El reciente paso del Tratado de Extradición entre Chile y Brasil a la Cámara Baja del Congreso chileno ha sido presentado como un instrumento moderno para fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional. Sin embargo, este avance legislativo exige una reflexión crítica y profunda sobre los alcances reales que puede tener en la práctica.
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de ChileUn Marco Necesario pero Sensible
No cabe duda de que el crimen organizado ha alcanzado dimensiones que traspasan fronteras, obligando a los Estados a coordinarse mejor para prevenir la impunidad. El nuevo tratado introduce mecanismos más ágiles –como la eliminación de la legalización y apostilla de documentos y la incorporación de la figura de entrega temporal de extraditables–, elementos que pueden acelerar los procesos judiciales y evitar vacíos legales.
El Riesgo de la Politización Judicial
Pero la pregunta crucial es: ¿qué garantías existen para que este instrumento no se convierta en un mecanismo de persecución política disfrazada de justicia penal?
En la historia latinoamericana sobran ejemplos donde tribunales y ministerios de justicia han actuado bajo presiones políticas, especialmente en contextos de polarización. Una herramienta diseñada para combatir el crimen organizado podría, en manos indebidas, transformarse en un arma contra opositores, líderes sociales o periodistas incómodos.
Chile y Brasil: la Confianza como Desafío
Ambos países atraviesan climas políticos complejos, donde las Cortes Supremas son a menudo cuestionadas por decisiones controvertidas. La legitimidad de este tratado dependerá no solo de su contenido jurídico, sino también de la independencia y transparencia con la que se aplique. De lo contrario, corremos el riesgo de validar extradiciones con fines espurios, lo que podría generar conflictos diplomáticos y vulnerar derechos fundamentales.
Llamado a los Pueblos y a la Vigilancia Democrática
El fortalecimiento de la cooperación judicial entre naciones hermanas como Chile y Brasil es valioso. Sin embargo, la ciudadanía y la prensa deben mantenerse vigilantes para que la lucha contra el crimen organizado no se transforme en excusa para la judicialización de la política o la criminalización de la disidencia.
La verdadera modernización del sistema judicial no solo pasa por agilizar procesos, sino por blindar las instituciones frente a la tentación del abuso de poder.
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