In the Name of Democracy… or the Control of Freedom?

Posted by Rodolfo Varela

At the recent summit of progressive Latin American presidents, Brazil’s President Luiz Inácio Lula da Silva once again defended regulating social media. 

His argument: protecting citizens from hate, misinformation, and fake news. But behind this apparently well-meaning message lies a legitimate concern: do they really want to protect us—or control us?

Freedom of expression is a cornerstone of any real democracy. Without it, there is no debate, no legitimate opposition, no free press, and no real citizen participation. Regulating what can or cannot be said on social media may mark the beginning of a dangerous road toward silencing dissenting voices. Who decides what is true? Who gets to silence opinions? And what happens when that power shifts?

Every government elected by the people must be accountable to the people. The people are the sovereign, the true authority. That relationship cannot be reversed. A government’s job is not to protect itself from its citizens—it exists to serve them. Citizens should not be controlled—they must be empowered. In a democracy, the people do not answer to their rulers; it’s the rulers who must answer to the people.

And this leads us to an uncomfortable truth across Latin America: many of our congresses no longer represent the people—they protect themselves. Why do we elect legislators if not to defend the public interest? Yet many members of parliament are under criminal investigation, face corruption charges, or have serious conflicts of interest. How can they legislate for the people if they’re more concerned with avoiding prosecution? How can they hold the Executive branch accountable if they rely on it to stay protected?

Cumbre progresista: Sánchez, Boric, Petro, Lula y Orsi

In such scenarios, it’s not uncommon for lawmakers to align with the government—not out of conviction, but out of fear or self-interest. This weakens the separation of powers—and with it, democracy itself.

Of course, no one defends hate speech or lies. But the legal tools to address those already exist. If someone feels defamed or harmed, they can go to court. If a post violates the law, governments have the right to request its removal through legal channels. But no democratic government should ever place itself above the people and decide in advance what may or may not be said.

In the name of “protecting democracy,” democracy itself can be destroyed. Latin America has seen too many times what happens when governments accumulate unchecked power in the name of the people. We don’t want new Venezuelas or authoritarian regimes disguised as social justice. We want societies where every citizen has the right to speak, to disagree, and to fully participate in public life—without fear, and without censorship.

We are not cattle. We are free, thinking, conscious citizens. We want full freedom of expression—no prior censorship, no official truths imposed from above. And if someone lies, let them face justice—not a government-run censorship board.

True democracy does not fear freedom. It celebrates it, defends it, and respects it.

En nombre de la democracia… ¿el control de la libertad?

Por Rodolfo Varela

En la reciente cumbre de presidentes progresistas de América Latina, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva volvió a defender con firmeza la idea de regular las redes sociales. 

Lo hizo bajo el argumento de proteger a los ciudadanos contra el odio, las noticias falsas y la desinformación. Pero detrás de este discurso, tan bien intencionado en apariencia, se esconde una preocupación legítima: ¿quieren protegernos o quieren controlarnos?

La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Sin ella, no hay debate, no hay oposición legítima, no hay prensa libre ni participación ciudadana real. Regular lo que se puede o no se puede decir en redes sociales puede ser el inicio de un camino peligroso hacia el silenciamiento de voces disidentes. ¿Quién decide qué es verdad? ¿Quién tiene el poder de callar opiniones? ¿Y qué pasa si ese poder cambia de manos?

Todos los gobiernos elegidos por el pueblo deben rendir cuentas al pueblo. El pueblo es el soberano, el mandante, el patrón. No puede invertirse esa relación. No se gobierna para protegerse del pueblo, sino para servirlo. No se debe intentar controlar al ciudadano, sino garantizarle sus derechos. En democracia, el pueblo no debe rendir cuentas a sus gobernantes, sino exigirlas.

Y esto nos lleva a una verdad incómoda que recorre América Latina: nuestros parlamentos, muchas veces, no representan al pueblo, sino a sus propios intereses. ¿Para qué elegimos congresistas si no es para que defiendan a la ciudadanía? Sin embargo, una parte importante de ellos enfrenta procesos judiciales, acusaciones de corrupción o conflictos de interés. ¿Cómo van a legislar a favor del pueblo si tienen que protegerse de la ley? ¿Cómo van a fiscalizar al Ejecutivo si dependen de su benevolencia para mantenerse a salvo?

Cumbre progresista: Sánchez, Boric, Petro, Lula y Orsi

En este contexto, no es raro que algunos legisladores se alineen con los deseos del gobierno, no por convicción democrática, sino por conveniencia personal. Así se debilita el equilibrio de poderes, y con él, la democracia misma.

