre los discursos oficiales y la realidad de quienes aún buscan a sus seres queridos.

Por eso, más allá de las buenas intenciones y de las diligencias anunciadas, es justo y necesario exigir continuidad, transparencia y compromiso real, incluso después de las elecciones. Porque la memoria no tiene fecha de vencimiento.

Y porque no se le hace un favor a las víctimas cuando se cumple con la justicia: se les devuelve una parte de su dignidad.

La televisión chilena: un espejo roto de nuestra cultura

Por Rodolfo Varela

La televisión chilena, otrora espacio de identidad y encuentro, hoy se ha transformado en un espejo roto que refleja lo peor de una sociedad manipulada por intereses ajenos. No es casualidad: los llamados grandes medios de comunicación de nuestro país están en manos de empresas extranjeras que no conocen ni respetan nuestra cultura. Con cada año que pasa, vemos cómo se debilita la memoria colectiva, se degradan las costumbres y se vacía el alma de un pueblo que pierde su identidad frente a la pantalla.

Chile basura: el poder y la intoxicación mediática. El caso de las TVs

La percepción de que la televisión chilena es "basura" no surge de la nada. Surge de la proliferación de contenidos de baja calidad, de reality shows que glorifican el conflicto barato, de noticieros sensacionalistas que priorizan lo trivial y lo grotesco por encima del análisis profundo y de la información seria. Se trata de una televisión que banaliza la vida y margina el pensamiento crítico, condenando a una juventud a crecer sin proyecto, sin ambición y sin herramientas para comprender la realidad que los rodea.

El espectáculo del vacío

Reality shows como Gran Hermano o Tierra Brava son la prueba más clara del deterioro cultural. Estos programas no educan, no construyen, no generan conciencia: solo venden conflicto, vulgaridad y espectáculo superficial.

Programas vulgares disfrazados de conversación

Como si esto fuera poco, algunos programas de conversación nocturna se han convertido en verdaderos circos de mal gusto. El ejemplo más evidente es Tal Cual, conducido por Paty Maldonado, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela en TV Más. Lejos de aportar una discusión seria o cultural, el trío se dedica a revivir anécdotas sexuales, usar groserías y reproducir un humor vulgar que no enriquece en nada al debate público. Lo lamentable no es solo el bajo nivel, sino que estos espacios se presentan como "entretenimiento" para la audiencia, normalizando la mediocridad y la falta de respeto en la pantalla.

La ética periodística desaparecida

La prensa televisiva tampoco se salva. La falta de rigor, la manipulación de la agenda informativa y el sensacionalismo se evidenciaron con brutal claridad durante el estallido social de 2019. Mientras miles de chilenos exigían dignidad, los canales prefirieron criminalizar la protesta y trivializar las demandas sociales. Eso no es periodismo: es propaganda disfrazada de información.

Clasismo y racismo en pantalla

La televisión chilena no solo desinforma, también discrimina. Expertos han denunciado cómo la pantalla perpetúa estereotipos clasistas y racistas, caricaturizando a las clases populares y ridiculizando su forma de vida. Lo que debería ser un reflejo diverso y realista de nuestro pueblo, termina siendo un espejo deformado que refuerza la desigualdad.

Producciones extranjeras y abandono de lo nuestro

La invasión de telenovelas extranjeras de bajo costo —como las turcas en 2014— provocó la destrucción de la ficción nacional. Los canales renunciaron a invertir en series y producciones locales, dejando a actores, guionistas y directores sin espacios y empobreciendo aún más la televisión chilena.

El Estado no puede mirar hacia otro lado

El deterioro de la televisión chilena no es solo responsabilidad de los canales: es también responsabilidad del Estado. El Consejo Nacional de Televisión (CNTV), el Ministerio de Cultura y las autoridades competentes han permitido esta degradación cultural con su silencio y falta de fiscalización. Han tolerado la manipulación informativa, la vulgaridad en pantalla y la invasión de contenidos extranjeros que desplazan nuestra identidad.

