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2025/06/02

Desgaste democrático en América Latina: señales de alarma en medio de la crisis

 Por [Rodolfo Varela]

En varios países de América Latina, decisiones adoptadas por gobiernos democráticamente electos están encendiendo señales de alerta sobre el estado de salud de la institucionalidad republicana. 


Solo el Pueblo!!

Medidas de excepción, intentos de control sobre la información, concentración del poder, violencia social y debilitamiento del Estado de derecho marcan un patrón preocupante. Analistas y observadores internacionales interpretan este fenómeno como síntomas de un desgaste progresivo de la democracia en la región.


Perú: la democracia bajo tensión



En Perú, la fragilidad institucional es evidente. En abril de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo —que solo llevaba ocho meses en el cargo— decretó un toque de queda en Lima y el Callao ante protestas sociales por el aumento del precio del combustible. La medida, percibida como autoritaria, fue duramente criticada por diversos sectores. Aunque Castillo ya no está en el poder, su fugaz gobierno dejó un país aún más polarizado y con escasa confianza en sus instituciones.


La politóloga peruana Paula Muñoz, de la Universidad del Pacífico, señaló en entrevista con BBC News Brasil que “existe cierta insatisfacción con la democracia y sus insuficientes resultados”, especialmente tras el fin del auge económico regional. “El descontento de la población de nuestra región es visible en este período de vacas flacas”, sostuvo.


Chile: violencia urbana y crisis de seguridad



En Chile, las alarmas no provienen tanto del gobierno central, sino del crecimiento sostenido de la delincuencia y  violencia urbana, el crimen organizado y la sensación de inseguridad. El país, históricamente percibido como uno de los más estables de la región, vive un deterioro en la seguridad ciudadana, con delitos más violentos, presencia de bandas internacionales y conflictos no resueltos en zonas como La Araucanía.


Si bien las instituciones funcionan formalmente, sectores de la población cuestionan la eficacia del Estado para garantizar orden, justicia y protección. Esto ha generado un debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos, en medio de una crisis de confianza que también afecta al proceso constitucional, tras dos intentos fallidos de reforma profunda.


El Salvador: entre la seguridad y las libertades



El caso de El Salvador ha captado la atención internacional. En 2022, ante un aumento de homicidios, el presidente Nayib Bukele impulsó un régimen de excepción que permitió arrestos masivos y limitó derechos fundamentales. Aunque ha sido respaldado por buena parte de la población, los organismos de derechos humanos han advertido sobre abusos sistemáticos y debilitamiento del poder judicial.


El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, expresó su preocupación por la situación, remarcando la necesidad de respetar la libertad de expresión y las garantías individuales.


Además, en 2021, la Corte Constitucional —cuyos magistrados fueron reemplazados por la Asamblea oficialista— falló a favor de la reelección presidencial inmediata, a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohibía. Este precedente es una muestra clara de cómo órganos judiciales pueden actuar en contra del espíritu de las cartas magnas, generando un retroceso democrático.


Brasil: miedo y tensiones entre la Justicia y la ciudadanía


Brasil vive una situación particular. Mientras las instituciones democráticas se mantienen, sectores de la sociedad civil expresan temor hacia el Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema y el Tribunal Superior Electoral. Las tensiones aumentaron tras los juicios y condenas contra figuras vinculadas al bolsonarismo, y se agudizaron luego del intento de golpe del 8 de enero de 2023.

Aunque muchos celebran la actuación firme del Supremo Tribunal Federal (STF) contra actos antidemocráticos, otros denuncian lo que consideran activismo judicial y censura. La delgada línea entre la defensa del orden constitucional y el exceso de poder por parte del Poder Judicial ha generado un debate profundo sobre los límites del control institucional y la necesidad de que todos los poderes actúen dentro del marco legal y con rendición de cuentas.

Argentina: tentaciones de control



En Argentina, si bien las instituciones formales se mantienen en pie, existen preocupaciones por posibles restricciones al debate público. En 2022, Gustavo Béliz, entonces secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, propuso la regulación del uso de redes sociales para “preservar la convivencia democrática”.


La idea, que no prosperó legislativamente, fue interpretada por algunos sectores como un intento de limitar la libertad de expresión bajo el argumento de combatir la desinformación. En un contexto de creciente polarización política y crisis económica, el equilibrio entre regulación y censura se vuelve especialmente delicado.


Nicaragua: consolidación autoritaria



Quizás el caso más grave sea el de Nicaragua. El presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido en 2021 para un cuarto mandato consecutivo en un proceso electoral sin garantías ni competencia real. La mayoría de los opositores relevantes estaban presos o inhabilitados, y el control sobre el Poder Judicial y la Asamblea Nacional es casi absoluto.


Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado una represión sistemática, cierre de medios independientes y expulsión de universidades críticas. Nicaragua ya no es considerada una democracia plena por ningún observatorio internacional.


¿Crisis democrática o transformación autoritaria?



El debilitamiento de las democracias no ocurre de un día para otro. Por el contrario, suele avanzar bajo la apariencia de legalidad: medidas adoptadas por parlamentos, decretos firmados por presidentes electos, fallos emitidos por cortes oficiales. Lo que cambia no es la forma, sino el contenido democrático del poder.


Como advierte el politólogo argentino Andrés Malamud, “el principal riesgo para las democracias latinoamericanas no es un golpe de Estado, sino su vaciamiento desde adentro”.

La ciudadanía, desilusionada por décadas de promesas incumplidas, corrupción y desigualdad persistente, parece cada vez más dispuesta a tolerar líderes fuertes, aunque ello implique ceder libertades.


La democracia no se agota en las urnas. Exige respeto a la ley, separación de poderes, garantía de derechos y una prensa libre. Cuando los órganos judiciales legislan en contra de los principios constitucionales, o cuando los ejecutivos concentran poder a costa de las libertades, el riesgo no es solo político: es civilizatorio.

El futuro de la región dependerá no solo de sus líderes, sino también de la capacidad ciudadana de exigir transparencia, justicia e institucionalidad. Y sobre todo, de no resignarse ante la erosión lenta pero constante de las libertades.


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