Por supuesto, nadie defiende el discurso de odio ni la mentira deliberada. Pero los mecanismos para combatirlos ya existen. Si una persona se siente difamada u ofendida, puede recurrir a la justicia. Si una publicación viola la ley, el Estado tiene todo el derecho de exigir su remoción judicial. Pero lo que no puede hacer ningún gobierno, por más democrático que diga ser, es colocarse por encima de la ciudadanía y decidir de antemano lo que se puede o no se puede decir.

Bajo la excusa de "proteger la democracia", se puede terminar destruyéndola. América Latina ya conoce lo que ocurre cuando los gobiernos concentran demasiado poder en nombre del pueblo. No queremos nuevas Venezuela ni autoritarismos disfrazados de justicia social. Queremos vivir en sociedades donde el ciudadano tenga derecho a expresarse, disentir y participar plenamente de la vida pública, sin miedo y sin mordazas.

No somos ganado. Somos ciudadanos libres, conscientes, inteligentes, y con criterio. Queremos libertad de expresión total, sin censura previa y sin verdades oficiales impuestas desde arriba. Y si alguien miente, que lo enfrente ante la justicia, no ante un comité de censura digital.

La democracia verdadera no teme a la libertad. La celebra, la protege y la respeta.

Villa Baviera: Un símbolo de horror que exige justicia y reparación verdadera

 Por Rodolfo Varela

El martes 22 de julio de 2025, fue publicado en el Diario Oficial de Chile el Decreto Exento N°60 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Programa de Expropiación de Inmuebles que forman parte de la ex Colonia Dignidad, hoy conocida como Villa Baviera, en la comuna de Parral. Este acto marca un hito en la larga y dolorosa lucha por la memoria, la justicia y la reparación. 

Recordando los horrores de Colonia Dignidad en Chile

Un paso significativo, aunque tardío, hacia el reconocimiento del profundo daño causado por uno de los centros de tortura, esclavitud, desaparición y abuso más brutales de la dictadura cívico-militar.

Colonia Dignidad no fue simplemente una comunidad cerrada. Fue un enclave de horrores, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad: torturas sistemáticas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones de niños y niñas, sustracción de menores y venta ilegal de bebés a familias extranjeras. Todo esto ocurrió con la complicidad de sectores del poder político, judicial, militar y religioso, tanto en dictadura como en democracia. El silencio y la omisión institucional fueron parte del pacto de impunidad que protegió a sus perpetradores durante décadas.

El decreto reconoce expresamente la existencia de operaciones criminales como el “Operativo Cerro Gallo” y la “Operación Retiro de Televisores”, así como la ubicación de fosas clandestinas, sitios de incineración, centros de tortura y búnkeres subterráneos, muchos de los cuales hoy siguen sin investigación completa. Se estima que más de 117 hectáreas serán expropiadas, incluyendo la tristemente célebre casa de Paul Schäfer, el hospital clandestino, y otras infraestructuras utilizadas para reprimir y desaparecer personas.

Este acto administrativo es, sin duda, una señal de avance. La expropiación permite proteger esos espacios como sitios de memoria, una obligación internacional asumida por el Estado chileno en convenios como la Convención contra la Tortura, la Convención sobre Desapariciones Forzadas y el Estatuto de Roma. Pero la pregunta clave es: ¿es suficiente?

Una deuda que sigue creciendo

Han pasado más de 50 años desde que comenzó el horror en ese lugar, y recién ahora el Estado decide actuar con fuerza legal y patrimonial. ¿Cuántas víctimas murieron esperando justicia? ¿Cuántas familias fueron destrozadas para siempre? ¿Cuántos niños y niñas siguen sin conocer su verdadera identidad tras ser vendidos como mercancía, con participación activa de médicos, militares, politicos, jueces y religiosos?

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Muchos de los responsables han muerto impunes. Otros siguen viviendo en libertad, incluso ocupando cargos públicos. Y lo más doloroso: la reparación integral aún está muy lejos de concretarse. Hay víctimas que sobreviven con pensiones miserables, con sus cuerpos y mentes dañados, con sus seres queridos desaparecidos. Y hay también una sociedad que no termina de mirar con verdad y coraje su propio pasado.

Este decreto debe ser el comienzo, no el cierre. Expropiar es necesario, pero no suficiente. Se requiere un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, un aumento urgente en las reparaciones económicas y simbólicas, apoyo psicológico integral, justicia real para los culpables aún vivos y, sobre todo, garantías de no repetición.

Cumbre de líderes: ¿Qué democracia celebran?