No basta con sanciones menores o con mirar hacia otro lado. El Estado debe asumir un rol activo:

• Garantizar que la televisión cumpla su función social y cultural.

• Exigir estándares éticos y de calidad periodística.

• Promover producciones nacionales que rescaten nuestra historia, identidad y diversidad.

• Fiscalizar con rigor los contenidos que degradan y desinforman a la ciudadanía.

¿Hasta cuándo?

La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo las autoridades seguirán permitiendo que la televisión chilena sea un instrumento de manipulación y mediocridad? ¿Hasta cuándo se permitirá que la pantalla, en lugar de educar e informar, siga embruteciendo al pueblo chileno?

La televisión chilena necesita recuperar su rol social, su identidad y su respeto por la audiencia. Y es el Estado quien debe garantizar que eso ocurra. De lo contrario, seguirá siendo lo que es hoy: una televisión basura que degrada, manipula y despoja a Chile de su propia cultura.

La Florida: el desalojo que desnuda la miseria política y mediática de Chile

 Por Rodolfo Varela

9 de octubre de 2025

Hoy, en estos mismos momentos, se lleva a cabo en la comuna de La Florida un operativo masivo de desalojo contra cientos de familias pobres. Mujeres, niños, ancianos y trabajadores humildes están siendo expulsados de sus hogares por fuerzas policiales, en uno de los procedimientos más violentos y vergonzosos de los últimos años.

Municipalidad de La Florida confirma desalojo de la toma Dignidad

La responsabilidad de esta tragedia tiene nombre y apellido: la política corrupta e indolente que se ha instalado en Chile. Durante años, los alcaldes y autoridades permitieron —con fines electorales y cálculos mezquinos— la proliferación de tomas de terreno. Hoy, esas mismas autoridades se esconden en sus oficinas mientras las familias quedan en la calle sin techo ni destino. Políticos sinvergüenzas que jamás han conocido el hambre ni la miseria, pero que lucran con la desesperación de los más pobres.

El exalcalde Rodolfo Carter, que incluso llegó a figurar como presidenciable, es uno de los símbolos de esta irresponsabilidad. Permitió las tomas, posó para la foto cuando le convenía y hoy desaparece, dejando tras de sí un drama humano que él mismo ayudó a crear.

Autoridades acuerdan medidas para desalojo de la Toma Dignidad en La Florida

Y mientras esto ocurre, el presidente Gabriel Boric guarda un silencio imperdonable. Boric, que tanto habla de democracia, justicia social y defensa de los pobres, no se ha pronunciado ni ha mostrado un plan real para estas familias. Su ausencia en un momento tan crítico lo desnuda como un presidente débil, incapaz de gobernar para los que más lo necesitan. La democracia no se construye con discursos en La Moneda, se construye con hechos concretos, y hoy los hechos muestran represión, desalojos y abandono.

Pero no solo la clase política muestra su rostro más miserable. También los medios de comunicación, que hoy convierten la tragedia en espectáculo. Cámaras y micrófonos invaden la intimidad de familias destrozadas, mostrando el llanto de los niños y la impotencia de los ancianos como si fueran mercancía para subir el rating. Esa prensa insensible y morbosa no busca informar ni denunciar: busca vender publicidad aprovechando la desgracia ajena.

El Chile de las tomas y la crisis habitacional

¿Hasta cuándo Chile seguirá castigando a los más pobres? ¿Hasta cuándo permitiremos que políticos corruptos jueguen con la vida de las familias trabajadoras? ¿Hasta cuándo los medios seguirán explotando el dolor en lugar de exigir justicia?

El desalojo de La Florida no es solo un operativo policial. Es el espejo de un país enfermo de corrupción, indiferencia y miseria moral. Y la verdadera pregunta que debemos hacernos es simple: ¿quién paga por este crimen social?

