Por Rodolfo Varela
Los gobiernos populistas de Chile han perfeccionado el arte de fingir empatía. Se llenan la boca hablando de “justicia”, “memoria histórica” y “derechos humanos”, pero cuando llega la hora de actuar, prevalecen sus propios beneficios, sus cálculos electorales y los pactos silenciosos con quienes se enriquecieron a costa del dolor ajeno.
Porque no podemos olvidar las grandes fortunas adquiridas ilegalmente durante la dictadura por agentes de inteligencia, políticos, empresarios, artistas, jueces y religiosos que apoyaron o se beneficiaron de aquella tragedia chilena. Fortunas construidas sobre la sangre de miles de víctimas, sobre el saqueo del patrimonio público y la complicidad institucional.
A mas de medio siglo del inicio de la nefasta dictadura del traidor Augusto Pinochet, la deuda con las víctimas sigue siendo una herida abierta: pensiones miserables, falta de reconocimiento de los abusos sexuales, venta y secuestro de niños y niñas, complicidad de sectores políticos, judiciales y religiosos. ¿Hasta cuándo seguiremos esperando justicia real y reparación integral?
La detención de José Zara en Santiago de Chile, el 27 de agosto, parece un triunfo, pero es apenas una gota en el océano de impunidad. Este antiguo agente de la DINA cumplió 15 años de condena por el asesinato de Carlos Prats y Sofía Cuthbert en Argentina, pero ahora enfrenta un nuevo proceso por el crimen de Roni Moffitt, ciudadana estadounidense de 25 años, asesinada junto al excanciller Orlando Letelier en Washington, 1976.
Aquí corresponde reconocer la decisión del magistrado Alejandro Aguilar, quien ordenó la captura de Zara porque también está procesado como autor de este crimen, así como el fallo previo de la jueza Paola Plaza, que determinó la participación de agentes del Departamento Exterior de la DINA y decidió procesar a Zara junto a Raúl Iturriaga. Son gestos de justicia que contrastan con la tibieza de otras instancias del sistema judicial.
Por el asesinato de Letelier, la justicia chilena solo condenó a Manuel Contreras y Pedro Espinoza. Sin embargo, otros responsables –incluidos Michael Townley y Armando Fernández, hoy protegidos en Estados Unidos– siguen prófugos, mientras el Estado chileno avanza a paso lento en su extradición.
Los gobiernos de turno han preferido administrar la memoria como un recurso político y no como un deber ético. La Corte Suprema ha demostrado tibieza. Y gran parte de la clase política parece temer que abrir por completo estas causas implique remover nombres incómodos que aún circulan en las élites.
La captura de Zara debe ser un recordatorio: la justicia no puede depender de ciclos políticos ni de intereses diplomáticos. Chile tiene la obligación moral de saldar esta deuda histórica con sus víctimas, antes de que la impunidad termine convirtiéndose en norma.
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