Mientras el Estado chileno publica este decreto histórico, se anuncia la Cumbre “Democracia Siempre”, una reunión de presidentes de centroizquierda de países como Chile, Brasil, Colombia, España y Uruguay. Un evento que busca reafirmar el compromiso con las instituciones democráticas, la justicia social y los derechos humanos.

Pero no podemos quedarnos en el discurso. Estos gobiernos enfrentan crisis profundas de credibilidad, protestas sociales masivas, abusos policiales impunes y una inercia política alarmante frente a las víctimas del pasado y del presente.

Entonces, cabe una pregunta legítima y urgente: ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Una democracia incompleta, elitista, desconectada del sufrimiento de su pueblo? ¿O una democracia valiente, que se atreve a mirarse al espejo y corregir sus errores históricos?

Si queremos hablar de “Democracia Siempre”, primero debemos cumplir la deuda con quienes lo perdieron todo cuando la democracia fue asesinada por las armas, y después fue traicionada por el silencio.

Villa Baviera: A symbol of horror demanding justice and true reparation

 By Rodolfo Varela

On Tuesday, July 22, 2025, the Official Gazette of the Republic of Chile published Exempt Decree No. 60 from the Ministry of Housing and Urbanism, approving the Expropriation Program for properties belonging to the former Colonia Dignidad, now known as Villa Baviera, in the commune of Parral. 

Remembering the horrors of Colonia Dignidad in Chile

This act marks a milestone in the long and painful struggle for memory, justice, and reparation. A significant—though long overdue—step toward recognizing the immense harm caused by one of the most brutal centers of torture, slavery, disappearance, and abuse under the civic-military dictatorship.

Colonia Dignidad was not just a secluded community. It was a stronghold of horrors, where crimes against humanity were committed: systematic torture, forced disappearances, extrajudicial executions, child sexual abuse, abduction of minors, and the illegal sale of babies to foreign families. All of this occurred with the complicity of political, judicial, military, and religious sectors—both under dictatorship and in democracy. Institutional silence and omission were part of the pact of impunity that protected the perpetrators for decades.

The decree explicitly acknowledges the existence of criminal operations such as “Operativo Cerro Gallo” and “Operation Removal of Televisions,” as well as the presence of clandestine graves, cremation sites, torture centers, and underground bunkers—many of which remain insufficiently investigated. Over 117 hectares are slated for expropriation, including the infamous house of Paul Schäfer, a clandestine hospital, and various structures used to repress and disappear people.

This administrative act is certainly a sign of progress. The expropriation will help preserve these spaces as sites of memory—an international obligation under conventions such as the Convention Against Torture, the Convention on Enforced Disappearances, and the Rome Statute. But the key question remains: is it enough?

A growing debt

More than 50 years have passed since the horrors began in that place, and only now has the State acted with legal and material force. How many victims died waiting for justice? How many families were torn apart forever? How many children still don’t know their true identity, after being sold like merchandise—with the active participation of doctors, judges, and clergy?

Many perpetrators have died without facing justice. Others remain free, some even holding public office. And most painful of all: comprehensive reparation is still a distant goal. Some victims survive on miserable pensions, with wounded bodies and minds, with their loved ones still missing. And society at large still struggles to look truthfully and courageously at its own past.

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This decree must be the beginning, not the end. Expropriation is necessary, but not sufficient. Chile urgently needs a national plan for the search of the disappeared, increased symbolic and economic reparations, psychological support, real justice for those still alive—and above all, guarantees of non-repetition.

Summit of leaders: What democracy do they celebrate?

While Chile’s government publishes this historic decree, leaders of center-left governments in Chile, Brazil, Colombia, Spain, and Uruguay announce the “Democracy Always” Summit—a gathering to reaffirm their commitment to democratic institutions, social justice, and human rights.

But we cannot be satisfied with speeches. These same governments face deep crises of credibility, massive social protests, police brutality without consequence, and alarming political inertia regarding both past and present victims.

So, a legitimate and urgent question arises: what kind of democracy are we talking about? An incomplete, elitist democracy disconnected from its people’s suffering? Or a brave democracy, willing to look in the mirror and correct its historical mistakes?

If we want to speak of “Democracy Always,” we must first fulfill our debt to those who lost everything—first at gunpoint, and later, through institutional silence.

Claudio Zaidan acerta em cheio ao lembrar Salvador Allende: uma lição de história que não pode ser apagada

Por Rodolfo Varela

Em tempos de manipulações históricas e discursos vazios sobre democracia e liberdade, é raro encontrar vozes que se mantêm lúcidas, críticas e profundamente respeitosas com a verdade. Uma dessas vozes é a do jornalista e comentarista Claudio Scaff Zaidan, profissional consagrado do Grupo Bandeirantes de Comunicação, múltiplo vencedor do Troféu ACEESP entre 2014 e 2023. Com seu estilo direto, ético e inteligente, Zaidan tem se destacado não apenas no jornalismo esportivo, mas também nos comentários políticos que oferece nas tardes da Rádio Bandeirantes.