Diputados que viven en palacios llaman “populismo” a proyectos que buscan proteger a la ciudadanía

Por Rodolfo Varela

La Comisión de Gobierno Interior aprobó en general un proyecto de ley que busca restringir beneficios fiscales a inmigrantes irregulares. La moción, presentada por parlamentarios de Chile Vamos encabezados por Juan Fuenzalida (UDI), plantea que para acceder a beneficios estatales los extranjeros deberán contar con cédula de identidad vigente emitida por el Registro Civil. El objetivo, según sus autores, es desincentivar el ingreso clandestino al país y evitar la saturación del sistema social.

La Comisión de Gobierno Interior aprobó en forma unánime -con 9 votos a favor-, la idea de legislar el proyecto que busca restringir el acceso de inmigrantes irregulares a beneficios de cargo fiscal (boletín 17474).

Sin embargo, el diputado comunista Matías Ramírez salió al paso calificando la iniciativa como un “pésimo proyecto” y tildándola de “populista”, afirmando que contiene “xenofobia y pocos datos duros”. Para Ramírez, este tipo de medidas ataca a población sensible y puede generar mayor exclusión y precariedad.

Pero aquí es necesario levantar la voz y poner las cosas en su lugar. Resulta indignante escuchar a un parlamentario hablar de “populismo” cuando el pueblo chileno vive en una miseria cotidiana, producto de la negligencia y la hipocresía de quienes deberían representarlo. 

Diputado Juan Manuel Fuenzalida

El diputado Ramírez parece no tener idea de la realidad nacional: lo invito a visitar las comunas y mirar a los ojos a las familias que sobreviven con pensiones miserables, a los niños y niñas que padecen hambre, y a las víctimas de la dictadura que aún esperan justicia y reparación.

Yo hablo desde la izquierda honesta, la que sufrió prisión, tortura y exoneración. Conozco en carne propia lo que significa el abandono del Estado. Por eso sé de lo que hablo, y no acepto que me vengan con discursos vacíos mientras se ignora la tragedia de miles de compatriotas.

Y ya que habla de “populismo”, pregunto con toda claridad: señor Ramírez, ¿qué proyecto ha presentado usted para acabar con las AFP y devolverle dignidad a los trabajadores chilenos que sobreviven con pensiones de hambre? ¿O acaso también eso le parece un tema menor, o “populista”?

Diputado Matías Ramírez Pascal Región: Región de TarapacáPeríodo: 2022-2026, protector de los extranjeros ilegales

¿Dónde están sus proyectos para saldar la deuda histórica con los exonerados y las víctimas de la dictadura? ¿Dónde están sus iniciativas para garantizar pensiones dignas a los torturados y perseguidos que sobreviven con migajas del Estado?

Señor Ramírez: antes de acusar a otros de caricaturizar la realidad, mire de frente a las familias a quienes el Estado les robó a sus hijos, a las madres que aún buscan a sus desaparecidos, a los trabajadores abandonados con pensiones miserables. Eso sí es vergonzoso.

La verdadera caricatura es ver a diputados comunistas —que deberían defender con honestidad y coherencia a los chilenos y chilenas más humildes— transformados en cómplices de esta izquierda corrompida que se instaló en Chile y que solo se preocupa de sus privilegios.

No nos vengan a hablar de “populismo” cuando lo que está en juego es la supervivencia de un pueblo entero.

La justicia que llega en tiempos de elecciones: ¿reparación o burla para las víctimas de la dictadura?

Por Rodolfo Varela

En plena época electoral, comienzan a aparecer resoluciones judiciales que condenan al Estado chileno a pagar indemnizaciones a víctimas de la dictadura. 

13° Juzgado Civil de Santiago

Fallos que los medios presentan como “grandes victorias” de la justicia, pero que, en la práctica, dejan al descubierto una verdad amarga: Chile sigue en deuda con miles de compatriotas que sufrieron torturas, secuestros, exilios, desapariciones y destrucción familiar, y que aún esperan una reparación real.