Polémica cumbre de izquierda en Chile

Ontem, Zaidan fez um comentário corajoso e preciso sobre o presidente Salvador Allende, o legítimo chefe de Estado do Chile que foi brutalmente derrubado e assassinado no golpe militar de 11 de setembro de 1973. Poucos jornalistas se atrevem a dizer com todas as letras o que os documentos e testemunhos já confirmaram: Allende não se suicidou. Foi assassinado pela ditadura sangrenta e nefasta de Augusto Pinochet.

Eu posso afirmar isso com a autoridade de quem viveu aquele dia terrível. Trabalhava, naquela manhã de 11 de setembro, na histórica Rádio Corporación CB 114, onde transmitimos ao vivo o primeiro pronunciamento do presidente Allende diante do levante militar. Na época, eu era diretor da rede de emissoras do norte do Chile. Vi, ouvi e senti a tragédia que se abatia sobre meu país. Ninguém pode me contar essa história — eu sou parte dela.

Quero deixar claro que não conheço Claudio Zaidan pessoalmente, mas o escuto diariamente e o admiro profundamente pela sua firmeza e honestidade intelectual. Parabenizo esse grande jornalista não só pela lembrança honesta de Salvador Allende, mas pela clareza ao afirmar que nem o Brasil, nem o Chile podem se transformar em uma nova Venezuela. São países com enorme potencial, riquezas naturais abundantes e um povo trabalhador. O que falta — e sempre faltou — é vontade política e diplomática para romper com a dependência histórica dos interesses norte-americanos e construir uma integração regional autêntica e soberana.

É verdade que os Estados Unidos precisam da América Latina tanto quanto a América Latina precisa dos Estados Unidos. Mas o que não se pode aceitar são essas reuniões populistas promovidas por certos governos latino-americanos — como vimos recentemente no Chile — falando em “democracia” e “liberdade de expressão” enquanto escondem suas enormes dívidas históricas com seus próprios povos.

O Chile é um caso emblemático. A democracia chilena ainda está em débito com:

• os presos políticos que passaram anos encarcerados e esquecidos;

• os exonerados políticos, que perderam seus trabalhos e meios de subsistência;

• os torturados e desaparecidos, cuja memória insiste em resistir ao silêncio;

• e as crianças sequestradas, vendidas a famílias estrangeiras com a cumplicidade de setores políticos, judiciais e religiosos.

Como podem estes mesmos setores hoje discursar sobre liberdade e direitos humanos, quando ainda não foram capazes de reparar as vítimas da ditadura?

Claudio Zaidan na bancada da Rádio Bandeirantes

A fala de Claudio Zaidan, ao resgatar a verdade sobre Salvador Allende, nos lembra que a história não pode ser enterrada sob conveniências ideológicas. E nos alerta que a democracia se constrói com memória, justiça e coragem. Coisas que ele, como jornalista íntegro, demonstra ter de sobra.

Claudio Zaidan hits the mark in remembering Salvador Allende: a history lesson that must not be erased

 

By Rodolfo Varela

In times of historical manipulation and hollow speeches about democracy and freedom, it is rare to find voices that remain lucid, critical, and deeply respectful of the truth. One of those voices is that of journalist and commentator Claudio Scaff Zaidan, a renowned professional at the Grupo Bandeirantes de Comunicação, and a multiple-time winner of the ACEESP Trophy between 2014 and 2023. With his direct, ethical, and intelligent style, Zaidan has stood out not only in sports journalism but also in the sharp political commentary he delivers every afternoon on Rádio Bandeirantes.

Controversial left-wing summit in Chile

Yesterday, Zaidan made a bold and accurate comment about President Salvador Allende, the legitimate head of state of Chile who was brutally overthrown and murdered during the military coup of September 11, 1973. Few journalists dare to state clearly what documents and witness accounts have already confirmed: Allende did not commit suicide. He was murdered by the bloody and nefarious dictatorship of Augusto Pinochet.

I can say this with the authority of someone who lived through that terrible day. On that morning of September 11, I was working at the historic Radio Corporación CB 114, where we broadcast live the first statement from President Allende as the coup unfolded. At the time, I was the director of the northern Chilean radio network. I saw, I heard, and I felt the tragedy that fell upon my country. No one can tell me that story — I am part of it.

Let me be clear: I don’t know Claudio Zaidan personally, but I listen to him every day and deeply admire and respect him for his consistency and intellectual honesty. I congratulate this outstanding journalist not only for his truthful recollection of Salvador Allende but for clearly stating that neither Brazil nor Chile should become a new Venezuela. These are nations of great potential, abundant natural resources, and hardworking people. What’s missing — and has always been missing — is political and diplomatic will to break with the historical dependence on U.S. interests and build an authentic and sovereign regional integration.

It’s true: the United States needs Latin America just as much as Latin America needs the United States. But what cannot be accepted are these populist summits held by certain Latin American governments — like the recent one in Chile — speaking about “democracy” and “freedom of expression” while hiding their massive historical debts to their own people.

Chile is a prime example. Chilean democracy is still indebted to:

• the political prisoners who spent years behind bars and were forgotten;

• the exonerated workers, who lost their jobs and livelihoods;

• the tortured and disappeared, whose memory refuses to be erased;

• and the children who were kidnapped and sold to foreign families with the complicity of political, judicial, and religious institutions.

How can these same sectors today talk about freedom and human rights when they have not yet repaired the victims of the dictatorship?

Claudio Zaidan on the Radio Bandeirantes panel

Claudio Zaidan’s statement, in rescuing the truth about Salvador Allende, reminds us that history cannot be buried for ideological convenience. And it warns us that democracy is built on memory, justice, and courage — qualities that Zaidan, as an honest journalist, clearly possesses in abundance.

¿De qué democracia hablamos, Presidente Boric?

 Por Rodolfo Varela

Mientras en Santiago de Chile se desarrolla con pompa y solemnidad la Reunión de Alto Nivel “Democracia Siempre”, encabezada por el Presidente Gabriel Boric y con la presencia de líderes como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Pedro Sánchez (España), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay), es inevitable preguntarse:

Presidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font, sostiene Reunión de Alto Nivel

¿De qué democracia estamos hablando realmente?

En su discurso inaugural, el Presidente Boric habló con fuerza sobre la democracia como un proyecto colectivo de justicia, dignidad y libertad. Habló del autoritarismo, del crimen organizado, de la desigualdad y de los peligros que amenazan las instituciones. Palabras elocuentes. Palabras que suenan bien. Pero… ¿y la práctica?

¿Dónde queda esa democracia para los exonerados, los presos políticos, los torturados, los niños y niñas raptados y vendidos durante la dictadura militar chilena? ¿Qué dignidad hay en una reparación que no alcanza ni la mitad de un salario mínimo y que condena a la pobreza a las víctimas sobrevivientes?

Chile no ha saldado su deuda histórica. No basta con discursos. Se necesita voluntad política real para garantizar verdad, justicia y reparación integral. De lo contrario, todo se reduce a un acto simbólico, a una escenografía cuidadosamente montada para aplaudirse entre presidentes.

Y no es solo Chile. Cabe preguntarse también:

• ¿Venezuela es una democracia o una dictadura? ¿Qué piensan realmente los presidentes presentes cuando se les pregunta por los presos políticos, la censura o la represión en ese país?

• ¿El pueblo brasileño está verdaderamente feliz con el gobierno de Lula? ¿No hay también descontento, polarización, promesas no cumplidas?

• Y estos gobiernos que hoy se presentan como garantes de la democracia, ¿son realmente democráticos? ¿Respetan la disidencia? ¿Escuchan al pueblo? ¿Rinden cuentas con transparencia?

Presidente Gabriel Boric Font, encabeza Fotografía Oficial 

La democracia no se mide por cumbres internacionales ni por declaraciones diplomáticas. Se mide en la calle, en los barrios, en la vida cotidiana de la gente. En el salario digno, en la justicia efectiva, en la libertad de opinar sin miedo, en el respeto a los más vulnerables.

Hoy, mientras se habla de fortalecer la democracia en el hemisferio, miles de víctimas siguen silenciadas por la indiferencia, la burocracia y el olvido.

Por eso preguntamos con respeto, pero con firmeza:
¿Puede haber democracia sin justicia para sus víctimas?
¿Puede haber democracia donde reina la impunidad?
¿Puede haber democracia sin memoria ni reparación?

La respuesta honesta a estas preguntas vale más que cualquier cumbre internacional. Porque una democracia que no repara, que no escucha, que no actúa… es solo una fachada.

Rodolfo Varela
Locutor profesional, comunicador e hijo del exilio

What Kind of Democracy Are We Talking About, President Boric?