El reciente fallo del 13° Juzgado Civil de Santiago, que ordena al Fisco pagar $45.000.000 a Víctor Ricardo Mac-Namara Maldonado, detenido y torturado en 1975 por la disuelta CNI, es un ejemplo claro. La sentencia reconoce el carácter de crimen de lesa humanidad, imprescriptible, y detalla los daños físicos y psicológicos sufridos por la víctima. Una resolución justa, sin duda, pero profundamente limitada: se trata de una reparación monetaria que, lejos de sanar heridas, reduce el sufrimiento humano a cifras en una planilla judicial.

El problema es más profundo. ¿Qué pasa con quienes fueron detenidos y torturados sin que existiera registro alguno? Yo mismo, como tantos otros, fui apresado, golpeado y liberado de madrugada en plena dictadura, sin salvo conducto ni documento que acreditara lo vivido. Sin papeles, sin prueba oficial. ¿Significa eso que nuestra verdad no existe para el Estado? ¿Que el dolor solo cuenta si aparece escrito en un archivo?

La manipulación de los datos de las víctimas

Y qué decir de las familias que nunca se recuperaron: los hijos robados y vendidos a extranjeros, las viudas y huérfanos, los desaparecidos que jamás volvieron. Aún hoy, la mayoría de las víctimas reconocidas sobreviven con pensiones miserables, que no alcanzan siquiera para cubrir los gastos de salud derivados de las secuelas de la tortura.

Peor aún, miles de familias todavía buscan a sus hijos e hijas secuestrados, abusados y entregados a familias extranjeras durante la dictadura, muchas veces con la complicidad de políticos, jueces y religiosos. Esas familias siguen esperando justicia, intentando reconstruir lazos rotos hace décadas.

La trama de adopciones forzadas de la dictadura chilena

Más grave aún es el silencio de las propias asociaciones de exonerados políticos, ex presos políticos y tantas más, que lejos de luchar con fuerza por sus bases, han permitido que miles de compañeros sigan en el abandono. Estas organizaciones, que deberían ser la voz de los olvidados, muchas veces se han burocratizado o acomodado, dejando de lado a quienes continúan pagando el precio de la dictadura en soledad.

La justicia que hoy aparece en titulares no es justicia plena: es un recordatorio cruel de la deuda olvidada por las autoridades chilenas. Es humillante que las víctimas tengan que demandar al Estado para obtener algún tipo de reconocimiento. Y es aún más ofensivo que estas sentencias se difundan como triunfos en medio de campañas políticas, como si fueran parte de la propaganda electoral.

Chile ha sido engañado una y otra vez. Los gobiernos, de derecha y de izquierda, han prometido verdad, justicia y reparación, pero lo que tenemos son migajas tardías. Resolver un caso aislado no cambia la realidad de miles que siguen esperando.

Entre estas páginas hay incorporadas fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que las familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para este libro.

No podemos olvidar a las familias de los niños y niñas que fueron secuestrados, abusados y vendidos a familias extranjeras con la complicidad de políticos, jueces y religiosos. Ellos siguen buscando a sus hijos e hijas, muchos de los cuales, ya adultos, intentan hoy reencontrarse con sus padres biológicos. Esa herida permanece abierta, y mientras no exista justicia y verdad plena, Chile seguirá cargando con una deuda moral imposible de borrar.

Otra farsa oficial: el gobierno habla de “conmemoración” en Lonquén

 By Rodolfo Varela

Una vez más, el Estado chileno vuelve a disfrazar de memoria lo que en verdad es manipulación política. El reciente acto en los Hornos de Lonquén fue presentado como “conmemoración por los 52 años del Caso Lonquén”. ¿Cómo se puede llamar “conmemorar” al horror de la desaparición forzada, al asesinato brutal de 15 campesinos —entre ellos cuatro menores de edad— cuyos cuerpos fueron arrojados a hornos de cal? 