 Por Rodolfo Varela

As the "Democracy Always" High-Level Meeting unfolds with pomp and solemnity in Santiago, Chile—led by President Gabriel Boric and attended by leaders such as Luiz Inácio Lula da Silva (Brazil), Pedro Sánchez (Spain), Gustavo Petro (Colombia), and Yamandú Orsi (Uruguay)—a simple but urgent question arises:

President of the Republic of Chile, Gabriel Boric Font, holds a High-Level Meeting

What kind of democracy are we really talking about?

In his opening speech, President Boric spoke passionately about democracy as a collective project of justice, dignity, and freedom. He warned about authoritarianism, organized crime, inequality, and the threats facing our institutions. Powerful words. Noble intentions. But… what about reality?

Where is that democracy for the political exiles, the tortured, the wrongfully imprisoned, the children who were abducted or sold during Chile’s dictatorship? What dignity can exist for those survivors who today receive pensions that barely cover half the minimum wage—if that?

Chile still owes a historic debt—a debt of truth, justice, and real reparations. Beautiful speeches won’t erase the trauma of those who suffered. If this debt is not addressed head-on, this summit becomes little more than political theater.

And this isn’t just about Chile. We must also ask:

• Is Venezuela a democracy or a dictatorship? What do these presidents really believe when it comes to political prisoners, censorship, and repression in that country?

• Are the Brazilian people truly satisfied with President Lula's government? Is there not also discontent, broken promises, and deep social division?

• And these leaders who gather in the name of democracy—are their governments truly democratic? Do they welcome dissent? Do they listen to the people? Do they govern transparently?

President Gabriel Boric Font, head of the Official Photograph

Democracy is not measured by international conferences or eloquent declarations.
It is measured in the streets, in daily life. In decent wages. In access to justice. In the right to speak freely. In how we treat our most vulnerable.

Today, while democracy is being discussed by heads of state, thousands of victims remain ignored—silenced by bureaucracy, abandonment, and political indifference.

So we ask respectfully, but firmly:
Can there be true democracy without justice for its victims?
Can there be democracy in the face of impunity?
Can there be democracy without memory or reparation?

The honest answers to these questions are worth more than any summit. Because a democracy that does not repair, that does not listen, that does not act—is merely a façade.

Rodolfo Varela
Professional Broadcaster, Communicator, and Son of Exile

Chile y su eterna deuda moral: cuando los poderes callan, la injusticia grita

 

Por Rodolfo Varela
Santiago, 18 de julio de 2025

En este Día de la Reinserción Social, cuando diversas instituciones se reúnen para debatir sobre inclusión y justicia social, Chile enfrenta una verdad incómoda: mientras se habla de reintegrar a quienes han pagado sus deudas con la sociedad, seguimos abandonando a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Autoridades participaron del “Día de la Reinserción Social”

A más de cinco décadas del golpe militar de 1973, el país avanza a paso lento —y muchas veces con freno institucional— en materia de derechos humanos. El Plan Nacional de Búsqueda, aunque constituye un gesto relevante, no puede ocultar las trabas y omisiones que persisten en los poderes político, judicial y religioso, los mismos que callaron cuando ardían las casas, se llenaban los estadios de prisioneros y desaparecían nuestros hermanos.

Silencios cómplices que duelen

Durante los años más oscuros de la dictadura, el Congreso fue disuelto, la justicia fue cómplice o indiferente, y la Iglesia Católica —salvo honrosas excepciones— guardó un silencio ensordecedor. Hoy, muchos de quienes entonces callaron, continúan callando. Algunos incluso siguen ocupando cargos de poder, dictando cátedra sobre democracia sin haber rendido cuentas morales ni judiciales.

Presidente Salvador Allende y el Ministro José Tohá

El caso del ministro José Tohá, asesinado por la dictadura, cuya reapertura del caso ha sido solicitada recientemente, es apenas un símbolo entre cientos de causas abiertas, truncadas o simplemente ignoradas. Cada desaparición forzada es una herida que supura memoria, dignidad y exigencia de justicia.

Políticas que avanzan… a medias

Chile ha ratificado tratados internacionales, ha creado instancias como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y ha implementado políticas como la reforma de pensiones que incluye a beneficiarios de leyes reparatorias, pero estas medidas no bastan cuando no hay voluntad real para remover las estructuras de impunidad.

La reciente Política Nacional de Seguridad y Salud en la Minería o los programas de reinserción social merecen reconocimiento, pero no deben ser usados como vitrinas para encubrir la inacción frente a las heridas abiertas del pasado.

¿Dónde están los responsables?

Muchos agentes del Estado, uniformados, funcionarios civiles, jueces, obispos y políticos siguen impunes, protegidos por un sistema que todavía prefiere mirar hacia adelante sin mirar hacia adentro. La justicia no puede seguir siendo un privilegio de quienes tienen poder, mientras las familias de los detenidos desaparecidos envejecen sin respuestas.

Reinserción también es reparación

Hablar de reinserción en Chile, hoy, implica también hablar de reparación integral, de verdad sin censuras, y de justicia sin pactos de silencio. No es posible una sociedad verdaderamente reconciliada mientras los poderes continúan omitiendo su responsabilidad histórica.

Hoy, más que nunca, necesitamos una ciudadanía que exija con fuerza y sin miedo. Porque cuando los poderes callan, la memoria debe gritar.

Chile and Its Eternal Moral Debt: When Powers Remain Silent, Injustice Screams

 

By Rodolfo Varela
Santiago, July 18, 2025

On this Social Reintegration Day, as various institutions gather to discuss inclusion and justice, Chile faces an uncomfortable truth: while we talk about reintegrating those who have served their sentences, we continue to abandon those who were victims of State terrorism.

Authorities participated in the "Day of Social Reintegration"

More than five decades after the 1973 military coup, the country advances slowly—and often with institutional resistance—when it comes to human rights. The National Search Plan, while a meaningful gesture, cannot hide the obstacles and omissions that persist in the political, judicial, and religious powers—the very same powers that remained silent while homes were burned, stadiums were filled with prisoners, and our brothers and sisters disappeared.

Complicit Silences That Still Hurt

During the darkest years of the dictatorship, Congress was dissolved, the judiciary was complicit or indifferent, and the Catholic Church—with a few honorable exceptions—remained deafeningly silent. Today, many of those who stayed quiet continue to do so. Some even remain in positions of power, preaching democracy without ever having been held morally or legally accountable.

Presidente Salvador Allende y el Ministro José Tohá

The case of Minister José Tohá, murdered by the dictatorship, whose case has recently been requested for reopening, is just one symbol among hundreds of open, stalled, or simply ignored cases. Every forced disappearance is a wound that bleeds memory, dignity, and a call for justice.

Reparation That Humiliates

One of the greatest national shames is how the Chilean State treats its victims. Thousands of individuals recognized as victims of political imprisonment and torture receive pensions amounting to less than 50% of the minimum wage. Yes, less than half of what is legally considered necessary to survive. Meanwhile, former regime collaborators or military personnel responsible for crimes receive millionaire pensions, protected by dictatorship-era laws still in force under democracy.

And no one—neither Congress, nor the courts, nor the Church hierarchy—takes any serious action to reverse this affront to justice. It is an insult. A wound that bleeds monthly through the empty pockets of those who survived the horrors of a repressive state.

Are We Really Moving Forward?

Chile has signed international treaties, created institutions like the National Institute for Human Rights (INDH), and implemented policies like the pension reform that includes reparation law beneficiaries. But these gestures are insufficient and too late if they do not translate into real, material, and symbolic justice.

The recently approved National Policy on Safety and Health in Mining, or the various social reintegration programs, deserve recognition, but they must not be used as a facade to cover up inaction regarding the debts of the past.

Where Are the Perpetrators?

Many state agents—military officers, civilian officials, judges, bishops, and politicians—remain unpunished, shielded by a system that still prefers to look ahead without looking inward. Justice cannot remain a privilege of the powerful while the families of the disappeared age without answers, and survivors live in poverty.

Reintegration Also Means Reparation

To speak of reintegration in Chile today also means speaking of comprehensive reparation, dignified pensions, truth without censorship, and justice without pacts of silence. A truly reconciled society is not possible while the country’s leading institutions continue to evade their historical responsibility.

Now more than ever, we need a citizenry that demands with courage and clarity. Because when those in power remain silent, memory must scream.

Chile se encamina a una elección presidencial marcada por la polarización, el crimen organizado y el descrédito político

 

Por Rodolfo Varela

Santiago de Chile – A menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, Chile enfrenta una de las coyunturas más delicadas desde el retorno a la democracia. 

Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomalì

En medio de una alarmante ola de violencia, el avance del crimen organizado y una clase política desgastada por los escándalos de corrupción, el país se adentra en un proceso electoral altamente polarizado y cargado de incertidumbre.

La reciente conformación del bloque "Derecha Unida", integrado por el Partido Republicano (REP), el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Nacional Libertario (PNL), marca un giro decisivo en la estrategia de la ultraderecha chilena, que busca capitalizar el descontento social y las crecientes demandas de seguridad.