En el Sitio de Memoria Hornos de Lonquén

Eso no es conmemoración: es recordación, es denuncia, es memoria viva de un crimen de lesa humanidad.Pero los gobiernos de turno, de derecha y de izquierda, insisten en usar las palabras para maquillar la verdad. Transforman el dolor de las familias en discursos solemnes que suenan bien en vísperas electorales, pero que no se traducen en justicia, reparación ni verdad. Pasan los años y el patrón se repite: cada aniversario, ministros y autoridades acuden a los sitios de memoria, leen frases bonitas sobre el “alma de Chile” y la “necesidad de justicia”, pero al día siguiente el país vuelve a convivir con la impunidad.

¿Dónde estaban estos mismos poderes del Estado cuando se levantaban los montajes judiciales que encubrían a militares, policías y cómplices civiles de la dictadura? ¿Dónde estuvo la Iglesia, que tardó en alzar la voz, y que aún guarda silencios vergonzosos? ¿Qué ha hecho la justicia chilena, más allá de condenas parciales y tardías, frente a miles de familias que siguen esperando respuesta sobre el paradero de sus seres queridos?

Gobierno realiza acto conmemorativo por los 52 años del “Caso Lonquén”

El “Caso Lonquén” fue, en 1978, el primer golpe que desnudó ante el mundo la maquinaria criminal de Pinochet. Fue el testimonio irrefutable de que en Chile se secuestraba, se torturaba y se asesinaba. Y, sin embargo, 52 años después, las víctimas siguen siendo usadas como estandarte por gobiernos que prometen mucho y cumplen poco. El Plan Nacional de Búsqueda es necesario, sí, pero llega demasiado tarde para quienes murieron esperando verdad y justicia.

Y mientras las autoridades levantan placas y pronuncian discursos, los sobrevivientes y familiares reciben pensiones miserables, indignas, que no alcanzan ni para cubrir medicamentos, mucho menos para vivir con dignidad. ¿Cómo puede el Estado pedir “conmemorar” a los muertos, cuando a los vivos —los que cargan las cicatrices de la tortura y del exilio— se les condena a sobrevivir con sumas que son una burla? Esa es la verdadera cara de la corrupción: políticos de todos los colores protegen sus privilegios, se enriquecen en el poder, y al mismo tiempo empujan a las víctimas a la pobreza y al olvido.

Representantes del Gobierno de Chile

Peor aún: restos humanos de víctimas del terrorismo de Estado siguen guardados en el Servicio Médico Legal, esperando autorización para ser reconocidos. Restos que podrían devolver identidad y paz a familias que llevan medio siglo buscando a los suyos, pero que son retenidos por la burocracia, la indiferencia y el desinterés de un Estado que dice “buscar la verdad” mientras oculta pruebas bajo llave.

Y como si fuera poco, los medios de comunicación en Chile tampoco son del pueblo. Están controlados por grandes empresas, en su mayoría extranjeras, que imponen contenidos alejados de nuestra cultura y de nuestras costumbres. Esos medios no cuentan la verdad del Chile profundo, del Chile obrero, campesino, de las víctimas olvidadas; solo transmiten lo que conviene a los políticos y al poder económico. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que la voz del pueblo sea silenciada y que la memoria sea utilizada como mercancía?

Chile no necesita ceremonias vacías ni placas inaugurales que se descubren con discursos huecos. Chile necesita coraje político para desmontar la impunidad, voluntad real para sancionar a los responsables, justicia para las víctimas, dignidad para los sobrevivientes y medios de comunicación verdaderamente en manos de los chilenos.

No se conmemora la desaparición forzada: se recuerda, se denuncia y se exige justicia. Todo lo demás es oportunismo disfrazado de memoria.