En el otro extremo del espectro político, por primera vez en la historia del país, una mujer liderará la candidatura presidencial del sector progresista: Jeannette Jara, una figura que, si bien proviene del oficialismo, ha buscado diferenciarse con un tono más moderado que el de su coalición. Su desafío será doble: contener el avance conservador sin ceder ante los discursos de odio, y, al mismo tiempo, reconectar con una ciudadanía profundamente desencantada.

Frente a este panorama, el Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomalì, hizo un llamado urgente a la sensatez:

“Invito a los candidatos presidenciales a respetar la dignidad de sus adversarios, a no utilizar jamás la violencia como método político y a ser ejemplo de cultura cívica, generosidad y respeto mutuo para los jóvenes. Promuevan ideas, no el odio”.

Crimen infiltrado en el Estado

Pero los gestos simbólicos no bastan cuando el crimen organizado toca las puertas del Estado. El presidente saliente Gabriel Boric ha encendido todas las alarmas esta semana al denunciar la infiltración de redes narco en las Fuerzas Armadas, revelando el uso de recursos logísticos militares por parte de bandas criminales. Un golpe directo a la imagen institucional de uno de los pilares del Estado.

A ello se suma el impacto de una inmigración masiva que ha superado el millón de personas en la última década, y que, sin políticas públicas adecuadas de integración, ha sido usada como chivo expiatorio por sectores xenófobos para justificar políticas represivas.

Democracia en juego, heridas abiertas

El primer test será el próximo 16 de noviembre, cuando se realice la primera vuelta presidencial, junto a la elección del Congreso Nacional. Si ningún candidato supera el 50% de los votos, se realizará una segunda vuelta el 14 de diciembre.

Chile llega a esta cita clave con las heridas abiertas: una crisis de representación, profundas desigualdades sociales y una ciudadanía escéptica. Pero también con las deudas impagas con las víctimas de la nefasta dictadura militar, muchas de las cuales siguen esperando justicia, reparación y reconocimiento, mientras observan cómo otros actores políticos, incluso beneficiarios de ese régimen, siguen acumulando poder y privilegios.

La pregunta que queda en el aire es si la democracia chilena logrará sobrevivir a este nuevo asalto de populismos, violencia y corrupción, o si estamos ante un punto de quiebre histórico.

Chile heads into a presidential election marked by polarization, organized crime, and political disillusionment

 By Rodolfo Varela

Santiago, Chile – With less than four months to go before the November 16 presidential elections, Chile is entering one of the most critical political junctures since its return to democracy.

Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomalì

Amid rising violence, the expansion of organized crime, and a political class tainted by corruption scandals, the country faces a highly polarized and deeply uncertain electoral process.

The recent formation of the "United Right"—a new coalition uniting the Republican Party (REP), the Christian Social Party (PSC), and the National Libertarian Party (PNL)—marks a strategic shift for Chile’s far-right, seeking to capitalize on public discontent and demands for harsher security measures.

On the other side of the spectrum, for the first time in the country’s history, a woman will lead the presidential candidacy of the progressive camp: Jeannette Jara. Though aligned with the current government, Jara presents a more moderate tone than her coalition, aiming to distance herself from ideological extremes and reconnect with a disenchanted citizenry.

In this context, Cardinal Fernando Chomalì, Archbishop of Santiago, issued a strong call for civility:

"I call on the presidential candidates to respect the dignity of their opponents; never to use violence as a political method; to be an example of civic culture, generosity, and mutual respect for young people; and to promote ideas, not hatred."

Crime infiltrates the State

But symbolic gestures fall short when organized crime penetrates the heart of the State. Outgoing President Gabriel Boric raised alarms this week by denouncing the infiltration of the armed forces by drug trafficking networks, exposing how criminal groups are using military resources and logistics. A direct blow to one of the country’s key institutions.

Adding to the tension is the impact of massive immigration, with over one million people arriving in the past decade. Without robust integration policies, migrants have often been scapegoated by xenophobic sectors seeking to justify repressive measures.

Democracy at stake, wounds still open

The first electoral round is scheduled for November 16, alongside legislative elections for the National Congress. If no candidate secures more than 50% of the vote, a runoff will take place on December 14.

Chile heads into this pivotal moment with deep scars: a crisis of representation, growing inequality, and widespread public distrust. But there are wounds that remain unhealed since the brutal military dictatorship—victims who continue to demand truth, justice, and reparations, while watching with dismay as some of the regime’s beneficiaries remain in positions of power and influence.

The question that lingers: can Chile’s democracy withstand this latest assault of populism, violence, and corruption? Or are we approaching a breaking point in the nation's political history?